Categoría: Normativas

e de la custodia del documento que recoja el Plan de Acción y el Presupuesto y de la certificación mencionada en el apartado anterior.
El Consorcio llevará necesariamente un libro diario y un libro de inventario y cuentas anuales, así como aquellos que el Consejo Rector considere conveniente para el buen orden y desarrollo de sus actividades y para el adecuado control de sus actividades.
1. Las cuentas anuales se presentarán con el contenido establecido en la Ley General Presupuestaria y el Plan General Contable aplicable a este tipo de entidades. Habrán de formularse dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio y serán sometidas a auditoría externa. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
2. Las cuentas anuales serán aprobadas por el Consejo Rector en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda delegar esta función en otros órganos del Consorcio.
3. Las cuentas anuales y el informe de auditoría se acompañarán de certificación del acuerdo aprobatorio del Consejo Rector en el que figure la aplicación del resultado, emitida por el/la secretario/a con el visto bueno de la presidencia, que acreditarán su identidad por cualquiera de los medios admitidos en derecho para presentar documentos ante los órganos administrativos. Los miembros del Consejo Rector que lo deseen podrán solicitar que conste en dicha certificación el sentido de su voto. También se acompañará la relación de asistentes a la reunión en la que fueron aprobadas, firmada por todos ellos.
4. El/la secretario/a del Consejo Rector será responsable de la custodia del documento que recoja las cuentas anuales y de la certificación mencionada en el apartado anterior.
5. En cuanto al Régimen Económico y Financiero del Consorcio se estará a lo dispuesto en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y sus normas de desarrollo, en cuanto sea de aplicación.
1. El Informe de Gestión estará compuesto por un informe económico y un informe científico.
2. La descripción de las actividades del Informe identificará y cuantificará la actuación global del Consorcio, así como cada una de las actividades en concreto y aportará los datos necesarios para conocer:
a) Identificación de las actividades, con su denominación y ubicación física. Para cada una de las actividades identificadas, se especificarán los recursos económicos empleados para su realización. Indicando los ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio y sus gastos y los recursos humanos agrupados por tipos de personal.
b) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades.
c) Recursos totales obtenidos en el ejercicio, así como su procedencia, distinguiendo entre rentas y otros ingresos derivados del patrimonio, de prestación de servicios, de subvenciones del sector público, de aportaciones privadas y de cualquier otro supuesto.
d) Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera asumida por el Consocio.
e) Recursos totales empleados en el ejercicio.
f) Grado de cumplimiento del Plan Anual de Acción, indicando las causas de las desviaciones.
3. Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los principios, reglas y criterios establecidos en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad que sea de aplicación a estas entidades.
4. El Informe de Gestión se presentará ante el Consejo Rector con la periodicidad que se determine.
1. El Instituto de Salud Carlos III, como ente mayoritariamente financiador y promotor del CIBER, podrá designar una auditoría externa.
2. Esta auditoría externa realizará las funciones que le encomiende el Instituto de Salud Carlos III y aquellas de auditoría y control económico-presupuestario que la legislación aplicable al CIBER encomiendan a los Interventores.
3. El Instituto de Salud Carlos III comunicará por escrito al Consejo Rector la decisión adoptada y la designación de auditor, en su caso. El importe del contrato y los gastos derivados del ejercicio de esta función de control correrán a cargo del Consorcio, para lo que se suscribirá el oportuno Convenio regulador.
1. Las entidades consorciadas pueden separarse del CIBER en cualquier momento.
2. El derecho de separación habrá de ejercitase mediante escrito notificado al Consejo Rector, en el que deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.
3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros acuerden por votación de los miembros del Consejo Rector su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
Se exceptúa lo anterior, si el derecho de separación lo ejerce la Administración de adscripción, en cuyo caso implicará la disolución definitiva del Consorcio.
4. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos a tal fin. Se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
1. El Consorcio CIBER se disolverá por acuerdo motivado del Consejo Rector, bien por cumplimiento de sus fines estatutarios, bien por imposibilidad legal o material de cumplir sus objetivos, o bien si la Administración de adscripción ejerce el derecho a la separación del Consorcio.
2. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción.
3. A estos efectos, el Consejo Rector nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, será el Gerente del Consorcio.
4. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta como criterios de reparto tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.
5. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
6. Las entidades consorciadas podrán acordar por unanimidad la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación al CIBER lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los presentes estatutos entrarán en vigor el día siguiente a su aprobación.