Categoría: Administración

La Fundación Biodiversidad, F.S.P., en adelante, FB, es una fundación del sector público adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las previstas en el artículo 84.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, constituida en escritura pública de 22 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal con el número 1AGR, con domicilio en Madrid, y NIF G‐82207671.
La FB, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y con sus Estatutos, tiene como objeto la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias de su Ministerio de adscripción en el ámbito de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y el patrimonio natural, principalmente en sus aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales. La FB es un foro de colaboración e interlocución con la sociedad civil, promotor de la actividad económica y generación de empleo, y vehículo solvente y ágil para desarrollar actuaciones relacionadas con las políticas ambientales. De acuerdo con su naturaleza jurídica, la FB debe coadyuvar a la consecución de los objetivos de su Ministerio de adscripción sin que ello suponga la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.
El Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, establece las disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en adelante, Fondos EIE, para el periodo de programación 2021-2027. Se incluyen en estos Fondos EIE el Fondo Social Europeo Plus, en adelante, FSE+.
El Reglamento (UE) n.º 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 regula específicamente el FSE+ para el periodo de programación 2021-2027 y, en particular, su misión, el ámbito de aplicación, las prioridades y objetivos temáticos, disposiciones específicas relativas al tipo de actividades y categorías de gastos subvencionables. El contenido de este Reglamento se refiere al cumplimiento de los objetivos de la «Política de cohesión 2021-2027».
El FSE+ se configura como el principal instrumento de la Unión Europea para invertir en las personas y aplicar el pilar europeo de derechos sociales, contribuyendo a una Europa más social, a una cohesión económica, social y territorial y a la consecución de los objetivos marcados en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Con motivo de la programación 2021-2027, el FSE+ se configura como la fusión del Fondo Social Europeo (FSE), la iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y el Programa para el Empleo e Innovación Social (EaSI). Con motivo de esta fusión, el FSE+ contribuirá a las políticas y prioridades orientadas al pleno empleo, potenciando la calidad y la productividad en el trabajo, aumentando la movilidad geográfica y laboral de las personas trabajadoras dentro de la Unión Europea, sin dejar atrás la mejora de los sistemas de educación y formación, fomentando la inclusión social y de la salud garantizando la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y de calidad, la protección y la inclusión social. En definitiva, el FSE+ se configura como un instrumento para la creación de empleo, la mejora de puestos de trabajo existentes y como medio de garantizar oportunidades laborales más justas para el conjunto de la ciudadanía de la Unión Europea.
Las prioridades y objetivos específicos son atendidos en el Programa FSE+ de Empleo, Educación, Formación y Economía Social en adelante «Programa EFESO», aprobado por la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2022)9796, del 19 de diciembre de 2022. En concreto, esta orden de bases se centra en la consecución de las prioridades 1 «Empleo, Adaptabilidad, Emprendimiento», y 3 «Educación y Formación» con objeto de abordar, entre otras, la capacitación para el empleo en el ámbito de la economía verde, la potenciación del emprendimiento y la economía social.
La canalización de las ayudas procedentes del FSE+, a fin de cumplir la Política de Cohesión 2021-2027, viene precedida por un trabajo de programación que se lleva a cabo a través de diferentes fases de negociación a nivel europeo y nacional de manera coordinada y participativa entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, respetando así el principio de «Asociación y Gobernanza en varios niveles» recogido en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. En aplicación del mencionado artículo y, para cada uno de los programas, el Estado facilitó la participación de las autoridades locales y regionales competentes, así como de interlocutores económicos y sociales y otros organismos pertinentes, en el diseño y desarrollo de la programación del FSE+ 2021-2027.
Como resultado de este proceso de negociación coordinado y participativo, la arquitectura del FSE+ 2021-2027 en España se articula en 4 programas plurirregionales y 19 programas regionales. Los programas regionales atienden a las necesidades específicas de su ámbito de actuación, correspondiendo a los programas estatales el planteamiento de soluciones a necesidades comunes, actuando de manera uniforme y homogénea en el territorio estatal, con el objeto de permitir un mejor equilibrio territorial, así como la cohesión social, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de enfoque temático y la complementariedad con los programas regionales.
El Programa EFESO es, por tanto, un instrumento de programación y planificación en el que se ha diseñado una estrategia integrada para contribuir a las políticas sectoriales de empleo y movilidad laboral, educación, inclusión social y erradicación de la pobreza, contribuyendo al objetivo político de «una Europa más social e integradora» mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. En consecuencia, en el Programa se han definido prioridades que establecen objetivos específicos, créditos financieros y la correspondiente cofinanciación nacional, todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio. En síntesis, el contenido del Programa EFESO responde a una estrategia que ha sido planteada de modo integral para lograr la consecución de unos objetivos, definidos mediante los correspondientes indicadores que permiten su seguimiento posterior a lo largo del periodo.
La FB ejerce su actividad como organismo intermedio, en adelante «OI» del FSE+, por designación de la autoridad de gestión del Programa EFESO, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La ejerce a través del Programa Empleaverde+, distribuido regionalmente en el programa plurirregional de acuerdo con las distintas prioridades perseguidas.
El Programa Empleaverde+ es una iniciativa que busca impulsar la transición ecológica de la economía y contribuir a abordar las transiciones sistémicas de los sectores económicos. Todo ello, a través de la mejora de competencias para el empleo y el emprendimiento que den respuesta a los retos actuales vinculados a la transición ecológica, contribuyendo a la ecoinnovación y sostenibilidad de las actividades económicas en todos los sectores.
Esta iniciativa se encuentra incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 2022-2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones).
Como OI, la FB será responsable de certificar al FSE+ o al instrumento de la Unión Europea que corresponda, los proyectos a cofinanciar, determinando el gasto subvencionable de los mismos. Le corresponde asimismo examinar las justificaciones de gasto remitidas por las entidades beneficiarias y realizar las verificaciones necesarias que permitan certificar dichos gastos a la autoridad de gestión correspondiente en cada caso, o del instrumento de la Unión Europea que proceda.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La atribución al Estado que hace dicho precepto responde al principio de unidad económica y abarca la definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos. En ese sentido, la regulación prevista no excede de ese ámbito de lo básico y, por tanto, respeta el orden de distribución de competencias con las comunidades autónomas.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma haya asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial «no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica», STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3.d).
En consecuencia y, conforme con lo anterior, la finalidad del Programa Empleaverde+ es el impulso de la economía hacía una transición verde, contribuyendo a abordar las transformaciones sistémicas de los sectores tractores de la economía, mediante la mejora de las competencias para el empleo y el emprendimiento, dando así respuesta a los retos actuales, que se vinculan a la transición ecológica, y cumplimentando lo requerido en materia de título competencial por la regla 13.ª del artículo 149.1 CE, ya que se pretende con este programa la contribución a la sostenibilidad de las actividades económicas, siendo un «puente entre la política económica y de empleo y la política ambiental».
Dentro del marco de una planificación económica general, España, como estado miembro de la Unión Europea, designa una unidad nacional competente para la gestión de los fondos denominada autoridad de gestión y otra responsable de los flujos financieros con las autoridades comunitarias denominada Autoridad de Certificación. En España, el organismo responsable de administrar los recursos procedentes del FSE+ es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, en adelante, UAFSE, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que tiene asignada la competencia nacional en materia de empleo, a través de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. El Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, establece la posibilidad de que el Estado miembro, una vez finalizada la designación de la autoridad de gestión, designe Organismos Intermedios, para llevar a cabo determinadas funciones bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión. Estos organismos pueden ser públicos o privados, tanto de ámbito nacional como autonómico.
Por ello, en la gestión del FSE+, a través de la UAFSE y los OI, con el fin de emplear de forma eficiente los recursos financieros, se ha llevado a cabo una regionalización de los fondos distribuida entre diecinueve programas regionales, uno por cada comunidad y ciudad autónoma, y cuatro programas estatales, como es el caso del Programa EFESO, en el que participa la FB como OI.
Este marco general de actuación, y teniendo en cuenta la distribución de los recursos financieros entre territorios y programas realizado por la UAFSE, aporta una mayor eficacia en la gestión, a través de la dotación presupuestaria en el caso de los programas plurirregionales. Estos programas cuentan con fondos suficientes, gestionados a través de los organismos designados para tales fines, asegurando una homogeneidad y equidad interterritorial. El Programa Empleaverde+ focalizándose en las prioridades 1 y 3 del FSE+, se configura como instrumento de intervención estatal en temas de empleo, emprendimiento, educación y formación, contando, como no puede ser de otra manera, con una distribución homogénea y equitativa entre todos los territorios nacionales.
La FB en su función como OI, y con amplia experiencia en la gestión de anteriores programas operativos de FSE, asume un papel si cabe más importante durante el periodo 2021-2027, por su relevancia creciente en la planificación general de la economía en un entorno nacional, con la mayor eficiencia en la gestión y administración de este programa.
Las potenciales entidades beneficiarias presentan características diversas y variadas en sus dimensiones, estructuras y ámbitos de actuación. Por ello, resulta imprescindible una acción centralizada como la que se establece en la presente orden ministerial, justificando que la gestión de estas ayudas sea realizada por la FB, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por otra parte, la FB tiene la condición de agente ejecutor de la ciencia, tal y como prevé la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es por ello, que las convocatorias que se articulen bajo esta orden de bases también podrán contribuir a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación (EECTI), en cuyo caso, serán incluidas en los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Programa Estatal para afrontar las prioridades de nuestro entorno y la Acción Estratégica 6. Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambientales.
El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación es fundamental para contribuir a la transición ecológica en un contexto como el actual, de emergencia climática y de necesidad de avanzar hacia una economía climáticamente neutra, positiva en la naturaleza y regenerativa, que ofrezca nuevas oportunidades de empleo y requiera la adquisición de competencias esenciales hacia una transición verde, justa e integradora. Esto se pone de manifiesto en el objeto de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Con el fin de incentivar la mejora de competencias de las personas basándose en el conocimiento de naturaleza científica existente en distintos ámbitos y disciplinas/materias, en el marco del Programa Empleaverde +, la FB pretende financiar acciones de capacitación que permitan transferir los conocimientos, capacidades y tecnologías generados por las actividades de investigación, desarrollo e innovación al ámbito laboral, para su aplicación en los distintos sectores productivos. De este modo, se fomenta el empleo y el emprendimiento, dotando a las personas de apoyo, conocimientos y herramientas específicas generados por las actividades de investigación, desarrollo e innovación, que contribuyen a una mayor resiliencia y capacidad de adaptación al cambio.
En este mismo sentido, y, como parte de las políticas de mejora de las competencias de las personas, el Gobierno de España ha introducido un nuevo Sistema de Formación Profesional, dotándose así de un instrumento ágil y eficaz, que facilita la cualificación y recualificación de las personas, ajustándose así a la demanda ante los desafíos como país relacionado con la transición ecológica. Este instrumento unifica los sistemas de Educación Profesional y el Sistema de cualificaciones de la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional, en un único sistema de Formación Profesional, con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
Para ello, y entre otras acciones, serán subvencionables, si así se recoge en las diferentes convocatorias, la contratación para la formación en alternancia, realizada bajo la modalidad contractual recogida en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vigente tras la modificación operada por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Esta modalidad dual se entiende como aquella que tiene por objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el cual se desarrolla el contrato de formación y el aprendizaje.
Se pretende que la empresa y el centro de formación estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral durante el periodo de formación. Esta capacitación podrá estar incluida en las enseñanzas de formación profesional, educación universitaria o en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, todas ellas incluidas en el Sistema Nacional de Educación.
Las ayudas que se concedan al amparo de esta orden, siempre que contemplen capacitación enmarcada en el Sistema Nacional de Educación, estarán exentas de la aplicación del régimen deminimis,y tendrán la consideración de ayudas de Estado, de acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al considerarse que, la educación pública, organizada dentro del sistema nacional de educación financiada y supervisada por el Estado, puede considerarse una actividad no económica. Estos principios pueden comprender servicios de educación pública como son la formación profesional, la educación universitaria o las incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su disposición adicional decimosexta, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece que la aprobación de las bases reguladoras corresponde al órgano de la administración que financie en mayor proporción la subvención correspondiente, siendo en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuyos presupuestos figuran las partidas que financian a la FB para las actividades relacionadas con sus objetivos estatutarios. Cabe destacar entre estos objetivos el de fomentar el empleo verde, que respete la igualdad de oportunidades y su acceso, así como la consideración de la biodiversidad y el patrimonio natural en las actividades económicas.
Asimismo, la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del ministerio de adscripción u órgano equivalente de la administración a la que la fundación esté adscrita. Por lo anteriormente expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 y 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponde la aprobación de las bases reguladoras a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En consonancia con lo anterior, con fecha 11 de febrero de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden TED/112/2021, de 25 de enero, por la que se autoriza a la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a conceder subvenciones.
En aplicación de lo establecido en esta regulación y con carácter previo a su aprobación, el Patronato de la FB, en su reunión de 22 de junio de 2022, ha aprobado la propuesta de bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
De acuerdo con el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar la adecuación de la presente orden a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La necesidad y la eficacia de este programa se fundamenta en el fin de favorecer la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural, pudiendo tener en cuenta los conocimientos que aporta la investigación en este ámbito, por un lado, y mejorar las competencias y la empleabilidad, por otro, garantizando la igualdad de oportunidades. Es proporcional porque contiene la regulación necesaria que exige la normativa sobre subvenciones e impone las obligaciones necesarias de acuerdo con dicha normativa.
En relación con los principios de eficiencia y transparencia, la orden se dirige al logro de los objetivos marcados y el principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican con claridad los objetivos de la norma. Por último, con relación al principio de seguridad jurídica, esta norma es coherente con el ordenamiento jurídico y el instrumento es el más adecuado de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se ha realizado el trámite de participación pública mediante la publicación del proyecto en la web del departamento ministerial.
Por otro lado, la orden establece la utilización de medios electrónicos en lo que afecta a la tramitación para personas físicas, dado que la población potencialmente beneficiaria, son entidades con acceso a los medios electrónicos, que pueden quedar obligados a relacionarse electrónicamente con el sector público.
En el proceso de elaboración de esta orden, han emitido informe la Abogacía General del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado del Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La FB es pues un instrumento para contribuir a la consecución de los fines de su ministerio de adscripción que cuenta, como integrante de la Administración General del Estado, con competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en relación con el alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución reserva al Estado.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
1. El objeto de esta orden es el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Programa Empleaverde+, gestionado por la Fundación Biodiversidad F.S.P., en adelante «FB», en el marco de su labor como Organismo Intermedio, en adelante «OI», del Fondo Social Europeo Plus, en adelante, FSE+, tal y como se recoge en el Programa FSE+ de Empleo, Educación, Formación y Economía Social del FSE+, en adelante, Programa EFESO.
2. La finalidad de estas subvenciones es apoyar proyectos que impulsen la transición ecológica de la economía a través de actuaciones de capacitación, dirigidas a personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras. Los proyectos darán respuesta a los retos actuales vinculados a la transición ecológica, contribuyendo a abordar las transformaciones sistémicas de los sectores económicos mediante la adquisición de competencias necesarias para responder a las nuevas oportunidades de empleo en el marco de una economía verde. A su vez, las acciones contribuirán a la reducción de las brechas de género, la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres y a hacer frente al reto demográfico.
1. Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria al amparo de estas bases reguladoras, las siguientes tipologías:
a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas públicas.
c) Personas jurídicas privadas, con o sin ánimo de lucro.
d) Las anteriores, en agrupación, que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. Estas agrupaciones deberán cumplir lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, deberán formalizar un acuerdo entre ellas en el que quedarán reflejados los compromisos asumidos, así como el importe de la ayuda que, en su caso, corresponda a cada una de ellas, que tendrán igualmente la condición de beneficiarias. El acuerdo reflejará también a quien corresponde la coordinación del proyecto frente a la FB, de entre las representaciones legales de cada una de las integrantes de la agrupación. Esta coordinación estará habilitada para presentar la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de las comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas.
2. Para poder alcanzar la condición de entidad beneficiaria deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Las personas jurídicas que resulten beneficiarias de las subvenciones deben estar válidamente constituidas, debidamente inscritas en el registro correspondiente y tener domicilio en territorio español.
b) No podrán asumir la condición de beneficiarias de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias invalidantes previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) No podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la FB o la administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
3. En el caso de agrupaciones de beneficiarias, todas las entidades que integran la agrupación deberán reunir los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiarias de la subvención.
No obstante, lo anterior, en el caso de agrupaciones:
a) Todas las entidades de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarias de la subvención, por lo que, de forma individual, cada una de ellas, deberá reunir y mantener a lo largo de la ejecución del proyecto, los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiaria. Serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En consecuencia, se podrá exigir la obligación de reintegro a la entidad representante o al resto de entidades participantes de forma solidaria, con carácter limitado en consonancia con las actividades subvencionadas que se hubieren comprometido a efectuar. El importe a reintegrar por cada miembro de la agrupación tendrá como límite las cantidades de ayuda efectivamente recibidas
b) La agrupación podrá proponer que se incorpore una nueva entidad participante tras la retirada de otra, o que se sustituya su representante, siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato.
c) La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias las enumeradas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asumir expresamente, en su caso, la obligación de cofinanciar el porcentaje no financiado por la FB o el FSE+, conforme a lo estipulado en el artículo 8 de esta orden.
3. Firmar el Documento que establece las Condiciones de la Ayuda, en adelante «DECA», entre la FB y la entidad beneficiaria. Este acuerdo cumplirá con lo dispuesto en el artículo 73.3 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
4. Asumir las responsabilidades que podrían derivarse de la realización del proyecto o actividad.
5. Ser la única responsable jurídica y financiera de la ejecución del proyecto o actividad ante la FB, excepto en el caso de las agrupaciones de entidades beneficiarias, cuya responsabilidad recaerá en el conjunto de entidades que la conforman.
6. Incluir, siempre que sea posible, criterios sociales y ambientales en todos los procedimientos de contratación en los que pudiera incurrir la entidad beneficiaria en cualquier fase de realización del proyecto objeto de subvención. Se prestará especial atención a garantizar la accesibilidad universal.
7. Cumplir la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres, e incluir, siempre que ello sea posible, criterios para favorecer la igualdad de trato y de oportunidades en todos los procedimientos de contratación que pudiera convocar la entidad beneficiaria.
8. Cumplir la normativa en materia medioambiental, e incluir, siempre que ello sea posible, criterios que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente y la reducción del impacto en él. Para ello, y entre otras medidas que pudieran incorporarse en la ejecución de los proyectos, las entidades beneficiarias se comprometen a entregar el cálculo de huella de carbono a la FB en el marco de la ejecución del proyecto.
9. Disponer de un sistema de contabilidad separada, que permita diferenciar los gastos en los que se incurra con motivo de la ejecución de los proyectos o actividades.
10. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a las entidades beneficiarias en cada caso.
11. Realizar actividades de información y comunicación del proyecto en los términos establecidos en las convocatorias de subvención de proyectos.
12. Dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
13. Mencionar el apoyo recibido, en toda la información, verbal o escrita, emitida con ocasión de la actividad, según las pautas establecidas en las correspondientes convocatorias de proyectos, cumpliendo con todas las medidas de visibilidad, transparencia y comunicación incluidas en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
14. En el caso de las subvenciones de proyectos, ser responsable de que los productos divulgativos del proyecto estén en consonancia con el estado del arte de los conocimientos científico-técnicos y con el marco normativo relacionado con las especies, ecosistemas y actividades socioeconómicas objeto del proyecto.
15. Cumplir con el Código Ético y de Buen Gobierno y la política de buen gobierno, prevención y detección de responsabilidades de la FB. Notificar a la FB, a través de los canales de comunicación habilitados para ello, cualquier situación de conflicto de interés que pueda darse en cuanto tenga conocimiento de la misma, reservándose la FB la posibilidad de exclusión de la convocatoria en el supuesto de que aprecie la existencia de dicho conflicto de interés.
16. Incluir la imagen corporativa de la FB, así como el resto de los logotipos obligatorios de forma correcta en la página web de las entidades (si la hubiera), con sus correspondientes hipervínculos, según las pautas que se indiquen en las correspondientes convocatorias.
17. Proporcionar la información requerida por la normativa comunitaria en relación con los datos de los y las participantes a efectos de recogida de los indicadores de realización y de resultado.
18. Se deberá velar por fomentar el uso de iconografías e imágenes equilibradas entre mujeres y hombres y no estereotipadas de las mujeres o sexistas.
19. Cumplir con lo previsto en el artículo 82 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en lo que respecta al mantenimiento y disponibilidad de la documentación.
1. Las subvenciones se concederán para la ejecución de actividades que impulsen la mejora de competencias para el empleo y el emprendimiento, dando respuesta a los retos vinculados a la transición ecológica y contribuyendo a la sostenibilidad de las actividades económicas en todos los sectores, en el marco de la economía verde y a través del Programa Empleaverde+.
2. El ámbito de actuación de las convocatorias comprenderá todo el territorio nacional. Debido a las características del Programa Empleaverde+, alguna de las convocatorias se podrá ver afectada por indisponibilidad de crédito asignado a una determinada región.
3. Las convocatorias podrán estar dirigidas a distintas temáticas, tipologías de acciones y enfocadas a determinados perfiles de participantes, en función de las actuaciones, siempre dentro de lo establecido en estas bases y en lo determinado por el Programa EFESO.
4. El plazo para la ejecución de la actividad objeto de la subvención será determinado en función de la convocatoria y, en su caso, por los compromisos del proyecto objeto de subvención, siempre dentro de los límites máximos permitidos por el Programa EFESO.
5. Los proyectos no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para las entidades beneficiarias.
1. Se considerarán gastos susceptibles de financiación aquellos que están recogidos en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución de cada proyecto o actividad beneficiaria. Los gastos deberán estar a nombre de la entidad beneficiaria, en el caso de agrupaciones los gastos deberán de estar a nombre de la entidad que sea parte de la agrupación y que ejecuta el gasto.
2. Además, podrán ser considerados elegibles, fuera del periodo de ejecución del proyecto, siempre que el pago se hubiera producido hasta la fecha de presentación de la documentación de alegaciones al informe de liquidación provisional, los siguientes:
a) Los gastos notariales o de compulsa necesarios para la justificación del proyecto o actividad objeto de la subvención.
b) Los gastos derivados de la asistencia a las reuniones presenciales a las que la FB convoca a las entidades beneficiarias.
c) Los gastos de amortización durante el periodo de ejecución del proyecto, de material inventariable adquirido previamente a la ejecución del proyecto o bien durante la ejecución del mismo.
d) Pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta que podrá efectuarse, en los supuestos y condiciones que establezca el ministerio competente, mediante entregas parciales periódicas a cuenta de dichas cuotas y conceptos con posterior regularización anual o en el momento en que se extinga la obligación de cotizar.
e) Los costes relativos a una garantía de prefinanciación constituida por el beneficiario/a de la subvención cuando se exija en virtud del artículo 152, apartado 1 del Reglamento Financiero.
f) Los gastos derivados del informe auditor necesario para la presentación de la justificación económica, en caso de que la entidad beneficiaria se acoja a esta modalidad de justificación.
3. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se destinarán al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante cinco años, en caso de bienes inscribibles en un registro público, y dos años para el resto de los bienes.
4. Con carácter general, podrán ser subvencionables, entre otros, gastos de personal, gastos de viaje, gastos de material inventariable y fungible y gastos derivados de procedimientos de contratación, siempre que guarden relación directa con el proyecto subvencionado y sean necesarios para su ejecución. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o copia compulsada. Los justificantes de gasto originales presentados deberán, siempre que sean posibles, especificar la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso, se indicará además el porcentaje y la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
5. Los costes indirectos del proyecto se calcularán en base a la metodología de costes simplificados establecida en el artículo 54a) del Reglamento (UE) n.º 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de junio de 2021. De esta forma, los costes indirectos de los proyectos se calcularán en base a un tipo fijo del 7% de los costes directos subvencionables.
6. La elegibilidad de los gastos, así como las categorías, conceptos y límites máximos y mínimos de los costes considerados subvencionables, se determinará en cada convocatoria, respetando siempre lo establecido en el artículo 64 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021 y el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 2021/1057, de 24 de junio de 2021 y la normativa nacional de elegibilidad de gastos del FSE+ para el periodo 2021-2027.
1. La entidad beneficiaria podrá realizar subcontrataciones siempre que el porcentaje subcontratado total no exceda del 50% de la actividad subvencionada, entendiendo como actividad subvencionada el importe total del proyecto para el que se concede la subvención. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma y tampoco podrán subcontratarse la dirección y coordinación. Tampoco podrán realizarse subcontrataciones con las entidades colaboradoras ni con aquellas que formen parte de la agrupación del proyecto o hayan formado parte de ésta y dejen de hacerlo por cambios en la composición de la propia agrupación o por cualquier otro motivo. Esta limitación también operara en aquellas otras figuras de participación que pudieran definirse en las convocatorias. En todo caso, la subcontratación deberá respetar lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Cuando la actividad subcontratada exceda el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar por escrito, de forma previa a la celebración del contrato, la autorización expresa ante el órgano concedente.
3. Las entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren dentro del ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberán respetar las normas que en dicha ley se establecen.
4. Para las entidades beneficiarias a las que por su naturaleza no les sea de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el procedimiento de la subcontratación deberá de respetar lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en especial relación con la solicitud de presupuesto y la adjudicación contractual.
5. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de estos requisitos.
6. En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con aquellas personas o entidades que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones).
7. En lo referente a la subcontratación con personas o entidades vinculadas en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en los artículos mencionados, no se concederá la autorización expresa previa del órgano concedente prevista en el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las ayudas revestirán la forma de subvenciones, y podrán tener una duración superior a un año, según se especifique en las respectivas convocatorias.
1. El Programa EFESO establece una senda financiera para el periodo de programación 2021-2027 a través de la cual asigna para cada prioridad y también por región objetivo, un presupuesto disponible que será la referencia a tener en cuenta en las diferentes convocatorias que se publiquen.
2. La FB otorgará las subvenciones de acuerdo a lo establecido en estas bases, y se adjudicará hasta el límite fijado en cada convocatoria dentro del crédito disponible.
3. La cuantía de la subvención se establecerá en base al importe solicitado y a la puntuación obtenida tras la evaluación. En cualquier caso, la intensidad de la ayuda del FSE+ vendrá determinada por la categoría de región en el Programa EFESO, por lo que el importe de la subvención a conceder a las entidades beneficiarias se determinará en base al ámbito de ejecución territorial de los proyectos o actividades.
4. No obstante lo anterior, la cuantía de la subvención se determinará en base al orden de prelación de las solicitudes. Este orden de prelación vendrá determinado por el proyecto que haya obtenido en la evaluación la puntuación más alta. A partir de esa puntuación, en orden descendente, se irá otorgando a los proyectos la subvención de acuerdo al importe solicitado en cada caso hasta agotar el importe total de la convocatoria.
5. En cada convocatoria se determinarán los importes máximos y mínimos que podrán tener los proyectos. En ningún caso, la cuantía de los proyectos podrá ser inferior a 50.000 euros y superior a 5.000.000 euros.
6. Los proyectos que, aun habiendo alcanzado la puntuación mínima para obtener la condición de beneficiarios, pero que no la pueden adquirir por no disponer de crédito suficiente, formarán parte de las reservas, por si algún proyecto mejor puntuado renunciara a la subvención.
7. La subvención otorgada se establecerá en la resolución. La cuantía definitiva y el pago se fijará en el momento en que las entidades beneficiarias justifiquen la actividad objeto de la subvención a la FB y estas emitan el documento de liquidación definitiva, pudiendo este ser inferior al concedido inicialmente, con motivo de la graduación derivada de los posibles incumplimientos que pudieran tener lugar.
8. La concesión de la subvención, así como el pago de la misma, quedan supeditados a la existencia de presupuesto adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. Asimismo, quedarán condicionados al flujo de pagos a la FB por parte de las autoridades competentes del FSE+.
9. La cuantía de las ayudas podrá estar limitada por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, u otros reglamentos que regulen sectores excluidos, señalándose así en la convocatoria correspondiente.
10. En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, la cuantía de las ayudas no podrá superar los umbrales establecidos en el artículo 4 de dicho Reglamento.
11. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias deberán aplicarse a la actividad subvencionada.
12. Si no se especifica lo contrario en las convocatorias de subvenciones, las actividades presentadas para la obtención de subvenciones requerirán cofinanciación por parte de las entidades beneficiarias. El porcentaje máximo de la ayuda concedida se fijará en cada convocatoria.
13. No se realizará ningún pago en tanto las entidades beneficiarias no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sean deudoras por resolución de procedencia de reintegro.
14. El pago, en su caso, se realizará previa solicitud de la entidad beneficiaria o entidad coordinadora de la agrupación, a partir de la liquidación definitiva, a través del formato habilitado por la FB, en un plazo inferior a 80 días, tal y como establece el artículo 74 del Reglamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junio de 2021.
1. El importe de la subvención que conceda la FB será compatible con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales o de organismos internacionales distintos de la Comisión Europea, pero en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad objeto de la subvención, incluida la posible cofinanciación.
1. Las entidades beneficiarias o, en su caso, la entidad coordinadora de la agrupación, podrán solicitar un anticipo de la subvención, si así se determina en cada convocatoria, para la ejecución de las actividades aprobadas. El porcentaje de este no supondrá, en ningún caso, más del 50% del total del importe concedido como subvención.
2. En el caso de que se solicite este anticipo, las entidades beneficiarias quedan obligadas a constituir garantía de importe igual al concedido como anticipo. Dicha garantía deberá constituirse ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades permitida en esta, a favor de la FB por el importe total solicitado. La vigencia perdurará hasta que la FB autorice su cancelación o devolución.
3. Quedan exonerados de la constitución de esta garantía, en su caso, aquellas entidades previstas en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
4. La garantía se liberará una vez liquidada la subvención concedida y previa petición expresa por parte de las entidades beneficiarias. En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias de este, la FB ejecutará las garantías constituidas a su favor.
5. En el caso de las agrupaciones, cada integrante de forma individual podrá solicitar anticipo a través de la entidad coordinadora, si así se determina en cada convocatoria y en la forma que esta concrete en su caso. A la solicitud de anticipo deberá acompañarse de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, en especial, la referida a la constitución de garantía, si esta fuera necesaria.
1. El régimen de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, mediante los procedimientos de selección que se establecen en estas bases reguladoras, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación. El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con su disposición final decimosexta, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por estas bases.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, que se publicará en la web de la FB (www.fundacion- biodiversidad.es), así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en adelante, BDNS y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 1