Categoría: Funcionarios y Personal

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2.a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 12 de mayo de 2023, el Acuerdo para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2023 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que se publica como anexo a esta resolución.
Madrid, 22 de mayo de 2023.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Lozano Aguilar
El artículo 8.2.a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), además de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, «acordar el Marco de Cooperación Interadministrativa para el desarrollo de la Ley previsto en el artículo 10».
Asimismo, el artículo 10.1 de dicha ley determina que «en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el Marco de Cooperación Interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas».
En el artículo 32.3 de la mencionada ley se establece que «en el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema». Dichos convenios, podrán ser anuales o plurianuales y recogerán los criterios de reparto que podrán ser revisados por las partes.
Así mismo, la Disposición adicional segunda de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece el régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio de forma que la financiación que corresponda a la Administración General del Estado (AGE) con cargo a su presupuesto, respecto a los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, según lo previsto en el precitado artículo 32, se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD aprobó en su reunión de 15 de enero de 2021 el «Plan de Choque en materia de dependencia» que contenía, entre otras medidas, la recuperación de financiación del Sistema a través del denominado «nivel acordado», que se encontraba en suspenso desde el ejercicio 2012.
Así, para el ejercicio 2021, el Consejo de Ministros adoptó el 30 de marzo de 2021 el Acuerdo de autorización relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa y la distribución territorial de sus créditos. Este Marco fue posteriormente aprobado el 30 de abril de 2021 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, materializándose los compromisos y la financiación en los correspondientes convenios que se suscribieron para aquel ejercicio.
De la misma forma, para el ejercicio 2022, el Consejo de Ministros, en sesión de 19 de julio de 2022, adoptó nuevo Acuerdo relativo al Marco de Cooperación Interadministrativa del SAAD que fue aprobado en sus términos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD en su sesión de 28 de julio de 2022.
La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, incorpora en su disposición adicional nonagésima octava:
«Durante 2023 se procede al establecimiento del nivel acordado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el cual tendrá una dotación de 783.197.420 euros que será distribuido a cada Comunidad Autónoma de acuerdo con los criterios de reparto que se establezcan en el correspondiente Marco de Cooperación Interadministrativa.»
La disposición adicional nonagésima novena, por su parte establece que:
«(…)
Con carácter previo a la celebración de la convocatoria de la Conferencia Sectorial, deberá recabarse, en todo caso, autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, la persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto.»
Además de las prescripciones concretas recogidas en la Ley de Dependencia, para la aprobación del Marco de Cooperación Interadministrativa debe tenerse presente lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y más concretamente en el literal a) de la regla segunda de su artículo 86.2, donde se dispone que:
«Los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros.
La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
(…)»
Por todo ello, con carácter previo a la convocatoria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la aprobación del Marco de Cooperación Interadministrativa para el ejercicio 2023, con fecha de 03 de mayo de 2023 se recabó la pertinente autorización del Consejo de Ministros.
Con posterioridad a la autorización por parte del Consejo de Ministros se ha tramitado por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el oportuno expediente de aprobación del gasto.
Con posterioridad a la autorización por parte del Consejo de Ministros se ha tramitado el expediente de aprobación del gasto, de tal forma que una vez llevada a cabo dicha aprobación se sometió en fecha de 12 de mayo de 2023 a su aprobación por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), tal y como se recoge en el citado artículo 8.2.a) de la Ley de Dependencia. Una vez aprobado en el seno de dichos órganos, se deberán suscribir los oportunos convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Dependencia.
Este Marco de Cooperación Interadministrativa ha sido informado favorablemente por todos los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Consejo Estatal de las Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad, y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social
En los Presupuestos Generales del Estado –Presupuesto de la Seguridad Social– en el Presupuesto de Gastos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, se contemplan los créditos presupuestarios para la financiación del nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La estructura de los criterios de distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2023 conserva, en líneas generales, la estructura del Marco acordado para el año 2022 con las siguientes salvedades e incorporaciones:
– Se estructura la distribución de créditos en cuatro partes o fondos diferenciados, manteniéndose los tres fondos acordados en 2022 (fondo de estructura, fondo de gestión y fondo de cumplimiento de objetivos) y añadiendo un nuevo cuarto fondo relativo al apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022. En el apartado Trigésimo séptimo del mencionado acuerdo establecía:
«(…) En particular, el Marco de Cooperación Interadministrativa acordado entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, orientará el nivel acordado de financiación a garantizar los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, según lo establecido en el artículo 32 de la LAPAD.
En consecuencia, el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo por parte de cada Comunidad Autónoma vendrá condicionado por las disponibilidades presupuestarias que –dentro del nivel de protección contenido en el artículo 7.2.º de la LAPAD y de los sucesivos convenios de colaboración, previstos en el artículo 10 de la misma, que se suscriban– se destinen a dar cumplimiento al presupueste Acuerdo en cada ejercicio presupuestario.
En dichos convenios se incluirá la concreción para cada Comunidad Autónoma de los objetivos, medios y recursos para la promoción y fomento de la adaptación de sus centros y servicios a los criterios de acreditación y calidad, así como los indicadores que permitan verificar su cumplimiento.»
– El criterio de distribución para este cuarto fondo será proporcional a las personas efectivamente atendidas con servicios a 31 de diciembre de 2022, con mismo criterio que se utiliza para el libramiento mensual de distribución del Nivel Mínimo Garantizado.
– Se incorporan a la distribución del mencionado cuarto fondo la parte que corresponda a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla a fin de impulsar el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación en dichos territorios por parte de la administración competente (en este caso la AGE a través del Imserso). La determinación de la cuantía de estos créditos se realizará considerando el mismo criterio citado para las Comunidades Autónomas de régimen común (Programa Individual de Atención (PIA) efectivo de servicios).
– Los indicadores e índices para la distribución de créditos correspondientes a los tres primeros fondos (estructura, gestión y cumplimiento de objetivos) se mantienen sin modificaciones con las únicas excepciones de:
● La supresión del criterio «Inversión autonómica» habida cuenta la imposibilidad de su construcción en este momento del ejercicio. La ponderación de dicho criterio (10 %) se redistribuye a partes iguales entre los otros dos indicadores del mismo fondo («agilidad administrativa» y «personas atendidas») que se ponderarán un 15 % cada uno con relación a los tres primeros fondos (un 11,17 % de la dotación total del nivel acordado).
● La adecuación del indicador de «lista de espera PIA», siendo éste referido a aquellos expedientes con derecho y sin resolución de PIA efectivo, detrayendo aquellos expedientes que se encuentren en plazo legal de tramitación inferior a seis meses o con motivo de exclusión, conforme al criterio actual de «lista de espera».
De este modo, se conserva, en esencia, la estructura de financiación del nivel acordado acordada en el año 2022, dando así cumplimiento al compromiso de la AGE de ligar el Marco de Cooperación Interadministrativa a las actuaciones y acuerdos derivados del Plan de Choque.
La distribución por fondos y criterios del nivel acordado para 2023 queda estructurada de la siguiente forma:
A. Fondo de estructura, por un importe global de 145.799.355,00 euros con los mismos criterios e indicadores de 2022, relacionados con las características de la población y del territorio ya que se identifica que son elementos que influyen en la demanda, en la organización de los servicios y en su coste. El peso de este fondo supone el 18,61 % del total de la financiación del nivel acordado para 2023.
B. Fondo de gestión que se refiere a indicadores de la gestión realizada por cada Comunidad Autónoma, con un importe global de 174.959.226,00 euros, lo que representa un 22,34 % del total.
C. Fondo de cumplimiento objetivos. Con una dotación de 262.438.839,00 euros, contiene tres índices que valoran los tres bloques de objetivos esenciales del Plan de Choque aprobado en 2021 y que se materializaron en cada territorio a través de actuaciones contenidas en los convenios: reducción de la lista de espera, mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del sistema y mejora de la calidad de los servicios. El peso de este fondo sobre el total alcanza 33,51 %.
D. Fondo de apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, dotado con 200.000.000,00 euros, equivale al 25,54 % del total para el nivel acordado.
El propósito de este nuevo fondo es el impulso de las actuaciones a desarrollar por las administraciones competentes en coherencia con los criterios de acreditación y calidad en los centros y servicios del SAAD aprobados por Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 28 de junio de 2022, quedando la justificación de este fondo condicionada a la ejecución de los gastos e inversiones en los términos que se establezcan en cada convenio entre Comunidad Autónoma y Administración General del Estado, de manera coherente con las prioridades de la financiación estatal expresadas por éste último.
La distribución de este fondo (en la que se incorporará el importe equivalente para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla) será proporcional a las personas efectivamente atendidas con servicios (mismo criterio que se utiliza para la aplicación de la fórmula de distribución del Nivel Mínimo Garantizado).
A. Fondo de estructura.
A.1 Indicador de población potencialmente dependiente.
El indicador de personas población potencialmente dependiente es un índice calculado en función del número de personas que se encuentran potencialmente en situación de dependencia en cada una de las Comunidades Autónomas. Se calcula a partir de los datos de población por Comunidades Autónomas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los datos de la base estatal de personas con valoración de discapacidad de la siguiente forma:
– Población entre 0 y 64 años: Se aplica a esta población el porcentaje de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 % en este tramo de edad.
– Población entre 65 y 79 años: En este tramo de edad se aprecia un progresivo aumento en la incorporación de personas al sistema según la edad. Para calcular la población potencialmente dependiente en estas edades, se consideran los tres tramos de edad quinquenales (de 65 a 69, de 70 a 74 y de 75 a 79). En cada uno de ellos se calcula primero una ratio (Ri) que es igual a la proporción de personas beneficiarias con derecho reconocido (Di) sobre la población de esa edad (Pi). A continuación, se obtiene un factor de ajuste (Fi) que es igual al cociente entre la proporción de personas beneficiarias en cada tramo de edad y la proporción de personas beneficiarias en el tramo de edad de 80 a 84 años (Fi = Ri/R4). Finalmente, para cada tramo de edad se obtiene la población potencialmente dependiente (PPDi) multiplicando la población por el factor de proporcionalidad obtenido de esta forma.
– Población entre 80 años o más: Todo este tramo de población se considera población potencialmente dependiente.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como porcentaje respecto al total, es decir el cociente entre su población potencialmente en situación de dependencia y la suma de todas las CCAA.
El peso relativo del indicador de personas potencialmente en situación de dependencia se pondera por el 13,18 % establecido, lo que equivale a 103.225.943,34 euros.
Fuentes: Base estatal de personas con valoración de discapacidad 2021(Imserso).
Cifras INE de la Estadística del Padrón continuo definitivas referidas al 01/01/2022 (publicado el 24/01/2023).
Personas beneficiarias con derecho a prestación (SISAAD) a 31/12/2022.
A.2 Indicador de superficie.
El indicador de superficie es un índice calculado en función de la superficie territorial, en km2, de cada una de las Comunidades Autónomas.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 1,04 % establecido, lo que equivale a 8.164.763,88 euros.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional https://www.ign.es/web/ign/portal/ane-datos-geograficos/-/datos-geograficos/datosPoblacion?tipoBusqueda=CCAA.
A.3 Indicador de dispersión poblacional.
El indicador de dispersión poblacional se calcula teniendo en cuenta las unidades poblacionales existentes en el territorio de acuerdo con la definición de entidades singulares recogida en el padrón continuo del año 2022.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el porcentaje respecto al total y se pondera por el 0,37 % establecido, lo que equivale a 2.915.987,10 euros.
https://www.ine.es/CDINEbase/consultar.do?mes=&operacion=Nomencl%E1tor%3A+Poblaci%F3n+del+Padr%F3n+Continuo+por+Unidad+Poblacional&id_oper=Ir&L=0
INEbase / Demografía y población /Padrón. Población por municipios /Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional / Resultados.
Nomenclátor 1/1/2021 (INE, fecha de publicación el 17/1/2022).
A.4 Indicador de insularidad
El indicador de insularidad se calcula en función de la distancia en kilómetros desde cada territorio no peninsular a la península.
Se pondera por el 0.37 % establecido, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 2.915.987,10 euros.
Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
A.5 Indicador de coste de los servicios
El indicador de coste de los servicios es un índice que se obtiene ponderando lo que representa el coste hora efectiva del sector servicios con las personas con prestación efectiva, en relación con el promedio.
Se pondera por el 3,65 % establecido, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 28.576.673,58 euros.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=resultados&secc=1254736045087&idp=1254735976596.
Último dato publicado: 3.º trimestre 2022 (publicado el 16/12/2022).
Encuesta trimestral Coste laboral (ETCL): disponible por sector de actividad (Industria/construcción/Servicios).
A. Fondo de estructura
B. Fondo de gestión.
B.1 Personas atendidas.
El indicador de mejora de la cobertura es un índice combinado (A·0,50+B·0,25+C·0,25) que pondera los siguientes índices:
a) Peso relativo de las personas con prestación efectiva (A) de la Comunidad Autónoma sobre el total nacional. Pondera con un 50 % en el indicador de personas atendidas.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
b) Índice de cobertura de las personas con derecho reconocido (B). Se calcula a partir de la cobertura con prestaciones efectivas de las personas que tienen el derecho reconocido en cada Comunidad Autónoma. Este indicador pondera con un 25% en el indicador de personas atendidas.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
c) Índice de variación de las personas con prestación efectiva (C). Se calcula a partir de la variación que se ha producido en el número de personas efectivamente atendidas (con prestación efectiva) durante el año 2022. Este indicador pondera con un 25 % en el indicador de personas atendidas.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
El indicador de mejora de la cobertura pondera por el 11,17 %, por lo que la cifra repartida de acuerdo con este indicador asciende a 87.479.613,00 euros.
B.2 Indicador de agilidad administrativa.
El indicador de agilidad administrativa es un índice que se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado en Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) desde la fecha de solicitud de dependencia hasta la primera resolución de prestación de los expedientes resueltos en el año 2022. Se obtiene el cociente entre el número medio de días que se tarda en todos los expedientes considerados a nivel nacional y los días que se tarda en tramitar los expedientes considerados en cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el índice tendrá mayor valor en aquellos territorios con mayor agilidad administrativa. Se calcula el peso relativo de cada Comunidad Autónoma como el porcentaje entre su índice ponderado con las personas con derecho reconocido y la suma de cada uno de los índices de cada Comunidad Autónoma por sus personas con derecho a prestación. Se pondera por el 11,17 % establecido, lo que equivale a 87.479.613,00 euros.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
B. Fondo de gestión.
C. Fondo de cumplimiento objetivos.
C.1 Indicador de mejora en el empleo.
El indicador de mejora en el empleo es un indicador compuesto (A·0,50+B·0,50) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a) Índice de mejora en la calidad del empleo (A). Pondera con un peso del 50 % en el indicador de mejora en el empleo. Está formado por 3 subindicadores relacionados con el tipo de contratación de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social correspondientes a la sección Q de la CNAE09 (servicios sociales, sin considerar el convenio especial de personas cuidadoras) durante el cuarto trimestre de 2022:
– La variación de contratos indefinidos (A1) pondera el 50 % en el indicador de mejora en la calidad del empleo y favorece a las Comunidades Autónomas con mayor incremento de los contratos indefinidos.
Fuentes: Datos de Afiliación de los trabajadores del MISSyM.
Informe de empleo en el Sector Servicios Sociales 4.º trimestre (Imserso): https://imserso.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_4trim_2022.pdf/c49d0fb0-648a-c05b-e701-e4cd76896adf.
– La variación de contratos eventuales (A2) pondera el 25 % en el indicador de mejora en la calidad del empleo, favoreciendo a las Comunidades Autónomas con mayor descenso de los contratos eventuales. Se consideran eventuales aquellos contratos de duración determinada, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Nota (*): Vi = la variación interanual en porcentaje de los contratos parciales de cada comunidad autónoma.
Fuentes: Datos de Afiliación de los trabajadores del MISSyM.
Informe de empleo en el Sector Servicios Sociales 4.º trimestre 2022 (Imserso): https://imserso.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_4trim_2022.pdf/c49d0fb0-648a-c05b-e701-e4cd76896adf.
– La variación de contratos parciales (A3) pondera el 25 % en el indicador de mejora en la calidad del empleo, favoreciendo a las Comunidades Autónomas con mayor descenso de los contratos parciales.
Nota (*): Vi = la variación interanual en porcentaje de los contratos parciales de cada comunidad autónoma
Fuentes: Datos de Afiliación de los trabajadores del MISSyM.
Informe de empleo en el Sector Servicios Sociales 4.º trimestre 2022 (Imserso): https://imserso.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_4trim_2022.pdf/c49d0fb0-648a-c05b-e701-e4cd76896adf).
b) Ratio de afiliación por personas beneficiarias con prestación efectiva (B). Se calcula a partir del número de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social correspondientes a la sección Q de la CNAE09 (servicios sociales, sin considerar el convenio especial de personas cuidadoras) durante el cuarto trimestre de 2022 y de las personas con prestación efectiva en cada Comunidad Autónoma.
El peso relativo de cada Comunidad Autónoma se calcula como el cociente entre su índice y la suma de todos los índices y se pondera con un 50 % en el indicador de mejora en el empleo.
Fuentes: Datos de Afiliación de los trabajadores del MISSyM.
Informe de empleo en el Sector Servicios Sociales 4.º trimestre 2022 (Imserso): https://imserso.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_4trim_2022.pdf/c49d0fb0-648a-c05b-e701-e4cd76896adf.
Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
El indicador de mejora del empleo se pondera en base a las personas en situación de dependencia con prestación efectiva. Tiene un peso relativo del 11,17 %, por lo que a través de este indicador se reparten 87.479.613,00 euros.
Fuentes: Datos de Afiliación de los trabajadores del MISSyM.
Informe de empleo en el Sector Servicios Sociales 4.º trimestre 2022 (Imserso): https://imserso.es/documents/20123/120137/inf_empleo_ss_4trim_2022.pdf/c49d0fb0-648a-c05b-e701-e4cd76896adf).
Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
C.2 Indicador de reducción de la lista de espera.
El indicador de reducción de la lista de espera es un indicador compuesto (A·0,50+B·0,50) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a) Índice de disminución de la lista de espera (A). Se considera lista de espera aquellas personas con derecho reconocido que habiendo transcurrido el plazo legal de tramitación (6 meses o más) y sin causa imputable a la administración no tienen resolución de PIA (lista de espera PIA) o teniendo resolución de PIA, no hay efectividad en las prestaciones económicas o servicios (lista de espera PIA efectivo). Se comparan los datos a 31/12/2021 con los datos a 31/12/2022 en porcentaje de variación. Las Comunidades Autónomas que han aumentado la lista de espera tienen un 0 en su índice. En el caso de las Comunidades Autónomas que tienen una disminución de la lista de espera, su índice se calcula como el valor absoluto del porcentaje de disminución de la lista de espera en la Comunidad Autónoma y el valor absoluto de la máxima disminución de la lista de espera de todas las Comunidades Autónomas. Pondera con un peso del 50 % en el indicador de reducción de la lista de espera.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
b) Lista de espera respecto a las personas con derecho a prestación (B). Se calcula para cada Comunidad Autónoma el peso de las personas en lista de espera (según los criterios expuestos en el punto a) anterior) sobre las personas con derecho a prestación reconocido. Se beneficia a las Comunidades Autónomas cuyo peso de las personas en lista de espera es menor. Pondera con un peso del 50 % en el indicador de reducción de la lista de espera.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
El indicador de reducción de la lista de espera tiene un peso relativo del 11,17 %, por lo que a través de este indicador se reparten 87.479.613,00 euros.
Fuentes: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21 y 31/12/22.
C.3. Indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
El indicador de mejora en la calidad de las prestaciones y servicios es un indicador compuesto (A+B+C+D) que pondera la medición de los siguientes subindicadores:
a) Cobertura del servicio de teleasistencia en el SAAD (A). En su cálculo se tiene en consideración las personas con derecho reconocido que tienen una resolución de PIA de prestaciones y servicios de ámbito domiciliario. Pondera con un peso del 20 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
Fuentes: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
b) Intensidad del servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica vinculada a dicho servicio (B). Este indicador tiene por finalidad corregir el mayor coste que asumen aquellas Comunidades Autónomas con mayores intensidades en el servicio de ayuda a domicilio.
Se calcula a partir del número medio de horas mensuales por persona del servicio de ayuda a domicilio y de la prestación vinculada al mismo en cada Comunidad Autónoma. Pondera con un peso del 30 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
Fuentes: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
c) Cuantía de las prestaciones económicas (C) en sus tres modalidades, prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, vinculadas al servicio y de asistencia personal.
Este indicador tiene por finalidad corregir el mayor coste que asumen aquellas Comunidades Autónomas con normativas que mejoran la cuantía máxima o que aplican coeficientes reductores menores a las cuantías máximas establecidas en la normativa estatal y que, por tanto, abonan prestaciones económicas de mayor cuantía.
Se calcula a partir de la cuantía media mensual por persona de cada una de las modalidades de prestación económica ponderadas por el número de personas que las reciben. Pondera con un peso del 30 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
Fuentes: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
d) Número de prestaciones por persona con resolución de PIA (D). Se calcula a partir del número de prestaciones que se refleja en la resolución de PIA de cada persona. Pondera con un 20 % en el indicador de calidad de las prestaciones y servicios.
Fuentes: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/22.
El indicador de calidad de las prestaciones y servicios se pondera en función del peso de las personas con prestación efectiva de cada Comunidad Autónoma. Tiene un peso relativo del 11,17 %, por lo que a través de este indicador se reparten 87.479.613,00 euros.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/2022.
C. Fondo de cumplimiento de objetivos.
D. Fondo de apoyo para el despliegue del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.
La distribución de este fondo (en la que se incorporará el importe equivalente para las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla), dotado con 200.000.000,00 euros, será proporcional a las personas efectivamente atendidas con servicios.
Los datos utilizados como base del indicador son las personas atendidas con servicios, según el criterio contenido en el artículo 4.c) del Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/2022.
El propósito de este nuevo fondo es el impulso de las actuaciones a desarrollar por las administraciones competentes en coherencia con los criterios de acreditación y calidad en los centros y servicios del SAAD aprobados por Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 28 de junio de 2022, quedando la justificación de este fondo condicionada a la ejecución de los gastos e inversiones en los términos que se establezcan en cada convenio entre Comunidad Autónoma y Administración General del Estado, de manera coherente con las prioridades de la financiación estatal expresadas por éste último.
1. Presupuesto para Nivel Acordado de protección en 2023: 783.197.420 € (aplicación presupuestaria 31.34-451.2 del presupuesto de gastos del Imserso) cuya distribución quedaría como sigue:
2. Distribución final créditos Marco de Cooperación Interadministrativa 2023.
Presupuesto para Nivel Acordado de protección en 2023: 783.197.420 euros (aplicación presupuestaria 31.34-451.2 del presupuesto de gastos del Imserso).
1. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Las cuantías del nivel mínimo para el año 2023 se recogen en la disposición adicional centésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023:
2. Para la financiación del nivel de protección acordado, previsto en el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por el que se establecen los diferentes niveles de protección del sistema, en el ejercicio presupuestario de 2023, la AGE contribuye a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con un crédito presupuestario de 783.197.420 euros, que se distribuirán de conformidad con los criterios anteriormente señalados.
3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de la citada Ley, a la Administración General del Estado con cargo a su presupuesto de gastos se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente
4. Anualmente, en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se consignarán las cantidades necesarias para la financiación del SAAD y la atención a las personas en situación de dependencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Dichos créditos se suplementarán con la parte correspondiente, para ambas ciudades autónomas, procedente del Fondo destinado al impulso e implementación del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad.
5. Tal y como se establece en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, las Comunidades Autónomas contribuirán a la financiación del SAAD con una cantidad al menos igual a la aportada por la AGE para el nivel mínimo y acordado.
6. Tal y como consta en el Apartado 10.º del Marco de Cooperación Interadministrativa para 2022, de 28 de julio, (BOE n.º 216 de 8 de septiembre de 2022), la cuantía del nivel acordado 2023 indicada más arriba, queda condicionada a la comprobación del mantenimiento para 2022 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2020 y 2021 -detraídas las aportaciones estatales por los niveles mínimo y acordado- de forma que si el gasto 2022 –detraída igualmente la aportación estatal- fuese inferior al promedio de los dos ejercicios señalados, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado. En caso de producirse alguna minoración derivada de lo anterior, se anotará en el convenio a suscribir con la Comunidad Autónoma.
7. Así mismo, a través de los convenios con cada una de las Comunidades Autónomas se determinarán las acciones y objetivos a financiar con los créditos del nivel acordado.
En los convenios celebrados, en desarrollo de este Marco de Cooperación Interadministrativa, entre la AGE y cada una de las Comunidades Autónomas, se establecerán una serie de objetivos específicos a cumplir por cada una de estas últimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la aplicación de las prestaciones y servicios del SAAD.
Estos objetivos y las medidas que se plasmen en los correspondientes convenios estarán alineados con los contenidos del Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobado en sesión ordinaria del día 15 de enero de 2021 por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.
En concreto, la aplicación de los créditos incorporados en los referidos convenios se ligará al cumplimiento de los objetivos del citado Plan de Choque y de los acuerdos que del mismo se deriven y especialmente:
– Actuaciones directamente ligadas a la reducción de la lista de espera en línea con el Acuerdo de 30 de abril de 2021, por el que se aprobó el Plan de reducción de lista de espera.
– Mejoras que redunden en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema, incluidas las mejoras en ratios de personal o la adecuación de los contratos de servicios y conciertos de plazas.
– Mejora de la calidad de centros y servicios. en línea con el Acuerdo de bases y hoja de ruta para la modificación de los criterios comunes de acreditación de los centros y servicios del SAAD, de 26 de julio de 2021 y con el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022.
8. El pago de los créditos correspondientes a cada Comunidad Autónoma se efectuará en su totalidad a la firma del correspondiente convenio de colaboración al que hace referencia el apartado anterior, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional nonagésima novena de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
9. La justificación de los compromisos derivados del convenio de colaboración entre la AGE y cada una de las Comunidades Autónomas, para el desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa, se realizará una vez finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente, y ello de conformidad con lo que se establezca a tales efectos en el convenio de colaboración.
10. En dicha justificación se hará constar mediante certificación el gasto total anual (2023) en el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia conforme al anexo al correspondiente convenio.
11. La cuantía del nivel acordado 2024, con los criterios de reparto que se establezcan en su momento, quedará condicionada al mantenimiento para 2023 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2021 y 2022 -detraídas las aportaciones estatales por los niveles mínimo y acordado- de forma que si el gasto 2023 –detraída igualmente la aportación estatal– fuese inferior al promedio de los dos años anteriores, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado de 2024. En caso de existir cantidades sobrantes como consecuencia de lo anterior, se podrán redistribuir entre las comunidades a las que no se haya aplicado dicha minoración.