Categoría: Administración

El Pacto Verde Europeo establece la hoja de ruta para lograr el objetivo de la Unión Europea para el año 2050 de alcanzar la neutralidad climática, en línea con el compromiso de aumentar la acción climática global del Acuerdo de París, y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con este fin, La Ley Europea del Clima establece el objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consistente en una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990. La transición hacia la neutralidad climática supone una profunda transformación del sistema energético, que pasará a estar alimentado, fundamentalmente, por recursos renovables. El carácter variable y estocástico de algunas de estas fuentes energéticas hace necesario contar con diversas herramientas que confieran flexibilidad al sistema, entre las que se encuentra el almacenamiento energético.
Dentro del paquete de «Energía limpia para todos los europeos», la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, ponen de manifiesto la relevancia del almacenamiento para la consecución de la transición energética, definiendo las actividades e instalaciones de almacenamiento energético, así como estipulando la necesidad de facilitar el acceso del almacenamiento a las redes y los mercados del sistema eléctrico. En el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, se resalta que, para integrar el porcentaje creciente de energías renovables, el futuro sistema eléctrico debe hacer uso de todas las fuentes disponibles de flexibilidad, en particular de las soluciones del lado de la demanda y el almacenamiento de energía. A escala nacional, dichas regulaciones europeas han quedado reflejadas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, donde se definen nuevos agentes del sector eléctrico como los titulares de instalaciones de almacenamiento, modificando la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
En este dinámico contexto, la Comisión Europea presentó en julio de 2021 un conjunto de propuestas legislativas que son necesarias para alcanzar el nuevo objetivo de la Unión Europea para 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % con respecto a 1990. En el marco del paquete de medidas denominadas «Objetivo 55», la UE está revisando su legislación en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a sus ambiciones para 2030 y 2050.
El Plan REPower Romero aprobado en mayo de 2022, apuesta por el rápido despliegue de energías renovables con el objeto de frenar la crisis climática y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para ello, se contempla que los activos de almacenamiento de energía sean de interés público superior y se facilite su despliegue, señalando su importante papel a la hora de garantizar la flexibilidad y la seguridad del suministro en el sistema energético, facilitando la integración de la generación de energía renovable, alimentando la red y conservando la energía para utilizarla cuando más se necesita.
En consonancia con las políticas de energía y clima europeas, el Gobierno de España ha desarrollado el Marco Estratégico de Energía y Clima, que contiene diversos elementos estratégicos y legislativos cuyo objeto es marcar las principales líneas de acción en la senda hacia la neutralidad climática. Como una de las piezas fundamentales de este Marco cabe citar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece el marco normativo para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible. En particular, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece los siguientes objetivos mínimos para el año 2030, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España: un 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, una cuota del 42 % de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora de la eficiencia energética de un 39,5 % y 74 % de generación eléctrica procedente de energía renovable; estableciendo asimismo el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, consolidando en la legislación nacional las herramientas de planificación energética incluidas en el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición ecológica justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde, y define las medidas que permitirán alcanzar los objetivos recogidos en la citada Ley 7/2021, de 20 de mayo, así como el resto de objetivos sectoriales contemplados en este Plan.
Para dotar de mayor firmeza a las redes eléctricas en este escenario de mayor penetración de las renovables, se hace necesario introducir elementos que doten flexibilidad y gestionabilidad a la red, donde el almacenamiento constituye uno de los pilares y elementos habilitadores. El almacenamiento es aún más importante si se tiene en cuenta que España es una isla energética, dadas las limitadas conexiones eléctricas con nuestros países vecinos. Específicamente, el PNIEC incluye la «Medida 1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad», que tiene como objetivo el desarrollo del marco regulatorio del almacenamiento energético para contribuir a su despliegue. En concreto, en lo referente al almacenamiento, el PNIEC prevé una potencia adicional de 6 GW en el sector eléctrico, que aportará una mayor capacidad de gestión a la generación.
De manera complementaria, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Gobierno el 9 de febrero de 2021, profundiza en las necesidades de almacenamiento establecidas en el PNIEC, cuantificándolas en, al menos, 20 GW de almacenamiento disponible en 2030 y aborda, entre otras cuestiones, las distintas alternativas disponibles y las líneas de acción prioritarias que permitan un efectivo despliegue del almacenamiento energético y su efectiva integración en el sistema, de manera que se aporte flexibilidad a la generación eléctrica renovable, lo cual, junto con el impulso de la gestión de la demanda, permitirá una mayor integración de la generación renovable en el sistema, contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Las actuaciones promovidas por el presente régimen de ayudas están alineadas con la Estrategia de Almacenamiento Energético y contribuyen a su desarrollo, según se detalla en dicha estrategia en la línea de acción 2, y en particular en la medida 2.6, para proporcionar señales de inversión en almacenamiento coherentes con las necesidades de la red; así como la medida 3.2. Fortalecer y promover la industria nacional de almacenamiento para su uso en todas las aplicaciones posibles.
Por su parte, y partiendo del PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP) dibuja la trayectoria de transformación del sistema energético para los años 2030 a 2050, trazando la evolución hacia la neutralidad climática antes de ese último año. La ELP incluye la necesidad de almacenamiento diario, semanal y estacional para el período considerado. Es de especial relevancia la necesidad de almacenamiento para el sector eléctrico, que será 100 % renovable para el año 2050.
Por otro lado, el almacenamiento supone una oportunidad para reactivar las zonas de transición justa. La creación de empleo impulsada por este despliegue, dado el carácter deslocalizado del mismo, tendrá un importante efecto en las regiones dependientes económicamente de las tecnologías basadas en combustibles fósiles, mitigando el posible impacto que pudiera ocasionar el abandono de este tipo de tecnologías para dar paso a otras soluciones limpias, necesarias para la descarbonización del sistema. Está por ello alineado con la Estrategia de Transición Justa.
En este contexto, y con el objetivo de contener la escalada de precios de la energía, el Gobierno ha iniciado la implementación de un paquete de medidas, entre las que cabe destacar, la aprobación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores, del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, o del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
Más recientemente, se ha aprobado el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles, con varias medidas de ámbito energético, como la rebaja del IVA desde el 21 % hasta el 5 % en los suministros del gas natural, pellets, briquetas y leña; la posibilidad de que la cogeneración abandone temporalmente su régimen retributivo regulado, de modo que se le aplique el Mecanismo Ibérico; o la creación de un nuevo servicio de respuesta activa de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Finalmente, se aprobó el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, que incorpora, entre otras, medidas de flexibilización de contratos de suministro de energía, de impulso del autoconsumo o para facilitar la construcción de plantas renovables de pequeña potencia, así como medidas fiscales para mejorar la eficiencia energética de particulares y empresas, y medidas de información y protección de los consumidores.
En línea con lo anterior, es necesario acelerar la implementación de todas las alternativas que permitan acelerar esta transición energética. Entre las alternativas disponibles, el almacenamiento de energía jugará un importante papel, máxime dado su papel clave para integrar en el sistema eléctrico grandes cantidades de generación renovable, necesario, a su vez, para reducir la dependencia energética, y reforzar la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea en su conjunto.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
Esta norma aprueba las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridados con generación de energía renovable, que contribuyan a la transición energética, y, en concreto, a proporcionar una nueva flexibilidad al sector energético, aumentando la integración de las energías renovables. Para adecuarse a este doble objeto, la orden ministerial contiene además de una parte expositiva inicial, una parte dispositiva con 32 artículos y que se estructura en cinco capítulos y dos disposiciones finales. En lo que respecta a las tecnologías de almacenamiento que puedan optar a la convocatoria, será de aplicación el principio de neutralidad tecnológica, contemplando todos los proyectos de almacenamiento energético que posibiliten el despliegue comercial a gran escala del almacenamiento de energía, sin estar restringida ninguna tecnología en términos de nivel de madurez tecnológica (TRL).
Las ayudas incluidas en estas bases reguladoras se encuadran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del gobierno español, que permitirá la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, con el objeto de acometer un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la crisis económica, social y sanitaria desencadenada a raíz de la pandemia de COVID-19. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea, coordinada por la Comisión Europea, mediante la puesta en marcha de un Fondo de Recuperación y Resiliencia, que contribuirá al proceso de reconstrucción de las economías europeas.
El Plan de Recuperación para Europa,NextGenerationEU, permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. En este contexto, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, establece un marco para hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis ocasionada por la COVID-19 así como los impactos económicos asociados.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea, es un proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los instrumentos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales durante los próximos años, mediante la implementación de cambios normativos e inversiones. El objeto de estas modificaciones es orientar un cambio del modelo productivo hacia la profundización en la transición ecológica, que sirva de guía para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19. Adicionalmente, la aplicación de estos fondos orientará la transformación de la estructura económica, contribuyendo a que sea más resiliente e inclusiva.
Este Plan tiene entre sus objetivos que España apueste por la «descarbonización» de la economía, invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se produzca una profunda transformación del sistema energético para eliminar la dependencia de las energías fósiles y transformarlo hacia un sistema energético limpio, siendo, por ello, la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (flagship initiatives) presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destacan el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
Entre las diez políticas palanca que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incluye la «Transición energética justa e inclusiva», donde se encuentra la componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. Esta componente incluye, entre otros, el desarrollo de los sistemas de almacenamiento.
Por ello, en el marco de la inversión 1 de la componente 8, y con objeto de promover el despliegue del almacenamiento energético, se aprueba la orden de bases de la presente orden ministerial, para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Esta orden de bases contribuye a la consecución de los objetivos 125 y 126 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, ambos objetivos referentes al despliegue de una potencia instalada agregada de al menos 600 MW o un suministro de energía total equivalente (MWh). Adicionalmente, esta orden contribuye al cumplimiento de los indicadores de seguimiento de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea, en particular, los indicadores de seguimiento 125.1 y 126.1, ambos relativos al desarrollo de al menos 2 proyectos innovadores de almacenamiento energético.
De manera complementaria, las inversiones en almacenamiento de la componente 8 del PRTR, contribuyen a los objetivos de la componente 7 del PRTR, en tanto en cuanto el almacenamiento actúa como elemento habilitador para la integración en el sistema energético de la energía procedente de fuentes renovables.
Las ayudas de la presente orden de bases se corresponden con la tipología de inversión contempladas en la inversión 1 (C8.I1), «Despliegue del almacenamiento energético», de su componente 8. El objetivo de dicha Inversión 1 es desplegar el almacenamiento energético mediante la puesta en marcha de iniciativas de apoyo e inversión en tres ámbitos principales, entre los que se encuentra el objeto de esta orden: el desarrollo del almacenamiento a gran escala. Adicionalmente, las inversiones de la C8.I1, al estar vinculadas al almacenamiento energético, se clasifican en el campo de intervención «033. Sistemas de energía inteligentes (incluidos las redes inteligentes y los sistemas de TIC) y su almacenamiento", según el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Cuentan, por ello, con un 100 % de aportación al etiquetado verde, contribuyendo significativamente a la transición ecológica y un 40 % de ponderación en el etiquetado digital.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento». Los proyectos de despliegue de almacenamiento energético constituyen la medida transformadora 10 de dicho PERTE, perteneciente a la fase III: Despliegue.
Por otro lado, el pasado 11 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 568/2022, de 11 de julio, por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico, cuyo objeto es desarrollar reglamentariamente el marco general del banco de pruebas regulatorio concebido como un entorno controlado para llevar a cabo ensayos que permitan el desarrollo de proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación, la innovación y la mejora regulatoria en el ámbito del sector eléctrico, en virtud de lo previsto en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Esta herramienta supone una oportunidad para la participación de proyectos de almacenamiento energético, pudiendo disponer de entornos controlados de pruebas que permitan testear innovaciones regulatorias.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al patrimonio del IDAE, una vez transferidos de los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 establece crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 23.50.42HA.748 «Al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Para el despliegue del almacenamiento energético. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» para su financiación. Esta cuantía prevista en la Ley de Presupuestos Generales para el presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en el mencionado componente 8, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
Estas ayudas a los proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridados con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y el consiguiente despliegue de capacidad instalada de almacenamiento, redundarán en una mejora de la integración de energías renovables, lo que conllevará una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, la medida contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático según el artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Podrán ser objeto de las ayudas convocadas mediante esta orden los proyectos innovadores de almacenamiento energético que se hibriden con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Algunas de estas instalaciones están acogidas a su vez a otras ayudas o participan en otros mecanismos retributivos, por lo que la entidad promotora deberá garantizar que la incorporación del almacenamiento no altera la adecuada retribución de los demás regímenes.
En particular, con relación a la hibridación con instalaciones de producción de energía eléctrica acogidas al régimen retributivo específico, los artículos 27.5 y 28.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establecen determinados requisitos relativos a los equipos de medida, con la finalidad de poder determinar la energía generada por la instalación de producción de energía eléctrica y la correspondiente al almacenamiento y llevar a cabo una adecuada retribución de dicho régimen. Para garantizar la compatibilidad de las ayudas convocadas mediante esta orden con el mismo, las instalaciones deberán, o bien cumplir dichos requisitos, o bien renunciar a la percepción del régimen retributivo específico. Será necesario garantizar que aquellas instalaciones que percibieran un sistema de apoyo por la generación de energía renovable dispongan de los equipos de medida que permitan determinar fehacientemente qué parte de esta energía proviene de fuentes renovables y cuál podría tener otro origen, al haberse adquirido de la red eléctrica para cargar el sistema de almacenamiento.
Por otra parte, con relación a las instalaciones a las que se les haya otorgado el régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025, el artículo 2.5.b) de dicha orden establece que el sistema de almacenamiento correspondiente a las instalaciones acogidas a este régimen económico debe ser empleado para el almacenamiento exclusivo de la energía producida por la instalación. No obstante lo anterior, las actuaciones que pretendan acogerse a las ayudas reguladas mediante esta orden podrán hibridarse con instalaciones acogidas al régimen económico de energías renovables, siempre que constituyan una unidad retributiva independiente de acuerdo con la definición del artículo 3 de la citada orden. A estos efectos, deberán disponer de los equipos de medida necesarios para la determinación de la energía generada por cada unidad retributiva: por una parte, la acogida al régimen económico de energías renovables y, por otra parte, la correspondiente al almacenamiento que recibe las ayudas reguladas mediante esta orden. Adicionalmente, la unidad retributiva acogida al régimen económico de energías renovables deberá constituirse como una unidad de oferta independiente.
Asimismo, el desarrollo de estas ayudas favorecerá la generación de empleo y la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de las empresas.
Las actuaciones financiadas por esta orden de bases atenderán al principio de «no causar un perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020; así como al principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
De igual manera, los proyectos deberán garantizar el pleno cumplimiento de los principios de los pilares y ejes transversales en los que se fundamenta el PRTR, que son la transición ecológica y digital, cohesión social y territorial, y la igualdad de género.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62/2018, de 7 de junio. Para garantizar la plena efectividad de las medidas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales beneficiarios en todo el territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y sobre las bases del régimen minero y energético se justifica la gestión centralizada de estas ayudas. De este modo, la recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados por el IDAE de manera centralizada.
La sentencia del Tribunal Constitucional 18/2011, de 3 de marzo, mantiene que la competencia atribuida por el artículo 149.1.13 al Estado incluye «no sólo las genéricas competencias relativas a las bases y coordinación de la planificación general económica, sino también las más específicas de ordenación del sector energético, referentes a las bases del régimen del mismo». Ello es así debido a que «el sector eléctrico no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo un conjunto muy importante dentro del conjunto de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad de los sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su competitividad (…). Estas circunstancias justifican que el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector eléctrico tanto a través del título general relativo a la planificación general de la economía (art. 149.13.ª CE) como mediante el más específico relativo al sector energético (art. 149.1.25.ª CE),…».
La noción de «bases» que corresponde determinar al Estado de acuerdo con las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 comprende, no solo las normas básicas con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico, sino también, excepcionalmente y de acuerdo con la doctrina constitucional sobre el concepto material de bases, normas reglamentarias e incluso ciertos actos de ejecución (STC 197/1996, de 28 de noviembre). Las facultades que al Estado reconocen los títulos competenciales de los artículos 149.1.13.ª y 25.ª alcanzan, pues, considerable amplitud, de modo que permiten configurar un sistema eléctrico único para todo el territorio.
La orden tiene como objetivo incentivar proyectos de gran impacto en el sistema energético nacional, con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el despliegue del almacenamiento energético. Para asegurar la plena efectividad de los objetivos en los que se enmarcan y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, resulta necesario que estas ayudas se gestionen de forma centralizada, estableciendo una articulación simultánea y uniforme en toda España. La selección de los proyectos a subvencionar requiere de una valoración técnica que no garantizaría la igualdad de acceso si las valoraciones no las realizara la misma entidad. Tanto más cuanto la diversidad de los proyectos subvencionables hace altamente complejo el establecimiento de criterios reglados para la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas sin riesgo de que proyectos merecedores de un mayor impulso pudieran quedar excluidos por razón de las singularidades territoriales. En caso de territorializarse la gestión de estas ayudas, la finalidad y operatividad de las mismas podrían verse amenazadas con riesgo para la eficiencia de la inversión estatal.
A mayor abundamiento, la gestión centralizada y uniforme de esta actuación financiada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia agilizará el cumplimiento de los compromisos asumidos por España y recogidos en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. La actuación está asociada a un objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe cumplirse antes del final de 2023 (la adjudicación de, al menos, cinco proyectos de almacenamiento innovadores, equivalentes a una capacidad instalada agregada de al menos 600 MW o un suministro de energía total equivalente (MWh).
En relación con esta cuestión debe señalarse que esta línea de ayudas fue presentada en la Comisión Consultiva de Eficiencia Energética, celebrada el 29 de abril de 2022, con los representantes de todas las comunidades autónomas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de evaluación y selección establecidos en esta orden.
Las ayudas reguladas en esta orden tienen como potenciales beneficiarios, entre otros, a entidades con personalidad jurídica que realicen actividad económica, que podrían considerarse ayudas de estado. Por ello y para que estas ayudas sean compatibles con el mercado interior, se someten a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo Europeo de Recuperación como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, establece que las ayudas a proyectos para la protección del medio ambiente serán compatibles con el mercado interior siempre que cumplan las condiciones previstas en su artículo 41. Las ayudas establecidas en este programa han sido diseñadas considerando las condiciones establecidas en el artículo 41.6, apartado a). Por un lado, será posible la financiación de proyectos de adición de capacidad de almacenamiento a instalaciones existentes de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, así como la financiación de adición de capacidad de almacenamiento a nuevas plantas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. En este último caso, es indispensable que la planta renovable esté operativa y finalizada al finalizar el proyecto de adición de almacenamiento para que éste sea financiable.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta orden ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia en el sentido enunciado en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su aprobación, que son la necesidad de descarbonizar los distintos sectores de la economía, al actuar el almacenamiento energético como un habilitador de la integración de renovables que provee flexibilidad a la producción de energías renovables así como reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, del PNIEC 2021-2030 y de la Estrategia de Almacenamiento Energético. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que han participado en la elaboración de la misma los potenciales destinatarios en el marco del trámite de audiencia e información pública a la que se sometió la propuesta de orden entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre de 2022, sin que dicha participación suponga ninguna ventaja de cara a la debida realización del proceso de gestión de las ayudas reguladas por la presente orden. Adicionalmente, el Gobierno lanzó una Expresión de Interés relativa a la flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para identificar la existencia de potenciales proyectos en dicho ámbito del sector energético, valorar su impacto en la cadena de valor, en el desarrollo industrial y en el empleo, y, con ello, definir y concretar el ámbito objetivo de las ayudas. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden ministerial se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las bases reguladoras que se aprueban mediante esta orden ministerial se han elaborado atendiendo a estándares exigidos para cada uno de los principios y criterios establecidos en relación con la planificación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen minero y energético.
En su virtud, dispongo:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas públicas para proyectos innovadores de almacenamiento energético que se hibriden con instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la componente 8, inversión 1 para el despliegue del almacenamiento energético. La concesión de ayudas irá dirigida a la financiación de la adición de almacenamiento a instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables tanto nuevas como ya existentes. En el caso de nuevas instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, la finalización del proyecto se entenderá como el momento en que ambas tecnologías, generación renovable y almacenamiento energético, estén finalizadas, no pudiendo financiarse el almacenamiento sin estar asociado a generación renovable.
2. El desarrollo de los proyectos financiados por estas ayudas contribuirán a la consecución de los objetivos 125 y 126 del anexo I de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021, en relación al despliegue de, al menos, 5 proyectos de instalaciones de almacenamiento energético innovador, que supondrán la instalación de, al menos, 600 MW, o un suministro de energía total equivalente (MWh). Asimismo, supondrán un impulso a la consecución de los indicadores de seguimiento 125.1 y 126.1 de las disposiciones operativas del Plan de Recuperación, relativos al desarrollo de, al menos, 2 proyectos innovadores de almacenamiento energético.
3. Los proyectos objeto de ayuda contribuirán a los objetivos de descarbonización incluidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y recogidos en el PNIEC, y las hojas de ruta y estrategias que emanan del mismo, en particular, la Estrategia de almacenamiento.
4. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. El ámbito temporal de vigencia de estas bases reguladoras se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias dictadas al amparo de la misma hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
6. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se concedan al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional. Debido a las características singulares de los territorios insulares y de sus sistemas eléctricos, podrá adaptarse la evaluación de los proyectos, objeto de estas ayudas según el apartado 1 de este artículo, a los retos específicos de integración de renovables de los mismos, pudiéndose dedicar una parte específica del presupuesto a la financiación de los proyectos situados en dichos territorios.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, en las respectivas convocatorias y resolución de concesión, por cuantas normas vigentes que, por su naturaleza, pudieran resultar de aplicación y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación.
Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
1.º Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
2.º El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.º El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.
5.º Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea.
b) La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente:
1.º El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, (Reglamento de Taxonomía).
2.º La Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), (Guía Técnica de la Comisión Europea).
3.º Los Actos Delegados derivados del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía).
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
c) El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
d) En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
e) La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
1.º En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.º El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
3.º El artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
4.º El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
Adicionalmente, serán de aplicación los Planes de Medidas Antifraude en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobados tanto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por el IDAE, así como los procedimientos contemplados en dichos Planes.
f) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
4. Asimismo, será de aplicación la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia al IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reintegro de fondos.
1. Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos innovadores de almacenamiento energético que se hibriden con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, sin perjuicio de que las respectivas convocatorias limiten la tipología de proyectos elegibles.
En cuanto al concepto de hibridación se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Los proyectos deberán suponer la instalación de capacidad de almacenamiento a instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo a mejorar la capacidad de gestión de las últimas. Tendrá la condición de instalación hibridada cuando, en lo relativo a la obtención de permisos de acceso y conexión, se aplique lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, en lo que se refiere a la hibridación exclusivamente de módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria renovable e instalaciones de almacenamiento. Sin perjuicio de lo anterior, no será necesario que la instalación disponga de dichos permisos en el momento de la solicitud de la ayuda, pudiéndose obtener durante la fase de ejecución. La nueva instalación de almacenamiento deberá cumplir con los requisitos técnicos que le sean de aplicación. Solo será financiable la instalación de almacenamiento energético en las condiciones que se establezcan, en su caso, en la correspondiente convocatoria.
2. Sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones adicionales, en cumplimiento de la exigencia de que el régimen de ayudas tenga «efecto incentivador» establecida en el artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, no podrán ser objeto de ayudas los proyectos que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, entendida la fecha de inicio de los trabajos según la definición del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014, y de acuerdo con las especificidades que se puedan establecer en la correspondiente convocatoria.
3. Se podrá exigir que las instalaciones de