Categoría: Administración

tender desestimada la solicitud de ayuda.
3. La resolución del procedimiento de concesión de las ayudas pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida en los plazos y formas señalados en el artículo 25 de las bases reguladoras.
1. En relación con lo establecido en el artículo 27.2 de las bases reguladoras, para esta convocatoria no se exige al beneficiario la constitución de garantías por el pago anticipado de la ayuda.
2. De conformidad con el artículo 27 de las bases reguladoras, la ayuda total será abonada una vez dictada la resolución de concesión y tras haberse acreditado por el beneficiario el cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago.
3. El pago de la ayuda estará supeditado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras, así como los señalados en el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el artículo 24.3 de las bases reguladoras y en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellos, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no hallarse en ninguna de las situaciones concursales previstas en dicho artículo.
El pago de la ayuda también estará supeditado a que el beneficiario esté al corriente del cumplimiento de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ya sea en concepto de devoluciones de las cuotas de amortización o bien por haber incurrido en alguna causa de reintegro del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. En el caso de que el beneficiario no acredite el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá para que, en el plazo de diez días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte la oportuna documentación acreditativa. La no aportación o aportación fuera de plazo conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho al cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.
5. La declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y la de encontrarse al corriente del pago en concepto de reembolsos de préstamos formarán parte del propio documento de aceptación de la ayuda.
6. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la cuenta bancaria en la que desee recibir el pago.
1. La justificación de la realización del proyecto por el beneficiario se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las bases reguladoras.
2. La modalidad de justificación para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor. No obstante, para el cálculo de los gastos directos de personal se aplicará un tipo fijo de hasta el 20 por ciento de los costes directos del proyecto que no sean costes de personal, y para los costes indirectos también un tipo fijo de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionables.
La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas conteniendo una relación clasificada de todos los costes directos elegibles con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, con indicación, en su caso, de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto aprobado. Con dicha relación se adjuntarán las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la documentación acreditativa del pago, con la excepción, de las facturas y documentos de pago asociados de importe inferior a 3.000 euros, sin perjuicio de su aportación en cualquier momento posterior, previo requerimiento.
Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable de que no se incluyen gastos facturados por personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, con las excepciones que, en su caso, se indiquen expresamente. A estos efectos se entenderá por personas físicas o jurídicas vinculadas las del denominado grupo «ampliado» definido en la Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
El informe de auditor deberá ajustarse a lo dispuesto en la «Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio» aprobada por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. En la elaboración de dicho informe se deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Se comprobará que los justificantes de gastos y pagos se corresponden con los originales y cumplen con la normativa correspondiente en cada caso.
b) Se dejará constancia de la irrefutable vinculación entre el informe y el contenido revisado de la cuenta justificativa, para lo cual el auditor deberá firmar no solo el informe, sino además la memoria de actuación y la relación clasificada de los gastos del proyecto.
c) Se verificará que la naturaleza, cantidad y características de la totalidad de los gastos se corresponden a los fines para los que se concedió la subvención y son elegibles, de acuerdo con las bases reguladoras, la convocatoria y la resolución de concesión y, además, cumplen con la normativa de aplicación. Se detallarán los resultados de dicha verificación.
d) Se comprobará que los gastos y pagos son elegibles y fueron comprometidos, realizados y pagados dentro del período subvencionable.
Se deberá verificar que cuando el importe de los gastos subvencionables supere las cuantías de 40.000 euros en caso de obras y de 15.000 euros en caso de otros contratos, el beneficiario, antes de la firma de los contratos, ha solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores y la elección se realizó con criterios de eficiencia y economía, justificando expresamente en la memoria económica de la cuenta justificativa, la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
e) Se verificará que en los registros contables del beneficiario hay constancia de la correcta contabilización de los ingresos y gastos correspondientes a la actividad subvencionada, así como del pago de dichos gastos.
f) Se verificará además que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad separado o bien asigna un código contable adecuado para todas las transacciones relativas al proyecto subvencionado, dejando en este último caso, constancia de tal código en el propio informe.
g) Se comprobará que el beneficiario no recibió otras ayudas para el mismo proyecto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) de la citada Norma de actuación de los auditores de cuentas, cuando el beneficiario haya sido auditado por un auditor distinto al nombrado para revisar la cuenta justificativa, obtendrá el informe de auditoría con objeto de conocer si existe alguna salvedad en dicho informe que pudiera condicionar su trabajo de revisión. Asimismo, comunicará el encargo al auditor de cuentas de la sociedad, solicitando del mismo cualquier información de que disponga y que pudiera condicionar o limitar la labor de revisión de la cuenta justificativa. Dicha solicitud de información se llevará a cabo previa autorización del beneficiario al auditor de cuentas de la sociedad para facilitarla.
El informe de auditor deberá presentarse en formato electrónico y firmado electrónicamente por el auditor utilizando la aplicación Autofirma, según lo dispuesto en el apartado décimo de esta convocatoria.
En el anexo 3 de esta convocatoria se facilitan instrucciones respecto al contenido de la cuenta justificativa.
3. La presentación de la documentación justificativa se realizará utilizando la aplicación de justificación, disponible en la consulta del expediente, a través del registro electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del proyecto será presentada por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión, salvo que en ella se establezca un plazo más corto. La documentación se remitirá al órgano encargado del seguimiento de las ayudas, sin perjuicio de la presentación de los informes de seguimiento que se establezcan en la resolución de concesión y de los que expresamente solicite el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, en los plazos y con el contenido que allí se determine.
En todo caso, los gastos previstos deberán realizarse siempre dentro del período de realización del proyecto especificado en la resolución de concesión más, en su caso, la ampliación concedida. Sin embargo, los documentos de pago pueden tener fecha de vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.
5. Con posterioridad a la presentación de la documentación anterior, se realizarán las actuaciones de comprobación por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1.
Si se dedujera que la inversión acreditada ha sido inferior a la financiable o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia. En todo caso, para apreciar incumplimiento parcial, el grado de cumplimiento de los objetivos de extensión de cobertura para los que se concedió la ayuda deberá superar el setenta por ciento.
6. Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la ayuda concedida emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. Esta certificación será notificada al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el cual incluirá el trámite de audiencia al interesado.
7. La cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de las bases reguladoras, salvo en los casos de incumplimiento del efecto incentivador contemplado en la normativa de ayudas de Estado, consistente básicamente en no haber iniciado el proyecto con anterioridad a la solicitud, o de incumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo 5 para considerar que el proyecto no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) en los que la cantidad a reintegrar será la totalidad de la ayuda.
1. El beneficiario se atendrá a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de las bases reguladoras en relación con las comprobaciones del órgano encargado del seguimiento de las ayudas, de los controles financieros de la Intervención General de la Administración del Estado, de los controles fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y de los controles que pueda realizar la Comisión Europea.
2. Asimismo, para el cumplimiento de las obligaciones de información referidas en las Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2023/C 36/01), los beneficiarios deberán facilitar, a través de los medios señalados en el artículo 17 de las bases reguladoras, la información a la que se refiere el artículo 29.7. Asimismo, los beneficiarios vendrán obligados a facilitar cualquier información adicional que se requiera por la Comisión Europea.
3. En cuanto a la custodia de los documentos los beneficiarios deberán observar lo establecido en el artículo 29.6 de las bases reguladoras asegurándose de que los originales de los documentos justificativos presentados estén a disposición de los organismos encargados del control, referidos en el punto 1 anterior, en tanto no prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro y, al menos, durante un período de diez años, a partir de la certificación definitiva emitida por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 30 de las bases reguladoras.
En lo no previsto en esta convocatoria serán de aplicación las bases reguladoras y la normativa referida en su artículo 2.
La memoria del proyecto que ha de incluirse con la solicitud tendrá la estructura y el contenido mínimo que se recoge en los apartados siguientes. Dicho contenido podrá ser ampliado, a través de anexos debidamente referenciados, con toda aquella información adicional que se considere relevante.
La memoria tendrá un título breve (longitud no superior a 180 caracteres) de forma que, en caso de resultar aprobado, su publicación junto con el nombre del operador, el lugar de realización, el presupuesto y la ayuda concedida, proporcione una información representativa y comprensible del mismo.
Se incluirá una descripción de alto nivel del proyecto, a modo de resumen ejecutivo.
En caso de que el proyecto forme parte de una actuación más amplia, a llevar a cabo por el solicitante o por otros operadores, se describirá también el conjunto, así como los planes o previsiones de realización de la parte de dicha actuación no contemplada en el proyecto para el que se solicita la ayuda.
En la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se publica la relación de zonas elegibles de cada zona de concurrencia. A dicha publicación se podrá acceder desde la sede electrónica (https://sede.mineco.gob.es/) o directamente desde el portal de ayudas (https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx).
En la solicitud-cuestionario de la ayuda ya están cargadas todas las zonas elegibles, por lo que sólo será necesario seleccionar aquellas que se vayan a incluir en el ámbito geográfico del proyecto, precisando para cada una los objetivos de cobertura en número de unidades inmobiliarias, detallando cuantas de ellas son viviendas.
Se deberá justificar razonadamente la demanda de servicios de muy alta velocidad de las unidades inmobiliarias que constituyan su objetivo de cobertura en aquellas zonas del ámbito de actuación donde el solicitante identifique un número de unidades inmobiliarias serviciables superior al publicado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en la relación de zonas elegibles. Para esta convocatoria, se necesita justificación adicional para las unidades inmobiliarias de los usos catastrales A, M, B y Z (o sus equivalentes en los territorios forales de País Vasco y Navarra) que evidencie una continuidad de presencia en el inmueble o actividad económica.
Se considerará elegible, con carácter general, una única unidad inmobiliaria por referencia catastral de veinte dígitos del bien inmueble.
La descripción técnica incluirá:
– La solución tecnológica elegida, la descripción y topología de la red o redes de acceso objeto del proyecto y la ubicación de las unidades de terminación de línea, centrales locales o cabeceras involucradas, aunque no se incluyan gastos en las mismas, así como los enlaces de backhaul incluidos. A tal efecto se incluirán diagramas de bloques debidamente explicados que faciliten su comprensión, así como la motivación de su adecuación a la zona y de su sostenibilidad a medio-largo plazo.
– La identificación, cuantificación y dimensionamiento de las unidades de obra de adaptación o de creación de red, tanto de infraestructuras pasivas y obra civil, como de equipamiento activo en relación con la demanda de cobertura estimada y las obligaciones de acceso mayorista. A tal efecto se incluirá la información cartográfica necesaria para precisar su ubicación geográfica.
– Valoración de la sostenibilidad de la solución elegida en base a su escalabilidad para adaptarse a las previsibles variaciones de la demanda.
Se facilitará el alcance y las principales conclusiones del análisis de reutilización de otras infraestructuras que, en su caso, se haya realizado con carácter previo a la definición del proyecto, así como el grado de aprovechamiento finalmente incluido en el mismo.
Con respecto al plan de ejecución del proyecto, se incluirá la siguiente información relativa al despliegue de las infraestructuras:
– Descripción y delimitación de las fases y principales actividades a realizar, tales como: Obtención de permisos y licencias, realización de obra civil, adquisición de materiales y su instalación. La delimitación de cada fase y actividad incluirá la cuantificación de las unidades de obra asociadas y de otros recursos necesarios.
– Cronograma de previsiones sobre el inicio y finalización de las fases y principales actividades hasta la puesta en funcionamiento de la red proyectada.
Además, se describirá la organización prevista para la ejecución del proyecto en los siguientes aspectos:
– Una descripción del equipo de trabajo formado por personal propio, en su caso, que incluya: número y perfiles profesionales de los miembros del equipo de trabajo y sus funciones.
– En relación con los aprovisionamientos de bienes y servicios, se expondrán los mecanismos de selección de proveedores, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15.3 de las bases reguladoras, en donde se establece que se deberán tener en cuenta tres ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías de 40.000 euros en caso de obras y de 15.000 euros en caso de otros contratos, debiendo incorporar una justificación expresa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
– Si el proceso de selección de algún proveedor de bienes o servicios no se realizara específicamente para este proyecto, por formar parte de un procedimiento general del operador, se deberá aportar una descripción de dicho procedimiento.
– La previsión, en su caso, de la realización de subcontrataciones, entendiendo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de las bases reguladoras, un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada (la extensión de la cobertura de banda ancha prevista).
El Plan de Negocio incluirá al menos los siguientes subapartados:
– Presupuesto detallado. Se facilitará el presupuesto detallado, de forma que para cada concepto se cumplimenten las siguientes partidas: denominación, descripción, unidad de medida, coste unitario, previsión del número de unidades e importe.
Sólo se reflejaran en este presupuesto aquellos gastos que sean elegibles, tanto por su naturaleza como por el plazo de realización (que comprende desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha final prevista para la ejecución del proyecto, cuyo límite es el 31 de diciembre de 2025).
Los costes directos de personal se podrán calcular a un tipo fijo de hasta un 20 por ciento del importe total presupuestado en Infraestructuras pasivas y obra civil y en equipamiento activo. Asimismo, como importe de costes indirectos se podrá calcular un tipo fijo de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionables. En ambos casos no se requerirá justificación si el porcentaje aplicado no supera los costes asociados a estos conceptos. contabilizados como inversión por el beneficiario.
– Plan de explotación y comunicación. Se indicarán los principales tipos de servicios de red que se prevén comercializar, tanto a nivel minorista como mayorista, el nivel de precios, el canal de distribución/ventas, las promociones, las acciones de comunicación y cualquier otro aspecto relevante.
Cuando se trate de operadores no integrados verticalmente se facilitará la información correspondiente a los servicios y precios de las comunicaciones electrónicas que se prestarán a los usuarios finales a través de la red incluidos en el acuerdo comercial firmado con al menos un operador minorista.
Cuando se trate de un operador que no preste directamente servicios al usuario final como operador minorista, junto a la solicitud deberá presentar un acuerdo comercial firmado con al menos un operador minorista que preste dicho servicio a los usuarios finales en el que se traslade la obligación de asegurar la prestación del servicio de banda ancha de al menos 300 Mbps, tanto en sentido descendente como ascendente, en el plazo de un mes desde la solicitud de contratación por parte de un usuario final ubicado en una unidad inmobiliaria considerada cubierta a la finalización del proyecto.
– Análisis de la demanda. Se valorará la estimación de la demanda a lo largo de un horizonte temporal de diez años que permita apreciar su evolución acorde con las características de las zonas objeto del proyecto y los servicios ofrecidos. Esta estimación se realizará en base a dos escenarios: el que se considere más probable y un segundo pesimista, detallando en ambos casos las hipótesis adoptadas.
– Análisis económico. Siguiendo el esquema que a continuación se presenta se deberán facilitar los flujos de caja que se estima generará el proyecto, considerando el margen temporal de diez años en base al escenario más probable con y sin ayuda.
Como ingresos, cuando se trate de operadores integrados verticalmente, se podrá incluir la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a través de la red para la que se solicita la ayuda.
Los gastos se presentarán diferenciados entre inversiones en bienes capital (CAPEX) y gastos corrientes.
● CAPEX subvencionable: Será la inversión en obra y equipos que se ajusta a lo establecido en el artículo 15 de las bases reguladoras.
● CAPEX no subvencionables: Resto de la inversión necesaria, pero que no tiene la consideración de subvencionable de acuerdo con el artículo citado de las bases reguladoras.
● Gastos corrientes /ordinarios: serán los necesarios y derivados de la propia actividad ordinaria, es decir el despliegue y explotación de la red de telecomunicaciones.
Los impuestos serán un porcentaje sobre el resultado de explotación.
Por último, y de forma independiente se presentará el mismo cálculo, pero incluyendo el efecto de la ayuda como inyección de liquidez recibida al comienzo del periodo de ejecución del proyecto.
Se motivará la necesidad de la ayuda a través del análisis de sensibilidad sobre los resultados del proyecto a largo plazo (10 años), en función de previsiones sobre la evolución de las principales variables. Dicha necesidad deberá reflejarse en la existencia de un déficit comercial o baja rentabilidad a largo plazo que impida la ejecución del proyecto en este momento y será expresada mediante los ratios siguientes: coste medio de capital (WACC), tasa interna de retorno, valor actual neto y plazo de recuperación de la inversión.
Las previsiones de demanda y de ingresos y gastos aportados serán la base del análisis sobre la posible existencia de sobrecompensación que, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, se lleve a cabo por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
El Plan de Contingencia contendrá un conjunto de procedimientos que permita mantener el desarrollo normal del proyecto asegurando el cumplimiento de los objetivos de cobertura en los plazos de ejecución previstos.
Se realizará un análisis de los posibles riesgos a los que se enfrenta el proyecto, detectando para cada ámbito del proyecto las amenazas y vulnerabilidades.
Así mismo, el plan de contingencia incluirá el conjunto de medidas técnicas y organizativas previstas tanto para prevenir y como para mitigar el impacto de los riesgos identificados en el cumplimiento de los objetivos de cobertura en los plazos de ejecución previstos.
Como norma general, tal como se establece en el artículo 14 de las bases reguladoras, se consideran gastos elegibles, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 83 del Reglamento de dicha ley, los siguientes conceptos asociados al proyecto:
a) Infraestructuras pasivas y obra civil.
b) Equipamiento activo.
c) Gastos de personal propio.
d) Costes indirectos imputables al proyecto.
Todos ellos deberán realizarse siempre dentro del período especificado de realización del proyecto más, en su caso, la ampliación concedida.
Además, según el artículo 6.4 de las bases reguladoras, no serán elegibles las partidas de gasto asociadas a infraestructuras no relacionadas con el acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador beneficiario de la ayuda.
a) Infraestructuras pasivas y obra civil. Se incluyen en este concepto los costes de las obras de ingeniería civil, así como los elementos pasivos que comprenden la parte física de la red, incluidos conducciones, canalizaciones, postes, mástiles, torres, fibra oscura, armarios, cables, etcétera. Ninguno de estos costes incluye costes de personal del beneficiario.
b) Equipamiento activo. Se incluye en este concepto el coste de adquisición, instalación e integración de los sistemas, aparatos y equipos activos necesarios para la ejecución del proyecto que pasen a formar parte del patrimonio del beneficiario y sean inventariados. Asimismo, se consideran dentro de este concepto todos aquellos bienes y materiales cuyo uso supone su consumo y que este sea necesario para la correcta instalación e integración de los sistemas, aparatos y equipos adquiridos (fungibles). Ninguno de estos costes podrá incluir costes de personal del beneficiario.
c) Gastos de personal propio. De acuerdo con la opción de costes simplificados en la modalidad de tipo fijo, los gastos de personal propio se calcularán a un tipo del 20 % de los costes directos de la operación que no sean costes de personal.
d) Costes indirectos imputables al proyecto. Los costes indirectos se calcularán a un tipo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables, de acuerdo con la modalidad de costes simplificados de tipo fijo.
No se han considerado subvencionables a efecto del cálculo de los baremos estándar de costes unitarios, los siguientes conceptos de gasto:
a) Intereses deudores.
b) Los demás gastos financieros. No obstante, en caso de arrendamiento financiero o leasing, serán subvencionables las cuotas devengadas durante el periodo de ejecución del proyecto, siempre que conste el compromiso en firme de ejercer la opción de compra del bien a la finalización del contrato.
c) El Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario y los impuestos de naturaleza similar.
d) Los impuestos personales o sobre la renta.
e) Contribuciones en especie.
f) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
g) Gastos de procedimientos judiciales.
h) Gastos de garantías bancarias o de otro tipo.
i) Gastos de amortización, de mantenimiento y de reparación.
j) Adquisición de terrenos o de locales.
k) Adquisición de equipos o instalaciones de segunda mano.
l) Seguros.
m) Alquiler de locales, equipos o infraestructuras.
n) Material fungible de oficina: papelería, fotocopias, disquetes, material de vidrio y reactivos, material cartográfico, etc.
o) Equipamiento de oficina: mobiliario (armarios, mesas, sillas, archivos, etc.), aparatos de comunicación (teléfono, fax, etc.), fotocopiadora, etc. o informático (hardware y software).
La cuenta justificativa debe incluir los siguientes elementos:
1. La Solicitud de Verificación Técnico Económica. Es el documento por el cual el beneficiario declara la consecución de los objetivos del proyecto, presenta la documentación que compone la cuenta justificativa y solicita la realización de la correspondiente verificación técnico económica.
2. La Memoria de actuación, que contendrá toda la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda y, en particular, los siguientes aspectos:
a) Descripción de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en términos de cobertura alcanzada, expresada en unidades inmobiliarias cubiertas (viviendas y otro tipo de inmuebles), según se haya establecido en la resolución de concesión, así como el valor de los indicadores que, en su caso, se incluyeran en dicha resolución.
La información relativa a la cobertura alcanzada se facilitará en un archivo en formato CSV que incluirá los datos georreferenciados de las unidades inmobiliarias cubiertas, su referencia catastral y el detalle de si se corresponde con una vivienda, de acuerdo con el modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/), en el apartado de «Justificación».
b) Descripción y motivación de las desviaciones respecto a lo previsto en la memoria de solicitud, con indicación expresa de las modificaciones realizadas, las cuales podrán incluir: Las expresamente autorizadas por el órgano concedente, las modificaciones menores autorizadas por el órgano encargado del seguimiento de la ayuda, así como las que no hayan necesitado de autorización previa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de las bases reguladoras. En el caso particular de que hubiera zonas de actuación en las que no se haya realizado el despliegue, se deberán incluir los motivos técnicos o de otra naturaleza por los que no se ha podido realizar el despliegue, más allá de la mera motivación económica.
c) Actividades de información y publicidad realizadas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la orden de bases, y, en particular:
– Relación de las medidas de comunicación llevadas a cabo, junto con las evidencias materiales de haber incluido en ellas las menciones al Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación Digital como entidad financiadora y a la Unión Europea mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «–financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU».
– Indicación de la URL de su sitio de internet en la que se encuentra una breve descripción del proyecto, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión, junto con las evidencias materiales que lo acrediten (capturas de pantalla).
3. La memoria económica, que contendrá toda la información necesaria para acreditar la adecuación y el importe de los gastos incurridos en las actividades realizadas y su pago. Estará formada por los siguientes elementos:
1. Ficha de gastos por partida presupuestaria: Una relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor y del documento justificativo, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
En sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (https://sede.mineco.gob.es/) estarán disponibles modelos generales de fichas que deberán utilizarse a estos efectos, salvo que el órgano encargado del seguimiento de las ayudas le haya proporcionado un modelo personalizado de dicha ficha.
2. Copias digitalizadas, conforme a lo dispuesto en el apartado décimo de esta convocatoria, de los documentos de gasto y pago identificados en las relaciones anteriores. En particular, los siguientes:
– Adquisición de materiales, equipos o servicios: factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, con la excepción de las facturas de importe inferior a 3.000 euros, sin perjuicio de su aportación en cualquier momento posterior, previo requerimiento.
– Consumos internos: En el caso de aprovisionamiento de materiales mediante consumos internos se adjuntará la información necesaria que posibilite la trazabilidad de la salida de almacén del material imputable al proyecto, de forma que sea comprobable la cantidad, precio de salida y el destino. Además, cuando la valoración no sea a precio medio ponderado se incluirá la norma de valoración. En cualquier caso y como parte del contenido de la memoria de actuación se documentará la aplicación de la norma contable de valoración de las salidas de almacén, mediante la inclusión del caso de uno de los materiales habitualmente utilizados en este tipo de proyectos.
– Pagos: Justificantes bancarios del pago de cada factura aportada o documento de valor probatorio equivalente. Dichos justificantes deberán permitir la identificación indubitable del documento acreditativo del gasto que se paga. Las remesas de pagos o pagos agrupados no se consideran justificantes si no van acompañados del correspondiente extracto de la remesa que indique el desglose de los pagos.
Se admitirán como justificante de pago las certificaciones emitidas por el proveedor o por una entidad bancaria en las que declare que la deuda ha sido saldada, siempre que estén correctamente selladas y firmadas por un responsable identificado, y recojan un listado con los números de factura, importes totales pagados y fechas de pago.
Cuando el beneficiario tenga contratado con una entidad financiera un servicio de gestión de pagos a proveedores (confirming), el certificado podrá ser emitido por dicha entidad y recogerá como fecha de pago la del vencimiento, independientemente de si el proveedor recibió el pago de forma anticipada.
Tanto la memoria de actuación como las fichas de gasto deberán estar firmadas por el auditor al objeto de establecer de forma irrefutable la vinculación entre el informe del auditor y el contenido revisado de la cuenta justificativa.
4. El informe de auditor, conforme al contenido indicado en el apartado decimoquinto punto 2 de la convocatoria.
5. Las declaraciones responsables señaladas en el artículo 28.2.c) y en su caso del artículo 11.5 de la orden de bases, conforme a los modelos proporcionados por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
6. Una descripción de cómo se ha dado cumplimiento a las condiciones específicas a respetar en relación con el principio de no causar daño significativo (DNSH) que se recogen en el anexo 5 de esta convocatoria.
7. Otros documentos:
– Información técnica sobre los equipos y sistemas: breve descripción de sus características técnicas y posibilidades de uso. En caso de estar disponibles en Internet, basta con facilitar el enlace a la página correspondiente.
– Identificación de la ubicación física y funcional de los equipos, sistemas y demás materiales vinculados al proyecto: Planes de replanteo, programación de las tareas, etc.
– Certificaciones de la obra ejecutada: Documentos de la supervisión de la obra realizada y de las unidades inmobiliaria puestas en cobertura.
– Justificación de que el coste de adquisición de los gastos subvencionables no es superior al valor del mercado.
El órgano encargado del seguimiento de la ayuda podrá solicitar información adicional para la comprobación de la realización de las actividades objeto de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 29.5 de la orden de bases.
Los archivos que forman parte de la cuenta justificativa se presentarán adecuadamente nombrados según las indicaciones proporcionadas por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas o, en su defecto, según las recogidas en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital (https://sede.mineco.gob.es/).
Definición. Se valora el incremento de los objetivos de cobertura, en términos de unidades inmobiliarias equivalentes, respecto al mínimo exigido para el ámbito de concurrencia al que se dirige el proyecto.
Al proyecto con mayor incremento se le otorgará la máxima puntuación; a los proyectos sin mejora respecto al mínimo exigido se les otorgará cero puntos; al resto de proyectos se le otorgará la puntuación intermedia que corresponda manteniendo la misma proporción.
Aplicación. Para cada zona del ámbito de actuación se considerarán las unidades inmobiliarias presentadas por el solicitante ajustadas a lo recogido en el artículo 6.3 de las bases reguladoras y que resulten admisibles. Las unidades inmobiliarias equivalentes se calcularán aplicando el coeficiente de ponderación que se detalla en el artículo 35.4 de la convocatoria.
Al número de unidades inmobiliarias equivalentes así obtenidas se le asignará una puntuación entre 0 y 60 puntos. Para ello, de acuerdo con la definición del criterio, para cada ámbito de concurrencia se le otorgará la puntuación máxima al proyecto con mayor incremento de unidades inmobiliarias que se hayan considerado válidamente incluidas en la solicitud respecto al mínimo exigido; cero puntos al proyecto sin mejora alguna respecto al mínimo exigido; y al resto, el resultado de multiplicar la diferencia entre las unidades inmobiliarias consideradas y el mínimo exigido, por la puntuación máxima y dividido por el número de unidades inmobiliarias por encima del mínimo exigido que se hayan considerado en el proyecto con mayor incremento de la zona de concurrencia.
Definición. Se valora el grado de acercamiento de la extensión de cobertura prevista al 100 % de las zonas elegibles identificadas en su ámbito de concurrencia.
En cada ámbito de concurrencia, al proyecto con mayor porcentaje de zonas elegibles comprometidas se le otorgarán los 10 puntos, al que ofrezca menos de un 70 % 0 puntos y al resto la puntuación intermedia que corresponda siguiendo la misma proporción.
Aplicación. Para cada proyecto se obtendrá el porcentaje de zonas del ámbito de concurrencia que se han incluido en el ámbito geográfico de actuación propuesto por el solicitante (C %).
La puntuación se obtendrá como el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Siendo Cmax el porcentaje de cobertura del proyecto que presenta mayor número de zonas a cubrir respecto de las publicadas para el ámbito de concurrencia.
Definición. Se valorará la calidad y concreción del proyecto, en cuanto a la solución técnica propuesta y el plan de ejecución del proyecto, con especial atención al detalle de la red y del equipamiento proyectados, así como las actividades y recursos involucrados, a su localización, a la identificación de las fases e hitos y al aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Se otorgará la máxima puntuación al que obtenga la consideración de excelente en todos los aspectos, cero puntos al que no aporte información que pueda considerarse útil a dichos efectos y al resto la puntuación intermedia que corresponda.
Aplicación. La baremación de este criterio se realizará atendiendo a la puntuación asignada a cada uno de los siguientes subcriterios:
a) Descripción técnica (máximo 5 puntos): Se valorará la claridad y concreción de la descripción técnica del proyecto como excelente, muy buena, buena, aceptable, regular o deficiente, asignándole respectivamente 5, 4, 3, 2, 1 o cero puntos, en base a la calidad del diseño de la red, el dimensionamiento del equipamiento y las obras a realizar.
b) Aprovechamiento de infraestructuras (máximo 3 puntos): Asimismo, se valorará como excelente, bueno, aceptable o deficiente el grado de aprovechamiento de las infraestructuras existentes (canalizaciones, postes u otras) que tengan como objeto mejorar la eficiencia económica y minimizar el impacto medioambiental, asignando respectivamente 3, 2, 1 o 0 puntos.
c) Plan de ejecución (máximo 2 puntos): se valorará la claridad y concreción de la descripción y delimitación temporal de las fases e hitos de la ejecución del proyecto, la descripción de los recursos humanos involucrados y la fecha de la puesta en funcionamiento de la red proyectada. Teniendo en cuenta lo anterior, se calificará este plan de ejecución como excelente, bueno o deficiente asignándose respectivamente 2, 1 o 0 puntos.
Definición. Se valorará la calidad y concreción del presupuesto presentado, del plan de negocio en cuanto a los servicios mayoristas y minoristas, del plan de explotación y comunicación previsto, del análisis de la demanda realizado, y del análisis económico que justifique la propuesta.
Se otorgará la máxima puntuación al que obtenga la consideración de excelente en todos los aspectos, cero puntos al que no aporte información que pueda considerarse útil a dichos efectos y al resto la puntuación intermedia que corresponda.
Aplicación. La baremación se realizará atendiendo a la puntuación asignada a cada uno de los siguientes subcriterios:
Presupuesto detallado (máximo 4 puntos): se considerará excelente si la distribución del gasto entre las diferentes partidas presupuestarias y la descripción del concepto, permite relacionar el dimensionamiento económico del proyecto con los objetivos de cobertura. Teniendo en cuenta lo anterior, se calificará como excelente, muy bueno, bueno, aceptable o deficiente asignándole respectivamente 4, 3, 2, 1 o 0 puntos:
a) Plan de Explotación y comunicación (máximo 4 puntos): Se valorarán los tipos de servicios a comercializar y sus planes de precios correspondientes, tanto a nivel mayorista como minorista, así como la calidad y concreción de las acciones de comunicación del proyecto. Se calificará como excelente, muy bueno, bueno, aceptable o deficiente asignándole respectivamente 4, 3, 2, 1 o 0 puntos.
b) Análisis de la demanda (máximo 4 puntos): Se valorará la estimación de la demanda a lo largo de un horizonte temporal de diez años que permita apreciar su evolución acorde con las características de las zonas objeto del proyecto y los servicios ofrecidos. Esta estimación se realizará en base a dos escenarios: el que se considere más probable y un segundo pesimista, detallando en ambos casos las hipótesis adoptadas. Se calificará como excelente, muy bueno, bueno, aceptable o deficiente asignándole respectivamente 4, 3, 2, 1 o 0 puntos.
c) Análisis económico (máximo 4 puntos): Se valorará la información sobre los flujos de caja para el escenario más probable planteado en el subcriterio anterior de forma que justifique la necesidad de ayuda pública, teniendo en cuenta la demanda, los servicios y los precios estimados. También serán tenidas en consideración otras apreciaciones sobre la viabilidad del proyecto que puedan aportar información relevante. Se calificará el análisis económico como excelente, muy bueno, bueno, aceptable o deficiente asignándole 4, 3, 2, 1 o 0 puntos respectivamente.
Definición. Se valorará la calidad y concreción del plan de contingencia que incluya los riesgos y las medidas de prevención y mitigación contempladas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cobertura dentro de los plazos de ejecución previstos.
Se otorgará la máxima puntuación al que obtenga la consideración de excelente en todos los aspectos, cero puntos al que no aporte información que pueda considerarse útil a dichos efectos y al resto la puntuación intermedia que corresponda.
Aplicación. La baremación se realizará atendiendo a la puntuación asignada a cada uno de los siguientes subcriterios:
a) Análisis de riesgos (máximo 2 puntos): Se valorará la identificación de los riesgos, detectando, en los distintos ámbitos del proyecto, las posibles vulnerabilidades y amenazas que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos de cobertura dentro de los plazos de ejecución previstos. Se calificará el análisis realizado como excelente, bueno o deficiente asignándole 2, 1 o 0 puntos respectivamente.
b) Gestión de los riesgos (máximo 2 puntos): Se valorará la adopción de medidas técnicas y de organización adecuadas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Se calificará el análisis realizado como excelente, bueno o deficiente asignándole 2, 1 o 0 puntos respectivamente.
Entre las obligaciones para cumplir con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, se encuentra la de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).
Por ello, el beneficiario de la ayuda debe prever los mecanismos que aseguren el cumplimiento en todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de las condiciones específicas que se enumeran a continuación asociadas a cada uno de los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852:
Don/Doña ..........................................................., DNI ......, como Consejero Delegado/Gerente de la entidad ..........................., con NIF ..........., y domicilio fiscal en ..................................... beneficiaria de subvenciones financiadas con recursos provenientes del PRTR para el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 15.I1 «Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida », declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
................................., de ..... de 2023.
Don/Doña ....................................................................., con DNI .........., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente de la entidad .........................., con NIF ....., y domicilio fiscal en ........................... en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR para el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 15.I1 «Favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes: Extensión de banda ancha ultrarrápida», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «Do No Significant Harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no