Categoría: Judicial

do emitimos nuestro voto particular.
Madrid, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.–Enrique Arnaldo Carrasco.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 LOTC, y sin perjuicio del respeto al criterio asumido por la mayoría del Pleno, expreso mi disconformidad con el sentido de la sentencia a que se refiere este voto particular por las razones que seguidamente expongo, que debieron determinar, en primer lugar, el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en segundo lugar, y considerando la más que probable respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la vista de su jurisprudencia, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Ley Orgánica 8/2022).
1. A mi juicio, la sentencia de la que discrepo incurre en contravención del Derecho de la Unión Europea, tanto en el plano procesal por incumplimiento del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo ha interpretado en cuanto a la necesidad de plantear una cuestión prejudicial europea, como también materialmente por no haber reparado la que, a mi juicio, supone una grave y clara infracción, por parte de la Ley Orgánica 8/2022, de los arts. 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 47 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que mediatamente implica la lesión de los arts. 23 y 93 de la Constitución Española (CE).
2. No es mi única discrepancia con la sentencia, que asume el criterio establecido en las anteriores SSTC 128/2023, de 2 de octubre, y 15/2024, de 30 de enero, que dieron por buena la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) operada por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que privó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras se encontrase en funciones, de una parte sustancial de las competencias que le atribuyen los arts. 122 y 159.1 CE y, entre ellas, la relativa al nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Ello no obstante, el aspecto indicado en el anterior apartado va a ser el único que aborde en este voto particular en la medida en que entiendo que la gravedad de la infracción justifica evitar la dispersión argumental.
3. Mi discrepancia con la sentencia no alcanza a la circunstancia de que, por vía de la Ley Orgánica 8/2022, el CGPJ haya recuperado la competencia para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional de la que nunca debió ser privado, sino a que se hayan reiterado los vicios de tramitación de una iniciativa legislativa que elude las exigencias de la cláusula de Estado de Derecho tal y como es interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el art. 2 TUE: España se comprometió a asumir el valor de Estado de Derecho tal y como es concebido en el art. 2 TUE y no es de recibo ni asumible que, para el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho sea una cosa para España en Europa (art. 2 TUE) y que sea algo diferente (y menor) dentro de sus fronteras (art. 1 CE). Sencillamente, el art. 2 TUE (y los arts. 19 TUE y 47 CDFUE) y el art. 1 CE (y los arts. 117 y 24 CE) no pueden implicar ni tener contenidos diferentes.
4. Por esa misma razón, entiendo que la declaración de inconstitucionalidad era perfectamente posible sin necesidad de afectar al nombramiento de los magistrados don César Vega y doña María Núñez Sánchez que se llevó a cabo en aplicación de la Ley Orgánica 8/2022. Como bien señalaron los magistrados discrepantes en su voto particular a la STC 128/2023, a la que se remiten los votos particulares de la posterior STC 15/2024, la reforma de la LOPJ llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2021 afectó «inevitablemente el funcionamiento de la administración de justicia, su independencia y, a la postre, el propio Estado de Derecho». Bastante daño ocasionó a la causa del Estado de Derecho esa reforma sin que este tribunal lo reparara como para que ahora incrementara el estropicio extendiendo la nulidad de la Ley Orgánica 8/2022 a los nombramientos efectuados a su amparo. La jurisprudencia de este tribunal que ha interpretado los arts. 39 y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ha confirmado su capacidad para modular el alcance de las declaraciones de inconstitucionalidad (1) e incluso no han faltado magistrados que, en sus votos particulares, han defendido la posibilidad de imponer al legislador mandatos y términos para modificar las leyes inconstitucionales manteniendo entre tanto sus efectos (2), algo que hubiera estado totalmente justificado en un caso como el presente que, al fin y al cabo, se refiere a una competencia (la de designar dos magistrados del Tribunal Constitucional) directamente atribuida al CGPJ por el art. 159.1 CE sin necesidad de intermediación (ni posibilidad de privación) por parte del legislador.
5. Seguidamente procederé al análisis de las dos cuestiones en las que centraré el voto particular: la indebida omisión del planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el aspecto con el que se vincula esa cuestión, esto es, las infracciones en las que, a su vez, habría incurrido el legislador nacional en la tramitación de la proposición de ley que dio lugar a la Ley Orgánica 8/2022. El orden de examen, sin embargo, será el inverso para mejor comprensión de la conexión entre ambos aspectos: primero, por qué los arts. 23 y 93 CE exigen que el legislador sea respetuoso con el Derecho de la Unión Europea y en qué consiste el Derecho de la Unión Europea en el punto que interesa al presente voto particular; y, segundo, por qué en una controversia semejante el Tribunal Constitucional viene obligado a dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para delimitar las exigencias del Derecho de la Unión Europea en una materia que, guste o no, su jurisprudencia (con el valor de primacía que tiene) ha determinado que no resulta en absoluto ajena al ámbito de las competencias de la Unión Europea.
6. Para contextualizar mi discrepancia, debo partir de la realidad sobre la que opera la Ley Orgánica 8/2022: mediante la Ley Orgánica 4/2021 se privó al CGPJ, mientras se encontraseen funciones, de parte de las competencias nucleares que le atribuyen los arts. 122 y 159.1 CE y, entre ellas, la relativa al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional a que se refiere el último de los preceptos mencionados. La tramitación y aprobación de la proposición de ley que culminaría con la Ley Orgánica 4/2021 se llevó a cabo de manera acelerada (por vía deurgenciay enlectura única) y sin participación del CGPJ, de la Comisión de Venecia (3) y de los operadores y sectores afectados por la reforma.
7. La modificación, sin embargo, también supuso que el Gobierno no pudiera nombrar los dos magistrados que, conforme al art. 159.1 CE, le corresponden junto con el CGPJ: al tener que realizarse la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional por terceras partes (cuatro por el Congreso de los Diputados en el «primer turno»; cuatro por el Senado en «su turno» tres años después; y dos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ en su «turno conjunto» otros tres años después), el Gobierno se vio privado de nombrar dos magistrados mientras no pudiese hacerlo el CGPJ. Esta circunstancia motivó que, escasos meses después de haber privado al CGPJ de esa competencia, se presentase una proposición de ley por el principal partido que daba apoyo parlamentario al Gobierno para que la recuperase.
8. El Grupo Parlamentario Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presentó el 28 de junio de 2022 una proposición de ley de modificación del art. 570 bis LOPJ con el objetivo de que el CGPJ recuperase la competencia para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional. Consta en el expediente remitido por las Cortes Generales que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados solicitó el 8 de julio de 2022, al amparo del art. 561.1.9 LOPJ, que se recabase informe del CGPJ, de la Comisión de Venecia y que se diese audiencia a los agentes del mundo de la justicia. La toma en consideración de la proposición de ley tuvo lugar el 13 de julio de 2022. El 21 de julio de 2022 tuvo entrada en el Congreso la remisión del acuerdo del CGPJ que contenía su petición de que se solicitara informe sobre la reforma. El 8 de septiembre de 2022, la mesa del Congreso comunicó al Grupo Parlamentario Popular la recepción de la solicitud del CGPJ y el no-pronunciamiento al respecto («por estar ya aprobada la Ley Orgánica»). El 22 de septiembre de 2022, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la reconsideración de dicha decisión por la mesa, que se denegó por acuerdo de la mesa del Congreso de 18 de octubre de 2022.
9. Entre otros aspectos, el recurso de inconstitucionalidad presentado por los demandantes cuestiona la compatibilidad de la Ley Orgánica 8/2022 con el Derecho de la Unión Europea (arts. 2 y 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE) y, de manera mediata, con los arts. 93 y 23 CE, al tiempo que se solicita el planteamiento de una cuestión prejudicial para recabar la interpretación que debe hacerse del Derecho de la Unión Europea y, con ello, la compatibilidad de la Ley Orgánica 8/2022. En términos resumidos, en el recurso de inconstitucionalidad no solo se alega la exigibilidad de los informes y pareceres omitidos, sino que se pone también de manifiesto que la reforma continuada de la LOPJ evidencia la falta de independencia del CGPJ respecto del Gobierno y una consiguiente pérdida de imparcialidad de los magistrados del Tribunal Constitucional designados por aquel.
10. El rechazo de esta alegación se contiene en el fundamento jurídico 4.f) de la sentencia, que se limita a remitirse a la cita realizada en el fundamento jurídico 3.c) de la STC 15/2024 de una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuyo sentido estimo que, ya en su momento, se presentaba de manera notoriamente desviada y que, en resumen, excluye que el contenido y análisis del Derecho de la Unión Europea sea relevante desde la perspectiva de la constitucionalidad de la norma impugnada.
11. No es infrecuente que los Estados miembros de la Unión Europea, o al menos algunos, pretendan exceptuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como sucede con la sentencia de la que discrepo, el carácter de Derecho interno de las disposiciones de «orden constitucional», sobre «órganos constitucionales», de «justicia», sobre «tribunales» o de «normas procesales internas», entendiendo que se trata de una materia cuya competencia no se ha cedido en los Tratados Constitutivos. Pese a la insistencia de esos (algunos) Estados miembros, ese planteamiento no guarda relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecida a partir de finales de la pasada década y, sobre todo, de la presente década de este siglo.
12. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha interpretado los Tratados Constitutivos (el TUE y la CDFUE), y si bien la organización constitucional o de la justicia pertenece al ámbito de autonomía de los Estados miembros, las cuestiones directamente relacionadas con la el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia e imparcialidad de los magistrados (art. 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE) se insertan en la cláusula Estado de Derecho (art. 2 TUE), que constituye un «ámbito cubierto por el Derecho de la Unión Europea» en el que este tiene competencia (exarts. 4 y 5 TUE) para imponer las obligaciones directas a los Estados miembros (4).
13. El Estado de Derecho constituye una premisa de la Unión Europea y un elemento esencial de su Derecho, algo que se hace evidente en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se refieren a «la Unión como comunidad de Derecho»; o cuando afirman que «el mecanismo prejudicial exige jueces independientes, pues de lo contrario la interpretación uniforme del Derecho de la Unión Europea del art. 267 TFUE fracasaría»; y también cuando destaca que «la independencia de los tribunales nacionales constituye la base de la confianza mutua entre autoridades judiciales de los Estados miembros y de la efectividad de las resoluciones judiciales en la Unión Europea» (5).
14. Y partiendo de esa premisa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que las reglas sobre el nombramiento de los jueces forman parte de la garantía de independencia e imparcialidad de los tribunales (art. 47 CDFUE), de forma que su designaciónno debe suscitar dudas en el ánimo de los justiciables sobre su impermeabilidad ni sobre su neutralidad(6). Y esas dudas no tienen precisamente escasa entidad, no solo para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino también para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha considerado que las dudas sobre la independencia que recaen sobre el órgano encargado del proceso de designación de los magistrados de los altos tribunales se trasladan a los propios magistrados y a esos tribunales, convirtiendo en ilegítimas sus sentencias (7).
15. Ello implica, por una parte, que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia de Estado de Derecho y administración de la justicia cuando declaran los requisitos de la independencia e imparcialidad aplicables a los jueces (también en sus procedimientos de designación y cese), cuando proclaman la separación de poderes y la no injerencia del Poder Ejecutivo ni del Legislativo en el Judicial, cuando exigen la necesidad de independencia del órgano de gobierno de los jueces (8) o incluso de los tribunales constitucionales (9), promulga cláusulas directamente vinculantes, sujetas al principio de primacía y de efecto directo del Derecho de la Unión Europea en estas materias, ya que responden al objetivo de preservar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la democracia, garantías de independencia e imparcialidad que, como he señalado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea extiende a todos los tribunales constitucionales y a sus magistrados.
16. En consecuencia, no cabe sostener, como se hizo en el fundamento jurídico 3 c) de la STC 15/2024 y ahora se reitera por remisión en la sentencia de la que discrepo, que el Tribunal Constitucional, en el juicio de constitucionalidad, no pueda apreciar la disconformidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea, ni que estas normas europeas sobre el Estado de Derecho y el Poder Judicial no constituyan Derecho primario y directamente vinculante para el Tribunal Constitucional (10). Menos aún cabe aceptar semejante posicionamiento sobre la fácil (e incorrecta) afirmación de que los textos que identifican las exigencias del Estado de Derecho constituyen tan solo unsoft lawque se agota en meros principios u orientaciones sobre organización de los consejos judiciales, entre los que la sentencia de la que discrepo, por remisión a la STC 15/2024, incluye las recomendaciones de la Comisión Europea (11) o los documentos aprobados en el ámbito del Consejo de Europa [Directorado de Asuntos Judiciales (12), Comisión de Venecia (13), Consejo Consultivo de Jueces Europeos (14), Comité de Ministros (15) o Red Europea de Consejos del Poder Judicial (16)], que consideran contraria a las exigencias del Estado de Derecho la tramitación acelerada y sin audiencia de los sectores interesados de leyes que afectan a la independencia judicial, y a los que no se quiere reconocer otro valor que el interpretativo que puede concedérseles al amparo del art. 10.2 CE. Como he afirmado en otro momento en el plano doctrinal y ahora reitero desde el jurisdiccional, lo que en su momento pudo sersoft lawha pasado a tener un valor mucho más cercano alhard lawcuando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo incorpora a su acervo como elemento de interpretación de los Tratados Constitutivos, cuyo cumplimiento es lo que realmente se pone en cuestión.
17. En todo caso, y sin perjuicio de las referencias que puedan anclarse en los documentos citados en el anterior párrafo, las disposiciones de los Tratados Constitutivos y la CDFUE sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estado de Derecho y el Poder Judicial son suficientemente concretas y de eficacia directa (art. 2, 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE) y han sido interpretadas categóricamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (arts. 267 y 280 TFUE). Ello determina, en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, que deban considerarse normas constitucionales imperativas y vinculantes a cuya garantía vienen obligados tanto el legislador como el Gobierno, y también este Tribunal Constitucional (art. 93 CE), con el preciso sentido y contenido que les ha atribuido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Estado de Derecho e independencia judicial citadas (relativas a Polonia, Hungría, Rumanía, Malta o Bulgaria) establecen que el proceso de nombramiento de los jueces (incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional) forma parte de la independencia judicial inherente al Estado de Derecho de la Unión Europea, prohibiendo una intervención política desmesurada del Legislativo y del Ejecutivo en la configuración del Poder Judicial, exigiendo la emancipación de esos otros poderes en la designación de los miembros del Poder Judicial, y como corolario, en la propuesta de los magistrados por este escogidos, mediante un procedimiento y con un resultado refrendador de la independencia, ello es así por exigencia de los principios de primacía y efecto directo de los art. 2, 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE, vinculantes para todos los Estados miembros, sus instituciones y órganos, ya sean administrativos, judiciales o constitucionales.
18. La conclusión a la que conducen los anteriores razonamientos es que la materia del Estado de Derecho e independencia judicial (ya sea del órgano de gobierno de los tribunales, de los tribunales ordinarios o del singular tribunal constitucional) ya no es para el legislador nacional meramente «facultativa», «discrecional» o que cuente «con amplia libertad de configuración» ajena al Derecho de la Unión Europea, sino que ha pasado a ser una competencia propia de la Unión, necesaria para garantizar la «Unión como comunidad de Derecho» y la aplicación uniforme del Derecho de la Unión primario sobre la independencia del Poder Judicial y de los tribunales en todos los Estados miembros (art. 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE).
19. El Derecho de la Unión Europea (y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ya no tolera que un órgano de gobierno de los jueces se encuentre por debajo del estándar de protección de los arts. 2, 6, 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE, y menos aún que resulte mediatizado por otros poderes políticos, ni en su designación, ni en el ejercicio de sus competencias esenciales (entre las que se encuentran en España, los «nombramientos judiciales», incluidos los de magistrados del Tribunal Constitucional), ni aun procedimentalmente, como sostiene la sentencia de la que discrepo en el fundamento jurídico 5 c) respecto de la «inocuidad» del plazo de tres meses exigido al CGPJ para designar magistrados del Tribunal Constitucional.
20. Concluyo, por tanto, que el desconocimiento por el legislador en dos leyes orgánicas concomitantes, la Ley Orgánica 4/2021 y la Ley Orgánica 8/2022, de las competencias del CGPJ para, primero, limitarlas y, a continuación, ampliarlas, en interés del ejecutivo coelector, en cuyo interés se establecen también plazos hasta el momento desconocidos en la normativa precedente, evidencia una instrumentalización del CGPJ en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional que de manera inevitable suscita dudas legítimas en el ánimo de los justiciables sobre su impermeabilidad y sobre su neutralidad. Concluyo también que la tramitación parlamentaria acelerada que ha prescindido de la participación de los sectores implicados se ha producido de espaldas (cuando no en flagrante y buscado desconocimiento) de los estándares europeos de Estado de Derecho e independencia judicial, privando igualmente a los miembros del Parlamento, para el ejercicio correcto de su función, de la opinión de los actores de los sectores representativos a que se refieren esos estándares europeos de Estado de Derecho. Y concluyo también que con ello se ha afectado sustancialmente el Estado de Derecho (art. 2 TUE) y las obligaciones derivadas de nuestra adhesión a la Unión Europea (principio de primacía y de eficacia directa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), lo que ha determinado la infracción mediata de los arts. 23 y 93 CE.
21. La sentencia de la que discrepo ha descartado el planteamiento de cuestión prejudicial respecto de la compatibilidad con las cláusulas del Estado de Derecho e independencia judicial de la Ley Orgánica 8/2022, según se expresa literalmente en su fundamento jurídico 4 g), «por remisión a los argumentos de la citada STC 15/2024, FJ 3 c), no procede el planteamiento de cuestión prejudicial en los términos del artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea».
22. Esta remisión supone asumir el argumento proporcionado en el fundamento jurídico 3 de la STC 15/2024. Sin embargo, la lectura de ese fundamento jurídico evidencia que su razonamiento no se refiere a la improcedencia del planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, sino que argumenta que la reforma de la legislación del Poder Judicial sin audiencia a los interesados no vulnera el art. 93 CE. La motivaciónpor remisiónse refiere, por tanto, a otra cuestión distinta de la solicitada en el planteamiento prejudicial ahora formulado por el recurrente.
23. Al respecto, en nuestra jurisprudencia mantenemos que la denegación del planteamiento de la cuestión prejudicial, cuando de ello se sigue que no se deje de aplicar una norma nacional, queda sujeta al canon general de la motivación del art. 24.1 CE, debiéndose excluir las negativas «irracionales, patentemente erróneas o arbitrarias» (17). Además, hemos reiterado que «c) […] ''dejar de plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al Derecho de la Unión no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad ordinaria, pues solo estos parámetros tan elevados forman parte de los derechos consagrados en el art. 24 CE'' […]; d) Asimismo, cumpliéndose con los requisitos de la doctrina del ''acto aclarado'', también hemos dicho que ''corresponde a este tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una 'selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso', lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva''»(18). Insistiendo en el respeto que me merece el parecer contrario, entiendo que la remisión de la sentencia de la que discrepo no satisface las exigencias de nuestra propia jurisprudencia al remitirse a un vacío argumentativo sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial.
24. Pero al margen de que considere que el canon que aplicamos a los órganos de la jurisdicción ordinaria no ha sido adecuadamente integrado por la sentencia de la que discrepo, entiendo que, más allá de nuestra propia doctrina, mi discrepancia es aún mayor cuando observo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el planteamiento (rectius, no planteamiento) de cuestiones prejudiciales cuando se trata de tribunales contra cuyas sentencias no es posible plantear un ulterior recurso.
25. Desde esa perspectiva (Derecho de la Unión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), la pertinencia, admisibilidad y obligatoriedad de las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales «cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno» (art. 267.3 TFUE), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se asienta en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 1982, asunto C-283/81,Cilfit y otros: el planteamiento de la cuestión prejudicial en los supuestos de duda de interpretación del Derecho de la Unión Europea es obligatorio salvo que concurra una situación deacto claro o aclarado, y ello sucede «cuando el planteamiento de la cuestión no sea pertinente para la solución del litigio; cuando la disposición de Derecho de la Unión haya sido ya objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; o cuando una interpretación correcta del Derecho de la Unión se imponga con tal evidencia, de manera que no deje lugar a ninguna duda razonable», y tanto como para que el tribunal nacional llegue a la conclusión de que su misma interpretación sería la que seguirían todos los tribunales de los Estados miembros y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
26. Posteriormente, la STJUE de 6 de octubre de 2021,Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, asunto C-561/19, ha insistido en que la dispensa de la obligación del planteamiento de la cuestión prejudicial para los tribunales (como el Tribunal Constitucional) cuyas sentencias no son susceptibles de recurso, cuando la justificación resida en tratarse de un «acto claro» porque el tribunal nacional está convencido de que su interpretación es «universal», no consiste en una «convicción» puramente subjetiva, sino que ha de tener la base objetiva que se delimita en esa STJUE y en la anterior deCilfit.
27. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha razonado en la sentenciaConsorzio Italian Managementque «para que la interpretación correcta del Derecho de la Unión se imponga con toda evidencia se exige que la ausencia de toda duda razonable deba ser evaluada en función de las características propias del Derecho de la Unión, las dificultades particulares que presenta su interpretación y el riesgo de divergencias jurisprudenciales en el seno de la Unión; razón por la que la jurisdicción nacional de última instancia debe estar convencida de que aquella evidencia se impondrá igualmente a otras jurisdicciones de última instancia de los Estados miembros y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el hecho de que se ponga en conocimiento de la jurisdicción nacional de última instancia la existencia de líneas jurisprudenciales divergentes en el seno de las jurisdicciones del Estado miembro o entre las jurisdicciones de distintos Estados miembros, sobre la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión aplicable a su litigio con carácter principal, debe eliminar la inexistencia de una duda razonable sobre la interpretación correcta de la disposición. Las jurisdicciones nacionales de última instancia deben apreciar responsablemente, de manera independiente, y con toda la atención requerida, si se encuentran ante una de las tres situaciones del asuntoCilfitque les dispensan de plantear cuestión prejudicial interpretativa sobre un precepto de Derecho de la Unión aplicable ante ellas. Por el contrario, si la cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión no se encuentra en uno de los tres supuestos del asuntoCilfit, el tribunal nacional de última instancia debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El hecho de que dicha jurisdicción de última instancia haya ya planteado un reenvío prejudicial, en el marco del mismo asunto, sobre la interpretación del Derecho de la Unión, cuya respuesta sea necesaria para la solución del litigio, no dispensa de la obligación de planteamiento. No obstante lo anterior, el tribunal nacional de última instancia puede abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando en el asunto concurran causas de inadmisibilidad propias del procedimiento ante la misma, sin perjuicio de que las normas procesales nacionales aplicables al caso deban cumplir con los principios de equivalencia y efectividad».
28. Finalmente, en la reciente STJUE de 15 de octubre de 2024,Kubera, asunto C‑144/23, § 52, se señala que «el principio de interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales modifiquen su jurisprudencia reiterada, si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos del Derecho de la Unión. En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si es posible interpretar la normativa nacional controvertida en el litigio principal de conformidad con las exigencias del art. 267 TFUE»; agregando en los § 64 y 65 que «la obligación establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, se extiende cuando la cuestión jurídica suscitada sea importante para la seguridad jurídica, para la aplicación uniforme del Derecho o para el desarrollo de este. Cuando un órgano jurisdiccional supremo nacional decide denegar tal solicitud de cuestión prejudicial en virtud de una de las excepcionesCilfit, dicha decisión debe respetar la exigencia de motivación del art. 47 CDFUE. Un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno debe exponer, en la resolución por la que deniegue el planteamiento de cuestión prejudicial sobre la interpretación o la validez de una disposición del Derecho de la Unión, los motivos por los que no ha iniciado el procedimiento prejudicial, a saber, bien que dicha cuestión no es pertinente para la resolución del litigio, bien que la disposición del Derecho de la Unión de que se trata ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, bien que la interpretación correcta del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable».
29. La procedencia del planteamiento de una cuestión prejudicial requiere, por tanto y con arreglo a nuestra jurisprudencia, una respuesta motivada (real) por parte del Tribunal Constitucional; y, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su rechazo exige que se suministre por el tribunal de ulterior instancia una motivación sobre su impertinencia, su redundancia o su evidente innecesariedad. Esa motivación no se contiene en absoluto en la sentencia de la que discrepo y no puedo dejar de señalar que la relevancia de esa omisión puede implicar también una infracción por parte del Tribunal Constitucional desde la perspectiva de las obligaciones que el Reino de España asumió con la firma de la Convención europea de derechos humanos (19).
30. Adicionalmente a lo anterior, y siendo reiterada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la exigencia de independencia e imparcialidad de los tribunales (incluido el Tribunal Constitucional) y las garantías del procedimiento de nombramiento de los magistrados que los integran (tanto en la designación, como en el ejercicio), que se extienden al órgano de gobierno que los propone (arts. 159.1 y 165 CE), la reforma de la Ley Orgánica 8/2022 que modifica por enésima vez la LOPJ, nuevamente de manera acelerada y sin la intervención del CGPJ, para designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ (junto con los designados por el Gobierno) imponiéndole hasta un plazo de duración del procedimiento, a mi entender, presenta unafumusnada despreciable de incompatibilidad con los arts. 2, 19.1.2 TUE y art. 47 CDFUE. Menos aún puedo aceptar que el criterio de la sentencia de la que discrepo «se impone con evidencia» cuando es reiteración del establecido en las anteriores SSTC 128/2023 y 15/2024, cuya fundamentación fue rechazada por cuatro de los once magistrados del Tribunal Constitucional existentes en aquel momento y que consideraron que la tramitación de la Ley Orgánica 4/2021, precedente de la ahora impugnada y tramitada de la misma manera, no era conforme con el Derecho de la Unión Europea.
31. Llegados a este punto, entiendo que no concurren las circunstancias que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eximen al Tribunal Constitucional de la obligación de plantear una cuestión prejudicial. Al contrario, mediante los argumentos esgrimidos en la deliberación y expuestos en este voto particular, creo haber explicitado la existencia de, cuando menos, dudas razonables y suficientes (cuando no, vehementes), no solo acerca de la falta de motivación de la denegación del planteamiento de la cuestión prejudicial, sino sobre su pertinencia, adecuación y necesidad para el Estado de Derecho en España, razón por la que, siendo el Tribunal Constitucional «órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no s[on] susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno» (art. 267.3 TFUE), el planteamiento de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea resultaba imperativo.
Madrid, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.–José Parra Benítez Román.–Firmado y rubricado.