Categoría: Administración

Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales y que ha sido aprobado por la Comisión Europea en fecha 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El PRTR permitirá que España pueda acceder a una cuantía de hasta 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026 que, junto con la Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para ello, el citado Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, desarrolladas a través de diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta palanca se refiere a una Administración para el siglo XXI, planteando una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.
En el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado «Modernización de las Administraciones Públicas», se encuentra la medida C11.I2 (Inversión), denominada «Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado», la cual establece que en el Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, se abordarán medidas dirigidas a la mejora de los servicios públicos del Ministerio disponibles en su sede electrónica y su promoción y difusión para aumentar su uso por parte de los consumidores, incluyendo medidas dirigidas hacia la digitalización y actualización de los sistemas de información en materia de consumo y protección de los consumidores, así como en la automatización de los procedimientos de resolución de reclamaciones de consumo.
Las Juntas Arbitrales de Consumo, cuya creación es materia atribuida a la competencia exclusiva del Estado, en razón del artículo 149.1, 6.ª y 8.ª de la Constitución, se constituyen mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Consumo y las diferentes Administraciones Públicas. Estos convenios configuran una actividad de colaboración entre las administraciones públicas intervinientes, teniendo como finalidad procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, posibilitando la resolución extrajudicial, mediante arbitraje, de los conflictos derivados de las relaciones que establecen con los empresarios, en las contrataciones de bienes y servicios, efectuadas de forma física o en soporte electrónico.
En la actualidad existen constituidas sesenta Juntas Arbitrales de Consumo, de ámbito autonómico y local con necesidades y medios muy diferentes, estando prevista una línea de subvenciones o ayudas para el fomento de su actividad. La finalidad de estas ayudas es impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, en el que se integran la totalidad de las Juntas Arbitrales constituidas, valorando la gestión y administración del arbitraje que llevan a cabo. Se trata, en definitiva, de procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, posibilitando la resolución extrajudicial, mediante arbitraje, de los conflictos derivados de las relaciones que establecen con los empresarios, en las contrataciones de bienes y servicios efectuadas de forma física o en soporte electrónico. Las convocatorias se llevan a cabo de forma anual y una parte de la cuantía presupuestada se concede, previa solicitud, con carácter fijo por la existencia del convenio de constitución de la Junta Arbitral y el resto, concretamente un 60% del presupuesto se reparte en función de la actividad desarrollada en el año anterior a la convocatoria de dichas subvenciones.
La experiencia en la gestión llevada a cabo por las diferentes Juntas Arbitrales ha demostrado que es necesario un esfuerzo adicional para alcanzar la homogenización y modernización de la gestión que llevan a cabo. Por ello, se ha considerado canalizar esta necesaria actuación a través de subvenciones a las distintas Administraciones Públicas, autonómicas y locales, a las que están adscritas las Juntas Arbitrales. La actuación se materializará mediante convocatoria pública, sujeta al procedimiento previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que garantice por parte de las administraciones receptoras, la objetividad de la asignación de recursos y un uso razonable y plausible de los mismos.
La distribución del presupuesto entre las diversas Administraciones a las que están adscritas las Juntas Arbitrales se hará teniendo en cuenta sus necesidades técnicas y de personal.
El importe destinado a estas subvenciones se recogerá en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los ejercicios en que se efectúe la convocatoria.
La finalidad de estas subvenciones es que en las Juntas Arbitrales de Consumo, adscritas a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas o Entidades locales se puedan efectuar gastos de inversión que mejoren y modernicen su propia organización y funcionamiento, mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos que lleven a cabo, dotándose así de medios electrónicos apropiados y suficientes para permitir la relación con las partes y sectores interesados: consumidores, empresarios, asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales y otras instituciones que puedan guardar relación con su gestión.
La digitalización de estas instituciones permitirá la comunicación por medios electrónicos con las partes, la gestión eficaz del intercambio de información entre los entes que integran el Sistema Arbitral de Consumo, el apoyo jurídico de las Administraciones, la puesta a disposición de los ciudadanos de todo tipo de información general o personal sobre reclamaciones. Todo ello, dentro del objetivo general de modernización de la Administración Pública, pero referido a un ámbito que excede del estricto procedimiento administrativo, situándonos en el marco de un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictosonline, sin que existan otras alternativas para su consecución. Todo ello con el fin de llevar a cabo la transformación digital de dichas Juntas Arbitrales de Consumo, a fin de mejorar su funcionamiento.
Por tanto, las subvenciones objeto de esta orden, que se refieren a la financiación de actuaciones materiales son una modalidad de cooperación económica de la Administración General del Estado con las Administraciones autonómicas y locales, a la que están adscritas las Juntas Arbitrales de Consumo.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen con esta orden, la transformación digital de las Juntas Arbitrales de Consumo, órganos de naturaleza jurídica administrativa adscritas a las Administraciones firmantes del acuerdo de constitución con el Ministerio de Consumo. Asimismo, la orden es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, entre otros extremos, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de manera suficiente los objetivos perseguidos por esta orden, estando su tramitación exenta de la realización de los distintos trámites de participación pública previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Finalmente, la orden es acorde con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía o a las empresas.
Las subvenciones que aquí se regulan, financiables con fondos europeos, son de concurrencia no competitiva, en los términos que se señalan en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que, de conformidad con lo previsto en dicho precepto, sus bases reguladoras se aprueban mediante esta orden ministerial.
Para contribuir a los objetivos finales del PRTR y garantizar el efecto deseado en la economía es necesario garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos acordados con la Comisión Europea para el conjunto del programa de ayudas. Po esta razón, se traslada la obligatoriedad de dar cumplimiento a estos hitos en cada una de las actuaciones financiadas, ya que podría ser causa de pérdida de la subvención y obligación de reintegro de las cuantías percibidas el incumplimiento en los hitos en cuanto a la terminación de las actuaciones cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos globales comprometidos para el Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es por este motivo que se debe garantizar por las administraciones beneficiarias que ninguna las medidas y actuaciones financiadas con cargo a este programa causará un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» o DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»), según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte la Comisión establece en su Comunicación 2021/C 58/01 la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de esclarecer el significado de tal principio y la manera en que debe aplicarse en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas y previstas en el Componente 11, inversión 2, en la que se enmarca este programa de ayudas, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 7 y 8 del documento del Componente del Plan en lo que se refiere a las actividades incluidas en esta orden ministerial.
Igualmente, estas subvenciones se han incorporado al Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, elaborado por el Ministerio de Consumo, incidiendo en la modernización y digitalización del funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, a través de la realización de proyectos enmarcados en alguna de las líneas estratégicas alineadas con la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y otras acciones de modernización dirigidas al sector público. Estas ayudas persiguen la modernización digital de las Juntas Arbitrales de Consumo autonómicas, a través de la digitalización de los procedimientos que lleven a cabo, la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas, la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, dotándose de medios electrónicos apropiados y suficientes para permitir la relación con las partes y sectores interesados, la reducción de la brecha digital, la mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos, la reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas o la utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (plataformas, etc.).
Por tanto, esta orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 61 y 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, solicitándose informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Consumo.
En su virtud, dispongo:
1. Mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la transformación digital y modernización de las Juntas Arbitrales de Consumo, adscritas a Comunidades y Ciudades Autónomas, así como a las adscritas a Entidades Locales.
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orientado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, estas bases reguladoras se dictan en desarrollo del Componente 11, Inversión 2, del mencionado PRTR.
2. Las subvenciones contempladas en esta orden se destinarán, en las condiciones que en ella se establecen, a financiar proyectos de modernización y digitalización en el ámbito de las administraciones de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales que se enmarquen en alguna de las líneas estratégicas enunciadas en su artículo 5, cuyo contenido está alineado con la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y otras acciones de modernización dirigidas al sector público.
3. En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará al cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Objetivo número 165 del CID: Adjudicación de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración del Estado.
b) Objetivo número 166 del CID: Finalización de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración del Estado.
4. La convocatoria de subvenciones se incorpora a la presente orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
1. Estas subvenciones y las actuaciones que se financien estarán sometidas al régimen jurídico establecido en las siguientes normas:
a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.
d) Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales» («Actos Delegados de Taxonomía»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 11, así como en la Inversión 2 en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en el apartado 8 del documento del Componente del Plan (https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-11-modernizacion-de-las-administraciones-publicas).
e) La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo”en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
f) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
g) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las órdenes que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del PRTR ante la Unión Europea, entre las que ya se encuentran las siguientes:
1.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
h) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, serán de aplicación, en lo que proceda, en todo lo que sea compatible con lo especialmente previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y en concreto a su artículo 62 que regula las subvenciones de concurrencia no competitiva financiables con fondos europeos.
2. Asimismo, será de aplicación la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.
3. También serán de obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias las instrucciones que a tal efecto puedan adoptar las autoridades nacionales y europeas competentes y especialmente las adoptadas en el marco del Sistema de Integridad Institucional del Ministerio de Consumo (https://consumo.gob.es/es/consumo/sistema-de-integridad-institucional-0).
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias de estas ayudas las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales a las que se encuentren adscritas las Juntas Arbitrales de Consumo, cuyo convenio de constitución se encuentre en vigor en el momento de presentación de las solicitudes.
2. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La condición de entidad beneficiaria de la ayuda, implica que la entidad asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así como de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos concordantes de su Reglamento de desarrollo, así como las demás que se establezcan en esta orden y en las resoluciones de concesión.
b) Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
c) Emisión de las correspondientes declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
d) Las que figuren en las instrucciones específicas que establezca la Dirección General de Consumo, adscrita al Ministerio de Consumo, entre otras, en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
e) Las que se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, o las que en su nombre les transmita la Dirección General de Consumo. En particular, las relativas a contribuir a los objetivos de cambio climático, a lo establecido en relación al principio de no causar daño significativo (principio de DNSH), evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción o no concurrencia de doble financiación, entre otros.
f) Ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones establecidas en esta orden y en la resolución de concesión y dentro el plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas a la ejecución del proyecto aprobado.
g) Serán responsables inmediatos de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando, entre otras, la plena identificación de los contratistas y subcontratistas. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto y en particular la prevista en el artículo 21. Específicamente, las entidades beneficiarias tendrán el deber de informar debidamente del seguimiento y estado de ejecución de los proyectos siempre que la Dirección General de Consumo así lo requiera.
h) Comunicarán a la Dirección General de Consumo de manera inmediata, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.
i) Garantizarán el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de DNSH en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 11, así como en la medida I.2 en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, en especial aquellas recogidas en el anexo a la Propuesta de Ejecución del Consejo y en el apartado 8 del documento del Componente del Plan. En concreto:
1.º Los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
2.º Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. Los equipos no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil, el equipo se someterá a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.
3.º Asimismo, y en su caso, para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 «Instalaciones e infraestructuras de centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética».
4.º Igualmente, y si en función de la inversión financiada por la subvención fuese de aplicación, se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas para cada caso.
Para ello, la entidad beneficiaria deberá contemplar mecanismos de verificación y seguimiento del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación, así como una evaluación inicial. En concreto y de acuerdo con lo previsto los objetivos 165 y 166 establecidos en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, el representante legal de la Administración a la que está adscrita la entidad beneficiaria:
i. Firmará las certificaciones correspondientes que acrediten que los proyectos han sido finalizados y están operativos.
ii. Elaborará un documento resumido que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el hito (incluidos los elementos pertinentes del hito, enumerados en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el anexo del CID). Dicho documento incluirá como anexo una hoja de cálculo que contenga la siguiente información: código oficial y nombre de los subprefectos que se estén completando y, para cada uno de ellos, la referencia oficial del certificado oficial expedido de conformidad con la legislación nacional o los procedimientos internos que evalúen y certifiquen la finalización del proyecto.
j) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente, garantizando el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado y el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en particular, la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación.
k) Justificarán en los términos establecidos en esta orden, ante la Dirección General de Consumo, la realización de las actuaciones, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar la correcta realización de las actuaciones objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
l) Se someterán a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Consumo u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
m) Las entidades beneficiarias, como entidades ejecutoras de sus correspondientes subproyectos, deberán asumir las obligaciones que se prevén en la Órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la normativa que le sea de aplicación y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De acuerdo con ello, asumirán la formación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención, y suministrarán la información y documentación de soporte precisa para que las autoridades competentes puedan comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. Tal suministro se realizará en los términos, formato y condiciones que establezcan el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública u otras autoridades nacionales o europeas y de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En particular, deberán suministrar toda la información que sea precisa en los sistemas de información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
n) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
ñ) Garantizarán que la actuación financiada cumpla las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
o) Llevarán a cabo el reintegro de las cantidades percibidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 24, de la presente orden.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas (bannersen webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
c) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
d) Asimismo, se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por el Ministerio de Consumo. A tal efecto se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del PRTR.
3. En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, las entidades beneficiarias deberán hacer constar «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la referencia al Componente 11, Inversión 2, del PRTR, gestionado por el Ministerio de Consumo. Tal mención también deberá ser incluida en todos los documentos que sustenten la contratación de los bienes y/o servicios a prestar.
4. A efectos de auditoría y control y según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
1. Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:
a) Digitalización de los procedimientos que lleven a cabo las Juntas Arbitrales de Consumo.
b) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales prestados por las Juntas Arbitrales de Consumo a las personas consumidoras y empresarios que intervengan en los procedimientos llevados a cabo por aquellas.
c) Incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, dotándose de medios electrónicos apropiados y suficientes para permitir la relación con las partes y sectores interesados
d) Reducción de la brecha digital.
e) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
f) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
2. Las líneas estratégicas son las siguientes:
a) Línea estratégica 1. Administración orientada al ciudadano.
1.º Objetivo: mejorar los servicios públicos que se prestan para la solución extrajudicial de conflictos de consumo, surgidos entre las personas consumidoras y a los empresarios, favoreciendo su utilización, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos digitales prestados por las Juntas Arbitrales de Consumo para la resolución de conflictos entre las personas consumidoras y los empresarios, a través del móvil, con especial énfasis en la usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.
ii. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a las personas consumidoras y empresarios. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención a las personas consumidoras, dirigidos en particular a la orientación y tutela de estos en los casos de uso de mayor impacto.
b) Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.
1.º Objetivo: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (Robotización de procesos, Inteligencia artificial, etc.).
2.º Actuación subvencionable:
Automatización de servicios prestados por las Juntas Arbitrales de Consumo, así como automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por las personas consumidoras y empresarios en los procedimientos arbitrales de consumo, empleando tecnologías basadas en inteligencia artificial, gestión inteligente de procesos, robotización de procesos o similares, para obtener una reducción de tiempos de tramitación y una mejora del servicio.
3. En el supuesto de presentación de varios proyectos las entidades beneficiarias deberán incluir un orden de prelación, señalando necesariamente en su propuesta el proyecto prioritario.
Las actuaciones que se propongan deberán cumplir con todos los requisitos siguientes:
a) Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
b) Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.
c) Reutilización. En los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de los proyectos desarrollados podrá ser objeto de reutilización por otras Administraciones que lo requieran si su naturaleza lo permite.
d) No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que, directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía), o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles.
1. El presupuesto será establecido en la correspondiente convocatoria de subvenciones, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), junto con un extracto de la misma que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las subvenciones están vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como cualquier otra exigencia específica cuya aplicación sea de obligado cumplimiento en el marco de ejecución del PRTR, incluso en el caso de que hubiera entrado en vigor con posterioridad a la publicación de esta orden.
El cumplimiento de dichos mecanismos de gestión deberá ser verificado por la Dirección General de Consumo, como órgano responsable de la gestión de la convocatoria, y por la Intervención General de la Administración del Estado, como órgano responsable del control del otorgamiento y utilización de estos fondos.
3. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución. Los remanentes de los créditos asignados a una medida podrán ser transferidos, en su caso, a la otra si, por su demanda, presentan insuficiencia de crédito.
4. Esta subvención no constituye una ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no siendo incompatibles con el mercado interior, por no afectar a los intercambios comerciales entre los Estados Miembros, ni falsean o amenazan la competencia entre empresas.
5. Las subvenciones irán destinadas a financiar los proyectos que presenten las diferentes entidades beneficiarias. El criterio de valoración para efectuar el reparto se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula:
donde:
SEn = Importe de ayuda que, cumpliendo los requisitos de concesión, corresponde al proyecto señalado como prioritario en la solicitud realizada por la entidad «n».
IAC = Importe previsto en la partida correspondiente a las entidades beneficiarias.
∑AS = Sumatorio de ayudas solicitadas que, cumpliendo los requisitos de concesión, corresponde a los proyectos prioritarios de las solicitudes realizadas por las entidades beneficiarias.
El importe de la ayuda resultante mediante la aplicación de esta fórmula tendrá como límite el importe de los gastos subvencionables incluidos en la actuación subvencionada, no pudiendo superar el importe máximo de quince por ciento del previsto en la partida que corresponda a las entidades beneficiarias en la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que corresponda.
6. Los posibles remanentes de crédito que puedan existir una vez aplicado el sistema de reparto, y con carácter previo a la resolución final de las solicitudes, se asignará de la siguiente forma:
a) En primer lugar, se procederá al incremento de las cuantías asignadas a las actuaciones inicialmente subvencionadas, de acuerdo con la fórmula expresada, en la que el factor IAC será el remanente existente y con el límite máximo previsto en el apartado anterior.
b) Una vez efectuado el incremento de las cuantías de acuerdo con lo señalado en la letra a), si continuara existiendo remanente se procederá a aplicar la fórmula recogida en el apartado 5 anterior a las actuaciones o proyectos solicitados en segundo orden de prelación y en su caso, sucesivos. En estos supuestos el factor IAC será el remanente existente en cada momento.
En la asignación de los remanentes de crédito a los proyectos no prioritarios, el importe máximo de la ayuda a percibir por cada una de las entidades beneficiarias no podrá superar el quince por ciento del importe de dichos remanentes.
7. La financiación de los proyectos objeto de esta convocatoria se podrá complementar con las aportaciones que realicen las entidades beneficiarias con cargo a sus presupuestos.
1. Las subvenciones se concederán a través de un procedimiento de concurrencia no competitiva, en los términos del artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
La convocatoria de estas subvenciones se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones corresponderá a la Dirección General de Consumo.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la resolución será dictada por la persona titular del Ministerio de Consumo, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones octava punto 1 literal b y decimoséptima punto 2 de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias, que delega en el Secretario General de Consumo y Juego la citada competencia.
4. El procedimiento se hará público en el portal de internet del Ministerio de Consumo (https://consumo.gob.es) y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
5. Para la difusión de cualquier otra información relativa a estas subvenciones, el Ministerio de Consumo habilitará un espacio específico en su portal de internet (https://www.consumo.gob.es).
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en los informes de ejecución y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, documentación y comunicaciones por las entidades beneficiarias, que deberán seguir los requisitos de presentación que se determinen, en su caso, por el órgano concedente en la resolución a la que se refiere el artículo siguiente, para cada una de las fases del procedimiento de gestión, seguimiento, justificación y control de estas subvenciones, tanto en los sistemas informáticos como en la forma.
1. Las solicitudes se podrán presentar, de forma improrrogable, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado» o del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que la publicación se realizara en fechas diferentes, el plazo empezará a contar desde aquella que se hubiera producido en último lugar.
Toda solicitud cuya presentación se produzca fuera del plazo establecido será inadmitida a trámite.
2. Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Consumo (subvenciones PRTR Juntas Arbitrales de Consumo), y deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 11 y 12.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Consumo y se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente.
Cualquier documentación o información adicional que sea necesaria para cumplir lo establecido en las bases y en la convocatoria podrá ser aportada por el solicitante antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes o requerida por el órgano instructor.
2. El formulario electrónico de solicitud incluirá, al menos, el siguiente contenido:
a) Datos identificativos de la Administración autonómica o local solicitante y de la Junta Arbitral que corresponda.
b) Datos identificativos de la persona que presenta la solicitud y su firma. La solicitud deberá ser suscrita por el representante legal de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral. Se acompañará, en caso de que no obrara en poder de la Administración, copia auténtica del Documento Nacional de Identidad y acreditación de la representación legal de la Administración r, mediante acuerdo de nombramiento o certificación del Acta en la que se designe como tal, o disposición en la que se atribuya la representación ostentada.
c) Datos descriptivos del proyecto y de su ejecución.
d) Importe de subvención solicitada.
3. La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto que se quiere ejecutar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 12.
b) Un resumen de la ejecución del proyecto que deberá contener toda la información relevante del proyecto, así como los hitos temporales y objetivos necesarios para efectuar el seguimiento.
c) Certificado del representante legal de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo, del acuerdo o resolución adoptado por el órgano competente, en el que deberán constar, de manera expresa, los siguientes extremos:
1.º La aprobación del proyecto para el que se solicita la subvención.
2.º La participación y aceptación del procedimiento regulado en esta orden y la solicitud de la subvención.
3.º El compromiso de que la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo, dispondrá de todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto aprobado y para garantizar su operatividad durante el periodo de durabilidad.
4.º El compromiso de que la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo, a lo largo de todo el procedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación, y desarrollará las actuaciones que sean precisas, para dar pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria, y en particular, a las enunciadas en el artículo 4 de esta orden.
d) Certificación de la Administración a la que está adscrita la Junta Arbitral de Consumo, en la que se indicará que el proyecto se encuadra en alguna de las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 5, cumple con los requisitos previstos en el artículo 6 y que está alineado con los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y del Componente 11, Inversión 2, del PRTR, así como los hitos temporales y objetivos, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria y con la normativa europea y nacional de aplicación.
e) Declaración responsab