Categoría: Judicial

dicial la entidad demandante solo hubiera expuesto que la imposibilidad de conocer la fecha controvertida daría lugar a problemas en el contexto de un eventual incidente de ejecución en que derivara la sentencia dictada pone de manifiesto que los eventuales perjuicios entonces alegados no eran actuales sino que aparecían deferidos a un hecho futuro, incierto e hipotético como es un eventual incidente de ejecución al que podría dar lugar la sentencia dictada. Esta conclusión no queda desautorizada por la circunstancia de que la entidad recurrente haya insistido en su demanda de amparo en que la indefensión consistiría en impedirle recurrir en casación la sentencia por una eventual vulneración del art. 14 CE por incluir un tratamiento desigualitario en la fijación de la fecha controvertida respecto de otras resoluciones judiciales. Es una alegación que, al no ser hecha valer en el procedimiento judicial, no pudo ser ponderada entonces por el órgano judicial para resolver tanto sobre la inicial petición de traducción como sobre la invocación del art. 24.1 CE en el recurso de reposición y, por tanto, sobre la que este tribunal por razones de subsidiariedad de la jurisdicción de amparo tampoco puede pronunciarse.
En definitiva, el Tribunal aprecia que tampoco concurre el segundo requisito necesario para entender vulnerada la prohibición de indefensión de que esta haya generado un perjuicio material real, efectivo y actual, y no solo potencial, hipotético o abstracto.
De ese modo, el Tribunal concluye, por las razones expuestas, que no concurre la vulneración aducida por la entidad demandante de amparo de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), lo que determina la desestimación de presente recurso.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Accesos de Ibiza, S.A.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Inmaculada Montalbán Alonso.–Ricardo Enríquez Gallego Luisa Balaguer Herrera Benítez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Carmona Jorquera.–María Durán Segoviano Herrera Ramírez Tribiño.–Juan Carlos Campo Moreno.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
En el ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, formulamos el presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo avocado núm. 6735-2021, el cual a nuestro juicio debió ser estimado por haber acreditado la parte actora que se le causó una indefensión procesal constitucionalmente relevante, al haberse negado la Salaa quoa la traducción al castellano del auto, redactado en catalán, que aclaraba un párrafo de la sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquella, redactada también esta resolución en catalán.
1. Doctrina constitucional aplicable.
A fin de explicar nuestro criterio, procede primero recordar la doctrina constitucional que debió ser tenida en cuenta para la resolución de la demanda de amparo, cuya estimación en todo caso no ponía en cuestión el derecho reconocido por el art. 231.2 LOPJ a que los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de Jugados y Tribunales puedan usar la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión, como indica esta norma.
a)Solicitud de aclaración y derecho de defensa:como cuestión previa, conviene recordar cuál es el papel asignado por nuestro ordenamiento a la solicitud de aclaración de autos y sentencias dictados por los tribunales de la jurisdicción ordinaria (art. 267 LOPJ, arts. 214 y 215 –complemento– de la Ley de enjuiciamiento civil), en cuanto se configura como un instrumento para la defensa de las partes en el proceso. Su constitucionalidadexart. 24.1 CE ha sido reiteradamente proclamada por este tribunal, por cuanto la aclaración «no solo no atenta per se contra [el] principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y consecuentemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que bien al contrario, sirve para salvaguardar, desde su concreta función reparadora, la doble exigencia de seguridad jurídica y de efectividad de la tutela judicial que ‘no alcanza a integrar un supuesto derecho a beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo que puedan deducirse, con toda certeza, del propio texto de la sentencia’ (STC 59/2001, de 26 de febrero, y jurisprudencia allí citada). Tal y como se afirma en la STC 55/2002, de 11 de marzo, que sintetiza la jurisprudencia constitucional en relación con esta cuestión, ‘una cabal comprensión del art. 24.1 CE ha de rechazar la absurda conclusión de que extienda su protección a aquello que no fue decidido por el órgano judicial en el seno del proceso’ […]» (STC 123/2011, de 14 de julio, FJ 3).
El auto que resuelve una solicitud de aclaración permite así a la parte que lo pide, conocer el contenido y alcance de lo previamente resuelto; tanto si con ello está de acuerdo con la decisión, como en caso contrario para solicitar su revocación por la vía de los recursos o del incidente de nulidad de actuaciones. Consecuentemente, si la solicitud de aclaración se formula correctamente pues esta no excede de los márgenes legales para su procedencia, su indebida denegación causaría indefensión constitucionalmente relevante a quien la solicita (STC 10/2009, de 12 de enero, FJ 3). Al tratarse de una resolución judicial, por supuesto, el auto de aclaración debe cumplir con las exigencias de congruencia, motivación y racionalidad siempre exigibles (art. 24.1 CE), con independencia de que el órgano judicial acceda o deniegue la aclaración solicitada.
La doctrina de este tribunal, en fin, jamás ha exigido para el ejercicio del derecho a formular una solicitud de aclaración de autos o sentencia, que la parte justifique ante el órgano judiciala quo, o ante nosotros en amparo, que realmente no entiende la resolución a aclarar. Basta simplemente con que su petición corresponda a uno de los supuestos legales de este instrumento, para tener derecho a una respuesta del órgano competente. Respuesta que puede ser desestimatoria siempre que se emita, insistimos, de manera motivada, razonable y congruente.
b)Derecho a la utilización del castellano en las actuaciones judiciales redactadas en una lengua cooficial de una comunidad autónoma, e indefensión constitucionalmente relevante:completando la doctrina que trae la sentencia mayoritaria de la que discrepamos, ha de partirse del sostén constitucional del derecho que asiste a toda parte procesal de nacionalidad española a solicitar la traducción al castellano de aquellos documentos o actuaciones judiciales obrantes en un procedimiento, que estén escritos en la lengua cooficial reconocida en esa comunidad autónoma: de un lado el art. 3.1 CE «[e]l castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», y de otro lado el 24.1 CE, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión. Este derecho de los españoles a la traducción al castellano de las actuaciones judiciales, a su vez, se concreta en el plano legal en el art. 231.4 LOPJ en los términos siguientes: «Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma, salvo si se trata de comunidades autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión». Esto así, la consecuencia de negar judicialmente ese derecho, como tenemos declarado reiteradamente, supone causar indefensión material al solicitante:
(i) En la STC 56/1990, de 29 de marzo, que resolvió varios recursos de inconstitucionalidad promovidos contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, este tribunal dejó sentado que el derecho a la traducción al castellano de las actuaciones de un procedimiento judicial que consten en otra lengua cooficial en una comunidad autónoma, explicitado en el art. 231 LOPJ, resulta respetuoso con el derecho al uso de dicha lengua cooficial. Para el personal del órgano judicial existe un deber de conocimiento del castellano, de modo que la negativa a esa traducción comportaría causar a la parte indefensión. Enseña el fundamento jurídico 41 (las cursivas son nuestras):
«El carácter de lengua oficial de ámbito general del castellano yla obligación que todos los españoles tienen de conocerlo y el derecho de usarlo(art. 3.1 de la Constitución) hace que esta sea la lengua generalmente usada en el ámbito de la administración de Justicia, lo que viene a ser reconocido por el art. 231.1 de la LOPJ. Ahora bien, frente a esa generalidad existen comunidades autónomas con estatuto de cooficialidad lingüística, estatuto que se traduce, entre otras cosas, en el derecho a usar la lengua propia de la comunidad en el seno y ante las administraciones públicas, lo que para la administración de Justicia se reconoce en los apartados 2 y 3 de la LOPJ. Ello supone, pues, en principio una posición de igualdad de las dos lenguas oficiales en el seno de las correspondientes comunidades autónomas. El hecho de que se prevea, por un lado, la obligación del uso del castellano para los miembros del Poder Judicial y para el personal al servicio de la administración de Justicia a petición de alguna de las partes (apartado 2) y la necesidad de traducir en determinados supuestos actuaciones y documentos (apartado 4)es plenamente coherente con la cooficialidad lingüística, tal y como está diseñada por el bloque de la constitucionalidad. Ello porqueel derecho a no sufrir indefensión del que goza todo ciudadano según lo previsto por el art. 24 de la Constitución se anuda a la obligación de conocimiento del castellano (art. 3.1 de la norma fundamental),obligación que no existe respecto del resto de las lenguas españolas».
(ii) Vuelve a referirse al derecho a obtener la traducción al castellano de las actuaciones judiciales en otra lengua cooficial, y el efecto de la indefensión si tal derecho se desconoce, la STC 105/2000, de 13 de abril, resolutoria de un recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la ley orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En relación con el ajuste del apartado cuarto del art. 231, declaramos en el fundamento jurídico 12:
«Este régimen jurídico, como no podía ser de otro modo, se completa con una cláusula de cierre que presta cobertura normativa al problema que puede suscitarse cuando son los titulares de los órganos judiciales, y nolas partes procesales (las cuales siempre pueden alegar indefensión para obligar a que las actuaciones judiciales se desarrollen en lengua castellana), quienes desconocen el idioma oficial propio de la comunidad autónoma […]; la sustitución de la facultad judicial incondicionada de traducción que estaba contenida en la anterior redacción del precepto cuya constitucionalidad nos ocupa por una remisión a otras disposiciones legislativasno impide que los jueces y magistrados, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 16/1994, puedan y deban ordenar la traducción de un escrito o documento redactado en una lengua oficial autonómica cuando ello sea necesario para cumplir la función jurisdiccional (art. 117.1 y 3 CE) de proporcionar a todos tutela judicial efectiva, como exige el principio proclamado en el art. 24.1 CE. Interpretado así, el art. 231.4 LOPJ no se opone a los arts. 3, 117.1 y 149.1.5 CE».
(iii) Por su parte, en la STC 253/2005, de 11 de octubre, a propósito de resolver un conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Nación frente a un decreto dictado por el Gobierno Vasco sobre «modernización en la prestación del servicio público de la Justicia», se traen a colación los pronunciamientos de la STC 56/1990, recordando cómo en esta «también indicamos que ‘el derecho a no sufrir indefensióndel que goza todo ciudadano según lo previsto por el art. 24 de la Constituciónse anudaala obligación de conocimiento del castellano(art. 3.1 de la norma fundamental), obligación que no existe respecto del resto de las lenguas españolas’ (STC 56/1990, FJ 41)».
(iv) Como pone de relieve la sentencia de la que disentimos, el único caso en el que se resuelve en un recurso de amparo la denuncia de indefensión ocasionada por la decisión del órgano judicial de realizar las actuaciones en otra lengua cooficial (en catalán), es en el ATC 338/2004, de 13 de septiembre. Aunque el supuesto enjuiciado difería del que aquí nos ocupa (pues el juzgadoa quohabía denegado entonces que el procedimiento de ejecución se siguiera en castellano, pero ordenó la traducción de las actuaciones a este último, viniendo a quejarse la parte de esa decisión), la doctrina que se aplicó por este tribunal resulta en efecto pertinente también aquí, aunque conduciría precisamente a una conclusión contraria a la que sostiene la sentencia mayoritaria de la que se discrepa, como luego veremos. Tras situar este debate (ATC 338/2004, FJ 3) en el ámbito de la lesión del derecho a no padecer indefensión (art. 24.1 CE) y no en la del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), como precisa la sentencia mayoritaria, he aquí que el auto citado inadmitió aquel recurso de amparo porque el órgano judicial había acordado la traducción de las actuaciones al castellano (FJ 4):
«Pues bien, para evaluar si se ha producido o noefectiva indefensiónha de hacerse notar que la cuestión suscitada se ha planteado en relación con las resoluciones escritas del órgano judicial y que a la redacción en catalán se acompaña una traducción en castellano. Al respecto hemos de observar que,al disponerse de traducción al castellano de un documento escrito,las actuaciones de parte en relación al mismo no se ven impedidas ni dificultadas, en términos constitucionalmente relevantes, por su originaria redacción en catalán. De esta manerano cabe apreciar, a los efectos del control que nos corresponde, merma en las facultades o posibilidades de defensa de los demandantes de amparo producida como consecuencia del empleo del catalán en las resoluciones judiciales si se facilita una traducción al castellano que permite acceder a la intelección de su contenido».
Por lo tanto, asensu contrarioes claro que sí cabe hablar de indefensión apreciable «a los efectos del control que nos corresponde», cuando el problema suscitado, como aquí acontece, es que la traducción al castellano ha sido denegada infundadamente, en cuanto la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia desconoció y se apartó de la obligación que le imponía el art. 231.4 LOPJ.
(v) Interesa observar que la doctrina aplicable que se transcribe, en ningún momento ha exigido para poder ejercitarse el derecho a la traducción en castellano de las actuaciones obrantes en otra lengua cooficial, que la parte tenga que justificar o acreditar que desconoce la lengua cooficial o, para ser más concretos, que la desconoce totalmente o al menos lo suficiente como para poder entender el o los pronunciamientos de la resolución judicial sobre los que se pide la traducción. Una justificación de este tipo supondría la prueba diabólica de una afirmación negativa (el indicado desconocimiento de la lengua cooficial). En particular, el ATC 338/2004 no dice que la exigencia de una indefensión material, en este contexto, pase por acreditar o probar la ignorancia de la lengua cooficial.
Todo ello explica que, no por casualidad, el art. 231.4 LOPJ garantice el derecho a la traducción a toda parte «que alegue indefensión», sin más añadidos. No a la parte que «justifique», «acredite» o «pruebe» la indefensión, solo a la que la alegue, pues va de suyoexart. 3 CE que, en lo que aquí tratamos, toda persona de nacionalidad española (persona física o jurídica) que es parte en un procedimiento judicial, no está obligado a conocer ninguna otra lengua distinta al castellano.
Tampoco es necesario que la parte funde su solicitud de traducción en que, gracias a ella podrá interponer un futuro recurso o incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución traducida. No se tiene el derecho explicado en función de estrategias procesales futuras. Lo primero es entender la resolución una vez traducida. Una vez satisfecho esto, después la parte hará lo que estime procedente dentro de los plazos legales que se le abren, o no lo hará si no tiene interés.
2. Discrepancia con la ratio decidendi y el resultado que alcanza la sentencia mayoritaria.
a) Llegados a este punto, debemos hacer recordatorio de algunos datos procesales del caso aquí sometido a nuestra consideración, los cuales se antojan determinantes de la lesión causada por las resoluciones que se impugnan:
(i) Tras sustanciarse el procedimiento de instancia en castellano, la Sala competente dictó el 30 de abril de 2021 en catalán, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears conforme al art. 4.1 de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero), sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por la mercantil recurrente. Al serle notificada, esta presentó escrito de 6 de mayo de 2021 (reiterado por otro de 17 de mayo) donde, sin hacer mención de la lengua utilizada en la redacción de la sentencia, pidió la aclaración del penúltimo párrafo de su fundamento de derecho segundo. Ese párrafo se supone que explicaba, con base en una sentencia de la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2018, que la resolución declarada lesiva no surtió efectos no solo desde la fecha en que alcanzó firmeza la sentencia previa del Tribunal Superior de 2015, sino tampoco durante el tiempo de su ejecución provisional, a cuyo fin el párrafo citado precisaba estas últimas fechas. No se trataba, por tanto, de unobiter dictumni concernía a una pretensión accesoria, sino que explicaba la desestimación principal del recurso contencioso-administrativo interpuesto. En el antecedente 2 a) de la sentencia de la que discrepamos se recoge literalmente el párrafo en cuestión, del que no es necesario que efectuemos una traducción oficial ni oficiosa para explicar el presente voto, pues la demanda de amparo no pide a este Tribunal Constitucional que se acuerde la aclaración, ni la Salaa quoha negado que dicha aclaración fuera legalmente procedente. Lo cierto es que la parte solicitó la aclaración porque no ofrecían claridad las fechas que se indicaban en el párrafo, pues de hecho eran inexistentes (no existe el día 31 de abril que se menciona).
(ii) La Sala dictó en catalán auto «acte» el 16 de junio de 2021, resolviendo la aclaración en el sentido de reconocer que hay un error material, corrigiendo la fecha y remitiéndose a una resolución anterior ya mencionada en aquel párrafo. La entidad recurrente presentó el 29 de junio de 2021 una solicitud de traducción del auto de 16 de junio de 2021, aduciendo para ello –como se recoge en el antecedente 2 c) de la sentencia de la que discrepamos–, que no entendía el texto del «acte» notificado.
La Sala, sin embargo, se negó a lo pedido mediante providencia «provisió» dictada en catalán el 30 de julio de 2021, diciendo que no se está en presencia de los supuestos del art. 231 LOPJ, porque «no se alega indefensión» ni la resolución tendrá efectos fuera de la jurisdicción de esa comunidad autónoma.
Pues bien, si la parte manifiesta que no entiende el texto de la resolución, como es el caso, resulta palmario que está alegando indefensión, que es lo único que exige el art. 231.4 LOPJ, en cuanto garantía del derecho del art. 3.1 CE. Por otro lado afirmar, como se hace en la providencia, que el asunto no va a surtir efectos fuera del ámbito de la comunidad autónoma, es tanto como negar la existencia misma de un posible recurso contra la sentencia, al margen de lo que pueda suceder en fase de ejecución de sentencia, sin base legal para ello pues el órgano judicial no puede sustituir a la parte en el ejercicio de su derecho al recurso. Como ya hemos dicho antes, la parte no tiene por qué fundar su escrito de solicitud de traducción al castellano en que vaya a impugnar o no la resolución.
(iii) Finalmente, la parte interpuso recurso de reposición contra la providencia anterior, dando lugar a una última resolución de tal guisa impugnada en amparo, un auto «acte» dictado en catalán el 20 de octubre de 2021, denegando de nuevo lo pedido. Aquí la Sala se limita a rechazar que haya indefensión para la dirección letrada, el procurador o el representante de la mercantil, de manera apodíctica –luego, inmotivada–, diciendo que el dictado de la sentencia en catalán (y documentos del expediente) no le habían supuesto a la parte ninguna «dificultad» (se entiende, de comprensión). Y respecto del alegado desconocimiento de la lengua catalana, la Sala nada indica sobre el derecho del art. 3.1 CE y que desarrolla el art. 231.4 LOPJ, sino que contesta recordando el carácter de lengua cooficial del catalán, y citando varios apartados del art. 9 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, de 5 de noviembre de 1992.
Sobre esta última cita baste decir que en ningún momento, ni por la realidad de los hechos, ni por el tenor de las pretensiones de la parte recurrente en la vía judicial previa o en su demanda de amparo, ha quedado mínimamente cuestionado el uso del idioma catalán en el procedimiento ordinario de origen. No se formula crítica alguna porque la sentencia resolutoria del recurso se haya dictado en dicha lengua, ni tampoco las resoluciones posteriores que aquí nos ocupan. Desde luego resulta incomprensible colegir, como hace la Salaa quo, que la negativa a la traducción de una resolución al castellano, menoscabe aquel derecho al uso de la lengua cooficial. La doctrina constitucional sobre esta materia es clara y se ha reproducido ya en los apartados anteriores de este voto.
Como resultado de lo que se expone, la decisión de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de negarse a la traducción al castellano del auto de aclaración del penúltimo párrafo del fundamento de Derecho segundo de su sentencia, produjo una indefensión constitucionalmente relevante (art. 24.1 CE) precisamente por concurrir el supuesto que la doctrina de este tribunal identifica como lesiva, esto es, por privársele de ese derecho procesal que tiene fundamento constitucional (arts. 3.1 y 24.1 CE) y legal (art. 231.4 LOPJ), a la par que le priva de la posibilidad de ponderar la viabilidad de un recurso o incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia y todo lo que ella resuelve.
b) Las razones que nos llevan a considerar cometida la vulneración constitucional que se denuncia, son las mismas que permiten explicar el porqué de nuestra discrepancia con laratio decidendiy con el fallo de la sentencia mayoritaria:
(i) En el fundamento jurídico 3 B) de la sentencia, se asevera que la alegación de indefensión «que se vincule con el uso por parte del órgano judicial de un idioma autonómico cooficial distinto del castellano», exige no solo que tal indefensión pueda predicarse –lógicamente– de una resolución dictada por aquel, sino que la indefensión material sea «real, efectiva y actual» por colocar a la parte «en una situación que le produzca un perjuicio», sin que sea suficiente «cualquier expectativa de un peligro o riesgo», o un perjuicio «potencial o abstracto». Así las cosas y sin perjuicio de situaciones de otro tipo donde pudiera distinguirse entre perjuicios reales o abstractos (mera infracción de una norma), es evidente, porque así lo proclama la doctrina constitucional que hemos citado antes, incluyendo el ATC 338/2004, que la denegación misma del derecho a la traducción de una resolución judicial cuyo contenido la parte (persona física o jurídica actuando a través de su representante legal) alega que desconoce, configura el presupuesto suficiente para que se considere consumada la indefensión materialexart. 24.1 CE.
Sin embargo, en el fundamento jurídico 4 de la sentencia mayoritaria se descarta el carácter actual de la indefensión con relevancia constitucional denunciada, al colegir que no es cierto el desconocimiento de la lengua catalana que se alega porque la demanda de amparo reconoció que al serle notificada a la recurrente la sentencia, «no quiso hacer cuestión del tema de la lengua, pues comprendió lo que en ella se decía y no tenía sentido alargar innecesariamente el proceso». Este dato de la demanda se descontextualiza por la sentencia de la que discrepamos, sin tener en cuenta lo esencial: de un lado, que es evidente que no toda la sentencia fue entendida por la entidad (su representante legal), pues en paralelo y como sigue narrando la demanda, tuvo que formular escrito de aclaración del párrafo varias veces mencionado de dicha sentencia. Y en segundo lugar, que no es solo la sentencia sino también el auto que resuelve la aclaración, también dictado en catalán, el que sigue produciendo incertidumbre en cuanto a su contenido y alcance, lo que propicia la solicitud de traducción al castellano por si eso permitía despejar las dudas; resultando por dos veces infructuoso el intento de obtenerla (tres, ya se ha dicho, contando con la negativa de la Sala para poder cumplir con el requerimiento de este Tribunal Constitucional).
(ii) Decir más adelante, en el mismo fundamento jurídico 4 de la sentencia de la que disentimos, que la parte no ha alegado de manera suficiente la indefensión sufrida, «más allá de insistir en la indefensión que en sí mismo generaba la falta de comprensión de la lengua catalana en un contexto normativo en que tenía derecho al uso de la lengua castellana», implica desconocer que la doctrina reiterada de este tribunal, y el art. 231.4 LOPJ, únicamente exigen a la parte alegar la indefensión por mor justamente del citado desconocimiento lingüístico, sin tener que justificar, acreditar o probar la realidad de ese desconocimiento. Lo que la sentencia llama «contexto normativo», son los arts. 3 y 24.1 CE, y el art. 231.4 LOPJ, configuradores de ese derecho procesal a la traducción al castellano.
(iii) La sentencia de la que discrepamos efectúa directamente una traducción oficiosa al castellano del párrafo objeto de controversia, acaso para demostrar la sencillez del texto que da lugar a la negativa de la Sala, como si tal negativa no fuera constitucionalmente relevante.
No entramos a pronunciarnos sobre la enjundia o no del párrafo, porque el problema constitucional no descansa en si la lengua cooficial es fácil o difícil de entender para quien no la practica, o si el párrafo era corto, sencillo y didáctico o al contrario. Todas las consideraciones que se puedan hacer, eso sí, a favor de una hipotética sencillez del párrafo, no lleva sino a reforzar el deber judicial de traducción al castellano, formulado por la parte en ejercicio de su derecho constitucional y legal. En todo caso, parece contradictorio que se afirme esto en la sentencia y, a la vez, que el defecto de comprensión atribuible al párrafo mencionado solo podría resolverse «mediante una rectificación de su redacción»: sin un texto traducido auténtico de la Sala, no se puede anticipar si queda solventado el «defecto de comprensión».
(iv) La sentencia de la que discrepamos, finalmente, salva la excusa dada por la Salaa quopara denegar la traducción relativa a que su sentencia no iba a tener efecto fuera del ámbito de la comunidad autónoma, diciendo que la parte apenas ha ofrecido un escenario «futuro, incierto e hipotético» como sería aquel que se suscite con la ejecución de dicha sentencia; añadiendo que no vale considerar el obstáculo que esa no traducción tendría también para recurrir en casación la sentencia, porque esto último no fue alegado en la vía judicial previa. Una vez más la sentencia de la que discrepamos viene a exigir, en detrimento de la efectividad del derecho constitucional que nos ocupa, unos requisitos que la ley no impone. Ya hemos dicho antes que ni la aclaración, ni la solicitud de una traducción al castellano de actuaciones judiciales (o en su caso de documentos del procedimiento), están condicionadas a las posteriores estrategias procesales que la parte anticipe. Una vez conocido cabalmente el sentido y alcance de la resolución traducida, la parte emprenderá impugnación contra esta última, o no lo hará. Sin que quepa hablar de una carga procesal incumplida, de cara a la subsidiariedad de esta jurisdicción constitucional de amparo.
La demanda por ello debió estimarse, con nulidad de las resoluciones impugnadas que negaron la traducción a la recurrente, y el acuerdo de retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior al de proveer la Salaa quoa la solicitud de traducción al castellano solicitada, de manera que dictara una resolución que resultase respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Y en tal sentido emitimos nuestro voto particular.
Madrid, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés.–Ricardo Enríquez Sancho.–Enrique Parra Molina.–Concepción Guerrero Blanco.–César Tolosa Tribiño.–Firmado y rubricado.