Categoría: Economía y Empleo

ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud de autorización en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. La resolución de dichas solicitudes corresponderá, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores:
a) A la persona titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, cuando el importe de la inversión sea igual o inferior a cinco millones de euros.
b) Al Consejo de Ministros, en el resto de los casos.
9. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificarla al interesado será de tres meses.
A los efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se precisan, a continuación, los ámbitos objeto de determinadas inversiones extranjeras para las que, cuando exista riesgo de que afecten a la seguridad, salud u orden públicos, queda suspendido el régimen de liberalización:
1. Se entenderá por infraestructuras críticas las así calificadas en aplicación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas y que, en consecuencia, figuran como tales en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas que prevé dicha norma en su artículo 4. Dichas infraestructuras, ya sean físicas, virtuales, redes o sistemas, incluyen las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles, así como los terrenos y bienes inmuebles que sean necesarios para su operación.
2. Se entenderá que las:
a) Tecnologías críticas y de doble uso comprenden las que se definen en el artículo 2, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso, incluidas las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
b) Tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial comprenden las tecnologías facilitadoras esenciales para el futuro a las que se refiere la Decisión (UE) 2021/764 del Consejo, de 10 de mayo de 2021, que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa y por la que se deroga la Decisión 2013/743/UE. Estas tecnologías incluyen materiales avanzados y nanotecnología, fotónica, microelectrónica y nanoelectrónica, tecnologías de las ciencias de la vida, sistemas avanzados de fabricación y transformación, inteligencia artificial, seguridad digital y conectividad.
c) Tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España comprenden las que implican una cantidad o un porcentaje sustancial de financiación con cargo al presupuesto de la Unión Europea o de España. Entre otras, se considerarán como tales las que se benefician de financiación con cargo a los instrumentos que se recogen en el anexo «Lista de proyectos o programas de interés para la Unión» a que se refiere el artículo 8, apartado 3 del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019.
3. Se entenderá por insumos fundamentales aquéllos que resulten indispensables y no sustituibles para la prestación de los servicios esenciales relativos al mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas, cuya perturbación, fallo, pérdida o destrucción tendría un impacto significativo. En particular, tendrán la consideración de fundamentales:
a) Los insumos provistos por las compañías que desarrollan y modifican software empleado en la operación de infraestructuras críticas en:
1.º el sector energético, para operación de plantas de generación, plantas de regasificación, redes de transporte y distribución, almacenamiento y la operación de instalaciones o sistemas para el suministro de electricidad, hidrocarburos, biocarburantes y gases renovables;
2.º el sector de aguas, para la gestión, control y producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales;
3.º el sector de las telecomunicaciones, para la gestión y operación de instalaciones o sistemas usados en la transmisión de voz y datos y en el procesamiento y almacenamiento de datos;
4.º el sector financiero y asegurador, para la operación de instalaciones o sistemas empleados en el suministro de billetes y monedas, sistemas de pagos con tarjeta, la gestión y liquidación de transacciones de activos financieros y derivados, así como la provisión de servicios de seguros;
5.º el sector sanitario, para la gestión de sistemas de información hospitalaria, la gestión de instalaciones y sistemas empleados en la distribución de medicamentos bajo receta, y de los sistemas de información de los laboratorios;
6.º el sector del transporte, para la gestión de instalaciones o sistemas empleados en el transporte de pasajeros o de mercancías por vía aérea, marítima o terrestre (sea ferroviario o por carretera), transporte público o logística; o
7.º en el ámbito de la seguridad alimentaria, para la gestión de instalaciones o sistemas utilizados en el suministro de alimentos.
b) Otros insumos indispensables y no sustituibles para garantizar la integridad, seguridad o continuidad de las actividades que afecten a las infraestructuras críticas, el suministro de agua, energía (hidrocarburos, gases renovables, biocarburantes o electricidad), materias primas estratégicas y servicios de telecomunicaciones o de transporte, los servicios sanitarios, la seguridad alimentaria, las instalaciones de investigación, o el sistema financiero y tributario.
4. Se considerarán empresas con acceso a información sensible las siguientes:
a) Las que tengan acceso a datos sobre infraestructuras estratégicas que, de revelarse, podrían utilizarse para planear y llevar a cabo acciones cuyo objetivo sea provocar la perturbación o la destrucción de éstas, tal y como se recogen en el artículo 2 apartado l) de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
b) Las que tengan acceso a bases de datos relacionadas con la prestación de servicios esenciales de suministro de agua, energía (hidrocarburos, gas o electricidad) y servicios de telecomunicaciones o de transporte, los servicios sanitarios, la seguridad alimentaria, las instalaciones de investigación, servicios financieros o el sistema tributario.
c) Las que tengan acceso a bases de datos oficiales que no sean de acceso público.
d) Las que desarrollen actividades sometidas obligatoriamente a una evaluación de impacto sobre los datos personales de acuerdo con el artículo 35.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
A los efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, y en relación con las inversiones extranjeras para las que exista riesgo de que puedan afectar a la seguridad, salud u orden públicos, queda suspendido el régimen de liberalización en los siguientes términos:
1. Para determinar si un inversor extranjero está controlado, directa o indirectamente, por el gobierno de un tercer país, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, se aplicará el concepto de control establecido en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, esto es, el examen de los contratos, derechos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre la empresa.
Además, con el objetivo de determinar el control real por parte de un inversor último sobre una determinada empresa o grupo de empresas:
a) Podrá investigarse si el control directo o indirecto del inversor se articula mediante una financiación significativa, incluidos subsidios, por el gobierno de un tercer país.
b) Podrá entenderse que las inversiones realizadas por vehículos a través de los que se invierten fondos de naturaleza pública, o fondos de pensiones de empleados públicos, no están bajo control público y, por tanto, están exentas del régimen de autorización, si de la naturaleza del gestor de los fondos, las previsiones legales o estatutarias de designación de sus administradores u otras previsiones estatutarias relativas a su gestión o naturaleza, se desprende que su política de inversión es independiente y se centra exclusivamente en la rentabilidad de sus carteras sin que quepa la influencia política de un tercer Estado.
2. Para determinar si las inversiones realizadas o las actividades en que ha participado el inversor extranjero han podido afectar a la seguridad, al orden o a la salud pública en otro Estado miembro, especialmente, en los sectores relacionados en el apartado 2 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se podrán emplear las informaciones recibidas en el marco de los mecanismos de cooperación en relación con inversiones extranjeras directas que prevé el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019.
3. Para determinar si existe un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad, orden público o salud pública en España, se tendrán en cuenta, preferentemente, las sanciones administrativas o judiciales firmes impuestas al inversor en los últimos tres años, en particular, en ámbitos como el blanqueo de capitales, el medioambiental, el tributario, o la protección de la información sensible.
De acuerdo con la habilitación del apartado 6 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, quedan exentas de someterse al régimen de autorización previa, las siguientes operaciones de inversión extranjera:
1. En el sector energético, independientemente de su montante, quedarán exentas de autorización previa las inversiones extranjeras referidas en el apartado 2.c) del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, en las que el inversor no reúna ninguna de las características previstas en apartado 3 del mismo artículo y siempre que concurran estas condiciones:
a) Que las sociedades o activos adquiridos no ejerzan actividades reguladas, entendiéndose como tales la operación del sistema y del mercado eléctrico, el transporte y distribución de energía eléctrica, el suministro eléctrico en los territorios no peninsulares, la gestión técnica del sistema gasista, y la regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución de gas natural. Asimismo, tendrán la consideración de actividades reguladas aquellas otras que establezca la legislación sectorial de aplicación.
b) Que, como consecuencia de la operación, la sociedad no adquiera la condición de operador dominante en los sectores de generación y suministro de energía eléctrica, producción, almacenamiento, transporte y distribución de carburantes o biocarburantes, producción y suministro de gases licuados del petróleo o producción y suministro de gas natural, en los términos regulados en el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
c) Cuando la inversión extranjera suponga la adquisición de activos de producción de energía eléctrica, siempre que la cuota de potencia instalada por tecnología resultante sea inferior al 5 por ciento.
A los efectos del cálculo de la cuota de mercado por tecnología, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.º La cuota de potencia instalada se obtiene como el cociente entre la potencia instalada en manos del inversor y la potencia instalada total del parque de generación de energía eléctrica nacional, calculado por tecnología de producción.
2.º A los efectos del cálculo de la potencia instalada en manos del inversor, se computarán todos los activos de producción que ya sean titularidad del inversor, directa o indirectamente, en el momento de la solicitud de autorización de la inversión extranjera, además de los activos susceptibles de adquisición.
3.º Los activos de producción de energía eléctrica deberán ponderarse en virtud del grado de madurez y ejecución de los proyectos de inversión asociados, teniendo en cuenta su estado de tramitación administrativa.
4.º Asimismo, el cálculo de la cuota de potencia instalada se realizará teniendo en cuenta los horizontes temporales y objetivos de integración de renovables previstos en el instrumento de planificación energética que se encuentre en vigor en el momento de la solicitud de autorización de la inversión extranjera.
d) Cuando la inversión extranjera suponga la adquisición de sociedades que ejerzan la actividad de comercialización de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.f) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, siempre que el número de clientes de la sociedad adquirida sea inferior a 20.000.
2. En todos los demás supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 7 bis.2 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, quedarán exentas de autorización previa las inversiones extranjeras en las que la cifra de negocios de las sociedades adquiridas, no superen los 5.000.000 de euros en el último ejercicio contable cerrado, siempre que sus tecnologías no hayan sido desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España. No obstante, las inversiones extranjeras directas siempre estarán sometidas a autorización:
a) Cuando se produzcan en operadores de comunicaciones electrónicas en los que concurra alguna de las siguientes condiciones:
1.º Que sean titulares de concesiones para el uso del dominio público radioeléctrico, en bandas de frecuencias armonizadas de conformidad con la legislación de la Unión Europea.
2.º Que sean titulares de títulos habilitantes para la utilización de los recursos órbita-espectro en el ámbito de la soberanía española o
3.º Que hayan sido calificados como operadores con peso significativo en algún mercado relevante del sector de las comunicaciones electrónicas.
b) Cuando sean operaciones referidas a actividades de investigación y aprovechamiento de yacimientos minerales de materias primas estratégicas, entendiendo por tales las aludidas en el artículo 7 bis, apartado 2, letra c) de la Ley 19/2003, de 4 de julio, o, con carácter subsidiario, las que la Comisión Europea ha identificado en el anexo I de la Comunicación (2020) 474 final, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 3 de septiembre de 2020, o acto legislativo europeo que la sustituya.
3. Las inversiones mediante las cuales se adquieran inmuebles que no estén afectos a ninguna infraestructura crítica o que no resulten indispensables y no sustituibles para la prestación de servicios esenciales.
4. Las inversiones transitorias, esto es, de una corta duración (horas o días) en las que el inversor no llega a tener capacidad de influir en la gestión de la sociedad adquirida por tratarse de colocadores y aseguradores de emisiones de acciones y de ofertas públicas de venta o suscripción de acciones. Serán los inversores finales los que, en su caso, necesiten autorización.
1. El régimen de liberalización queda suspendido y requerirá autorización respecto de las inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias, así como las que se destinen a la producción (entendiendo por tal el diseño y la fabricación), el mantenimiento o el comercio de material de defensa en general, de acuerdo con la Ley 18/1992, de 1 de julio, por la que se establecen determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España.
2. Se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización, y el consecuente requisito de autorización administrativa previa, en los siguientes casos:
a) La inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5 por ciento del capital social de la sociedad española, siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración.
b) Cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10 por ciento del capital social, siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada.
3. Las solicitudes de autorización se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y su resolución corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
En aquellos casos en que la inversión exterior, por su naturaleza, características o importe de la operación, no afecte a los intereses esenciales de la defensa, podrá ser autorizada por la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
4. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses.
1. El régimen de liberalización queda suspendido y requerirá autorización respecto de las inversiones extranjeras en España en actividades relacionadas con la fabricación, comercio o distribución de armas, cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos de uso civil, de acuerdo con la Ley 18/1992, de 1 de julio, lo dispuesto en el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y en el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, y el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre.
2. Las solicitudes de autorización se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y la resolución corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta conjunta de la persona titular del Ministerio del Interior y de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
3. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificar al interesado será de tres meses.
1. Requerirán autorización administrativa previa las inversiones, directas o indirectas, que realicen en España los Estados no miembros de la Unión Europea para la adquisición de bienes inmuebles destinados a sus representaciones diplomáticas o consulares, salvo que exista un acuerdo para liberalizarlas en régimen de reciprocidad.
2. Las solicitudes de autorización se dirigirán al órgano administrativo correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y su resolución corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
3. El plazo máximo para resolver la solicitud y notificarlo al interesado será de tres meses.
1. La Junta de Inversiones Exteriores es el órgano colegiado interministerial, adscrito a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, con funciones de informe en materia de inversiones exteriores.
2. Compete a la Junta de Inversiones Exteriores:
a) Informar de aquellos asuntos que, sobre inversiones exteriores específicas, su tratamiento, regulación o aplicación de ésta, le sean sometidos por su Presidente o por el órgano que resulte competente en la materia.
b) Informar sobre las consultas previas recogidas en el artículo 9, propuestas de autorización o expedientes de vigilancia en los términos establecidos por este real decreto.
c) Acordar, en su caso, comunicaciones sobre criterios orientativos o metodológicos para el análisis e instrucción de las operaciones que le sean sometidas.
d) Informar sobre cualquier otra cuestión que su Presidente solicite.
e) Cualesquiera otras atribuciones que le sean encomendadas por la legislación vigente.
3. La Junta de Inversiones Exteriores estará integrada por los siguientes miembros:
a) Una Presidencia, a cargo de la persona titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
b) Vocales: Un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y un representante de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Además, serán vocales un representante de cada Ministerio con rango mínimo de Subdirector General o asimilado.
c) Una Secretaría a cargo de la persona titular de la Subdirección General de Inversiones Exteriores o persona que le sustituya con nivel mínimo de Subdirector General o asimilado.
4. La Junta de Inversiones Exteriores podrá reunirse tanto en su configuración plenaria, que será la que informe preceptivamente las propuestas de autorización, como en grupos de trabajo constituidos por parte de sus miembros y convocados por su Presidencia, para la preparación de asuntos específicos que les serán sometidos posteriormente al conjunto de sus miembros.
5. Los asuntos informados favorablemente por la Junta de Inversiones Exteriores se redactarán a propuesta de la Presidencia, quien recabará la emisión de un informe elaborado por su Dirección General y, cuando lo estime conveniente, por otros departamentos representados en esa Junta.
6. La Junta de Inversiones Exteriores podrá recabar de cualquier administración, órgano, entidad u organismo públicos, así como de cualquier persona física o jurídica privada, la información que precise para el ejercicio de las competencias a las que se refiere el apartado 2 de este artículo, en cuanto resulte necesario para la adecuada realización del cometido que le es propio y con esa única y exclusiva finalidad, siempre de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y en particular con lo dispuesto por la legislación especial en materia de protección de datos de carácter personal o, en su caso, de clasificación de la información objeto de análisis, a las que se atendrán todos su miembros. Dicha información deberá facilitarse a la Junta de Inversiones Exteriores en el plazo de diez días hábiles.
7. Las actuaciones de la Junta de Inversiones Exteriores y sus deliberaciones tendrán carácter confidencial.
8. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este real decreto, el funcionamiento de la Junta de Inversiones Exteriores se ajustará a lo dispuesto en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A más tardar el 31 de marzo de cada año, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicará un informe anual que cubra el año natural anterior, que incluirá información agregada sobre las inversiones extranjeras directas realizadas en su territorio y sobre la aplicación de mecanismos de control sobre las mismas con arreglo a la información de que disponga, e información agregada sobre las solicitudes recibidas de otros Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 6, y el artículo 7, apartado 5.2. del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019.
1. La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, así como de las obligaciones sobre control de inversiones exteriores previstas en el Derecho de la Unión Europea.
2. La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones constituirá el Punto de Contacto para la Implementación del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, de acuerdo con su artículo 11, y designará el representante del Reino de España en el Grupo de Expertos en Control de Inversiones Directas Exteriores contemplado en su artículo 12. Asimismo, velará por el cumplimiento de las obligaciones de intercambio de información y de control de inversiones previstas en dicho reglamento.
3. A los fines previstos en los apartados anteriores, los titulares de la inversión, las empresas españolas participadas por no residentes, las sociedades gestoras de fondos de inversión españoles con participación exterior o que adquieran participaciones en fondos de inversión extranjeros, el Consejo General del Notariado, los notarios públicos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y reaseguradoras y otras entidades financieras que hayan intervenido en operaciones de inversión o liquidación, así como todos los Departamentos ministeriales podrán ser requeridos por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones para aportar la información que en cada caso resulte necesaria.
El cambio de domicilio social de personas jurídicas o el traslado de residencia de personas físicas determinarán el cambio en la calificación de una inversión como española en el exterior o extranjera en España.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto será constitutivo de infracción a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19/2003, de 4 de julio.
1. De acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, la información recibida en aplicación de este real decreto solo podrá utilizarse para el fin para el que haya sido solicitada.
2. Los integrantes de la Junta de Inversiones Exteriores y las Administraciones que participen en los procedimientos administrativos previstos en este real decreto, velarán por la protección de la información confidencial obtenida en aplicación del mismo, de conformidad con la legislación nacional y de la Unión Europea, y, en particular:
a) Por el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, en el tratamiento de los datos personales que se requieran en aplicación de las disposiciones del capítulo III.
b) Para que la información clasificada que, en su caso, se haya facilitado o intercambiado con arreglo al Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, no sufra una reducción del grado de clasificación o la desclasificación sin el consentimiento previo por escrito del originador.
c) Por el establecimiento y seguimiento de los mecanismos que, en caso de tratarse de información clasificada, se dispongan en virtud de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
A los procedimientos de tramitación de los expedientes de autorización de inversiones exteriores iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto se les aplicarán las disposiciones establecidas en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
Los procedimientos simplificados establecidos en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para las solicitudes de autorización administrativa previa de las operaciones de inversión directa extranjera incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación.
Uno. Hasta la aprobación de las normas de desarrollo de este real decreto continuarán vigentes, siempre que no se opongan a lo regulado en el mismo, los procedimientos aplicables a la tramitación de las declaraciones y al registro de las operaciones de inversión contenidos en la Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización; en la Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se especifican los modelos normalizados y las instrucciones que deben utilizar los intermediarios financieros para la presentación por vía telemática, prevista en el anexo I, I.2.3, y en el anexo II, I.2.3 de la Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, de las declaraciones de inversiones exteriores en valores negociables cotizados en mercados españoles y de inversiones españolas en valores negociables cotizados en mercados extranjeros; en la Orden ECO/755/2003, de 20 de marzo, por la que se regula la presentación por vía telemática de las declaraciones posteriores a través de intermediarios financieros relativas a operaciones de inversión en valores negociables; en la Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables;, en la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación exterior y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia.
Dos. Hasta el momento en que entre en vigor el desarrollo normativo del presente real decreto, las operaciones de inversiones exteriores y su desinversión se declararán transitoriamente utilizando los siguientes modelos:
a) Los modelos DP-1, D-1A y D-1B para declarar inversiones extranjeras en España realizadas a través de cualquiera de las operaciones del art.3 epígrafes a), b), c), d), y g).
b) Los modelos DP-2, D-2A y D2B para declarar inversiones extranjeras en España realizadas a través de las operaciones del art.3 epígrafes h).
c) Los modelos DP-3, D-5A y D-5B para declarar inversiones españolas en el exterior realizadas a través de cualquiera de las operaciones del art.6 epígrafes a), b), c), d), y g).
d) Los modelos DP-4, D-7A y D-7B para declarar las inversiones españolas en el exterior realizadas a través de las operaciones del artículo 6 epígrafe h).
Tres. Hasta el momento en que entre en vigor el desarrollo normativo del presente real decreto, transitoriamente, no se declararán:
a) Las operaciones del artículo 3, letras e) y f).
b) Las operaciones del artículo 6, letras e) y f).
Cuatro. Hasta el momento en que entre en vigor el desarrollo normativo del presente real decreto:
a) En el caso de las operaciones de inversiones extranjeras en España que hayan sido intervenidas por notario español a las que hace referencia el artículo 4.3.b), transitoriamente el Consejo General del Notariado no tendrá que gestionar y centralizar la información que reciba de los notarios intervinientes y la presentación bien por el notario, si es requerido por el declarante para ello, o bien por el titular de la inversión.
b) Las memorias anuales relativas a la evolución de la inversión extranjera en España definidas en el artículo 4.4 se presentarán al Registro de Inversiones utilizando el modelo D-4 salvo las relativas a las instituciones de inversión colectiva, que no se presentarán.
c) Las memorias anuales relativas a la evolución de la inversión española en el exterior definidas en el artículo 7.5 se presentarán al Registro de Inversiones utilizando el modelo D-8 salvo las relativas a las instituciones de inversión colectiva, que no se presentarán.
Queda derogado el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
1. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias sobre comercio exterior y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
2. Los artículos 3 y 6 se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.11.ª de la Constitución Española reserva al Estado en materia de ordenación del crédito.
3. Los capítulos II y III se dictan al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.31.ª de la Constitución Española reserva al Estado en materia de estadística para fines estatales.
1. Se autoriza a las personas titulares de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Defensa, de Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los ámbitos de sus respectivas competencias, para dictar las correspondientes normas de desarrollo del presente real decreto.
2. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para:
a) Dictar las normas necesarias para detallar el funcionamiento de la Junta de Inversiones Exteriores, tanto en su configuración plenaria, que será la que informe preceptivamente las propuestas de autorización, como en grupos de trabajo constituidos por parte de sus miembros. En todo caso, deberán preverse mecanismos de celebración no presencial de las reuniones de la Junta de Inversiones Exteriores, así como mecanismos de emisión de informe favorable mediante procedimiento escrito.
b) Dictar órdenes de actualización de las cuantías dinerarias establecidas en el real decreto.
c) Establecer en las normas de desarrollo del presente real decreto, el procedimiento de declaración de las inversiones derivadas del cambio de domicilio o residencia de su titular, al implicar un cambio en la calificación de la inversión.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2023.
Dado en Madrid, el 4 de julio de 2023.