Categoría: Judicial

sar los márgenes de indefinición que pudiera presentar la norma en su aplicación a supuestos concretos.
Por las razones expuestas, esta tacha de constitucionalidad ha de ser desestimada.
(iii) En segundo lugar, hemos de examinar si el legislador ha vulnerado su deber de proteger la vida debido a los términos en que la LORE alude a los cuidados paliativos, cuidados que pudieran acaso mitigar, de aceptarse por el afectado, los sufrimientos lancinantes y continuos que padece.
A los cuidados paliativos aluden los arts. 5.1 b) y 8.1 LORE. El primero de estos preceptos establece que para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla, entre otros requisitos, el de «[d]isponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia». El segundo dispone, por lo que aquí interesa, que, una vez recibida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir, el médico responsable habrá de realizar con el paciente solicitante «un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Según los demandantes, estos preceptos impondrían un «puro requisito formal de información» que no garantizaría «la plena accesibilidad y la universalización de dichos cuidados», lo que depararía, ante la «restricción más drástica del derecho fundamental primario», la «radical inconstitucionalidad» de la LORE.
El Tribunal debe puntualizar al respecto, en primer lugar, que el recurso de inconstitucionalidad es cauce idóneo, estrictamente, para enjuiciar «leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley» [art. 2.1 a) LOTC, sobre la base de lo dispuesto en el art. 161.1 a) CE] y no puede dirigirse contra un bloque de la legalidad o una parte del sistema normativo o del ordenamiento, sino solo contra determinados textos legales y fórmulas legislativas (SSTC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 12; 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 5, y 45/2019, de 27 de marzo, FJ 5). Tampoco puede dar lugar, por lo mismo, a controlar, con carácter abierto e indeterminado, la plenitud y efectividad de unas u otras políticas legislativas, por necesarias que estas fueran para optimizar, sin merma del margen de libertad del legislador, mandatos constitucionales o para complementar lo dispuesto en otras previsiones legales. Si los cuidados paliativos han alcanzado o no la «universalización» que la demanda echa en falta no es cosa que pueda examinarse en este procedimiento. Una segunda aclaración necesaria es que los cuidados paliativos consisten, según descripción del preámbulo de la LORE no discutida por las partes, en la «utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente», integrando así una forma de eutanasia distinta de la regulada por la norma impugnada (a saber, la llamada eutanasia activa indirecta).
No cabe acoger el planteamiento de la demanda conforme al cual la prestación de ayuda para morir que configura la LORE solamente podría ser constitucional si previamente se hubiese asegurado al paciente el acceso a los cuidados paliativos que precisase, porque, según se dice, de no ser rechazada, la ayuda paliativa podría en algunos casos llegar a atenuar total o parcialmente unos sufrimientos que solo si llegaran a ser percibidos como constantes e intolerables permitirían abrir paso, junto a otras condiciones, a aquella prestación [art. 3 b) y c) y arts. 5.1 d) y 12 b) párrafo 5 LORE]. Debe oponerse de partida que los cuidados paliativos no constituyen una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento en las que opera el derecho de autodeterminación de la muerte eutanásica. No lo son, en particular, en casos de padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes en los que no cabe esperar un fallecimiento próximo. Más allá de esta insuficiencia de los cuidados paliativos para abarcar todos los supuestos de sufrimiento extremo concernidos, debe objetarse que subyace a esta argumentación la premisa de que los cuidados paliativos permitirían proteger de manera suficiente la dignidad de la persona sin necesidad de llegar a afectar a su vida, premisa que no cabe asumir en términos constitucionales. El fundamento constitucional de la prestación de ayuda para morir que configura la LORE, cifrado en la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos, remite no solo a la libertad, sino también a la dignidad de la persona. Y no cabe presumir desde una perspectiva constitucional que la mera eliminación o mitigación del sufrimiento físico que pudiera producirse a través de la aplicación de cuidados paliativos integrales baste para reducir el sufrimiento psíquico de la persona a niveles que le permitan continuar viviendo en condiciones compatibles con su propia percepción acerca de la dignidad de su existencia. Los cuidados paliativos suponen una opción terapéutica que la persona puede rechazar desde su concepción personal de una muerte digna, que puede llevarle a preferir la anticipación directa de la muerte, opción asimismo amparada por el derecho de autodeterminación de la persona en el contexto eutanásico. Circunscribir a los cuidados paliativos las posibilidades médicas de la persona inmersa en una situación extrema de sufrimiento supondría una limitación tal del derecho de autodeterminación que no resulta compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) ni con el derecho a la integridad personal (art. 15 CE). Cuidados paliativos integrales y eutanasia activa directa son, en definitiva, mecanismos que desde una perspectiva constitucional y en contextos eutanásicos presentan entre sí una relación no de subsidiariedad, sino de complementariedad o alternatividad.
Cuestión distinta es que, en la aplicación de la LORE a supuestos concretos, la libre decisión del paciente pudiera cuestionarse si la persona afectada no contase con la opción, real y efectiva, de acceder a cuidados paliativos, pues ello podría afectar a la formación de su voluntad. En absoluto nos referimos con ello a que el sufrimiento extremo prive a la persona de la capacidad de decidir libremente acerca de su propia muerte, planteamiento que sería incompatible en esencia con la protección constitucional del derecho de autodeterminación del paciente en estos contextos. A lo que nos estamos refiriendo es a la eventualidad de que el sujeto pueda verse incentivado a solicitar una ayuda para morir que acaso no habría recabado si su sufrimiento hubiese sido mitigado mediante la ayuda paliativa.
Al respecto, hay que destacar que la ley prevé la disponibilidad de cuidados paliativos «integrales» [arts. 5.1 b) y 8.1], una prestación de necesaria disponibilidad en este contexto (art. 43.2 CE) cuya ordenación concreta no es su objeto y que se contempla en la normativa del Sistema Nacional de Salud, a la que el art. 5.1 b) LORE remite, además de en la legislación complementaria de varias comunidades autónomas. Como se expuso con mayor detalle en el fundamento jurídico 4, existe hoy en día ya un amplio desarrollo normativo sobre el derecho a recibir cuidados paliativos. Calificar de «puro requisito formal» estas menciones de la LORE, como el recurso hace, no pasa de ser una prevención o recelo que no puede dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad [por todas, SSTC 197/2014, de 4 de diciembre, y 84/2015, de 30 de abril, FFJJ 7 c) de una y otra]. Ello sin perjuicio de que, para verificar el carácter libre de la decisión del paciente, los aplicadores de la norma deban tener en cuenta, entre otros elementos, la efectiva puesta a disposición de los cuidados paliativos que fueran precisos en el caso concreto de acuerdo con el estado de conocimiento de la medicina.
No merece la Ley Orgánica censura abstracta de inconstitucionalidad por esta causa.
d) Desestimación de la queja.
De lo hasta aquí expuesto se desprende que el legislador ha tenido en consideración su deber de proteger la vida de las personas frente a agresiones de terceros al configurar la prestación de ayuda para morir prevista en la LORE, y que ha pretendido responder a él mediante la articulación de un modelo de protección basado en varios elementos: (i) la exigencia de que concurran dos presupuestos materiales (una decisión «libre, voluntaria y consciente» del paciente y un «contexto eutanásico» suficientemente acotado y restringido a situaciones de sufrimiento personal extremo por causas médicas graves, irreversibles y objetivamente contrastables); (ii) una intervención estatal obligatoria en el proceso previo de toma de decisión del paciente (a través de la información y el asesoramiento neutrales, la exigencia de varias solicitudes y de varios periodos de reflexión, y la intervención en el procedimiento de distintos profesionales médicos independientes entre sí y de un órgano colegiado de composición multidisciplinar), así como en su puesta en práctica; (iii) un control administrativo obligatorio yex postcompatible con los controles que pudieran sustanciarse en vía judicial; y (iv) la previsión de que el incumplimiento de las garantías previstas en la propia Ley dará lugar a las responsabilidades civil, penal, administrativa, y estatutaria o profesional que correspondan, manteniéndose para tales casos la penalización de la eutanasia.
El Tribunal considera que este régimen de garantías y controles satisface el estándar constitucional de protección de la vida frente a injerencias de terceros, porque garantiza suficientemente que la ayuda para morir regulada en la ley se preste únicamente a quien, encontrándose en una situación de sufrimiento extremo y siendo un sujeto capaz, así lo solicite con plena libertad y consciencia, conjurando suficientemente el riesgo de errores, abusos e injerencias no permitidas por parte de terceros.
En nada obsta a esta conclusión, contrariamente a lo que se sostiene en la demanda, la circunstancia de que el legislador haya optado por configurar la ayuda para morir en este preciso ámbito como un derecho público subjetivo y le haya atribuido, además, carácter prestacional. Ningún impedimento constitucional existe a que el legislador configure como derecho prestacional una actividad que, atendiendo a su concreta configuración, es constitucionalmente lícita. Ni de tal configuración como derecho subjetivo, ni del mandato conexo a las administraciones sanitarias para dar la máxima difusión al contenido de la Ley Orgánica y para promover entre la ciudadanía la realización del llamado «documento de instrucciones previas» (disposición adicional séptima), cabe tampoco concluir, visto el conjunto de garantías y controles previstos por el legislador, la existencia de un insuficiente grado de protección de la vida.
En definitiva, la LORE garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida, a la que dispensa un grado de protección que no es insuficiente y que, según la expresa apreciación del legislador –que no cabe tachar de infundada–, es superior al que se derivaría de un sistema de mera despenalización de la ayuda de terceros a la eutanasia y que, con toda evidencia, es también superior al que la legislación vigente proporciona respecto de las otras modalidades de eutanasia –pasiva y activa indirecta– también protegidas, según la doctrina constitucional antes mencionada, en el derecho a la integridad personal (art. 15 CE).
Debe descartarse, por cuanto antecede, la inconstitucionalidad sustantiva que el recurso aduce contra el conjunto de la Ley Orgánica, lo que conlleva el rechazo de la impugnación –redundante, en rigor– que la demanda formula contra sus arts. 1, 4.1 y 13, en los que se cifraría aquel vicio de alcance general.
7. Impugnaciones específicas relativas al régimen de garantías administrativas y judiciales.
A) Preceptos impugnados
El primer bloque de pretensiones subsidiarias que formula la demanda se dirige contra los arts. 7.2, 8.4, 17 –del que hay que excluir sus apartados 1 y 3, por no alegarse nada específico al respecto en la demanda, según quedó indicado en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia– y 18 a) párrafo cuarto de la LORE, así como contra su disposición adicional primera. Los referidos preceptos establecen lo siguiente:
[…]
2. Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de quince días naturales una reclamación ante la comisión de garantía y evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad.»
[…]
4. En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento de las condiciones del artículo 5.1, el paciente podrá recurrir a la comisión de garantía y evaluación en los términos previstos en el artículo 7.2.»
[…]
2. En el caso de las comunidades autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, será el Ministerio de Sanidad quien cree las comisiones para cada una de las ciudades y determine sus regímenes jurídicos.
[…]
4. Cada comisión de garantía y evaluación deberá disponer de un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada comisión y autorizado por el órgano competente de la administración autonómica. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, la citada autorización corresponderá al Ministerio de Sanidad.
5. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud.»
Son funciones de la comisión de garantía y evaluación las siguientes:
a) […] [Párrafo cuarto] En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, la comisión de garantía y evaluación competente requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios.»
La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma.»
Adicionalmente, y aunque no son objeto de impugnación específica, es necesario tener en cuenta lo previsto en los arts. 7.1, 10.5 y 18 a) párrafo quinto LORE, que se mencionan profusamente en la demanda como relevantes para apreciar los vicios de inconstitucionalidad por omisión que se denuncian en este bloque de impugnaciones. Su tenor literal es el siguiente:
1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable.»
5. Las resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.»
Son funciones de la comisión de garantía y evaluación las siguientes:
a) […] [Párrafo quinto] El transcurso del plazo de veinte días naturales sin haberse dictado resolución dará derecho a los solicitantes a entender denegada su solicitud de prestación de ayuda para morir, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.»
B) Posiciones de las partes.
Los recurrentes aducen –y el abogado del Estado niega– que estos preceptos son contrarios a los arts. 15, 24, 53.2, 106 y 117 CE, por las razones ya reseñadas en los antecedentes de esta sentencia y que se sintetizan ahora para facilitar la comprensión del discurso:
a) La demanda señala, por una parte, que solo es posible reclamar ante la comisión de garantía y evaluación frente a la «denegación» de la prestación por el médico responsable (art. 7.2 LORE), sin prever garantía alguna (ni administrativa ni judicial) frente a la decisión favorable a la prestación del mismo facultativo, que no tendría que ser motivada, como sí impone el art. 7.1 LORE para las decisiones desfavorables al reconocimiento de la prestación. Otro tanto se reprocha respecto al informe del médico consultor (art. 8.4).
Argumenta de contrario el abogado del Estado que el debate relativo al deber del médico responsable de motivar la «denegación» sería superfluo, visto el conjunto de documentos del expediente en el que serán manifiestos los fundamentos fácticos y jurídicos de su criterio.
b) De otro lado, los recurrentes aducen que la LORE «omite el establecimiento de unas mínimas garantías jurisdiccionales para la adecuada protección del derecho fundamental a la vida», pues si la comisión de garantía y evaluación decide en contra de la solicitud su resolución podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa [arts. 10.5 y 18 a) párrafo quinto de la LORE], pero «nada se prevé sobre la posibilidad de recurrir una resolución favorable» a esa misma solicitud, lo que resultaría contrario a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las garantías procesales y jurisdiccionales del derecho a la vida y a los arts. 24, 53.2 y 106 CE, al imposibilitar todo control jurisdiccional de una decisión administrativa de tal gravedad. El legislador orgánico vendría obligado por la Constitución a establecer un «concreto y claro sistema de garantías jurisdiccionales que permitan verificar la legalidad y la constitucionalidad de tan irreparable decisión» y lo que no podría hacer es «prever un completo sistema impugnativo» contra la denegación de la prestación eutanásica y omitir toda referencia al «control administrativo y jurisdiccional de la decisión potencialmente vulneradora del derecho a la vida». Como tampoco podría atribuir a un órgano administrativo (art. 17 LORE) el papel que en un Estado de Derecho corresponde al Poder Judicial, que resultaría así «absolutamente preterido», pese a que tiene «constitucionalmente encomendada la tutela de los derechos fundamentales».
Junto a ello se sostiene que el párrafo cuarto del art. 18 a) LORE establece un plazo extraordinariamente breve (siete días) para la realización de la prestación una vez esta ha sido reconocida por la comisión de garantía y evaluación, lo cual imposibilitaría todo control jurisdiccional de una decisión administrativa de la máxima gravedad e impediría obtener una tutela efectiva de los derechos que pudieran asistir a terceras personas para impedir la muerte y salvaguardar el derecho a la vida, con infracción de los arts. 24, 53.2 y 106.1 CE. La ausencia de control y tutela judicial efectivos se derivaría también de la falta de atribución de carácter suspensivo a las impugnaciones judiciales que en su caso pudieran promover los familiares o allegados de la persona afectada.
El abogado del Estado se ha opuesto a estas censuras indicando que la LORE se inserta en un «ordenamiento jurídico preexistente» y no tendría por qué regular lo que ya se disciplina en otras leyes jurisdiccionales. Por aplicación de estas, la resolución favorable de la comisión es un acto de un órgano administrativo susceptible siempre de control jurisdiccional a instancia de quien alegue y acredite un interés legítimo. No procede el control judicial previo no solo porque no sea una exigencia constitucional, sino porque sería contrario a la libertad y dignidad del sujeto someter un derecho personalísimo a la necesaria autorización de un juez o al ejercicio de un derecho de opinión o de veto de familiares o amigos.
c) Por último, la demanda aduce que la disposición final primera de la LORE vulneraría la dimensión procedimental del derecho a la vida (art. 15 CE), pues eliminaría la obligación del Estado de determinar, mediante una investigación completa, las causas de la muerte de una persona bajo su jurisdicción, infringiendo así los arts. 106, 117 y 24 CE, «en cuanto legislativamente se estaría predeterminando el eventual resultado de una investigación judicial».
Frente a ello, el abogado del Estado señala que ni la Constitución ni el CEDH imponen al Estado la obligación de investigar toda muerte y que no hay ofensa contra la vida si es la propia persona quien libre y voluntariamente quiere morir, pues no hay ataque de tercero; se despenaliza solo la cooperación al fallecimiento cuando sea conforme a la LORE y, si así no fuera, habría que estar a lo dispuesto en la disposición final segunda de esta, que establece que «[l]as infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, general de sanidad, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civil, penal y profesional o estatutaria que puedan corresponder».
C) Enjuiciamiento.
a) Carecen de consistencia las censuras de inconstitucionalidad de la demanda tanto por no haber impuesto el legislador la necesaria motivación de la «comunicación médica» favorable a la viabilidad de la solicitud, que el facultativo responsable pueda dirigir a la comisión de garantía y evaluación, como por no preverse una reclamación frente a dicha comunicación o frente al «informe» del médico consultor que corrobore, en hipótesis, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 5 LORE. Ambos reproches se formulan por contraste con lo previsto en los supuestos de «denegación de la prestación de ayuda para morir» por parte del médico responsable, que requiere de motivación (art. 7.1 LORE), y la posibilidad de reclamación contra los informes médicos desfavorables (arts. 7.2 y 8.4 LORE).
Lo que por lo común reclama justificación y eventual remedio no es la opinión o parecer que haga viable la prosecución del procedimiento iniciado por quien tenga la condición de interesado, sino el obstáculo u oposición a ese discurrir. La «comunicación médica» (art. 10.1 LORE) favorable a la solicitud tiene como efecto, sin embargo, permitir la continuación del procedimiento. Además, dicha comunicación deberá ir acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que la Ley Orgánica requiere para acceder a esta prestación (arts. 8 y 10.2 LORE). Y los hipotéticos errores o irregularidades en la actuación médica, así como las eventuales insuficiencias de aquella «comunicación», son susceptibles de control no solo por la comisión de garantía y evaluación en su «verificación previa» (art. 10 LORE), sino también en vía judicial, como se razonará de inmediato. Ello conduce a descartar las infracciones constitucionales que por esta causa se aducen.
b) Procede abordar, en segundo lugar, la censura de inconstitucionalidad por supuesta infracción de los arts. 24, 53.2 y 106.1 CE, por haber excluido la LORE –se dice– el necesario control y garantía judicial respecto de las decisiones que reconozcan el derecho a la prestación de ayuda para morir, exclusión que se derivaría del hecho de que el control judicial se ha previsto expresamente solo para las resoluciones denegatorias de la comisión [arts. 10.5 y 18 a) párrafo quinto LORE]. En conexión con ello denuncian los recurrentes la inconstitucionalidad del art. 17 LORE, relativo a la creación, composición y naturaleza de las comisiones de garantía y evaluación, aduciendo el carácter insuficiente del control que la LORE atribuiría en exclusiva a estos órganos administrativos, con la consiguiente postergación del control jurisdiccional. Dicho queda con ello que esta última censura quedaría descartada, sin más, si hubiese de rechazarse la de carácter principal que se fundamenta en tal interpretación de la Ley Orgánica.
Este alegato se considerará solo por lo que hace a las resoluciones definitivas de las comisiones de garantía y evaluación (art. 10.4 LORE), tanto de los dos comisionados como del pleno, en este último caso al rectificar por vía de reclamación la decisión de aquellos o al dirimir su desacuerdo (art. 10.1 y 3 LORE), en las que se reconozca el derecho a la prestación de ayuda para morir, confirmando el criterio del médico responsable y del médico consultor, al verificar que «concurren los requisitos y condiciones establecidos para [su] correcto ejercicio» (art. 10.1 LORE). Por lo tanto, quedan excluidas de consideración aquí, en primer lugar, las decisiones del pleno de estas comisiones que de manera expresa o tácita resulten desfavorables, directamente o por desestimación de reclamaciones o recursos, al ejercicio de este derecho, ya que, como acaba de indicarse, la Ley Orgánica es explícita en cuanto al posible recurso contencioso-administrativo contra las mismas [arts. 10.5 y 18 a), párrafo quinto]. Y en segundo lugar, no se examinarán aquí los acuerdos de las comisiones que estimen reclamaciones o recursos contra el parecer de los facultativos [párrafos primero y cuarto del artículo 18 a), en relación con los arts. 7.2 y 8.4] ya que dichos acuerdos no merecen, atendido el contexto conjunto de la LORE la calificación de definitivos.
Acerca de esto último, conviene precisar que, como se recogió en el fundamento jurídico 5, el legislador ha diseñado un procedimiento administrativo complejo, articulado en dos fases. Una primera, a cargo de profesionales médicos que acompañan y asesoran al paciente y dictaminan sobre su estado (el «médico responsable» y el «médico consultor»), y otra, ya decisoria, para la que se ha configurado un tipo de órgano sin superior jerárquico, que bien puede identificarse como administración funcionalmente independiente, órgano a estos efectos de «garantía y evaluación» (capítulo V) o, en otras palabras, de «control» (art. 8.5) o «verificación previa» (rúbrica del art. 10) y al que corresponde –siempre previo parecer favorable de tales facultativos– reconocer o no el derecho a la prestación de ayuda para morir. Ni la puesta «en conocimiento» (art. 8.5) de la comisión de garantía y evaluación por el facultativo responsable –«comunicación médica», en palabras del art. 10.1– ni el «informe» u «opinión» del consultor [arts. 8.3 y 12 a)] constituyen actos de administración alguna (art. 34 de la Ley 39/2015) que se pronuncien, ni siquiera a título de propuesta, sobre la solicitud de la prestación de ayuda para morir, sino informes o dictámenes previos de estos facultativos (cualquiera que sea la condición jurídica de su estatus profesional: arts. 2 y 14, inciso primero) que han de valorar positivamente, según su ciencia propia, la concurrencia de las condiciones legales para dar curso a aquella solicitud a fin de que sobre la misma pueda pronunciarse la comisión correspondiente. Sin perjuicio de que, caso de valoración adversa, la Ley Orgánica prevea una reclamación o recurso ante este órgano administrativo [arts. 7, 8.4 y 18 a), párrafo primero], sin que la impropia calificación legal de tal valoración negativa como «denegación de la prestación» pueda mover a la confusión en la que la demanda incurre.
Es la comisión de garantía y evaluación, y no el médico responsable ni el médico consultor, quien reconoce o deniega el derecho a la prestación. Esta resolución, que solo puede dictarse previo parecer favorable de los dos facultativos citados, pone fin a la vía administrativa (art. 114 de la Ley 39/2015) y se deberá trasladar «al médico responsable […] para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda para morir» (art. 10.4). Todo ello con independencia del lenguaje algo errático del que se sirve la LORE al aludir a esta resolución («informe», que «servirá de resolución», de aquellos comisionados, «resolución definitiva» de los mismos o del propio pleno y, de nuevo, «resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente la solicitud» (apartados 3, 4 y 5, respectivamente, del artículo 10). Anfibologías no insuperables y que en nada afectan, conforme a lo que el Tribunal tiene declarado de antiguo, a la validez de estas previsiones legales (por todas, STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2: no es competencia de la jurisdicción constitucional «velar por la perfección técnica de las leyes»). El Tribunal es consciente de que los métodos habituales de interpretación de la ley ofrecen al jurista criterios técnicos para otorgar sentido y sistematizar los textos y enunciados normativos cuestionados por los recurrentes.
Una vez aclarado el procedimiento que diseña la ley para el reconocimiento de la prestación, pueden resolverse las pretensiones que en este punto se han deducido. Aunque la demanda hace una alusión inicial a la «previa autorización judicial» que «de ordinario» garantizaría a la persona frente a «injerencias» del poder público en sus derechos fundamentales –alusión que después se ilustra con cita del art. 763 de la Ley de enjuiciamiento civil, relativo al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico–, su fundamentación impugnatoria se centra en la supuesta e inconstitucional omisión por la LORE de recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones que reconozcan el derecho a obtener la prestación. Esto es lo único que el Tribunal considerará aquí, pues ni la alusión a aquel control judicial previo va, en esta parte de la demanda, más allá de lo marginal, ni cabe equiparación alguna entre cualesquiera intervenciones coercitivas en los derechos fundamentales, de una parte, y la solicitud consciente, voluntaria y libre, de la otra, que viene exigida por la LORE para acceder, cumplidas las demás condiciones, a la prestación que instituye.
Las resoluciones definitivas de las comisiones de garantía y evaluación que reconozcan el derecho a acceder a la prestación de ayuda para morir y franqueen con ello el paso a su «realización» (art. 11) no podrían, sin conculcación manifiesta de la Constitución, quedar exentas del control judicial. Mediante el «control previo» (art. 8.5) de carácter administrativo que la LORE ha establecido se ha de verificar si «concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir» (art. 10.1), pero tales actos administrativos no podrían quedar sustraídos a toda posible fiscalización judicial que –a instancia de parte legitimada– reconsiderara el cumplimiento cabal de aquellos requisitos y condiciones en la fase primera del procedimiento, a cargo de facultativos, y que pudiera también enjuiciar la corrección de la verificación llevada a cabo por las comisiones de garantía y evaluación.
Así es por imperativo de la Constitución. El art. 106.1 CE dispone el control por los tribunales de la legalidad de la actuación administrativa y de su sometimiento a los fines que la justifican, y el art. 24.1 CE proclama el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Ambos preceptos se encuentran estrechamente vinculados para asegurar, como exige el art. 103.2 CE, la plena sujeción a la ley y al Derecho de la actuación de las administraciones públicas, sin permisión de «zonas de inmunidad de jurisdicción» que serían inconciliables con el Estado de Derecho (art. 1.1 CE y, por todas, STC 140/2016, de 21 de julio, FFJJ 3 y 11). Por lo que ahora importa, ello supone que sobre los derechos y bienes constitucionales que pudieran llegar a verse irreversiblemente afectados por hipotéticos incumplimientos de lo prescrito en la LORE no ha de tener la última palabra una administración pública. El control judicial de la administración es insoslayable, y su exclusión legislativa, plena y en abstracto, sería inequívocamente contraria a la Constitución.
Ahora bien, este tribunal aprecia que, a diferencia de lo que afirman los demandantes, la LORE no ha excluido el control por la jurisdicción contencioso-administrativa de las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación que reconozcan el derecho a la prestación de ayuda para morir, lo que conduce a desestimar la censura de inconstitucionalidad que derivaría de tal supuesta carencia.
Las leyes de carácter sectorial que ordenan la actuación de las administraciones públicas de ninguna manera tienen que hacer mención expresa de las garantías que, en general, se configuran en las leyes procesales –ante todo, por lo que ahora interesa, en la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa– para asegurar el pleno sometimiento a la ley y al Derecho de tales actuaciones, su control por los tribunales y la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos. La apertura del control judicial cuya previsión echan en falta los recurrentes proviene directamente, sin necesidad de recordatorio legal, de la legislación procesal, que así cumple aquellos imperativos constitucionales. Los derechos fundamentales «no resultan necesariamente dañados por el mero hecho de que las normas no hagan expresa salvedad de su subsistencia en cada caso (STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 4), ni por la eventualidad de que tal silencio pudiera […] dar lugar a una infracción singular del respectivo derecho» (STC 148/2021, FJ 6).
Lo anterior no puede quedar ensombrecido ante la explícita referencia que la Ley Orgánica hace a la posible impugnación de las resoluciones desfavorables a la solicitud para acceder a la prestación [art. 10.5 y, en relación con el mismo, art. 18 a), párrafo quinto], referencia de todo punto innecesaria –que ha de ponerse en conexión con el carácter de derecho subjetivo jurídicamente exigible que el legislador ha atribuido a la prestación de ayuda para morir– de la que los recurrentes hacen una interpretación excluyente oa contrario. Esta mención pudiera deberse al celo del legislador en configurar como derecho subjetivo la prestación que disciplina o tal vez a la conveniencia de remitir a un procedimiento específico para su defensa jurisdiccional (disposición adicional quinta). Sin embargo, no cabe aventurar a partir de ello la conclusión excluyente, y desde luego inconstitucional, a la que solo cabría llegar ante una determinación legal inequívoca [como las que se enjuiciaron, dicho ahora a título de ejemplo, en las SSTC 31/2000, de 3 de febrero, FJ 3; 149/2000, de 1 de junio, FJ 3; 202/2011, de 13 de diciembre, FJ 4, y 31/2015, de 25 de febrero, FJ 8 b)]. La inconstitucional pretensión de descartar el control judicial de la actuación administrativa solo podría constatarse ante una norma explícita de la ley, no a partir de inferencias de su intérprete.
En definitiva, el legislador no ha cerrado el paso a la eventual impugnación judicial de las resoluciones que reconocen el acceso a la prestación, impugnación que podría plantear quien adujera el incumplimiento de las condiciones legales para el reconocimiento administrativo de este derecho –por vicios de voluntad en la solicitud del paciente, por la no concurrencia de los supuestos fácticos que justifican la prestación eutanásica o, entre otras hipótesis concebibles, a causa de irregularidades invalidantes en el curso del procedimiento– y ostentara legitimación para ello con arreglo al art. 19.1 a) de la citada Ley 29/1998. Ello sin perjuicio de la legitimación institucional que pudiera corresponder al Ministerio Fiscal para la interposición, en especial, del recurso contencioso-administrativo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, hoy regulado en el capítulo I del título V de la misma Ley 29/1998, procedimiento al que se refiere la disposición adicional quinta de la LORE (al respecto, con carácter general, sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1990, recurso 2915-1990).
c) Mención separada merece la queja de los recurrentes relativa a la supuesta falta de efectividad de la tutela judicial frente a las resoluciones que reconozcan el acceso a la prestación regulada en la Ley Orgánica.
Se impugna en este punto el párrafo cuarto del art. 18 a) LORE, relativo a la resolución de la comisión de garantía y evaluación que, en palabras de la Ley Orgánica, «sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir», en la medida en que se establece allí que, en tal hipótesis, la propia comisión «requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios». La demanda –ya se ha dicho– estima que esta previsión impide el efectivo control judicial de las citadas decisiones, porque estaríamos ante un «plazo extraordinariamente breve […] para ejecutar una decisión administrativa tan grave» y porque el legislador habría, indebidamente, omitido atribuir eficacia suspensiva al recurso contencioso-administrativo que en su caso se interpusiera frente a ella.
Este tribunal tiene declarado que la ejecutividad de los actos de las administraciones públicas encuentra justificación en el principio de eficacia (art. 103.1 CE) y que no puede estimarse, en términos generales y abstractos, como incompatible con el art. 24.1 CE, si bien «de este mismo derecho fundamental deriva la potestad jurisdiccional para adoptar medidas cautelares y suspender la ejecución por los motivos que la ley señala», ya que «la fiscalización plena, sin inmunidades de poder, de la actuación administrativa impuesta por el art. 106.1 CE comporta que el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos» (por todas, STC 78/1996, de 20 de mayo, FJ 3, con ulteriores referencias). El derecho a la tutela judicial efectiva «se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que este, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión» (STC 66/1984, de 6 de junio, FJ 3).
No hay elemento alguno en la LORE que venga a excluir la posibilidad de solicitar y obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo definitivo por el que la comisión de garantía y evaluación reconoce el derecho a la prestación de ayuda para morir, posibilidad que se rige por lo establecido en la legislación general para la vía administrativa (arts. 98.1, 108, 117 y 120 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) y para la vía judicial (arts. 129 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Tampoco hay en la LORE –ni, específicamente, en su art. 18 a), párrafo cuarto– indicación alguna que exima a la administración sanitaria de observar la doctrina constitucional conforme a la cual la ejecución inmediata de un acto administrativo «si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión», de modo tal que «el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación jurisdiccional de su denegación y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el mismo a la correspondiente revisión específica» (STC 78/1996, de 20 de mayo, FJ 3).
En relación con ello debe aclararse que el párrafo cuarto del art. 18 a) LORE no establece, a diferencia de lo que sostienen los recurrentes, que la prestación deba realizarse en el plazo insoslayable y «extraordinariamente breve» de siete días desde su reconocimiento por la comisión de garantía y evaluación.
La demanda equipara de este modo el «facilitar la prestación» a que alude el citado párrafo con la «realización de la prestación de ayuda para morir», acto final de los profesionales sanitarios (art. 11). Sin embargo, la sistemática interna de la propia LORE y su procedimiento de tramitación parlamentaria ponen de manifiesto que el plazo de siete días al que se refiere el párrafo cuarto del art. 18 a) no se refiere a la decisión definitiva del procedimiento (cuestión regulada en el art. 10 y, en particular, en su apartado 4) ni a su puesta en práctica mediante la «realización de la prestación» en el sentido del art. 11. Antes bien, el apartado cuarto del art. 18 a) se refiere exclusivamente a la consecuencia que en Derecho se seguiría de la estimación por la comisión de la reclamación frente a la «denegación» de la solicitud de la prestación por el médico responsable [arts. 7.2 y 18 a), primer párrafo] o frente al informe desfavorable del médico consultor (art. 8.4). Consecuencia que no es el reconocimiento definitivo de la prestación por parte de la comisión de garantía y evaluación, como sugieren los recurrentes, sino la reanudación del procedimiento conforme a los trámites ordinarios previstos en la propia Ley Orgánica, esta vez con la intervención «de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios», sustitución cuya razón de ser está en el previo parecer desfavorable del médico responsable o consultor, según los casos, y en la consecuente oportunidad, en apreciación del legislador, de dar entrada aquí a distintos profesionales.
En efecto, frente a lo que pudiera inferirse de una lectura apresurada del art. 18 a) en su conjunto, el impugnado párrafo cuarto solo es inteligible en relación con el párrafo inicial del propio artículo, que fija como primera función de estas comisiones «resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir», reclamación prevista en el artículo 7.2, y en unos «términos» aplicables también al posible recurso frente al informe desfavorable del médico consultor (art. 8.4). Solo esta conexión o secuencia entre un párrafo y otro aporta sentido al mandato del precepto impugnado en orden a la intervención «de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios», sustitución que vendría provocada por la previa opinión contraria del facultativo a facilitar la prestación y por la oportunidad, en apreciación del legislador, de dar entrada a otros profesionales.
Así de evidentes habrían de ser las cosas para cualquier lector de este artículo 18 a) ante la redacción originaria de la proposición de ley, en la que sus actuales párrafos primero y cuarto eran inmediatamente consecutivos («Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados», XIV legislatura, núm. 46-1, de 31 de enero de 2020, p. 9). No cabría, en virtud de lo dicho, llegar hoy a conclusión distinta por la mera y solo aparente disociación textual que entre los repetidos párrafos se verificó al acogerse una enmienda que incorporó al artículo 18 a) sus vigentes párrafos segundo y tercero, referidos a asuntos diversos, como son, respectivamente, las resoluciones de la reclamación frente a la decisión de los dos comisionados que denegara la solicitud y la que zanjara la disparidad de criterio entre ellos (enmienda núm. 182, «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados», XIV legislatura, núm. 46-4, de 4 de noviembre de 2020, pp. 119-120).
A este argumento relativo al procedimiento de elaboración parlamentaria de la LORE ha de sumarse otro de carácter sistemático, pues la interpretación propuesta por los recurrentes haría entrar al precepto impugnado en contradicción manifiesta con la totalidad del procedimiento de verificación previa establecido por el legislador. Porque la «denegación» del médico responsable frente a la que cabe reclamar «deberá realizarse en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud» (art. 7.2), esto es, en una fase todavía incipiente del procedimiento en la que aún no habría habido ocasión de cumplimentar, según los lapsos fijados en la LORE (apartados 1, 2 y 3 del art. 8), trámites tan indispensables como son los sucesivos procesos deliberativos con el paciente, para quien el médico responsable es el «interlocutor principal» [art. 3 d)], mediados por su segunda solicitud, quince días, al menos, tras la primera [art. 5.1 c)], su firma del consentimiento informado, la corroboración por el médico consultor, con formación en las patologías del paciente [art. 3 e)], del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5 y, en definitiva, la propia certificación por el médico responsable de la enfermedad o padecimiento de la persona afectada y, si fuera el caso, de su incapacidad de hecho [art. 5.1 d) y 2]. Ninguna de estas indisponibles secuencias y actos del procedimiento pueden desarrollarse directamente ante la comisión de garantía y evaluación o asumirse por ella, lo que supondría, como bien se comprende, incurrir en una patente ruptura del régimen de garantías que el legislador ha predispuesto, cancelar por entero la inexcusable fase inicial del procedimiento, a cargo de facultativos, y abocar al sinsentido de que pudieran adoptarse, mediante la simple y sola estimación de estas eventuales reclamaciones, decisiones administrativas que quedan positivamente condicionadas por la Ley Orgánica al previo cumplimiento de estas garantías.
Así las cosas, la inicial ambigüedad del párrafo cuarto del artículo 18 a) no impone al intérprete entender que el requerimiento a la dirección del centro para que «facilite la prestación solicitada» equivale, sin más, a una exigencia de su «realización» (art. 11) en el exiguo plazo de siete días. La equivocidad en este punto del precepto –debida, en buena parte, a su ubicación– puede y debe ser despejada mediante el recurso a aquella interpretación sistemática que armonice el enunciado con el conjunto del cuerpo legal en que se integra, salvaguardando así la coherencia entre el sentido y articulación general de la LORE y esta específica norma que, al igual que cualquier otra, no ha de verse como «un elemento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho» [STC 126/2021, de 3 de junio, FJ 7 b), entre otras muchas resoluciones de análogo tenor, desde la STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 10]. No cabe «leer un artículo de un texto normativo de tal modo que desvirtúe el contenido normativo de otro[s] precepto[s] de ese mismo texto» [STC 101/2016, de 25 de mayo, FJ 12; en términos análogos, STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 13 e)].
En definitiva, ha de desestimarse la impugnación del párrafo cuarto del artículo 18 a) en tanto que no puede acogerse la interpretación del mismo propuesta por los demandantes. Dicho párrafo cuarto ha de interpretarse, por el contrario, en el sentido de que el requerimiento a la dirección del centro para que, en el plazo máximo de siete días naturales, «facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios» supone, estrictamente, que, estimada la reclamación frente a la «denegación» del médico responsable o acogido el recurso contra el informe desfavorable del facultativo consultor (art. 8.4) el procedimiento legalmente establecido (arts. 8, 10 y concordantes) deberá reanudarse, dentro de aquel plazo máximo, y cumplimentarse conforme a la Ley Orgánica en todos los trámites y actuaciones aún pendientes, si a ello hubiere lugar, por más que ya con la intervención –como el precepto establece– de profesionales distintos a los que inicialmente informaron en contra de la solicitud. La LORE no impone, por lo tanto, que la prestación sea «realizada», una vez reconocida definitivamente por la comisión, en el plazo de siete días, ni impide la plena tutela judicial –incluyendo su eventual suspensión cautelar– conforme a lo previsto en la legislación general y en la doctrina constitucional.
d) Debe finalizarse el análisis de este bloque de impugnaciones examinando si, como aducen los recurrentes, la previsión de que «la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos» (disposición adicional primera de la LORE) contraviene la «dimensión procedimental del derecho [a la vida]», al eliminar «la obligación del Estado de determinar mediante una investigación completa las causas de la muerte de una persona bajo su jurisdicción».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha identificado en el art. 2 CEDH una obligación procedimental de investigación, siempre que las circunstancias concurrentes así lo requieran, para determinar eventuales responsabilidades por los hechos que condujeron a la muerte –entre otras hipótesis– de pacientes al cuidado de profesionales de la medicina (por todas, STEDH de 11 de octubre de 2022, en el asuntoGarrido Herrero c. España, § 71). Pero esta doctrina no es trasladable a los casos de muertes eutanásicas como las contempladas en la LORE, fallecimientos que no sobrevienen o acaecen en el curso de cualesquiera tratamientos sanitarios, sino que se verifican por haberlo instado así el paciente que se encuentre en las condiciones que esta Ley Orgánica prescribe, condiciones que han de quedar debidamente acreditadas a lo largo del procedimiento (STEDH del asuntoMortier c. Bélgica, § 179: «cuando la muerte es resultado de una eutanasia practicada en el marco de una legislación que la autoriza con subordinación a condiciones estrictas, una investigación penal no es, en general, exigible»). Por ello, la pretensión de inconstitucionalidad carece en este punto, como a continuación se razona, de todo fundamento.
«Muerte natural», o por causas naturales, es la que resulta «de un proceso morboso en el que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo, n