Categoría: Administración

Unión (en adelante, el Reglamento Financiero).
h) Autorizar expresamente a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en adelante, OLAF, por sus siglas en inglés), al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero. La concesión de la subvención está condicionada a la presentación de dicha autorización por escrito.
i) Una vez recibida la subvención, declararla como un ingreso percibido.
j) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en las presentes bases, y en particular en el artículo 31 de la presente orden ministerial, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con los deberes de información, comunicación y visibilidad que correspondan al beneficiario conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del RMRR, y en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones identificadas en las presentes bases reguladoras y, en su caso, de las expresamente recogidas en la convocatoria será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o para el reintegro de la subvención concedida.
El periodo de elegibilidad de la actividad subvencionable finalizará el 31 de diciembre de 2025 o en la fecha en que se produzca el agotamiento del crédito presupuestario disponible, sin perjuicio del periodo que establezca la convocatoria.
1. Serán entidades colaboradoras aquellas que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, colaboren en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento de selección de las entidades colaboradoras se establece en los artículos 12 a 16 de la presente orden ministerial.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se formalizará un convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las entidades colaboradoras seleccionadas en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por éstas, conforme al modelo establecido en la correspondiente convocatoria.
4. El convenio de colaboración tendrá el plazo de vigencia que se establezca en la correspondiente convocatoria de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 16.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.
5. No se fija compensación económica a favor de las entidades colaboradoras.
6. No se prevé la aportación de garantías por parte de las entidades colaboradoras.
1. Podrán obtener la condición de entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta orden ministerial todas aquellas personas jurídicas privadas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea legalmente autorizadas para realizar transporte marítimo de mercancías que cumplan los siguientes requisitos y criterios de solvencia y eficacia:
a) Tener en funcionamiento, en la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria para la selección de entidades colaboradoras, al menos un servicio de transporte marítimo de mercancías que resulte elegible de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta orden ministerial y en la correspondiente convocatoria.
b) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003. El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2 e) se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. La presentación de solicitudes conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de forma directa dichos certificados de manera telemática, en su caso. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
c) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una subvención ilegal e incompatible con el mercado común.
d) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y conforme a la definición establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01).
2. La documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos recogidos en este artículo se establecerá en la convocatoria correspondiente.
1. Las entidades colaboradoras seleccionadas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Mantener o, en su caso, mejorar las condiciones declaradas para que los servicios resulten elegibles de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de la presente orden y en el convenio suscrito con la entidad concedente, durante el plazo de vigencia de dicho convenio.
b) Garantizar el cumplimiento de las actividades realizadas con la legislación y política ambiental, tanto nacional como de la Unión Europea, y el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» y del etiquetado climático, de acuerdo con lo previsto en el PRTR, en el RMRR, en la Guía Técnica de la Comisión Europea y en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
c) Comunicar de inmediato al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones establecidas en el convenio, así como cualesquiera otras relativas al cumplimiento de las obligaciones de las entidades colaboradoras citadas en el presente artículo. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la condición de entidad colaboradora.
d) Facilitar la información necesaria para comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones y requisitos determinantes para el otorgamiento de la subvención a los beneficiarios, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención, de conformidad con lo establecido en el correspondiente convenio de colaboración.
e) Entregar la documentación necesaria para la verificación de la justificación presentada por los beneficiarios.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de los fondos entregados a los beneficiarios pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones identificadas en las presentes bases reguladoras, así como de aquellas que puedan establecerse en el convenio y, en su caso, en la convocatoria, podrá ser causa suficiente para la pérdida de la condición de entidad colaboradora y, en consecuencia, de la elegibilidad de los servicios de transporte marítimo de mercancías prestados por la misma.
En caso de modificación de las condiciones de los servicios de transporte marítimo de mercancías establecidas en el convenio por causas de fuerza mayor, no se producirá necesariamente la pérdida de la condición de entidad colaboradora siempre que se encuentren debidamente justificadas y se adopten por parte de la entidad colaboradora las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las subvenciones reguladas en la presente orden.
El procedimiento de selección de las entidades colaboradoras se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, y se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El órgano competente para instruir el procedimiento de selección de las entidades colaboradoras será la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, (en adelante, órgano instructor).
2. El órgano competente para la resolución del procedimiento de selección de las entidades colaboradoras será la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sin perjuicio de las delegaciones existentes en la materia.
1. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en esta se establezca otro plazo.
2. Forma de presentación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 35 del Real Decreto-ley 36/2020, los solicitantes deberán realizar la presentación y tramitación de solicitudes, así como de la documentación que les sea requerida en cualquier otro trámite del procedimiento, por vía telemática a través de la sede electrónica del MITMA, utilizando los formularios y modelos específicos de documentos establecidos disponibles en la misma, salvo que se indique otra vía en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, deberán presentarse en lengua castellana y deberán estar firmadas electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, mediante un sistema de identificación y firma electrónica que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Contenido de la solicitud y documentación adjunta. La solicitud deberá incluir este contenido mínimo:
a) Formulario de solicitud, conforme al modelo y en los términos establecidos en la convocatoria, que contendrá los datos de identificación del solicitante, así como la propuesta de servicios elegibles y líneas en las que éstos se prestan, incluyendo la información de sus características que permita el cálculo del eco-incentivo asignado a cada servicio.
b) Documentación acreditativa de la capacidad de representación de la persona firmante de la solicitud. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de subvención como representante de la entidad solicitante.
c) Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
d) Certificado de inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de la solicitud. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR.
f) Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier documentación o información adicional que sea necesaria para cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria podrá ser aportada por el solicitante o requerida por el órgano instructor.
4. Registro. Una vez cursada la solicitud, la sede electrónica del MITMA facilitará un comprobante de la fecha y hora de registro de ésta, así como el número de expediente asignado, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter definitivo, a todos los efectos.
5. Subsanación. En caso de detectarse defectos u omisiones subsanables o que se necesitara información complementaria, se requerirá al solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud, para que, en un plazo máximo de cinco (5) días subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Admisibilidad de las solicitudes. Una vez finalizado el período de subsanación, se verificará la admisibilidad de las solicitudes presentadas, considerándose los requisitos establecidos en este artículo como criterios de admisibilidad.
7. Guía para los solicitantes. Está prevista la elaboración de una guía de ayuda a los solicitantes, que estará disponible en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1. Reglas generales.
a) La selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, teniendo en cuenta únicamente los hechos, la información y la documentación aducida por el solicitante.
b) Todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de los beneficiarios, o en los procedimientos de verificación del cumplimiento de las condiciones, cumplimentarán previamente una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). En el caso de los órganos colegiados, dicha declaración podrá realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma, reflejándose en el acta.
En caso de que alguna de estas personas considere que está incurriendo en un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y competencias, deberá abstenerse de tomar ninguna decisión y abandonar el procedimiento. La abstención se realizará por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó, quien resolverá lo procedente. Cuando considere que existe un conflicto de intereses, acordará su sustitución por otra persona.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano concedente.
c) No se admitirán mejoras de la solicitud una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime oportunas sobre cualquiera de los datos incluidos en la solicitud.
2. Órgano instructor y Comité Técnico. El órgano instructor, para la evaluación y selección técnica de las solicitudes, estará asistido de un Comité Técnico que tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: un funcionario de MITMA con rango de Subdirector General o asimilado a propuesta de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
b) Vocales:
i. Un representante propuesto por la Secretaría General de Transportes y Movilidad (Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-MITMA).
ii. Un representante propuesto por la Secretaría General de Infraestructuras. (Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-MITMA).
iii. Dos representantes propuestos por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
c) Secretario, con voz, pero sin voto, que será un funcionario del (MITMA).
Podrán asistir a las reuniones de dicho Comité, con voz, pero sin voto, todas las personas que sean convocadas por su presidente, en calidad de expertos en las materias incluidas en el orden del día.
3. Selección de solicitudes admisibles. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el Comité Técnico realizará una verificación documental según los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 14 de esta orden ministerial.
4. Evaluación de solicitantes elegibles. El Comité Técnico verificará el cumplimiento por parte de los solicitantes de las condiciones impuestas en el artículo 10 de esta orden ministerial para adquirir la condición de entidad colaboradora.
5. Propuesta de resolución. Una vez evaluadas las solicitudes, el Comité Técnico emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del Comité Técnico, formulará la propuesta de resolución de concesión de la condición de entidad colaboradora, debidamente motivada, que incluirá, al menos, la relación de las entidades colaboradoras propuestas y su NIF. La propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva, al no ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
El órgano instructor elevará la propuesta de resolución al órgano concedente.
1. El órgano concedente resolverá el procedimiento de selección de entidades colaboradoras mediante resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
2. La resolución deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de seis (6) meses a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria en el BOE.
3. La resolución se notificará a los interesados, mediante la publicación de un extracto en el BOE, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, y de su contenido íntegro en el portal de subvenciones de la sede electrónica del MITMA en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la condición de entidad colaboradora.
5. La resolución deberá incluir los siguientes términos:
a. La relación de solicitudes presentadas.
b. La relación de solicitudes admitidas.
c. La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la condición de entidad colaboradora, incluyendo: razón social y NIF.
d. La relación de solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.
e. Recursos que se pueden presentar contra la resolución.
6. Contra la resolución por la que se resuelva el procedimiento de selección de entidades colaboradoras, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. Tras la notificación de la resolución, se formalizarán los correspondientes convenios con las entidades colaboradoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 de la presente orden ministerial.
1. El presupuesto será establecido en la correspondiente convocatoria de subvenciones, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de la misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las subvenciones serán financiadas por la Unión Europea – NextGenerationEU con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el RMRR, según está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación está vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el PRTR, así como a la estimación de costes vinculada a los mismos. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el ya citado Real Decreto-ley 36/2020, así como las exigencias específicas relativas a la información y publicidad y criterios de selección cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. El cumplimiento de dichos mecanismos deberá ser verificado por el órgano concedente, como organismo designado responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General del Estado (en adelante, IGAE), como organismo designado responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos.
4. Las subvenciones reguladas en la presente orden constituyen una ayuda de estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estando sujetas al régimen de compatibilidad establecido en el artículo 93 del TFUE para las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes.
1. El coste subvencionable será el correspondiente a la reducción de costes externos en territorio nacional al realizar la actividad subvencionable.
2. La cuantía total máxima a conceder, así como su distribución por anualidades dentro de los límites fijados por el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, se establecerán en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible.
3. Las subvenciones otorgadas se instrumentarán como entrega dineraria, sin contraprestación, de un mérito ambiental y socioeconómico demostrado por la actividad subvencionable, en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.
4. Si resultase que la cantidad otorgada al beneficiario fuera excesiva o indebida, éste deberá reintegrar el importe que corresponda conforme a lo establecido en el artículo 28 de la presente orden ministerial.
5. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad subvencionada.
6. Los costes objeto de subvención no incorporarán el importe correspondiente a los impuestos indirectos.
7. La cuantía de la subvención dependerá del mérito ambiental y socioeconómico demostrado durante la realización de la actividad subvencionable (definido como el ahorro unitario de costes externos, de conformidad con los factores establecidos en el artículo 2.1 de la presente orden) que se produce al utilizar el servicio elegible respecto de la ruta alternativa por carretera, teniendo en cuenta, entre otros factores, el desempeño ambiental (los costes externos ambientales generados) de los buques con los que se opera el servicio y el de los vehículos terrestres.
8. El cálculo del desempeño ambiental de los buques se realizará a partir de los siguientes factores: capacidad, ocupación media, tipo de combustible, sistema de reducción de emisiones, velocidad, emisiones en puerto y distancia marítima.
9. El cálculo del desempeño ambiental de los vehículos terrestres se realizará a partir de los siguientes factores: estándar EURO representativo del vehículo medio, consumo medio, caracterización de la ruta (urbana, suburbana, rural) y distancia por carretera.
10. Para cada servicio elegible se calculará el ahorro de costes externos producido por un vehículo terrestre que utiliza el servicio marítimo para realizar total o parcialmente el transporte, respecto al que lo realiza circulando únicamente por carretera.
11. El eco-incentivo unitario, definido como la cuantía de la subvención en términos unitarios (€ por unidad elegible), para cada beneficiario, servicio elegible y convocatoria, será igual a la diferencia entre la estimación de costes externos totales producidos en la ruta alternativa por carretera respecto del coste externo total estimado al hacer uso del servicio marítimo elegible, no pudiendo superar el límite del 30% de los gastos operativos del servicio marítimo.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003.
2. Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras se otorgarán, en régimen de concurrencia no competitiva, a las entidades que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente orden y los que, en su caso, establezcan las convocatorias correspondientes, por orden de presentación correspondiente a la fecha y hora de registro de la solicitud, hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.
3. Una vez formalizados los correspondientes convenios con las entidades colaboradoras, se aprobará la relación de los servicios elegibles y el valor del eco-incentivo calculado para cada uno de las mismos, por resolución del órgano concedente, que se notificará a los interesados mediante la publicación de un extracto de la misma en el BOE y de su contenido íntegro en el portal de subvenciones de la sede electrónica del MITMA.
4. La resolución con la relación de los servicios elegibles y el valor del eco-incentivo calculado para cada uno de las mismos podrá ser modificada como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para su aprobación o de la incorporación de nuevos servicios elegibles. La resolución actualizada se notificará a los interesados, en los términos y condiciones establecidos en el apartado anterior, en todo caso, previamente al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
1. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de abril al 30 de junio de cada ejercicio presupuestario a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que ésta establezca otro plazo.
2. Forma de presentación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 35 del Real Decreto-ley 36/2020, los solicitantes deberán realizar la presentación y tramitación de solicitudes, así como de la documentación que les sea requerida en cualquier otro trámite del procedimiento, por vía telemática a través de la sede electrónica del MITMA, utilizando los formularios y modelos específicos de documentos establecidos disponibles en la misma, salvo que se indique otra vía en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación adjunta, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, deberán presentarse en lengua castellana y deberán estar firmadas electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, mediante un sistema de identificación y firma electrónica que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Contenido de la solicitud y documentación adjunta. La solicitud deberá incluir este contenido mínimo:
a) Formulario de solicitud, conforme al modelo y en los términos establecidos en la convocatoria, que contendrá los datos de identificación del solicitante, así como la información que permita identificar los vehículos embarcados y los servicios elegibles utilizados.
b) Documentación acreditativa de la capacidad de representación de la persona firmante de la solicitud. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquiera de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de subvención como representante de la entidad solicitante.
c) Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
d) Certificado de inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, o en el censo, inventario o registro correspondiente en función de la naturaleza jurídica de la entidad solicitante, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la subvención. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la inscripción en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
e) Declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para la obtención de la subvención, sin perjuicio de la posibilidad del órgano competente de consultar los sistemas de información para verificar el cumplimento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Dicha comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
f) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
g) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR.
h) Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier documentación o información adicional que sea necesaria para cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria podrá ser aportada por el solicitante o requerida por el órgano instructor.
4. Registro. Una vez cursada la solicitud de la subvención, la sede electrónica del MITMA facilitará un comprobante de la fecha y hora de registro de ésta, así como el número de expediente asignado, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter definitivo, a todos los efectos.
5. Subsanación. En caso de detectarse defectos u omisiones subsanables o que se necesitara información complementaria, se requerirá al solicitante, mediante notificación dirigida al correo electrónico de contacto designado en la solicitud, para que, en un plazo máximo de cinco (5) días subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Clasificación. Una vez finalizado el período de subsanación, se clasificarán las solicitudes admitidas, para su análisis por el órgano instructor, considerándose los requisitos establecidos en este artículo como criterios de admisibilidad.
7. Guía para los solicitantes. Está prevista la elaboración de una guía de ayuda a los solicitantes, que estará disponible en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1. Reglas generales:
a) La selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia no competitiva conforme a la documentación aportada por el solicitante.
b) El órgano instructor podrá contrastar los datos aportados por el solicitante con la información facilitada por las entidades colaboradoras y con cualquiera otra que obre en poder del sector público.
c) Todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de los beneficiarios, o en los procedimientos de verificación del cumplimiento de las condiciones, cumplimentarán previamente una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). En el caso de los órganos colegiados, dicha declaración podrá realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma, reflejándose en el acta.
En caso de que alguna de estas personas considere que está incurriendo en un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones y competencias, deberá abstenerse de tomar ninguna decisión y abandonar el procedimiento. La abstención se realizará por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó, quien resolverá lo procedente. Cuando considere que existe un conflicto de intereses, acordará su sustitución por otra persona.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano concedente.
d) No se admitirán mejoras de la solicitud una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir cuantas aclaraciones estime oportunas sobre aspectos de la solicitud.
2. Selección de actividades admisibles. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano instructor realizará una verificación documental según los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 20 de esta orden ministerial.
3. Evaluación de beneficiarios El órgano instructor realizará una evaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas en el artículo 6 de la presente orden ministerial para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
4. Selección de actividades elegibles. El órgano instructor realizará un análisis de elegibilidad, para comprobar que las actividades se ajustan a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 5 de esta orden ministerial.
5. Evaluación de actividades elegidas:
a) Propuesta de resolución provisional. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que incluirá al menos esta información:
i. La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la subvención, incluyendo:
1. NIF del beneficiario.
2. Importe de la subvención total propuesta, expresado en euros.
b) Publicación. La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones será publicada en el portal de subvenciones de la sede electrónica del MITMA. Asimismo, un extracto de dicha resolución será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (en adelante, BOE) y surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta propuesta de resolución provisional no supone para los solicitantes el reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las subvenciones.
c) Alegaciones. En el plazo de cinco (5) días a contar desde el siguiente al de publicación en el BOE del extracto de la propuesta de resolución provisional del órgano instructor, los solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, ante la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
d) Propuesta de resolución definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los solicitantes, el órgano instructor elevará una propuesta de resolución definitiva al órgano concedente.
1. El órgano concedente resolverá el procedimiento mediante resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, la resolución deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE, salvo que la convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior.
3. La resolución se notificará a los interesados, mediante la publicación de un extracto en el BOE, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, y de su contenido íntegro en el portal de subvenciones de la sede electrónica del MITMA en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
5. La resolución definitiva, deberá incluir los siguientes términos:
a) La relación de solicitudes presentadas.
b) La relación de solicitudes admitidas.
c) La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la subvención, incluyendo: entidad beneficiaria e importe de la subvención total concedida (expresado en euros).
d) La relación de solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.
e) Recursos que se pueden presentar contra la resolución.
6. Contra la resolución por la que se resuelva el procedimiento de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. Las condiciones iniciales objeto de la resolución de la solicitud podrán ser modificadas, a solicitud del beneficiario o de oficio, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención, no supongan un cambio sustancial en el contenido de las actividades subvencionadas, y no afecten al pleno cumplimiento del principio DNSH, cuando obedezca a los siguientes supuestos:
a) Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada.
b) Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
c) Penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como beneficiario que afecten a la cuantía total a percibir por el beneficiario en los términos establecidos en la convocatoria.
2. La aceptación o denegación de la modificación se realizará mediante resolución expresa que deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de diez (10) días. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legítima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. La denegación deberá ser motivada.
1. El pago de la subvención se llevará a cabo posteriormente al devengo de la misma, en el ejercicio presupuestario en el que se haya realizado la solicitud y siempre que exista crédito adecuado y suficiente. El beneficiario recibirá la entrega dineraria correspondiente al total de la subvención concedida, con carácter definitivo, previa justificación y verificación de la ejecución de la actividad subvencionable.
2. El pago de la subvención quedará condicionado a que exista constancia por parte del MITMA de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las actividades financiadas al amparo de esta orden estarán sujetas a lo establecido por el artículo 191 relativo al principio de concesión no acumulativa y prohibición de la doble financiación del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión Europea así como a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. Las subvenciones previstas en esta orden son incompatibles con la percepción de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
1. Los beneficiarios deberán justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención, en particular, el cumplimiento del principio DNSH, ante el órgano concedente o designado para tal fin.
2. Además, deberán reflejar diferenciadamente en las cuentas anuales del año siguiente al de la concesión de la subvención, formuladas de acuerdo con la legislación mercantil, el importe recibido.
3. La justificación documental se aportará de forma agregada en el plazo establecido para la presentación de solicitudes. Revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y deberá incluir la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación de las actividades subvencionables realizadas, indicando cada uno de los transportes realizados utilizando los servicios elegibles.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
i. Una relación de los gastos de las actividades realizadas, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
ii. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
iii. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
iv. Las declaraciones de embarque.
4. La documentación justificativa de la ejecución de las actividades objeto de subvención se deberá presentar telemáticamente, por parte de los beneficiarios, a través de la sede electrónica del MITMA y deberá estar firmada electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, de acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
5. El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actividad ejecutada objeto de subvención, quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo de diez (10) días desde la recepción de la comunicación.
6. La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la subvención supondrá el reintegro y/o la pérdida del derecho a cobro de la misma.
7. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la IGAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o comunitario, podrá solicitar al beneficiario en cualquier momento, durante el plazo previsto en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la subvención, o para justificar la realización del proyecto (incluyendo facturas y justificantes de pagos de las mismas).
8. En caso de que el beneficiario no facilitase los documentos originales solicitados en un plazo de dos (2) meses a contar desde el día siguiente al que se hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación. En este sentido, procederá, en su caso, el reintegro de la subvención por parte del mismo en los términos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá elaborar una guía para la justificación de la subvención, que publicará en su página web.
1. El órgano instructor podrá realizar actuaciones de seguimiento y control de las subvenciones concedidas al amparo de esta norma jurídica, en particular, del cumplimiento del principio DNSH, sin perjuicio de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A estos efectos, podrá reclamar a los beneficiarios cuantos documentos sean necesarios para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma jurídica, así como realizar controles y auditorías aleatorios.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto-ley 36/2020, la IGAE tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la autoridad de control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3. Por su parte, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude promoverá las labores de prevención, detección e investigación del fraude que sean precisas, manteniendo a estos efectos las relaciones necesarias con los órganos de gestión y control.
4. Se aportará toda la información que sea requerida por los Tribunales de Cuentas europeo y español para el ejercicio de sus funciones de control, así como por cualquier otro organismo competente en materia de control del gasto público.
5. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del RMRR, la Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del RMRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Herrero, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones del eco-incentivo y de las obligaciones y requisitos esenciales establecidas por la presente orden ministerial, en particular, el incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio DNSH y el etiquetado climático, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán causas suficientes para determinar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de la subvención conforme al procedimiento establecido en dicha ley.
2. El incumplimiento de la obligación de difusión y publicidad por parte del beneficiario, si no se han adoptado medidas correctoras, supondrá, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, la pérdida del derecho a la percepción y/o el reintegro de hasta un máximo del 3 % de la subvención.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos en el PRTR, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos.
1. A los efectos de la presente orden ministerial y en todo lo relacionado con el programa de eco-incentivos regulado en esta norma, será de aplicación el régimen regulador de las infracciones y sanciones contenido en los artículos 52 a 69 de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo.
2. Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurren los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimientos se establece en el artículo 66 de la misma.
La práctica de las notificaciones correspondientes al procedimiento regulado por estas bases se efectuará conforme a lo dispuesto en las mismas y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, serán válidas las notificaciones a través de la sede electrónica del MITMA según establece el artículo 43 de dicha ley.
1. En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusión, a las actividades financiadas mediante las subvenciones reguladas en estas bases, deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que indique "financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU" en los términos previstos en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, junto al logo del PRTR, cumpliendo con los requisitos que figuren en el manual de imagen del PRTR que, en su caso, se apruebe. Sin perjuicio de lo anterior, deberá figurar en todo caso la referencia a la financiación de la actividad mediante fondos del PRTR y a su gestión por el MITMA en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. En su caso, deberán cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad.
3. La aceptación de la subvención implica la aceptación de lo dispuesto en el RMRR y en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y d