Categoría: Administración

En el recurso interpuesto por don J. M. R. L., abogado, en nombre y representación de «Lex Negotia, SLP», contra la nota de calificación emitida por el registrador Mercantil II de Madrid, don Manuel Serrano Fuentes, por la que se deniega la inscripción de una escritura de protocolización de acuerdos sociales, junto con otra de aclaración.
El caso examinado en este expediente, cuyo título constaba en la escritura autorizada el día 15 de marzo de 2021 por el notario de Valladolid, don Javier Campos Gómez, con el número 1.465 de protocolo, documento que fue posteriormente modificado mediante dos diligencias extendidas por el mismo notario los días 9 de junio y 26 de julio de 2021, y complementado a su vez por otra escritura «de aclaración» autorizada el día 3 de septiembre de 2021 por don Carlos Lozano Sáez Díaz, notario de Valladolid, en sustitución por imposibilidad accidental y para el protocolo del anterior, con el número 5.039, requiere de una explicación sintética y pormenorizada de las circunstancias relevantes que conforman el debate:
a) La sociedad «Lex Negotia, SLP» estaba integrada por diez socios profesionales, seis abogados y cuatro economistas, y regida por cuatro administradores mancomunados, tres abogados y un economista.
b) El día 2 de marzo de 2021, los socios economistas remitieron un escrito a la sociedad notificándoles el ejercicio por su parte del derecho de separación, con efectos el día 31 de marzo de 2021.
c) El día 5 de marzo de 2021 se recibieron en los locales de la sociedad situados en Valladolid seis cartas por burofax, remitidas por cada uno de los socios abogados, mediante las que se comunicaba a la compañía el ejercicio del derecho de separación con efecto inmediato. El día 8 de marzo de 2021 se recibieron en el mismo domicilio las cartas de dimisión, con firma legitimada notarialmente, de los tres administradores mancomunados ejercitantes del derecho de separación.
d) El día 10 de marzo de 2021 se celebró en los mismos locales de Valladolid una reunión de los cuatro socios economistas, a la que atribuían el carácter de junta universal, en la que revocaban su decisión de separarse de la sociedad y, entre otros extremos, acordaban por unanimidad cambiar la estructura del órgano de administración de la compañía, optaban por un administrador único y designaban para ocupar dicho cargo a uno de los socios economistas.
Tras sucesivas presentaciones y calificaciones negativas, fueron presentados nuevamente los documentos indicados el día 14 de diciembre de 2021 en el Registro Mercantil de Madrid, siendo objeto de la siguiente nota de calificación:
«Manuel Mora Álvarez, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3155/475.
F. presentación: 30/07/2021.
Entrada: 1/2021/186.424,0.
Sociedad: Lex Negotia Sociedad Limitada Profesional.
Hoja: M-653584.
Autorizante: Gómez Martínez Javier.
Protocolo: 2021/1465 de 15/03/2021.
Fundamentos de Derecho.
1. Presentado nuevamente el precedente documento (escritura autorizada por el notario de Valladolid don Javier Álvarez Iglesias el 15 de marzo de 2021, número 1465 de su protocolo, que incorpora diligencias de subsanación extendidas por dicho notario los días 9 de junio y 26 de julio de 2021, y de la escritura de aclaración de la anterior autorizada el 3 de septiembre de 2021 por el notario de Valladolid don Carlos L.Herrero Morales, como sustituto y para el protocolo de don Javier Álvarez Iglesias, número 5039 de su protocolo), que ya había sido objeto de calificación, y habiéndose inscrito las escrituras de transmisión de participaciones sociales a que hacían referencia los dos últimos defectos de la nota de calificación de 5 de octubre de 2021, se deniega su inscripción por los siguientes defectos, el primero y el segundo de los cuales son insubsanables:
1. Porque del documento presentado resulta la existencia de un conflicto societario que debe ser resuelto bien por los socios mediante el correspondiente acuerdo, bien por sentencia del Juez competente y no es, por tanto, inscribible en el Registro Mercantil, que es una institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas (RDGRN 2/8/2014, 24/7/2015 y 16/3/2016, entre otras).
Resulta, en efecto, de la certificación: a) que indica que la Junta es universal, cuando solo han asistido a ella cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, en total, pues, de 1032 participaciones sociales, y el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales; b) que varios socios han ejercitado en cartas de fecha 4 de marzo, recibidas el día 5 de marzo de 2021, el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, y c) que el ejercicio del derecho de separación por parte de dichos socios fue reactivo al ejercido antes por parte de los socios asistentes a la Junta, separación esta que habían preavisado a principios de febrero y que se comunicó en cartas que remitidas a la sociedad el día 2 de febrero, con fecha de efectos 31 de marzo de 2021.
Ahora bien, conforme al artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, “...el derecho de separación habrá de ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena fe, siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad”. Pues bien, las exigencias de la buena fe obligan a entender que quienes ejercieron su derecho en primer lugar, el 2 de marzo, aunque fuese con efectos diferidos al 31 de marzo del 2021, no pueden unilateralmente revocar su decisión de separarse de la sociedad para reunirse por sí solos en Junta Universal y adoptar acuerdos, sin contar con quienes se separaron posteriormente.
2. Porque, aunque la certificación de los acuerdos indica que han sido adoptados en una Junta Universal, resulta, sin embargo, de la propia certificación que solo han asistido a dicha Junta cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, en total, pues, de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales. La Junta, pues, contra lo que dice la certificación, no es universal, y puesto que ni consta que haya sido debidamente convocada, ni se ha aportado el texto del anuncio de su convocatoria, no tiene competencia para adoptar los acuerdos que se elevan a públicos. (artículo 159 LSC).
3. Porque, cualquiera que sea la interpretación que deba darse al artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, (“...el derecho de separación... siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad”), no se puede, en el caso presente, sin el consentimiento de los socios no asistentes a la Junta que ejercieron su derecho de separación, dar plena eficacia al ejercicio de dicho derecho, pues las comunicaciones en que lo ejercieron: a) no se acreditan fehacientemente; b) las firmas de los socios que ejercitan el derecho de separación no están legitimadas; c) las comunicaciones ejercitando el derecho de separación no fueron dirigidas al domicilio social.
4. Porque, aún en el supuesto de que en algún aspecto hubiese que considerar eficaz el derecho de separación ejercitado por los socios no asistentes a la Junta, no es posible practicar la inscripción del documento presentado sin la previa inscripción del documento o documentos en que se recoja la ejecución del derecho de separación, con, en su caso, las consiguientes transmisiones de participaciones sociales o reducción y correlativo aumento de capital (artículos 346 a 359 LSC y 208 RRM y concordantes).
5. No son inscribibles las renuncias de los tres administradores mancomunados, porque, habiendo sido objeto de presentación juntamente con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, no se ha solicitado la inscripción parcial de ésta (artículo 63 RRM).
En relación con la presente calificación: (…)
Madrid, tres de enero de dos mil veintidós».
Contra la anterior nota de calificación, don J. M. R. L., abogado, en nombre y representación de «Lex Negotia, SLP», interpuso recurso el día 4 de febrero de 2022 mediante escrito en los términos que, a continuación, se reproducen:
«I. Que he sido notificado el pasado día 3/01/2022 de la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, a practicar la inscripción de la escritora autorizada en fecha 15/03/2021 por el Notario de Valladolid, don Javier Álvarez Iglesias, con número 1465/2021 de su protocolo, mediante la cual se elevaba a público el acuerdo adoptado por la Junta Universal de la sociedad que represento de fecha 10/03/2021 consistentes en tener por ejercido el derecho de separación de los 6 socios abogados de la sociedad con fecha de efectos 5/03/2021 y por dimitidos a los 3 administradores mancomunados que habían presentado su renuncia; tener por nombrado como administrador único a don J. B. A. y por modificado órgano de administración social, así como el domicilio social, que pasa a estar en la calle (…) de Madrid.
II. Que entendiendo dicha calificación lesiva para los intereses de mi mandante y no ajustada a derecho, dicho sea en términos de defensa, mediante el presente escrito y al amparo del artículo 324 de la Ley Hipotecaria, formulo recurso gubernativo ante la Dirección General de Registros y del Notariado con base en los siguientes
Hechos.
Primero. La escritura objeto de la calificación que ahora se impugna fue presentada inicialmente el 21/04/2021 para su inscripción registral.
Dicho documento notarial eleva a públicos los acuerdos contenidos en la certificación de 10/03/2021, que se anexa al mismo. Dicha certificación expresamente recoge lo siguiente:
“En el local de la compañía sito en la plaza (…) de Valladolid, C.P. (…) y siendo las 10:00 horas del 10/03/2021, tiene lugar la celebración de la Junta Universal de socios de la entidad, por haberlo decidido así la totalidad de los socios, conforme a la siguiente lista de asistentes:
1. Doña S. G. G. S., con NIF (…), asiste personalmente como socio titular de 258 participaciones sociales,
2. Don J. B. A., con NIF (…), asiste personalmente como socio titular de 258 participaciones sociales.
3. Don C. A. I., con NIF (…), asiste personalmente como socio titular de 258 participaciones sociales.
4. Don L. M. G. S., con NIF (…), asiste personalmente como socio titular de 258 participaciones sociales.
Asienten, pues, presentes cuatro socios titulares, es decir, la totalidad de los socios actuales conforme a lo que se dirá más adelante, que acuerdan dar el carácter de universal a la presente junta.
También asiste el notario de Valladolid, Don Javier Álvarez Iglesias, que levanta la presente acta en su calidad de fedatario público, por haber sido requerido unánimemente por todos los socios.
El único de los administradores que no ha renunciado a su cargo, don J. B., declara la válida constitución de la Junta, de la que es presidente. Todos los socios asistentes tienen derecho a voto. Sobre las citadas manifestaciones, ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.
El citado sr. B. informa al resto de socios de los siguientes hechos:
1.º El pasado 5/03/2021, se recibió en el local de la sociedad (…) de Valladolid, una carta remitida por burofax por cada uno de los siguientes socios: doña A. M. S., doña I. F. P. C., doña P. A. F., don A. A. L. S., don J. A. C. P. y don J. I. H. G. En dichas cartas, remitidas el 4/03/2021, comunican a la sociedad que ejercitan su derecho de separación de la sociedad, con efectos desde ese mismo día, al amparo del artículo 13 de la ley de sociedades profesionales. Dichas cartas son reactivas a las que habían remitido a la sociedad el día 2/03/2021 los socios aquí reunidos, para comunicar que ejercitaban su derecho de separación de la sociedad, ya preavisado a primeros de febrero, y con fecha de efectos del 31/03/2021.
2.º El lunes 8/03/2021, se recibe en el mismo local social otra comunicación de los socios administradores mancomunados que se habían separado, fechada también el 4/03/2021, doña A. M. S., y don A. A. L. S., por la que notifican a la sociedad su cese inmediato, con efectos del 4/03/2021, de sus cargos de administradores mancomunados. El mismo día se recibe también comunicación de don J. I. H. G., por la que se comunica su renuncia al cargo de administrador mancomunado, que dice ser efectiva ‘desde la fecha de recogida en el encabezado de la presente’, sin que conste ninguna fecha en el encabezado. Añade que se compromete a solicitar la convocatoria de Junta General para el nombramiento de su ‘sustituto’. Todas las firmas de las cartas de dimisión a sus cargos sociales estaban legitimadas notarialmente el 4/03/2021.
3.º Durante el fin de semana del 6-7/03/2021, algunos de los socios y administradores ya separados y dimitidos entraron en el ocal [sic] social (…) y se llevaron de allí muebles, archivos, documentos, herramientas informáticas y bases de datos de propiedad de la sociedad, por entender que eran de uso personal y que podían abonar a su criterio, un importe a la sociedad por adquirir su propiedad.
4.º El lunes 8/03/2021, algunos de los socios y administradores separados y dimitidos volvieron, sorprendentemente, al local (…), para seguir ejerciendo su profesión.
5.º A día de hoy, ninguno de los socios separados ni de los administradores dimitidos ha presentado la menor rendición de cuentas de los asuntos profesionales pendientes, ni de los urgentes, ni de los relevantes, ni de ningún otro, ni se ha comunicado la menor intención de advertir a la sociedad de cualquier actuación de mayor o menor importancia para los próximos días ni semanas.
6.º A la vista de lo anterior, los 4 socios aquí reunidos, revocan en este acto su decisión de separarse de la sociedad, notificada el día 3/03/2021, pero con efectos desde el 31/03/2021.
Como consecuencia de lo que antecede, y previos los debates y deliberaciones correspondientes, la Junta adopta por unanimidad los siguientes
Acuerdos:
Primero. Sin perjuicio de iniciar contra cada uno de los antiguos socios las acciones judiciales y extrajudiciales que procedan, en cualquier jurisdicción, para exigir su responsabilidad, tanto societaria como profesional, contractual o extracontractual, por los anteriores hechos y los que puedan devenir como consecuencia directa o indirecta de los mismos, se toma nota y se tiene por separados a dichos socios desde el 5/03/2021, aunque no se comparten las causas expuestas en sus comunicados. Asimismo, se acuerda requerirles para que devuelvan de inmediato toda la documentación, bases de datos, herramientas, bienes, equipos, enseres y utilidades de cualquier tipo, de propiedad de la sociedad. También se les requerirá para que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades vigentes, den cuenta de los asuntos profesionales que venían gestionando, de su estado, de sus vencimientos, de los señalamientos judiciales pendientes y de cualquier otra información necesaria para continuar con la prestación de servicios jurídicos de la sociedad, por parte de los profesionales que ésta designe.
Segundo. Sin perjuicio de iniciar contra cada uno de los anteriores administradores dimitidos las acciones judiciales y extrajudiciales que procedan, en cualquier jurisdicción, para exigir su responsabilidad por las consecuencias de su actuación, tanto la expuesta, como de cualquier otra de la que pueda conocerse en los próximos días o semanas, se tiene a los 3 administradores mancomunados dimitidos por cesados en sus cargos, en todo caso, con fecha de su comunicación de su renuncia el (8/03/2021).
Tercero. Se modifica el órgano de administración social, que pasará a ser un administrador único.
Cuarto. Se nombra administrador único de la sociedad, por tiempo indefinido a don J. B. A., con DNI (…) y domicilio en (…) El designado, presente en este acto, acepta el cargo y promete desempeñarlo con lealtad y diligencia y asegurando no estar incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio, especialmente de las previstas en la ley 5/2006, de 10 de abril y Ley 6/89 de 6 de octubre de la Comunidad de Castilla y León.
Quinto. Se modifica el domicilio social pasando a estar el nuevo domicilio en C/ (…) Madrid. Y se autoriza al órgano de administración para que pueda trasladar dicho domicilio social dentro del territorio nacional. Como consecuencia, se modifica el artículo 4 de los estatutos sociales, que queda con el siguiente tenor literal:
‘Artículo 4. Domicilio Social. El domicilio social se fija en la calle (…) de Madrid (…)
El órgano de administración podrá trasladar dicho domicilio social dentro del territorio nacional, como también crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar del territorio nacional o extranjero’.
No habiendo más asuntos que tratar y con previa redacción y lectura del acta por el notario, es firmada por todos los socios, con el Visto Bueno del presidente.
Tras lo cual, se levanta la sesión.
Y para que conste, a los efectos de otorgar la escritura de protocolización de acuerdos, expido la presente en Valladolid a diez de marzo de dos mil veintiuno.
El administrador”.
Segundo. Además de la certificación cuya transcripción literal se ha recogido en el hecho anterior, se acompañaban a la escritura de cuya calificación se trata, las renuncias al cargo de administrador presentadas por los 3 administradores mancomunados abogados, que habían dejado simultáneamente de ser socios. Las firmas de las renuncias de dichos administradores estaban legitimadas notarialmente.
Presentada a la inscripción dicha escritura el 21/04/2021, el registrador mercantil evacuó una calificación negativa a la inscripción el 11/06/2021, por el siguiente defecto único y subsanable:
“1. Defecto subsanable: No consta en el Registro que el administrador único nombrado ostente la categoría de socio profesional. Artículo 4.º Ley 2/2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales.” (…)
Tercero. A la vista de lo anterior, el 30/07/2021 se volvió a presentar a inscripción la escritura de cuya calificación se trata, pero con la diligencia notarial a la que se acompaña la acreditación de que el administrador único nombrado ostenta la cualidad de economista colegiado, y por tanto, es un socio profesional. Sin embargo, volvió a emitirse una nota de suspensión de la inscripción por defectos el 17/08/2021 (…) Dicha nota dice así:
“1. Presentado nuevamente el precedente documento, se deniega su inscripción por los siguientes defectos, el primero de los cuales es insubsanable:
1. Aunque la certificación de los acuerdos que se elevan a público indica que estos han sido adoptados por unanimidad en una Junta Universal, resulta, sin embargo, del contenido de dicha certificación que solo han asistido a ella cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, titulares en total, pues, de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales.
Resulta por otra parte, del contenido de la certificación, que varios socios han ejercitado el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, pero no se ha aportado para su inscripción el documento en que se recoja el ejercicio del derecho de separación, con la consiguiente reducción de capital, documento que debe reunir los requisitos establecidos en los artículos 346 a 359 LSC y 208 RRM y concordantes.
La Junta, pues, contra lo que dice la certificación, no es universal, y puesto que no consta que haya sido debidamente convocada, ni se ha aportado el texto del anuncio de su convocatoria, no tiene, pues, competencia para adoptar los acuerdos que se elevan a públicos (artículo 159 LSC).
2. No son inscribibles los acuerdos de modificación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de administrador único. Efectivamente, en los acuerdos documentados se modifica el sistema de administración de la sociedad, que actualmente, conforme al Registro, está administrada por cuatro administradores mancomunados, para que en adelante esté administrada por un administrador único y se nombra para tal cargo a don J. B. A. Ahora bien, no se acredita que dicho señor sea socio profesional, ni resulta tal condición del Registro, ni su condición de abogado, ni (dice si, entendemos que por error) su colegiación. Con arreglo al artículo 4 de la Ley de sociedades profesionales, ‘Si el órgano de administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán de ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional.’
3. No son inscribibles las renuncias de los tres administradores mancomunados, porque, habiendo sido objeto de presentación juntamente con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, no se ha solicitado la inscripción parcial de ésta (artículo 63 RRM)”
Como puede verse, una vez subsanado el único defecto detectado en la nota de calificación registral inicial, aparecen no solo nuevos defectos, sino además algunos defectos que se califican de insubsanables. Lo que resulta sorprendente.
Sin embargo, el 20/08/2021, se emite nueva calificación registral negativa respecto de la misma escritura objeto del presente recurso (…) y que dice cuanto sigue:
“1. Presentado nuevamente el precedente documento en unión de diligencia notarial extendida a pie de título a efectos de protocolizar una certificación del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid, se reiteran los defectos número 1 y 3 de la nota de calificación de fecha 17 de agosto de 2021. Se deniega su inscripción por los siguientes defectos, el primero de los cuales es insubsanable:
– Aunque la certificación de los acuerdos que se elevan a público indica que estos han sido adoptados por unanimidad en una Junta Universal, resulta, sin embargo, del contenido de dicha certificación que solo han asistido a ella cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, titulares en total, pues, de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales.
Resulta por otra parte, del contenido de la certificación, que varios socios han ejercitado el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, pero no se ha aportado para su inscripción el documento en que se recoja el ejercicio del derecho de separación, con la consiguiente reducción de capital, documento que debe reunir los requisitos establecidos en los artículos 346 a 359 LSC y 208 RRM y concordantes.
La Junta, pues, contra lo que dice la certificación, no es universal, y puesto que no consta que haya sido debidamente convocada, ni se ha aportado el texto del anuncio de su convocatoria, no tiene, pues, competencia para adoptar los acuerdos que se elevan a públicos. (artículo 159 LSC).
– No son inscribibles las renuncias de los tres administradores mancomunados, porque, habiendo sido objeto de presentación juntamente con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, no se ha solicitado la inscripción parcial de ésta (artículo 63 RRM).”
En consecuencia, de las 3 causas de la negativa a la inscripción que figuraban en la nota de 17/08/2021, tan solo quedan 2 causas, en la nota de calificación de 20/08/2021.
Cuarto. Con el fin de aclarar la situación societaria creada y tratar de evidenciar que todos los defectos observados, pueden ser subsanados, se otorgó una nueva escritura de aclaración de la anterior de 15/03/2021, de acuerdos sociales. Y así, el 3/09/2021 se otorgó escritura de aclaración de otra de protocolización de acuerdos sociales, con el n.º 5039/2021 de orden del protocolo del notario don Javier Álvarez Iglesias, autorizada por el notario sustituto don Carlos L. Herrero Ordóñez (…)
En dicha escritura, el administrador único resultante de la Junta Universal de 10/03/2021, expone lo siguiente:
“I. Que en la Junta Universal de la sociedad celebrada el 10 de marzo de 2021, se adoptaron los acuerdos que figuran en la certificación unida a la escritura autorizada por mi compañero sustituido el 15 de marzo de 2021, número 1465.
II. Dicha Junta fue celebrada con carácter universal al comparecer los únicos socios de la sociedad que en dicha fecha eran doña S. G. G. S., don J. B. A., don C. A. I., y don L. M. G. S.
III. Que previamente y mediante cartas fechadas el día 4 de marzo de 2021, que fueron recibidas en el domicilio de la sociedad, los socios don J. I. H. G., don J. A. C. P., doña P. A. F., doña A. M. S., doña I. F. P. C. y don A. A. L. S. comunicaron a la entidad Lex Negotia, SLP, su decisión de ejercer su derecho de separación de la sociedad.
Se une a esta escritura los documentos de renuncia junto con los impresos de los certificados”.
Pues bien, presentada nuevamente al registro mercantil la escritura de 15/03/2021, acompañada ahora por esta otra de 3/09/2021, se volvió a emitir calificación registral negativa con fecha 5/10/2021 (…) Dicha nota de calificación dice así:
“1. Presentado en unión de diligencia notarial extendida a pie de título a efectos de protocolizar una certificación del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid y vuelto a presentar nuevamente en unión de escritura de aclaración de fecha 3 de septiembre de 2021, autorizada por el Notario de Valladolid don Carlos L.Herrero Ferrer, como sustituto de su compañero de residencia don Javier Álvarez Iglesias, protocolo 5039, se reiteran los defectos número 1 y 3 de la nota de calificación de 17 de agosto de 2021 y 20 de agosto de 2021. Se deniega su inscripción por los siguientes defectos, el primero de los cuales, es insubsanable:
– Aunque la certificación de los acuerdos que se elevan a público indica que estos han sido adoptados por unanimidad en una Junta Universal, resulta, sin embargo, del contenido de dicha certificación que solo han asistido a ella cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, titulares en total, pues, de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales.
Resulta por otra parte, del contenido de la certificación, que varios socios han ejercitado el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, pero no se ha aportado para su Inscripción el documento en que se recoja el ejercido del derecho de separación, con la consiguiente reducción de capital, documento que debe reunir los requisitos establecidos en los artículos 346 a 359 LSC y 208 RRM y concordantes.
La Junta, pues, contra lo que dice la certificación, no es universal, y puesto que no consta que haya sido debidamente convocada, ni se ha aportado el texto del anuncio de su convocatoria, no tiene, pues, competencia para adoptar los acuerdos que se elevan a públicos, (artículo 159 LSC).
– No son inscribibles las renuncias de los tres administradores mancomunados, porque, habiendo sido objeto de presentación juntamente con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, no se ha solicitado la inscripción parcial de ésta (artículo 63 RRM).
Por otra parte, a la vista de la escritura de aclaración que se acompaña, se observa lo siguiente:
– Las notificaciones realizadas por los socios que ejercen el derecho de separación no ha sido realizada al domicilio de la Sociedad que figura inscrito en este Registro en la fecha en que se realiza dicha comunicación.
– La escritura de compraventa de participaciones sociales. autorizada por el Notario de Valladolid don Ignacio Ramírez Crespo el 8 de mayo de 2019, protocolo 1216, no consta inscrita en este Registra Mercantil, por lo que deberá presentarse la correspondiente copia autorizada debidamente liquidada –artículo 86.1 RRM– al objeto de dicha inscripción. Artículos 6, 11 y 58 RRM y artículo 8 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
– Deberán presentarse igualmente para su inscripción en este Registro las escrituras de transmisión de participaciones sociales que acrediten la titularidad y el carácter profesional o no de los socios que se dice asisten a la Junta de 10 de marzo de 2021, a efectos de su constancia registral. Artículos 6, 11 y 58 RRM. Artículo 8 Ley 2/2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales.”
Como puede verse, con esta nueva subsanación de defectos que se presenta, aumenta el listado de nuevos defectos que impiden la inscripción a juicio del registrador actuante. Lo que ya había ocurrido en anteriores calificaciones, como se ha visto y, de nuevo, resulta más que sorprendente. Y, además, se requiere a esta parte para que aporte las escrituras que precisamente aclaran qué socios son los que han ido incorporándose a la sociedad y cuáles han dejado de serlo.
Quinto. Con el fin de aclarar definitivamente cuántos socios había en la sociedad a principios de marzo de 2021, y cuántos quedaban una vez que se separaron los 6 socios abogados, el 5/03/2021, fecha de notificación a la sociedad del ejercicio de su derecho a separarse de la misma, mediante burofax público con acuse de recibo y certificación de texto fechado el día anterior, se presentaron a su inscripción registral las escrituras de 5/04/2017, n.º 1550 del protocolo del notario don Javier Álvarez Iglesias, y de 8/05/2019, n.º 1216 del protocolo del notario don Ignacio Morales Ortiz (…)
Como resultado de dichas aportaciones, el 25/11/2021 se inscribieron efectivamente las transmisiones de participaciones sociales instrumentadas en la escritura n.º 2017/1550 del notario don Javier Álvarez Iglesias, de la que resultaba que ya eran 12 los socios de Lex Negotia, SLP, todos ellos con la cualidad de socios profesionales. E igualmente con igual fecha se inscribieron las transmisiones instrumentadas en la escritura n.º 2019/1216 del notario don Ignacio Morales Ortiz (…)
Como puede verse, ambas inscripciones se han efectuado a la vista de la escritura de 15/03/2021, n.º 1465 del protocolo del notario don Javier Álvarez Iglesias, que es la que, reiterada y sucesivamente, ha sido objeto de las subsanaciones requeridas por el registrador actuante. Sin embargo, pese a una tras otra subsanación, se ha vuelto a denegar la inscripción, por seguir considerando insubsanable, no ya ahora un solo defecto, sino dos, conforme a la nota de calificación de 3/01/2022, objeto del presente recurso (…)
Pues bien, señala la calificación que ahora se recurre lo siguiente;
“1. Presentado nuevamente el precedente documento (escritura autorizada por el notario de Valladolid don Javier Álvarez Iglesias el 15 de marzo de 2021, número 1465 de su protocolo, que incorpora diligencias de subsanación extendidas por dicho notario los días 9 de junio y 26 de julio de 2021, y de la escritura de aclaración de la anterior autorizada el 3 de septiembre de 2021 por el notario de Valladolid don Carlos L. Herrero Ordóñez, como sustituto y para el protocolo de don Javier Álvarez Iglesias, número 5039 de su protocolo), que ya había sido objeto de calificación, y habiéndose inscrito las escrituras de transmisión de participaciones sociales a que hacían referencia los dos últimos defectos de la nota de calificación de 5 de octubre de 2021, se deniega su inscripción por los siguientes defectos, el primero y el segundo de los cuales son insubsanables:
1. Porque del documento presentado resulta la existencia de un conflicto societario que debe ser resuelto bien por los socios mediante el correspondiente acuerdo, bien por sentencia del Juez competente y no es, por tanto, inscribible en el Registro Mercantil, que es una institución encaminada a la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas (RDGRN 2/8/2014, 24/7/2015 y 16/3/2016, entre otras).
Resulta, en efecto, de la certificación: a) que indica que la Junta es universal, cuando solo han asistido a ella cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, en total, pues, de 1032 participaciones sociales, y el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales; b) que varios socios han ejercitado en cartas de fecha 4 de marzo, recibidas el día 5 de marzo de 2021, el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, y c) que el ejercicio del derecho de separación por parte de dichos socios fue reactivo al ejercido antes por parte de los socios asistentes a la Junta, separación esta que habían preavisado a principios de febrero y que se comunicó en cartas que remitidas a la sociedad el día 2 de febrero, con fecha de efectos 31 de marzo de 2021.
Ahora bien, conforme al artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, ‘...el derecho de separación habrá de ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena fe, siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad’. Pues bien, las exigencias de la buena fe obligan a entender que quienes ejercieron su derecho en primer lugar, el 2 de marzo, aunque fuese con efectos diferidos al 31 de marzo del 2021, no pueden unilateralmente revocar su decisión de separarse de la sociedad para reunirse por sí solos en Junta Universal y adoptar acuerdos, sin contar con quienes se separaron posteriormente.
2. Porque, aunque la certificación de los acuerdos indica que han sido adoptados en una Junta Universal, resulta, sin embargo, de la propia certificación que solo han asistido a dicha Junta cuatro socios, titulares cada uno de 258 participaciones sociales, en total, pues, de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social, según el Registro, está dividido en 3100 participaciones sociales. La Junta, pues, contra lo que dice la certificación, no es universal, y puesto que ni consta que haya sido debidamente convocada, ni se ha aportado el texto del anuncio de su convocatoria, no tiene competencia para adoptar los acuerdos que se elevan a públicos. (artículo 159 LSC).
3. Porque, cualquiera que sea la interpretación que deba darse al artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales, (‘...el derecho de separación... siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad’), no se puede, en el caso presente, sin el consentimiento de los socios no asistentes a la Junta que ejercieron su derecho de separación, dar plena eficacia al ejercicio de dicho derecho, pues las comunicaciones en que lo ejercieron: a) no se acreditan fehacientemente; b) las firmas de los socios que ejercitan el derecho de separación no están legitimadas; c) las comunicaciones ejercitando el derecho de separación no fueron dirigidas al domicilio social.
4. Porque, aun en el supuesto de que en algún aspecto hubiese que considerar eficaz el derecho de separación ejercitado por los socios no asistentes a la Junta, no es posible practicar la inscripción del documento presentado sin la previa inscripción del documento o documentos en que se recoja la ejecución del derecho de separación, con, en su caso, las consiguientes transmisiones de participaciones sociales o reducción y correlativo aumento de capital (artículos 346 a 359 LSC y 208 RRM y concordantes).
5. No son inscribibles las renuncias de los tres administradores mancomunados, porque, habiendo sido objeto de presentación juntamente con la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, no se ha solicitado la inscripción parcial de ésta (artículo 63 RRM).”
Sexto. Sin perjuicio de que aparentemente se han calificado como subsanables, los defectos señalados en los números 4 y 5, existen documentos públicos que igualmente acreditan que el local de Valladolid, sito en (…) es una sede notoriamente conocida por los socios para emitir o recibir citaciones, comunicaciones y cualesquiera actos de voluntad. Así por ejemplo resulta de las actas notariales de 3/04/2019 y 24/04/2019, otorgadas ante el notario de Valladolid don Ignacio Morales Ortiz, con n.º 905 y 1084 respectivamente de su protocolo (…)
Como puede comprobarse, se trata de documentos públicos en los que consta la dirección de (…) Valladolid, como una sede de las oficinas de la sociedad plenamente conocida por los socios, puesto que es precisamente la sede operativa de la mercantil. Y de ahí también que todas las escrituras y actas notariales aportadas o inscritas desde el año 2017, que se han aportado al propio registro mercantil, se hayan otorgado en Valladolid.
La misma escritura de cuya inscripción se trata, hace referencia a que la Junta de 10/03/2021 tuvo lugar en esa sede societaria, como uno de los locales habituales de la sociedad. De hecho, como se ve, es el local en el que desarrollan su prestación profesional la totalidad de los socios.
Fundamentos de Derecho.
Primero. Defecto señalado en el número 1.1 de la nota de calificación registral.
La calificación registral que ahora se recurre, pretendiendo dar una apariencia de mayor orden y sistematicidad, respecto de las anteriores calificaciones quizá menos ordenadas, resulta que tiene un único apartado (el 1), pero lo ha desglosado en 5 subapartados diferentes; no hay ningún apartado 2. Lo que haría inservible el apartado 1 general y habría sido más claro dejar los 5 subapartados sin más. Defecto de forma que en el fondo transmite una carencia de claridad en lo sustantivo de su contenido que causa indefensión a esta parte, como se verá más adelante.
Con independencia de la forma de fundamentar la decisión de no inscribir los acuerdos societarios que esta parte ha presentado reiteradamente al Registro, lo cierto es que el primer subapartado, el 1.1, es el que se califica de insubsanable por el registrador actuante, junto con el 1.2, con lo que ahora son 2 los defectos insubsanables, cuando hasta esta última nota calificadora, era tan solo 1; inicialmente, hay que recordar que no se apreció ningún defecto Insubsanable, en la nota de calificación de 11/06/2021.
Pues bien, centrándonos en el defecto no subsanable que se contempla en el subapartado 1.1 de la nota que se recurre, hay que decir que carece de fundamento jurídico real, a juicio de esta parte. Efectivamente, se dice que del documento presentado resulta la existencia de un conflicto societario que debe ser resuelto por los socios mediante acuerdo o por sentencia judicial, por lo que no es Inscribible. Pero esta parte no pretende que se inscriba ningún conflicto entre socios, sino acuerdos societarios ciertos.
Por lo que al no identificarse de qué conflicto se trata, que se desprenda del documento presentado a su inscripción registral, por una parte, se causa indefensión a esta parte. Por otra parte, se está yendo mucho más lejos de lo que contiene el documento en sí mismo, bien por meras suposiciones del registrador actuante, bien por la expectativa de lo que pueda ocurrir, más allá, en todo caso, del documento presentado a su inscripción.
Desconoce esta parte si la explicación del registrador se encuentra en el párrafo segundo de este subapartado 1.1, pero de ser así, resulta igualmente muy confusa tal explicación. Es decir, si lo que se pretende en ese segundo párrafo es explicar cuál es el conflicto societario, lo cierto es que no se aprecia en modo alguno tal cosa. Veamos el contenido del párrafo.
Efectivamente, se dice que de la certificación social del administrador resulta: a) que la Junta es Universal, cuando solo han asistido a ella cuatro socios, titulares en total de 1032 participaciones sociales, cuando el capital social según el Registro son 3100 participaciones. Esto no nos revela por el momento ningún conflicto societario. Por lo que habrá que ver si es que se encuentra en los apartados siguientes.
Añade la nota registral que según la certificación del administrador resulta b) que varios socios han ejercitado en cartas de fecha 4 de marzo, recibidas el día 5 de marzo de 2021, el derecho de separación previsto en el artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales. Lo que tampoco evidencia ningún conflicto societario, ni por sí mismo, ni puesto en relación con el apartado anterior.
Finaliza el párrafo añadiendo que, conforme a la citada certificación, resulta c) “que el ejercicio del derecho de separación fue reactivo al ejercicio antes por parte de los socios asistentes a la Junta, separación esta que habían preavisado a principios de febrero y que se comunicó en cartas que remitidas a la sociedad el día 2 de febrero, con fecha de efectos 31 de marzo de 2021”. Por lo tanto, que unos socios y otros hayan ejercido en fechas distintas y con efectos diferentes, el derecho de separación social, por sí solo no evidencia tampoco conflicto entre ellos, más allá de que evidencia que unos no están dispuestos a continuar en la sociedad si siguen en ella los otros, por lo que ejercitan un derecho que nada tiene de conflictivo, puesto que es automático y no condicionado, como señala el propio artículo 13 de la Ley de sociedades profesionales.
Efectivamente, dispone dicho precepto lo siguiente:
“1. Los socios profesionales podrán separarse de la sociedad constituida por tiempo indefinido en cualquier momento. El ejercicio del derecho de separación habrá de ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena fe, siendo eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad.”
En consecuencia, ni uno ni otro ejercicio del derecho de separación resulta conflictivo, y no consta que se haya presentado a inscripción un documento que suponga conflicto alguno, salvo que el registrador no esté calificando la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales, sino otro documento del que aquí no se tiene constancia. O salvo que esté dando rienda suelta a la imaginación respecto de posibles conflictos entre las partes sobre si se ha ejercitado o no el derecho de separación de unos u otros socios.
Tanto es así, que el propio registrador calificante decide cambiar de criterio sobre la marcha en el tercer y último párrafo de este subapartado 1.1 y ahora el motivo de la denegación de inscripción es que la buena fe no ampara a los socios que se separaron mediante escrito de 2/03/2021, con efectos del día 31 de ese mismo mes, para reunirse en Junta Universal sin contar con los que se separaron el día 4/03/2021, con efectos desde ese mismo día. Por lo que al no apreciarse buena fe en la revocación de los socios que notificaron su voluntad de separarse el 31/03/2021 mediante burofax de 2/03/2021, esa revocación no sería válida.
Pero lo cierto es que el ejercicio de su derecho de separación fue cabalmente conforme a las exigencias de la buena fe por parte de los 4 socios que lo ejercieron el día 2/03/2021. Y ello puesto que lo anunciaron con casi un mes de antelación a su fecha de efectos. Con lo que se daba tiempo a la sociedad para adoptar los acuerdos que tuviese por conveniente, bien para que se subsanaran eventuales defectos en la composición de los socios, y se incorporasen nuevos socios economistas, o bien, para que se modificase el objeto social para adaptarlo a la inexistencia de tales profesionales entre los propietarios del capital social. Y en todo caso, la manifestación de que el derecho de separación tendrá efectos casi un mes después de ser notificado a la sociedad permite que la marcha de los asuntos de la sociedad, no se vea perjudicada por una abrupta salida de los 4 socios economistas.
No se comprende por el contrario que una repentina o sorpresiva salida de 6 de 10 socios sea más acorde a las exigencias de la buena fe que una salida notificada con varias semanas de antelación a su toma de efectos, por parte de los otros 4 socios. Desde luego, si se quiere hacer daño a la sociedad, lo mejor hubiera sido una salida fulminante, inmediata; que fue precisamente como hicieron los segundos 6 socios, de profesión abogados, al día siguiente de haber recibido la carta de anuncio de separación de los 4 socios economistas.
Es por completo contrario al sentido común entender que una salida de la sociedad que se anuncia tendrá efectos en 4 semanas desde su comunicación formal, tiene algo de mala fe, cuando es exactamente lo más ajustado a la buena fe que pueda haber. Desde luego, es lo que mejor puede venir a la sociedad, que de esa forma puede organizar su futuro con mucho menor perjuicio que si la voluntad de separarse es efectiva desde el mismo momento en que se comunica. E igualmente permite a los restantes socios tomar decisiones con cierta calma, con cierta serenidad.
De ahí que resulte sorprendente, una vez más, que el registrador haya considerado que “las exigencias de la buena fe obligan a entender que quienes ejercieron su derecho en primer lugar, el 2 de marzo, aunque fuese con efectos diferidos al 31 de marzo de 2021, no pueden unilateralmente revocar su decisión de separarse de la sociedad para reunirse por sí solos en Junta Universal y adoptar acuerdos, sin contar con quienes se separaron posteriormente”. Semejante apreciación dista mucho, a nuestro juicio, de entender rectamente el concepto de buena fe, dicho sea con respeto y en términos de defensa.
Efectivamente, si los 6 socios reaccionaron con su separación inmediata y fulminante al anuncio de separación diferida de los 4 socios que primero comunicaron su voluntad de separarse, ya hemos dicho que serían dichos 6 socios de separación reactiva los que habrían actuado contra las exigencias de la buena fe, y no los 4 socios que lo anunciaron de manera diferida. Pero es más, en lo que ahora estamos analizando, si los 6 socios separados reactiva y fulminantemente, quedan separados efectivamente desde el mismo momento de su notificación a la sociedad, el 5/03/2021, la revocación de su voluntad de separarse llevada a cabo por los 4 socios que actuaron prudentemente, ya no puede perjudicar a quienes han dejado de ser socios de manera inmediata. Y desde luego, tampoco parece que pueda perjudicar a la sociedad, que en lugar de haber perdido 4 socios, ha perdido 6; pero que no llega a perder los restantes 4 socios al llegar la fecha de efectos del derecho de separación de estos, puesto que lo han revocado con anterioridad a dicha fecha.
Podría discutirse si los 4 socios de separación diferida incurren o no en mala fe si hubieran revocado su voluntad revocatoria antes del plazo señalado para los efectos de la separación, si los restantes socios hubieran permanecido en la sociedad. A juicio de esta parte, la revocación de una decisión unilateral, hecha antes de su fecha de toma de efectos, no puede calificarse de actuación de mala fe, por sí sola. Puesto que hasta que tenga lugar el despliegue de sus efectos, no habrían nacido derechos para ninguna otra parte, ni para el propio emisor de ese acto unilateral.
Pero a mayor abundamiento, si quienes pudieran en su caso alegar perjuicios derivados de esa revocación de la voluntad unilateral de otros, han decidido abandonar la posición de eventual perjudicado por tal revocación unilateral de voluntad, no pueden en absoluto verse ya perjudicados por la misma. En el supuesto que nos ocupa, los perjuicios que pudieran haber alegado los 6 socios que se separan reactivamente, de haber permanecido en la sociedad, serían identificares con claridad: por ejemplo, si ya hubieran sustituido a los socios de separación diferida, y se hubieran articulado ya contratos con los sustitutos y a continuación los que iban a ser sustituidos revocaran su separación anunciada. O si se hubieran alquilado a terceros los despachos que venían ocupando los socios de separación diferida, incluso con mayor margen de beneficio que el que reportan esos socios y éstos al final revocan su voluntad de separarse en el último momento, con la pérdida de rentabilidad que se hubiera conseguido.
Precisamente, el manifestar la voluntad de separarse con varias semanas de antelación a la fecha de efectos de esa separación, permite a la sociedad y al resto de socios organizarse de muchas maneras. Y es ahí donde se evidencia la buena fe de quienes se separan de manera ordenada, preanunciada, tanto respecto de la sociedad, como respecto del resto de socios.
En la interpretación del registrador, parece que la separación sorpresiva o fulminante goza de una presunción de buena fe que resulta chocante por contraria al sentido común. Mientras que, al parecer, la separación diferida, resultaría contraria a la buena fe en esa misma interpretación tan distante de la realidad. Los pájaros disparan a las escopetas, dicho sea, en términos meramente ilustrativos de lo poco acorde al sentido común que parece la calificación registradora, dicho sea en términos de defensa, puesto que de dicha interpretación es de la que se deriva nada menos que un defecto no subsanable a juicio del órgano calificador.
Desde luego, si el único argumento o apoyo jurídico con que cuenta la supuesta imposibilidad de revocar una manifestación unilateral de voluntad estriba en la consideración de que no se ajusta a las exigencias de la buena fe, hay que concluir que semejante aserto carece de sustento real.
Téngase en cuenta que la reacción de los 6 socios de salida inmediata de la sociedad es estrictamente personal, no societaria: no se dirige a mantener la actividad social. Por lo que su decisión sí que acarrea un perjuicio a la sociedad, de mantenerse la separación diferida de los otros 4 socios. En cambio, la revocación de éstos últimos de su voluntad unilateral y diferida de separarse, supone un beneficio para la sociedad: no está abocada a su disolución. Y en principio, los actos tendentes al mantenimiento de los negocios jurídicos, debe reputarse conforme a la buena fe; mientras que los actos contrarios al mantenimiento y validez de los contratos, sí que pueden ser eventualmente contrarios a la buena fe. Cabe recordar que la sociedad, cualquier sociedad, además de una forma jurídica, es un contrato.
Puede ponerse en relación cuanto antecede con la supuesta conflictividad entre socios a que se refiere el párrafo primero del apartado 1.1 d