Categoría: Administración

Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales.
El PRTR fue aprobado el 16 de junio de 2021 a través de la Decisión de Implementación del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
El PRTR permitirá que España pueda acceder hasta a 160.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026 que, junto con la ayuda a la recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para ello, el citado Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta y un componentes.
La cuarta política palanca, una Administración para el siglo XXI, plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las Administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.
La inversión 3 del componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas Administraciones públicas a través del cumplimiento de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del PRTR y dispone de una financiación que asciende a 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De esta cantidad se destinarán 391,4 millones de euros a las entidades locales.
En este marco, se publicaron la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022; la Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que no hayan presentado proyectos por el importe máximo asignado mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden TER/276/2023, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de los Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de las Islas Baleares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con el objeto de seguir avanzando en la transformación digital y modernización de las entidades locales, así como en la consecución de los hitos y objetivos del PRTR, resulta necesario proporcionar nuevas ayudas dirigidas a que las entidades locales mejoren y actualicen sus padrones municipales conforme a los parámetros definidos por el Instituto Nacional de Estadística, con el objeto de mejorar la interoperabilidad e interconexión entre los padrones municipales y el propio Instituto Nacional de Estadística, así como de disponer de un sistema de gestión de la información sobre el territorio. De este modo, las actuaciones que se van a financiar tienen por objeto la transformación digital de los padrones municipales de las entidades locales, a fin de mejorar el sistema de intercambio y actualización de este tipo de datos entre las Administraciones públicas, así como la creación de bases de datos de ámbito municipal que permitan separar completamente la información padronal relativa al territorio de la información padronal relativa a las personas y su actualización.
La organización y funcionamiento de las entidades locales, en cuyo ámbito se incardinan aquellas actuaciones, es ámbito exclusivo de su autogobierno, como reflejo de su autonomía para la gestión de sus propios intereses, reconocida por el artículo 137 de la Constitución Española, que se concreta, respecto de los municipios y provincias, en los artículos 140 y 141 de la Constitución Española, en el núcleo esencial de su garantía institucional.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 170/1989, de 19 de octubre, señala que la autonomía local, tal y como se reconoce en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española, goza de una garantía institucional con un contenido mínimo que el legislador debe respetar. Es por eso, que la autoorganización constituye el núcleo de la autonomía local. Así lo señala la Carta Europea de Autonomía Local, en su artículo 6.º, que bajo la rúbrica «adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las Entidades Locales», señala en su apartado 1 que «sin perjuicio de las disposiciones más generales creadas por la Ley, las Entidades Locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz», y se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 4.1.a) cuando establece que «en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización».
Las diputaciones provinciales de régimen común y de régimen foral, así como los cabildos y consejos insulares, se constituyen como elementos esenciales en la organización territorial del Estado, junto a las comunidades autónomas y los municipios. Destaca su competencia relativa a la asistencia y a la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios con el objeto de que los mismos implanten y presten en adecuadas condiciones los servicios municipales mínimos establecidos legalmente, constituyendo dicha función cooperadora el «núcleo de la autonomía provincial» (STC 109/1998, de 21 de mayo).
En particular, el artículo 60.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establece, en relación con la gestión del padrón municipal, que «Las Comunidades Autónomas uniprovinciales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares apoyarán técnica y económicamente (…) a los municipios de su ámbito geográfico, y asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su menor capacidad económica y de gestión, no lo lleven efectivamente así».
Siendo, como se ha expresado, los municipios los beneficiarios directos de la principal actividad que llevan a cabo las diputaciones, el impulso provincial de los proyectos de transformación digital y modernización del padrón municipal de las entidades locales permitirá que los diferentes municipios puedan implantar y prestar, con las adecuadas condiciones, los servicios municipales, aumentando la eficacia y eficiencia de su funcionamiento con base en los principios básicos de las relaciones interadministrativas como son la colaboración, cooperación, interoperabilidad y reutilización de soluciones digitales, a la que se refiere el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Es por ello por lo que las subvenciones objeto de esta orden, que se refieren a la financiación de actuaciones materiales que atañen a la potestad de autoorganización y gestión de las entidades locales, son una modalidad de cooperación económica entre la administración local y la Administración General del Estado, cooperación a la que específicamente se refiere el artículo 57.1 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
El Ministerio de Política Territorial gestionará estas subvenciones en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística por razón de su ámbito material: «el mantenimiento y la gestión de la base padronal nacional, fruto de las tareas de coordinación de los padrones municipales», tal como establece el artículo 8.1.b) del Estatuto del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Estadística, aprobado por el Real Decreto 803/2022, de 4 de octubre.
A tal efecto, el 17 de julio de 2023 se formalizó un convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y el Instituto Nacional de Estadística para el impulso de la modernización de los sistemas de gestión del padrón de las entidades locales, y cuyo objeto es el apoyo al Ministerio de Política Territorial en la convocatoria de las subvenciones destinadas a este fin. Hoy en día, los padrones municipales no permiten conocer el número de habitantes de una población en tiempo real, sino de forma mensual. Este hecho, unido a la falta de un censo actualizado y unificado de calles, edificaciones y otros tipos de inmuebles no se adecua al contexto tecnológico actual, el cual ofrece una multitud de funcionalidades de mayor eficacia.
De lo anterior se informó a la Comisión Nacional de Administración Local en sesiones celebradas el 5 de julio de 2021 y el 12 de septiembre de 2022, en las que se expuso la previsión de las convocatorias para la ejecución del PRTR durante el periodo 2021-2023.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen con esta orden, la transformación digital de las entidades locales para que estas mejoren y actualicen sus padrones municipales conforme a los parámetros definidos por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, la orden es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, entre otros extremos, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de manera suficiente los objetivos perseguidos por esta orden, estando su tramitación exenta de la realización de los distintos trámites de participación pública previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Finalmente, la orden es acorde con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía o a las empresas.
Por otra parte, y en cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial para el periodo 2022-2024, en cuyo anexo I, línea de subvención 1, se incorporan específicamente las subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del PRTR.
Las subvenciones que aquí se regulan son de concurrencia no competitiva, en los términos que se señalan en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que, de conformidad con lo previsto en dicho precepto, sus bases reguladoras se aprueban mediante esta orden ministerial.
Por tanto, esta orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con los artículos 61 y 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiendo sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Política Territorial.
En su virtud, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria para el ejercicio 2023 de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, cuya finalidad sea la transformación digital y la modernización del padrón municipal de las entidades locales.
Las actuaciones subvencionables que se lleven a cabo en aplicación de esta orden deberán enmarcarse, en alguna de las dos tipologías previstas en el artículo 5.
2. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orientado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, estas bases reguladoras se dictan en desarrollo del Componente 11, Inversión 3, del mencionado PRTR.
1. El régimen jurídico de estas subvenciones y de las actuaciones que se financien será el establecido en:
a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.
d) Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía,Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives («Actos Delegados de Taxonomía»).
e) La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
f) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
g) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las órdenes que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del PRTR ante la Unión Europea. Entre dicha normativa se encuentra la siguiente:
1.º Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos que ejecutan el PRTR.
2.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
h) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, serán de aplicación, en lo que proceda, en todo lo que sea compatible con lo especialmente previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
i) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
j) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
k) Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Asimismo, será de aplicación la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.
3. También serán de obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias las instrucciones que a tal efecto puedan adoptar el Ministerio de Política Territorial y las restantes autoridades nacionales y europeas competentes, así como el Plan de Medidas Antifraude aprobado por dicho Ministerio, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran los proyectos desarrollados en el marco de la presente orden que incluye el procedimiento en materia de conflicto de interés aplicable, de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.
1. Podrán tener la consideración de entidades beneficiarias y, por tanto, ejecutoras de las ayudas:
a) Las diputaciones provinciales de régimen común y de régimen foral, los cabildos, los consejos insulares, así como las comunidades autónomas uniprovinciales, siendo los destinatarios de las actuaciones que realicen, en los términos del artículo 5, los municipios con población inferior a 20.000 habitantes de su ámbito territorial, de acuerdo con las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020.
b) Las Ciudades de Ceuta y Melilla, que serán las destinatarias de las actuaciones que realicen en los términos del artículo 5.
2. No podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La condición de entidad beneficiaria de la ayuda implica que la entidad asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así como de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo. Las entidades beneficiarias serán las responsables de la gestión y ejecución de los proyectos presentados.
1. Las entidades beneficiarias recogidas en el artículo 3 deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos concordantes de su Reglamento de desarrollo, así como las demás que se establezcan en esta orden y en las resoluciones de concesión.
b) Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
c) Las que figuren en las instrucciones específicas que establezca la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Política Territorial, entre otras, en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
d) Las que se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, o las que en su nombre les transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. En particular, las relativas a contribuir a los objetivos de cambio climático, a lo establecido en relación con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio de DNSH), etiqueta digital, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, o no concurrencia de doble financiación, entre otros.
e) Ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones establecidas en esta orden y en la resolución de concesión y dentro del plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas a la ejecución del proyecto aprobado.
f) Serán responsables inmediatas de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando, entre otras, la plena identificación de los contratistas y subcontratistas. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto y en particular la prevista en el artículo 21. Específicamente, las entidades beneficiarias tendrán el deber de informar debidamente del seguimiento y estado de ejecución de los proyectos siempre que la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local así lo requiera.
g) Comunicarán a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, de manera inmediata, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.
h) Garantizarán el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de DNSH en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
i) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente, garantizando el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado y el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en particular, la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.
j) Justificarán en los términos establecidos en esta orden, ante la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, la realización de las actuaciones, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar la correcta realización de las actuaciones objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
k) Se someterán a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Política Territorial u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
l) Asumirán la formación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención, y suministrarán la información y documentación de soporte precisa para que las autoridades competentes puedan comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. Tal suministro se realizará en los términos, formato y condiciones que establezcan el Ministerio de Política Territorial, el Ministerio de Hacienda y Función Pública u otras autoridades nacionales o europeas y de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En particular, deberán suministrar toda la información que sea precisa en los sistemas de información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
m) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
n) Garantizarán que las actuaciones financiadas cumplan las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ñ) Llevarán a cabo el reintegro de las cantidades percibidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 24.
o) Cumplirán con las obligaciones de las entidades ejecutoras en materia de información y de sistema informático establecidas en el artículo 3 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
p) Llevarán a cabo las actuaciones dirigidas a la identificación de los perceptores finales de los fondos y a las obligaciones que estos tienen aparejadas en relación con la ejecución de fondos procedentes del MRR, según establece el artículo 2.2.f) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y la Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaría General de Fondos Europeos.
q) Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
c) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
También se puede consultar el siguiente portal de internet: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
d) Asimismo, se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por el Ministerio de Política Territorial. A tal efecto se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del PRTR.
3. En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecución de las actuaciones, incluida la subcontratación, las entidades beneficiarias deberán hacer constar «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la referencia al Componente 11, Inversión 3, del PRTR, gestionado por el Ministerio de Política Territorial. Tal mención también deberá ser incluida en todos los documentos que sustenten la contratación de los bienes y/o servicios a prestar.
4. A efectos de auditoría y control y según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
5. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención utilizará la herramienta dedata miningMINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en este procedimiento de concesión de subvención.
A tal efecto, y en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 7.3 de la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá requerir a los solicitantes de la subvención la información de su titularidad real, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la entidad objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.
Esta información deberá aportarse al órgano competente para la concesión de la subvención en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.
La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención.
Los datos, una vez recibidos, serán adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A través de MINERVA, el responsable de operación llevará a cabo un nuevo controlex antedel riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar del solicitante, los titulares reales recuperados por el órgano de concesión de la subvención.
6. Cuando la entidad beneficiaria actúe como órgano de contratación en cualquier tipo de contrato relacionado con la ejecución de las actuaciones subvencionables, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP 55/2023, de 24 de enero, esta utilizará la herramienta dedata miningMINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en esa licitación. A tal efecto se solicitará a los licitadores la información correspondiente siendo aplicables el procedimiento y los términos previstos en el apartado anterior.
1. Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en alguna de las siguientes tipologías, en el marco de la transformación digital de las administraciones de entidades locales, pudiendo las entidades previstas en el artículo 3.1 solicitar la subvención para el desarrollo de una de ellas o para ambas:
a) Puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la información sobre el territorio de ámbito municipal.
Cada municipio del ámbito territorial de la entidad beneficiaria deberá contar con una base de datos de viviendas, unificada a nivel nacional, en la que se identificará cada vivienda mediante un identificador basado en la referencia catastral en el territorio fiscal común, o en el código equivalente en los territorios forales, del bien inmueble en el que esté ubicado el hogar. Asimismo, se deberá contar con herramientas que permitan la actualización de la información obrante en dicha base de datos.
Se prevé que, de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta actuación contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y Administración pública centrada en los datos.
b) Puesta en marcha de un nuevo sistema de intercambio de información padronal en tiempo real entre los municipios y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La actuación subvencionable comprenderá la elaboración de los proyectos de adaptación desde los sistemas de información actuales de los ayuntamientos, de periodicidad mensual.
De la misma forma, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta actuación contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y Administración pública centrada en los datos.
2. Una vez publicada esta orden, el INE proporcionará, antes del 31 de diciembre de 2023, una Guía técnica en la que se detallarán las actividades subvencionables a desarrollar y su calendario. Dicha guía se publicará en el portal de internet del INE y del Ministerio de Política Territorial.
Asimismo, en el cuarto trimestre de 2024 el INE publicará una versión inicial de los manuales de integración de los padrones municipales con los sistemas del INE, con el fin de que las entidades beneficiarias puedan acometer correctamente la actuación prevista en el apartado 1.b).
3. En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de esta orden deben respetar el principio de DNSH.
Las actuaciones subvencionables deberán cumplir con todos los requisitos siguientes:
a) Alineamiento con los planes estratégicos: PRTR, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
b) Reutilización. en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de los proyectos desarrollados podrá ser objeto de reutilización por otras Administraciones que lo requieran si su naturaleza lo permite.
c) Interoperabilidad. en los términos establecidos en Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
d) Las Administraciones facilitarán la integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.
e) No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que, directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía), o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles.
1. Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada al proyecto financiado. Serán gastos subvencionables, entre otros, los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
2. Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de ejecución contemplado en el artículo 11, si bien podrán haber concluido antes de la presentación de la correspondiente solicitud para la concesión de la subvención.
3. Para que el gasto sea financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y prestado, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en el artículo 2, las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las restantes condiciones para la subvención del proyecto.
Asimismo, deberá existir constancia documental sobre su realización, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de ejecución, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.
4. Las acciones financiadas están sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto indirecto equivalente, podrá ser considerado subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.
6. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Los gastos propios o costes asociados a los proyectos (personal, funcionamiento o gastos generales).
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Los vinculados a tareas preparatorias o de diseño o licitación de los proyectos.
g) Los que tengan carácter recurrente (tareas de mantenimiento).
h) Aquellos que:
1.º Se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o por el órgano concedente de la subvención.
2.º Se hubieran ejecutado fuera del periodo de ejecución de la actividad al que se refiere el artículo 11.
1. Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos, mediante los procedimientos de licitación correspondientes, proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios u otros instrumentos de colaboración interadministrativa legalmente establecidos.
A los efectos del artículo 29.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entenderá otorgada la autorización para subcontratar la actividad subvencionada con terceros, siempre que el contrato o el encargo sea conforme con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Los proyectos contribuirán a la creación de empleo y al desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), en línea con el Marco Estratégico en Política de PYME 2030.
2. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que, a su vez, asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración concedente.
3. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En caso de subcontratar toda o parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas den efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 y, en particular, con el principio de DNSH y las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
1. El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria es de 64.117.540 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Esta subvención no constituye una ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Las subvenciones están vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como cualquier otra exigencia específica cuya aplicación sea de obligado cumplimiento en el marco de ejecución del PRTR, incluso en el caso de que hubiera entrado en vigor con posterioridad a la publicación de esta orden.
3. La asignación entre las entidades beneficiarias se ha determinado en función de su número de habitantes, teniendo en cuenta, para todas las entidades, las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal, referidas al 1 de enero de 2020, estableciéndose un importe máximo por entidad. El anexo VIII recoge la cuantía máxima de la ayuda que corresponde a cada una de estas entidades.
4. Las subvenciones irán destinadas a financiar el proyecto que presenten las entidades beneficiarias recogidas en el artículo 3, hasta el importe máximo que corresponde a cada entidad.
No obstante, en el supuesto de que la entidad beneficiaria no presentara solicitud por el importe máximo asignado en el anexo VIII, el importe no solicitado podrá ser distribuido para financiar actuaciones presentadas por el resto de las entidades beneficiarias que hubieran solicitado financiación por encima del máximo asignado en los términos de esta orden. A tal efecto, el importe no solicitado será prorrateado a partes iguales entre las entidades que hubiesen presentado actuaciones elegibles por encima del presupuesto máximo asignado en esta orden, en los términos previstos en la misma y hasta agotar el importe total recogido en el apartado 1.
5. La financiación de los proyectos objeto de esta convocatoria se podrá complementar con las aportaciones que realicen las entidades beneficiarias con cargo a sus presupuestos.
1. Los costes de los proyectos cubiertos por las ayudas concedidas en el marco de esta orden y en cumplimiento de los hitos y objetivos de la Inversión 3 del Componente 11 del PRTR no podrán percibir otros fondos de la Unión Europea.
No obstante, las ayudas reguladas en esta orden podrán ser compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, siempre que no se destinen a financiar los mismos costes.
2. La entidad deberá declarar, conforme al modelo del anexo III, las ayudas o subvenciones que haya obtenido o solicitado para financiar las actuaciones que presenta a esta convocatoria, tanto en el momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta circunstancia.
La percepción de ayudas o subvenciones incompatibles podrá conllevar la declaración de pérdida total o parcial del derecho a esta subvención, y el consiguiente reintegro, en su caso.
1. El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2025.
Cuando existan causas excepcionales que impidan la finalización del proyecto en el periodo de ejecución señalado, la entidad beneficiaria podrá solicitar una ampliación de este, debidamente justificada. Dicha solicitud deberá realizarse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, observando lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrá la potestad para prolongar el periodo de ejecución o denegar las solicitudes que se hubieran podido plantear. El acuerdo adoptado no será susceptible de recurso.
2. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezca la resolución de concesión.
3. Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución y haya sido abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por esta orden. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en los informes de ejecución y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, documentación y comunicaciones por las entidades beneficiarias, que deberán seguir los requisitos de presentación que se determinen, en su caso, por el órgano concedente en la resolución a la que se refiere la disposición adicional primera, para cada una de las fases del procedimiento de gestión, seguimiento, justificación y control de estas subvenciones, tanto en los sistemas informáticos como en la forma.
1. Las subvenciones se concederán a través de un procedimiento de concurrencia no competitiva, en los términos del artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones corresponderá a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
3. En aplicación del artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes y otros documentos que se aporten al procedimiento deberán estar redactados en castellano.
4. El procedimiento se hará público en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial (www.mpt.es) y a través de la Base de Datos Nacional de