Categoría: Judicial

mbre de 2020 dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la sentencia de 11 de marzo de 2020 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, ha vulnerado su derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y su derecho de asociación (art. 22 CE). Las sentencias anuladas habían declarado el derecho de la recurrente a asociarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (la Esclavitud), estableciendo la modificación del art. 1 de los estatutos de la asociación en el sentido de suprimir el genitivo «de caballeros».
La recurrente argumenta que las asociaciones religiosas están sujetas al ordenamiento jurídico general y que su no admisión únicamente por ser mujer choca con lo dispuesto en el art. 14 CE en relación con el art. 22 CE; en concreto, porque la Esclavitud es una sociedad dominante en el ámbito cultural y social, de modo que no le cabe promover una asociación alternativa con la que cumplir los fines que persigue.
b) El Obispado de Tenerife y la Esclavitud solicitan la desestimación del recurso de amparo por no haber vulneración ni del art. 22 CE ni del art. 14 CE. En síntesis, consideran que es necesario respetar el derecho de libertad religiosa por imperativo del art. 16 CE, al estar ante una asociación con fines exclusivamente religiosos, y que la jurisprudencia europea que se cita en la sentencia recurrida en amparo prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o excluir a un individuo. También niegan la posición de dominio de la Esclavitud, la cual, consideran, no ostenta ventaja económica, profesional o laboral, por lo que no hay ninguna desventaja económica o profesional para las mujeres si no son admitidas en la hermandad.
c) El Ministerio Fiscal interesa la estimación del amparo al apreciar la vulneración de los derechos fundamentales que la recurrente denuncia, en la medida en que la no admisión como miembro de la Esclavitud por ser mujer constituye una discriminación directa por razón de sexo que no obedece a una base razonable; la actividad asociativa que la hermandad desempeña no se enmarca en los ámbitos económico o profesional, sino que tiene una innegable prevalencia en el ámbito social y cultural, basada en la exclusividad que ostenta en el ejercicio del culto de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna.
d) Así formuladas las pretensiones de las partes, el enjuiciamiento por parte de este tribunal ha de resolver el conflicto entre los derechos fundamentales afectados, determinando si ha existido la vulneración denunciada por la demandante, atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de esos derechos.
Para apreciar si ha existido una lesión del derecho de asociación de la recurrente (art. 22 CE) en relación con el principio de no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), es preciso exponer con carácter previo la doctrina jurisprudencial sobre el derecho de asociación aplicable en el presente recurso de amparo, no solo en cuanto a la libertad de la recurrente de adscribirse a una asociación, sin ser discriminada por su condición de mujer, sino también en tanto a la libertad de autoorganización y funcionamiento interno de la Esclavitud sin injerencias públicas, dado que es esta última dimensión la que ha sido tenida en cuenta por la sentencia recurrida en amparo para justificar que los estatutos de la Esclavitud solo admitan a «caballeros», impidiendo así que la recurrente pueda asociarse a la misma.
Este examen previo a la resolución de la queja de amparo debe completarse con el examen particular de la condición de asociación religiosa que ostenta la Esclavitud, y que tanto la Esclavitud como el Obispado de Tenerife han opuesto firmemente en las alegaciones presentadas en el recurso de amparo, dado que cuando se ponen en balance los derechos fundamentales antes señalados, también deben respetarse de forma adicional en este supuesto las exigencias que derivan del principio de libertad religiosa (art. 16 CE).
2. La doctrina sobre el derecho de asociación.
Como recordamos en la reciente STC 129/2023, de 23 de octubre, FJ 3, este tribunal «ha desarrollado una consolidada doctrina sobre el derecho fundamental de asociación, regulado en el art. 22 CE y desarrollado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. A partir de la aprobación de esta ley orgánica, la configuración básica del derecho se ha mantenido prácticamente invariable en la doctrina de este tribunal, que ha identificado cuatro facetas integrantes de aquel derecho: a) la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas, b) la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas, c) la libertad de organización y funcionamiento internos sin injerencias públicas, y d) una dimensióninter privatosque garantiza un haz de facultades a los asociados considerados individualmente frente a las asociaciones a las que pertenezcan o a los particulares respecto de las asociaciones a las cuales pretendan incorporarse (por todas, STC 42/2011, de 11 de abril, FJ 3)».
En el presente recurso de amparo la previsión de los estatutos de la Esclavitud que impide a las mujeres asociarse afecta directamente al derecho que la recurrente ostenta de adscribirse a una asociación ya creada, acto de integración por el que «el asociado acepta los estatutos y se integra en la unidad no solo jurídica sino también moral que constituye la asociación» (STC 218/1988, de 22 de noviembre, FJ 2). No obstante, este derecho debe a su vez ponderarse con la facultad de la asociación de autoorganizarse y funcionar sin injerencias públicas, lo cual tiene a su vez una primera proyección en el derecho a elegir libremente a quien se asocia porque, precisamente, el fundamento de asociarse se encuentra «en la libre voluntad de los socios de unirse y de permanecer unidos para cumplir los fines sociales, creando entre ellos no solo un vínculo jurídico “sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca”» (STC 129/2023, de 23 de octubre, FJ 3).
Esta libertad de autoorganización que el art. 22 CE reconoce a las asociaciones, como contenido propio del derecho fundamental, no tiene carácter absoluto sino que «colinda con los demás derechos de la misma índole y los derechos de los demás, teniendo como horizonte último el Código penal, en cuya virtud las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito serán ilegales» (STC 104/1999, de 14 de junio, FJ 2, y, en sentido similar, STC 42/2011, FJ 3). El primer límite intrínseco de este derecho «lo marca el principio de legalidad en cuya virtud los estatutos sociales, como ejercicio de la potestad de autonomía, han de acomodarse no solo a la Constitución, sino también a las leyes que, respetando el contenido esencial de tal derecho, lo desarrollen o lo regulen» (STC 104/1999, de 14 de junio, FJ 2, y ATC 254/2001, de 20 de septiembre, FJ 4).
Lo dicho hasta ahora debe no obstante modularse cuando se trate, como dijimos en la STC 218/1988, de 22 de noviembre, FJ 3, de «una asociación que, aun siendo privada, ostentase de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado».
En aplicación de esta doctrina este tribunal ya ha tenido la ocasión de señalar que cuando una asociación tiene una posición privilegiada, en particular, en el ejercicio de una determinada actividad profesional, en la medida en que el acceso a la misma quedara vedado si no se pertenece a la asociación, el acceso no puede regularse por normas o prácticas que, de forma directa o indirecta, discriminen a las mujeres. Así lo hemos reconocido en relación con el ingreso en la comunidad de pescadores de El Palmar, toda vez que la comunidad ocupa una posición privilegiada al tener reconocida por el poder público la explotación económica en exclusiva de un dominio público, las aguas de La Albufera y su riqueza piscícola, de modo que solo se puede ejercer la actividad pesquera en ese lugar si se es miembro de dicha comunidad (ATC 254/2001, FJ 4).
Así las cosas, el enjuiciamiento que le corresponde realizar a este tribunal supone examinar si puede quedar amparada en la autonomía de la voluntad de la Esclavitud la previsión de sus estatutos que impide a la recurrente ingresar en dicha asociación por el solo hecho de ser mujer, entrando en este caso dicha previsión en conflicto, no solo con el derecho de la recurrente a asociarse (art. 22 CE), sino más concretamente con su derecho a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14 CE); en este supuesto, aunque el enjuiciamiento de los tribunales ordinarios sobre la actividad de las asociaciones esté claramente delimitado a un concreto «enjuiciamiento formal» y de «razonabilidad» en supuestos de conflicto entre derechos fundamentales (v.gr.: asociación y libertad de religión), «el juicio ponderativo del Tribunal tampoco debe de ser excluido (STC 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2), por mor del art. 53 CE» (STC 42/2011, FJ 3).
3. El respeto a la libertad de autoorganización de las asociaciones religiosas y su alcance en la jurisprudencia europea.
El examen que debe llevar a cabo este tribunal, como ya hemos anticipado, exige tener también en cuenta que la Esclavitud ha alegado no solo la prevalencia de su derecho de autoorganización (art. 22 CE) sino también de su derecho a la libertad religiosa (art. 16 CE) en la medida en que, tratándose de una asociación religiosa, obligarle a admitir a una persona concreta supondría también una vulneración de dicha libertad.
Efectivamente, la Constitución española reconoce la libertad religiosa, garantizándola tanto a los individuos como a las comunidades, «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley» (art. 16.1 CE). En cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9, la libertad religiosa «garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual», y asimismo, «junto a esta dimensión interna, esta libertad […] incluye también una dimensión externa deagere licereque faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 8)». Este reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera deagere licerelo es «con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales» (STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, y, en el mismo sentido, las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1, y 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2) y se complementa, en su dimensión negativa, por la prescripción del art. 16.2 CE de que «[n]adie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
Ahora bien, el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, y 63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues cabe apreciar una dimensión externa de la libertad religiosa que se traduce, además, «en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso» (STC 46/2001, de 15 de febrero), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa, relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades (STC 101/2004, de 2 de junio, FJ 3).
Como ya dijimos en la STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 11, «cuando el art. 16.1 CE garantiza las libertades ideológica, religiosa y de culto “sin más limitación, en sus manifestaciones, que el orden público protegido por la ley”, está significando con su sola redacción, no solo la trascendencia de aquellos derechos de libertad como pieza fundamental de todo orden de convivencia democrática (art. 1.1 CE), sino también el carácter excepcional del orden público como único límite al ejercicio de los mismos, lo que, jurídicamente, se traduce en la imposibilidad de ser aplicado por los poderes públicos como una cláusula abierta que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias».
Por ello «[e]l ejercicio de la libertad religiosa y de culto, como declara el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, en absoluta sintonía con el art. 9 del Convenio europeo de derechos humanos, “tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática”».
Siendo esto así, en el supuesto que nos ocupa, la libertad religiosa a la que apelan tanto la Esclavitud como el Obispado de Tenerife en sus respectivos escritos de alegaciones está intrínsicamente unida a la autonomía de la que gozan las asociaciones religiosas, protegida también por el art. 9 CEDH. Al interpretar este artículo del Convenio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene reconociendo que la autonomía de las comunidades religiosas es indispensable para el pluralismo político en una sociedad democrática, presentando un interés directo no solo para la organización de estas comunidades en sí, sino también para el disfrute efectivo por el conjunto de sus miembros activos del derecho a la libertad religiosa; si la organización de la vida en comunidad no estuviera protegida por el art. 9 CEDH, todos los demás aspectos de la libertad de religión del individuo se encontrarían debilitados (SSTEDH, Gran Sala, de 9 de julio de 2013, asuntoSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, § 136, y de 12 de junio de 2014, asuntoFernández Martínez c.España, §127).
El respeto a la autonomía de las comunidades religiosas reconocidas por el Estado implica, en particular, la aceptación por parte de este último del derecho de estas comunidades a actuar de acuerdo con sus propias reglas, imponiendo el art. 9 CEDH una obligación de neutralidad; y, además, cuando está en juego la organización de la comunidad religiosa, el art. 9 CEDH debe interpretarse a la luz del art. 11 CEDH, en la medida en que, si bien la libertad religiosa es principalmente una cuestión de conciencia individual, también implica, entre otras cosas, la libertad de manifestar la propia religión solo y en privado o en comunidad con otros, en público y dentro del círculo de aquellos cuya fe uno comparte (STEDH de 31 de julio de 2008, asuntoReligionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas y otros c.Austria, § 61), lo que ha llevado al Tribunal a declarar de forma reiterada que la autonomía de las asociaciones y organizaciones religiosas impide que se obligue a una comunidad religiosa a admitir en su seno a nuevos miembros, o a excluir a otros (STEDHSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, § 137, yFernández Martínez c.España, § 129).
En la sentencia dictada en el asuntoSindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró amparada en la libertad de organización y funcionamiento de una comunidad religiosa su negativa a reconocer la creación de un sindicato por parte de sus integrantes, porque el riesgo invocado por las autoridades eclesiásticas era probable y serio, las razones expuestas por dichas autoridades no servían a un propósito ajeno al ejercicio de la autonomía de la religión en cuestión y la negativa a la inscripción del sindicato no iba más allá de lo necesario para evitar este riesgo. En concreto, la comunidad religiosa había alegado que los objetivos del sindicato no eran compatibles con el estatuto de la Iglesia y ponían en cuestión su estructura jerárquica tradicional y la forma en que se tomaban las decisiones, de modo que una decisión autorizando la inscripción del sindicato supondría un riesgo real en la autonomía de organización de la comunidad religiosa (Sindicatul «Păstorul Cel Bun» c.Rumanía, § 161 y 165-170).
La necesidad de proteger la autonomía de las asociaciones y organizaciones religiosas llevó también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia dictada en el asuntoFernández Martínez c.Españaa considerar justificada la no renovación de un profesor de religión que rompió los vínculos de confianza especial que eran necesarios para llevar a cabo el encargo que tenía, atendiendo al deber de lealtad acrecentado para que un profesor de religión sea creíble (Fernández Pascual c.España, §136 y 138). El Tribunal confirmó que, salvo casos muy excepcionales, el derecho a la libertad religiosa excluye cualquier apreciación del Estado sobre la legitimidad de las creencias religiosas (Fernández Martínez c.España, §129) y apreció igualmente que no hay un derecho a la disidencia en un grupo confesional y que las autoridades nacionales no deben convertirse en árbitros entre las organizaciones religiosas y las entidades disidentes (Fernández Martínez c.España, § 136 y 138).
En ambos pronunciamientos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió que una restricción a los derechos y libertades fundamentales del otro solo podría justificarse en la autonomía religiosa cuando se demuestre que el riesgo alegado es probable y serio, sin que dicho principio de autonomía puede alegarse de forma abusiva, insuficientemente motivada, arbitraria o con un fin distinto al ejercicio de la autonomía de la Iglesia Católica (Fernández Martínez, §151).
También el derecho de la Unión Europea reconoce el derecho fundamental de las asociaciones religiosas a la autonomía y su libre determinación (art. 17 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y arts. 10 y 12 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea), y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo un ejercicio exhaustivo de equilibrio entre los intereses contrapuestos en juego cuando colisionan el derecho fundamental de la autonomía de las comunidades religiosas y otro derecho fundamental. En la sentenciaVera Egenberger, STJUE de 17 de abril de 2018, asunto C-414/16, el Tribunal de Justicia examinó el derecho de toda persona a no ser discriminada en un procedimiento de selección de personal y el alcance de la excepción que recoge el art. 4 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que ampara la posibilidad de que una iglesia u otra organización pública o privada cuya ética se base en la religión o las convicciones de una persona pueda establecer, con ocasión del acceso al empleo, una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones de una persona cuando, por la naturaleza de estas actividades o el contexto en el que se desarrollan, dicha característica constituya un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organización.
Para el Tribunal de Justicia, aplicar una diferencia de trato como la descrita «se supedita a la existencia comprobable objetivamente de un vínculo directo entre el requisito profesional impuesto por el empresario y la actividad de que se trate. Tal vínculo puede derivarse o bien de la naturaleza de esta actividad, por ejemplo, cuando implica participar en la determinación de la ética de la Iglesia o la organización en cuestión o colaborar en su tarea de predicación, o bien de las circunstancias en que debe desarrollarse dicha actividad, como la necesidad de garantizar una representación fidedigna de la Iglesia o de la organización a efectos externos» (§ 63). Y deben cumplirse adicionalmente tres condiciones respecto a dicho requisito profesional en la medida en que se exige que sea esencial, legítimo y justificado, añadiendo respecto a esta última condición que el riesgo alegado de vulneración de su ética o de su derecho a la autonomía debe ser «probable y grave, de tal modo que el establecimiento de ese requisito resulte verdaderamente necesario» (§ 67), debiendo los órganos jurisdiccionales comprobar «si el requisito de que se trata es apropiado y no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo previsto» (§ 68).
Si bien ninguna de las sentencias que acaban de examinarse enjuician un supuesto como el que nos ocupa, deben tomarse en consideración por mandato del art. 10.2 CE en la determinación del contenido y alcance del derecho fundamental a la libertad religiosa (art. 16 CE), en la medida en que establecen las condiciones en las que las asociaciones religiosas pueden ampararse en su autonomía religiosa para justificar una restricción a los derechos fundamentales de terceros.
4. Examen de la queja constitucional.
La recurrente denuncia en el presente recurso de amparo que la exclusión de las mujeres de la posibilidad de asociarse a la Esclavitud ha vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de sexo y su derecho de asociación (arts. 14 CE y 22 CE) y que dicha discriminación no puede ampararse en la libertad de autoorganización de la Esclavitud ni tampoco en su libertad religiosa, derechos que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2021, ha considerado prevalentes, anulando como resultado las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife y por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que reconocieron a la recurrente el derecho a integrarse en la Esclavitud; en particular, el Alto Tribunal ha considerado que las actividades y fines de la Esclavitud son exclusivamente religiosos y que no aprecia tampoco una situación de monopolio o exclusividad por parte de la Esclavitud que impida que la recurrente promueva una nueva hermandad, con los mismos fines espirituales y religiosos, integrada por hombres y mujeres o solo por mujeres.
La imposibilidad de la recurrente de asociarse a la Esclavitud es consecuencia de la previsión de sus estatutos, que disponen en su artículo primero que: «La Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna es una asociación religiosa de caballeros», siendo así que la Esclavitud fue fundada el 6 de septiembre de 1659 por «los más distinguidos» de la isla de Tenerife, e inicialmente solo estaba compuesta por treinta y tres caballeros seglares «en memoria de los años que Jesucristo estuvo entre los hombres vestido de su santísima humanidad»; este número fue objeto de ampliaciones hasta que tras las nuevas Constituciones de 1892 el número ahora es ilimitado.
Si bien el número de miembros se amplió, no siendo ya necesario ser un «distinguido» de la isla para acceder a la Esclavitud, la ampliación de la condición de asociado no se ha visto acompañada en el tiempo por una modificación del genitivo «de caballeros» que al referirse únicamente al varón sigue impidiendo que cuatro siglos después las mujeres puedan acceder a la hermandad, aun cuando cumplan los requisitos para integrarse en la misma, tal y como vienen recogidos en los estatutos.
Entre los requisitos para ser admitido en la Esclavitud, el artículo octavo de dichos estatutos únicamente prescribe que «[p]ara ingresar en la Venerable Esclavitud como miembro de número se precisa estar bautizado, tener dieciocho años cumplidos, deseos de perfección cristiana y acreditar una conducta moral satisfactoria, tanto en el ámbito personal como social». Por lo que, tal y como ha puesto de manifiesto de forma acertada el Ministerio Fiscal, la previsión del artículo primero que, con el genitivo de caballeros, solo permite que «hombres» puedan asociarse a la Esclavitud, es la única previsión que en la actualidad impide a la recurrente el acceso a la hermandad, por su condición de «mujer».
a) Dado que la Esclavitud es una asociación religiosa, que efectivamente goza del derecho a la libertad religiosa, la ponderación de los derechos fundamentales en conflicto exige determinar, en primer lugar, si la exclusión de las mujeres prevista en sus estatutos está amparada por su autonomía religiosa (art. 16 CE) pues, si este fuera el caso, resultaría ya innecesario examinar si dicha negativa viene también amparada por su derecho fundamental de asociación (art. 22 CE).
La libertad religiosa, conforme a la jurisprudencia que hemos examinado previamente, implica, entre otras cosas, la libertad de manifestar la propia religión solo y en privado o en comunidad con otros, en público y dentro del círculo de aquellos cuya fe uno comparte. La Ley Orgánica de libertad religiosa reconoce expresamente el respeto a la autonomía religiosa de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas, disponiendo en el apartado primero de su art. 6, que estas «tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal»; asimismo, que «[e]n dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias». Y más concretamente el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, y ratificado el 4 de diciembre del mismo año, reconoció en su artículo I que la Iglesia puede organizarse libremente.
Las exigencias de la libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa que derivan del art. 16 CE deben conciliarse con la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, pues ningún derecho, ni aun los fundamentales, es absoluto o ilimitado. Precisamente por ello, el art. 6 LOLR se encarga de establecer que las cláusulas de salvaguarda de la identidad religiosa y carácter propio que pueden regular las instituciones religiosas lo son, en cualquier caso, «sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación». Y similar limitación recoge el art. 3.1 LOLR al establecer que «[e]l ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática».
Una restricción de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación, que se fundamente en la necesidad de salvaguardar la autonomía de una asociación religiosa, en tanto manifestación del derecho a la libertad religiosa amparada en el art. 16 CE, exige, como pone de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las sentencias extensamente examinadas en el fundamento jurídico precedente, que exista una amenaza probable y seria a dicha autonomía y que la restricción sea proporcional y, en consecuencia, el principio de autonomía no puede alegarse de forma abusiva, insuficientemente motivada, arbitraria o con un propósito ajeno al ejercicio de la autonomía de la religión en cuestión.
No obstante, en el presente recurso de amparo, ni la Esclavitud ni el Obispado de Tenerife han puesto de manifiesto que la prohibición de las mujeres de formar parte de la Esclavitud obedezca a una valoración o motivación religiosa, más allá de insistir en que los fines de la asociación son exclusivamente religiosos y que, en consecuencia, solo a la hermandad le corresponde decidir si las mujeres se incorporan a la misma, alegación abstracta a la libertad religiosa que no puede justificar una restricción del derecho fundamental de no discriminación por razón de sexo en la medida en que la autonomía de las comunidades religiosas que es objeto de protección en nuestro texto constitucional no puede alegarse de forma abusiva.
Tampoco aprecia este tribunal que la decisión de no admitir mujeres en la Esclavitud esté fundada en motivos atinentes a la ética o a su organización religiosa. Por un lado, la propia hermandad ha explicado en su escrito de alegaciones que la admisión de mujeres en su seno era una cuestión que estaba debatiendo internamente, y que de hecho iba a ser abordada en una comisión para luego someter la cuestión a la asamblea general, proceso que no obstante decidió suspender a la vista de que la recurrente decidió ejercitar acciones judiciales contra la Esclavitud, lo cual no puede sino confirmar que la admisión de mujeres no pone en cuestión la libertad religiosa de la que goza la Esclavitud.
Por otro lado, en este examen es también relevante el hecho de que siendo la Esclavitud una asociación regida por el Derecho canónico, dicho derecho no impide, como explica el Obispado de Tenerife, que las mujeres se integren en las hermandades y cofradías, siendo notoria la existencia de otras cofradías y hermandades que admiten que fieles laicos de ambos sexos puedan pertenecer a ellas, haciendo referencia expresa en sus alegaciones a la regulación que al respecto actualmente está vigente en la Archidiócesis de Sevilla.
Por lo tanto, no existiendo razones de índole religiosa o moral que permitan amparar la restricción por parte de la Esclavitud de los derechos fundamentales de la recurrente en el lícito ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa (art. 16.1 CE), debemos ahora examinar si dicha exclusión puede estar no obstante amparada por la facultad de autoorganización de la que gozan las asociaciones privadas en general conforme al derecho de asociación (art. 22 CE).
b) La Esclavitud es una asociación religiosa y, como tal, está amparada por el derecho de asociación (art. 22 CE), debiendo también recordarse que las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación (art. 1.3, apartado segundo, LODA).
(i) En virtud del derecho de asociación, una asociación privada ostenta la facultad de elegir libremente a quien asocia, porque el fundamento de asociarse se encuentra, como ya hemos explicado, en «la libre voluntad de los socios de unirse y de permanecer unidos para cumplir los fines sociales», creando entre ellos «no solo un vínculo jurídico […] “sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca”» (STC 218/1988, de 22 de noviembre). Por lo tanto, no es contrario al derecho de igualdad que los particulares decidan crear asociaciones en las que, en función de los fines que se persiguen y atendiendo a la relación que se quiera establecer entre los asociados, solo se permita la participación de un determinado género, existiendo ejemplos de ello en la vida diaria.
No obstante, si bien una asociación privada ostenta el derecho a elegir libremente a quien asocia, esta facultad no puede suponer una discriminación por razón de género cuando la asociación ostente una posición «privilegiada» o «dominante» en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos (STC 218/1988 y ATC 254/2001).
La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, como este tribunal viene reconociendo, «es un elemento definidor de la noción de ciudadanía en nuestro orden constitucional» (SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4; 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3, y 71/2020, de 29 de junio, FJ 3) y la tradición histórica que ha venido legitimando la discriminación directa o indirecta de las mujeres no puede quedar amparada por la libertad de autoorganización de las asociaciones privadas, cuando estas ocupen una posición de dominio en los citados ámbitos económico, cultural, social o profesional, mermando la participación de la mujer en dichos ámbitos.
De lo contrario, no sería posible cumplir con las exigencias que derivan de la expresa exclusión de la discriminación por razón del sexo y que «halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes parlamentarios del art. 14 CE, y es unánimemente admitido por la doctrina científica, en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina, pues es ese colectivo el que ha sufrido y aún sufre la relegación social o jurídica estructural frente a la que la prohibición de discriminación por razón de sexo quiere salir al paso consagrando y atribuyendo el derecho que nos ocupa» (STC 108/2019, FJ 3).
(ii) En el presente supuesto, el art. 1 de los estatutos de la Esclavitud establece como principio general que se constituye «para promover entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado, traída a esta isla por el Primer Adelantado Mayor de Canarias, don Alonso Bravo de Lugo, y que desde entonces ha recibido constante veneración popular en su capilla, que fuera primer Convento de la Orden Franciscana en Tenerife, denominado San Miguel de las Victorias». En su art. 6 concreta otros objetivos fundamentales dirigidos a facilitar la vida cristiana a sus asociados, y que son consecuencia de su finalidad primordial de promover el incremento de la «devoción y culto a la Sagrada Imagen del Cristo de La Laguna».
A continuación, el art. 7 enumera diversas actividades que se obliga a programar para intensificar el deseo de perfección espiritual y de formación religiosa de sus asociados, que lo son, en todo caso, «[a]demás de los actos devocionales y esencialmente cultuales en honor de la Sagrada Imagen –tales como el Quinario, el Octavario, las procesiones, los viernes y otros–».
Así las cosas, la sentencia recurrida en amparo ha apreciado que la Esclavitud no ostenta una posición de dominio porque las actividades que realiza, y de las que se excluye a la recurrente, son actos de culto religioso y ajenos a toda connotación económica, profesional o laboral. Se examinan así dos de los ámbitos en los que una asociación puede desempeñar ese papel dominante, el económico y el profesional, pero no se aborda la cuestión determinante de si la asociación podía ser una asociación dominante en los ámbitos social y cultural.
Los actos devocionales y de culto tales como «el Quinario, el Octavario, las procesiones, los viernes y otros» son actos «cultuales», como aprecia la sentencia recurrida en amparo, y defienden en el presente procedimiento constitucional tanto la Esclavitud como el Obispado de Tenerife, es decir, actos de culto, manifestaciones públicas y festivas amparadas y protegidas por la dimensión colectiva del derecho a la libertad religiosa. Pero el que sean actos de culto no excluye que estos actos puedan tener también una proyección social o cultural, dado que la cultura y la religión, siendo elementos distintos, no son compartimentos estancos, y un gran número de manifestaciones religiosas en España forman parte de la historia y cultura social de nuestro país.
Por lo tanto, no se trata de negar la naturaleza religiosa de estas manifestaciones públicas y festivas, sino de reconocer su dimensión cultural o social y, en consecuencia, las asociaciones que organizan y participan de estas manifestaciones públicas y festivas de la fe pueden también tener una posición dominante o privilegiada en función de la relevancia social y cultural que estas manifestaciones adquieran, lo cual, es evidente, dependerá necesariamente de las circunstancias del caso concreto.
En la sentencia de 11 de marzo de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife se explicó que «ha quedado probado que esos actos devocionales se concretan en la organización de determinados actos de culto públicos y principales de la Semana Santa que se celebra en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna que, como es notorio, es la ciudad con mayor tradición y relevancia pública en estos actos religiosos en la isla de Tenerife. Y entre esos actos de culto se encuentran la tradicional Ceremonia del Descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna y su posterior besapiés en el Domingo de Ramos, el acompañamiento de la imagen en la procesión de “El Encuentro” e, igualmente, la asociación demandada se encarga de la programación de los actos religiosos que tienen lugar en las fiestas mayores que se celebran cada mes de septiembre en honor al Santísimo Álvarez en el citado municipio de San Cristóbal de La Laguna».
También se relata que se trata de «acontecimientos populares, claves de la tradición religiosa de esa localidad y determinantes de su idiosincrasia, la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna ostenta, desde antaño, una posición no solo privilegiada, sino absolutamente dominante y excluyente del resto de asociaciones, de notable trascendencia en el ámbito religioso, y por ende, también, cultural y social del municipio, hasta el punto de que ninguna otra hermandad puede realizar acto procesional u otra actuación religiosa, cultural o social, relacionada con la imagen del Santísimo Cristo».
El factor cultural, social e histórico de estos actos de culto es aún más evidente si se tienen en cuenta las subvenciones y ayudas públicas que la Esclavitud ha venido recibiendo para la rehabilitación de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna; esta imagen católica es una escultura que data, según explica la Esclavitud en su escrito de alegaciones, de finales del siglo XVI, constituyendo una de las imágenes más veneradas en la isla de Tenerife.
En suma, debido a esta posición de dominio que la Esclavitud ostenta en la realización de los actos devocionales relacionados con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, la recurrente no tiene posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto de dicha imagen en otra hermandad o cofradía del municipio. Por lo tanto, la imposibilidad de ingresar en la Esclavitud por el simple hecho de ser mujer constituye una discriminación por razón de género prohibida por el art. 14 CE y que no queda tampoco amparada por la libertad de autoorganización de la Esclavitud (art. 22 CE).
5. Estimación de la queja de amparo.
La estimación del presente recurso de amparo conlleva la declaración de que la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 925/2021, de 23 de diciembre, ha vulnerado el derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en relación con el derecho de asociación, de la recurrente (arts. 14 y 22 CE); la nulidad de dicha resolución judicial; y el restablecimiento de la vigencia de las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife (sentencia de 11 de marzo de 2020) y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sentencia de 22 de diciembre de 2020).
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Mora Serrano Mendoza y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de género (art. 14 CE) y su derecho de asociación (art. 22 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 925/2021, de 23 de diciembre.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada Montalbán Campos.–María Luisa Benítez Vicente Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–César Herrera López.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con pleno respeto a la decisión adoptada por la Sala, a través del presente voto particular pongo de manifiesto los argumentos que expuse en la deliberación. Si bien estoy de acuerdo con el fallo, mi discrepancia deriva de la omisión de dos necesarias variables en la argumentación jurídica de la sentencia: la perspectiva de género y el marco normativo antidiscriminatorio, que han de proyectarse en la resolución constitucional del caso.
Partiendo del marco teórico expuesto en la sentencia aprobada por la mayoría, que comparto, considero que no se ha tenido en cuenta en el caso presente el principio de transversalidad de la igualdad de género, presente en nuestro texto Constitucional, que no solo contempla la igualdad entre el hombre y la mujer como derecho fundamental, proclamado en su art. 14 junto a la prohibición de toda discriminación por razón de sexo, sino también como valor superior del ordenamiento jurídico, junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político (art. 1.1 CE), del que deriva la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para alcanzar su efectividad real, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE).
Este principio de transversalidad de la igualdad de género ha sido específicamente desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 4 eleva la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres a la categoría de principio informador del ordenamiento jurídico, que habrá de integrarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas (perspectiva de género en el enjuiciamiento); mandato reiterado en el art. 4.3 de la más reciente Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Tal como afirmamos en nuestra reciente STC 115/2024, de 23 de septiembre, «[e]xiste, en definitiva, un deber legal de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que busque la igualdad real entre mujeres y hombres y la ruptura con la perpetuación de los roles de género. Un deber para cuya delimitación habrá de acudirse a los tratados y convenios internacionales y que no es ajeno a nuestro texto constitucional» (FJ 3).
Entre los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España, a los que, de acuerdo con el artículo 10.2 CE, habrá de acomodarse la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ratificada por el Estado español el 16 de diciembre de 1983. Su artículo 5.1 establece la obligación de los Estados parte de tomar las medidas apropiadas para «[m]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres».
Esta obligación ha encontrado reflejo en nuestra doctrina. En reiteradas ocasiones nos hemos pronunciado, haciendo una interpretación sistemática de los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE, en el sentido de que el art. 14 CE «quiere otorgar tutela subjetiva, sin duda, pero, asimismo, modificar el estado de cosas, el modelo y la conciencia sobre la igualdad sustancial entre los seres humanos, entre los colectivos y ciudadanos, actuando contra el mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no solo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 CE. En este sentido no debe olvidarse que la expresa exclusión de la discriminación por razón del sexo halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes parlamentarios del art. 14 CE, y es unánimemente admitido por la doctrina científica, en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina, pues es ese colectivo el que ha sufrido y aún sufre la relegación social o jurídica estructural frente a la que la prohibición de discriminación por razón de sexo quiere salir al paso […] sin que podamos por tanto dejar de reiterar lo que, en ese sentido, ya dijéramos en la STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 5, por ser todavía necesario, pese a los esfuerzos jurídicos y dinámicas sociales de transformación que innegablemente se están produciendo. Tiene pleno sentido en consecuencia, y tanto la demanda social como las intervenciones normativas así lo desvelan y reclaman, abundar en esa protección, ampliar y desplegar su sentido profundo ligado a la dignidad de la persona y valor de todo ser, y tutelar y favorecer el cambio de conciencia y convivencia que solo la paridad garantiza, fortaleciendo la tutela siempre que se constate (como señalara el Pleno de este Tribunal hace escasas fechas en la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 10) una desigualdad histórica que pueda calificarse de “estructural”, pues la igualdad sustantiva es un elemento definidor de la noción de ciudadanía en nuestro orden constitucional (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4)» (STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3).
Se configura así un mínimo común normativo al que no es ajeno el derecho fundamental a la libertad religiosa (art. 16 CE). En tal sentido, el art. 6 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, claramente establece el respeto a los principios de igualdad y no discriminación como límite al derecho de autoorganización de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y, en virtud de la remisión que lleva a cabo el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2022, reguladora del derecho de asociación, también de las asociaciones constituidas por aquellas para fines exclusivamente religiosos.
La razón fundamental que, a mi juicio, debió conducir a la estimación del recurso de amparo es que la exclusión de las mujeres que recoge el artículo 1 de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna vulnera ese mínimo común normativo antidiscriminatorio y, con ello, el derecho de la recurrente en amparo a no ser discriminada por razón de su sexo (art. 14 CE).
Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.
Con el mayor respeto al criterio reflejado en la sentencia me parece necesario, en ejercicio de la facultad prevista en el art. 90.2 LOTC, formular este voto para dejar constancia y hacer públicos los argumentos que expuse en las deliberaciones de la Sala Segunda que estimó el recurso de amparo núm. 1128-2022.
1. De nuevo sobre el alcance del voto concurrente.
En el voto a la STC 106/2022, de 13 de septiembre, ya me referí al alcance del voto particular desde un punto de vista técnico, siendo ahora necesario retomar algunas de las ideas allí expresadas. El art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que se pueda formular en un voto la opinión discrepante de las magistradas y magistrados tanto en lo que se refiere a la decisión finalmente adoptada, como a la fundamentación en que se sustenta, siempre que sea un reflejo de lo debatido en el órgano colegiado decisor, en este caso, la Sala Segunda.
Aunque un voto particular puede discrepar tanto del fallo (voto discrepante) como de la argumentación del pronunciamiento a que se opone (voto concurrente), en ninguno de ambos casos se hace perder eficacia al fallo o se desmerece su rigor, pero en ambos, y más particularmente en el caso de un voto discrepante, se pone de manifiesto que existen diferencias de criterio en el Tribunal que resultan notables e insalvables y que, por ello, no han podido ser superadas con la deliberación del texto finalmente aprobado.
En el supuesto que ahora nos ocupa, si bien estoy de acuerdo con el fallo estimatorio, discrepo de la argumentación a través de la que el ponente alcanza sus conclusiones, por lo que me parece relevante exponer cuál hubiera sido, a mi juicio, la argumentación idónea para llegar al mismo resultado estimatorio.
Como sucedía en el caso de la STC 106/2022, de 13 de septiembre, en este supuesto la interpretación del contenido de los derechos en juego es tanto o más importante que la estimación concreta del recurso, porque la dimensión objetiva del proceso de amparo es más relevante en este caso que su dimensión subjetiva. Y es así porque se plantean cuestiones relativas a la proyección del principio antidiscriminatorio por razón de sexo (art. 14 CE) sobre la efectiva protección de los derechos de libertad de asociación (art. 22 CE) y de libertad religiosa (art. 16 CE) que no habían sido tratadas por la jurisprudencia constitucional hasta este momento.
Es fundamental comprender que, en la interpretación constitucional, la perspectiva de género no es solo un mandato de resultado. No se trata simplemente de estimar el amparo de una mujer que pide el acceso a determina