Categoría: Energía y Medio Ambiente

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley:
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye a la comunidad autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva en materia de «Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado. Normas adicionales de protección del medio ambiente» (artículo 30.46). De acuerdo con lo que prevé el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, el Estado tiene la competencia de legislación básica sobre protección del medio ambiente.
La Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), se promulgó en un contexto normativo que a día de hoy ha cambiado notablemente. Con posterioridad a ésta le han sucedido numerosas leyes sectoriales relacionadas directa o indirectamente con la materia, si bien la más destacable es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, buena parte de la cual tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente.
A su vez, esta ley ha sido modificada por las siguientes leyes: la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad; la Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad; y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También cabe destacar, como normativa posterior a la LECO relacionada con esta, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
La Ley 5/2005 ha sido modificada en varias ocasiones: por el Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears; por la Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears; por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears; por la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears; por la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears; por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears; por el Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; por el Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears; por la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19; y, finalmente, por el Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa.
La denominada Estrategia de la UE sobre biodiversidad 2030 (Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. Comunicación de la Comisión europea de 20 de mayo de 2020 – COM(2020) 380 final) es un plan amplio y ambicioso a largo plazo para proteger la naturaleza y dar la vuelta a la degradación de los ecosistemas. Su objetivo es situar la biodiversidad de Europa en el camino de la recuperación de aquí al año 2030 en beneficio de la naturaleza, las personas y el clima. Para conseguir este objetivo, la Estrategia establece un marco exhaustivo de compromisos y medidas para hacer frente a las principales causas de la pérdida de biodiversidad: los cambios en los usos del suelo y del mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Los objetivos y los compromisos establecidos por la Estrategia de aquí a 2030 se sitúan en cuatro ámbitos principales: 1) Una red coherente de espacios protegidos, 2) Un plan de recuperación de la naturaleza de la Unión Europea, 3) Propiciar un cambio transformador y 4) Un ambicioso plan mundial sobre biodiversidad.
La modificación de la Ley 5/2005, pretende introducir una serie de mecanismos orientados con los principios y los objetivos de la Estrategia 2030. Se trata de medidas para reforzar el sistema actual de la LECO y garantizar una gestión y una respuesta eficaz frente a las agresiones al medio natural, por ejemplo mediante la implantación de un protocolo de bioseguridad, la creación del Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears, la actualización del régimen de protección cautelar existente, la creación de un procedimiento de urgencia para la declaración de un espacio natural protegido, la posibilidad de adoptar medidas preventivas para salvaguardar los valores naturales de un determinado espacio en peligro o el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la restauración ambiental de una zona a consecuencia de su alteración, entre otros. Así pues, la propuesta normativa pretende dar un impulso para poder alcanzar con éxito los objetivos de la Estrategia 2030.
Esta modificación no pretende ser una reforma global y sustancial, ni tampoco una reforma más, sino más bien un punto de inflexión hacia una futura ley del patrimonio natural de las Illes Balears. La regulación de la bioseguridad, la creación formal de una Red de Espacios Naturales de las Illes Balears (XENIB), así como la pretensión de crear un fondo ambiental propio son ejemplos que ponen de manifiesto la necesidad de dar un paso más hacia un modelo más autónomo, eficaz y conservacionista.
La modificación de la Ley 5/2005, tiene una doble vertiente. Por un lado, se trata de una reforma eminentemente técnica, que se materializa principalmente en la modificación de los procedimientos de elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento ambiental (los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, los planes de gestión Natura 2000, etc.) y del procedimiento de declaración de los espacios naturales protegidos. De este modo, la necesidad y la oportunidad de la propuesta normativa pasa por unificar, armonizar y simplificar el régimen jurídico aplicable a estos tipos de procedimientos; se incorporan además los principios y las directrices de la normativa de acceso a la información y la participación pública en materia de medio ambiente.
Este esfuerzo por simplificar el régimen actual pasa también por eliminar dos figuras cuya finalidad la práctica administrativa ha demostrado que puede ser cubierta por otras existentes. Es el caso de los lugares de interés científico y las microrreservas, figuras cuya función han venido a ser sustituidas por las áreas biológicas críticas y por los diferentes planes de recuperación, de conservación y de manejo de especies incluidas en el Catálogo balear de especies amenazadas y de especial protección, reguladas en el Decreto 75/2005, de 8 de julio.
Por otra parte, se introduce toda una serie de mecanismos de diferente naturaleza, tales como la creación del Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears, la creación de un régimen de protección preventiva, el impulso de la restauración ambiental, la extensión de la aplicación del régimen de protección cautelar actual (artículo 8 de la Ley 5/2005) a las figuras europeas de la Red Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria –LIC– y zonas de especial protección para las aves –ZEPA–) o la creación de un protocolo en materia de bioseguridad, entre otros. La finalidad es garantizar y dar un impulso para que la acción administrativa y las políticas públicas se orienten hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia 2030.
Al margen de ser una modificación puntual de diferentes aspectos de la Ley 5/2005, la reforma contiene los ingredientes para que a medio plazo las Illes Balears puedan disponer de una ley propia en materia de patrimonio natural y biodiversidad; una ley que englobe, no sólo el régimen jurídico de los espacios naturales protegidos y, en general, de los espacios de relevancia ambiental, sino una ley integradora de todo el patrimonio natural de las Illes Balears, que incorpore una visión a largo plazo de la evolución y la gestión de éste, con todos los retos de futuro a los que necesariamente deberá hacerse frente, con el fin de tener en un único cuerpo legal toda la materia medioambiental.
El artículo 49 de la Ley 1/2019, prevé que el Gobierno debe actuar, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación, establecidos en la normativa estatal básica. Además, prevé que la exposición de motivos de los anteproyectos de ley debe informar sobre la adecuación a estos principios.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Esta iniciativa legislativa responde a los principios de necesidad y eficacia, en tanto que puede suponer un impulso y una contribución para alcanzar los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2030, que es, sin duda, motivo de interés general. Además, es proporcional, en tanto que contiene la regulación imprescindible para atender a estas necesidades, así como favorece la seguridad jurídica, dado que la reforma de la Ley 5/2005, busca armonizar y unificar –en definitiva, simplificar– los procedimientos existentes, en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, éste queda cumplido básicamente por la incorporación de las finalidades y los objetivos de la normativa de participación pública en materia de medio ambiente (la Ley 27/2006). En aplicación del principio de eficiencia, esta propuesta no supone nuevas cargas administrativas innecesarias.
Finalmente, en aplicación de los principios de calidad y simplificación –no recogidos en el artículo mencionado de la Ley 39/2015 pero sí en la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears–, hay que decir que se han seguido las Directrices de técnica legislativa del Gobierno de las Illes Balears, aprobadas mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2000, por el que se aprueban las directrices sobre la forma y la estructura de los anteproyectos de ley.
Esta ley consta de veintiséis artículos, once disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo.
El segundo artículo introduce un nuevo título en la Ley 5/2005, el título I bis, con el fin de establecer un régimen jurídico común a las diferentes categorías de planes, que básicamente consiste en establecer un único procedimiento de elaboración de los instrumentos, tanto de ordenación como de planificación, y su modificación, sin perjuicio de las particularidades de cada uno de ellos.
A consecuencia de esta modificación, se sucede toda una serie de modificaciones de carácter procedimental de artículos relacionados: los artículos 7 y 9 –relativos a los planes de ordenación de los recursos naturales–, el artículo 31 –relativo a los planes rectores de uso y gestión–, el artículo 32 –relativo a los monumentos naturales y a los paisajes protegidos–, el artículo 37 –relativo a las ZEPA–, el artículo 38 –relativo a los planes de gestión Natura 2000–, el artículo 41 ter –relativo al plan especial de la red de áreas de ocio de la naturaleza– y el artículo 42 –relativo a la existencia de diferentes figuras de protección. A estas modificaciones se dedican los artículos tercero, sexto, duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo de esta ley.
El artículo cuarto tiene por objeto modificar el actual artículo 8, con el fin de hacer extensivo este régimen a las figuras europeas de protección (ZEPA y LIC), así como se modifica el sentido del informe, el cual debe entenderse desfavorable si no se emite dentro de plazo. Esta modificación va acompañada de un nuevo artículo 8 bis –mediante el artículo quinto–, cuya finalidad es que la administración pública tenga mecanismos preventivos de actuación cuando se ponen en peligro determinados valores naturales.
El artículo octavo modifica el artículo 23 de la LECO, relativo a la declaración de los espacios naturales protegidos, a fin de establecer como regla general la declaración de los mismos mediante decreto del Gobierno, habiendo elaborado previamente el correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales. Este requisito tiene casos en los que se exceptúa: en el caso de declaración por ley del Parlamento de las Illes Balears, en el caso de declaración por la vía de urgencia o cuando así se justifique –esta última previsión por aplicación del artículo 36.2 de la Ley 42/2007–. Además, se incorpora la figura de la zona periférica de protección y de las áreas de influencia socioeconómica, dos figuras que la LECO no preveía y que se adoptan de la Ley estatal del patrimonio natural y biodiversidad.
Los artículos noveno y décimo se dedican al procedimiento de declaración de los espacios naturales protegidos. En este sentido, se modifica el artículo 25, cuyo objeto es regular el procedimiento ordinario, introduciendo un artículo 25 bis para prever un procedimiento de urgencia.
El artículo undécimo tiene por objeto únicamente modificar la terminología de los instrumentos de planeamiento de los monumentos naturales y de los paisajes protegidos, que pasan a denominarse planes específicos de protección, con el fin de hacerlos casar con el nuevo artículo dedicado a la tipología de los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental.
Los artículos decimonoveno y siguientes modifican aspectos puntuales del régimen sancionador. En este sentido, se regulan las medidas provisionales, la habilitación para acceder a datos de carácter personal a disposición de otras administraciones públicas por medios telemáticos, el régimen de responsabilidad de las personas infractoras, la gradación de las sanciones y la restauración y la reposición del medio natural a la situación anterior a la alteración.
Por último, la reforma contiene una serie de disposiciones adicionales relativas a la Red de Espacios Naturales de las Illes Balears, al Fondo del Patrimonio Natural de las Illes Balears, a un protocolo de bioseguridad, a la creación del Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears, a la diversidad genética, a la Estrategia UE 2030 y a una futura ley del patrimonio natural de las Illes Balears.
Se modifica el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la manera siguiente:
«4. Las distintas administraciones, en el marco de sus competencias y a través de los instrumentos de ordenación oportunos, tienen que habilitar, cuando proceda, itinerarios y zonas para el disfrute público de estos espacios.»
Se añade un nuevo título, el título I bis, a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
1. Los instrumentos de planeamiento, tanto de ordenación como de planificación, tienen como finalidad la gestión de los espacios de relevancia ambiental de acuerdo con los principios inspiradores de esta ley.
2. Los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental pueden ser de los siguientes tipos:
a) Los planes de ordenación de los recursos naturales.
b) Los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales, de los parajes naturales y de las reservas naturales.
c) Los planes específicos de protección de los monumentos naturales y de los paisajes protegidos.
d) Los planes de gestión Natura 2000.
1. El procedimiento de elaboración de los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental es el siguiente, sin perjuicio de las previsiones particulares, para cada caso, de esta ley:
a) El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente y Territorio mediante resolución.
Esta resolución debe publicarse en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears” mediante un anuncio que contenga un extracto del contenido y que indique el sitio web en el que se puede acceder a la documentación. También debe ponerse a disposición de la ciudadanía a través de los medios telemáticos.
b) La resolución de inicio debe ir acompañada de una memoria que debe contener, como mínimo, la siguiente información:
– Los valores ambientales o de otro tipo que justifican o motivan el inicio del procedimiento.
– La descripción del medio u otras características relevantes del espacio.
– La delimitación del ámbito territorial objeto del instrumento, con su correspondiente cartografía.
c) La resolución de inicio, junto con la memoria, debe someterse a un trámite de participación pública previa a la redacción de la propuesta de plan, de conformidad con lo que prevé el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el artículo 6 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.
Esta participación se articulará por medio del portal web de transparencia del Gobierno de las Illes Balears y como mínimo en dos de los periódicos de mayor tirada de la isla correspondiente. Adicionalmente, se podrán articular otros medios de participación, telemáticos o no telemáticos.
Los resultados de esta participación se tendrán en cuenta para elaborar el correspondiente plan.
d) Una vez redactada la propuesta del plan o instrumento debe someterse a los siguientes trámites:
– Audiencia de las personas interesadas durante un plazo de dos meses, que debe realizarse, según corresponda, directamente, mediante las entidades que las agrupen o las representen o mediante publicación en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears” o medios telemáticos. Asimismo, se consultarán los intereses sociales e institucionales afectados y las asociaciones que persigan los principios y objetivos previstos en esta ley, en caso de no estar comprendidos en el supuesto anterior.
– Consulta de las administraciones territoriales que, por razón de la materia, puedan verse afectadas por la iniciativa. En todo caso, deben consultarse los consejos insulares y ayuntamientos, cuando el plan les afecte. La consulta a los ayuntamientos puede realizarse directamente o por medio de las organizaciones representativas de estas entidades o de los órganos de participación de los que formen parte. Las administraciones territoriales consultadas deben pronunciarse en el plazo de dos meses.
– Información pública durante un plazo de dos meses. A tal efecto, debe publicarse un anuncio en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears” y debe ponerse a disposición de la ciudadanía a través de los medios telemáticos.
Todas las publicaciones y notificaciones deben indicar, como mínimo, el sitio web en el que se puede acceder a la documentación y el plazo para hacer consideraciones.
e) La versión resultante de la propuesta debe someterse al informe jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
f) La aprobación debe hacerse por decreto del Gobierno de las Illes Balears y debe publicarse en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
2. El procedimiento caduca si el instrumento de planeamiento no se aprueba transcurridos dos años a contar desde la fecha de publicación de la resolución de inicio. Sin embargo, el Consejo de Gobierno puede acordar, por causa justificada en el expediente, una prórroga de este plazo por un máximo de dos años.
1. El procedimiento de modificación de los instrumentos de planeamiento es el mismo que el previsto para su elaboración.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las modificaciones puntuales podrán seguir la tramitación simplificada prevista en este apartado.
Se entienden por modificaciones puntuales las que, atendiendo al carácter cuantitativo y cualitativo de la modificación, no constituyen un cambio substancial o esencial del plan.
La tramitación simplificada de las modificaciones puntuales es la siguiente:
a) Con carácter previo, debe llevarse a cabo un trámite de participación pública, de conformidad con lo que prevé el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el artículo 6 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.
Esta participación se articulará por medio del portal web de transparencia del Gobierno de las Illes Balears. Adicionalmente, se podrán articular otros medios de participación, telemáticos o no telemáticos.
Los resultados de esta participación se tendrán en cuenta para determinar el alcance y el contenido de la modificación.
b) El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente y Territorio, quien debe justificar el carácter puntual de la modificación y formular una propuesta inicial de modificación.
La resolución de inicio debe publicarse en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears” mediante un anuncio que contenga un extracto del contenido y que indique el sitio web en el que se puede acceder a la documentación. También debe ponerse a disposición de la ciudadanía a través de los medios telemáticos.
c) La propuesta inicial de modificación debe someterse a los trámites previstos en el artículo 6 ter, apartado 1.d), durante un plazo de veinte días hábiles.
Todas las publicaciones y notificaciones deben indicar, como mínimo, el sitio web en el que se puede acceder a la documentación y el plazo para formular consideraciones.
Si, como resultado de los trámites anteriores, se modifica sustancialmente la propuesta inicial, ésta se someterá de nuevo a estos trámites.
Las consideraciones recibidas pueden no ser tenidas en cuenta si se emiten fuera del plazo previsto o no tienen relación directa con el objeto de la modificación.
d) La propuesta de modificación debe someterse al informe jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
e) La aprobación de la modificación debe realizarse por decreto del Gobierno de las Illes Balears. El decreto debe incluir la denominación “modificación puntual” en el título de la disposición y debe publicarse en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
3. Con el objetivo de incorporar la gestión adaptativa en un entorno social y ambiental cambiante, los instrumentos de planeamiento regulados en este título deben revisarse periódicamente. En todo caso deberán revisarse al menos cada doce años.
Los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental deben tener en cuenta, en todo lo necesario, las previsiones de planes y programas sectoriales en materia de riesgos, energía, transporte, telecomunicaciones, demarcación hidrográfica, protección civil, planificación forestal, canteras, turismo, residuos, contaminación de las aguas, ordenación del territorio, protección de especies y de hábitats y protección del patrimonio histórico, entre otros. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.3, 7.4 y 29.2 de esta ley.
En caso de contradicción entre los planes de los espacios de relevancia ambiental y los planes y programas sectoriales autonómicos, se aplicará la previsión que suponga una mayor conservación y mejora del medio y de sus elementos desde el punto de vista de la protección de los valores naturales.»
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«2. La naturaleza, los objetivos, el alcance y el contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales son los que establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.»
2. Se modifica el apartado 3 del artículo 7 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. Los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, energética, de recursos naturales y, en general, física, contradictorios con los planes de ordenación de los recursos naturales deben adaptarse. Hasta que no se haga esta adaptación, prevalecen las determinaciones de los planes de ordenación de recursos naturales, de acuerdo con lo que dispone el artículo 19.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.»
Se modifica el artículo 8 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. Durante la tramitación del procedimiento para la aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales, de declaración de una zona de especial protección para las aves o desde el acuerdo de Consejo de Gobierno de propuesta de inclusión de un territorio como lugar de interés comunitario, no se pueden realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos pretendidos.
2. Una vez iniciado el procedimiento de elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales o de declaración de una zona de especial protección para las aves o desde el acuerdo de Consejo de Gobierno de propuesta de un puesto de interés comunitario, y hasta que no se produzca su aprobación, no se puede otorgar ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para llevar a cabo actos de transformación sensible de la realidad física o biológica, sin un informe favorable de la administración ambiental.
El informe preceptivo de la administración ambiental será desfavorable cuando se quieran llevar a cabo actos que puedan transformar de forma sensible la realidad física y biológica de manera que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de ordenación del espacio.
El informe, en caso de ser favorable, puede condicionarse al cumplimiento de medidas dirigidas a minimizar los posibles efectos negativos de la actuación.
3. La consejería competente en materia de medio ambiente debe emitir el informe mencionado en los apartados precedentes en un plazo máximo de noventa días. Este informe se entiende desfavorable si no es emitido en ese plazo.
4. Estas medidas de protección cautelar quedan sin efecto si caduca el procedimiento que las ha motivado o en caso de aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales, de declaración de la zona de especial protección para las aves o de aprobación de la lista de LIC por la Comisión Europea.»
Se añade un nuevo artículo, el artículo 8 bis, a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, en el caso de daños medioambientales o amenaza inminente de daños y con el fin de asegurar la salvaguarda de los valores naturales a proteger, durante la tramitación de un plan de ordenación de los recursos naturales o de declaración de una zona de especial protección para las aves o propuesto un territorio como LIC, excepcionalmente pueden adoptarse, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, medidas de protección preventiva, debidamente justificadas y limitadas a los daños medioambientales o amenaza inminente de daños que se pretendan proteger. Podrán adoptarse las siguientes medidas preventivas:
a) La suspensión del otorgamiento de las licencias municipales de obra mayor en suelo rústico. En suelo urbano sólo se producirá la suspensión de licencias municipales por obra mayor cuando así se determine en el acuerdo de iniciación de la tramitación del plan ambiental y se determinen en este acuerdo los requisitos y parámetros aplicables.
b) La suspensión del otorgamiento de permisos y de concesiones mineras.
c) La paralización de las autorizaciones, las concesiones, las licencias y los títulos administrativos habilitantes otorgados por las instituciones de la comunidad autónoma. En este caso, si procede, será necesario un informe que analice y determine el potencial régimen indemnizatorio.
d) La paralización de la tramitación de planes urbanísticos con incidencia sobre el territorio.
2. Estas medidas de protección preventiva quedan sin efecto si caduca el procedimiento que las ha motivado, en caso de aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales o de declaración de una zona de especial protección para las aves o en caso de propuesta de un territorio como LIC.»
Se modifica el artículo 9 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. El procedimiento para elaborar o modificar un plan de ordenación de los recursos naturales es el establecido en los artículos 6 ter y 6 quater de esta ley, respectivamente, con las particularidades previstas en este artículo.
2. La memoria a la que se refiere el artículo 6 ter citado debe incluir, además, los objetivos y las directrices para la ordenación de los recursos naturales del ámbito territorial de que se trate.»
Se añade un nuevo artículo, el artículo 17 bis, a la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), con la redacción siguiente:
La consejería competente en materia de medio ambiente mantendrá actualizada la información de manera pública, accesible por internet, de todos los espacios naturales protegidos de las Illes Balears que incluya, al menos, la localización, la definición de los límites, los valores y los documentos de planificación y gestión.»
Se modifica el artículo 23 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. Los espacios naturales protegidos a los que se refiere el artículo 11 de esta ley se declaran por decreto del Gobierno de las Illes Balears.
2. Previamente a la declaración de un parque, paraje o reserva naturales, debe elaborarse y aprobarse el correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales.
No obstante, pueden declararse sin la aprobación previa de un plan de ordenación de los recursos naturales cuando la declaración se haga por el procedimiento de urgencia o excepcionalmente cuando existan razones que lo justifiquen y, en todo caso, cuando la declaración se haga por ley del Parlamento.
3. La declaración podrá prever, fuera del ámbito del espacio natural protegido, una zona periférica de protección para evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. A tal efecto, la norma de creación indicará las limitaciones necesarias.
4. La declaración podrá establecer áreas de influencia socioeconómica, de conformidad con lo que prevé el artículo 39 de la Ley 42/2007.»
Se modifica el artículo 25 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. El procedimiento para declarar o modificar un espacio natural protegido es el establecido en los artículos 6 ter y 6 quater de esta ley, respectivamente.
2. No es necesaria esta tramitación cuando el acto de declaración encuentre su asiento en la propuesta contenida en un plan de ordenación de los recursos naturales aprobado previamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. Los instrumentos de declaración que contengan, además, cualquier tipo de regulación o régimen jurídico, se aprobarán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 6 ter de esta ley.»
Se añade un nuevo artículo, el artículo 25 bis, a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
1. La declaración de un espacio natural protegido puede tramitarse por el procedimiento de urgencia cuando se identifique la existencia de una amenaza sobre los ecosistemas de una zona no declarada espacio natural protegido o concurran otras circunstancias que lo justifiquen.
2. La tramitación de urgencia se realiza mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno debidamente motivado e implica que:
a) Los plazos previstos en el procedimiento de elaboración se reducirán a la mitad.
b) No es necesaria la aprobación previa de un plan de ordenación de los recursos naturales.
c) Las personas titulares de los terrenos afectados por la declaración estarán obligadas a facilitar información y acceso a los representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio para verificar la existencia de factores de perturbación que constituyen una amenaza al entorno natural.
d) La aplicación de la protección cautelar a la que se refiere el artículo 8 y la posibilidad de adoptar las medidas preventivas previstas en el artículo 8 bis, ambos de esta ley.
3. El decreto de declaración del espacio natural protegido debe contener el régimen básico de protección y los mecanismos jurídicos de conservación del espacio.
4. En todo caso, debe tramitarse y aprobarse el correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales en el plazo de un año desde la declaración del espacio natural protegido. Transcurrido este plazo, quedará sin efecto la declaración tramitada por procedimiento de urgencia.»
Se modifica la letra b) del artículo 28 de la Ley 5/2005, que queda redactada de la siguiente manera:
«b) Los planes específicos de protección de los monumentos naturales y de los paisajes protegidos.»
Se modifica el artículo 31 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. El procedimiento para elaborar o modificar un plan rector de uso y gestión es el establecido en los artículos 6 ter y 6 quater de esta ley, respectivamente, con las particularidades previstas en este artículo.
En el caso de los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales deberá tenerse en cuenta, además, lo que establezca la normativa básica estatal en materia de parques nacionales.
2. La memoria que acompaña la resolución de inicio únicamente es preceptiva cuando exista nueva información no recogida en el plan de ordenación de los recursos naturales y ésta sea determinante para el contenido del plan rector de uso y gestión.
3. Los planes rectores de uso y gestión tienen una vigencia indefinida. Sin embargo, deben ser revisados periódicamente y, en todo caso, cada diez años.
4. Las actuaciones previstas en los planes rectores de uso y gestión deben concretarse y desarrollarse a través de los programas anuales de ejecución, que se aprueban mediante resolución del órgano gestor del espacio natural protegido.»
1. Se modifica el título del artículo 32, que queda redactado de la siguiente manera:
«Planes específicos de protección.»
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 32 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. Los monumentos naturales y los paisajes protegidos que no se encuentran incardinados en parques, parajes o reservas naturales deben contar con un plan específico de protección.»
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 32 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. El procedimiento para elaborar o modificar los planes específicos de protección es el que prevén los artículos 6 ter y 6 quater de esta ley, respectivamente.»
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«2. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, éstas se declararán como ZEC por el Consejo de Gobierno mediante la aprobación del correspondiente plan de gestión, sin perjuicio de la adopción de otras medidas de conservación de las previstas en el artículo 38 de esta ley.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 36 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. El procedimiento de declaración de una ZEC y de elaboración del correspondiente plan de gestión se tramita conjuntamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 ter de esta ley.
El procedimiento de modificación es el que prevé el artículo 6 quater de esta ley.»
Se modifica el artículo 37 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. Las zonas de especial protección para las aves son los espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, en particular, de aquellas incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y de las aves migratorias no incluidas en el citado anexo pero cuya llegada sea regular.
2. Las zonas de especial protección para las aves se declaran por acuerdo del Consejo de Gobierno, siguiendo el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 6 ter de esta ley.
El procedimiento de modificación es el que prevé el artículo 6 quater de esta ley.»
Se modifica el artículo 38.3 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que queda redactado en los siguientes términos:
«3. Las medidas reglamentarias de conservación y, si procede, los planes de gestión para estas zonas se aprueban por decreto del Gobierno de las Illes Balears. Estas medidas se tienen que revisar en un plazo no superior a doce años para comprobar la eficacia de las medidas implementadas y, en su caso, modificarlas.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 41 ter de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«2. El procedimiento para elaborar o modificar los planes a los que se refiere el apartado anterior es el establecido, respectivamente, en los artículos 6 ter y 6 quater de esta ley, con las siguientes particularidades:
a) Se someterá a los trámites previstos en los artículos 21 y 39 de esta ley.
b) La participación de otras consejerías debe limitarse a las competentes en materia de deportes y juventud, educación y cultura, ordenación del territorio, energía, movilidad, turismo y, en todo caso, a los ayuntamientos y a los consejos insulares afectados por el plan.»
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«2. En estos casos, los instrumentos de planeamiento tienen que ser coordinados para poner en valor las previsiones del instrumento preexistente o unificarse a fin de que los regímenes aplicables en función de cada categoría de espacio natural protegido o espacio protegido Red Natura 2000 conformen un todo coherente.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 42 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. Los planes de gestión que se elaboren para espacios que ya dispongan de un plan de ordenación de los recursos naturales desarrollarán las directrices y los criterios del referido plan de ordenación.»
Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, al artículo 46 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«5. Las autoridades y los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears competentes para imponer sanciones con arreglo a esta ley pueden acceder a los datos relativos a los sujetos infractores que estén directamente relacionados con la investigación de los hechos constitutivos de infracción, sin necesidad de previo consentimiento del titular de los datos, con las garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos. Este acceso debe articularse mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos o cualesquiera otros sistemas electrónicos habilitados a tal efecto.»
1. Se añade un nuevo párrafo, el párrafo segundo, al apartado 4 del artículo 47 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«Asimismo, podrá decomisar los instrumentos utilizados, para evitar la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora, así como los efectos, recursos, objetos o productos directamente obtenidos.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, al artículo 47 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
«5. Las medidas provisionales pueden consistir en la paralización de la actividad cuando ésta carezca de título habilitante, no haya sido sometida al trámite previsto en el artículo 39 de esta ley y pueda afectar a los hábitats o las especies presentes en el espacio protegido Red Natura 2000 de acuerdo con los precedentes administrativos.»
Se modifica el artículo 49 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
1. Constituyen infracciones administrativas las actuaciones u omisiones dolosas o culposas cometidas dentro de los espacios de relevancia ambiental tipificadas en esta ley.
2. Son responsables de las infracciones previstas en esta ley las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí mismas o conjuntamente, o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.
3. Cuando la persona responsable de los hechos cometidos sea menor de dieciocho años, responderán solidariamente del pago de las sanciones pecuniarias que se le impongan sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que comporta un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.
4. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubiesen hecho frente a las responsabilidades.
5. Las personas titulares de los vehículos, las embarcaciones o las aeronaves, con o mediante los cuales se haya cometido una infracción, tendrán la obligación de facilitar a la administración la identificación del conductor responsable de la infracción. En caso de incumplimiento de esta obligación, previo requerimiento de la administración, serán responsables subsidiarios de la infracción.
Las personas titulares de los vehículos, las embarcaciones o las aeronaves con los cuales se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarias en caso de impago de la multa impuesta al conductor. El o la responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra la persona infractora.
6. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.»
Se modifica el artículo 51 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), con la adición de una letra j), con el siguiente redactado:
«j) La utilización o la liberación de organismos modificados genéticamente en los espacios de relevancia ambiental sin la preceptiva autorización de la administración autonómica.»
Se modifica el artículo 55 de la Ley 5/2005, que queda redactado de la siguiente manera:
La gradación de las sanciones, dentro de los intervalos dispuestos en el artículo anterior, debe guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, considerando especialmente los siguientes criterios para la gradación de la sanción:
a) La existencia de intencionalidad.
b) La reiteración por comisión de más de una infracción cuando así se haya declarado por resolución firme.
c) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d) Los daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales objeto de protección de esta ley o a la salud de las personas o el peligro creado para su seguridad.
e) El ánimo de lucro o la cuantía del beneficio obtenido cuando no sea elemento constitutivo del tipo.
f) El hecho de ocupar un cargo o una función que obliga a hacer cumplir los preceptos de esta ley.
g) La capacidad económica de la persona infractora y el grado de participación de las personas responsables.
h) El carácter irreversible de los daños causados cuando no sea un elemento constitutivo del tipo.
i) La colaboración con la administración y la adopción, con anterioridad a la iniciación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales de la actuación del infractor o la infractora, que se considerará como atenuante.»
Se añade un artículo, el artículo 56 bis, a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
1. La imposición de sanciones lo es sin perjuicio de la obligación de la persona infractora de restaurar el daño causado, o las alteraciones causadas, en la realidad física y biológica.
2. Con carácter general, la restauración consistirá en la reposición del medio natural al estado anterior a la comisión de la infracción.
La exigencia de reponer la situación alterada a su situación anterior comprende la obligación de la persona infractora, en su caso, de derribar o eliminar las instalaciones u obras ilegales, así como aquellas actuaciones que sean necesarias, de acuerdo con los plazos, la forma y las condiciones que se establezcan.
Si no fuera posible la reposición del medio natural, la administración podrá imponer a la persona responsable otras medidas sustitutivas encaminadas a recuperar el espacio o la zona dañada, sin que en ningún caso el importe de estas medidas suponga un menor coste económico que el que hubiera procedido para la reposición.
3. La obligación de restaurar o reparar el daño causado es imprescriptible.
4. El restablecimiento de la realidad física alterada antes de la resolución que la ordena hace que la sanción se reduzca un 40 %. Este porcentaje es acumulable a los porcentajes de reducción por el reconocimiento voluntario de la responsabilidad y de pago anticipado de las sanciones pecuniarias.
Este porcentaje es de un 10 % si se realiza después de la resolución que ordena el restablecimiento pero dentro del plazo otorgado al efecto.
5. El incumplimiento de la orden de restitución, cuando sea firme, dará lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas sucesivas por períodos mínimos de treinta días y cuantía, en cada ocasión, del 10 % de la sanción.
En caso de impago, las multas serán exigibles por vía de apremio.»
Se añade una nueva disposición adicional, la disposición adicional séptima, a la Ley 5/2005, que queda redactada de la siguiente manera:
1. La gestión de los espacios de relevancia ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio debe realizarse sin perjuicio de la existencia, en un mismo espacio, del ejercicio de las competencias por otras administraciones públicas, con las cuales se establecerán los mecanismos de coordinación pertinentes.
En todo caso, en la toma de decisiones debe prevalecer la protección de los valores naturales del espacio.
2. Las actuaciones propias de conservación adoptadas por la Consejería de Medio Ambiente y Territorio en un espacio de relevancia ambiental que coincide, total o parcialmente, con el dominio público marítimo-terrestre, se comunicarán a la Demarcación de Costas en las Illes Balears antes de su ejecución.
A estos efectos, se entienden por actuaciones propias de conservación aquellas relacionadas con la protección de los hábitats y las especies de un espacio de relevancia ambiental consistentes en el establecimiento de elementos de protección, deslinde o señalización.
En particular, la gestión y la ejecución de actuaciones en los sistemas dunares y en los humedales incluidos dentro de un espacio de relevancia ambiental corresponden a la Consejería de Medio Ambiente y Territorio, en ejercicio de la competencia en materia de medio ambiente.»
Se añade una nueva disposición adicional, la disposición adicional octava, a la Ley 5/2005, que queda redactada de la siguiente manera:
1. Los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental a los que se refiere el artículo 6 bis de esta ley tendrán la consideración de plan de gestión a efectos de lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
2. Los instrumentos de planeamiento de los espacios de relevancia ambiental tienen relación directa con la gestión de un espacio protegido Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, a los efectos de lo que prevén la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 39 de esta ley.»
1. La Red de Espacios Naturales de las Illes Balears (XENIB) es un sistema público integrado por aquellos espacios naturales y equipamientos públicos relacionados con el disfrute de