Categoría: Energía y Medio Ambiente

ocial.
Bienes materiales, patrimonio cultural: Cualquier infraestructura o servicio público que pudiera verse afectado durante desarrollo del presente proyecto se repondrá a su estado original.
Residuos:
1. El titular de la instalación deberá presentar ante la consejería competente con carácter previo al inicio de la actividad, comunicación como pequeño productor de residuos peligrosos, o como productor de residuos peligrosos en caso de que se superen las 10 t/año.
2. El promotor está obligado al cumplimiento de la normativa de residuos vigente en cada momento.
Vulnerabilidad:
1. El promotor está obligado a exigir a los barcos metaneros que descarguen en la instalación las máximas medidas de seguridad conocidas, tanto desde el punto de vista tecnológico como de buenas prácticas.
2. El promotor desarrollará en coordinación con la Autoridad Portuaria de Gijón un código de actuación para la correcta navegación y ejecución de las correspondientes maniobras que será de obligado cumplimiento a todos los buques metaneros en aras de garantizar la seguridad de la población. Este documento deberá incluir el mayor nivel exigible de seguridad posible según las normas nacionales e internacionales.
3. Todos los buques metaneros deben disponer de instrucciones claras y precisas previamente al acceso a la instalación de cómo actuar ante cualquier situación de emergencia en aras de garantizar la seguridad de la población.
4. Se asegurará en todo momento que, en base a la información más actualizada sobre las mejores técnicas disponibles, la instalación adopte los máximos estándares de seguridad para garantizar la no afección a la salud pública.
5. Si de las actualizaciones de los informes de seguridad o de cualquier nueva información sobre la vulnerabilidad de este tipo de instalaciones frente al riesgo de accidentes graves o catástrofes se detectaran nuevos escenarios de riesgos no contemplados en la actualidad que pudieran afectar a residencias de población fija en el radio de acción del nuevo escenario, la instalación deberá paralizar su actividad e informar a los organismos competentes en la materia hasta adoptar las medidas oportunas que garanticen en todo momento la seguridad de las personas que residen en las zonas residenciales próximas a la instalación.
6. La instalación cumplirá todas las normas de seguridad existentes en cada momento y que le sean de aplicación, en cualquier de los aspectos relacionados con su explotación o desmantelamiento.
7. El promotor atenderá a las obligaciones establecidas en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y realizará la notificación a que se refiere su artículo 7 al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil, a la autoridad portuaria y la capitanía marítima.
8. El promotor deberá de implantar correctamente una Política de Prevención de Accidentes Graves, así como plasmarla en un documento escrito. En esta política se aplicará mediante un sistema de gestión de la seguridad a través de medios, estructuras y procedimientos adecuados de conformidad con el anexo II del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre y, en cualquier caso, de forma proporcionada los peligros de accidente grave y la complejidad de la organización o a las actividades del establecimiento. El documento estará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma, la autoridad portuaria y la capitanía marítima. El promotor revisará periódicamente su política de prevención de accidentes graves, al menos cada cinco años, y la actualizará en caso necesario.
9. El promotor deberá seguir las instrucciones relativas a Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación Marina de la Capitanía Marítima de Gijón, comunicando a la misma las fechas de las operaciones de buques en el ámbito portuario con antelación prevista en la normativa vigente.
10. El promotor debe revisar periódicamente el informe de seguridad y actualizarlo en su caso del siguiente modo: Como mínimo cada cinco años, a raíz de un accidente grave en su establecimiento, cuando sea necesario, en cualquier momento a iniciativa del industrial o a petición de la autoridad competente, cuando esté justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.
11. La instalación deberá contar con un plan de emergencia interior o de autoprotección, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos al interior del establecimiento. El plan deberá mantenerse actualizado mediante su modificación, de acuerdo con los cambios que se hubieran producido en la instalación y, en todo caso, en periodos no superiores a tres años. El contenido de dicho plan deberá notificarse a aquellas empresas subcontratadas y autónomos que desarrollen su actividad en la planta, y todos ellos deberán cumplir con el deber de cooperación y con las demás obligaciones establecidas en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Este plan será remitido al órgano competente de la comunidad autónoma, a la autoridad portuaria y la capitanía marítima.
12. En el caso de que la instalación se considere de nivel superior, el promotor en colaboración con el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil elaborará un plan de emergencia exterior cuyo contenido y procedimiento de homologación se ajustarán a lo especificado en la directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que interviene sustancias peligrosas, aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
13. En caso de incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave de acuerdo a la definición dada en el artículo 3 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, y haciendo uso de los medios más adecuados, el promotor está obligado a informar inmediatamente el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil.