Categoría: Administración

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance. Entre las medidas adoptadas, destaca la puesta en marcha el instrumento financiero NextGenerationEU, que permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. En este instrumento compuesto por varios mecanismos o fondos de financiación, destaca el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una dotación de 672.500 millones de euros de los que 312.500 están dispuesto para ayudas financieras no reembolsables.
En este contexto, el 7 de octubre de 2020, se aprobó el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (en adelante «PRTR»), permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente, que permita que nuestro modelo pueda enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro, e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
El Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de abril de 2021, adoptó un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con anterioridad, el 12 de febrero de 2021, se aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por el que a España le pueden corresponder hasta 69.500 millones de euros en ayudas financieras no reembolsables.
El PRTR está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca, que a su vez integran 30 componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.
Cada componente se centra en un reto u objetivo específico y recoge los diferentes Programas y sus correspondientes líneas de actuación: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante «MITMA») lidera 3 de los 30 componentes incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España, dos de ellos relacionados con la movilidad y el transporte (componentes 1 y 6), donde se estructuran las inversiones y subvenciones al sector dirigidas a las comunidades autónomas, administraciones locales y empresas, y otro (componente 2) ligado a la política de Agenda Urbana y Vivienda.
En concreto, el componente 6, Movilidad sostenible, segura y conectada, incluye un conjunto de reformas e inversiones que responden principalmente a dos de los cuatro ejes trasversales del PRTR: transición ecológica y digitalización.
En 2018 el sector del transporte fue el responsable del 27 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. De ellas, el transporte por carretera supone el 93 % del total de emisiones directas de gases de efecto invernadero generadas por el transporte. Por ello es necesario impulsar un transporte multimodal que contribuya a reducir los efectos medioambientales del transporte.
Por otra parte, el transporte también contribuye a los episodios de contaminación atmosférica y agrava sus efectos en la salud pública. Atendiendo al último informe anual de calidad del aire europeo publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, hasta 6.800 muertes prematuras anuales en nuestro país son atribuibles al NO2 y 23.000 a las partículas PM2, 5. Para atajar este grave problema de salud pública el componente 6 pretende abordar el reto de reequilibrar el reparto modal del transporte hacia modos más sostenibles.
Además, este componente responde a toda una serie de desafíos adicionales tales como la necesidad de mejorar las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con puertos y centros logísticos, el compromiso de completar los corredores europeos en España de acuerdo con la normativa comunitaria y la exigencia de trasladar al sector transporte los avances digitales y tecnológicos disponibles.
Así, el componente 6 tiene entre sus objetivos avanzar en el desarrollo de los corredores europeos como principales ejes vertebradores de nuestra movilidad y hacer nuestra red nacional de transporte más interoperable de acuerdo con los estándares europeos, dotándola de mayor capacidad donde es necesario y contribuyendo a reducir su huella de carbono mediante el impulso de modos de transporte más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, a través del empleo de fuentes de energía más limpias; mejorar la logística y la intermodalidad mediante el desarrollo y/o modernización de terminales logísticas, puertos y accesos a los mismos; o fomentar la digitalización y sostenibilidad del transporte de mercancías, mediante un programa de apoyo que ubica entre sus potenciales beneficiarios a las empresas de transporte de mercancías para impulsar su digitalización, la descarbonización del transporte y el transporte ferroviario de mercancías en particular.
Las distintas medidas incluidas en el Componente 6 tienen características diferentes y requerirán del uso de distintos instrumentos y formas de gobernanza.
En concreto, el objeto de la presente orden ministerial es establecer las bases reguladoras y primera convocatoria para la concesión de subvenciones, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva a empresas privadas y entidades públicas que desarrollen una actividad económica en el sector del transporte para mejorar la eficiencia del sistema de transporte mediante la digitalización e introducción de nuevas tecnologías en el sector, y el apoyo a los medios de transporte más sostenibles, en particular al ferrocarril, que se corresponden con la inversión 4 de la componente 6 (C6.I4), que queda sujeta al cumplimiento de los siguientes hitos, de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID por sus siglas en inglés):
Hito número 99: cuarto trimestre de 2022. Publicación en el BOE de la concesión de 800.000.000 euros en el marco del programa de transporte sostenible y digital. Los criterios de selección garantizarán que al menos 63.500.000 euros contribuyan a los objetivos de cambio climático con un coeficiente climático del 100 % y que al menos 210.000.000 euros lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A este hito contribuyen no sólo los proyectos de este programa, sino también las medidas 5 y 15 incluidas dentro de la inversión 4 de la componente 6 (C6.I4).
Hito número 100: cuarto trimestre de 2024. Inicio de las obras en todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital.
Hito número 101: segundo trimestre de 2026. Finalización de todos los proyectos adjudicados en el cuarto trimestre de 2022 (hito 99) para promover el transporte sostenible y digital. Respecto de las medidas 10 y 12, los criterios de elegibilidad asegurarán el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58, de 18 de febrero de 2021, p. 1), garantizando que la infraestructura permita en el momento de su construcción el suministro de gases renovables y bajos en carbono.
El cumplimiento de los citados hitos se comprobará de conformidad con los mecanismos de verificación y especificaciones adicionales establecidos en las disposiciones operativas entre la Comisión y España:
Hito número 99: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID). Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales:
Una relación de la publicación de las adjudicaciones en el DO o en la Plataforma de Contratación Pública indicando para cada una de las adjudicaciones a) la referencia y el enlace del DO o de la Plataforma de Contratación Pública donde se ha publicado la adjudicación; b) el importe que se adjudica (sin IVA); c) extracto de los documentos oficiales correspondientes que contengan la evidencia de que la selección final de los proyectos se ajusta a las 15 áreas de proyectos; d) extracto de los documentos oficiales que contengan los criterios de selección utilizados para garantizar que se alcanzarán los importes que contribuyen a los objetivos de cambio climático especificados en la descripción de la medida, de conformidad con el Anexo VI del El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, será logrado; y e) extracto de los documentos oficiales que contienen los criterios de selección que aseguren el cumplimiento con la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» según se especifica en el anexo del CID para las medidas 10 y 12.
Hito número 100: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID). Este documento incluirá como anexo la lista de proyectos, y para cada uno de ellos, la notificación oficial de comienzo de los trabajos.
Hito número 101: Documento resumen que justifique debidamente cómo se ha cumplido el hito (incluyendo los elementos relevantes del hito, tal y como se enumeran en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID). Este documento incluirá como anexo las siguientes pruebas documentales:
Una relación de los proyectos indicando para cada uno de ellos: a) un breve resumen; y b) una copia del certificado de ejecución que certifique la finalización formal de las acciones promulgadas de acuerdo con la legislación nacional.
Esta convocatoria será gestionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este programa está basado en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (EMSSyC) y en la recomendación específica de país (CSR) «2019.3.3 Centrar la política económica de inversión en la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías». En efecto, el programa está enfocado, en colaboración con las empresas del sector, para su mejora en la digitalización, la descarbonización y eficiencia energética, y al aumento del transporte ferroviario de mercancías.
También está alineado con la estrategia europea de movilidad sostenible e inteligente publicada en diciembre de 2020 que incluye, como una de sus iniciativas emblemáticas, la ecologización del transporte de mercancías defendiendo, entre sus puntos clave:
– Que una parte considerable del 75 % del transporte interior que se realiza en la actualidad por carretera pase al ferrocarril y las vías navegables interiores.
– El marco existente para el transporte intermodal necesita una renovación sustancial y debe convertirse en una herramienta eficaz.
– La logística multimodal debe formar parte de esta transformación, dentro de las zonas urbanas y fuera de ellas.
En España, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada (C6R1) plantea en su Eje 6 «Cadenas Logísticas Intermodales Inteligentes» incrementar de forma efectiva el transporte ferroviario de mercancías que actualmente tiene en España cuotas significativamente inferiores a la media europea, así como impulsar una política de intermodalidad y velar por la transición justa para el sector transporte.
Estas inversiones se enmarcan en el panorama actual en el que la cuota del ferrocarril en la movilidad interna de mercancías (en t-km) en España, no llega al 5 %, alejada del 17 % de media europea, lo que sitúa a nuestro país a la cola de los países con una mínima tradición ferroviaria en Europa. El volumen de mercancías por ferrocarril se encuentra estancado en niveles inferiores a los 30 millones de toneladas anuales, todavía alejados de los registrados en los años previos a la crisis financiera de los años 2008/09.
Por otra parte, la inversión en digitalización da respuesta al Eje 5 «Movilidad inteligente» de la EMSSyC (C6R1) que desarrolla entre otras las siguientes líneas de actuación:
– Facilitación de la movilidad como servicio, datos abiertos y nuevas tecnologías para el análisis y optimización de la movilidad.
– Gestión inteligente de infraestructuras, terminales y estaciones.
– Automatización del transporte y la logística. Impulso a vehículos conectados y autónomos (automóvil, ferrocarril, buques) y a la utilización de Galileo en movilidad.
– Fomento de la I+D+i en movilidad.
El Eje 4 «Movilidad de bajas emisiones» de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada (C6R1) plantea el desarrollo de fuentes de energías alternativas y sostenibles para el transporte (electrificación, hidrógeno, etc.), y el estímulo de los medios de transporte de bajas emisiones. Para ello, se centra en las siguientes medidas:
– Contratación pública ecológica de vehículos y servicios de transporte por carretera.
– Incentivos para la renovación del parque de vehículos de transporte por carretera.
– Renovación de la flota marítima y su equipamiento.
– Vehículos, maquinaria y equipos de bajas emisiones en las terminales aeroportuarias.
– Naves, vehículos, maquinaria y equipos de bajas emisiones en el entorno portuario.
Por último, a nivel europeo, en la estrategia de movilidad sostenible e inteligente, publicada en diciembre de 2020, de los diez ámbitos emblemáticos que aparecen definidos, el primero aboga por impulsar la adopción de vehículos de emisión cero, los combustibles renovables e hipocarbónicos y la infraestructura asociada.
Particularmente, establece que el transporte aéreo y el transporte marítimo plantean mayores retos de descarbonización de cara a las próximas décadas, como consecuencia de la falta de tecnologías de emisión cero listas para comercializarse, los largos ciclos de desarrollo y de vida de las aeronaves y los buques, la considerable inversión en equipos e infraestructuras de repostaje que se requiere y la competencia internacional en estos sectores.
Las subvenciones establecidas en esta orden ministerial se estructuran en seis líneas:
a) Interoperabilidad en transporte ferroviario de mercancías.
b) Fomento de la intermodalidad del transporte.
c) Modernización de material ferroviario de mercancías.
d) Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado.
e) Sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo.
f) Digitalización del transporte.
El objetivo de esta orden ministerial es convocar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, permitiendo a empresas privadas y entidades del sector público empresarial a presentar sus solicitudes que serán evaluadas en función de su impacto, calidad, madurez y relevancia. Para contribuir a los objetivos finales del PRTR y garantizar el efecto transformador en la economía con la mayor prontitud posible, las actividades a financiar deben ser lo suficientemente maduras y solventes técnica y financieramente como para que puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento durante el periodo de vigencia del plan. Las actividades realizadas por los beneficiarios contribuirán a la transformación de la economía mediante la creación de empleo en España, con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
Esta orden se dicta en virtud de las competencias exclusivas que la Constitución Española atribuye al Estado en materia de obras públicas de interés general en el artículo 149.1, cláusula 24.ª, en materia de marina mercante, puertos de interés general y aeropuertos de interés general en el artículo 149.1, cláusula 20.ª, así como en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma establecida en el artículo 149.1, cláusula 21.ª
El presente programa de apoyo, como palanca para la transformación del sistema nacional de transporte, contempla proyectos de inversión financiables que se ubiquen o desarrollen en servicios e infraestructuras de competencia estatal. Esto es, en la red de carreteras del Estado, en los puertos de interés general, en la red ferroviaria de interés general, en los aeropuertos de interés general y en servicios de transporte que superen el ámbito territorial de la comunidad autónoma. El régimen jurídico de aplicación en materia competencial será el establecido por las cláusulas anteriormente citadas de la Constitución Española y la legislación específica.
Asimismo, la presente orden encuentra amparo en la competencia exclusiva del Estado que la Constitución Española, en el artículo 149.1, cláusula 13.ª, le otorga en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en particular, la actividad económica relacionada con el sector del transporte.
Dentro de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, tienen cabida normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encuentra este programa de apoyo a proyectos relacionados con el transporte sostenible y digital en infraestructuras y servicios de competencia estatal que coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española de cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y evolución hacia una estructura económica más resiliente que permita que nuestro modelo pueda enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro, e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal, descarbonizar la economía, dar respuesta al cambio climático y reducir la contaminación atmosférica y el impacto social y económico de la actividad de transporte; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta incardinación con el resto de la regulación existente en la materia. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que garantiza que las subvenciones llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria y limitando las cargas administrativas a las imprescindibles, y de transparencia, al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración.
Las medidas del presente programa de apoyo fueron consensuadas en la Conferencia Nacional de Transportes celebrada el 14 de mayo de 2021, con los representantes de todas las Comunidades Autónomas.
En tanto la financiación de estas subvenciones proviene de los fondos europeos Next GenerationEU, resulta de aplicación en su gestión lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En su virtud, a propuesta de la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dispongo:
1. Mediante esta orden ministerial se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR). También se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.
2. La convocatoria se incorpora a la presente orden ministerial de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. El programa de apoyo descrito en estas bases reguladoras tiene por objeto subvencionar aquellos proyectos de inversión (en adelante, «proyectos») que se integren en las siguientes líneas de actuación y en las medidas que se especificarán en la convocatoria, en cumplimiento de los objetivos específicos incluidos en la inversión 4 del componente 6 del PRTR:
a) Interoperabilidad en transporte ferroviario de mercancías.
b) Fomento de la intermodalidad del transporte.
c) Modernización de material ferroviario de mercancías.
d) Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado.
e) Sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo.
f) Digitalización del transporte.
La tipología de proyectos subvencionables conforme a estas líneas de actuación y medidas se detallará en la correspondiente convocatoria de subvenciones.
2. El ámbito de aplicación de las subvenciones se corresponde con las infraestructuras y servicios de competencia estatal, de conformidad con lo establecido en la Constitución Española y en la normativa sectorial vigente que sea de aplicación.
3. El otorgamiento de la subvención estará condicionado al cumplimiento de los hitos y objetivos que se establezcan para cada proyecto en la resolución de la convocatoria.
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden y los proyectos financiados se regirán por las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
b) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establecidos en los artículos 67 a 69.
c) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, (en adelante, RMRR).
d) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular, la inversión 4 del componente 6.
e) El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, así como la restante normativa de la Unión Europea en vigor en este ámbito.
f) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
g) El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
h) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y los actos delegados adoptados en virtud del mismo, así como el resto de la normativa medioambiental aplicable, en particular, las disposiciones mediante las cuales se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
i) La Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), (en adelante, Guía Técnica de la Comisión Europea).
j) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
k) La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
l) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
2. La concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden estará supeditada a la aprobación de las mismas por la Comisión en lo relativo al cumplimiento del régimen de ayudas de Estado.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente orden ministerial es la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, órgano instructor). El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes y será el encargado de realizar, de oficio, cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones es la persona titular del departamento ministerial, sin perjuicio de las delegaciones existentes en la materia.
1. Solo podrán obtener subvenciones los proyectos que cumplan todos estos requisitos:
a) Que se inicien después de que el beneficiario haya presentado una solicitud de subvención.
Se entenderá por inicio del proyecto la fecha del primer contrato formalizado o del primer compromiso en firme adquirido que haga la inversión irreversible o, en su defecto, del documento justificativo del primer gasto en el que se haya incurrido para la ejecución de las actividades objeto de la subvención.
b) Que cumplan con la normativa sectorial vigente que les sea de aplicación.
c) Que sean concretos, estén definidos y cuenten con un plan de implantación que garantice su finalización antes del 31 de diciembre de 2025, salvo que la convocatoria establezca otro plazo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.3 en relación con la prórroga del plazo de ejecución y modificación de la resolución.
d) Que garanticen el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (en adelante, principio DNSH), de acuerdo con lo previsto en el PRTR, en el RMRR y en la Guía Técnica de la Comisión Europea, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actividad.
e) Que contribuyan a la consecución de los objetivos climáticos y de transición digital de la Unión de conformidad con los coeficientes asignados para cada tipo de intervención en los anexos VI y VII del RMRR, que se especificarán en la convocatoria.
f) Que incluyan un Análisis Coste-Beneficio que acredite un beneficio social neto positivo, en aquellos proyectos que se establezca en la convocatoria.
g) Que cumplan con los criterios específicos de elegibilidad establecidos en la convocatoria.
2. No podrán obtener subvenciones los proyectos en los que concurra alguna de estas circunstancias:
a) Los que incluyan exclusivamente estudios o trabajos de consultoría o ingeniería. No obstante, estas actividades sí podrán recibir financiación siempre y cuando se desarrollen en el marco de un proyecto que incluya, como una parte necesaria de la misma, estudios o trabajos de consultoría e ingeniería.
b) Los que causen un perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades:
i. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, salvo en los casos debidamente justificados conforme con la Guía Técnica de la Comisión Europea.
ii. Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO2 que no sean sustancialmente inferiores a los parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos.
iii. Compensación de costes indirectos del sistema de comercio de derechos de emisión.
iv. Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil.
v. Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar perjuicios a largo plazo al medio ambiente.
vi. Actividades que, por su propia naturaleza y características, afecten de forma significativa a uno o varios de los 6 objetivos medioambientales del principio DNSH establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas).
3. Los proyectos presentados que no se adecúen a los criterios de este artículo, así como a la tipología de proyectos subvencionables que se detalle en la correspondiente convocatoria, no serán elegibles.
1. Podrán ser beneficiarios:
a) Todas aquellas personas jurídicas privadas o entidades del sector público empresarial de las reconocidas en el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que tengan su domicilio fiscal en España, o dispongan de una residencia fiscal o un establecimiento permanente en territorio español de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
b) Las agrupaciones de personas jurídicas encuadradas en el epígrafe a) del presente apartado que se constituyan conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán presentar solicitudes, teniendo todos los miembros de la agrupación la consideración de beneficiarios.
2. En el caso de que la solicitud vaya a ser presentada por una agrupación, tal y como establece el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, todos los miembros de esta deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno de agrupación que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de agrupación debería incluir al menos los siguientes aspectos:
i. Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación.
ii. Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
iii. Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
iv. Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos.
v. Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.
vi. Propiedad de los resultados.
vii. Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no exclusivo en beneficio de la administración pública española, por una duración acorde con la regulación de la propiedad intelectual o industrial, según el caso.
viii. Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada.
3. Tal y como establece el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
El miembro de la agrupación que actúe como representante de la misma asumirá, al menos, las siguientes funciones:
– Firmar en nombre de la agrupación la solicitud de la subvención, que deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, así como las actividades y el presupuesto correspondiente a cada uno.
– Actuar como interlocutor único entre la agrupación y el órgano concedente.
– Recabar de cada miembro toda la información exigible o requerida por el órgano concedente, y en particular la relativa a la justificación de la subvención.
– En caso de solicitar el pago anticipado, constituir a título individual la garantía por la totalidad del crédito anticipado a la agrupación.
– Recibir el pago de la subvención, y distribuirla entre los miembros de la agrupación, de acuerdo con el grado de participación de cada uno en la misma.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el acuerdo de agrupación que establezcan los miembros de la misma podrá condicionarse a ser declarado beneficiario de la subvención por resolución de concesión definitiva.
6. Asimismo, los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No estar incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
b) No tratarse de sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que carezca de personalidad jurídica.
c) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una subvención ilegal e incompatible con el mercado común.
d) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01).
e) Contar con la capacidad financiera y recursos suficientes para mantener su actividad a lo largo del periodo para el cual la subvención es otorgada. El análisis de dicha capacidad se basará en indicadores financieros neutrales, pero también tendrá en cuenta otros aspectos, como la dependencia de la financiación del programa y el déficit y los ingresos de años anteriores.
f) Contar con la capacidad operativa y técnica necesarias para completar el proyecto para el que se solicita la subvención. Esta capacidad se evaluará en base a la competencia y experiencia de los solicitantes y sus equipos de proyecto, incluidos los recursos operativos (humanos, técnicos y otros).
g) Cumplir con los requisitos adicionales que se establezcan para cada medida en la convocatoria.
7. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este artículo se establecerá en cada convocatoria.
8. Se suspenderá la concesión y/o el pago de toda subvención en el marco del presente programa de apoyo a toda entidad que se haya beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) hasta que la entidad en cuestión haya reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación.
1. El presupuesto será establecido en la correspondiente convocatoria, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de la misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las subvenciones serán financiadas por la Unión Europea-NextGenerationEU con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, según está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación está vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el PRTR, así como a la estimación de costes vinculada a los mismos. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como las exigencias específicas relativas a la información y publicidad y criterios de selección cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. El cumplimiento de dichos mecanismos deberá ser verificado por el órgano concedente como organismo designado responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General del Estado como organismo designado responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos.
4. Los beneficiarios podrán financiar hasta el 100 % de la inversión de los proyectos a través de la línea y programa de financiación «ICO-MITMA Movilidad sostenible» acordados entre el MITMA y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en los términos y condiciones que se establezcan en el convenio que tienen previsto firmar entre ellos. En cualquier caso, las subvenciones dinerarias aparecerían vinculadas al préstamo concedido y operarán como amortización anticipada del mismo, salvo que la correspondiente convocatoria establezca otras condiciones. En el caso de haber recibido un pago anticipado según se establece en el artículo 18 de la presente orden ministerial, los beneficiarios podrían optar por obtener financiación para el resto de la inversión.
5. Las subvenciones reguladas en la presente orden constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estando sujetas a los regímenes de compatibilidad establecidos en el artículo 93 del TFUE para las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes y en las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias aprobadas por la Comunicación de la Comisión (2008/C 184/07), en el artículo 107.3.c) del TFUE, y en los artículos 25, 36, 36 bis y 56 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
1. La cuantía total máxima a conceder, así como su distribución por anualidades dentro de los límites fijados por el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, se establecerán en la correspondiente convocatoria.
2. Están permitidos los ajustes de crédito entre medidas de una misma línea de actuación de este programa de apoyo.
3. Los remanentes de los créditos asignados a una medida, podrán ser transferidos, en su caso, a otras medidas de la misma línea de actuación que, por su demanda, presenten insuficiencia de crédito.
4. Las subvenciones otorgadas se instrumentarán como entrega dineraria sin contraprestación de un porcentaje de las inversiones subvencionables o, en su caso, de un importe cierto, de conformidad con lo establecido en la correspondiente convocatoria.
5. Conforme al artículo 34 de la Ley General de Subvenciones y a lo establecido en el artículo 18 de estas bases, podrán realizarse pagos anticipados.
6. Si tras la liquidación final resultase que la cantidad otorgada al beneficiario fuera excesiva o indebida, éste deberá reintegrar el importe que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23 de la presente orden ministerial.
7. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
8. El importe de subvención del proyecto no podrá ser superior a la cuantía total máxima establecida para la medida en la que se enmarque, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la convocatoria.
9. Los costes objeto de subvención no incorporarán el importe correspondiente a los impuestos indirectos.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.
1. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de cuarenta (40) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en esta se establezca otro plazo.
2. Número de solicitudes: Un mismo solicitante podrá presentar varios proyectos subvencionables. En ningún caso podrá presentar en la misma solicitud proyectos que se integren en diferentes medidas, en cuyo caso deberá presentar varias solicitudes, una para cada proyecto.
3. Forma de presentación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 35 del Real Decreto-ley 36/2020, la presentación y tramitación de solicitudes, así como de la documentación que les sea requerida en cualquier otro trámite del procedimiento, se realizará por vía telemática a través de la sede electrónica del MITMA, dentro del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, utilizando los formularios y modelos específicos de documentos establecidos disponibles en la misma, salvo que se indique otra vía en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentarse en lengua castellana y deberán estar firmadas electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, mediante un sistema de identificación y firma electrónica que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Contenido de la solicitud: La solicitud deberá incluir este contenido mínimo:
a) Formulario de solicitud con la información administrativa de los solicitantes, así como con información técnica y económica para llevar a cabo la evaluación y clasificación de la solicitud, en los términos establecidos en la convocatoria.
b) Documentación acreditativa de la capacidad de representación de la persona firmante de la solicitud. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de subvención como representante de la entidad solicitante.
c) Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
d) Certificado de inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, o en el censo, inventario o registro correspondiente en función de la naturaleza jurídica de la entidad solicitante, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la subvención. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
e) Declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para la obtención de la subvención, sin perjuicio de la posibilidad del órgano competente de consultar los sistemas de información para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Dicha comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subve