Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:89
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Jiménez Molina Vicente, presidente; los magistrados don Juan Rojas Ramos Jiménez, don Santiago Delgado-Vares García, don Antonio León Nieto, don Ricardo Ruiz Fernández y don Cándido Navarro-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Torres Méndez Vega; los magistrados don Ramón Parra Montero y don Enrique Hidalgo Molina, y las magistradas doña Concepción Ramos Romero y doña Inmaculada Soto Martínez, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 5310-2020, promovido por don M.J.L., contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2020, que desestimó el recurso de casación núm. 1733-2019, así como contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 14 de diciembre de 2018, que, a su vez, había estimado el recurso contencioso-administrativo núm. 520-2017, formalizado contra la resolución de la directora de la Agencia Española de Protección de datos de 28 de junio de 2017, dictada en el procedimiento TD/02177/2016, que confirmó en reposición la resolución R/00725/2017, de 16 de marzo de 2017, por la que se estimó la reclamación formulada por el recurrente instando a la entidad Google, Inc., a adoptar las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsquedas a tres urls. Han intervenido el abogado del Estado y la entidad Google, LLC. Ha actuado el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Ruiz Fernández.
1. Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 5 de noviembre de 2020, la procuradora de los tribunales doña Rosa Sánchez Ferrer, en nombre y representación de don M.J.L., defendido por el letrado don Rafael Ramos Jiménez de Verger, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, por vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar (art. 18.4 CE) y del derecho a la protección de datos de carácter personal y supresión de datos (derecho fundamental al olvido).
2. El recurso de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El 21 de septiembre 2016 don M.J.L., dirigió a la mercantil Google, LLC. (Limited Liability Company, esto es, sociedad de responsabilidad limitada), una solicitud de cancelación, pidiendo que sus datos personales no se asociasen en los resultados de su motor de búsqueda a tres direcciones de páginas de internet (en inglés conocidas con el acrónimo de url –uniform resource locator–), que dirigían a tres comentarios que una usuaria, con el nombre de «Sally», había dejado en unos portales de quejas de internet situados en Estados Unidos. En concreto, una de estas urls dirigía a un comentario que dicha usuaria había dejado en el portal [C.B.] el 8 de septiembre de 2010, y las otras dos urls dirigían, respectivamente, a dos comentarios distintos que dicha usuaria había dejado en el portal [R.R.] el 8 de septiembre de 2010 y el 23 de septiembre de 2010.
En dichas publicaciones aparecían los datos personales del recurrente y contenían comentarios negativos realizados por personas que supuestamente habían tenido relación con él y su empresa inmobiliaria. Dichos comentarios incluían términos descalificadores como «estafador», «timador», o «abusador de trabajadores».
b) La entidad Google, LLC., contestó, en fecha de 27 de septiembre de 2016, que había decidido no tomar medidas en relación con dichas urls. Como justificación explicó:
«En este caso, parece que las urls en cuestión está(n) relacionadas con asuntos de interés público en relación con su vida profesional. Por ejemplo, estas urls podría(n) resultar de interés para sus actuales/potenciales clientes, usuarios o participantes en sus servicios. La información sobre profesiones o negocios en los que usted ha participado recientemente podrían resultar también del interés de sus actuales/potenciales clientes, usuarios o participantes en sus servicios. En consecuencia, la referencia a este documento en nuestros resultados de búsqueda relacionados con su nombre está justificada por el interés público en acceder a él.»
Ante la negativa de la mercantil Google, LLC., de proceder a dicha cancelación, don M.J.L., presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) manifestando que la información que ofrecían los enlaces le causaba un perjuicio para su persona considerable, que era una información obsoleta y que los autores no aportaban documentación que acreditase sobre lo que informaban, lo que le situaba en un plano de indefensión. También explicaba que no se daba ningún requisito para hablar de la prevalencia del derecho a la información, así como del derecho a la libertad de expresión.
En fecha de 16 de marzo de 2017 la AEPD dictó la resolución R/00725/2017 (procedimiento TD/02177/2016), en la que concluyó que prevalecía el derecho del reclamante y que procedía la exclusión de sus datos personales «al tratarse de datos obsoletos (comentarios realizados en el año 2010), mantenerse la información en la web de origen y por no concurrir “interés preponderante del público en tener acceso a esta información” a través de una búsqueda en internet “que verse sobre el nombre de esa persona”». En consecuencia, estimó la reclamación formulada por el recurrente en amparo contra Google, Inc., instando a esta entidad «para que adopte las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsqueda a las urls reclamadas».
La entidad Google interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 28 de junio de 2017 de la Agencia (recurso de reposición RR/0381/2017), por no haber aportado la parte recurrente ningún hecho nuevo ni argumento jurídico que permitiese reconsiderar la validez de la resolución impugnada.
c) Contra las resoluciones de la AEPD la entidad Google, LLC., promovió recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, denunciando la infracción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los arts. 20 CE, 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH), 11 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), y 19.2 del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos. En dicho recurso se alegaba que sobre la base de dichos artículos y de la jurisprudencia que los desarrolla, en especial, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asuntoGoogle Spain, el interés preponderante del público en acceder a la información disputada debía prevalecer.
La Audiencia Nacional dictó sentencia de 14 de diciembre de 2018 estimando el recurso y declarando la nulidad de las resoluciones de 28 de junio de 2017 y de 16 de marzo de 2017 dictadas por la AEPD. Para alcanzar este fallo razona lo siguiente:
(i) El fundamento jurídico tercero de la sentencia comienza delimitando el objeto y contenido de los derechos fundamentales en conflicto, examinando, por un lado, el derecho a la protección de datos personales, consagrado en el art. 18.4 CE, que garantiza el poder de disposición sobre estos datos. Y, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el art. 20.1 a) CE, que comprende, junto a la mera expresión de pensamientos, creencias, ideas, opiniones y juicios de valor, la crítica de la conducta de otro.
(ii) Tras esta delimitación explica la Audiencia Nacional, en el fundamento jurídico cuarto, que «para decidir adecuadamente cuál de ellos ha de prevalecer en cada caso, hay que atender a los criterios y principios aportados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación de la Directiva 95/46/CE y de la CDFUE». Y examina las respuestas que la STJUE de 13 de mayo de 2014, dictada en el asuntoGoogle Spain, dio a las preguntas que la misma Sala había formulado en otro procedimiento similar. Tras este examen concluye que «[e]n resumen, de la sentencia se deduce la prevalencia del derecho a la protección de datos consagrado en el art. 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales; este criterio ha sido confirmado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, asunto C-212/13». Pero advierte también que «esa prevalencia del derecho de oposición al tratamiento de los datos personales por su titular, sobre el interés legítimo del gestor del motor de búsqueda en la actividad que desarrolla, no es absoluta ni ajena a la situación personal concreta del reclamante, con la única salvedad de que la ley establezca otra cosa».
Destaca también la Audiencia Nacional «el papel que representa en la difusión de la información la actividad de los buscadores en internet y su distinción con el propio de los editores de los sitios web donde se publica la información». Y aclara que «ese tratamiento de datos personales consistente en la actividad de un motor de búsqueda, que se dirige a hallar información publicada o puesta en internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado o a partir del nombre de una persona, ha de reputarse lícito, cuando la información concernida y publicada en las páginas web, cuyos vínculos muestra el índice de resultados que ofrece a los internautas, ha sido objeto de publicación en tales sitios web lícitamente. En tal caso se advierte la presencia del interés legítimo del gestor del motor de búsqueda en prestar el servicio a los internautas que representa su actividad junto con otros intereses legítimos, cuya satisfacción persigue tal actividad, representados principalmente por el ejercicio de las libertades de expresión e información».
(iii) Centra finalmente la cuestión controvertida la sentencia de instancia, en el fundamento jurídico quinto, en cuanto a determinar «si dada la naturaleza y relevancia pública de la información que la AEPD ordena bloquear a la parte aquí recurrente, respecto con las urls objeto del presente recurso, debe prevalecer el derecho a la protección de datos [del recurrente] frente al derecho a la información, la libertad de expresión y el interés general del público en acceder a la información».
Con la finalidad de poder llevar a cabo dicha ponderación comienza recordando el contenido de las publicaciones a las que remiten dichas urls:
«En virtud de las citadas urls con el nombre y apellidos del reclamante, se remiten a tres quejas publicadas en el año 2010 en las plataformas de publicación de quejas [“R.R.” y “C.B.”], en los que se muestra una opinión personal sobre el interesado en su faceta profesional de empresario del sector inmobiliario.
En concreto, son las quejas de una tal Sally persona interesada en realizar una compra inmobiliaria, en la Costa del Sol, en España. En las mismas se relata que el vendedor, un tipo llamado [M.B.], fue muy maleducado y desagradable […] “Cuando llegué a casa investigué un poco más sobre [A.S.] Para mi espanto, descubrí que la empresa es propiedad y está dirigida por un notorio artista de la estafa inmobiliaria llamado [M.L.], de quien también descubrí que era la cabeza visible de una empresa llamada MRI Overseas Property. También tiene a otros ex directores de MRI trabajando para ellos, como […]
Para mayor espanto también me enteré de que todos esos hombres están detrás del engaño, las malas prácticas de venta y mala gestión de MRI y que dejó la empresa cuando las cosas empezaron a ir muy mal. [El recurrente] dejó MRI con un reguero de deudas y problemas de clientes insatisfechos. También es conocido por ser un gran tirano que va por ahí con sus coches caros y ropa de marca […]
Desde entonces me he encontrado con personas que han pasado por experiencias similares con esta gente. Una persona con la que hablé pagó un depósito en una propiedad y desde ese momento ¡descubrió que es una edificación ilegal! [...]”».
Tras describir el contenido de los comentarios controvertidos, la Sala recuerda de nuevo «que conforme a los criterios de ponderación fijados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 el interesado puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los arts. 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, derechos que prevalecen, en principio, no solo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, y sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Criterio general que sin embargo resulta excepcionado si, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate».
En esta ponderación la sentencia toma como elementos pertinentes en el caso concreto:
– «[E]n primer lugar, que [la información] se refiere a la vida profesional del reclamante, y no [a] la vida personal, pues ello es muy relevante para modular la intensidad que ha de merecer la protección del derecho regulado en el art. 18.4 de la Constitución», con referencia a las directrices sobre la ejecución de la STJUEGoogle Spain, adoptadas el 26 de noviembre de 2014 por el Grupo de Trabajo de Protección de Datos del artículo 29 (órgano consultivo europeo independiente sobre la protección de datos y de la vida privada, creado de conformidad con el art. 29 de la Directiva 95/46); don M.J.L., es administrador único de la sociedad API y directivo de la empresa MRI, ambas dedicadas al sector inmobiliario.
– El segundo elemento pertinente en esta ponderación, continúa razonando la sentencia, sería el factor «tiempo», dado que, si bien lo publicado en los enlaces data de septiembre de 2010, la Sala aprecia que hay noticias sobre una causa penal seguida contra el reclamante y otros en Marbella en años posteriores. En concreto, hace referencia al blog del despacho de abogados Law Bird, en el que se informa sobre una investigación judicial en abril de 2012, recogiéndose dicha noticia tanto en el «Diario Sur» como en «The Olive Press». Y en una noticia aparecida en «El Confidencial» el 20 de marzo de 2017 también se haría referencia a la citada causa penal que se sigue en Marbella, en el Juzgado de Instrucción núm. 4, desde el año 2011 contra D. M., titular de la empresa MRI.
La sentencia reproduce el contenido de la noticia recogida en el «Diario Sur» y en «The Olive Press» en la que se dice:
«El conocido exdirectivo inmobiliario [D.M.] ha regresado hoy a Marbella para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 tras la denuncia por estafa y apropiación indebida presentada por medio centenar de ciudadanos extranjeros. Los afectados, británicos e irlandeses, ratificaron hace un mes una querella en los juzgados de Marbella. En su día confiaron a esta empresa la compra de mobiliario para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.
Junto a [D.M.], hoy deben comparecer otros directivos como [el recurrente].
Los querellantes acusan a los ex directivos de la empresa de quedarse con entre 500.000 y 600.000 euros de las cantidades que dieron a cuenta. La mayor parte de estas transacciones se llevó a cabo en la sede que [D.M.] estableció en Marbella, en concreto, en las instalaciones que el alcalde Jesús Gil utilizó en su día como club financiero.
En su querella, los denunciantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad y han cambiado su domicilio social a una “oficina fantasma” en Madrid de la que figura como administrador un hombre de noventa años sin actividad conocida.»
En atención a estos elementos la Sala concluye en dicho fundamento de derecho quinto: «En el presente caso, se trata de una información sobre la actividad profesional del reclamante en el sector inmobiliario, existiendo un interés legítimo de los internautas en tener acceso a dicha publicación, en cuanto pone de manifiesto críticas al desempeño de su actividad profesional, que es objeto de una investigación judicial, todavía no concluida a tenor de la noticia de marzo de 2017, por lo que no se puede considerar obsoleta la información dada en las reclamaciones publicadas».
(iv) Finalmente, también en el mismo fundamento jurídico quinto, la Audiencia Nacional hace unas consideraciones sobre la veracidad de las reclamaciones formuladas que habían sido negadas por el recurrente, apreciando que la resolución impugnada no dice nada al respecto, y que no ha quedado probada la no veracidad de la información publicada. Concluye así que «los enlaces cuyo bloqueo acuerda la Agencia Española de Protección de Datos, está (sic) amparado (sic) por el derecho fundamental a la libertad de expresión del art. 20 de la Constitución, que comprende, como ya se ha dicho, la crítica de la conducta del otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura de la sociedad democrática. Libertad de expresión a cuyo ejercicio, como igualmente se ha indicado y reitera el Tribunal Constitucional, no es aplicable el límite interno de veracidad que sí es aplicable a la libertad de información».
d) Contra la sentencia de instancia, el recurrente interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera (recurso de casación núm. 1733-2019), que dictó sentencia de 17 de septiembre de 2020, confirmando la dictada por la Audiencia Nacional.
Como motivos de casación, don M.J.L., planteó los siguientes: (i) en primer lugar, la vulneración del art. 18.4 CE en relación con los arts. 7 y 8 CDFUE, y del derecho fundamental al olvido reconocido en el art. 17 del Reglamento (UE) 2016/678, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento general de protección de datos o RGPD), así como la vulneración de la doctrina contenida en la STC 292/2000, de 30 de noviembre. Esta vulneración se habría producido en la medida en que el recurrente considera que la Sala ha excluido de la protección del art. 18.4 CE los datos personales por ser datos relativos a su actividad profesional; (ii) en segundo lugar, la infracción «de los criterios de ponderación de relevancia pública de lo defendido y del factor tiempo» establecidos en la STJUEGoogle Spain, así como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la doctrina del Tribunal Constitucional; (iii) finalmente, como último motivo del recurso de casación, denuncia la infracción del criterio de preponderancia y afán informativo en la medida que argumenta que el objeto de lalitisdebió centrarse en la libertad de información de Google [art. 20.1 d) CE] y no en la libertad de expresión de la persona física que publicó los comentarios. También denuncia la infracción del criterio de veracidad al entrar en colisión con el derecho a la libertad de información y al derecho a la protección de datos de carácter personal.
Para dar respuesta a estos motivos, el Tribunal Supremo delimita el objeto del recurso de casación en el fundamento jurídico primero, explicando que «[e]n suma, en el juicio de ponderación realizado por la Sala, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prevalece el derecho a la libertad de información sobre el derecho al olvido del [recurrente], en atención a las circunstancias concurrentes, y en concreto, a que la información se refiere a la actividad profesional del recurrente, al tiempo transcurrido desde la publicación de la información, si bien, de forma adicional hace referencia a la no acreditación de la falta de veracidad de la información publicada».
A continuación sistematiza, en el fundamento jurídico segundo de su sentencia, la doctrina sobre el derecho al olvido desarrollada tanto por el Tribunal Constitucional (SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, y 58/2018 de 4 de junio) como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUEGoogle Spain) y por las Salas Primera (SSTS 545/2015, de 15 de octubre, y 210/2016, de 5 de abril), y Tercera (STS 12/2009, de 11 de enero) del propio Tribunal Supremo. En este examen recuerda que aunque con carácter general el Tribunal de Justicia de la Unión Europea matiza que los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y a la protección de datos personales prevalecen sobre el interés legítimo de los internautas, interesados potencialmente en tener acceso a la información en cuestión, «lograr ese equilibrio puede depender de la naturaleza de la información de que se trate y el carácter “sensible” de la información para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esa información, que puede variar, en particular, en función del papel que dicha persona desempeñe en la vida pública».
En los siguientes fundamentos jurídicos se van exponiendo los distintos motivos de casación, procediendo a su análisis y resolución individualizada.
(i) En el fundamento jurídico tercero analiza el primer motivo del recurso de casación, en relación con el alcance que la Audiencia Nacional da a los datos por el hecho de proyectarse en el ámbito profesional, habiendo esta concluido que actuaba como factor de modulación en la valoración de los intereses concurrentes a los efectos del art. 18.4 CE. En la sentencia de casación aquí impugnada se afirma:
«Desde esta perspectiva la distinción apuntada es trascendente en el juicio ponderativo de los intereses concurrentes, pues este factor, el objeto de la noticia, que se refiere a la faceta profesional del interesado, significa que no se aplique en toda su intensidad el artículo 18 CE, pues por un lado, no atañe a la vida personal o familiar del recurrente, y de otro lado, concurre un interés por parte de la sociedad y de los usuarios a conocer otras opiniones sobre la calidad con la que se prestan determinados servicios. No cabe por ello entender que por esta sola razón –por recaer sobre el ámbito profesional– resulta excluido de la protección del artículo 18.4 CE, como sostiene en el recurso, pero si (sic) cabe interpretar –como bien indica la Audiencia Nacional– que actúa como un factor de modulación en la valoración de los intereses concurrentes a los efectos del artículo 18.4 CE.»
(ii) La sentencia analiza más adelante, en el fundamento jurídico cuarto, el segundo motivo del recurso de casación, mediante el que el recurrente denuncia la infracción de los criterios de ponderación establecidos en la STJUEGoogle Spain, por la ausencia de relevancia pública del afectado, y por la errónea valoración del factor tiempo.
– En primer lugar aborda el criterio de la relevancia pública del afectado, admitiendo que el recurrente no es un personaje público y tampoco tiene intervención en la vida pública, pero que «ello no es óbice, para que ciertos aspectos profesionales de su actividad presenten un interés público que se identifica como hemos dicho con el interés de los consumidores y usuarios en conocer y acceder a publicaciones que contienen valoraciones y opiniones sobre profesionales a través del motor de búsqueda de Google. El dato de que el interesado sea una persona privada no implica, como razona el último párrafo de la sentencia antes transcrita, que la noticia no sea relevante para el interés público, si bien con los límites que indica la sentencia reseñada, esto es, que la transmisión de los hechos no sea “desproporcionada” ni se revelen como “innecesaria e irrelevante para el interés público”».
En el supuesto concreto, el alto Tribunal explica que «[l]o que se transmite en la publicación que se pretende cancelar es la transmisión de las experiencias y opiniones de una usuaria en dos plataformas de quejas que se refieren fundamentalmente a críticas profesionales por los servicios prestados por la empresa del recurrente y aun cuando en algunos casos contengan expresiones descalificadoras no han de considerarse en sí mismas desproporcionadas en el contexto en el que se expresan los juicios y opiniones sobre la forma de operar de la empresa de servicios inmobiliarios dirigida por el interesado. No cabe considerar desde la perspectiva del artículo 18.4 CE que tales expresiones relativas principalmente a la labor profesional del interesado y solo de una manera accesoria a su forma de vida resulten desproporcionadas o innecesarias para el interés público de la información».
– A continuación, aborda el factor tiempo, y tiene en cuenta que «las quejas controvertidas se publicaron en el año 2010 y posteriormente se dejaron ciertos comentarios también adversos de otros usuarios en los años 2014 y 2015. Las noticias sobre estas actividades fueron continuando en el tiempo, como lo demuestran las ulteriores publicaciones como la que tuvo lugar en el año 2017, en la que se da cuenta de la investigación penal seguida respecto a conductas supuestamente delictivas vinculadas a la empresa inmobiliaria o a sus socios».
Ello lleva al Tribunal Supremo a concluir que «[c]uando tuvo lugar la solicitud de cancelación de la publicación por parte del recurrente en el año 2016, o desde que se dicta sentencia en 2017 –y en la actualidad– no ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que se ha disipado el interés subyacente en la información, hasta el punto de desaparecer. La continuidad de las noticias y la trascendencia y gravedad de los hechos y su posterior investigación penal en el año 2017 determina que siga perdurando un interés actual en la información».
(iii) Finalmente la sentencia de casación examina, en el fundamento jurídico quinto, la tercera y última queja del recurso conforme a la cual el recurrente denuncia que la Audiencia Nacional debió de haberse centrado en la libertad de información de Google, conforme al artículo 20.1 d) CE y no en la libertad de expresión de la persona física que expresó sus comentarios.
Para dar respuesta a esta queja la sentencia analiza la distinción entre la libertad de expresión y el derecho a la información, y aplicando la doctrina contenida en las SSTC 126/1990, 170/1990, 172/1990 y 65/1991, sobre la distinción existente entre hechos y juicios de valor, concluye que en el supuesto examinado «los elementos preponderantes son los juicios de valor u opiniones y por ende, procede encuadrar las publicaciones controvertidas en la libertad de expresión con las consecuencias que derivan sobre la veracidad». Y en este examen afirma que «[l]o que se pretende rectificar o cancelar a través del derecho al olvido es la publicación en las plataformas de denuncia de fraude con los comentarios o experiencia de usuarios en relación con los servicios ofrecidos por la empresa inmobiliaria que dirige el recurrente […] De modo que las manifestaciones de los usuarios han de considerarse opiniones subjetivas que se enmarcan en la libertad de expresión y en esa medida, no opera ni incidir (sic) la veracidad del contenido como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional al ser una exigencia que se refiere a la información comunicada».
Además, advierte que «Google, como proveedor que hace accesible la informaciónexartículo 20 CE debe retirar la noticia cuando se solicite al amparo del artículo 18.4 CE, cuando contiene datos inexactos o erróneos […], o cuando lo publicado carezca ya de interés público, pero cuando lo que hacen las páginas es permitir el acceso a opiniones y juicios de valor, no podrá exigirse a Google que indague la veracidad de la opinión, ni de su contenido, salvo cuando claramente sean obsoletos o tengan un carácter injurioso o, supongan una descalificación objetiva que carezca de cualquier interés público o sea desproporcionada en el necesario juicio de ponderación».
Y finalmente la sala de casación concluye, en el mismo fundamento jurídico quinto, que «[e]n este caso Google ha justificado que la opinión publicada alude a una conducta profesional que guarda conexión con ciertos hechos objeto de investigación penal; y divulga y advierte de un posible fraude a terceros, y que presenta un interés para potenciales usuarios. Por ende, desde la perspectiva que nos ocupa del artículo 18.4 CE, la ponderación de los elementos concurrentes nos lleva a la confirmación del criterio mantenido por la Audiencia Nacional, al no prevalecer el derecho al olvido por las razones expuestas».
3. En la demanda de amparo el recurrente denuncia que la «[s]entencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo descrita implica una vulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18.4 CE), la lesión del derecho a la supresión de datos “derecho fundamental al olvido” (art. 17 Reglamento UE 216/679 de 27 de abril)». Tras esta denuncia distingue tres causas de amparo distintas.
a) El primer motivo de amparo de la demanda lo refiere a la «[i]nfracción del artículo 18.4 de la Constitución Española […] en relación con los artículos 7 y 8 de la Carta europea de derechos fundamentales […] e infracción del derecho a la supresión de datos “derecho fundamental al olvido” reconocido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000».
El recurrente explica que no se solicita la eliminación de los enlaces ni de los comentarios e «informes» vertidos en los portales de quejas R.R. y C.B., sino «la eliminación de la indexación de los enlaces» en los motores de búsqueda. Estos contendrían información de datos personales, nombre y apellidos de don M.J.L., así como comentarios injuriosos, inciertos e innecesarios sobre su vida personal.
Combate la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo al afirmar que «las manifestaciones de los usuarios han de considerarse opiniones subjetivas que se enmarcan en la libertad de expresión y en esa medida no opera ni incidir (sic) la veracidad del contenido», en la medida en que el funcionamiento del portal R.R., realiza un tratamiento de datos personales claramente ilícito que no contribuye al interés público, a la protección de los consumidores y usuarios y a la formación libre de la expresión e información.
Para sustentar esta afirmación la demanda explica el mecanismo de funcionamiento del portal R.R., del que se desprendería, a diferencia de lo sostenido por la sentencia de casación, que no cabe posibilidad de refutación, porque para ello hay que registrarse en la cuenta, aceptar la jurisdicción exclusiva del estado de Arizona, y someterse a una política claramente abusiva. En concreto, la política estricta de la empresa es «negarse a eliminar informes»; solo si se es participante en un programa pagado cabe «eliminar (alterar) información específica» o agregar contenido positivo a los informes de los participantes. Entre estos programas pagados estaría el servicio «Ripoff verificado» que permitiría a los miembros catorce días para resolver quejas antes de registrarlas, por 89,95 € al mes. Y el programa «Arbitraje Vip», anunciado en julio de 2010, «con el propósito de ofrecer a las víctimas de falsos informes una nueva forma de limpiar sus nombres» pero en el caso de que se acredite la existencia de un informe falso, no se elimina el contenido sino solo se añade al informe falso una declaración de hecho realizada por un árbitro. También tiene, según el recurrente, un programa de promoción empresarial que va desde los 5 500 € a los 100 000 €, y que permite que los resultados de búsqueda se vean alterados.
Explica el recurrente también que ejercitar su derecho al olvido no impedirá de todos modos –y así lo asume– el acceso a dicha información por otros criterios distintos del nombre y apellido, con apoyo en la sentencia 12/2009, de 11 de enero, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En todo caso añade que es premisa necesaria, en relación con el derecho al olvido, que el tratamiento de datos personales sea lícito, citando la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de marzo de 2019 (recurso 125-2018) y la STJUEGoogle Spain.
Por todo ello concluye en este punto la demanda que «siendo posible ejercitar el derecho al olvido en determinados casos cuando el tratamiento de datos personales cumple con los principios recogidos en la directiva aplicable resulta evidente con arreglo a la normativa, la posibilidad de ejercerlo en todo caso cuando dicho tratamiento es manifiestamente ilícito y desleal como en un supuesto como el presente, donde no se garantiza el libre acceso, la cancelación y rectificación y el negocio que se hace respecto de los datos personales es cuando menos cuestionable desde la óptica europea de protección de datos».
b) La segunda causa de amparo se refiere a la «[v]ulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18. 4 CE) y lesión al derecho a la supresión de datos “derecho fundamental al olvido” (art. 17 del Reglamento (UE) 2016/679) por infracción de los criterios de ponderación de relevancia pública de lo difundido y del factor tiempo, establecidos en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, y la jurisprudencia de la Sala 1 del Tribunal Supremo y doctrina constitucional en relación con la queja referida al derecho a la libertad del art. 17 CE (STC 58/2018, de 4 de junio, recurso de amparo 2086-2016)».
En este apartado el recurrente denuncia, en primer lugar, que el Tribunal Supremo ha aplicado erróneamente los criterios de ponderación de relevancia pública de lo difundido, por cuanto no consta en autos que el recurrente sea una persona de carácter público, ni tampoco que la actividad desarrollada antes en MRI o en API tenga notoriedad pública ni relevancia para la formación de la opinión pública libre, más allá de la derivada del propio hecho de la publicación. El foco informativo habría estado dirigido en todo momento hacía la persona de D. M. A., conocido empresario británico titular de la empresa MRI, que es la que resulta objeto de investigación penal y no sobre el recurrente. De esta manera la sentencia del Tribunal Supremo vulnera la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 58/2018, de 4 de junio, FJ 7, en relación con el criterio a utilizar la relevancia pública o privada del implicado en el hecho objeto de información, y la establecida recientemente por el propio Tribunal Supremo en la sentencia 127/2009, de 11 de enero, Sala Tercera.
Adicionalmente, alega que la sentencia de casación también se apartaría de la doctrina aplicable (STC 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4) en la medida en que las expresiones utilizadas («estafador», «timador», «abusador de trabajadores», «ladrón») no tienen la categoría de «aisladamente ofensivas» sino que toda la información que se facilita es en su conjunto totalmente injuriosa y calumniosa.
En segundo lugar, combate el recurrente las apreciaciones que hace el Tribunal Supremo en relación con el factor tiempo, en la medida en que las noticias posteriores (la del mes de abril de 2012 en el blog del despacho de abogados Law Bird y la del Confidencial de 20 de marzo de 2007) solo harían referencia a la causa penal que se sigue en Marbella únicamente contra D. M., titular de la empresa MRI y no contra el recurrente, «hecho que la sentencia impugnada ha pasado por alto».
c) La tercera causa de amparo se refiere a la «[v]ulneración del derecho al honor e intimidad personal y familiar de mi mandante (art. 18. 4 CE) y lesión al derecho a la supresión de datos “derecho fundamental al olvido” [art. 17 del Reglamento (UE) 2016/679] por infracción del criterio de preponderancia y “afán informativo”, en la medida que el objeto de lalitisdebió centrarse en la libertad de información de Google [exart. 20.1 d) CE] a incluir la información en los motores de búsqueda y no en la libertad de expresión de la persona física que publicó los comentarios. Infracción del criterio de veracidad al entrar en colisión con el derecho a la libertad de información y el derecho a la protección de datos de carácter personal. Infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 123/1993, de 19 de abril, recurso de amparo 1350-1990)».
El recurrente considera que no cabe encuadrar las publicaciones controvertidas en la libertad de expresión, dado que lo preponderante es la información por cuanto su finalidad no es garantizar la libertad de expresión de los consumidores sino informar sobre hechos mediante un tratamiento de datos ilícito, creando un perfil de empresas y personas sobre prácticas fraudulentas y abusivas. Es decir, se publicaron informaciones y no opiniones ya que las plataformas de publicación exigen veracidad al señalar en su ideario que los usuarios están obligados a afirmar que sus informes son veraces y exactos.
Aclara también que los enlaces cuya indexación quiere suprimir mediante el criterio de búsqueda de datos personales están vinculados a la empresa API, y el afán informativo de los hechos penales enjuiciados o instruidos en Marbella nada tienen que ver con API sino con la mercantil MRI y su propietario D.M. En relación con la información publicada por la usuaria «Sally» en los portales de internet, considera que habría probado en el procedimiento judicial la falta de veracidad de la información difundida.
En consecuencia, concluye que procede el amparo constitucional solicitado por infracción del criterio de veracidad y por falta de exactitud de los datos e información difundida en la medida que el objeto de lalitisradica en la libertad de información de Google como motor de búsqueda [art. 20.1 d) CE] y no en la libertad de expresión de la persona física que publicó los comentarios, motivo por el cual debe prevalecer el derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) sobre el derecho a la libertad de información en la medida en que los datos vertidos no son ciertos ni exactos. Debe garantizarse así dicha prevalencia mediante el derecho al olvido digital, de modo que Google adopte las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de búsqueda a las urls reclamadas.
4. La Sala Segunda de este Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de junio de 2021, acordó proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
5. Por su parte, el Pleno de este tribunal dictó providencia el 16 de septiembre de 2021 que acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo y «admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».
En la misma providencia se ordenaba remitir atenta comunicación a la salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a fin de que, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 1733-2019, y al recurso contencioso-administrativo núm. 520-2017, respectivamente. Del mismo modo, se debía emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo.
6. Con fecha 28 de octubre de 2021 se presentó escrito por la procuradora de los tribunales, doña Gracia Fuentes Ferrer, actuando en representación de la entidad Google, LLC., por el que pidió a este tribunal «que tenga por presentado este escrito y, en atención a las manifestaciones que contiene, me tenga por personada en la representación que ostento, en tiempo y forma, como parte en este proceso constitucional de amparo núm. 5310-2020 y ordenando lo que sea procedente a efectos de que se entiendan conmigo las sucesivas diligencias a que haya lugar en Derecho».
7. Con fecha 29 de octubre de 2021 presentó escrito el abogado del Estado por el que se personaba en el procedimiento.
8. El secretario de justicia del Pleno de este tribunal dictó diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2021 por la que se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones solicitadas y se tuvieron por personados y partes en el procedimiento al abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta, y a la procuradora doña Gracia Cortés Reyes en representación de Google, LLC. Asimismo, en la misma diligencia acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, que se diese vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
9. La entidad Google presentó el 3 de diciembre de 2021 su escrito de alegaciones, en el que interesó la desestimación del recurso de amparo por haber aplicado las sentencias recurridas de manera correcta y rigurosa los criterios de ponderación exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar el equilibrio entre los derechos fundamentales en conflicto.
Como alegación previa explica que no es posible hacer un paralelismo entre este caso y el del diario «El País» que dio lugar a la STC 58/2018, de 4 de junio. En primer lugar, porque de lo que se trataba en dicho recurso de amparo era de la responsabilidad del editor de un periódico, y no de las obligaciones de un motor de búsqueda, sin acceso directo a las fuentes ni responsabilidad directa sobre los contenidos. En segundo lugar, en el reportaje del diario El País la información era muy sensible, sobre la intimidad de los recurrentes (se refería a su condición de toxicómanas) quienes además eran indudablemente personas anónimas. En tercer lugar, se trataría de información obsoleta, de más de treinta años de antigüedad, y referida a personas que ya habían cumplido una pena. Apunta también a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional alemán de 6 de noviembre de 2019 (1 BvR 276/17), que sería el primer tribunal constitucional de un Estado de la Unión Europea que hasta la fecha ha conocido de un caso de derecho al olvido frente a un motor de búsqueda.
Y una vez expuestos los antecedentes que estimó de interés, desarrolla los motivos de oposición al recurso.
a) Respecto a la primera causa de amparo, relativa a la posibilidad de ejercer el derecho al olvido por ser manifiestamente ilícito el tratamiento que realizan los portales, opone que el recurso de amparo plantea un argumento nuevo que no ha sido alegado ni debatido ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En concreto, el hecho de que las plataformas de búsqueda infrinjan los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por el Reglamento general de protección de datos, y por dicha razón deberían bloquearse los resultados de búsqueda. Por lo tanto, esta alegación debería inadmitirse sin más dado el carácter subsidiario del recurso de amparo.
En cualquier caso, razona que la adecuación a la normativa europea de las plataformas o blogs que recogen los testimonios es una cuestión ajena al objeto del presente procedimiento. El objeto del procedimiento es la pretendida vulneración del derecho a la protección de datos del recurrente por la decisión de Google de no acceder a la petición de «bloquear determinados resultados de búsqueda», y este tratamiento es autónomo al llevado a cabo por el editor owebmasterde la página web. Esta distinción se deriva tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTJUEGoogle Spain, § 35 y 38, yGC y otros, § 36 y 48) como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de junio de 2018, asuntoM.L. y W.W. c.Alemania, § 97 y 88, y de 22 de junio de 2021, asuntoHurbain c.Bélgica, §120). En cualquier caso, la alegación no tiene ninguna justificación porque parte de la premisa errónea de que con arreglo al Derecho de la Unión los responsables de las páginas web hubieran tenido una obligación de suprimir los datos personales incluidos en esas publicaciones, en caso de habérselo pedido. Y tampoco ha probado el recurrente que los editores hayan desatendido su solicitud de supresión, es más, reconoce que ni siquiera se ha dirigido a ellos para ejercitar derecho alguno.
b) En lo que se refiere a la segunda causa de amparo, mediante la cual el demandante cuestiona el juicio de ponderación llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales en las distintas instancias, Google opone que los resultados de búsqueda disputados remiten a publicaciones actuales de relevancia e interés público incuestionables y referidas a la actividad profesional del recurrente. Explica de forma sucesiva que se trataría de hechos de relevancia pública, que la circunstancia de que las publicaciones controvertidas estén referidas a la vida profesional del recurrente es un factor relevante en el juicio de ponderación, y que las publicaciones objeto del procedimiento deben considerarse actuales.
(i) Comienza abordando la relevancia pública de los hechos objeto de la información, recordando que con arreglo a la doctrina de este tribunal dicho criterio atiende no solo al hecho de ser persona pública o ejercer funciones públicas, sino también a que resulten implicados en «asuntos de relevancia pública» (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 110/2000, de 5 de mayo, y 216/2013, de 19 de diciembre). También se ha determinado que las personas pueden alcanzar cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan (SSTC 49/2001, de 26 de febrero; 99/2002, de 6 de mayo, y 23/2010, de 27 de abril); a los banqueros o a los gestores de una universidad se les ha considerado personajes con notoriedad pública (SSTC 20/2002, de 28 de enero y 151/2004, de 20 de septiembre), y se ha declarado el interés de las informaciones referidas, en fin, a sucesos de relevancia penal (SSTC 29/2009, de 26 de enero y 836/2011, de 24 de noviembre).
En el presente caso se trata de la implicación del recurrente en prácticas irregulares en el sector inmobiliario, que presenta un especial interés general y queda amparada por el art. 20 CE, especialmente atendiendo a «la gravedad del escándalo, el número de afectados, la alarma causada entre los consumidores, la atención suscitada hasta en la Cámara de los Comunes en Reino Unido y las noticias de prensa escrita y de televisión». Además, las publicaciones no mencionan al recurrente de modo accesorio, como este defiende, porque todos los comentarios que pretende ocultar están directa y expresamente referidos a su persona y a sus actividades, siendo uno de los principales investigados en el procedimiento penal contra MRI y sus directivos. En apoyo de dicha inclusión cita determinada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el interés general en garantizar un debate público informado sobre un asunto que afectaba a muchos consumidores y usuarios de internet, respecto a la práctica comercial de dos grandes sitios web inmobiliarios (STEDH de 2 de febrero de 2016, asuntoMagyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu ZRT c.Hungría).
(ii) Continúa examinando la circunstancia de que las publicaciones controvertidas estén referidas a la vida profesional del recurrente, a cuyo efecto explica que las sentencias impugnadas no dicen, como este último pretende, que este hecho excluya automáticamente el derecho al olvido, sino que gradúa o modula la intensidad del derecho de protección de datos. Se trataría, en definitiva, de trasladar al derecho al olvido la doctrina constante del Tribunal Constitucional sobre la relevancia adquirida por la actividad profesional en la ponderación de las libertades del art. 20 CE y de los derechos amparados por el art. 18 CE (SSTC 49/2001, de 26 de febrero; 99/2020, de 6 de mayo, y 23/2010, de 27 de abril).
(iii) Por último, pone de manifiesto la entidad personada que las resoluciones judiciales han valorado adecuadamente el tiempo transcurrido desde la publicación. La fecha relevante para enjuiciar la actualidad de las publicaciones tiene que ser el año 2016, fecha en la que se ejercitó el derecho al olvido. Solo habían transcurrido seis años desde los enlaces, y el asunto seguía siendo de plena actualidad después, como lo probarían las noticias periodísticas posteriores del año 2017, haciéndose eco de los hechos denunciados y de la existencia de un procedimiento penal que estaba abierto cuando se ejercitó el derecho al olvido en el año 2016. Resulta así claro que el precedente de la STC 58/2018 es inaplicable al referirse a un supuesto distinto.
c) El escrito de alegaciones, al abordar la tercera causa de amparo, combate que el límite interno de veracidad de la información no es aplicable a las publicaciones objeto de la solicitud del recurrente. Por un lado, explica que a Google no le corresponde comprobar la veracidad de las publicaciones, y el objeto de lalitisno debió centrarse, por tanto, en la libertad de información de Google. Como se desprende de la STJUEGoogle Spain, a dicha compañía l