Categoría: Judicial

x silentio(SSTC 128/2017, de 4 de noviembre, FJ 8, y 165/2008, de 15 de diciembre, FJ 2). En su aplicación al caso, el fiscal dice que «no resulta posible apreciar la vulneración alegada», porque si bien la recurrente planteó en su demanda que se había conculcado la doctrina constitucional ya citada, la sentencia impugnada sí dio respuesta a esta cuestión, lo que incluso se evidencia de los términos de la propia demanda al articular tanto su queja de lesión de la intangibilidad como la de motivación insuficiente o no razonable de la sentencia dicha. Para el fiscal, no es que no responda la Sala a la posible inconstitucionalidad de las resoluciones administrativas y al acto expreso del Tribunal Económico-Administrativo Central, «sino que lo que hace, realmente, es asumir, a partir de su propia doctrina, y en particular, de la STS de 19 de abril de 1996 en interés de ley, una aplicación e interpretación de las resoluciones del Tribunal Constitucional coincidente con la argumentación de las resoluciones administrativas, lo que significa dar una respuesta, aun tácita, descartando la infracción de aquella doctrina constitucional y, por tanto, su aplicación».
d) La última queja de la demanda, relativa a los defectos de motivación y racionalidad de los razonamientos de la sentencia impugnada, debe ser al parecer del fiscal ante este tribunal desestimada. Tras la cita de la STC 102/2014, de 23 de junio, FJ 2, sobre el deber de motivación de las resoluciones judiciales, afirma que en realidad esta queja queda subsumida en aquella otra de vulneración de la intangibilidad, como ya se pronunció la STC 204/2003, FJ 2, ante una doble argumentación similar, calificando la queja de falta de motivación como meramente instrumental. Y siendo así, entiende el fiscal que «su ponderación queda incluida dentro de la vulneración del principio de intangibilidad, ya examinada, sin que podamos considerarla como una vulneración con autonomía propia».
Concluye el Ministerio Fiscal sus valoraciones jurídicas afirmando «que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada otorga preferencia [a] la doctrina emanada de la STS de 19 de abril de 1996, con el efecto de excluir así la eficacia de los pronunciamientos de la STSJ de Cantabria de 16 de febrero de 1995, ya firme, no acomodándose a los pronunciamientos interpretativos de las SSTC 204/2003 y 216/2009, lo que determina la vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, por lo que es procedente el otorgamiento de amparo por este motivo».
10. Por diligencia de la secretaría de justicia de 2 de marzo de 2021 se hizo constar haberse recibido los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado, quedando el presente recurso de amparo pendiente de deliberación cuando por turno le correspondiera.
11. Mediante providencia de fecha 20 de enero de 2022, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
1. Delimitación del objeto del presente recurso. Estimación de un óbice a su admisibilidad parcial.
El presente recurso de amparo se interpone contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso contencioso-administrativo (recurso ordinario núm. 997-2016) promovido contra dos resoluciones de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas, y contra una resolución presunta, luego dictada de manera expresa, del Tribunal Contencioso-Administrativo Central, que desestimaron la solicitud de la recurrente de revisión del importe de su pensión de jubilación que le había sido reconocida años antes. También se dirige la demanda contra el auto de la misma Sala y Sección que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquella sentencia.
A ambas resoluciones judiciales, y únicamente a ellas, la recurrente atribuye la lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en tres de sus vertientes:
(i) Derecho a la invariabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, al no haberse respetado el pronunciamiento firme dictado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de febrero de 1995, por mor de la cual se declaró la integración de un grupo de funcionarios, entre ellos la recurrente, en el grupo A1 «a todos los efectos», entonces en cuanto al aumento de sus retribuciones básicas. Señala que la lesión de ese derecho ya fue producida por sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia de 27 de abril de 1999, que fue declarada nula por la STC 204/2003, de 1 de diciembre, que reconoció el efecto positivo de la cosa juzgada material derivada de la citada sentencia de 1995. Entiende la recurrente que aunque entonces se juzgó sobre sus derechos como funcionaria en activo, ese mismo efecto vinculante opera para el reconocimiento y cálculo de sus derechos pasivos, sin que pueda prevalecer, como argumenta la sentencia de la Audiencia Nacional aquí impugnada, el criterio sentado por la sentencia de la Sección Primera, Sala Tercera, del Tribunal Supremo, de 19 de abril de 1996, dictada en interés de ley, que es contraria a la integración en aquel cuerpo de funcionarios del grupo A1 a todos los efectos.
(ii) Derecho a una resolución judicial congruente que resuelva todas las pretensiones planteadas, por no dar respuesta a las alegaciones sobre la incidencia de la STC 204/2003 y el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes, limitándose a transcribir resoluciones suyas anteriores; y,
(iii) Derecho a una resolución judicial motivada y fundada en Derecho (no irrazonable), en cuanto a lo resuelto precisamente por la Audiencia Nacional para desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones administrativas y del Tribunal Económico-Administrativo Central que desestimaron su solicitud de revisión del importe de la pensión.
El abogado del Estado, personado con la legitimación que legalmente ostenta, interesó la desestimación de la demanda, con los argumentos que se resumen en los antecedentes de esta sentencia, mientras que el Ministerio Fiscal opuso como óbice a su admisibilidad parcial la falta de denuncia temporánea de la segunda queja deducida por la recurrente, y en todo caso la estimación de la demanda solo por la primera de dichas quejas, también con base en los argumentos que se resumen en los antecedentes.
Planteadas en tales términos las pretensiones de las partes de este proceso, procede realizar unas consideraciones previas con el fin de delimitar la controversia, dando además respuesta al óbice procesal alegado por el fiscal ante este tribunal:
A) En primer lugar y tomando como base nuestra reciente STC 173/2021, de 25 de octubre, que ha conocido de un caso esencialmente idéntico al que aquí se plantea y con similares argumentos en la respectiva demanda de amparo, procede decir respecto a cuáles son las resoluciones que han de considerarse realmente impugnadas y por ello materia de nuestro examen, que si bien este tribunal tiene formulada doctrina según la cual «cuando se impugna una resolución judicial confirmatoria de otras resoluciones anteriores, sean administrativas o judiciales, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquella, han de considerarse también recurridas las precedentes decisiones confirmadas, aunque no lo hayan sido expresamente en el recurso» (STC 173/2021, FJ 2, con cita de las SSTC 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 2; 20/2001, de 29 de enero, FJ 7, y 119/2012, de 4 de junio, FJ 1), en este caso sin embargo ha de considerarse prevalente la imposibilidad de reconstruir de oficio la demanda de amparo (STC 173/2021, FJ 2, con cita de la STC 21/2021, de 15 de febrero, FJ 3), y dado que esta únicamente impugna las resoluciones judiciales de instancia, pese a que el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes –que se erige en su queja principal– se proyecta sobre todo tipo de resoluciones, no solo judiciales, y que en origen dicha lesión cabría predicarla de las resoluciones dictadas por la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas, no obstante todo ello, ha de circunscribirse nuestro objeto de control en este amparo a la indicada sentencia y auto de la Sala y Sección competentes de la Audiencia Nacional (STC 173/2021, FJ 2).
Esta decisión acarrea por cierto una consecuencia añadida en este caso. Como se indicó en los antecedentes, uno de los motivos por los que se denegó la solicitud de revisión del importe de la pensión de jubilación de la recurrente por las resoluciones de la Dirección General mencionada, fue el entendimiento de que el acto original de reconocimiento de dicha prestación, dictado en septiembre de 2007, era un acto firme y consentido y no resultaban de aplicación las causas del art. 13 del Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, que permitían tal revisión. Ese motivo, posteriormente, fue el único tenido en cuenta por la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo Central para desestimar la reclamación interpuesta por la aquí actora. Así las cosas, la demanda contencioso-administrativa defendió que cabía la revisión de aquel acto,exart. 13, apartados 1 y 2, de dicho Real Decreto 5/1993. La sentencia aquí impugnada no se pronunció expresamente sobre esta cuestión y, por tanto, no apreció que el carácter firme de la resolución originaria de cálculo de la pensión fuera un motivo para desestimar la demanda interpuesta, como tampoco nada dijo el posterior auto de rechazo del incidente de nulidad de actuaciones. Por el contrario, la sentencia pasó directamente al examen de las alegaciones relativas a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva contenidas en dicho escrito, lo que presuponía reconocer la posibilidad de revisión de la pensión, pudiendo entenderse en lógica esto como una estimación tácita de aquel motivo del recurso. Todo lo dicho permite, en resumen, que enjuiciemos las quejas de fondo de la demanda de amparo, con la salvedad de una de ellas por la circunstancia de diversa índole a la que se aludirá en el apartado siguiente.
B) En segundo lugar, con el mismo resultado que en la citada STC 173/2021, de 25 de octubre, ha de estimarse aquí el óbice planteado por el fiscal ante este tribunal en su escrito de alegaciones del art. 52 LOTC, relativo a la falta de denuncia temporánea de la segunda queja de la demanda, la que aduce la supuesta incongruencia omisiva de la sentencia de instancia recurrida. Dicha vulneración no fue invocada durante la vía judicial tras el dictado de aquella sentencia, en concreto no hizo referencia a ella el escrito de preparación del recurso de casación promovido contra la sentencia, ni tampoco el ulterior escrito en solicitud del incidente de nulidad de actuaciones. La STC 173/2021, FJ 3, tras hacer cita de doctrina de este tribunal en relación con la importancia del requisito procesal de denuncia temporánea de la lesión, a fin de salvaguardar el carácter subsidiario de esta jurisdicción [con cita de las SSTC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1; 123/2018, de 12 de noviembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 a)], y sin perjuicio de su interpretación flexible (con cita de las SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; 62/1999, de 26 de abril, FJ 3; 88/2005, de 18 de abril, FJ 3; 161/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 3), concluyó, como ha de hacerse aquí, que «habiéndose planteado dicha queja por primera vez en sede de este recurso de amparo, no se ha satisfecho por la actora la exigencia del art. 44.1 c) LOTC, por lo que su pretensión incurre en causa de inadmisión del recurso en este punto, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC».
C) También en relación con los requisitos procesales para la interposición de la demanda de amparo, debe hacerse una consideración sobre el cumplimiento del previsto en el art. 44.1 a) LOTC, el agotamiento de la vía judicial previa al amparo, a propósito de la interposición por la recurrente de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de instancia, ante la propia Sala y Sección autora de dicha resolución, tras haberle sido notificada la inadmisión por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de su recurso de casación interpuesto previamente contra la misma sentencia, hecho del que da cuenta por cierto el fiscal en su escrito de alegaciones para opinar que no hubo agotamiento defectuoso de la vía judicial previa por tal motivo. No es impedimento, desde luego, para ocuparnos de esta cuestión que el proceso se halle ya en trámite de sentencia, pues conforme a nuestra reiterada doctrina cabe, de oficio o a instancia de parte, reconsiderar en este momento la concurrencia de los presupuestos procesales para la viabilidad del recurso de amparo, dando lugar en su caso a un pronunciamiento de inadmisión (entre otras recientes, SSTC 139/2021, de 12 de julio, FJ 2; 149/2021, de 13 de septiembre, FJ 2; 174/2021, de 25 de octubre, FJ 2, y las que en ellas se citan).
Pues bien, hemos de dar la razón al fiscal cuando considera aplicable a este supuesto (interposición de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal de instancia, tras la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación promovido contra la misma resolución) la doctrina sentada por nuestra STC 112/2019, de 3 de octubre, donde hemos declarado que, si bien de «la normativa procesal que regula el incidente de nulidad de actuaciones no cabe deducir que en supuestos como el que ahora se examina proceda de manera clara su interposición» [FJ 3 d)], lo cierto es que «una cosa es que no exista una exigencia constitucional o legal de la que se derive la necesidad de interponer este incidente para poder recurrir en amparo ante este tribunal en estos supuestos y otra que la interposición de este incidente cuando concurren estas circunstancias pueda considerarse un recurso manifiestamente improcedente […]; [l]a improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones en este tipo de casos no deriva de manera terminante, clara e inequívoca del art. 241.1 LOPJ» [FJ 3 e)]; de modo que «con el fin de garantizar la tutela judicial frente a las vulneraciones de derechos fundamentales que ocasionen los órganos judiciales cuando sus decisiones no son susceptibles de recurso, ha de interpretarse que cabe interponer este incidente también en los casos en los que el recurso interpuesto contra la resolución que se considera lesiva de derechos fundamentales ha sido inadmitido por razones procesales no imputables a la falta de diligencia de la parte» [FJ 3 f)].
En este caso, como se dejó constancia en el antecedente 2 C) e) de la presente sentencia, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por la recurrente, al entender que el escrito no había fundamentado suficientemente la concurrencia de los supuestos de interés casacional objetivo, o la necesidad de un pronunciamiento de fondo por la Sala. Pero no por la ausencia de esa argumentación –el escrito, de hecho, dedica un apartado a esta cuestión y se tuvo por preparado por la Sala y Seccióna quo–, o bien por otra circunstancia de índole estrictamente formal reprochable a la parte recurrente.
Al resultar pues de aplicación la doctrina citada de la STC 112/2019 para considerar bien agotada la vía judicial, no es necesario acudir a la doctrina también esgrimida por el fiscal en su escrito, relativa a la desactivación del indicado óbice cuando el órgano judicial ha respondido al fondo de las quejas deducidas en el escrito de impugnación de que se trate. Doctrina que resulta aplicable cuando se califica la vía judicial utilizada por el recurrente como manifiestamente improcedente por ley, lo que aquí por lo expuesto no sucede. Por lo demás, es evidente que la Audiencia Nacional contestó en efecto al fondo de las quejas vertidas en el escrito de nulidad, aunque con resultado desestimatorio.
No hay tampoco defecto de agotamiento, en fin, porque el auto de 7 de junio de 2019 ofreciera como pie de recurso el de reposición ante la misma Sección en el plazo de cinco días, sin que conste que la parte lo hubiere interpuesto. Conforme a doctrina de este tribunal el justiciable no está vinculado por la indicación positiva efectuada por un pie de recurso, si la considera errónea, «pudiendo en tal caso promover la demanda de amparo ante este tribunal contra la resolución que entiende que agota la vía judicial previa sin necesidad de interponer el recurso o remedio procesal indicado por el órgano judicial en aquella instrucción, siendo únicamente imputables en tal caso al recurrente en amparo las consecuencias que pudieran derivarse de la indebida falta de agotamiento de la vía judicial si resulta que se equivocó al estimar errónea la indicación judicial» (STC 241/2006, de 20 de julio, FJ 3; en el mismo sentido SSTC 63/2016, de 11 de abril, FJ 3, y 15/2019, de 11 de febrero, FJ 3). En este caso, tratándose de un auto que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, es clara la dicción del art. 241.2in fineLOPJ cuando dice que contra dicha resolución «no cabrá recurso alguno».
D) Por último, con carácter previo al estudio de fondo de las quejas que quedan en pie de la demanda, en lo que concierne al orden para su enjuiciamiento hemos de traer a nuestra consideración lo decidido en la STC 173/2021, ahora en su fundamento jurídico 4, en la que se dijo:
a) Que el tribunal tiene dictada doctrina constitucional que aconseja empezar por el examen de la queja que suponga un mayor nivel de retroacción de las actuaciones si la misma se estimara.
b) Que tal doctrina sin embargo no resulta determinante en este caso pues cualquiera de las dos quejas aquí deducidas que no están afectadas de un óbice (las quejas primera –lesión del derecho a la invariabilidad– y tercera –lesión del derecho a la motivación y a una resolución fundada en Derecho–) supondrían, si se estimara cualquiera de ellas, la retroacción de las actuaciones al mismo momento procesal, el dictado de la sentencia de instancia para su sustitución por otra que resultara respetuosa con el derecho.
c) Que aun así, no es menos cierto sin embargo y como también afirmamos en el fundamento jurídico 4 de dicha STC 173/2021, que existe una «diferencia de matiz» entre ellas pues mientras «la estimación de la segunda queja tan solo obligaría al órgano judicial a completar la motivación de su sentencia, en la hipótesis de que se apreciara la primera quedaría descalificada la argumentación misma de la sentencia impugnada por no haber respetado el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora, que le obligaba a la observancia de los pronunciamientos obtenidos por aquella en previas resoluciones firmes, en cuyo caso, la nueva sentencia a dictar debería incluir una fundamentación nueva y distinta, que fuera respetuosa con el derecho fundamental reconocido. Por consiguiente, la lógica impone comenzar nuestro estudio por esta, dada su mayor incidencia sobre la sentencia impugnada. En todo caso, y a mayor abundamiento, la denuncia de falta de motivación se encuentra estrechamente conectada con la primera queja, tal y como señala acertadamente el Ministerio Fiscal, puesto que lo que se arguye es que la sentencia de la Audiencia Nacional no explica por qué se aparta de lo fallado en las previas resoluciones firmes, especialmente de la doctrina establecida en la STC 204/2003, de modo que esta queja quedaría en gran medida absorbida por la otra».
Así ha de entenderse también aquí, por lo que ha de iniciarse nuestro examen por la primera queja, referida a la lesión del derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes.
2. Decisión sobre el fondo. Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 204/2003, de 1 de diciembre, y 216/2009, de 23 de noviembre, ya aplicada por la STC 173/2021, de 25 de octubre
a) Para resolver la primera de las quejas de la demanda, relativa a la vulneración del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE), ha de partirse de los pronunciamientos efectuados por este tribunal sobre este derecho fundamental, de un lado, en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, que ya conoció de una queja similar planteada por un grupo de funcionarios, entre ellos –como ya se ha destacado– la aquí demandante de amparo, debatiéndose entonces la fijación de las retribuciones básicas a las que tenía derecho estando en servicio activo. De otro lado, en la STC 216/2009, de 14 de diciembre, donde la recurrente de turno adujo la lesión del efecto positivo de cosa juzgada de resoluciones judiciales firmes –en aquel caso, dictadas por la Sala y Sección competente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid–, a propósito de la solicitud de revisión del importe de la pensión de jubilación, pretensión que coincide con la formulada por la aquí demandante de amparo, haciendo esta segunda sentencia aplicación ya de aquella STC 204/2003.
Recientemente, también sobre revisión del importe de la pensión y aplicando la doctrina sentada por las SSTC 204/2003 y 216/2009, la STC 173/2021, de 25 de octubre, ha enjuiciado la demanda de amparo promovida por otra funcionaria que fue recurrente en el procedimiento resuelto por la sentencia del Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de febrero de 1995, que invoca en el procesoa quola aquí demandante, también ahora por la denegación de la solicitud de revisión del importe de su pensión por sentencia de la propia Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que empleó argumentos similares a los incluidos en la sentencia aquí impugnada. Siendo que el amparo ha sido otorgado en los tres casos al apreciarse la vulneración denunciada, se adelanta que así ha de serlo también en el presente recurso. A fin de evitar repeticiones innecesarias, bastará a tal efecto con reproducir los razonamientos efectuados en el fundamento jurídico 7 de la citada STC 173/2021 para resolver la pretensión ahí planteada, tras recordar en el fundamento jurídico 5 –al que nos remitimos– nuestra doctrina general sobre el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Declaramos entonces en aquel fundamento jurídico 7:
«Pues bien, la situación en este caso ha sido prácticamente idéntica, pues tanto la Dirección de Costes y Pensiones Públicas como la Audiencia Nacional, en la sentencia impugnada, han rechazado que el reconocimiento por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 del derecho de la recurrente a ser integrada en el grupo A “con todos los efectos derivados de tal asignación” incluyera los derechos pasivos, a pesar de que esa declaración es idéntica a la efectuada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 1995, cuyo desconocimiento constituyó el objeto del recurso de amparo resuelto por la STC 216/2009. Y lo hacen, además, apoyándose en la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en casación en interés de ley, a pesar de que este Tribunal Constitucional ya dijo expresamente en su STC 204/2003, FJ 5, que esa doctrina no podía aplicarse retroactivamente para alterar lo fallado con carácter firme por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Para rechazar que se hayan desconocido los derechos de la actora reconocidos en anteriores pronunciamientos judiciales, arguye el auto de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2018, resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora contra la sentencia de 11 de diciembre de 2017, que el reconocimiento de la integración de la demandante lo fue a título personal y a los efectos de la reclamación de diferencias salariales deducidas en el correspondiente proceso, pero que ello no determinó su inclusión en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, sino que continuó en el cuerpo de maestros. Añade que no estamos en presencia del supuesto contemplado en la STC 216/2009, en el cual se precisó en ejecución de sentencia que el reconocimiento de la clasificación en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos pasivos de los funcionarios litigantes, que empezaron a cotizar dentro de dicho grupo, mientras que en este caso ni se ha reconocido en la sentencia que el reconocimiento de la clasificación en el grupo A lo sea a los efectos de derechos pasivos ni consta que la demandante cotizara en momento alguno dentro de ese grupo, ni en ejecución de sentencia se acordó extender los efectos del pronunciamiento judicial a cuestiones distintas de las relativas a las remuneraciones.
En cuanto a tales argumentos, hay que objetar, en primer lugar, que lo que se ventilaba en el procedimiento seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no era simplemente una pretensión de alcance retributivo como se afirma en el auto. Lo que los recurrentes en aquel proceso pretendían era, como queda recogido en la sentencia de 16 de febrero de 1995, “el reconocimiento del derecho a la inclusión en el grupo A de los recurrentes, adscritos a los servicios de apoyo psicopedagógico y orientación educativa dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia”, y lo que la Sala acordó fue, como ya ha sido relatado reiteradamente, el derecho a la integración en el grupo A, “con todos los efectos derivados de tal asignación” –volvemos a recalcarlo–, y, además, como otro derecho inherente a su situación, no agotador de los efectos que debía producir la integración, “el derecho al abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de su nombramiento” (FJ 3, último párrafo).
Por otra parte, el reconocimiento de ese derecho de integración en el grupo A se acuerda “con independencia de la falta de creación formal de un cuerpo funcionarial de apoyo psicopedagógico y orientación vocacional, pues no puede desconocerse la realidad fáctica del desempeño de tales funciones, a las que han sido adscritos los recurrentes a través de una irregular e indefinida comisión de servicios”. No se niega que el reconocimiento del derecho no ha implicado la inclusión en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, ni en ningún otro, por la irregular actuación administrativa puesta de relieve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Pero, como advierte acertadamente el Ministerio Fiscal, ello no puede ser un obstáculo para entender que en ella quedaban incluidos los derechos pasivos, pues así lo dispuso la STC 216/2009, al afirmar en su FJ 4 que el fallo que allí se invocaba los incluía “con independencia de que los entonces recurrentes siguiesen formando parte del cuerpo de maestros, pues lo que se les había reconocido era la integración en el grupo A, a título personal. Y, al desestimar la pretensión de la recurrente por considerar que solo correspondería si perteneciese al cuerpo de profesores de secundaria, las resoluciones impugnadas modificaron la situación jurídica creada por una sentencia firme al margen de los procedimientos legalmente establecidos a tal efecto y sin ninguna razón que justifique dicha alteración”.
No puede aceptarse tampoco como argumento para excluir la aplicación de la doctrina establecida en la STC 216/2009 el dato de que en el supuesto al que esta se refiere se precisara en ejecución de sentencia que el reconocimiento de la clasificación en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos pasivos de los funcionarios, y que estos empezaran a cotizar dentro de dicho grupo. En cuanto al primer extremo, porque los pronunciamientos emitidos en ejecución de sentencia se limitan a precisar el alcance de esta, pero no pueden alterar lo fallado, ampliándolo o reduciéndolo. En efecto, es doctrina reiterada de este tribunal que “el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos impide que en fase de ejecución los órganos judiciales lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o apartarse de ellos, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error. Y ello incluso aunque la variación o revisión de la resolución que debe ser ejecutada se produzca en supuestos en los que los órganos judiciales ejecutantes entendieren con posterioridad que la decisión adoptada no se ajusta a la legalidad, pues constituye una manifestación tanto del principio de seguridad jurídica como del derecho a la tutela judicial efectiva que las resoluciones judiciales firmes no pueden ser modificadas al margen de los supuestos y cauces taxativamente establecidos en la ley. Esta regla general encuentra, no obstante, una excepción, pues ni la seguridad jurídica ni la efectividad de la tutela judicial alcanzan a integrar un supuesto derecho a beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o trascripción de la sentencia que puedan deducirse, con toda certeza, del propio texto de la misma” (STC 211/2013, de 16 de diciembre, FJ 3, y las que en ella se citan). Por consiguiente, hay que partir del pronunciamiento primigenio de la sentencia de cuya ejecución se trata, que es idéntico en este supuesto y en el resuelto por la STC 216/2009.
Finalmente, en lo tocante a la cuestión de la cotización, hay que dar la razón al fiscal cuando afirma que se trataría de una irregularidad achacable a la propia administración y no a la funcionaria recurrente, circunstancia que ya se percibe en otros aspectos en la propia sentencia de 16 de febrero de 1995, cuando se refiere a la falta de creación formal de un cuerpo funcionarial, a la adscripción de los funcionarios al desempeño de determinadas funciones a través de una irregular e indefinida comisión de servicios, y “sin reconocimiento de los derechos inherentes a la misma”.
En conclusión, la sentencia impugnada desatendió el pronunciamiento firme contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995, emitiendo otro en sentido frontalmente contrario y que ignora el efecto prejudicial o positivo de la cosa juzgada material de las resoluciones firmes, en relación con el derecho de la demandante de amparo a ser integrada en el grupo A, “con todos los efectos derivados de tal asignación”; derecho reconocido que vinculaba al órgano judicial en virtud de las exigencias del art. 24.1 CE, y con el que guarda una relación de estricta dependencia la cuestión relativa a la determinación de qué haberes reguladores (grupo A o grupo B) deben tenerse en cuenta para calcular la pensión de jubilación de la demandante de amparo. Y todo ello, al margen de una vía legal, y mediante la improcedente aplicación retroactiva del criterio establecido con posterioridad en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996 en interés de ley, en contra de lo resuelto sobre el particular en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, FJ 5, e ignorando la doctrina establecida en esta última sentencia y en la STC 216/2009, de 14 de diciembre. Por todo ello, hemos de concluir que la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de diciembre de 2017, ha vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.»
La aplicación de esta doctrina conduce, como ya se adelantó, a la estimación de la presente demanda de amparo por haber ocasionado la sentencia y auto de la Audiencia Nacional impugnados, la lesión del derecho a la intangibilidad de resoluciones judiciales firmes favorables a la recurrente (sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 y de 13 de febrero de 2004, dictada esta última en ejecución de lo dispuesto por nuestra STC 204/2003, de 1 de diciembre), vertiente de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Ello exime a este tribunal de tener que entrar en el examen de la otra queja de la demanda, por insuficiente motivación y lesión del derecho a una resolución jurídicamente fundada (art. 24.1 CE) de la sentencia recurrida, de modo similar a como acordó su dispensa la STC 173/2021, FJ 7, dado que además «quedaba en gran medida absorbida por la que ha sido objeto de nuestra detallada consideración».
b) Como efectos derivados de la estimación de la demanda de amparo, procede declarar únicamente la nulidad de la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 4 de junio de 2018, y del auto de la misma Sala y Sección, de 7 de junio de 2019, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones y confirmó aquella; ordenando la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior al dictado de la referida sentencia, para que en su lugar se pronuncie otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por doña Concepción Marín Gallego y, en consecuencia:
1.º Inadmitir la queja de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva.
2.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en la vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
3.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 4 de junio de 2018 y del auto de 7 de junio de 2019, dictados ambos por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario 997-2016.
4.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la primera de dichas resoluciones, para que el órgano judicial pronuncie una nueva que sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Pedro José Arias Diez Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María León Domínguez Callejón.–Inmaculada Vázquez Huertas.–Firmado y rubricado.