Categoría: Economía y Empleo

Las administraciones públicas agrarias disponen de una gran cantidad de información, proporcionada por los propios agricultores y ganaderos, y por las empresas suministradoras de bienes y equipos al sector agrario, de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, en especial en el ámbito de la ordenación agraria y registros sectoriales de explotaciones, la sanidad vegetal y animal, de la higiene de la producción primaria de alimentos, así como de subproductos y residuos agrarios, o en el propio ámbito de las producciones, así como durante la tramitación de subvenciones a estos beneficiarios, con especial mención a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
Asimismo, los productores agrarios están obligados a gestionar una serie de registros de datos (tratamientos medicamentosos, cuaderno digital de explotación, etc.).
Esta información, que se encuentra en estos momentos dispersa, afectando a cada ámbito propio, debe ser unificada, de manera sistemática, en un solo sistema informático, lo que, además de las indudables sinergias en materia de gestión de la misma, proporcionará a la Administración los datos precisos para el ejercicio de sus funciones en materia agraria y, eventualmente, en materia ambiental. Al mismo tiempo, se simplificará la labor de los productores agrarios, a cuya disposición se pondrán, de manera gratuita, las herramientas y procesos digitales precisos, evitando duplicidades en el envío de información a la Administración.
Adicionalmente, la información que se generará va a permitir un indudable avance en el diseño, ejecución y gestión de las políticas agrarias (y, en su caso, ambientales), en especial de las de fomento, con una repercusión directa en la PAC, en cuyo ámbito se pretende simplificar la presentación por parte de los agricultores de la solicitud única anual en la que se incluyen las distintas líneas de ayuda de la PAC, dado que la Administración dispondrá de todos los elementos de juicio precisos para preparar un borrador con todos los datos necesarios para la gestión de los expedientes. Debe destacarse la habilitación a los Estados miembros para establecer un sistema de solicitud automática de las ayudas de la PAC basadas en la superficie y/o en los animales que prevé el artículo 69, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021.
De manera más amplia, la información unificada posibilitará el cumplimiento del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027 y facilitará el de otras obligaciones de información en el ámbito ambiental como el cambio climático y la contaminación atmosférica, entre otras, incluyendo el seguimiento de indicadores y medidas legislativas y de fomento incluidas en el mismo, así como el seguimiento de los compromisos del Pacto Verde Europeo. Dicha información debe permitir igualmente un mejor diseño de las actuaciones sectoriales, en especial para conseguir una producción económicamente rentable, pero, al tiempo, respetuosa con el medio ambiente, que contribuya a la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
A su vez, toda la información recopilada permitirá obtener los datos necesarios para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las diferentes operaciones estadísticas contenidas en el Plan Estadístico Nacional y en el Programa Estadístico Europeo, disminuyendo la carga de respuesta de los informantes, los costes y contribuyendo al objetivo más general de reducir las cargas administrativas.
Entre las operaciones estadísticas de interés para los poderes públicos pueden asimismo incluirse, junto con las numerosas relativas a ámbitos agrarios tales como el censo agrario o las estructuras agrarias, las relacionadas con el «medio ambiente y desarrollo sostenible», entre las que se incluye el Sistema Español de Inventarios y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) que se desarrolla en el artículo 10 del Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, y que es clave para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos que tiene el Reino de España en esta materia. En este sentido, la puesta a disposición de las autoridades ambientales de la información disponible en el SIEX podrá contribuir a la elaboración del Inventario Nacional de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos y al cumplimiento de los objetivos asumidos por España en relación con cambio climático y contaminación atmosférica, entre otras actividades, mejorando la interrelación entre fuentes de información obrantes en la Administración. Así, conforme a lo previsto en este real decreto, a criterio de la autoridad competente por razón de la materia, dichos datos podrán utilizarse para cumplimentar las obligaciones estadísticas o de otra índole. Bajo estos parámetros y finalidades, se plantea el presente real decreto, con el objeto de establecer un sistema unificado de información del sector agrario.
En este marco, el presente real decreto configura tres herramientas informáticas llamadas a ser decisivas en la gestión del sector primario.
En primer lugar, el SIEX, que es «un conjunto de base de datos y registros administrativos interconectados» (artículo 4.1) en el que «se integrarán de oficio (…), sin necesidad de que los titulares de las explotaciones ganaderas o empresas conexas correspondientes realicen actuación adicional ninguna», los datos que constan en los registros, sistemas y bases enumerados en la disposición adicional tercera –tales como el Registro General de Explotaciones Ganaderas, el Registro Nacional de Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores, el Registro General de Operadores de Producción Ecológica, el Sistema Nacional de Información de Razas o la base de datos PROLAC–. Se trata de una suerte de plataforma y repositorio que integra toda la información con incidencia sobre el sector agropecuario que ya obra en poder de la Administración. Con este sistema, los agricultores seguirán poniendo a disposición de la comunidad autónoma o de la Administración General del Estado, según los casos, los datos que ya tienen la obligación de comunicar en la forma prescrita en las disposiciones normativas que les imponen tal obligación en la actualidad y dicha información se volcará en el SIEX, que, de este modo, concentrará toda la información con incidencia sobre el sector agropecuario que los particulares han de remitir a la Administración por distintas vías, facilitando sus labores de cumplimentación de obligaciones administrativas.
En segundo lugar, el REA es un registro electrónico, establecido y gestionado por las comunidades autónomas (artículo 6.1), en el que «se integrará de oficio, si procede, la información relativa a las explotaciones agrícolas en poder de la Administración» a la que se refieren las disposiciones reglamentarias mencionadas en el artículo 6.2 –la que consta en el Registro General de la Producción Agrícola, en las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida o en el Catálogo de Explotaciones Prioritarias, por poner algunos ejemplos–. Son los interesados los que cumplimentan tales obligaciones, que posteriormente se agrupan por la Administración autonómica en el REA, en el que los interesados se dan de alta a instancia propia o de oficio según los casos. En suma, el REA es un registro administrativo de nuevo cuño, gestionado por las comunidades autónomas –que son las que ostentan las competencias ejecutivas en esta materia–, en el que se aglutina la información relativa a cada explotación agraria y a sus unidades de producción agrícola que ya obra en poder de la Administración.
En tercer lugar, el CUE es un sistema electrónico en el que los titulares de explotaciones agrarias con unidades de producción agrícola deben consignar los datos enumerados en el anexo II (artículo 9.1) relativos a su actividad agrícola, conforme determinados requisitos técnicos. No es un registro administrativo, sino un sistema electrónico de los particulares en el que determinados agricultores deben consignar cierta información referida a su explotación, y, como novedad, la norma exige que su llevanza se articule por medios electrónicos, excluyendo la posibilidad de utilizar el soporte papel.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España y su documento anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del PRTR en cumplimiento del presente real decreto, cuyo gasto en los años 2022 y 2023 se financia con cargo al PRTR, en concreto a la medida C11.I2, deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la Componente 11, así como en la medida I2 en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan y en el anexo a la CID.
Así esta disposición normativa crea el necesario marco jurídico para el desarrollo del SIEX contribuyendo a la aplicación de la medida C11.I02 dentro del PRTR con el objetivo de aumentar la competitividad del sector agrícola a través de sistemas que permitan desplegar servicios públicos digitales, vinculados fundamentalmente a la Política Agraria Común, así como la automatización de la gestión interna, al tiempo que se promueve la transformación y digitalización del sistema agroalimentario y la cadena logística generando sinergias con el resto de actuaciones de la medida y valor tanto para el sector público como para la ciudadanía y las empresas que favorezcan una transformación digital de la Administración.
Asimismo, con el presente real decreto se contribuye al cumplimiento parcial del hito número #166 para la consecución de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado adjudicados en consonancia con el objetivo prioritario #165, ambos establecidos en el PRTR, y relativos a la inversión C11.I02 «Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado» recogidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, sobre la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
La necesaria digitalización de los datos del sector agrario debe continuar el camino ya emprendido en otros ámbitos, en los que las relaciones con la Administración se llevan a cabo de manera íntegra por medios telemáticos, una vez se establezcan por parte de las administraciones competentes las medidas de fomento y de apoyo técnico que garanticen el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para el conjunto de los agricultores y ganaderos.
Como corolario, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligación a los sujetos a los que se refiere dicho artículo de relacionarse con la Administración por medios electrónicos, y en el caso de los titulares de la explotación u operadores que sean personas físicas, se dispone, en atención a sus características profesionales, la misma obligación en virtud de lo previsto en el artículo 14.3 de la citada norma, habida cuenta de que se trata de un sector en constante proceso de digitalización y ya sometido a importantes obligaciones electrónicas y que posee las herramientas suficientes para su aplicación efectiva. En efecto, una parte importante de los operadores incorporan en sus técnicas productivas y de organización empresarial métodos sofisticados y de avanzada tecnología, en muchos casos completada con la necesidad de mantener intercambios con otros operadores por medios tecnológicos –por ejemplo en materia de trazabilidad o gestión comercial–, que se complementan con las crecientes obligaciones sectoriales de relacionarse electrónicamente con los poderes públicos y la frecuente puesta a disposición por parte de éstos de mecanismos informáticos para asegurar las tareas de control, dación de información y seguimiento.
La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa se aplique de un modo homogéneo en todo el territorio nacional y por razón de interés general. También se adecúa al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecúa a los mismos, pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y se ha procurado la participación de las partes interesadas, evitando cargas administrativas innecesarias más allá de las propias derivadas de las medidas que se establecen en esta norma, y reduciendo muchas de las existentes, garantizando la unidad de mercado, asimismo, al posibilitar la integración de los sistemas informáticos desarrollados por el sector privado con los previstos en esta norma.
Teniendo en cuenta la disposición adicional decimosexta de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, así como el resto de normativa concordante, el Gobierno de la Nación está habilitado para la aprobación de este real decreto.
En la elaboración de esta disposición han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los distintos sectores.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Consumo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2022,
1. El presente real decreto tiene como objeto establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX) conforme al artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) y el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE), así como facilitar un seguimiento de las prácticas de agricultores y ganaderos, todo ello sin perjuicio del empleo que las administraciones competentes puedan hacer de los datos obrantes para fines estadísticos o de cumplimiento de otras obligaciones normativas.
2. Lo dispuesto en este real decreto se aplicará en todo el territorio nacional incluido en el territorio aduanero de la Unión Europea, con las salvedades correspondientes, en la parte concerniente a los aspectos referidos a la Política Agrícola Común, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. A los efectos de este real decreto se entenderá como:
a) Titular de explotación agraria: persona física o jurídica, o todo grupo de personas físicas o jurídicas, que ostenta el poder de adopción de decisiones en relación con las actividades agrarias desempeñadas en la explotación agraria, obtiene los beneficios y asume el riesgo empresarial derivado de la actividad agraria. Además, el titular es el responsable legal del cumplimiento de todas las obligaciones que establezca la normativa sectorial y este real decreto.
b) Explotación agraria: el conjunto de unidades de producción administradas por un mismo titular de explotación agraria, que se encuentren dentro del territorio español.
c) Unidad de producción: agrupación funcional de terrenos, infraestructuras, animales, maquinaria y equipos, y otros bienes organizados para obtener productos en las actividades agropecuarias, pertenecientes a una explotación agraria que el titular de esta puede agrupar, con base en criterios técnico-económicos o administrativos para facilitar su gestión empresarial. Una unidad de producción puede estar ubicada en más de una comunidad autónoma. Se distinguen dos grandes categorías de unidades de producción.
1.º Unidad de producción agrícola: aquella orientada a la producción, el cultivo y la obtención de productos agrarios de origen vegetal, con inclusión de la cosecha o el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para el pasto o el cultivo, sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual.
2.º Unidad de producción ganadera: aquella orientada a la producción, cría u obtención de productos agrarios de origen animal, con inclusión del ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas. Podrá estar compuesta por una o varias explotaciones ganaderas según se regulan en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo.
d) Delimitación Gráfica de Cultivo: superficie utilizada para un determinado cultivo, por un determinado titular, sistema de explotación u otra distinción pertinente y situada dentro de los límites de un recinto SIGPAC.
e) Autoridad competente: los órganos competentes y las consejerías con competencias en materia de agricultura y ganadería de la comunidad autónoma donde:
1.º Radique la explotación agraria o la mayor parte de la superficie agraria de la misma. En el caso de unidades de producción ganaderas, será la comunidad autónoma donde se ubique cada una de las explotaciones ganaderas que la componen, según se regula en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo.
2.º Se localice la sede social de la empresa conexa, salvo que la normativa sectorial disponga otra cosa.
Todo ello se entiende sin perjuicio del empleo que las administraciones competentes puedan hacer de los datos obrantes para fines estadísticos o de cumplimiento de otras obligaciones normativas en otras materias.
f) Empresas conexas: personas físicas y jurídicas conexas dadas de alta en el IAE correspondientes. Se entenderán como tales las siguientes:
1.º Dentro de las empresas suministradoras de insumos, las empresas de producción, importación, distribución o venta de productos de alimentación animal, productos fitosanitarios y otros medios de defensa fitosanitaria, fertilizantes, obtentoras de variedades vegetales, maquinaria agraria, medicamentos veterinarios y productos zoosanitarios, u otros productos específicos precisos de manera exclusiva para la producción agraria, así como las empresas de importación, distribución o venta de material vegetal de reproducción.
2.º Dentro de la industria agroalimentaria, las empresas de primera comercialización, recepción y transformación de productos agrarios.
3.º Dentro de las organizaciones agroalimentarias, entendidas como entidades y asociaciones que ni producen ni manipulan productos agrarios, pero agrupan, prestan servicios de prácticas agrarias o asesoran a productores, las asociaciones oficialmente reconocidas de acuerdo con el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, las empresas que realizan las labores de asesoramiento en la gestión de plagas o de nutrición sostenible en suelos agrarios, las entidades dispensadoras de medicamentos veterinarios antibióticos, y las empresas tecnológicas del sector agroalimentario.
4.º Asimismo, las empresas gestoras de residuos de origen o destino agrario para su recogida, transporte, valorización, aplicación, transformación o eliminación.
g) Entidades Agrarias Colaboradoras: aquellas entidades que no pertenecen al sector público y realizan la colaboración con la administración en la captura, registro, seguimiento, corrección y recepción de notificaciones administrativas de las solicitudes de las ayudas de la PAC, de las alegaciones al SIGPAC, de las cesiones de derechos de ayuda y de la inscripción y modificación de los registros autonómicos de explotaciones agrícolas y de la cumplimentación de los cuadernos digitales de explotaciones agrícolas.
h) Responsable del tratamiento de los datos: la Administración que se ocupe efectivamente de su tratamiento, que podrá ser el órgano competente por razón de materia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o la comunidad autónoma conforme al reparto de funciones que se hace en el presente real decreto.
2. Los conceptos empleados para el registro contemplado en este real decreto se referirán a la regulación sustantiva contenida en la normativa reglamentaria que establece la aplicación en España de la Política Agrícola Común (PAC) y las normas sectoriales correspondientes, y en particular en las siguientes normas:
a) En el artículo 2 del Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos.
b) En el artículo 2 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.
c) En el artículo 2 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.
d) En el artículo 3 del Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal.
e) En el artículo 2 del Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales.
f) En el artículo 3 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
g) En el artículo 3 del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
h) En el artículo 3 del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
i) En el artículo 2 del Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.
j) En el artículo 3 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
k) En el artículo 3 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre.
l) En el artículo 2 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura.
Son objetivos del SIEX:
1. Posibilitar una planificación, ejecución, gestión y control eficiente de la PAC 2023/2027 y coadyuvar a la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027, siguiendo el sistema de indicadores del nuevo modelo de gestión que conforma el marco de rendimiento, según el capítulo I del título VII del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.
2. Simplificar la gestión, el suministro de datos y la conservación de los registros en las explotaciones agrarias y en las empresas conexas. Contribuir al objetivo de reducir la carga administrativa y garantizar la simplificación en la ejecución de la PAC recogido en el artículo 6.3 del del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, específicamente conforme a la habilitación a los Estados miembros para establecer un sistema de solicitud automática de las ayudas de la PAC basadas en la superficie y/o en los animales que prevé el artículo 69, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021.
3. Los datos obrantes ofrecerán información que permita su análisis por las administraciones, en orden a la orientación de la política agraria general y sectorial, así como eventualmente a las políticas climáticas y de contaminación atmosférica atendiendo en todo caso al deber de colaboración entre las administraciones públicas en el suministro de información que pueda requerirse y, en su caso, su control. Asimismo la información que contenga el SIEX podrá ser utilizada para la realización de las operaciones estadísticas recogidas en el Plan Estadístico Nacional previsto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en el Programa Estadístico Europeo recogido en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas, así como para las necesarias actividades de control de conformidad con la normativa de la Unión Europea y nacional.
4. En su virtud, disponer de información para su análisis por las administraciones, en orden a la orientación de la política agraria general y sectorial, así como eventualmente a las políticas climáticas y de contaminación atmosférica atendiendo en todo caso al deber de colaboración entre las administraciones públicas en el suministro de información que pueda requerirse y, en su caso, su control.
1. El SIEX se configura como un conjunto de bases de datos y registros administrativos interconectados, que contiene la caracterización de las explotaciones agrarias y empresas conexas de España.
La cronología para la integración de los conjuntos de datos previstos en los registros de la disposición adicional tercera en el SIEX, así como el detalle de la información que de manera concreta se haya de integrar para cumplir con los objetivos del artículo 3, se establecerá orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Según se determina en este real decreto, así como en la normativa sectorial que establece obligaciones de cara al SIEX, la información que compone el SIEX estará en las bases de datos que a tal efecto tengan las comunidades autónomas y cuando proceda, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que la pondrá a disposición de otros departamentos, las comunidades autónomas y usuarios mediante resolución motivada.
A estos efectos, el SIEX será interoperable con el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas y demás registros públicos en el ámbito agrario previstos en la disposición adicional tercera y se perseguirá su interoperabilidad con otras bases de datos, catálogos y registros administrativos dependientes de otros departamentos que sean relevantes para la caracterización de las explotaciones agrarias de España.
3. La información que contiene el SIEX permitirá la consulta de los datos actualizados de todo el territorio nacional.
4. En relación con lo establecido en este artículo en lo que se refiere a las unidades de producción agrícolas, los titulares de explotaciones agrarias se atendrán a lo dispuesto en el capítulo III. En lo que se refiere a las unidades de producción ganaderas y a las empresas conexas, se atendrán a lo dispuesto en la normativa sectorial correspondiente.
5. El mantenimiento de las herramientas informáticas que conforman el SIEX en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación serán competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo este mantenimiento una tarea compartida entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, de acuerdo con las competencias que cada uno tiene asignadas respectivamente en el Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo, por el que se define la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
6. Asimismo, conforme a lo previsto en este artículo, a criterio de la autoridad competente por razón de la materia, dichos datos podrán utilizarse para cumplimentar las obligaciones estadísticas o de otra índole
1. Los titulares de explotaciones agrarias y las empresas conexas que sean personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica se relacionarán con la autoridad competente por medios electrónicos por aplicación del artículo 14 apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 4 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas pondrán a disposición de los titulares de las explotaciones cuando así sea conveniente para facilitar y simplificar el acceso a la gestión de dichos procedimientos por medios electrónicos, las herramientas y servicios necesarios para posibilitar el ejercicio de sus obligaciones y derechos en relación con lo dispuesto en este real decreto.
2. El titular de explotación agraria y el representante de la empresa conexa tendrá derecho de acceso en todo momento a toda la información registrada en el SIEX, en relación con su explotación agraria o empresa conexa. La información estará disponible en formato electrónico, asegurando la interoperabilidad de los Sistemas de Información utilizados por la Administración y por los titulares de explotación agrarias y las empresas conexas, siempre que el sistema de las explotaciones agrarias y empresas conexas sea compatible con los requisitos técnicos y de seguridad de la información establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
A tales efectos, las autoridades competentes, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría de Agricultura y Alimentación, desarrollarán los interfaces y servicios necesarios para permitir la comunicación entre dichos sistemas de información y el SIEX.
Las relaciones electrónicas entre las administraciones públicas implicadas se regirán por lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
3. Las administraciones públicas facilitarán el acceso a los datos agregados obrantes en el SIEX, previa solicitud fundada en un derecho o interés legítimo, siempre dentro del marco de la debida protección de los datos de carácter personal de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y de los intereses económicos y comerciales de los ciudadanos y empresas cuyos datos obren en el SIEX.
En este sentido, todas las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico, local y de la Unión Europea, en su ámbito respectivo de competencias en el ámbito agrario, ambiental y climático, podrán acceder a dichos datos en ejercicio de las competencias que la ley les atribuye conforme al los artículos 6.1.e) del Reglamento General sobre Protección de Datos y 8.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por conexión con el artículo 5 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
Asimismo, ostentan un interés legítimo las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales agroalimentarias u otras formas de asociacionismo agrario, respecto de sus socios o miembros para los fines que les son propios.
En todo caso, conforme a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, se asegurará el debido respeto a las normas que protejan los intereses económicos y comerciales de las explotaciones ganaderas y empresas conexas,
Específicamente, los datos disponibles en el SIEX podrán utilizarse para el seguimiento de las obligaciones de información en materia de medioambiente y lucha contra el cambio climático, incluyendo el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes en el marco de las obligaciones del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
En todo caso, la información agregada se proporcionará de la manera que permita dar respuesta a la solicitud, sin afectar a los mencionados datos personales, o intereses económicos y comerciales, así como, cuando proceda, guardando el secreto estadístico previsto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, y en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009
Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas podrán dar acceso a los datos individualizados del SIEX desagregados en el ámbito de explotación agraria o empresa conexa, en los supuestos recogidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
4. El titular de explotación agraria o representante de la empresa conexa podrán ejercer, en todo momento, los derechos que le asisten respecto de sus datos personales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
5. Los datos contenidos en el SIEX se podrán utilizar con fines estadísticos, conforme a lo establecido en el artículo 3.3, en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, y en el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009. A tales efectos, los datos obrantes en el SIEX se facilitarán al Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a la Autoridad Nacional asignada por el Plan Estadístico Nacional en materia agroalimentaria y pesquera, así como ambiental y climática, a fin de dar cumplimiento al Programa Estadístico Europeo y al propio Plan Estadístico Nacional, o para las debidas actividades de control oficial de explotaciones agrarias y empresas conexas.
6. Los datos contenidos en SIEX podrán ser utilizados para recabar la información necesaria para la elaboración, seguimiento y control de extensiones de norma de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y en su normativa de desarrollo, por parte de dichas organizaciones.
1. Las comunidades autónomas establecerán y gestionarán un Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas en formato electrónico, con el contenido mínimo definido en el anexo I, que contendrá toda la información general de la explotación agraria y la relativa a las unidades de producción agrícola.
2. El REA se nutre de información contenida en registros administrativos autonómicos ya existentes según se dispone en este artículo y de información facilitada al efecto por los operadores según se dispone en el artículo 8.
3. Así, a efectos de cumplimentar el contenido del anexo I en el REA se integrará de oficio, si procede, la información ya en poder de la administración establecida en los siguientes reales decretos:
a) En el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.
b) En el Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.
c) En el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
d) En el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida (RETICOM) con base en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de explotaciones agrarias.
e) En el artículo 16 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias que establece la creación y actualización del catálogo de explotaciones prioritarias.
f) Así como en las siguientes normas: Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control; Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común; Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader; Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común; y Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
A estos efectos, los agricultores realizarán los trámites relacionados con los registros anteriormente enunciados de la comunidad autónoma competente como hasta ahora, conforme a su normativa reguladora.
Estos registros mantienen sus funciones y sus autoridades competentes correspondientes y se constituyen como fuente primaria de información para los datos complementarios del REA.
4. Sin perjuicio del apartado anterior, los titulares de explotaciones agrarias son los responsables de la veracidad de los datos o información que proporcionen al REA, tanto por medio de los registros señalados en el apartado anterior como conforme al artículo 8, y por tanto al SIEX.
La autoridad competente de la comunidad autónoma será responsable del uso de la información de que disponga conforme a los apartados anteriores, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será responsable del uso de la información en el ámbito nacional.
5. Las comunidades autónomas deberán poner a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la información necesaria para cumplir con los objetivos del artículo 3. A tales efectos, la información del REA contenida en el sistema informático central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, se actualizará al menos cuatro veces al año, en los plazos y con el contenido que se establezca orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1. Los titulares de explotaciones agrarias y las empresas conexas que sean personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica se relacionarán con la autoridad competente a efectos del REA por medios electrónicos por aplicación del artículo 14 apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las administraciones públicas proporcionarán a los titulares de explotaciones agrarias, de manera gratuita, los sistemas informáticos necesarios para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de información o registro conforme se señala en la respectiva regulación de los registros señalados en el artículo 6.3 o para las operaciones relativas al REA previstas en el artículo 8. Para ello, el titular de explotación agraria dirigirá la solicitud de alta a la autoridad competente y, posteriormente, incluirá en el sistema los datos correspondientes a la explotación de que sea titular.
2. La información contenida en el REA formará parte de las bases de datos del SIEX descritas en el artículo 4.2. A tal efecto, las comunidades autónomas se asegurarán de que el REA sea directa y automáticamente interoperable con los sistemas que proporcione y gestione al efecto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, velarán por la interoperabilidad entre el REA y los registros sectoriales mencionados en al artículo 6.2, así como con los registros correspondientes a las unidades ganaderas y empresas conexas.
3. El REA pondrá a disposición los servicios que permitan al titular o a sus representantes descargar de forma automática la información contenida en el sistema, para que pueda utilizarse como referencia a la hora de conformar las distintas unidades funcionales de la explotación en el CUE.
1. Para los titulares de explotaciones agrarias con unidades de producción agrícola, la solicitud de alta, baja, o modificación de datos en el REA se realizará según los procedimientos que determine la comunidad autónoma.
2. Aquellos titulares de explotaciones agrarias que presenten en 2023 la solicitud única de ayudas de la PAC, de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto se les dará de alta de oficio en el REA con efectos desde la entrada en vigor del presente real decreto.
Aquellos titulares que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto estuvieran dados de alta en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA), conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, también serán dados de alta de oficio en el REA. No obstante, en este caso la autoridad competente solicitará al titular de la explotación agraria, según el procedimiento que determine, la información obligatoria de la que no disponga.
3. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto, si un nuevo agricultor presenta una solicitud única de ayudas de la PAC, de acuerdo con la normativa que se establezca al efecto, y dicho solicitante no consta como titular de explotación agraria en el momento de presentar la solicitud, la autoridad competente tramitará de oficio el alta en el REA correspondiente. De igual modo, si un titular de explotación agraria presenta una solicitud única de ayudas de la PAC, y realiza modificaciones en el borrador de solicitud facilitado por la administración, la autoridad competente tramitará de oficio la modificación en el REA correspondiente.
4. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados 2 y 3 los titulares podrán notificar en cualquier momento del año el alta, baja o modificación de los datos de su explotación agraria al REA. Específicamente, deberán notificar dicho alta, baja o modificación, cuando esto sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de registro establecidas en los siguientes apartados.
a) La declaración anual a la que se hace referencia en el artículo 4.1 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero.
b) Las notificaciones de altas de explotaciones agrícolas de nueva constitución y bajas de explotaciones agrícolas que cesan su actividad a las que se hace referencia en el artículo 4.2 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero.
c) La cumplimentación de la información obligatoria en el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola establecido en el artículo 9 del presente real decreto, en cuyo caso el plazo de notificación al REA vendrá condicionado por aquel que se establezca en la normativa recogida en el anexo II de este real decreto.
5. Para las explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, la autoridad competente establecerá procedimientos equivalentes a los descritos en los apartados 2 y 3 para que las altas, bajas y modificaciones de oficio en el REA se realicen a partir de las solicitudes del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI) en cada campaña, de acuerdo con la normativa establecida al efecto.
1. Los titulares de explotaciones agrarias con unidades de producción agrícolas gestionarán electrónicamente, sean personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, por aplicación del artículo 14 apartados 2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, con el contenido mínimo del anexo II cuya información se consignará, de manera electrónica, según los procedimientos establecidos en la normativa citada en dicho anexo por los titulares de explotaciones agrarias o sus representantes.
2. Los titulares de explotaciones agrarias son los responsables de la veracidad de los datos o información que proporcionen y registren en el CUE.
La autoridad competente de la comunidad autónoma será responsable del uso de la información de que disponga y custodie conforme a los apartados anteriores.
Las comunidades autónomas deberán poner a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la información necesaria para cumplir con los objetivos del artículo 3. A tales efectos, la información del CUE contenida en el sistema informático central del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se actualizará al menos cuatro veces al año, en los plazos y con el contenido que se establezca mediante orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1. A los efectos previstos en el artículo 9, las administraciones públicas proporcionarán a los titulares de explotaciones agrarias de manera gratuita, los sistemas informáticos necesarios para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de gestión y cumplimentación del CUE.
Adicionalmente, los sistemas informáticos mencionados en el párrafo anterior deberán incluir, desde el 1 de enero de 2024, la funcionalidad de la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes a la que se hace referencia en el artículo 15.4.g) del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021.
2. Los titulares de explotaciones agrarias gestionarán el CUE en formato electrónico, con el contenido mínimo definido en el anexo II, que proporcionará la información requerida a los REA correspondientes, que a su vez serán directa y automáticamente interoperables con los sistemas que proporcione y gestione al efecto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3. El titular de explotación agraria podrá utilizar los sistemas informáticos desarrollados por la Administración de acuerdo con el apartado 1, o podrá utilizar cualquier otro sistema informático de su elección, siempre que cumpla con los requisitos técnicos que se establezcan y con el contenido mínimo establecidos en el anexo II.
A tales efectos, las autoridades competentes desarrollarán los interfaces y servicios necesarios para permitir la comunicación entre dichos sistemas y el SIEX. Para asegurar la interoperabilidad y armonización entre sistemas, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, de acuerdo con las comunidades autónomas, se establecerán por parte de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, las correspondientes circulares de coordinación que recojan los protocolos estandarizados de comunicación entre los sistemas de gestión de iniciativa privada y los sistemas inform