Categoría: Administración

resulta de los fundamentos jurídicos de la indicada Resolución que procedemos a reproducir seguidamente:
“2. Se plantea pues en la presente Resolución la posibilidad de restablecer una anotación preventiva de embargo correctamente cancelada por caducidad, conforme al artículo 86 de la Ley Hipotecaria, cuando dicho restablecimiento es ordenado por la Autoridad Judicial, en Sentencia firme, en procedimiento seguido contra los titulares registrales, a los que expresamente se les niega la condición de terceros de buena fe, y consecuentemente privados de la protección registral que otorga el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, manifestándose además, que la inscripción que se practique no podrá perjudicar a terceros hipotéticos de buena fe.
Es cierto que el artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece que las anotaciones preventivas caducan a los cuatro años, salvo que aquellas tengan señalado en la Ley un plazo de caducidad más breve, de tal modo que dicha caducidad opera automáticamente y de modo radical, lo que significa que la caducidad extingue el asiento de anotación por el mero transcurso del plazo legal.
Sin embargo, en el presente expediente estamos en presencia de una sentencia firme, dictada en procedimiento seguido contra los titulares registrales, a quienes expresamente no se les reconoce la condición de terceros de buena fe, por lo que debe entenderse que concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 40 de la Ley Hipotecaria al objeto de concordar la realidad registral y la extrarregistral (Cfr. Art. 39 Ley Hipotecaria.).
3. A lo anteriormente expuesto debe añadirse, que según doctrina reiterada de este Centro Directivo, el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, impone a todas las Autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al Registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. No obstante, como también ha sostenido esta Dirección General en reiteradas ocasiones, el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así la salvaguarda de la autonomía privada (y, con ello, el propio tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de ella), impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con el artículo 18 de la propia Ley) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, aparte de las formalidades extrínsecas del documento presentado.
Ese principio de tutela de la autonomía privada e interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento Judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del artículo 99 frente al artículo 100 del Reglamento Hipotecario), su calificación de actuaciones judiciales sí deba alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez.
En el presente expediente, la demanda ha sido interpuesta contra los titulares registrales, y la Sentencia hace expresa declaración de que no son terceros de buena fe, por lo que ningún obstáculo se advierte en este sentido para dar cumplimiento al mandato Judicial, siempre que no perjudique a terceros de buena fe.”
Como vemos, en ningún lugar se afirma que únicamente en el caso de caducidad de la anotación de embargo se pueda acordar la posibilidad de restablecer una anotación preventiva de embargo.
Ello supondría limitar el acceso de las resoluciones judiciales al Registro de la Propiedad en un supuesto no previsto en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria además de un exceso en relación con el contenido que ha de tener la calificación que realice el Registrador de las Resoluciones judiciales, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Hipotecario:
“Artículo 100. La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.”
Es evidente que el hecho de que la cancelación de la anotación de embargo se hubiera producido no por caducidad sino por una resolución administrativa que, posteriormente, haya sido declarada nula en un procedimiento contencioso administrativo, no se encuentra en ninguno de los supuestos de dicho precepto reglamentario, razón por la que no cabe afirmar que solo en el caso de cancelación de la anotación de embargo preventivo por caducidad cabe el restablecimiento posterior de la misma.
En consecuencia, entendemos que, en el presente caso no se dan los dos primeros impedimentos que invoca la Sra. Registradora de la Propiedad para denegar la inscripción de la Sentencia número 1.104 de fecha 22 de julio de 2.002, recaída en las presentes actuaciones.
C) Por lo que se refiere al tercero de dichos óbices, entendemos que, se ha acreditado cumplidamente que se ha garantizado el respeto a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria al tramitarse el incidente de ejecución de Sentencia que concluyó con el Auto de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de octubre de 2.017 que se acompaña al presente escrito.
Como resulta del mismo, se ha considerado tercero de buena fe a cualquier persona que adquirió parcelas de la mercantil Suelo Español, S.L. a partir de mayo de 1997, fecha en la que se inscribe el Acuerdo del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997 ordenando la cancelación del embargo acordado en 1988.
Dicho Auto se encarga de aclarar que las únicas personas a las que no se ha considerado terceros de buena fe son aquellas personas que se consideran “Administradores del demandante o parientes directos de los mismos”:
“Cuestión distinta son las personas a que se refiere la Sociedad Civil Particular de la urbanización (…) Indudablemente, tales personas no es que son parte, sino que son administradores del demandante, o parientes directos de los mismos, en el procedimiento acumulado 138/97 contra el acuerdo de 28-11-96, y demandante en recurso contra el mismo acuerdo de 22-4-97.
Así, como resulta del certificado reiteradamente aportado del Registro de la Propiedad, constan 28 fincas segregadas y adquiridas tras el alzamiento de la traba, 14 de mayo de 1997, por D. J. T. G. y D. F. M. M., ambos administradores mancomunados de Suelo Español S.L., quienes comparecieron a otorgar la escritura de poder procesal para la interposición del recurso contencioso-administrativo; así como por D. J. M. I., esposo de la primera,D. Moreno. y D. A. P. T. G. hermanos, y D. M. I. M. I., cuñada.”
Estas son las únicas personas a las que se ha considerado que no tienen la condición de terceros de buena fe y las fincas relacionadas en el Auto son las únicas sobre las que se puede interesar la cancelación de la cancelación del embargo de 1.988 acordada por el Ayuntamiento de Alginet en abril de 1997.
Consideramos que la ya citada Resolución de 21 de enero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado respalda esta afirmación:
Sin embargo, en el presente expediente estamos en presencia de una sentencia firme, dictada en procedimiento seguido contra los titulares registrales, a quienes expresamente no se les reconoce la condición de terceros de buena fe, por lo que debe entenderse que concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 40 de la Ley Hipotecaria al objeto de concordar la realidad registral y la extrarregistral (Cfr. Art. 39 Ley Hipotecaria.)…
Ese principio de tutela de la autonomía privada e interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos. legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento Judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del artículo 99 frente al artículo 100 del Reglamento Hipotecario), su calificación de actuaciones judiciales sí deba alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez.
En el presente expediente, la demanda ha sido interpuesta contra los titulares registrales, y la Sentencia hace expresa declaración de que no son terceros de buena fe, por lo que ningún obstáculo se advierte en este sentido para dar cumplimiento al mandato Judicial, siempre que no perjudique a terceros de buena fe.
En efecto, en el caso presente se ha acreditado cumplidamente que se ha dado traslado reiteradas veces a los posibles terceros de buena fe y que únicamente no se han considerado terceros registrales esas seis personas indicadas anteriormente, por las razones expresadas en el Auto de 19 de octubre de 2.017.
En el presente Recurso se han aportado los diversos Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el Recurso Contencioso en cuestión.
Hemos de recordar que, cuando se trata de un documento de naturaleza judicial, su calificación debe ajustarse a los extremos del artículo 100 del Reglamento Hipotecario, es decir, a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que resultan del Registro.
Según doctrina reiterada de la Dirección General (cfr. entre otras muchas Resoluciones de 28 de enero y 13 de febrero de 2013) el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan.
Hemos de recordar que la Dirección General ha indicado igualmente en innumerables resoluciones que “el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento”.
En similares términos se pronuncia la Sentencia número 266/2015, de 14 de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española) de la demandante, titular registral, en los siguientes términos: “(…) el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular, (...) no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de los suyos propios”.
Es de resaltar que nuestros Tribunales defienden, lógicamente, que se le dé audiencia a aquellos posibles terceros que puedan verse afectados por la sentencia que recaiga en el procedimiento, pero lo hacen permitiendo una amplia libertad en cuanto al modo en que dicha audiencia se verifique.
No se exige necesariamente que sea demandante o demandado en el procedimiento. Así lo dice claramente la Sentencia del Tribunal Constitucional:
“El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses...”
Promover la presencia procesal. Y esto se ha producido en el presente caso, en el que se ha dado trámite de audiencia a todos los afectados.
Como hemos visto, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública defiende una interpretación similar al indicar:
“haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.”
Igualmente hemos de recordar que debe ser el juez el que decida finalmente sobre si se ha cumplido o no esa exigencia. Así, tras la suspensión de la inscripción acordada por el Registrador (que se confirma) será el juez o tribunal que dictó la sentencia que origina a solicitud de inscripción el que tendrá la última palabra.
Así resulta de innumerables Resoluciones como la Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: (…).
Como decíamos, son innumerables las Resoluciones de la Dirección General que se hacen eco de lo resuelto en la Sentencia de 16 de abril de 2.013 recaída precisamente en ejecución de Sentencia de las presentes actuaciones.
En este mismo sentido, la Resolución de 1 de julio de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado recordaba que “la apreciación de la buena o mala fe del titular registral está sustraída a la calificación y al ámbito del recurso gubernativo, ya que es competencia exclusiva y excluyente de los Tribunales de Justicia...”.
Por ello entendemos que, con la profusa documentación que se ha acompañado, de la que tiene conocimiento la Registradora de la Propiedad, queda acreditado que se ha considerado que se ha dado traslado a los terceros de buena fe y resuelta por la Sala dicha cuestión definitivamente.
No existe, por tanto, impedimento para la inscripción de la Sentencia respecto de “Suelo Español, S.L.” y respecto de las personas a las que los referidos Autos señalan que no tienen la consideración de terceros de buena fe.
Hemos de recordar que el artículo 322 de la Ley Hipotecaria permite la inscripción parcial y, en el presente caso, consideramos que, desde el primer momento, debería haberse dado la oportunidad de que el interesado decidiera si deseaba o no dicha inscripción parcial respecto de las fincas antes indicadas.
Igualmente señalamos que no se indica expresamente si el defecto es subsanable o insubsanable de conformidad con el artículo 65 de la Ley Hipotecaria,
Por ello es por lo que esta parte ha aportado diversa documentación, para que tanto el Registrador inicialmente como la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública indiquen si, con la aportación de dicha documentación junto con el mandamiento judicial se podría verificar la cancelación de la cancelación de embargo acordada por el Ayuntamiento de Alginet tanto respecto de “Suelo Español, S.L.” como respecto de aquéllas personas que judicialmente se ha determinado en un procedimiento en el que se les ha dado trámite de audiencia, que no tienen la consideración de terceros de buena fe.
Recordar, como señala la Resolución de 20 de abril de 2.021: “Por ello, en este ámbito cuando de la propia sentencia no resulta la precisión de los asientos que ha de extender el registrador, es necesario complementar la sentencia en trámite de ejecución.”
Para poder verificar en trámite de ejecución de Sentencia cómo se ha de redactar el mandamiento o cuáles han de ser los documentos a incorporar y en aras igualmente al principio de colaboración es por lo que se han aportado los que se consideran de aplicación al presente Recurso, en aras a lograr, finalmente, la inscripción de una Sentencia recaída hace más de 22 años.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho:
– Artículos 1, 18, 19, 19 bis, 20, 40, 42, 43, 44, 65, 66, 67, 76, 77, 257, 322, 323, 324, 325, 326 de la Ley Hipotecaria.
– Artículos 100 y 173 del Reglamento Hipotecario.
–Artículos 103, 104, 105, 107 y 108 y la disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
– Artículos 117 y 118 de la Constitución Española.
– Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero de 2012, de 13 de enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004 y 20 de julio de 2006.
– Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 20 de abril de 2021.
Por todo lo expuesto,
Solicito, que se revoque la calificación recurrida y se acuerde que lo procedente es practicar la inscripción de la cancelación de la cancelación del embargo acordado por el Ayuntamiento de Alginet en fecha 22 de abril de 1.997 contra las fincas que no se han considerado pertenecientes a terceros de buena fe, además de contra “Suelo Español, S.L.”».
La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación ratificándola en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 17, 20, 32, 34, 38, 40, 42.9.º, 82, 96 y 257 de la Ley Hipotecaria; 21, 48, 49, 71 y 72, 103, 104, 105, 107 y 108 y la disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; los artículos 100, 173, 427 y 428 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de enero de 2017 (caso Aparicio Navarro Reverter y García San Miguel y Orueta c. España) y 14 de junio de 2022 (caso Cruz García c. España); las Sentencias del Tribunal Constitucional número 26/1999, de 8 de marzo, 1/2000, de 17 de enero, 56/2001, de 26 de febrero, 29/2003, de 13 de febrero, 102/2003, de 2 de junio, 102/2004, de 2 de junio, 207/2005, de 18 de junio, 246/2005, de 10 de octubre, 124/2006, de 24 de abril, 241/2006, de 20 de julio, 166/2008, de 15 de diciembre, 79/2009, de 23 de marzo, y 43/2010, de 26 de julio; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de junio, 21 de octubre de 2013, 22 de abril de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y de, Sala Tercera, 4 de febrero de 2009, 16 de abril de 2013 y 30 de abril de 2024; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de noviembre de 2005, 2 de marzo de 2006, 8 de junio de 2007, 16 de julio de 2010, 3 de marzo y 3 de diciembre de 2011, 18 de enero, 3 de febrero y 15 de junio de 2012, 1 y 6 de marzo, 24 y 29 de junio, 8 de julio, 5 de agosto, 8 de octubre, 25 de noviembre y 3 de diciembre de 2013, 10 de febrero, 12 de marzo, 29 de abril, 16 de junio, 8 de agosto, 1 de octubre y 26 de diciembre de 2014 y 29 de enero, 18 de marzo, 21 de abril y 26 de octubre de 2015, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 20 de abril de 2021 y 3 de julio de 2023.
1. En el presente expediente concurren las siguientes circunstancias:
– Se presenta mandamiento expedido por la letrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 27 de noviembre de 2023 en el que la «Sala acuerda: (…) procédase a la anotación de la anulación del mandamiento librado a dicho Registro por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 22 de abril de 1997, declarado por sentencia firme de fecha 22 de julio de 2002, practicándose al efecto el correspondiente asiento registral sobre el resto de la finca matriz 17.513 propiedad de Suelo Español SL, así como las parcelas declaradas afectas por resolución de 17 de octubre de 2017 dictada en ejecución de la referida sentencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Hipotecaria que son las siguientes:
D. [sic] J. T. G. las fincas: 23076, 26135, 26136, 26137.D. Cano Rodríguez Giménez. las fincas [sic]: 26076.
D. A. P. T. G. las fincas [sic]: 26076.
D. F. M. M. las fincas: 26077, 26078, 26079, 26080, 26124, 26125, 26126, 26127, 26135, 26136, 26137.
D. J. M. I. las fincas: 26097, 26098, 26099, 26100, 26106, 26107, 26108, 26109, 26110, 26111, 26138, 26139, 26140.
D. [sic] M. I. M. I. las fincas: 26138, 26139, 26140».
– En el citado mandamiento constan los datos del procedimiento de referencia de ejecución de títulos judiciales pieza número 528/2018 dimanante del procedimiento ordinario número 138/1997 a instancia del Ayuntamiento de Alginet siendo partes demandadas: doña J. T. G., don B. T. G., don A. P. T. G., don F. M. M., don J. M. I. y doña M. I. M. I. (todos ellos titulares de las fincas según el mandamiento) y, además, don F. B. C., doña R. B. G., la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…) y «Suelo Español, SL».
– Se aporta la sentencia número 1104 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 22 de julio de 2002 que establece: «Fallamos: 1) Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Sociedad Civil Particular de la Urbanización (…), contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de 22 de abril de 1997, relativo al procedimiento de ejecución forzosa seguido contra la mercantil citada, el cual se anula y deja sin efecto en cuanto a la solicitud de la cancelación de la anotación de embargo de 1988, desestimándose en cuanto a lo demás».
Según expone la registradora en su nota, en el historial de la finca registral 17.513 consta:
– Titular registral «Suelo Español, SA».
– La anotación de embargo letra A, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet de fecha 3 de agosto de 1988, en virtud de mandamiento expedido el día 25 agosto de 1988 por don V. J. M. C., recaudador de Tributos del Ayuntamiento de Alginet.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra B, de fecha 8 de junio de 1992.
– La citada anotación de embargo fue posteriormente cancelada por la anotación letra C en fecha 3 de mayo 1997 según acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 22 de abril de 1997, que es la resolución administrativa objeto de anulación judicial y cuya ejecución en el ámbito registral se plantea en el presente expediente.
– Posteriormente consta anotación de embargo letra J, extendida a favor del Ayuntamiento de Alginet de fecha 15 de noviembre de 2013, en virtud de mandamiento expedido el día 25 agosto de 1988 por don V. J. M. C., recaudador de Tributos.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra K de fecha 20 de marzo de 2017.
– Prorrogada por la anotación de embargo letra L de fecha 4 junio 2021, vigente.
– Igualmente hace constar que del historial resultan 682 segregaciones de la finca 17.513 posteriores al día 13 de mayo de 1997, fecha del asiento de cancelación de embargo.
– Que se ha presentado en el Registro de la Propiedad de Carlet número 2 certificación expedida por doña M. C. O. H., secretaria accidental del Ayuntamiento de Alginet, de la resolución de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2024, relativa al expediente 612639N, en el que se aprueba parcialmente el Proyecto de Reparcelación de la Urbanización.
La registradora en su nota de calificación acuerda denegar la cancelación de la cancelación de anotación preventiva de embargo y expone como defectos los siguientes:
– En cuanto a lo solicitado por el mandamiento presentado: «procédase a la anotación de la anulación del mandamiento», pues no existe asiento registral que refleje la anulación de un mandamiento, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento Hipotecario que recoge las clases de asientos o inscripciones.
– Que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de enero de 2005 declaró que solo es posible el restablecimiento de una anotación preventiva de embargo cancelada si reúne dos requisitos: a) que haya sido cancelada por caducidad y, b) que se ordene en sentencia firme dictada en procedimiento seguido contra los titulares de las fincas.
– A su juicio ninguno de dichos requisitos concurren en este caso, puesto que se canceló en virtud de mandamiento administrativo como resulta de los libros del Registro, y el procedimiento no se ha seguido explícitamente contra todos los titulares registrales.
La recurrente expone los numerosos incidentes y resoluciones judiciales que se han dictado para hacer efectivo el fallo judicial firme de la sentencia de 22 de julio de 2002:
– Dicha sentencia firme anuló el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 22 de abril de 1997 en cuanto a la solicitud de cancelación de la anotación del embargo trabado sobre la finca matriz 17.513 en el año 1988.
– Posteriormente se interesó la ejecución de dicha sentencia, surgiendo dudas sobre la posibilidad de ejecutar la misma o de declarar su inejecutabilidad en los términos previstos en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a la vista de la negativa del entonces registrador de la Propiedad de Carlet que suspendió en su día la solicitud de dejar sin efecto la cancelación del embargo de 1988.
– En el curso de dicho procedimiento de ejecución de sentencia se dictó por parte del Tribunal Supremo la sentencia de 16 de abril de 2013 en el recurso de casación número 918/2012 promovido por el Ayuntamiento de Alginet contra el auto de fecha 10 de enero de 2011 sobre imposibilidad legal de ejecución del fallo a la vista de la primera calificación negativa del Registro de la Propiedad de Carlet del año 2009. Los fundamentos de la mencionada sentencia han sido plasmados por este Centro Directivo en diversas Resoluciones.
– Posteriormente, tras diversos incidentes de ejecución de sentencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su auto de 19 de octubre de 2017, tras recabar diversa documentación, dice: «Quinto.–El segundo objeto de ejecución consiste en determinar a la vista de las diligencias practicadas, qué propietarios gozan de la condición de terceros de buena fe a la hora de considerar, o no, extensibles los efectos de anulación de cancelación de anotación de embargo, por las segregaciones y transmisiones efectuadas desde que tuvo acceso al Registro de la Propiedad el mandamiento derivado del acuerdo de 22 de abril de 2097 en fecha 14 de mayo de 1997».
Tales personas no gozan a criterio de esta Sala, de la condición de terceros adquirentes de buena fe, y pesa contra ellos la vigencia del asiento originario e indebidamente cancelado.
A tal efecto se librará conforme a los artículos 42.2.º de la Ley Hipotecaria y 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de aplicación supletoria mandamiento al Registro de la Propiedad de anotación de los efectos del alzamiento del asiento de cancelación del embargo del año 1988 prorrogado sobre las meritadas fincas.
– En resumen, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su auto de fecha 19 de octubre de 2017 rechazó declarar la inejecutabilidad de la referida sentencia y acordó proseguir la ejecución a costa de la mercantil «Suelo Español, SL» en cuantos bienes pudieran ser habidos.
– Por ello considera la recurrente que, con la profusa documentación que se ha acompañado, de la que tiene conocimiento la registradora de la Propiedad, queda acreditado que se ha considerado que se ha dado traslado a los terceros de buena fe y resuelta por la Sala dicha cuestión definitivamente. No existe, por tanto, impedimento para la inscripción de la sentencia respecto de «Suelo Español, SL». y respecto de las personas a las que los referidos autos señalan que no tienen la consideración de terceros de buena fe.
– Igualmente señala que no se indica expresamente si el defecto es subsanable o insubsanable de conformidad con el artículo 65 de la Ley Hipotecaria.
– Por ello es por lo que esta parte ha aportado diversa documentación, para que tanto el registrador inicialmente como la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública indiquen si, con la aportación de dicha documentación junto con el mandamiento judicial se podría verificar la cancelación de la cancelación de embargo acordada por el Ayuntamiento de Alginet tanto respecto de «Suelo Español, SL» como respecto de aquellas personas que judicialmente se ha determinado en un procedimiento en el que se les ha dado trámite de audiencia, que no tienen la consideración de terceros de buena fe.
La registradora en su informe, para mejor comprensión de esta resolución, expone respecto a lo manifestado por la recurrente, resumidamente:
– Que el auto de fecha 19 de octubre de-2017 no fue objeto de presentación, y por tanto no ha sido tampoco objeto de calificación.
– de las fincas citadas en el mandamiento, las número 26.078, 26.079, 26.106, 26.107, 26.108 y 26.126 han sido transmitidas a terceros, según escritura de fecha 18 de julio de 2014, inscrita en fecha 8 de junio de 2017, terceros que no fueron parte en el procedimiento, ni consta que hayan sido citados.
– Y respecto a la posibilidad alegada por la recurrente de cancelar la cancelación de la anotación de embargo sobre las fincas segregadas de la finca matriz número 17.513 relacionadas en el mandamiento de la cancelación de la cancelación embargo objeto de calificación, entiende la registradora que suscribe que no es posible hacerlo, ya que tanto el embargo a favor del Ayuntamiento del año 1988, como su cancelación del año 1997 se practicaron antes de llevarse a cabo las segregaciones de las fincas registrales de las que ahora se solícita su cancelación. Es imposible practicar la cancelación de un asiento en una finca registral donde jamás dicho asiento ha existido. Únicamente podría cancelarse la cancelación en la finca matriz 17.513 que es donde se practicó, en cuyo caso afectaría a todas las segregaciones.
2. A diferencia del sistema tradicional, que se contenía en el artículo 103 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, conforme al cual «la ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso», la vigente Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, proclama, en el artículo 103.1 que «la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de éste orden jurisdiccional».
Tal planteamiento constituye una clara consecuencia del mandato, más genérico, pero de superior rango, contenido en el artículo 117.3 de la Constitución de 1978, que señala que «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan»; mandato que se reproduce en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Fue la propia Constitución de 1978 la que dispuso, en el artículo 118, que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales»; mandato que es desarrollado en términos subjetivos de gran amplitud en el artículo 17.2 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial al señalar que «las Administraciones Públicas, las Autoridades y funcionarios, las Corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes».
Por su parte, el Tribunal Constitucional (Sentencia número 22/2009, de 26 de enero) ha reiterado que «el derecho a la ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales firmes constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que garantía del cumplimiento de los mandatos que estas resoluciones judiciales contienen, lo que determina que este derecho tenga como presupuesto lógico y aun constitucional la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y de las situaciones jurídicas por ellas declaradas. El derecho a que la ejecución de lo juzgado se lleve a cabo en sus propios términos, es decir, con sujeción al principio de inmodificabilidad de lo juzgado, se traduce, así, en un derecho que actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales puedan revisar las sentencias y demás resoluciones al margen de los supuestos taxativamente previstos en la Ley (por todas, STC 86/2006, de 27 de marzo, F. 2).
Este Tribunal ha declarado que, desde la perspectiva del artículo 24.1 CE, no puede aceptarse que, sin haberse alterado los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta ante la Sala sentenciadora, se pretenda privar de efectos, en un momento posterior, al pronunciamiento judicial entonces emitido, resultando sólo posible cuando concurran elementos que impidan física o jurídicamente su ejecución o que la dificulten por concurrir circunstancias sobrevenidas impeditivas (por todas, STC 285/2006, de 9 de octubre, F. 6), recordando que el legislador ha previsto mecanismos para atender a los supuestos de imposibilidad legal o material de cumplimiento de las Sentencias en sus propios términos, como el del artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA; STC 73/2000, de 14 de marzo, F. 9)».
3. Como no podía ser de otra forma, esta doctrina ha sido asumida por esta Dirección General (cfr. «Vistos»), señalando que el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y su corolario registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en «Vistos», que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
Como ha manifestado este Centro Directivo (vid., por todas, la Resolución de 5 de febrero de 2018) los principios de tracto sucesivo y de legitimación son una traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad jurídica y de proscripción de la indefensión, máxime estando los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los tribunales y produciendo todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria).
Las exigencias de los principios de tracto sucesivo y legitimación deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas.
El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada la salvaguardia judicial de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una resolución judicial, asientos que comprometen una titularidad, si no consta que ese titular haya sido parte en el procedimiento del que emana aquella resolución.
Tratándose de la inscripción de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, hay que tener en cuenta el principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de acciones civiles, por lo que el contenido de la demanda y la designación de los demandados queda bajo la responsabilidad del demandante.
La doctrina jurisprudencial sobre el proceso civil –cfr. artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–, creadora de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, justifica su esencia teleológica e institucional en la necesidad de evitar que puedan ser afectados por la resolución judicial quienes no fueron oídos ni vencidos en juicio, así como la de impedir la posibilidad de que se produzcan sentencias contradictorias sin posible ejecución; de modo que la característica del litisconsorcio pasivo necesario, que provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico-material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa –cfr. Sentencia del Tribunal Supremo 30 de junio de 2015–.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos legales se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción que está bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria), por lo que el titular registral debe ser demandado en el mismo procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, generando una situación de indefensión proscrita por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española).
Al objeto de evitar que puedan surgir terceros protegidos por la fe pública registral (cfr. artículo 34 de la Ley Hipotecaria), la legislación hipotecaria contempla la posibilidad de tomar anotación preventiva de la demanda (cfr. artículo 42.1.º de la Ley Hipotecaria) que sirve de medio para publicar frente a terceros la existencia de un procedimiento judicial en el que se demanda la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.
En estos casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador «(…) debía tener en cuenta lo que dispone el artículo 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, “no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte”».
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 que, de una forma contundente, declara: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el artículo 18 LH y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el artículo 100 RH. Conforme al artículo 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el artículo 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal».
4. En el ámbito del orden jurisdiccional Contencioso-administrativo, el artículo 21.1.b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa considera como parte demandada a «las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante».
Para facilitar que los interesados puedan personarse en el procedimiento, el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, obliga a la Administración demandada a notificar el acuerdo de remisión del expediente al tribunal a cuantos aparezcan como interesados en él.
El artículo 49.3 establece la necesidad de que «el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables».
En el orden Contencioso administrativo, en la fase declarativa, el codemandado es «la persona o entidad cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante».
Es obligatorio emplazar a estas personas, para darles la oportunidad de comparecer en el proceso en defensa de la actuación administrativa impugnada, aunque su comparecencia en el proceso es meramente potestativa para ellas.
Consecuentemente, en el proceso contencioso-administrativo, a diferencia del proceso civil, la condición de codemandado, esto es la determinación de los que deben ser llamados al proceso desde la perspectiva de la legitimación pasiva, no deriva de la voluntad del recurrente-demandante, dado que este sólo viene obligado en su escrito de interposición a identificar la actividad administrativa que es objeto de impugnación, por lo que corresponde a la Administración y, de forma subsidiaria, al propio órgano jurisdiccional, la obligación de traer al proceso, mediante el correspondiente emplazamiento, a todos aquellos que puedan aparecer como interesados.
De este modo, respecto a la posición del codemandado en el proceso contencioso administrativo, puede decirse que: a) es parte necesaria en el proceso contencioso, cuando resulta ser titular de derechos o intereses legítimos; b) puede realizar todos los actos procesales recogidos en la Ley; c) la falta de emplazamiento puede provocar la nulidad de lo actuado, y d) su personación es facultativa, de forma tal que no resulta posible plantear la excepción de litisconsorcio pasivo necesario.
En efecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 44/1986, de 17 abril, en interpretación de lo establecido en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 (cuyo contenido no ha sido modificado en el actual artículo 21 de la vigente Ley 29/1998), se ha encargado de declarar que en esta materia contenciosa, al contrario de lo que ocurre en el proceso civil, no cabe la excepción de litis consorcio pasivo necesario.
Argumenta dicha sentencia que, en todos los procesos, como el contencioso-administrativo, en que se deciden derechos o intereses de naturaleza pública, corresponde al juzgador y no a las partes convocar al pleito a todos los que puedan resultar afectados por la sentencia, y añade que, en los procesos contencioso-administrativos, se considera parte demandada, con independencia de la voluntad del recurrente o demandante, a las partes a cuyo favor deriven derechos del acto recurrido, o intervinientes como coadyuvantes del demandado o de la Administración (hoy, desaparecida esa figura en el proceso contencioso-administrativo, serían todos parte demandada conforme establece el artículo 21 de la Ley 29/1998).
El actor cumple con dirigir la demanda contra la Administración que ha dictado el acto recurrido, correspondiendo la legitimación pasiva a la Administración de la que proviene dicho acto impugnado porque el recurso no se interpone contra personas determinadas sino contra un acto, de modo que devienen demandados automáticamente la Administración autora del mismo y todos aquellos a quienes hubiere originado derechos.
En lo que respecta al ámbito de la ejecución de sentencias, existen diversos preceptos que se refieren al concepto de parte sin concretar a quién debe considerarse como tal –cfr. artículos 91.1, 103 y 104.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa–.
Sobre la cuestión, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 111/2009, de 11 de mayo, señala que «siendo la cuestión que el presente recurso plantea la relativa a la legitimación de un “tercero afectado” para intervenir en la ejecución de una Sentencia recaída en un proceso en el que no fue parte, contemplada desde la perspectiva constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE), procede tener presente la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 4/1985, de 18 de enero, 229/2000, de 2 de octubre, 166/2003, de 29 de septiembre, y 153/2006, de 22 de mayo) según la cual el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva impide restringir la legitimación para intervenir en el proceso de ejecución de Sentencias exclusivamente a quienes tuvieran la condición procesal de parte demandante o parte demandada en el proceso principal o en el proceso de declaración concluido por la Sentencia o resolución que se trata de hacer efectiva, como, por lo demás, admiten implícitamente los preceptos legales que exigen que las resoluciones judiciales se notifiquen, no sólo a las partes procesales, sino, también, a las personas a quienes se refieran, puedan deparar perjuicio o puedan verse afectadas».
5. Sobre el cumplimiento del deber de emplazamiento en los procesos contencioso-administrativos, el Tribunal Constitucional, desde la inicial Sentencia número 9/1981, de 31 de marzo, ha reiterado que la efectividad de la comunicación de los actos procesales a quienes ostenten algún derecho o interés en la existencia misma del proceso resulta trascendental en orden a la debida garantía del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, pesando sobre los órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal.
En particular, para que la falta de emplazamiento tenga relevancia constitucional, y pueda dar lugar al otorgamiento del amparo, es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos, cuya exigibilidad ha sido admitida po