Categoría: Administración

5 de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes).
s) Resolver sobre las solicitudes de apertura de sucursales de entidades de crédito españolas en Estados miembros de la Unión Europea (artículo 14 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
t) Resolver desfavorablemente las solicitudes de modificación del contenido de las informaciones notificadas en las solicitudes de apertura de sucursales, incluido el cierre, de entidades de crédito españolas en Estados miembros de la Unión Europea (artículo 14.4 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
u) Acordar la inscripción de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, de intermediarios de crédito inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios así como, en su caso, la inscripción de los nuevos miembros de su órgano de administración de estos de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
v) Resolver sobre las solicitudes de apertura de oficinas de representación en España de entidades de crédito no autorizadas en otros en Estados miembros de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
w) Conceder la autorización para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.
x) Acordar la inscripción de entidades exentas en virtud del artículo 14 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
y) Acordar la inscripción de proveedores de servicios de información según lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
z) Acordar la iniciación de oficio del procedimiento de revocación de la inscripción en el Registro del Banco de España de aquellos intermediarios de crédito inmobiliario que no dispongan de la garantía señalada en el artículo 36 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario o que esta que no cumpla con los requisitos exigidos.
aa) Resolver favorablemente sobre las comunicaciones de exclusión efectuadas conforme al artículo 6 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
bb) Resolver las solicitudes de ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en un Estado no miembro de la Unión Europea por entidades de pago y de dinero electrónico españolas, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y artículo 12 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
cc) Resolver las solicitudes de creación o adquisición de participaciones en entidades análogas a las entidades de pago o entidades de dinero electrónico conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y artículo 13 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
dd) Resolver sobre los expedientes de autorización para las modificaciones de estatutos sociales que se consideren de escasa relevancia respecto de los que el Banco de España sea competente.
ee) Solicitar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, autorización para requerir el suministro de información y la realización de inspecciones en relación con las personas físicas o jurídicas que, sin hallarse inscritas en los registros del Banco de España, ofrezcan o realicen actividades reservadas a las entidades sometidas a las funciones y competencias del Banco de España.
1. Se delegan en el director general de Conducta Financiera y Billetes las siguientes facultades:
a) Decidir sobre la oposición a las instrucciones de carácter técnico u operativo relativas a la gestión de la distribución, recogida y tratamiento de medios de pago (Sistema de Depósitos Auxiliares, SDA).
b) Formular recomendaciones a las entidades de crédito en materia de tratamiento y recirculación de billetes en euros.
c) Prohibir a las entidades de crédito la recirculación, a través de las máquinas de tratamiento de billetes correspondientes, de las denominaciones en euros de las series afectadas por algún tipo de incumplimiento de la Decisión del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre de 2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación (BCE/2010/14).
d) Resolver los informes referidos a consultas externas formuladas en materia de interpretación y aplicación de las normas de conducta, transparencia bancaria y protección de la clientela, salvo cuando respondan a nuevos criterios interpretativos de dichas normas especialmente significativos para el correspondiente sector, cuya adopción incumbirá a la Comisión Ejecutiva.
e) Aprobar modificaciones en las guías a que se refiere el artículo 54 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y en el artículo 26 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, siempre que su elaboración corresponda al ámbito de actuación de la Dirección General de Conducta Financiera y Billetes, en cuanto consistan en adaptaciones técnicas, mejora o coordinación de conceptos, terminología y criterios establecidos en dichas guías, o variaciones en la forma de rendir al Banco de España las informaciones específicas previstas en ellas.
En caso de ausencia del Director General de Conducta Financiera y Billetes, todas las delegaciones enunciadas en este punto se entenderán realizadas a favor de la Directora General Adjunta de Conducta Financiera y Billetes.
2. Se delega en la directora del Departamento de Efectivo la facultad de emitir escritos a las entidades de crédito o: i) solicitando el cumplimiento de las medidas correctoras previamente formuladas en materia de tratamiento y recirculación de billetes en euros; ii) transmitiendo a la entidad determinados criterios para el adecuado cumplimiento de las medidas correctoras comunicadas; o iii) solicitando aclaraciones, informaciones adicionales o el envío de documentación necesaria.
3. Se delegan en el Director del Departamento de Conducta de Entidades las siguientes facultades:
a) En materia de publicidad de las entidades sujetas a supervisión del Banco de España, resolver sobre el cese o rectificación de las campañas publicitarias que no respeten lo dispuesto en la normativa sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, y exigir a las entidades la inclusión en una publicidad de advertencias en relación con el producto o servicio ofertado.
b) Resolver sobre la verificación, en los términos legalmente previstos, de los reglamentos de los servicios de atención al cliente y defensores del cliente de las entidades sujetas a la supervisión del Banco de España.
c) Formular recomendaciones a las entidades de crédito y otras entidades sujetas a la supervisión del Banco de España en materia de conducta, transparencia bancaria y protección de la clientela.
d) Remitir escritos a las entidades de crédito u otras entidades supervisadas, aclarando e indicando cuál es el tratamiento aplicable a determinados productos, operaciones, actuaciones o situaciones concretas de la entidad o solicitándoles el cese de una determinada conducta o la adopción de ciertas medidas de rectificación, o refiriéndose a ambas cuestiones, a la vista de la normativa y buenas prácticas vigentes en materia de conducta, transparencia bancaria y protección de la clientela, o a la luz de las interpretaciones emitidas, en su caso, por los órganos competentes del Banco de España.
e) Remitir escritos a las entidades de crédito y otras entidades supervisadas solicitando el cumplimiento de recomendaciones o requerimientos previamente formulados en materia de conducta, transparencia bancaria y protección de la clientela, así como de sistemas o mecanismos de atención y resolución de conflictos con dicha clientela; efectuando aclaraciones sobre determinadas irregularidades detectadas que figuren en escritos del Banco de España previamente remitidos a la entidad; solicitando información, aclaraciones o documentación adicional para valorar el cumplimiento de las medidas supervisoras formuladas.
f) Comunicar a otras autoridades supervisoras nacionales o extranjeras, o a instituciones competentes, las resoluciones adoptadas por los órganos correspondientes del Banco de España con respecto a entidades de crédito u otras entidades supervisadas, así como formular a dichas autoridades peticiones de información y contestar a las peticiones remitidas por estas sobre aspectos relacionados con dichas entidades, siempre que las citadas comunicaciones y solicitudes se refieran a aspectos relacionados con la conducta, la transparencia bancaria y la protección de la clientela.
g) Reconocer a las entidades certificadoras de los requisitos de conocimientos y competencia exigibles al personal de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, e inscribir en el listado del Banco de España los títulos o certificaciones emitidos por universidades públicas o privadas o entidades o empresas certificadoras reconocidas por el Banco de España para acreditar estos requisitos, así como retirar a una entidad la condición de certificadora en los términos citados, así como excluirla del listado del Banco de España mencionado.
Se delegan en la directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia las siguientes facultades:
a) Resolver favorablemente las solicitudes de acceso a la información pública del Banco de España presentadas en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como resolver sobre su inadmisión, acordar la ampliación del plazo de resolución de las referidas solicitudes y remitir las mismas al sujeto competente para su resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la referida norma. Corresponderá a la Comisión Ejecutiva la denegación de las solicitudes.
b) Resolver las reclamaciones sobre accesibilidad digital del Banco de España presentadas en virtud del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
1. Se delegan en la directora general de Estrategia, Personas y Datos las siguientes facultades:
a) Formular requerimientos y recomendaciones a las entidades obligadas en materia de remisión de la información financiera y prudencial establecida por el Banco de España para las entidades de crédito y otras entidades sujetas a su supervisión.
b) Formular requerimientos y recomendaciones a las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos sobre las declaraciones a este servicio y formular requerimientos y recomendaciones a estas mismas entidades y a los intermediarios de crédito inmobiliario sobre las condiciones de acceso y uso de la información de la Central de Información de Riesgos, según lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
c) Resolver las consultas externas formuladas en materia de interpretación y aplicación de la normativa reguladora de los requerimientos de información financiera y prudencial establecidos por el Banco de España para las entidades de crédito y otras entidades sujetas a su supervisión, salvo cuando respondan a nuevos criterios interpretativos de dichas normas especialmente significativos, cuya competencia corresponderá a la Comisión Ejecutiva.
2. Se delegan en la directora del Departamento de Información Financiera y CIR las siguientes facultades:
a) Emitir y trasladar a las entidades de crédito y otras entidades supervisadas aclaraciones sobre cómo cumplimentar los requerimientos de información financiera y prudencial que se ha de remitir al Banco de España.
b) Emitir y trasladar a las entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos aclaraciones sobre cómo cumplimentar las declaraciones a este servicio y a estas mismas entidades y a los intermediarios de crédito inmobiliario sobre las condiciones de acceso y utilización de los datos de la Central de Información de Riesgos.
1. Se delegan en el director general adjunto de Servicios e Intervención las siguientes facultades:
a) La adjudicación de los contratos, en aquellos casos en que la Comisión Ejecutiva haya aprobado previamente la propuesta de clasificación de ofertas a que se refiere el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
b) La facultad de formalizar los contratos adjudicados por la Comisión Ejecutiva o por el director general adjunto de Servicios e Intervención por delegación de la Comisión Ejecutiva.
c) La adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco cuyo gasto haya sido autorizado previamente por la Comisión Ejecutiva.
d) la formalización de los contratos basados en un acuerdo marco cuya adjudicación haya sido autorizada por la Comisión Ejecutiva o por el director general adjunto de servicios e Intervención por delegación de la Comisión Ejecutiva.
e) Designar el responsable del contrato en aquellos contratos en que el órgano de contratación sea la Comisión Ejecutiva, cuando la designación tenga que efectuarse en acto separado y posterior a la autorización del procedimiento de contratación.
f) Autorizar las modificaciones de contratos adjudicados por la Comisión Ejecutiva, siempre que la cuantía de la modificación no exceda del 10 % del precio inicial del contrato, así como formalizar los anexos que, en su caso, resulten necesarios.
2. Se delega en la Mesa de Contratación la facultad de aprobar la selección de las empresas que van a ser invitadas a presentar ofertas, en aquellos procedimientos de contratación en los que exista dicho trámite y en los que la Comisión Ejecutiva actúe como órgano de contratación.
Las presentes delegaciones se han de entender realizadas exclusivamente en el ámbito en el que el Banco de España es autoridad competente según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Las delegaciones que se prevén en esta resolución comprenden la emisión de los actos de trámite necesarios para su ejercicio, pudiendo emitir tales actos de trámite, indistintamente, el titular del órgano receptor de la delegación así como los titulares de los departamentos, servicios, divisiones o grupos a su cargo.
La Comisión Ejecutiva podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto cuya resolución haya sido delegada en virtud del presente acuerdo cuando circunstancias de índole técnica, económica, social o jurídica lo hagan conveniente.
En caso de que la resolución del asunto corresponda, por virtud del presente acuerdo, a un director general adjunto o director de departamento, el director general del que dependa dicha dirección general adjunta o departamento podrá avocar igualmente su conocimiento.
Para el ejercicio de las anteriores facultades, los directores generales, el secretario general, los directores generales adjuntos y los directores de departamento mencionados en el presente acuerdo podrán efectuar delegaciones de firma, incluso con carácter permanente, a favor de los titulares de los departamentos, servicios, divisiones, grupos o unidades a su cargo, así como a favor de los coordinadores ejecutivos o los directores de sucursal.
Los directores generales y el secretario general darán cuenta a la Comisión Ejecutiva, al menos semestralmente, del ejercicio, en el ámbito de sus respectivas direcciones, de las anteriores delegaciones. A tal fin, cada uno de ellos establecerá la periodicidad con la que deberán ser informados de los acuerdos adoptados al amparo del presente acuerdo por el personal a su cargo.
El régimen de delegaciones de competencias que se establece en el presente acuerdo tiene carácter permanente.
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las referencias efectuadas en el presente acuerdo a cargos del Banco de España se entenderán hechas sin perjuicio del concreto género de quienes en cada momento ocupen tales cargos.
Queda sin efecto la Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de aprobación del régimen de delegación de competencias (BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 2019); posteriormente modificado mediante Resoluciones de 8 de septiembre de 2020 (BOE núm. 243, de 11 de septiembre de 2020); de 27 de julio de 2021 (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2021); de 3 de mayo de 2022 (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2022); de 8 de noviembre de 2023 (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2023); de 15 de marzo de 2024 (BOE núm. 73, de 23 de marzo de 2024); y de 30 de septiembre de 2024 (BOE núm. 240, de 4 de octubre de 2024).
Las referencias a tales resoluciones contenidas en normas o acuerdos de aplicación vigente se entenderán realizadas a la presente resolución.
El presente acuerdo se publicará en el BOE.
El presente acuerdo de delegación de funciones surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el BOE.
Madrid, 5 de diciembre de 2024.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Lorenzo Gutiérrez.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (nombrado como CRR).
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito; Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior, y Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 (nombrado como CRR).
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados:
− Entidades de dinero electrónico: Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
− Entidades de pago: Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 (CRR).
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados: Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la anterior.
Normativa a la que se refieren los artículos abajo nombrados:
– Entidades de dinero electrónico: Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, y Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
– Entidades de pago (incluidas las exentas del artículo 14 del Real Decreto-ley 19/2018 y las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas (EPSIC) del artículo 15 del Real Decreto-ley 19/2018): Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.