Categoría: Administración

concordancia que manifiesta la calificación y subsanar aquellos casos en los que ciertamente se produce esa deficiencia.
Advierte la calificación que:
"Artículos 6, 58 Reglamento del Registro Mercantil.–Respecto de los certificados catastrales insertados en el documento y las descripciones de los elementos adjudicados figuran las siguientes discrepancias de las que solicita aclaración o su subsanación a los efectos de poder trasladar dichos datos a la inscripción con la suficiente claridad:
1. Faltan los certificados de la[sic]fincas bajo el epígrafe de la escritura número 8, 35, 32, 20 y se ha repetido el del número 7.
En este punto debemos remitirnos a la Diligencia extendida el 5 de junio de 2023 por el Notario autorizante del título en la escritura número 363/2023 de liquidación y extinción de la Sociedad Gestur (…).
Advierte el Notario, que como señala la Registradora en su calificación faltaban los certificados catastrales de las fincas inventariadas bajo los números 8 y 20, procediendo a incorporarse en la escritura pública mediante la Diligencia que extiende en Notario.
Respecto los certificados catastrales correspondientes a las fincas inventariadas con los números 32 y 35 lo que ocurre es que se encuentran en la escritura pública pero con un orden diferente al que sigue el inventario por lo que para aclarar la escritura de liquidación el Notario procedió a incorporar mediante la Diligencia señalada las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de las fincas registrales inventariadas en el cuerpo de la escritura bajo los números 8, 20, 32 y 35 y añade la certificación catastral de la fina inventariada en el número 19 que, aunque no lo señala la Registradora también había sido omitida.
Por otro lado,
– El epígrafe 7 de la escritura, corresponde a la finca con referencia catastral 4665807WM7846N0001DW. Este epígrafe no se encuentra repetido, aparece una vez en el cuerpo de la escritura.
– El epígrafe que se repite es el 11 que por error de la notaría sustituyó al epígrafe 8, al confundir las referencias catastrales.''
El siguiente fundamento de la calificación señala que:
"2. El local bajo el epígrafe 49, figura como un único local, sin embargo en la certificación y en escritura se dividen en dos oficinas 2.º A y 2.º B,
La Diligencia extendida por el Notario autorizante de la escritura pública de liquidación aclara lo que ya resulta de la escritura, 'esto es, que registralmente es una sola finca, la número 6.236 del Registro de la Propiedad N.º 1 de Logroño', lo cual tiene asignada una sola referencia catastral, independientemente de que la sociedad otorgante la configure físicamente como dos oficinas y haya asignado un valor separado a cada una de ellas."
Es una única finca registral, pero con dos distintas referencias catastrales.
Un local era la oficina domicilio social de la sociedad, y el otro local se alquilaba. Esta circunstancia no debe tener relevancia en el acuerdo de liquidación, ni la Registradora le atribuye ningún efecto.
También, en relación con las certificaciones catastrales en la calificación de la Registradora se advierte que:
"3. En el certificado figura calle (…) con 8.764,75 m2sin embargo no se corresponde con la finca epígrafe número 51 de la escritura."
El epígrafe 51 de la escritura, (página 43) corresponde a la finca con referencia catastral 2970701WM2927S0001UR Esta certificación catastras, incluida en la escritura pública (página 197), señala que la cantidad 8.764,75 no son m² sino el valor catastral del suelo. La finca según la certificación catastral tiene una superficie de 624 m². La identificación ente la finca incluida en el epígrafe 51 y la certificación catastral de la misma resulta de la referencia catastral que reproduce correctamente la escritura.
La Diligencia del Notario extendida el 5 de junio de 2023 para aclarar la escritura pública de liquidación señala en relación con la finca inventariara con el número 51 que ''no consta como su superficie, ni en la escritura, ni en el Registro, ni en catastro, la de 8764,75 m2, sino que tanto registral como catastralmente, figura con una superficie de 624 m2, siendo la indicada cifra de 8764,75 la correspondiente a su valor catastral en euros".
La Registradora sustituida advierte que:
"4. La finca 55 no se corresponde con los certificados catastrales incluidos."
Las referencias catastrales de las tres fincas coinciden con los certificados catastrales incluidos en la escritura:
26138A501000110000UK, Suelo Polígono 501, Parcela 11 (…).
4787040WM0948N0001SE, (…) 2 Suelo (…).
4787044WM0948N0001WE, (…) 3 Suelo (…).
La Diligencia aclaratoria extendida por el Notario autorizante señala que el número 55 del inventario aclara "tal y como resulta de la escritura, si bien es cierto que se trata de una sola finca registral, la finca 1555 de (…), catastralmente tiene asignadas las tres referencias catastrales indicadas" (…).
La Registradora sustituida continua en su calificación señalando que:
"De conformidad con el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, artículos 254 y 256 de la Ley Hipotecaria, y con el artículo 86.1 del Reglamento del Registro Mercantil en relación con el artículo 32.2 del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se requiere acreditar la solicitud o práctica de la liquidación tributaria correspondiente en la forma prevenida por el artículo 28 de Ley 5/2008, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009, del Gobierno de La Rioja. Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 26 de Enero de 2012.
Dicho precepto, dictado en ejercicio de las competencias de dicha Comunidad Autónoma, dispone lo siguiente: "A los efectos de lo dispuesto en el artículo 53.3 de Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan tas medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, así como a efectos de lo previsto en los artículos 254 y 256 de la Ley Hipotecaria, la acreditación del pago de las deudas tributarias y de la presentación de las declaraciones tributarias y de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre sucesiones y donaciones o al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuyos rendimientos estén atribuidos a la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ajustará a los siguientes requisitos. 1.1)... 2.1)... 3.1).–La presentación y/o pago del impuesto sólo se entenderán acreditados cuando el documento presentado lleve incorporada la nota justificativa de la presentación junto con el correspondiente ejemplar de la autoliquidación y ambos debidamente sellados por los órganos tributarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y conste en ellos el pago del tributo o la declaración de no sujeción o del beneficio fiscal aplicable. 4.1).–En el supuesto de declaraciones tributarias cuyo pago y/o presentación se haya efectuado por los medios telemáticos habilitados por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la acreditación de la presentación y pago se ajustará a la normativa dictada al efecto por la Consejería competente en materia de Hacienda". Dicho defecto es subsanable.
Deben presentar para su despacho del documento todas las cartas de pagos correspondientes a las distintas operaciones realizadas, desde la liquidación a la adjudicación, siendo las cartas de pagos las correspondientes a los siguientes concepto[sic],según la consulta a Tributos: Es decir, las cartas de pagos de las operaciones societarias por la cuota de liquidación de cada uno de dos socios. Respecto de la carta de pago "del IVA", por la adjudicación de los inmuebles figura que es por importe a 593.402,59 euros, sin embargo, figura presentada una carta de pago con un concepto "renuncia de IVA" de importe 396.158,72 euros, y carta de pago correspondiente a la tributación por el exceso de adjudicación por el importe indicado de 396.158,72 euros.
Entendemos que cuando la Registradora indica "Deben presentar para su despacho del documento todas las cartas de pagos correspondientes a las distintas operaciones realizadas, desde la liquidación a la adjudicación, siendo las cartas de pagos las correspondientes a los siguientes concepto, según la consulta a Tributos: Es decir, las cartas de pagos de las operaciones societarias por la cuota de liquidación de cada uno de dos socios". está haciendo referencia a los modelos tributarios que permiten declarar el impuesto que grava las operaciones societarias que debían liquidar cada uno de los accionistas.
Los accionistas liquidaron todos los impuestos de operaciones societarias en la Dirección General de Tributos de La Rioja y se remitieron junto con la escritura pública al Registro Mercantil.
Hay que puntualizar que, ambos accionistas, que son el sujeto pasivo del el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), para poder obtener el justificante de pago el impuesto de la Administración Tributaria de La Rioja por operaciones societarias, debieron justificar su abonado previamente.
Interesa a Gestur señalar en estas alegaciones que las operaciones societarias y su forma de tributación fue objeto de consulta presencialmente con la Directora General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para recibir el criterio de esta Administración en materia de los tributos que deberían liquidarse. El pago de los tributos que gravan estas operaciones se ha realizado correctamente, según fue comprobado por la Dirección General de Tributos y se aportaron al Registro Mercantil de Logroño, como se puede observar en la documentación que se acompaña a la escritura pública.
El accionista ADER ha tributado sobre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) modalidad de Operaciones Societarias, por lo efectivamente percibido, el 1.675.730,32 euros al tipo impositivo del 1%, suponiendo un pago de 16.757,30 euros.
El modelo liquidado se incluyó en la escritura pública con el sello correspondiente de la Administración Tributaria competente en la hoja de la copia de escritura pública de ADER, GX6095202. El modelo de liquidación 600 es carta de pago y tiene la validación mecánica del ingreso de la Entidad Financiera y el sello de Tributos (…).
ADER, además tributó por ITP y AJD, en la modalidad de actos jurídicos documentados, por el excedo de adjudicación por importe de 396.158,72 euros al tipo impositivo del 1 %, suponiendo un pago de 5.942,38 euros.
El modelo liquidado se incluyó en la escritura y el sello se observa en la hoja de la copia de la escritura pública de ADER, GX6095202. El modelo de liquidación 600 es carta de pago y tiene la validación mecánica del ingreso de la Entidad Financiera y el sello de Tributos (…).
El otro accionista SEPES, ha tributado por ITP y AJD, modalidad de operaciones Societarias por lo efectivamente percibido, los 3.329.751,87 euros al tipo impositivo del 1 %.
El modelo liquidado se incluyó en la Escritura y el sello en la hoja de la copia escritura pública de SEPES, GX6095058. El modelo de liquidación 600 es carta de pago y tiene la validación mecánica del ingreso de la Entidad Financiera y el sello de Tributos (…).
En el caso de que el Registro Mercantil de Logroño entendiera que falta alguna liquidación debería haberlo comunicado, para poder aclararlo. La expresión genérica de las "cartas de pago" que se hacen en la calificación generan indefensión a Gestur, en la medida que desconocemos los modelos de declaración, liquidación o autoliquidación a los que se refiere la Registradora.
Por otro lado, en este mismo argumento la Registradora alude a los 593.402,59 euros de IVA: "Respecto de la carta de pago ‘del iva’, por la adjudicación de los inmuebles figura que es por importe a 593.402,59 euros".
La documentación que se acompaña a la escritura pública no es la carta de pago del IVA a la AEAT, sino que corresponde a la justificación de la transferencia bancaria del pago del IVA de SEPES a Gestur por la adjudicación de las fincas de La Pedregosa en Nájera y El Arcillar en Villar de Arnedo, como ya se ha señalado en estas alegaciones.
La explicación de esta cantidad es la siguiente: (…).
El IVA por importe de 593.402,59 euros fue abonado por SEPES a Gestur con fecha 20 de enero de 2023.
Con fecha 30 de enero de 2023 Gestur ingresó en Hacienda la cantidad de 581.251,56 euros en concepto de declaración de IVA del 4.º Trimestre de 2023, tras realizar la operación de liquidación del IVA repercutido y soportado en el periodo tributario normativamente establecido (…).
El detalle del ingreso por IVA 4.º trimestre es el siguiente:
IVA repercutido (facturas SEPES inmuebles) 593.402,59 euros.
IVA soportado período –2.595,88 euros.
Resultado 590.806,71 euros.
Cuotas a compensar periodos anteriores 9.555,15 euros (…).
En relación con lo que indica la Registradora "sin embargo, figura presentada una carta de pago con un concepto ‘renuncia de iva’ de importe 396.158,72 euros, y carta de pago correspondiente a la tributación por el exceso de adjudicación por el importe indicado de 396.158,72 euros". Aclarar, que esta carta de pago del accionista ADER es la liquidación del ITP y AJD en modalidad Actos Jurídicos Documentados (modelo 600) por importe de 396.158,72 euros y es correcto. En el modelo de autoliquidación se expresa la clave RN1, renuncia de IVA. Esta forma de tributación fue confirmada por la Dirección General de Tributos del Gobierno de La Rioja con carácter previo a la presentación de la declaración y sin que opusiera ningún obstáculo al modelo 600 de declaración presentada, como puede comprobarse con el sello de la Administración tributaria competente.
La explicación es que al renunciar el accionista ADER expresamente a la exención de IVA, de acuerdo con el artículo 20.Dos de la LIVA, provoca la inversión del sujeto pasivo y, por lo tanto, la operación de entrega de bienes más el exceso de adjudicación sea una operación sujeta y no exenta de IVA, por renuncia expresa. Así, dice, que siendo incompatible el IVA con la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, no ha lugar a liquidación de esta modalidad por el exceso de adjudicación.
El artículo 33 del Reglamento de ITP y AJD para los supuestos de no sujeción dispone:
1. Todas las trasmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidarán sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 72 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados.
Lo dispuesto anteriormente será aplicable cuando se renuncie a la aplicación de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a lo previsto en la normativa de este Impuesto.
2. Si a pesar de lo dispuesto en el apartado anterior se efectuara la autoliquidación por la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ello no eximirá en ningún caso a los sujetos pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor Añadido, de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a la devolución de los ingresos indebidos a que hubiese lugar, en su caso, por la referida modalidad de ''transmisiones patrimoniales onerosas".
En cualquier caso, hay que considerar que lo que importa a efectos del Registro (o de otras Oficinas) es la acreditación de que se han liquidado los tributos correspondientes ante la Hacienda Gutiérrez. Así, por ejemplo, si el particular entiende que un acto no está sujeto o que goza de una exención, le basta autoliquidarlo sin ingreso, el Registro se conformará con comprobar esa presentación sin analizar si debe pagar o no el Impuesto, lo que es competencia de la Administración Tributaria correspondiente, sin perjuicio de informar a ésta de la situación que la Registradora considera necesario a la Administración tributaria (…).
Por todo lo expuesto,
Suplico de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública admita este recurso y lo estima permitiendo la inscripción de la escritura de liquidación de sociedad mercantil estatal Gestión Urbanística de La Rioja, SA, en liquidación, junto con los testimonios notariales aclaratorios de las certificaciones registrales.»
La registradora Mercantil emitió el día 25 de julio de 2023 el informe previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, en el que daba cuenta de haber notificado el recurso interpuesto al notario autorizante de la escritura, de mantener su calificación en cuanto a las objeciones atinentes al balance de liquidación, y de considerar subsanados los defectos relativos a la descripción de los inmuebles adjudicados a los socios y los correspondientes certificados catastrales.
Vistos los artículos 253 y siguientes y 390 a 394 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 247 del Reglamento del Registro Mercantil; el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1963, 5 de mayo de 1965, 14 de junio de 1968, 1 de marzo de 1983 y 31 de mayo de 1985, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de octubre de 1998, 11 de marzo de 2000, 29 de mayo y 6 de julio de 2001, 6 de noviembre de 2017, 14 de noviembre y 19 de diciembre de 2018 y 10 de julio de 2019.
1. Debe decidirse en este expediente nuevamente sobre la extensión de la facultad calificadora del registrador en relación con el balance de liquidación de una compañía.
En el caso concreto a que se contrae este expediente, los reparos opuestos se refieren a la denominación de algunas de las partidas que lo integran, al significado de otras, a los valores reflejados en el balance en comparación con otras tasaciones que, con finalidad explicativa, también figuran en el propio acuerdo aprobatorio de la liquidación, al reflejo en el acuerdo, y no en el balance, de la partida destinada al pago de los acreedores que surgirán de las propias operaciones de liquidación (previsiones de gastos de notaría, registro, o liquidación final de impuestos), así como al grado de identificación de los créditos que nacerán de tales operaciones y de sus concretos titulares como beneficiarios del montante consignado en la cuenta bancaria a que se refiere el artículo 247.2.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil.
2. Como ha puesto de relieve reiteradamente esta Dirección General (cfr. las Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente), dirigida la liquidación a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartible entre los socios para, previa satisfacción de los acreedores sociales en su caso, proceder a su reparto y a la cancelación de los asientos registrales de la sociedad, se hace imprescindible la formulación de un balance final que debe reflejar fielmente el estado patrimonial de la sociedad una vez realizadas las operaciones liquidatorias que aquella determinación comporta. Ese balance debe someterse a aprobación de la junta general junto con un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante (artículo 390 de la Ley de Sociedades de Capital). Por su función, como verdadera cuenta de cierre, el referido balance puede ser confeccionado de forma bien simple, siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo hubiera, y determinar con exactitud la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las cuentas anuales (cfr. artículos 253 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital), toda vez que no tiene por finalidad recoger las consecuencias de la actividad social desde las últimas cuentas anuales para determinar el resultado, sobre la base de la fijación del reparto del dividendo y con información sobre las garantías patrimoniales, sino que se trata más bien de una síntesis de la situación patrimonial de la sociedad, presidida, en su estructura, por la idea de determinación de la cuota del activo social que deberá repartirse (cfr. artículos 390.1, 391 y 392 de la Ley de Sociedades de Capital).
En definitiva, se pretende que el balance y el informe sobre las operaciones de liquidación muestren la imagen fiel del patrimonio social una vez concluidas las operaciones correspondientes, pero se trata de una representación con finalidad diferente a la perseguida por el balance de ejercicio. Con particular claridad lo expresa el Plan General de Contabilidad (aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), refiriéndose a los casos en que no proceda la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, señalando que deberán aplicarse «las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la información significativa sobre los criterios aplicados».
3. Habida cuenta de que la normativa contable, más allá de la alusión reproducida al hilo del principio de empresa en funcionamiento, no regula el contenido y la estructura del balance final de liquidación, y a la vista de las declaraciones que con finalidad ilustrativa se incluyen en el propio acuerdo social aprobatorio de la liquidación, deben ser rechazadas con carácter general las objeciones contenidas en la nota de calificación, tanto las de índole cualitativa (denominación de las partidas consignadas en el balance) como cuantitativa.
Sin perjuicio de lo anterior, merece una consideración especial el tratamiento de las provisiones concernientes a gastos ocasionados por la propia ejecución del acuerdo de liquidación, a las que simplemente se dedica una alusión en el informe sobre la dotación de los fondos correspondientes y a su consignación en una cuenta bancaria. De la nota de calificación parece desprenderse que debieran haberse contabilizado como provisiones, es decir, como pasivos respecto de los que existe incertidumbre en cuanto a su cuantía y vencimiento (artículo 35.1 del Código de Comercio), de las que se ocupa con mayor detalle de registro y valoración 15.ª del Plan General de Contabilidad. En contra de esa pretensión, debe repararse que la referida norma las define como «pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán», y que, en el marco conceptual a que se remite, los pasivos aparecen descritos como «obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados», de manera que, dado que el compromiso de pago depende del hecho futuro de la ejecución del acuerdo de liquidación, no cabe su contabilización anticipada.
Lo relevante a efectos de este recurso es que, en el sistema de la Ley de Sociedades de Capital, la rendición de cuentas de la actividad desarrollada en las operaciones de liquidación, el reflejo de la situación patrimonial y el proyecto de división entre los socios del haber social se lleve a cabo mediante los tres documentos que menciona en su artículo 390, y teniendo en cuenta que en el informe se reseña la dotación de los fondos correspondientes y su consignación en una cuenta bancaria, no puede afirmarse que se esté ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de octubre de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.