Categoría: Energía y Medio Ambiente

mentando los valores de caudales mínimos para mejorar la resiliencia de los ecosistemas fluviales frente al cambio climático. Por su parte,
En lo relativo a las necesidades hídricas de las masas de agua tipo lago, WWF plantea establecer un grupo de trabajo específico junto con el resto de las administraciones con competencias en espacios naturales protegidos afectadas, lo que se considera apropiado, especialmente cuando dichos espacios naturales protegidos dependen del agua y tienen la consideración de zona protegida de acuerdo con la Directiva Marco, debiendo definirse las necesidades específicas en lo relativo a cantidad y calidad del agua para contribuir al logro de sus objetivos medioambientales.
En la aplicación de métodos basados en el hábitat potencial útil de peces, la información facilitada no permite tener la seguridad de que las curvas de preferencia utilizadas están validadas ni si se ha comprobado que existe una buena correlación entre el concepto teórico de «hábitat potencial útil» y el hábitat y la población reales, si en cada masa de agua se han tenido en cuenta la totalidad de las especies autóctonas y fases vitales existentes, si el valor adoptado como caudal mínimo mensual responde a la especie y fase vital más exigente en profundidad y velocidad de la corriente en ese momento (normalmente ejemplares adultos), si se han tenido en cuenta las necesidades singulares de sus periodos críticos, o el efecto de la reducción de caudales en la temperatura del agua.
También se aprecia que la evaluación realizada en el estudio ambiental estratégico no considera de manera distinta la diferente situación que se presenta en las masas naturales que cumplen sus objetivos medioambientales, en las que el régimen de caudales ecológicos debería impedir el deterioro de su actual buen o muy buen estado impidiendo nuevas actividades o usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o regulación, de la que se presenta en las masas naturales que no cumplen sus objetivos o están muy modificadas por presiones significativas por extracción o alteración del caudal, en las que el régimen de caudales ecológicos debería contribuir a reducir significativamente dichas presiones, de las reservas fluviales en las que debería evitar cualquier alteración significativa de su régimen hidrológico, ni masas que albergan especies protegidas o de interés económico o pesquero en las que además debería evitar el deterioro de su estado de conservación y posibilitar que sea favorable, sin provocar ninguna pérdida de hábitat ni de poblaciones. Tampoco se ha evaluado si los caudales ecológicos adoptados pueden favorecer de manera diferencial a las especies exóticas invasoras predominantemente de aguas lénticas, frente a las especies autóctonas mayoritariamente reófilas.
Todo ello introduce un cierto nivel de incertidumbre sobre su adecuación y suficiencia para que las masas de agua en que se aplica mantengan o alcancen el buen estado o potencial ecológico, para impedir su deterioro, para conservar las características actuales de las comunidades de peces autóctonos y de vegetación de ribera, de mantener a los hábitats y las especies protegidos, de interés comunitario o económico en un estado de conservación favorable, y de resultar adecuadas a los objetivos de espacios Red Natura 2000 o protegidos de otros tipos. La incertidumbre es mayor en los casos en que no se ha realizado un estudio específico de la masa de agua en cuestión, sino que se han adoptado por extrapolación los caudales ecológicos determinados para otras masas de agua.
En ríos no regulados que todavía presentan un estado ecológico muy bueno o bueno y en reservas naturales fluviales, el hecho de que el régimen de caudales ecológicos incluya solo una componente de caudales mínimos, que se ha constatado que resultan muy inferiores a los actuales caudales medios para los mismos periodos, y que incluso se prevé reducir más en situaciones de sequía prolongada, posibilita el futuro otorgamiento de nuevas concesiones con el único límite del respeto de dichos caudales mínimos (apartado 2 del artículo 96 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Al estar estos caudales mínimos mensuales muy por debajo de los actuales caudales medios mensuales, no tienen capacidad de impedir futuros aumentos importantes en la presión por extracciones o por regulación, que pueden llegar a ser significativos y deteriorar el actual buen o muy buen estado de la masa de agua o el régimen hidrológico de la reserva fluvial. El estudio ambiental estratégico no ha incluido la evaluación de este potencial impacto. El riesgo se agrava con la progresiva reducción de aportaciones y el aumento de algunas demandas provocados por el cambio climático. En estos casos (masas naturales tipo río con muy buen o buen estado ecológico y reservas fluviales), se considera necesario que el régimen de caudales ecológicos, junto a la actual componente de caudales mínimos con variación mensual a cumplir en todo momento, incorpore además una componente de caudales medios mensuales objetivo, con variación a lo largo del ciclo anual paralela a la del actual régimen natural y mucho más próximos a los actuales valores medios mensuales que los caudales mínimos actualmente contemplados, y a cumplir en el conjunto del ciclo sexenal. Esta componente de caudales medios mensuales debe poder impedir que las masas de agua de la demarcación que todavía presentan muy buen estado o buen estado se vean afectadas por nuevos incrementos significativos de la presión por extracciones o por alteración del caudal que puedan provocarles deterioro, y en el caso de las reservas naturales fluviales debe impedir que se altere su régimen hidrológico. De lo contrario, el régimen de caudales ecológico planteado, basado únicamente en mínimos mensuales muy por debajo de los valores medios mensuales, puede actuar en sentido contrario al esperado y poner en riesgo el futuro logro de los objetivos de las masas de agua de la demarcación que aún mantienen un buen estado ecológico y de sus reservas fluviales. Por el mismo motivo, tampoco se considera apropiado aplicar a las masas de agua con muy buen o buen estado ni a las reservas naturales fluviales unos caudales ecológicos incluso inferiores a estos mínimos en situación de sequía prolongada.
Este mismo tratamiento es aplicable a las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas los tramos fluviales de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos o las áreas críticas para la protección de especies amenazadas, en los que el logro de sus respectivos objetivos de conservación requiere la definición de una componente de caudales medios mensuales objetivo a lograr en el conjunto del ciclo de planificación, además de una componente de caudales mínimos mensuales a cumplir en todo momento. En estos casos, el régimen de caudales ecológicos tiene que ser el adecuado para el logro de sus respectivos objetivos de conservación. Sin embargo, del expediente se deduce la falta de determinación expresa de las necesidades cuantitativas y cualitativas aplicables en cada uno de estos casos, según se indica por falta de comunicación desde las administraciones competentes o falta de inclusión en sus correspondientes planes de gestión. En este ámbito debe hacerse referencia a la Sentencia 1706/2020 del Tribunal Supremo que confirma la necesidad de que dichos planes de gestión contemplen las necesidades en cuanto a calidad del agua y al régimen de caudales ecológicos necesarios para poder alcanzar sus objetivos de conservación, que puedan ser posteriormente tenidos en cuenta en los planes hidrológicos. Cabe también advertir que los métodos hidrológicos de determinación de caudales ecológicos contemplados en la Instrucción de Planificación Hidrológica no guardan relación con el concepto de estado de conservación favorable para hábitats y especies de la Directiva 92/43/CEE y de la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y que los métodos de modelación del hábitat o «hábitat potencial útil» alternativamente utilizados para determinar el régimen de caudales mínimos se aplican asumiendo siempre que dicho régimen producirá un determinado nivel de reducción de dicho hábitat, que con carácter general quedaría reducido entre el 50% y el 80% del considerado máximo, lo que tampoco resulta consistente con el concepto de estado de conservación favorable contemplado en las referidas normas, que al menos requiere, al menos, el mantenimiento de los niveles originales de superficie del hábitat y de las poblaciones, siendo además frecuente que los planes de gestión incluyan objetivos para su ampliación, pero excluyendo en cualquier caso su sistemática reducción. En el mismo sentido opera la obligación de conservar el hábitat de las especies amenazadas contemplada en la Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, y los objetivos de detener la pérdida de biodiversidad, de restablecer la biodiversidad y de recuperar los ecosistemas de agua dulce contemplados en la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030.
De todo ello se deduce la necesidad de que en todos los casos anteriormente mencionados, que incluyen los ecosistemas fluviales de mayor valor ecológico de la demarcación, se complete y mejore el régimen de caudales ecológicos para que se posibilite el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas afectadas y se evite que en el futuro dicho logro quede comprometido si sobre dichas masas o zonas protegidas se plantean nuevas extracciones u otras alteraciones del caudal importantes, añadiendo a la habitual componente de caudales mínimos mensuales, a respetar en todo momento y con utilidad para evitar pérdidas significativas de hábitat o población en situaciones extremas, por ejemplo una sequía prolongada, una componente de caudales medios mensuales que sea consistente con el mantenimiento de las especies y los hábitats objeto de protección en cada espacio en un estado de conservación favorable, sin reducción en la cantidad y calidad del hábitat ni en la cuantía de las poblaciones objeto de protección, permitiendo adicionalmente el logro de los objetivos de restauración del hábitat o las poblaciones que en su caso determinen los planes de gestión, y evitando de manera efectiva el establecimiento de nuevos usos que puedan generar presiones significativas por extracciones o alteración del régimen hidrológico.
En caso de que la información de la que actualmente disponga el organismo de cuenca no permita realizar dichas mejoras para este tercer ciclo de planificación, se considera necesario, en aplicación del principio de precaución, que la normativa del plan incorpore una disposición requiriendo que, entre tanto se materializan dichos ajustes y en su caso se incorporan a los planes de gestión de las áreas protegidas las necesidades cualitativas y cuantitativas que posibiliten el logro de sus respectivos objetivos, y con independencia del régimen básico de caudales mínimos utilizado por el plan hidrológico para el cálculo de las asignaciones y reservas, para el otorgamiento o ampliación de concesiones o autorizaciones para ampliar extracciones u otras nuevas alteraciones del régimen de caudales sobre masas de agua con estado ecológico muy bueno o bueno, sobre zonas protegidas para la protección de hábitats o especies, incluidas las amenazadas y las de interés económico y la Red Natura 2000, y las reservas naturales fluviales, se requiera la elaboración de un estudio específico del régimen de caudales que es preciso mantener, más completo, detallado y adaptado a la realidad biológica e hidromorfológica del tramo que se va a ver realmente afectado, que sea consistente con el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales aplicables, y que en su caso cuente con la expresa conformidad de la administración competente en las zonas protegidas afectadas. Este régimen específico, más completo, detallado, adaptado a las características del tramo fluvial realmente afectado por las actuaciones y orientado al logro de todos los objetivos medioambientales aplicables, debe incorporar, junto a los caudales mínimos mensuales, una componente de caudales medios mensuales.
Con independencia de lo anterior, en aplicación de los principios de evitar nuevas pérdidas netas de biodiversidad y de que «quien contamina, paga», las pérdidas netas de biodiversidad que la aplicación del régimen de caudales ecológicos asuma y provoque tras el otorgamiento o ampliación de concesiones u otras autorizaciones que permitan aumentar las extracciones o el grado de alteración del régimen de caudales en los que dicho régimen de caudales ecológicos se haya aplicado, deberán ser compensadas desde el momento en que dichas pérdidas pasen de ser teóricas (% del hábitat potencial útil que se asume perder) a ser reales (% del hábitat y de la población que realmente se pierden). Los elementos del patrimonio natural objeto de compensación deben ser al menos las mismas especies y hábitats que van a sufrir la pérdida, y la compensación debe materializarse en la mayor proximidad posible a las poblaciones y superficies de hábitats afectadas.
Adicionalmente, hay un cierto número de masas de agua naturales tipo río que en el ciclo anterior no alcanzaban el buen estado y presentaban presiones significativas por extracciones o por alteración de caudales, y que, aun habiendo dispuesto en el segundo ciclo de un régimen de caudales ecológicos, al inicio del tercer ciclo siguen sin alcanzar el buen estado. En este caso, se considera que el programa de medidas debe incluir una revisión y mejora sustancial de su régimen de caudales ecológicos, junto con actuaciones específicas para reducir significativamente las presiones por extracciones o alteración de caudales. Entre tanto, en aplicación de los principios de precaución y de acción cautelar, sobre estas masas no se debería otorgar ninguna nueva concesión o autorización que pueda suponer un aumento de dichas presiones.
Para masas de agua tipo río o de transición que no cumplen sus objetivos medioambientales por presiones significativas de extracciones o alteración del régimen hidrológico, así como en masas muy modificadas por estos dos tipos de presiones, el estudio ambiental estratégico tampoco ha determinado en qué medida el régimen de caudales ecológicos propuesto permite aproximar su actual régimen de caudales alterado al régimen natural de referencia, considerando las particulares necesidades ecológicas de las especies y hábitats en cada caso afectados. Por ello, no se puede descartar que en alguna de estas masas el régimen de caudales ecológicos propuesto no suponga ninguna mejora de la situación inicial, no contribuyendo al logro de un buen estado o potencial ecológico ni permitiendo mejorar sus condiciones de referencia, pudiendo incluso posibilitar nuevas extracciones o alteraciones de caudal que conlleven un mayor alejamiento del régimen natural, con riesgo de deteriorar su estado o potencial ecológico y la biocenosis acuática y ribereña, en particular si la masa contiene especies o hábitats protegidos o de interés económico o pesquero. Ello hace necesario que en el tercer ciclo, al menos para las masas tipo río situadas aguas abajo de embalses de regulación y para las masas de transición que no alcanzan el buen estado, el programa de medidas incluya la realización de un diagnóstico individualizado que permita conocer y cuantificar la brecha existente entre el actual régimen alterado y el régimen natural estimado, mediante comparación en un hidrograma, y la influencia de dicha brecha sobre la biocenosis acuática y ribereña, en particular para todas las especies de peces autóctonas y el resto de especies acuáticas o con valor económico o hábitats de interés comunitario, al objeto de permitir redefinir en el siguiente ciclo de planificación de manera individualizada y rigurosa el régimen de caudales ecológico que permita el logro del buen estado, y en el caso de masas muy modificadas permita definir tanto las condiciones de referencia del máximo y del buen potencial ecológico como un régimen de caudales ecológicos que pueda permitir aproximar en la mayor medida posible el buen potencial al buen estado ecológico sin provocar efectos negativos significativos sobre el uso que motiva su designación como masa de agua muy modificada ni sobre el medio ambiente en sentido más amplio. En el caso de las aguas de transición, el régimen de caudales ecológicos adicionalmente debe impedir la penetración de la cuña salina aguas arriba, evitar la intrusión marina en los acuíferos adyacentes, y favorecer la dinámica sedimentaria y la distribución de nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos.
También se ha apreciado que puede existir un desfase entre los periodos por los que se otorgan las concesiones y autorizaciones para uso del agua y los ciclos de vigencia y de previsión del plan hidrológico, siendo perfectamente posible que en una revisión se reduzcan las asignaciones al uso que motiva la concesión, o que el régimen de caudales ecológicos aplicable en el momento de otorgamiento de una concesión se vea posteriormente mejorado en los sucesivos ciclos de planificación como consecuencia de su seguimiento adaptativo. En tales casos debería disponerse bien un ajuste de los plazos de otorgamiento a los plazos de vigencia y de prospectiva del plan hidrológico, bien la obligatoriedad de ajustar los volúmenes concesionales a las sucesivas revisiones que se produzcan en las asignaciones, incluidas las que se realizan para reducir presiones significativas por extracciones o para garantizar la capacidad de adaptación de la demarcación al cambio climático, o bien a las mejoras que se produzcan en el régimen de caudales ecológicos de las masas de agua y zonas protegidas afectadas como consecuencia del seguimiento de la evolución real de sus respectivos objetivos medioambientales.
Para que el régimen de caudales ecológicos que en cada caso se adopte pueda resultar efectivo, se requiere, entre otras cosas, que su cumplimiento pueda ser verificable. En el caso de nuevas concesiones, ello generalmente requiere disponer de una nueva instalación o equipo que permita al organismo de cuenca conocer con precisión, además del caudal extraído en virtud de la concesión, el régimen de caudales realmente fluyente por la masa de agua afectada por la extracción, lo que supone para el organismo de cuenca un nuevo coste que debe entenderse incluido dentro del concepto de costes medioambientales. En aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, y para posibilitar un control real y efectivo por el organismo de cuenca del cumplimiento de los caudales ecológicos que en cada nueva concesión se impongan, se considera que la normativa del plan debe hacer referencia a la imprescindible recuperación de este coste como condición para la concesión, o alternativamente contemplar una obligación para su titular de establecer a su costa los dispositivos que permitan conocer el régimen real de caudales circulante de las masas de agua y zonas protegidas afectadas por la concesión, así como de su mantenimiento y de reporte de resultados al organismo de cuenca y demás administraciones medioambientales afectadas.
Por su mayor valor en términos ecológicos, y por su directa dependencia de la conservación de un régimen de caudales lo más próximo posible al régimen natural, también se considera necesario que el programa de medidas del plan incluya, para las masas de agua en muy buen estado o buen estado, las zonas protegidas para la protección de hábitats o especies directamente dependientes del agua y las reservas naturales fluviales, que carezcan de punto de seguimiento y control de caudales de la red integrada de estaciones de aforo SAIH/ROEA, las actuaciones necesarias para posibilitar y sistematizar el seguimiento de su régimen real de caudales.
En el caso de masas de agua naturales tipo lago (humedales) a su vez incluidos en incluidos en espacios Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, declarados de importancia internacional Ramsar o protegidos por otros instrumentos internacionales, el plan debería incorporar las disposiciones necesarias para asegurar su funcionamiento hidrológico y ecológico y mantener sus características, ya sea mediante un régimen de caudales ecológicos y de aportaciones adecuado si su alimentación se realiza mediante aguas superficiales, o definiendo y garantizando el mantenimiento de un nivel mínimo apropiado en el acuífero en su inmediato entorno si su alimentación se realiza directa o indirectamente a partir de una masa de agua subterránea. En el caso de que para alguno de estos humedales el organismo de cuenca no disponga de la información que le permita establecer dichas medidas de protección para este tercer ciclo, en aplicación del principio de precaución el plan debería determinar al menos la prohibición de otorgar nuevas concesiones o autorizaciones que permitan aumentar la presión neta por extracciones en las masas de agua superficial u subterráneas que alimentan al humedal.
En este sentido, WWF España reconoce la importancia de las aportaciones del río Guadiamar para la alimentación hídrica de la marisma de Doñana, y requiere el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos que permita garantizar dicho papel, expresando diversas objeciones a la forma en que se han determinado sus caudales ecológico en el Plan, considerando que los métodos utilizados basados en percentiles carecen de justificación técnica y científica, considerando la referencia de los caudales medios en régimen natural. Además de los caudales mínimos, también requiere que se complete el régimen de caudales ecológicos con una caracterización del régimen de crecidas del río Guadiamar, para obtener un nivel adecuado de inundación de la marisma, en particular mantener al menos los caudales mayores de 10 m3/s en la estación de aforos del río Guadiamar en Aznalcázar, que suponen una aportación media de crecidas anual de 75 hm3. En su conjunto, considera que no se han definido las necesidades hídricas de las masas de agua de categoría lago de la demarcación, a pesar de la mejora realizada respecto a la situación en el segundo ciclo. La confederación indica su intención de recuperar la conexión del Guadiamar con la Marisma, pero advierte de la existencia en dicha zona de más de 6.500 ha de riego con derechos que deben ser consideradas
3.1.4 Impactos derivados de las excepciones a la obligación de logro de los objetivos ambientales.
El documento de alcance determinaba la metodología para evaluación de los posibles impactos provocados por el empleo de estas excepciones en el plan hidrológico, a escala de cada una de las masas de agua a las que ello afectaría:
Por establecimiento para alguna masa de agua de objetivos medioambientales menos rigurosos (OMR): mediante un análisis de la coherencia de su proceso de determinación, revisando si dichos objetivos menos rigurosos se han determinado después de prever la aplicación de todas las medidas de mejora factibles que no incurran en costes desproporcionados.
Por el establecimiento para alguna masa de agua de excepciones al amparo del artículo 39 del RPH (artículo 4(7) de la Directiva Marco del Agua) para poder autorizar nuevas modificaciones hidromorfológicas de aguas superficiales o alteraciones de niveles de aguas subterráneas: Evaluando los efectos de dichas acciones sobre otras masas de agua hidrológicamente conectadas a las que no aplique la excepción, sobre zonas protegidas hidrológicamente conectadas incluidos espacios Red Natura 2000 o espacios protegidos de cualquier otro tipo dependientes del agua e hidrológicamente conectados, y sobre especies acuáticas protegidas o de interés pesquero o marisquero de los ámbitos en cada caso afectados. Y complementariamente verificando el cumplimiento de las condiciones señaladas al respecto por el artículo 39 del RPH para todas las masas de agua afectadas.
Se ha aplicado un procedimiento estandarizado para justificar las excepciones a todas las masas de agua, que se documenta en una ficha explicativa para cada una de ellas.
De las 455 masas de agua superficial consideradas en la demarcación, 282 alcanzan el buen estado en 2021, 161 masas de agua tienen prorrogado el logro de sus objetivos a 2027, 10 los tienen prorrogados más allá de 2027 debido a sus singulares condiciones naturales y 2 masas tienen objetivos menos rigurosos. En las masas de agua que se han planteado exenciones al logro de los objetivos medioambientales ha sido por cambios morfológicos (en 231 masas de agua), cambios hidrológicos (141 masas de agua) y contaminación por nutrientes procedentes de la agricultura (113 masas de agua).
Respecto a las masas de agua subterránea, de las 86 masas de agua consideradas, 41 cumplirán los objetivos en el año 2021, 30 requieren prórroga hasta el año 2027, y 15 requerirán prórroga más allá de 2027 debido a que el plazo de tiempo no es suficiente para alcanzar los objetivos (9 por su estado cuantitativo y 6 por su estado químico).
Se observa que el plan contempla la prórroga a 2033 o 2039 del logro de los objetivos medioambientales en numerosas masas de agua subterránea con incumplimientos provocados por contaminación difusa de origen agrario (7% de las masas de agua subterráneas) o por sobreexplotación (10% de masas de agua subterráneas).
En el primer caso, es esperable que la superficie que estas masas ocupan ya haya sido declarada, o deba a corto plazo serlo, zona vulnerable, en la que las administraciones autonómicas competentes en agricultura deberán mejorar, o en su caso comenzar a aplicar, los programas de actuación contemplados en la Directiva 91/676/CEE y actualmente regulados por el artículo 6 del Real Decreto 47/2022. Se significa que el umbral para nitratos en zonas vulnerables señalado por dicha nueva norma ha pasado a ser más exigente que el indicado con carácter general para las masas de agua subterránea por el Real Decreto 1514/2009. Las prórrogas se justifican por la imposibilidad de reducción de la concentración de nitratos por debajo del umbral en 2027 por dificultades derivadas de las condiciones naturales de la masa de agua (artículo 4.4 de la Directiva Marco).
Adicionalmente, de los informes de seguimiento de la mencionada Directiva se deduce que los programas de actuación que han venido operando desde su entrada en vigor en general no se han revelado efectivos para reducir la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, siendo frecuentemente normas de aplicación plana en la totalidad de zonas vulnerables de cada comunidad que carecían de objetivos cuantitativos y de estrategias de reducción de los excedentes de nitratos específicos para cada zona vulnerable. La gravedad de la contaminación y la imposibilidad de poder reducirla en estas masas en 2027 exigen que en todos los casos en que se planteen por este motivo prórrogas para el cumplimiento de los objetivos a 2033 o 2039, los planes dispongan de medidas adicionales que enfaticen en la necesidad de reducir la contaminación difusa aumenten la seguridad de su logro en dichos plazos prorrogados, en concreto la determinación en el plan para cada una de estas masas de agua del excedente de nitratos para cada tipo de cultivo que de acuerdo con la mejor información y modelos disponibles se considere compatible con el cumplimiento de los objetivos ambientales en el plazo prorrogado, y el requerimiento de que para cada una de estas zonas vulnerables se elabore un programa de actuación específico y personalizado, dirigido a reducir los excedentes de nitratos en las cuantías en cada caso indicadas, teniendo en cuenta la situación y especificidades de cada zona, y con un seguimiento igualmente específico. Asimismo, se sugiere que para las nuevas zonas vulnerables que coincidan con masas de agua subterránea con mal estado químico y con objetivos prorrogados a 2033 o 2039, la norma que apruebe el plan también disponga una reducción de los plazos generales indicados en el Real Decreto 47/2022 (3 años para designar la nueva zona vulnerable más 2 años para aprobar su programa de actuación) acorde a la gravedad de su situación y que evite demorar la aplicación de medidas de control.
El mismo tratamiento cabe dar a las masas de agua subterránea que no alcanzan el buen estado cuantitativo para las que, por el grado de explotación del recurso alcanzado y por imposibilidad derivada de sus características naturales, se prorroga el logro del buen estado cuantitativo a 2033 o 2039. La gravedad y la urgencia en actuar en estos casos requiere su declaración como aguas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y la elaboración y aprobación de un programa de actuación específico para la recuperación de cada una.
El plan contempla la aplicación de la excepción regulada por el artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica para los proyectos de minería de Las Cruces, Mina de Los Frailes, Minas del Marquesado y para el recrecimiento del embalse del Agrio y la regulación de la comarca del Castillo de Montizón.
a) Mina de Las Cruces: Proyecto para dar continuidad al actual Complejo Minero-Hidrometalúrgico Las Cruces, localizado en los municipios de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla). Afecta a las masas de agua subterráneas ES050MSBT000054902 Gerena y ES050MSBT000054903 Guillena-Cantillana, encontrándose actualmente la primera de ellas en una situación de buen estado ecológico y con índice de explotación del 48%. Las masas de agua subterráneas se encuentran sobre el ZEC Corredor ecológico del río Guadiamar, y al área incluida en el ámbito de aplicación del plan de recuperación y recuperación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales, concretamente para las especiesOxygastra curtisiiyMacromia splendens. Estas masas de agua subterránea se consideran confinadas en el estudio ambiental, por lo que la afección a los ecosistemas terrestres debería ser limitada. No obstante, la bajada del nivel del agua en estas masas es susceptible de afectar a otras masas de agua subterránea conectadas. Es por tanto necesario llevar a cabo un seguimiento de las masas de agua subterráneas contiguas a las afectadas en el proyecto, con el objetivo de determinar posibles afecciones sobre su nivel de agua, su estado cuantitativo y químico, y sobre los ecosistemas y espacios protegidos conectados con las mismas.
b) Mina de los Frailes: Proyecto minero de extracción, concentración y beneficio de minerales de zinc, plomo y cobre localizado en los términos municipales de Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Afecta a la masa de agua subterránea ES050MSBT000054902 Gerena, pudiendo generar impactos sinérgicos con el proyecto de la Mina de Las Cruces. Se considera por tanto de gran importancia el seguimiento de las masas de agua subterráneas contiguas afectadas por el proyecto de la misma manera que se comenta en el punto anterior, así como en los espacios y especies protegidas susceptibles de ser afectados.
c) Minas del Marquesado: Proyecto de minería de hierro localizado en La Calahorra (Granada). Es un proyecto de reapertura de las Minas del Marquesado, que supone la puesta en marcha del Plan de desmantelamiento, descontaminación y gestión de residuos de las instalaciones afectadas por la reapertura estas minas que se inició en marzo de 2019 y que incluye las antiguas instalaciones de procesado de mineral, ya que la nueva corta supone una notable ampliación de la anterior. Para la fase de explotación del mineral se necesitará la construcción de una nueva planta de procesado de mineral y edificios auxiliares. El proyecto afecta a la masa de agua subterránea ES050MSBT000051201 Guadix, que se encuentra en buen estado y tiene un índice de explotación de 48%, y a la ES050MSBT000051202 Corredor de la Calahorra-Huéneja, que no alcanza el buen estado y tiene un índice de explotación del 97%. También se prevé desvío de la Rambla de Lanteira que afecta a la masa de agua superficial ES050MSPF011011005 Río Guadix y afluentes, que no alcanza el buen estado. La masa de agua subterránea de Guadix se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos continentales de Andalucía, concretamente para el gasterópodoOrculella bulgarica. En el contexto del proyecto se prevé el retorno directo de casi el 100% del agua bombeada en el plan de drenaje sin que se produzca uso, alteración, o modificación de su previo estado natural. Las alternativas del plan proponen dos puntos de destino de las aguas para recarga de las masas de agua subterráneas, con el fin de mitigar el impacto de la depresión de los niveles freáticos. En todos los escenarios/alternativas se mantendrá la misma excelente calidad química de las aguas drenadas y con carácter prepotable. Es necesario coordinar estas actuaciones de recarga de las masas de agua subterráneas con el plan de conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos continentales de Andalucía, para lo que las actuaciones de recarga deberán contar con informe de coordinación de la autoridad competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma.
d) Recrecimiento del embalse del Agrio: La Presa de El Agrio sobre el río del mismo nombre (afluente del río Guadiamar) fue construida en los años 70. El embalse generado por la presa tenía una capacidad máxima de unos 40 hm3pudiendo atender con las garantías legales a un volumen aproximado de 14 hm3. Posteriormente, por cuestiones de seguridad, se construyó un nuevo aliviadero, reduciendo la capacidad de este a aproximadamente 20 hm3. El proyecto original de la presa contempla la posibilidad de un recrecimiento hasta alcanzar los 60 hm3de capacidad máxima, lo que permitiría aumentar el volumen actual con garantía en al menos 8 hm3que podrían dedicarse a sustituir extracciones de aguas subterráneas. El recrecimiento del embalse del Agrio tendría un doble objetivo: a) solucionar los problemas de seguridad del embalse actual y b) Permitir liberar las masas de agua subterráneas del entorno de Doñana de parte de la presión de las extracciones para riego. El proyecto afecta a las masas de agua superficial muy modificadas ES050MSPF011100089 Río Crispinejo aguas abajo de la presa del Agrio hasta el río Guadiamar (no alcanza el buen potencial ecológico) y ES050MSPF011100008 Embalse del Agrio (buen potencial ecológico), y las masas de agua superficiales naturales ES050MSPF011006005 Río Cañaveroso (buen estado ecológico) y ES050MSPF011006004 Río Crispinejo aguas arriba del embalse del Agrio (no alcanza el buen estado ecológico). Esta actuación está localizada en el ZEC Corredor Verde del Guadiamar, con especies de peces contempladas en la Directiva Hábitats tales comoSqualius alburnoides,Iberochondrostoma lemmingii,Pseudochondrostoma willkommiiyCobitis paludica, además de otras especies importantes para la cuenca del Guadalquivir como la anguila europea (Anguilla anguilla). En este último caso, es necesario resaltar que el río Guadiamar está contemplado en el plan de gestión de la anguila en Andalucía como una zona de repoblación para la especie. El recrecimiento de la presa debe contemplar entre sus medidas correctoras la permeabilización de los obstáculos para las especies mencionadas, aguas arriba y aguas debajo de la presa, y teniendo en cuenta los requerimientos ecológicos de cada una de ellas en el diseño de los pasos. El proyecto reconoce que la actuación causará una reducción del 5% de aportaciones al río Guadiamar, con una consecuencia de reducción de aportaciones a la marisma. Con el objetivo de no deteriorar el estado de conservación de estas especies protegidas, es necesario mantener un caudal ecológico que mantenga el 100% de su hábitat original aguas abajo de la actuación. Ecologistas en acción de Andalucía plantean como alternativa a este proyecto la expropiación de parte de la superficie de riego para reducir la extracción y mejorar el acuífero, la reconexión del Guadiamar y la recuperación de su funcionalidad y caudales ecológicos. Debido a la afección a espacios y especies protegidos, este proyecto debe contar con un estrecho seguimiento que permita detectar eventuales alteraciones en los hábitats y las poblaciones de especies protegidas de una manera precoz para paliar la situación con las pertinentes medidas correctoras. Adicionalmente, y considerando la motivación de esta actuación, el promotor debe incluir un indicador de seguimiento de clausura efectiva de pozos y seguimiento de la evolución de las extracciones y el grado de recuperación de las masas de agua subterránea ES050MSBT000055101 Almonte y ES050MSBT000055102 Marismas, que se pretenden recuperar con esta actuación. En caso de que el seguimiento indicase que la actuación no consigue el objetivo de la recuperación de las dos referidas masas de agua subterránea, la utilización de los recursos de agua superficial adicionales derivados del recrecimiento del Agrio debería cesar.
e) Regulación de la comarca de Montizón: Actuación de regulación a través de un azud sobre el río Guadalén en Ciudad Real de 1,5 hm3de capacidad y altura no superior a 10 metros. Se pretende llevar a cabo «una pequeña actuación de transformación en regadío para riego de unas 1500 ha de olivar, con una dotación de apenas 1000 m3/ha/año». La actuación afectaría a las masas de agua superficial ES050MSPF011008066 Cabecera del río Guadalén y ES050MSPF011008083 Ríos Guadalén aguas arriba del río Dañador y río la Manta, ambos actualmente en buen estado y con índices de WEI+ que no indican estrés de las masas de agua. Estas masas de agua discurren por el ZEC/ZEPA de Sierra Morena en Castilla-La Mancha y ZEC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena en Andalucía, que cuentan con especies de importancia comunitaria ligadas a dichas masas de agua, tales como la nutria comúnLutra lutra, colmillejaCobitis paludica, bogardillaIberocypris palaciosi, bogaPseudochondrostoma willkommiiy calandinoSqualius alburnoides. Al igual que en el caso anterior, el proyecto de construcción del azud debe incluir un dispositivo que permita una plena permeabilidad para los movimientos de estas especies aguas arriba y aguas abajo del azud, teniendo en cuenta sus respectivos requerimientos ecológicos. Adicionalmente, y con el objetivo de no deteriorar su estado de conservación, teniendo en cuenta el estado crítico de algunas de ellas, es necesario mantener un caudal ecológico que permita conservar el 100% de su hábitat original en los respectivos espacios. Debido a la afección a espacios y especies protegidos, este proyecto debe contar con un estrecho seguimiento que justifique la no afección al medio, y la detección de alteraciones en los hábitats y las poblaciones de especies protegidas de una manera precoz para, en su caso, paliar la situación con las pertinentes medidas correctoras. Ecologistas en Acción de Andalucía se muestra contrario a esta actuación.
En aquellos supuestos comentados anteriormente en que se aprecia que, además de poder deteriorar el estado de las masas de agua, las actuaciones también puede suponer un impacto sobre los objetivos de conservación de espacios de la Red Natura 2000, esta situación debe ser expresamente mencionada en este apartado del plan hidrológico, debiendo recordarse también en su normativa que para que el proyecto pueda ser aprobado, además de requerir acreditar el cumplimiento de las condiciones del mencionado artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, debe superar una evaluación de impacto ambiental que acredite que no puede causar un perjuicio a ningún espacio de la Red Natura 2000, o en su caso acreditar que sí lo puede causar pero puede ser excepcionalmente autorizado por haberse cumplido todas las condiciones indicadas por el artículo 46 de la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad.
Ecologistas en Acción de Andalucía manifiesta su disconformidad con todas las excepciones planteadas al amparo del artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
3.1.5 Impactos derivados de la aplicación del principio de recuperación de costes y excepciones contempladas.
El documento de alcance determinaba la metodología de evaluación de tres posibles tipos de impacto estratégico por esta causa, a evaluar por sector de usuarios del agua y por territorio:
a) Impactos por déficits en la internalización de costes ambientales, para identificar los ámbitos sectoriales y territorios en los que la administración competente, en la recuperación de costes por los servicios del agua que practica, no internaliza los costes ambientales (al menos los costes de las medidas del plan hidrológico destinadas al logro de los OMA de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por presiones causadas por su correspondiente sector), lo que compromete la seguridad de su financiación y ejecución, y en consecuencia compromete el propio logro en plazo de los referidos OMA.
b) Impactos derivados de las excepciones al principio de recuperación de costes, en concreto cuando las masas de agua afectadas por dichas excepciones ya están en riesgo de incumplimiento de sus OMA, y la excepción planteada reduce a la administración sectorial competente su capacidad de financiación de las actuaciones que ha debido incluir en el programa de medidas para conseguir el buen estado, comprometiendo el logro de los OMA en plazo.
c) Impactos derivados de déficits en la aplicación del principio de recuperación de costes por los servicios del agua, ya sea por efecto de subvenciones, asunción directa de la ejecución y coste de las acciones por alguna administración, déficits en los actuales instrumentos de recuperación de costes de inversión o financieros u otras causas, desincentivando a los usuarios en el ahorro y el uso eficiente del recurso y disminuyendo la capacidad de las administraciones competentes para financiar las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los OMA, comprometiendo su logro en plazo.
El estudio ambiental estratégico reconoce la problemática en la financiación de las medidas de carácter ambiental, manifestando que «en el Informe sobre Seguimiento de los planes hidrológicos que se presentó al Consejo Nacional del Agua en octubre de 2018, se puso en evidencia como, con datos referidos a final de año 2017, tras haber transcurrido un 33% del tiempo del ciclo de planificación la inversión realizada entre todas las Administraciones sobre el territorio nacional apenas suponía el 13% del importe programado, y que era precisamente en las medidas ambientales donde se observaban las mayores desviaciones en relación con la senda planteada». Además, reconoce que «retraso en la ejecución en los programas de medidas no es una responsabilidad exclusiva del organismo de cuenca, sino que se evidencia en todos los organismos públicos que han de contribuir en la financiación de los programas de medidas, en especial y por su necesaria participación económica junto a la Confederación, tanto en las Comunidades Autónomas como en las Administraciones locales».
La normativa del plan hidrológico del Guadalquivir contempla, de forma genérica y sin particularizar a ningún caso concreto, que se podrán establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación de costes en virtud de los siguientes supuestos, de acuerdo con el Reglamento de Planificación Hidrológica:
a) Al menos hasta la siguiente revisión del plan, respecto a la capacidad de pago de los usuarios urbanos, se comparan los costes de las medidas con la renta de los hogares. Se consideran desproporcionadas aquellas medidas de recuperación de coste que supongan más del 1,2% de la renta media disponible de los hogares.
b) Se aplicarán, asimismo, excepciones al principio de recuperación de costes cuando como consecuencia de la implantación de determinadas medidas para la satisfacción de las demandas, tanto en servicios en alta, con recursos convencionales o no convencionales, como en baja, ya sea de abastecimiento, saneamiento o depuración, el incremento repercutido, en términos reales del coste al ciudadano, supere el 8% anual acumulativo.
En lo relativo a la recuperación de los costes ambientales, incluyendo entre dichos costes el de las actuaciones de los programas de medidas que son necesarias para contrarrestar presiones significativas que impiden el logro de los objetivos medioambientales, y de acuerdo con lo reconocido por el estudio ambiental estratégico y resto de la información del expediente, no se ha podido deducir que los ámbitos sectoriales más frecuentemente causantes de presiones significativas sobre las masas de agua estén dotados de mecanismos de recuperación de dichos costes ambientales, lo que compromete la seguridad de la financiación de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas en riesgo de no cumplirlos por las presiones causadas por dichos sectores, y en consecuencia compromete también el logro de dichos objetivos en los plazos determinados por el plan. Si bien la corrección de este déficit corresponde a instrumentos normativos diferentes del plan hidrológico, se pone de manifiesto la necesidad de resolverlo lo antes posible por su relevancia para el logro de los objetivos medioambientales en 2027 que prevé la directiva Marco del Agua.
Similar recomendación cabe extender a los mecanismos de recuperación de costes por los servicios del agua, que con carácter general se vienen reconociendo insuficientes.
El plan prevé la posibilidad de aplicar algunas excepciones al principio de recuperación de costes, pero sin concretar actuaciones concretas, sino únicamente mencionando supuestos generales en que se pueden aplicar estas excepciones, de acuerdo con la normativa. Por lo tanto, el estudio no ha profundizado en el efecto que dicha falta de recuperación supondrá sobre la capacidad de financiación de las actuaciones del programa de medidas destinadas al logro de los objetivos medioambientales de masas de agua que sufren presiones significativas por los usos beneficiados por las excepciones contempladas. En tal caso, se considera necesario que entre las condiciones para aplicar estas excepciones se incluya la de que el organismo de cuenca acredite que el nuevo uso beneficiado por la excepción no pueda provocar deterioro del estado ni pueda impedir el logro de los objetivos medioambientales de las masas de agua afectadas, o en caso de que el uso sea preexistente y que las presiones significativas que provoca ya estén impidiendo el logro de dichos objetivos medioambientales, requerir que la administración sectorial competente haya asegurado la financiación y la ejecución de las actuaciones del programa de medidas necesarias para contrarrestar dichas presiones significativas.
3.1.6 Impactos derivados de las actuaciones del programa de medidas dirigidas al logro de los objetivos medioambientales (OMA) (Códigos 1 al 10 de la Base de datos de planificación).
El impacto esperado de las medidas que se incluyen en esta categoría debería ser positivo, pero para ello se requiere que el análisis DPSIR (siglas en inglés del análisis sector/presiones/estado/impacto/respuesta) del que se deducen estas medidas sea completo y esté bien fundamentado. Para evaluar este impacto objetivamente, el documento de alcance consideraba únicamente las actuaciones incluidas en el programa de medidas con el fin de lograr los OMA reduciendo efectivamente presiones por contaminación puntual, contaminación difusa, extracción de agua, otras alteraciones hidrológicas (regulación), alteración morfológica y alteración biológica, y requería para cada masa de agua o zona protegida con incumplimientos una clara identificación del sector y de las presiones significativas causantes, la cuantificación de las brechas de incumplimiento, la identificación de las medidas del programa que se prevé aplicar para contrarrestarlas, y la cuantificación de la reducción que se espera produzcan en la brecha de incumplimiento, resumiendo la coherencia y funcionalidad de esta parte del programa de medidas expresando esta información para todas las masas con incumplimientos según el modelo de su cuadro 1. Para estas medidas se reconocían tres tipos de riesgos de que su programación, en lugar de lograr los impactos positivos esperados, pudiese producir impactos estratégicos negativos y significativos por no permitir el logro de los objetivos medioambientales de todas las masas de agua y zonas protegidas en los plazos marcados por el plan. Estos impactos negativos estratégicos se pueden dar en los siguientes casos:
a) Existencia de déficits en la información de partida sobre el estado o en el análisis DPSIR que se debe realizar para identificar las medidas en cada caso necesarias, facilitando el documento de alcance una lista de comprobación de dichos déficits en su anexo 2.
b) Existencia de déficits en la propia programación de las medidas, frecuentemente no propuestas por la misma administración que elabora el plan sino por otras administraciones sectoriales y bajo sus propios criterios: medidas inadecuadas o insuficientes para contrarrestar la presión, medidas placebo, medidas que pueden producir resultados de signo contrario al esperado (fake measures), medidas de relación coste/efectividad desfavorable, etc. facilitando en su anexo 3 criterios orientativos para la evaluación y mitigación de este riesgo de impacto para cada uno de los principales tipos de medidas programadas para hacer frente a las presiones significativas.
c) Generación de impactos negativos colaterales, caso de medidas que benefician a un factor ambiental, pero perjudican a otros, incluyendo en su anexo 1 criterios para facilitar su identificación.
En el estudio ambiental estratégico se ha llevado a cabo un análisis para las masas de agua con incumplimientos en