Categoría: Administración

s no vinculados funcionalmente a la empresa, tanto en su condición de avalistas o fiadores, como en su condición de hipotecantes de deuda ajena de un inmueble de uso residencial.
La aplicación de esa jurisprudencia y norma es lo que ha llevado al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valladolid, y luego a la Audiencia Provincial de Valladolid, a declarar la nulidad de la citada cláusula suelo respecto de la persona física hipotecante de deuda ajena (lo que es lo mismo que decir en este caso que respecto de la hipoteca), procediendo a recalcular –sin aplicación del suelo– los intereses remuneratorios que pueden ser cubiertos por este concepto de la responsabilidad hipotecaria en este caso, e, igualmente, a declarar la nulidad de la cláusula de intereses moratorios también respecto de la posibilidad de su cobertura hipotecaria.
En consecuencia, esta resolución judicial no impide la continuación de la ejecución, por cuanto no se trata de cláusulas determinantes de la misma, ni tampoco impide la reclamación de los íntegros intereses remuneratorios y moratorios devengados por el préstamo respecto del prestatario mercantil a través de otras vías procesales, pero sí genera de facto, como se ha explicado, la reducción de la cifra que puede amortizarse con cargo a la cobertura hipotecaria por cada uno de esos conceptos, por cuanto el garante hipotecario tiene la condición de consumidor. La consecuencia final es que la cifra correspondiente a la parte de los intereses devengados pero cuyo cobro no puede materializarse con la hipoteca, debe quedar a disposición de los acreedores posteriores o del garante hipotecario, sin perjuicio de poder modificarse, si procediera, la imputación global del precio del remate.
7. Respecto de la calificación registral de los testimonios de adjudicación hipotecaria y mandamiento de cancelación de cargas, el artículo 132 de la Ley Hipotecaria señala en su número tercero que «la calificación del registrador se extenderá (…)» a comprobar «3.º Que lo entregado al acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceden del límite de la respectiva cobertura hipotecaria».
Esta calificación registral no entra a valorar cómo se ha realizado la imputación de los pagos, cuestión que corresponde resolver al juez dentro del procedimiento de ejecución, atendidas las peticiones de las partes, sin que el registrador, con arreglo al artículo 100 del Reglamento Hipotecario, pueda entrar a calificar si ese orden de imputación es o no procedente; sino solo si en tal imputación se sobrepasan o no los límites de la respectiva cobertura hipotecaria, ya sean estos los que inicialmente constan en el Registro de la Propiedad como cifra máxima, ya resulten los mismos de la reducción que procediera de ésta como consecuencia de una resolución judicial de nulidad de cláusulas abusivas u otra asimilable.
Incide en esta cuestión la Resolución de este Centro directivo de 24 de junio de 2014 señala que el registrador «debe comprobar que en ninguno de los conceptos se ha sobrepasado la cantidad asegurada, pues la cantidad sobrante por cada concepto ha de ponerse a disposición de los titulares posteriores», lo que significa, entre otras cosas, que si alguno de los límites de su cobertura no se hubiese llenado con el tipo de deuda garantizado y realmente vencida y exigible (principal, intereses, etc.), no se puede cubrir con otra de las clases de deuda en lo que excediera de su propia cobertura (por ejemplo, se reclama más capital o intereses de los garantizados).
Por su parte, la Resolución de 9 de marzo de 2017 precisa que estos terceros son los que ya constan en el procedimiento, bien porque ya constaban en la certificación de cargas, bien porque advertidos por la nota de expedición han comparecido por su propia iniciativa para hacer valer sus derechos sobre el eventual sobrante, y por ello, si no hay derechos posteriores según la certificación y no han comparecido en el procedimiento los acreedores posteriores a la nota de expedición de certificación, el juez puede entregar el sobrante al ejecutado; pero esa circunstancia no se da con el hipotecante no deudor, cuya existencia siempre debe de constar en el procedimiento.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de junio de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.