Categoría: Judicial

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.
Preámbulo.
Título preliminar. Objeto y principios generales.
Capítulo I. Objeto y fines de la ley. Función pública de la ordenación territorial y del urbanismo, la distribución competencial y la colaboración entre administraciones.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. La ordenación territorial y las actividades urbanísticas.
Artículo 3. Principios inspiradores y fines de la ordenación territorial y urbanística.
Artículo 4. La función pública de la ordenación del territorio y del urbanismo y la iniciativa privada.
Artículo 5. Las administraciones actuantes y la distribución competencial.
Artículo 6. La colaboración entre Administraciones.
Capítulo II. La transparencia y la participación ciudadana.
Artículo 7. La participación ciudadana y el derecho a la información territorial y urbanística.
Artículo 8. El Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria.
Artículo 9. La cédula urbanística.
Título I. Ordenación del territorio.
Capítulo I. Planificación territorial.
Artículo 10. Instrumentos de ordenación territorial y sus efectos.
Capítulo II. El Plan Regional de Ordenación Territorial.
Artículo 11. Objeto, funciones, contenido y documentación.
Artículo 12. Ámbito, procedimiento de elaboración y aprobación, suspensión y vigencia.
Capítulo III. El Plan de Ordenación del Litoral.
Artículo 13. Objeto, funciones, contenido, documentación, ámbito, procedimiento de aprobación y vigencia.
Capítulo IV. Las Normas Urbanísticas Regionales.
Artículo 14. Objeto, funciones, contenido y documentación.
Artículo 15. Ámbito, procedimiento de elaboración y aprobación, suspensión y vigencia.
Capítulo V. Los planes territoriales parciales y especiales.
Sección 1.ª Los planes territoriales parciales.
Artículo 16. Concepto y objetivos.
Artículo 17. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Sección 2.ª Los planes territoriales especiales.
Artículo 18. Concepto, objeto y clases.
Artículo 19. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Capítulo VI. Los Proyectos Singulares de Interés Regional.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 20. Objeto e iniciativa.
Artículo 21. Implantación.
Artículo 22. Declaración de interés regional.
Artículo 23. Determinaciones de los Proyectos.
Artículo 24. Documentación.
Sección 2.ª Procedimiento, aprobación y efectos.
Artículo 25. Iniciativa y procedimiento de aprobación.
Artículo 26. Suspensión de la ordenación y gestión urbanística. Suspensión de nuevas autorizaciones o licencias.
Artículo 27. Plazos y caducidad del procedimiento de aprobación de los Proyectos Singulares de Interés Regional.
Artículo 28. Efectos de la aprobación definitiva.
Artículo 29. Procedimiento de modificación.
Sección 3.ª Gestión y ejecución.
Artículo 30. Gestión de los Proyectos Singulares de Interés Regional.
Artículo 31. Colaboración interadministrativa.
Artículo 32. Ejecución de los Proyectos Singulares de Interés Regional. Sustitución del promotor por imposibilidad sobrevenida.
Artículo 33. Incumplimiento en la ejecución.
Título II. Clasificación y régimen del suelo.
Capítulo I. Las clases de suelo.
Artículo 34. Las clases de suelo y su clasificación. Las categorías del suelo rústico.
Artículo 35. Clasificación del suelo en municipios sin Plan.
Capítulo II. Régimen jurídico de las distintas clases de suelo.
Artículo 36. Determinaciones comunes a todas las clases de suelo.
Sección 1.ª Suelo urbano.
Artículo 37. Suelo urbano.
Artículo 38. Actuaciones en el suelo urbano.
Artículo 39. Derechos en el suelo urbano.
Artículo 40. Deberes en el suelo urbano.
Artículo 41. Solar.
Sección 2.ª Suelo urbanizable.
Artículo 42. Suelo Urbanizable.
Artículo 43. Derechos en el suelo urbanizable.
Artículo 44. Deberes en el suelo urbanizable.
Artículo 45. Usos y obras provisionales y otras actuaciones en suelo urbanizable.
Sección 3.ª Suelo rústico.
Artículo 46. Suelo Rústico.
Artículo 47. Derechos de los propietarios de suelo rústico.
Artículo 48. Limitaciones de los propietarios en suelo rústico.
Artículo 49. Régimen del suelo rústico de especial protección.
Artículo 50. Régimen del suelo rústico de protección ordinaria.
Artículo 51. Régimen de los núcleos rurales.
Artículo 52. Construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico.
Título III. Planeamiento urbanístico.
Capítulo I. Planeamiento urbanístico.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 53. Prelación de fuentes.
Artículo 54. Articulación entre Planes.
Artículo 55. Normas Técnicas de Planeamiento.
Sección 2.ª Normas de aplicación directa y estándares urbanísticos en el planeamiento municipal.
Artículo 56. Protección del medio ambiente.
Artículo 57. Protección del entorno cultural.
Artículo 58. Protección del paisaje.
Artículo 59. Alturas y volúmenes.
Artículo 60. Edificabilidad, densidades y ocupación.
Artículo 61. Espacios libres y equipamientos de sistemas generales.
Artículo 62. Espacios libres y equipamientos de sistemas locales.
Artículo 63. Reserva de vivienda protegida.
Artículo 64. Otras determinaciones sustantivas.
Artículo 65. Medidas para la mejora de la eficiencia energética o de la accesibilidad en edificios existentes.
Artículo 66. Supletoriedad.
Sección 3.ª Los planes generales de ordenación urbana.
Artículo 67. Concepto de Plan General de Ordenación Urbana.
Artículo 68. Determinaciones mínimas del Plan General.
Artículo 69. Otras determinaciones del Plan General de Ordenación.
Artículo 70. Determinaciones en suelo urbano.
Artículo 71. Determinaciones en suelo urbanizable.
Artículo 72. Determinaciones en suelo rústico.
Artículo 73. Documentación.
Sección 4.ª Los planes parciales.
Artículo 74. Sectores.
Artículo 75. Objeto del Plan Parcial.
Artículo 76. Determinaciones de los Planes Parciales.
Artículo 77. Documentación básica de los Planes Parciales.
Artículo 78. Planes Parciales de iniciativa particular.
Artículo 79. Documentación específica de los Planes Parciales de iniciativa particular.
Sección 5.ª Los planes especiales.
Artículo 80. Contenido.
Artículo 81. Determinaciones y documentación.
Sección 6.ª Otros instrumentos complementarios del planeamiento.
Artículo 82. Estudios de detalle.
Artículo 83. Ordenanzas urbanísticas.
Artículo 84. Proyectos de Urbanización.
Artículo 85. Catálogos de edificaciones en suelo rústico.
Artículo 86. Áreas de Desarrollo Rural.
Capítulo II. El planeamiento urbanístico en los pequeños municipios y municipios en riesgo de despoblamiento.
Artículo 87. Pequeños municipios y municipios en riesgo de despoblamiento.
Artículo 88. Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños municipios y de los municipios en riesgo de despoblamiento.
Capítulo III. Formación y aprobación de los planes urbanísticos.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 89. Suspensión de licencias y de otros procedimientos.
Sección 2.ª Elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación urbana.
Artículo 90. Elaboración.
Artículo 91. Otras actuaciones previas a la aprobación inicial.
Artículo 92. Aprobación inicial.
Artículo 93. Aprobación provisional.
Artículo 94. Aprobación definitiva.
Artículo 95. Aprobación parcial.
Artículo 96. Planes supramunicipales.
Sección 3.ª Elaboración y aprobación de los Planes Parciales.
Artículo 97. Formulación y aprobación de los Planes Parciales.
Artículo 98. Procedimiento de aprobación de los Planes Parciales.
Sección 4.ª Elaboración y aprobación de los Planes Especiales.
Artículo 99. Formulación y aprobación de los Planes Especiales.
Artículo 100. Informes y consultas.
Sección 5.ª Elaboración y aprobación de los demás instrumentos complementarios del planeamiento.
Artículo 101. Aprobación de los Estudios de Detalle.
Artículo 102. Aprobación de Ordenanzas.
Artículo 103. Aprobación de los Proyectos de Urbanización.
Artículo 104. Aprobación de los Catálogos de Edificaciones en Suelo Rústico.
Artículo 105. Aprobación de las Áreas de Desarrollo Rural.
Capítulo IV. Vigencia, revisión, modificación del planeamiento urbanístico.
Artículo 106. Reglas generales.
Artículo 107. Revisión del Planeamiento General.
Artículo 108. Revisión del Programa de Actuación.
Artículo 109. Modificación del planeamiento urbanístico.
Artículo 110. Competencia y procedimiento para la modificación de los instrumentos de planeamiento.
Capítulo V. Efectos de la aprobación del planeamiento urbanístico.
Artículo 111. Publicación y entrada en vigor.
Artículo 112. Obligatoriedad.
Artículo 113. Publicidad.
Artículo 114. Legitimación de expropiaciones.
Artículo 115. Edificios fuera de ordenación.
Artículo 116. Preexistencias.
Título IV. Gestión y ejecución del planeamiento.
Capítulo I. Disposiciones generales y entes de gestión.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 117. Gestión y ejecución del planeamiento.
Artículo 118. Presupuestos de la ejecución del planeamiento.
Artículo 119. Unidades de actuación.
Artículo 120. Criterios y requisitos para delimitar unidades de actuación.
Artículo 121. Régimen de los bienes de dominio público incluidos en unidades de actuación.
Sección 2.ª Entes de gestión.
Artículo 122. Entes para la Gestión del Planeamiento.
Artículo 123. Consorcios urbanísticos.
Artículo 124. Sociedades urbanísticas.
Artículo 125. Entidades urbanísticas colaboradoras.
Capítulo II. Aprovechamiento urbanístico.
Artículo 126. Aprovechamiento urbanístico.
Artículo 127. Aprovechamiento urbanístico privatizable.
Artículo 128. Aprovechamiento medio.
Artículo 129. Aprovechamiento privado.
Artículo 130. Diferencias de aprovechamiento entre Unidades de actuación.
Artículo 131. Gastos de urbanización.
Capítulo III. Instrumentos de gestión urbanística.
Sección 1.ª Normalización de fincas.
Artículo 132. Concepto y supuestos de la normalización de fincas.
Sección 2.ª Expropiación forzosa.
Artículo 133. Supuestos expropiatorios.
Artículo 134. Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.
Artículo 135. Constitución de servidumbres.
Sección 3.ª Ocupación directa.
Artículo 136. Concepto de ocupación directa.
Artículo 137. Indemnización por ocupación directa.
Artículo 138. Procedimiento de la ocupación directa.
Sección 4.ª Reparcelación.
Artículo 139. Concepto de reparcelación.
Artículo 140. Innecesaridad de la reparcelación.
Artículo 141. Reglas de la reparcelación.
Artículo 142. Cuenta de liquidación provisional y liquidación definitiva de la reparcelación.
Artículo 143. Contenido documental del proyecto de reparcelación.
Artículo 144. Reparcelación en régimen de propiedad horizontal.
Artículo 145. Tramitación.
Artículo 146. Efectos de la reparcelación.
Capítulo IV. Obtención de terrenos dotacionales.
Artículo 147. Dotaciones públicas y sistemas de obtención.
Artículo 148. Obtención de los sistemas generales.
Artículo 149. Obtención de sistemas locales.
Capítulo V. Actuaciones aisladas y sistema de cesión de viales.
Artículo 150. Actuaciones aisladas en el suelo urbano.
Artículo 151. Actuaciones aisladas para la ejecución de dotaciones públicas.
Artículo 152. Proyectos de obras.
Artículo 153. Las cesiones de viales.
Artículo 154. Reglas de aplicación del sistema de cesión de viales.
Artículo 155. Conexiones y urbanización.
Capítulo VI. Actuaciones integradas.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 156. Actuaciones integradas.
Artículo 157. Sistemas de actuación y fines de las actuaciones integradas.
Artículo 158. Elección del sistema.
Sección 2.ª Sistema de compensación.
Artículo 159. Características del sistema de compensación.
Artículo 160. Aplicación del sistema de compensación.
Artículo 161. Junta de Compensación.
Artículo 162. Aprobación de los Estatutos y constitución de la Junta.
Artículo 163. Bases de Actuación y Proyecto de Compensación.
Artículo 164. Procedimiento conjunto.
Artículo 165. Responsabilidad y facultades de la Junta.
Artículo 166. Obras de urbanización.
Artículo 167. Procedimiento abreviado.
Sección 3.ª Sistema de cooperación.
Artículo 168. Características del sistema de cooperación.
Artículo 169. Cargas de la urbanización.
Artículo 170. Tramitación.
Artículo 171. Procedimiento abreviado.
Artículo 172. Aplicación sustitutoria del sistema de cooperación.
Artículo 173. Efectos de la sustitución del sistema por el de cooperación.
Sección 4.ª Sistema de expropiación.
Artículo 174. Características del sistema de expropiación.
Artículo 175. Liberación de expropiaciones.
Artículo 176. Formas de gestión.
Artículo 177. Justiprecio.
Artículo 178. Procedimiento de tasación conjunta.
Artículo 179. Aprobación y efectos de la tasación conjunta.
Sección 5.ª Sistema de concesión de obra urbanizadora.
Artículo 180. Características del sistema de concesión de obra urbanizadora.
Artículo 181. Principios y régimen de la concesión de obra urbanizadora.
Artículo 182. Procedimiento y adjudicación del concurso.
Artículo 183. Ejecución de la actuación y retribución del agente urbanizador.
Artículo 184. Responsabilidad por la actuación.
Artículo 185. Relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios.
Artículo 186. Derechos de los propietarios.
Artículo 187. Derechos del agente urbanizador.
Artículo 188. Deberes del agente urbanizador.
Artículo 189. Caducidad de la concesión.
Capítulo VII. Recepción y conservación de las obras de urbanización.
Artículo 190. Recepción de las obras de urbanización.
Artículo 191. Conservación de las obras de urbanización.
Capítulo VIII. Edificación de los solares para la construcción de vivienda y rehabilitación de los edificios.
Artículo 192. Deber de edificar los solares o de rehabilitar las edificaciones existentes.
Artículo 193. Plazos para edificar o rehabilitar.
Artículo 194. Consecuencias del incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.
Artículo 195. Ejecución subsidiaria por incumplimiento de los plazos para rehabilitar.
Artículo 196. Áreas y programas de Edificación y Rehabilitación forzosa.
Capítulo IX. Derecho de realojo y retorno.
Artículo 197. Los derechos de realojo y retorno.
Artículo 198. Contenido del derecho de realojo y de retorno.
Artículo 199. Obligados a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno.
Artículo 200. Normas de procedimiento del realojo.
Título V. Intervención pública en el mercado del suelo e intervención administrativa en la edificación y uso del suelo y subsuelo.
Capítulo I. Intervención pública en el mercado del suelo.
Sección 1.ª Patrimonios públicos del suelo.
Artículo 201. Constitución.
Artículo 202. Bienes que integran el patrimonio municipal del suelo.
Artículo 203. Subsuelo bajo el dominio público y constitución de complejos inmobiliarios.
Artículo 204. Consignación de créditos en los Presupuestos municipales para el patrimonio municipal del suelo.
Artículo 205. Reservas de terrenos.
Artículo 206. Destino del patrimonio municipal del suelo.
Artículo 207. Cesiones onerosas.
Artículo 208. Cesiones gratuitas.
Artículo 209. Competencia.
Artículo 210. Derecho de readquisición preferente.
Artículo 211. Patrimonio regional de suelo.
Artículo 212. Cesiones entre titulares de patrimonios públicos de suelo.
Sección 2.ª Derecho de superficie.
Artículo 213. Derecho de superficie.
Artículo 214. Extinción del derecho de superficie.
Sección 3.ª Derechos de tanteo y retracto.
Artículo 215. Derechos de tanteo y retracto.
Artículo 216. Procedimiento.
Artículo 217. Notificación de transmisión.
Artículo 218. Ejercicio del retracto.
Artículo 219. Caducidad de la notificación.
Artículo 220. Pago del precio.
Sección 4.ª Registro de edificaciones y solares.
Artículo 221. Registro de edificaciones y solares.
Artículo 222. Inclusión de bienes en el Registro.
Artículo 223. Venta forzosa.
Artículo 224. Sustitución Forzosa.
Artículo 225. Cese de efectos de la inclusión en el Registro.
Artículo 226. Ejecución subsidiaria o expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad.
Capítulo II. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo y subsuelo.
Sección 1.ª Autorizaciones previas de los actos de transformacion, construcción, edificación y uso del suelo y subsuelo.
Subsección 1.ª Autorizaciones de construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico.
Artículo 227. Competencia para autorizar construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico.
Artículo 228. Procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico.
Subsección 2.ª Autorizaciones de construcciones, instalaciones y usos en suelo y subsuelo situados en servidumbre de proteccion del dominio maritimo terrestre.
Artículo 229. Autorizaciones de usos, construcciones, instalaciones y obras en suelo y subsuelo situados en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
Sección 2.ª Autorización de las actuaciones de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo.
Artículo 230. Disposiciones comunes a las actuaciones de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo sujetas a control administrativo.
Artículo 231. Licencia urbanística. Eficacia.
Artículo 232. Declaración responsable y la comunicación. Eficacia.
Artículo 233. Actuaciones sujetas a licencia urbanística.
Artículo 234. Actuaciones sujetas a declaración responsable o comunicación.
Artículo 235. Actuaciones promovidas por las Administraciones públicas y sus entidades pertenecientes al sector público.
Artículo 236. Información en las obras.
Artículo 237. Licencias urbanísticas, declaración responsable o comunicación y los suministros de obra y definitivo.
Sección 3.ª Procedimiento de concesión de las licencias urbanísticas.
Artículo 238. Documentación y plazos de tramitación de las licencias urbanísticas.
Artículo 239. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística.
Sección 4.ª Relación entre los distintos tipos de licencias y licencias provisionales.
Artículo 240. Relaciones entre los distintos tipos de licencias y otros títulos administrativos.
Artículo 241. Licencias provisionales.
Sección 5.ª Edificación y urbanización simultánea.
Artículo 242. Edificación y urbanización simultáneas.
Sección 6.ª Otras licencias.
Artículo 243. Licencias de primera ocupación.
Artículo 244. Licencias de actividad y de apertura.
Artículo 245. Licencias en edificios fuera de ordenación.
Sección 7.ª Revocación de los títulos administrativos habilitantes de actuaciones sujetas a control administrativo.
Artículo 246. Revocación de licencias y resto de títulos administrativos habilitantes por cambio del planeamiento.
Artículo 247. Supuestos de responsabilidad administrativa.
Capítulo III. Parcelaciones y segregaciones.
Artículo 248. Indivisibilidad de las parcelas.
Artículo 249. Parcelación urbanística.
Artículo 250. Parcelaciones ilegales. Efectos.
Artículo 251. Régimen de autorización de las parcelaciones y segregaciones.
Artículo 252. Licencias de parcelación y segregación.
Capítulo IV. El deber de conservación y su límite: la declaración de ruina.
Artículo 253. Deberes de uso y conservación.
Artículo 254. Órdenes de ejecución.
Artículo 255. Declaración de ruina.
Título VI. Disciplina urbanística.
Capítulo I. Protección de la legalidad urbanística y restauración de la realidad física alterada.
Sección 1.ª Inspección urbanística.
Artículo 256. Competencia sobre inspección urbanística.
Artículo 257. Deber de colaboración con la inspección.
Artículo 258. Facultades genéricas de la inspección.
Artículo 259. Funciones de la inspección.
Sección 2.ª Protección y restauración de la legalidad urbanística.
Artículo 260. Actuaciones sujetas a control administrativo en ejecución sin licencia, orden de ejecución, declaración responsable o comunicación o sin ajustarse a sus condiciones.
Artículo 261. Actuaciones sujetas a control administrativo llevadas a cabo sin licencia, orden de ejecución, declaración responsable o comunicación o sin ajustarse a sus condiciones.
Artículo 262. Subrogación de la Comunidad Autónoma en las competencias de la Alcaldía respecto a las actuaciones sujetas a control administrativo llevadas a cabo en suelo rústico sin autorización administrativa, orden de ejecución o sin ajustarse a sus condiciones.
Artículo 263. Actuaciones sujetas a control administrativo en ejecución al amparo de una licencia, orden de ejecución, declaración responsable o comunicación, manifiestamente ilegal.
Artículo 264. Actuaciones sujetas a control administrativo llevadas a cabo al amparo de una licencia u orden de ejecución, declaración responsable o comunicación manifiestamente ilegal.
Artículo 265. Protección de zonas verdes, espacios libres, dotaciones públicas y suelo rústico.
Artículo 266. Suspensión de suministros, demolición de lo indebidamente llevado a cabo y anotación en el Registro.
Capítulo II. Infracciones y sanciones.
Sección 1.ª Infracciones.
Artículo 267. Infracciones urbanísticas y compatibilidad con otras medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística.
Artículo 268. Clasificación de las infracciones urbanísticas.
Artículo 269. Infracciones muy graves.
Artículo 270. Infracciones graves.
Artículo 271. Infracciones leves.
Artículo 272. Personas responsables.
Artículo 273. Responsabilidad de las personas jurídicas.
Artículo 274. Prescripción de las infracciones.
Sección 2.ª Sanciones.
Artículo 275. Tipos de sanciones y cuantía de las mismas.
Artículo 276. Reglas para determinar la cuantía de las sanciones.
Artículo 277. Procedimiento sancionador.
Artículo 278. Ejecución de las sanciones y restablecimiento de la legalidad urbanística.
Artículo 279. Prescripción de sanciones.
Artículo 280. Publicidad de las sanciones.
Artículo 281. Afectación de las sanciones.
Artículo 282. Competencia.
Título VII. Organización administrativa y régimen jurídico.
Capítulo I. La Comisión y el Consejo Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Comisión de Coordinación Intersectorial.
Artículo 283. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Artículo 284. El Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Artículo 285. La Comisión de Coordinación Intersectorial.
Capítulo II. Acciones y recursos administrativos.
Artículo 286. La vía de apremio.
Artículo 287. Acción pública.
Artículo 288. Acciones civiles.
Artículo 289. Registro de la Propiedad.
Capítulo III. Convenios urbanísticos.
Artículo 290. Objeto y capacidad general.
Artículo 291. Límites.
Artículo 292. Convenios de planeamiento.
Artículo 293. Convenios de gestión.
Artículo 294. Responsabilidad por incumplimiento.
Artículo 295. Publicidad.
Disposición adicional primera. Modificaciones en la Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Disposición adicional segunda. Modificación en la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado.
Disposición adicional tercera. Declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos de su expropiación forzosa de determinadas actuaciones del Gobierno de Cantabria.
Disposición adicional cuarta. Tramitación de los expedientes en materia responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones en materia urbanística.
Disposición adicional quinta. Procedimientos especiales de elaboración, tramitación y aprobación de la normas y planes en materia de ordenación territorial y urbanística.
Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley 5/2014 de 26 de diciembre de vivienda protegida de Cantabria.
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Disposición adicional octava. Canon por la implantación en el suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía generada a la red.
Disposición adicional novena. Extensión de la suspensión en la tramitación de parques eólicos en Cantabria.
Disposición transitoria primera. Normativa aplicable y adaptación de planes anteriores.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de esta ley a los Planes urbanísticos e instrumentos de ordenación territorial en tramitación.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de esta ley a los instrumentos urbanísticos en ejecución y cesiones.
Disposición transitoria cuarta. Edificación y rehabilitación forzosa.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos sancionadores.
Disposición transitoria sexta. Licencias y autorizaciones en tramitación.
Disposición transitoria séptima. Construcción de viviendas en suelo rústico.
Disposición transitoria octava. Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Disposición derogatoria única.
Disposición final primera. Remisión del Plan de Ordenación Territorial de Cantabria para su aprobación por el Parlamento y modificación de las Normas Urbanística Regionales.
Disposición final segunda. Registro Público de Planeamiento y Gestión.
Disposición final tercera. Creación de la Comisión de Coordinación Intersectorial.
Disposición final cuarta. Aprobación de las normas Técnicas de Planeamiento y de los criterios interpretativos de cálculo de población.
Disposición final quinta. Aprobación de ordenanza de creación y regulación de la cédula urbanística.
Disposición final sexta. Cláusula de Género.
Disposición final séptima. Vigencia de normas Reglamentarias.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Anexo.
1. Estándar urbanístico.
2. Parámetros de edificabilidad y densidad.
3. Estándares para dotaciones públicas.
4. Estándares para espacios libres y equipamientos.
5. Cédula urbanística.
6. Memoria de Viabilidad Económica e Informe de Sostenibilidad Económica.
La Comunidad Autónoma de Cantabria, en el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo, litoral y vivienda que tiene atribuida en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, ha considerado oportuno y necesario acometer la aprobación de un nuevo texto legal en el que se regulen conjuntamente, manteniendo la línea seguida hasta ahora, las materias referidas a la ordenación del territorio y el urbanismo.
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha constituido desde su aprobación el marco normativo de referencia en la materia, pero son varias las razones que determinan la necesidad de actualizar y modernizar sus contenidos, considerando como opción más acertada la de aprobar un nuevo texto legal completo, frente a la de introducir nuevas reformas parciales en el mencionado texto.
Entre los principales motivos que han conducido a esta decisión, cabe señalar, el largo tiempo transcurrido desde que dicha Ley se aprobara y las distintas reformas parciales a las que se ha sometido a la misma, así como la gran cantidad de normas aprobadas a nivel estatal con especial incidencia en la ordenación del territorio y el ordenamiento jurídico urbanístico, normas todas ellas que, por su carácter de legislación básica, en virtud de la distribución competencial establecida constitucionalmente, han de ser observadas y obligan necesariamente a una labor de coordinación y adaptación de la legislación autonómica a los postulados básicos establecidos por el Estado.
Por otro lado, cambios legislativos acontecidos en otras áreas de nuestro ordenamiento jurídico, que afectan con carácter transversal a todos los ámbitos competenciales de las diferentes Administraciones Públicas, como son los referidos a las garantías para los ciudadanos; la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador del ordenamiento jurídico; las bases del régimen local; la transparencia; la modernización de los procedimientos administrativos, con la administración electrónica; las relaciones interadministrativas; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y los cambios procedimentales acaecidos como consecuencia de la aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este contexto, por lo tanto, se hacía necesaria una nueva norma que además de adaptarse a esos cambios y dotar de coherencia la regulación en esta materia, fuese capaz de dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad de nuestro tiempo, tales como el envejecimiento de la población y del parque edificado, la adaptación al cambio climático, el despoblamiento rural, el cambio del modelo económico, el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030, etc. Sin embargo, esta nueva norma no nace con un ánimo rupturista y sí con la sana intención de mejorar, fruto de la experiencia de tantos años, todas aquellas cuestiones que no han funcionado todo lo bien que hubiera sido deseable, manteniendo todo lo que se ha evidenciado como satisfactorio y provechoso. Esta cierta continuidad facilita la adaptación de los operadores urbanísticos a la misma y evita penalizar la seguridad jurídica estableciendo un régimen transitorio que respete las actuaciones en ejecución.
En cuanto a la sistemática de la Ley, la misma consta de 295 artículos, distribuidos en un Título Preliminar y siete Títulos más, nueve Disposiciones Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria, nueve Disposiciones Finales y un Anexo.
El Título Preliminar se refiere al objeto y fines de la Ley, donde la ordenación de la política territorial y urbanística y la regulación de la actividad administrativa en materia de usos del suelo y de los recursos naturales constituyen su eje central, fijándose para ello los principios básicos a aplicar y regulándose los instrumentos que permitan esa ordenación desde el prisma del uso racional del territorio y su desarrollo sostenible.
El suelo constituye el ámbito sobre el que se desarrollan las actividades humanas, el sustento de la producción de alimentos, proporciona los recursos y materias primas necesarias para el desarrollo de la actividad de los distintos sectores de la economía, conserva las huellas de nuestro pasado, purifica y regula el ciclo del agua y de los nutrientes siendo esencial para la salud de nuestros ecosistemas, constituye un depósito de genes y especies, indispensable para la biodiversidad y actúa como sumidero de carbono, crucial para la mitigación del cambio climático. En definitiva, es un recurso natural muy valioso, muy dinámico, muy frágil, finito y no renovable, dado el tiempo que requiere su formación, configurándose como un ecosistema esencial, complejo, multifuncional, vivo y de crucial importancia medioambiental y socioeconómica que desempeña numerosas funciones clave y presta servicios vitales para la existencia humana y la supervivencia de los ecosistemas, de modo que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades.
La Agenda Urbana española se inspira en el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible que establece la legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana (artículo 3 del Real Decreto 7/2015, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). Según la misma, ya hace tiempo que el suelo rural dejó de entenderse como aquel suelo residual que queda tras la identificación del suelo que ya es urbano y del suelo urbanizable que es aquel que demandan los planes urbanísticos para asegurar el crecimiento previsto y previsible en un determinado horizonte temporal. Se trata pues de un sistema en sí mismo que merece protección y su propio análisis.
Esta ley, como no podría ser de otra manera, se fundamenta en el principio constitucional de un desarrollo sostenible en torno al que se establece todo un catálogo de principios descritos en el título preliminar, cuyo cumplimiento habrá de servir como criterio de interpretación de las reglas que en ella se establecen, así como de las normas reglamentarias que la desarrollen y, sobre todo, como principio que debe guiar la labor de ordenación e intervención sobre el suelo de nuestra región. A partir de esos presupuestos, la ley persigue un equilibrio fácil de entender, pero no tan fácil de conseguir: facilitar la actividad económica y social en los suelos aptos para ser desarrollados o recuperados y, en paralelo, mantener la protección y conservación de los espacios y los suelos más valiosos de nuestra región, ya sea por sus valores naturales o económicos, ya sea porque aseguran la sostenibilidad de aquel.
Entendido de ese modo, se parte de la idea de un desarrollo sostenible como la necesidad de acomodar la ordenación y la intervención en el suelo a las modalidades particulares de ocupación y uso del territorio que se vienen dando en Cantabria, de forma que, sin menoscabo de la protección, su regulación, cuyos principios y fines se incorporan al presente texto legal, se acerque a la realidad de nuestra región.
Esas modalidades de ocupación y uso del territorio se reflejan especialmente en todo lo relacionado con la regulación de la clasificación del suelo, pero destacan, por lo determinantes en lo que a la ocupación del territorio se refiere, los apartados correspondientes a la necesidad de justificación, por encima de un determinado porcentaje considerado como asumible, la capacidad de crecimiento prevista en los planes generales municipales; las denominadas Áreas de Desarrollo Rural, que se constituyen como un verdadero instrumento cuyo objeto no es otro que el de contribuir a la ordenación y el desarrollo rural, regulando y ordenando, en su caso, la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como las instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en el suelo rústico más antropizado y próximo a los núcleos urbanos de pequeños municipios o municipios en riesgo de despoblamiento, siempre que no posea los valores intrínsecos a que se refiere la legislación sectorial de protección o los planes y normas de ordenación territorial; o en el ámbito de la planificación territorial, o la implantación estratégica de instalaciones y usos que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características, a través de los denominados Proyectos Singulares de Interés Regional.
Se señalan entre los fines de la actuación pública en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de todos los habitantes mediante la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, así como la conservación y preservación de los espacios, recursos y elementos de relevancia ecológica, la preservación del patrimonio cultural de Cantabria, la puesta en valor del paisaje, el uso racional de litoral y la lucha contra el cambio climático, apareciendo con fuerza fines tales como la accesibilidad de los servicios para toda la población y la movilidad sostenible o el del fomento de la renovación y regeneración urbana de nuestras ciudades, dejando bien claro, desde el comienzo del articulado, que se quiere optar por el modelo de la ciudad compacta frente a la dispersión, sin perder la esencia de los núcleos tradicionales del ámbito rural y teniendo presente la dualidad en el territorio de Cantabria en que se distinguen aquellos municipios con demanda real de suelo para urbanizar y edificar, que se corresponden fundamentalmente con los de mayor población, medios y capacidad de gestión, de aquellos otros municipios en los que la experiencia demuestra la prácticamente nula demanda anual de urbanización e inapreciable construcción de viviendas, que se corresponden fundamentalmente con pequeños municipios del ámbito rural, especialmente aquellos situados en el interior de Cantabria, con riesgo de despoblamiento. El modelo por el que se apuesta decididamente en esta ley considera ambas realidades, como lo demuestra la serie de preceptos que se han incluido con el fin de lograr esos fines y objetivos fundamentales.
Siempre es destacable la necesaria colaboración interadministrativa, arbitrando cuando proceda y en atención a los intereses mutuos, aquellos medios adecuados para que las demás Administraciones puedan participar en las decisiones propias, de acuerdo a los principios de colaboración, cooperación y coordinación, en los términos establecidos por la legislación básica estatal. Todo ello tiene fiel reflejo en el artículo 6 con el que se cierra el primer capítulo del Título preliminar.
Por último, el capítulo II, que se regula la transparencia y la participación ciudadana y el derecho a la información territorial y urbanística dentro del marco general que para la implantación de la administración electrónica se desprende de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y el RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, así como el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria y las cédulas urbanísticas, constituye un completo y acabado sistema orientado a asegurar la transparencia del urbanismo y de los sistemas de gestión, referida tanto al momento de elaboración de los diferentes instrumentos de planeamiento y de gestión, como una vez finalizados estos procesos, en los que, además, se tiene especial consideración a la participación ciudadana, asegurando una información constante y actualizada a través del novedoso Registro y dotando de seguridad al tráfico jurídico urbanístico e inmobiliario con la creación de las cédulas urbanísticas municipales.
El Título Primero está dedicado a la ordenación territorial regulando cada uno de los instrumentos planeamiento territorial con el que la Comunidad Autónoma se dota para ello, que con independencia de su rango legal o reglamentario se tramitarán conforme a los procedimientos especiales regulados para cada uno de ellos en este texto normativo, que desplazan al establecido con carácter general en la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Así, en primer lugar y en la cúspide de la planificación territorial, se encuentra el Plan Regional de Ordenación Territorial, que tiene por objeto identificar las pautas generales del desarrollo y transformación sostenibles de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para el uso racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural, definir el modelo territorial que permita el adecuado ejercicio de sus competencias por las distintas Administraciones públicas y establecer las prioridades de la acción ambiental, económica y social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
El Plan de Ordenación del Litoral, que en atención a las peculiaridades y especial singularidad de la zona costera y con la finalidad de una protección efectiva e integral de la misma queda, en su ámbito específico, equiparado a todos los efectos al Plan Regional de Ordenación Territorial.
Las Normas Urbanísticas Regionales establecen criterios y fijan pautas normativas en lo referente al uso del suelo y la edificación y son de obligado cumplimiento en ausencia de Planeamiento General o como complemento del mismo y de las normas de aplicación directa de esta ley.
En lo que se refiere a los Planes Territoriales Parciales, estos desarrollarán de forma integral el Plan de Ordenación Territorial en las áreas o zonas que este delimite.
Los Planes Territoriales Especiales son instrumentos de ordenación territorial, en desarrollo directo de las previsiones contenidas en el Plan Regional de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales o de su legislación específica y tienen por objeto la regulación de uno o varios aspectos sectoriales, limitando su campo de actuación a esos concretos sectores.
Los Proyectos Singulares de Interés Regional tienen por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones para el desarrollo rural, mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun asentándose en uno solo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características.
El Título II trata de la clasificación y régimen del suelo, estableciendo las tradicionales categorías de suelo urbano, urbanizable y rústico. En la primera de estas categorías se encuentra el suelo urbano, en el que se encuadrarían los terrenos integrados de forma efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población en los términos establecidos en la Ley. Se suprime la distinción entre el suelo urbano consolidado y el no consolidado y se regulan con mayor concreción conceptos jurídicos indeterminados como el de malla urbana, estableciéndose que será el propio Planeamiento General, en función de la ordenación propuesta el que establezca el grado de consolidación por la edificación que se considera razonable y coherente para entender que el suelo integrado en la malla urbana se pueda considerar urbano.
El suelo urbanizable será aquel en el que se integrarán los terrenos aptos para su transformación urbanística que sean precisos para atender las necesidades que así lo justifiquen, a corto, medio o largo plazo, eliminando la distinción que establecía la legislación anterior entre suelo urbanizable delimitado y residual, por cuanto éste último carece de sentido conforme al principio de desarrollo sostenible.
Por último, pero no por ello menos importante, el suelo rústico, distinguiendo entre el de especial protección, así clasificado en virtud de lo previsto en la legislación sectorial correspondiente o en función de las previsiones de los planes y normas de ordenación territorial o urbanística por considerar necesario preservarlo en función de sus valores históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales o paisajísticos, aquellos con riesgos naturales o tecnológicos acreditados, así como aquellos otros en los que estime necesaria su protección por concurrir en ellos un valor económico estratégico derivado de su riqueza agrícola, ganadera, forestal o extractiva por otro lado, el suelo rústico de protección ordinaria así clasificado por el Planeamiento General con objeto de preservarlo, en un momento dado, de su desarrollo urbano integral por último, se recupera la figura de los núcleos rurales, como ámbitos que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado y diferenciado según los censos y padrones oficiales, integrado por un mínimo de cinco y un máximo de treinta viviendas, que encajan mejor en cuanto a su concepción y regulación en el suelo rústico que en el suelo urbano.
Se establecen para cada una de las clases de suelo los correspondientes derechos, deberes y limitaciones de los propietarios de los mismos, de conformidad con lo previsto en la legislación básica estatal, diferenciando en el suelo urbano esos deberes en función del tipo de actuación de que se trate, distinguiendo las actuaciones edificatorias de las actuaciones de transformación urbanística que a su vez se dividen en actuaciones de renovación o reforma de la urbanización, actuaciones de dotación y actuaciones de regeneración y renovación urbana.
En el suelo urbanizable, se establece la posibilidad de anticipar en casos justificados las construcciones destinadas a fines productivos o terciarios, antes del inicio del proceso de gestión del Plan, siempre que la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemente garantizadas y el propietario asuma las obligaciones que le correspondan, una vez gestionado el ámbito, prestando para ello las garantías suficientes.
Señalar, asimismo, que el artículo 48.4 en el suelo rústico, establece la obligatoriedad para los promotores, cuando se trate de construcciones o instalaciones no directamente vinculadas al uso agrícola, ganadero, extractivo o forestal del terreno, incluidas las de carácter residencial y las destinadas a ocio o turismo rural, del pago a los respectivos Ayuntamientos, de una cantidad no menor de un 3 por ciento ni superior al 5 por ciento del importe del presupuesto de las obras a ejecutar, salvo que se trate de un municipio en riesgo de despoblamiento o el promotor tenga su domicilio fiscal en el municipio y se mantenga en el mismo, al menos, durante cuatro años, en cuyo caso no será exigible el pago de dicha cantidad.
La Ley contempla igualmente la figura del Núcleo Rural en suelo rústico en el artículo 51, debiendo el Planeamiento General definir los usos y las condiciones de edificación, considerando como uso característico el residencial vinculado al medio rural, admitiéndose como complementarios los usos terciarios o productivos, actividades turísticas y artesanales, pequeños talleres, invernaderos y equipamientos, así como aquellos que guarden relación directa con los tradicionalmente ligados al asentamiento rural de que se trate o que den respuesta a las necesidades de la población residente en ellos.
El Título III viene referido al planeamiento urbanístico y se divide en cinco capítulos que regulan una serie de disposiciones generales, la definición, formación, tramitación y aprobación, vigencia, revisión y modificación y finalmente los efectos la aprobación de los distintos tipos de planeamiento urbanístico, así como los instrumentos complementarios del mismo con un capítulo destinado específicamente al planeamiento urbanístico de los pequeños municipios y municipios en riesgo de despoblamiento.
Novedad importante son las Normas Técnicas de Planeamiento, que tienen por objeto unificar los criterios técnicos de los documentos de planeamiento urbanístico, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, así como cualquier otra cuestión que precise aclaración u orientación técnica en materia de planeamiento urbanístico. Se regula igualmente el contenido de las mismas, siendo elaboradas conjuntamente por la Consejería competente en materia de urbanismo y en materia de evaluación ambiental estratégica urbanística, previa audiencia de la Federación de Municipios de Cantabria y de los colegios profesionales con competencias en la redacción de los instrumentos de planeamiento, aprobándose conforme al procedimiento especial regulado en este texto normativo, por Orden de la Consejería competente en materia de urbanismo previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Asimismo, se contemplan las normas de aplicación directa, así como los estándares de edificabilidad, densidades y ocupación y los de espacios libres y equipamientos, tanto a nivel de sistema general como de sistemas locales, así como medidas para la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad en edificaciones existentes.
Siendo uno de los objetivos de la Ley facilitar la gestión de los suelos urbanos frente al consumo de nuevos suelos no urbanizados, se crean mecanismos de ordenación y gestión que eviten indeseadas paralizaciones en el desarrollo de estos suelos urbanos, cuando al descender al nivel de detalle necesario, se identifica la necesidad de ajustar o incluso modificar el planeamiento urbanístico. Para ello, además de dar mayores facultades a los Planes Especiales de Reforma Interior, se distingue entre los Estudios de Detalle Comunes y Estudios de Detalle Especiales, siendo estos últimos los que podrán establecer la ordenación cuando ésta no viniera definida por el planeamiento urbanístico, pudiendo diseñar, en su caso, la apertura de nuevos viales públicos, espacios libres y equipamientos conforme a los criterios establecidos para ello en el Planeamiento General. Cuando la ordenación viniera definida por el planeamiento urbanístico, podrán completarla o modificarla incluso alterando el diseño y situación de los espacios libres y equipamientos; los viales públicos de nueva creación; la ordenación de las edificaciones y sus alturas; la densidad y el índice de ocupación del suelo. En ningún caso podrán reducir la superficie total prevista destinada a viales públicos de nueva creación, espacios libres y equipamientos ni superar los parámetros máximos de edificabilidad establecidos en la ficha de la correspondiente unidad de actuación o en su defecto, en la ordenanza de aplicación.
Se establece en la Ley un distinto procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle debiendo someterse los Estudios de Detalle Especiales al correspondiente trámite ambiental, mientras que los Estudios de Detalle Comunes quedan excluidos del trámite ambiental, dado su escaso alcance.
Importante novedad son las denominadas Áreas de Desarrollo Rural en el suelo rústico, que tienen por objeto contribuir a la ordenación y el desarrollo rural en pequeños municipios o en municipios en riesgo de despoblamiento, regulando y ordenando la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, así como las instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural en el suelo rústico, siempre que éste no posea unos valores intrínsecos que le hagan merecedor de una especial protección, lo que habrá de justificarse en el expediente de delimitación de dichas Áreas, que no podrán superar la distancia de 100 metros medida en proyección horizontal desde el borde del suelo urbano delimitado. Su delimitación se hará conforme al procedimiento establecido en la propia Ley y sometiéndose a evaluación ambiental estratégica.
No será posible la delimitación de Áreas de Desarrollo Rural en el entorno de aquellos núcleos urban