Categoría: Administración

ubcontratada estará sometida a las obligaciones derivadas de la normativa europea y nacional aplicable a las medidas financiadas con cargo al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, al pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. En la convocatoria se especificarán las declaraciones que deberá presentar la entidad subcontratada en virtud de lo anterior.
4. De acuerdo con artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se superen las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. En los casos recogidos en el artículo 29.3 y el 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad beneficiaria deberá remitir al órgano instructor una solicitud de autorización previa de la subcontratación. La solicitud de autorización necesariamente deberá incluir la documentación referida en el presente artículo, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, en la convocatoria se podrá requerir documentación adicional.
6. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que exista vinculación entre el beneficiario y el proveedor seleccionado y esta relación no haya sido declarada por el beneficiario.
b) Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
c) Que no exista diferenciación de los trabajos de la subcontratación en relación con los trabajos del beneficiario.
d) Las que, en su caso, se determinen en las convocatorias.
1. La modalidad de las ayudas será la de subvención. Las ayudas convocadas al amparo de estas bases reguladoras se financiarán con cargo a la reforma 1 del componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU, según los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
2. Las ayudas reguladas al amparo de estas bases reguladoras serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera Administraciones Públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, excepto ayudas de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes, siempre que entre todas las fuentes de ayuda no se supere el 100 % del coste de la actividad.
3. La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia, y, en todo caso, en el momento de la justificación de la ayuda, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida, o en su caso, el correspondiente reintegro.
1. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
2. Se seguirá la modalidad de costes totales, siempre que estén claramente asignados al desarrollo de la actuación. Al entenderse que son ayudas de estado, las intensidades máximas de las ayudas destinadas a sufragar actividades de desarrollo experimental que realice una amplia difusión de los resultados, cubrirán hasta el máximo previsto en el artículo 25 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, al considerarse ayudas de investigación y desarrollo e innovación.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
4. Las ayudas concedidas no podrán superar, en ningún caso, el umbral de ayuda máxima a un único beneficiario definido en el artículo 4.1.i) del Reglamento (UE) 651/2014 en lo que se refiere a proyectos predominantemente de desarrollo experimental.
Se consideran actuaciones subvencionables las actuaciones ligadas a la integración de inteligencia artificial en la cadena de valor de medios de comunicación para mejorar sus procesos de negocio y su competitividad. Algunos ejemplos, no exclusivos, de desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial por las convocatorias reguladas por la presente orden de bases son:
a) Sistemas de apoyo a la verificación de hechos(fact-checking).
b) La personalización de contenidos.
c) Sistemas de moderación de comentarios para distintos canales como web y redes sociales.
d) Sistemas de indexado, metadatado y búsqueda de contenidos que pudieran utilizar técnicas comoRetrieval Augmented Generation,entre otras.
e) Sistemas de transcripción y sistemas de accesibilidad universal novedosos, especialmente adaptados al caso de uso, siempre y cuando mejoren el estado del arte actual o integren el mismo.
f) Sistemas de resumen y texto claro para noticias.
g) Sistemas de gestión de lectores y suscriptores.
h) Establecimiento de requisitos y funcionalidades aplicables a las herramientas desarrolladas.
i) Establecimiento de requisitos y funcionalidades para la implementación de las herramientas en las cadenas de valor de los medios de comunicación.
j) Establecimiento de planes adecuados de difusión de los resultados del proyecto.
k) Actuaciones de coordinación y gestión del proyecto.
l) Otros.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 83 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en dicha ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido por las correspondientes convocatorias o resoluciones de concesión.
Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales especiales, se considera gasto realizado el que ha sido devengado dentro del período de ejecución del proyecto y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, sin perjuicio de las restricciones que, en su caso, indique la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con el artículo 25.3 del citado Reglamento General de Exención por Categorías, se podrán subvencionar los siguientes conceptos:
a) Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto.
b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. Únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
d) Gastos generales directamente derivados del proyecto.
e) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.
2. Los gastos derivados de la ejecución de los proyectos se deberán aplicar a los conceptos mencionados en el apartado anterior según se establezca en la convocatoria y en la resolución de concesión.
1. El órgano competente para convocar y resolver las ayudas objeto de estas bases reguladoras es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2. El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión y de realizar el seguimiento, comprobación y reintegro de las ayudas es la Subdirección General de Ayudas. Este órgano tendrá la competencia para autorizar en su caso la subcontratación en los supuestos del artículo 14 de esta orden, en la forma que se establezca en las convocatorias, así como las modificaciones señaladas en el artículo 27 de esta orden en las actividades.
3. El órgano competente para realizar la gestión económica y presupuestaria, así como el seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas es la División de Planificación y Ejecución de Programas, dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
4. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores derivados de las infracciones previstas en el artículo 32 de esta orden corresponde a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
5. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones, en la concesión de subvención, así como el personal que haya redactado estas bases deberán firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses, que incluya el contenido mínimo establecido en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original.
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
La iniciación del procedimiento de concesión se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante la convocatoria aprobada por el órgano competente.
2. Las convocatorias detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Su publicación se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). También se publicará en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Se publicará un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la BDNS, en cumplimiento del artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El plazo de presentación de solicitudes se señalará en cada una de las convocatorias. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
1. Las solicitudes se presentarán telemáticamente en modelo normalizado junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. La presentación de solicitudes se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, no se tendrán por presentadas las solicitudes efectuadas por cualquier otro medio.
2. La solicitud constará de los siguientes elementos:
a) La solicitud-cuestionario, que se cumplimentará necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la mencionada sede electrónica, de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto en el Portal de Ayudas del Ministerio para la de Transformación Digital y de la Función Pública. En este cuestionario se incluirá el Plan de Proyecto a realizar durante la ejecución de las Actuaciones para las que se solicita la ayuda.
b) Memoria de Efecto Incentivador, con los contenidos mínimos que establece el artículo 6 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, de Exención por Categorías, a efectos de cumplir con el criterio excluyente establecido en el artículo 23.3 de la presente orden, en el caso de grandes empresas.
c) Declaraciones responsables relativas al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el formato que se determine en las convocatorias.
d) Compromiso escrito del sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos responsables del seguimiento, tanto nacionales como comunitarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero en el formato que se determine en las convocatorias.
e) Cualquier otra documentación que se especifique en la Convocatoria.
3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo, que incluyan tanto el cuestionario como el resto de información y documentos determinados en la convocatoria.
4. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación por medios electrónicos de la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento con dichas obligaciones.
5. Además, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria y la normativa de ejecución del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia aplicable.
6. La solicitud incluirá la presentación de una declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención.
En lo que respecta al cumplimiento de dichas condiciones, la Administración podrá comprobar por sus propios medios la veracidad de las declaraciones presentadas.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda con el fin de evitar la doble financiación.
8. La firma electrónica con la que se firme la solicitud deberá corresponder con la de la persona que asuma la representación de la entidad que solicita la ayuda. Para la acreditación de la capacidad de representación se estará a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 32 a 36 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
9. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
No obstante, la parte del cuestionario de solicitud correspondiente al Plan de Proyecto, así como la Memoria Técnica no serán subsanables en ningún caso.
10. Se dictará una resolución, que se publicará en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital, en la que se incluirá la relación de todos aquellos solicitantes a los que, en aplicación del párrafo anterior se les tenga por desistidos de sus solicitudes.
1. Una vez revisadas por el órgano instructor las solicitudes presentadas, éste podrá solicitar los informes necesarios para su evaluación, así como otros informes que estime necesarios para formular la propuesta o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención, haciendo constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos.
2. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. La composición y el funcionamiento de dicho órgano colegiado se establece en el artículo 24 de esta orden.
3. La evaluación se realizará mediante la comparación de la documentación aportada en las diferentes solicitudes y conforme a los criterios de otorgamiento de la ayuda y la ponderación de estos, que se recogen a continuación en la siguiente tabla. Los umbrales representan los límites que es necesario superar para poder ser objeto de ayuda. La convocatoria podrá establecer subcriterios para cada uno de estos criterios y detallar los aspectos ligados a la evaluación de cada criterio.
La documentación aportada podrá ser objeto de informes técnicos consultivos, que podrán realizarse por órganos propios de la administración, por expertos independientes, por comisiones técnicas de expertos, por agencias de evaluación nacionales o internacionales, etc., según determinen las convocatorias, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
1. La comisión de evaluación regirá su funcionamiento por lo dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y tendrá la siguiente composición:
a) Presidente/a: La persona titular de la Subdirección General de Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial.
b) Vocales:
1.º La persona titular de la Subdirección General de Ayudas.
2.º Dos funcionarios de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de nivel 28 o superior, al menos uno con conocimientos jurídicos.
3.º Un funcionario del Ministerio de Cultura de nivel 28 o superior.
4.º Un funcionario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de nivel 28 o superior.
5.º Un funcionario del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de nivel 28 o superior.
6.º Un funcionario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de nivel 28 o superior.
7.º Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
8.º Un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
9.º Un representante de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).
10.º Un representante de Red.es.
c) Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Subdirección General de Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial, de nivel 28 o superior.
De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todos los miembros de la Comisión de evaluación deberán manifestar de forma expresa que van a cumplir con este objetivo, a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, que incluya el contenido mínimo establecido en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original.
Todos los Vocales y quien ocupe la Secretaría serán nombrados por la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
2. La Comisión de evaluación que pueda conformarse al amparo de este artículo procurará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. La constitución de la Comisión de Evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de quienes ostentan la Presidencia, y Secretaría y al menos tres personas más del resto de vocales distintos del órgano instructor.
En todo lo relativo al funcionamiento del órgano de evaluación, no previsto en este apartado, se aplicarán, supletoriamente, los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, que será publicada en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
2. Los interesados podrán, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación, formular alegaciones a dicha propuesta si lo estiman oportuno.
3. Una vez revisadas por el órgano instructor las alegaciones presentadas, éste podrá solicitar, en su caso, los informes técnicos que se estimen necesarios para analizar aspectos técnicos de las alegaciones o aquellos que, en su caso, sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
4. Una vez evaluadas las alegaciones, en el caso de que la estimación de éstas modificase el resultado del informe de evaluación recogido en el artículo 23.2 de las bases reguladoras, se podrá solicitar a la comisión de evaluación emitir informe en el que se concrete el resultado final de la evaluación efectuada.
5. Con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución definitiva, aquellos solicitantes que hayan denegado expresamente su consentimiento para que la Administración compruebe que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, o bien aquellos que hubieran aportado un certificado que haya perdido su vigencia o se prevea que pueda perderla antes de que se dicte resolución de concesión, deberán aportar los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario. Dichos documentos serán especificados en la convocatoria.
En caso de que el beneficiario propuesto no acredite el cumplimiento de los requisitos anteriores, se desestimará su solicitud.
6. De acuerdo con los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla y será publicada en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Los solicitantes que estén conformes con la propuesta definitiva dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, para comunicar la aceptación expresa de la ayuda y aportar la documentación indicada en el apartado B del anexo III de la convocatoria que corresponda, indicándoles que si así no lo hicieran se tendrá por desestimada su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Conforme al apartado 8 del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de fecha 8 de abril de 2024, relativo a los procedimientos de control para la prevención de la doble financiación, el órgano gestor del Componente 16 Reforma 1 realizará, previamente a acordar la concesión de la ayuda, una consulta sistemática en la Base de Datos Nacional de Subvenciones para comprobar que los solicitantes no hubieran obtenido una ayuda cuyo contenido se considere similar a la que se está tramitando. En caso afirmativo, se requerirá al solicitante la aportación de la información detallada para determinar si concurriese una doble financiación.
8. De acuerdo con el artículo 24.6, de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.
1. El órgano competente para resolver, a la vista de la propuesta de resolución definitiva, dictará la resolución de concesión, que será motivada, acorde con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Pondrá fin a la vía administrativa y se publicará en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
2. Los procedimientos de solicitud serán resueltos y notificada su resolución en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El citado plazo para la resolución de concesión podrá ser suspendido de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, o en los supuestos previstos en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El vencimiento del plazo máximo de seis meses para resolver y notificar la resolución del procedimiento, definido por el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de ayuda.
3. La resolución deberá contener los solicitantes a los que se concede la ayuda y su cuantía, así como a desestimación expresa de aquellos a los que no se concede ayuda, junto con los motivos de desestimación. Así mismo, cada beneficiario recibirá las Condiciones técnicas y económicas particulares que ha de cumplir, en su caso, el proyecto objeto de la ayuda concedida. De la misma forma se le comunicarán las garantías a presentar para el pago anticipado de la ayuda.
4. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las actuaciones con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la modificación de la resolución de concesión.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y siempre que no se dañen derechos de tercero, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos fundamentales del proyecto, ni a otros aspectos que hayan sido determinantes para la concesión de ayuda.
b) Que el cambio no afecte al cumplimiento de:
1.º El principioDo No Significant Harm (DNSH).
2.º Los compromisos de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
d) Que el cambio no suponga un incremento de la ayuda total concedida.
e) Que el cambio no suponga prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos, salvo las que, en su caso, se determinen en las convocatorias, o las que conceda de oficio el órgano competente.
f) Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
3. Requerirá autorización del órgano concedente, previa a su realización, cualquier modificación que afecte a los siguientes aspectos del proyecto:
a) Determinación de los beneficiarios.
b) Condiciones técnico-económicas que se establezcan en la resolución de concesión.
4. Requerirá autorización del órgano instructor, previa a su realización, cualquier modificación que afecte a los siguientes aspectos del desarrollo del plan de proyecto:
a) Modificación del contenido de las actividades a desarrollar dentro del plan de proyecto aprobado en la resolución de concesión.
b) Entregables o criterios de aceptación que se hayan definido para dichos entregables.
c) Modificaciones de presupuesto que supongan un incremento de más de un 20 por ciento en los conceptos subvencionables admitidos en la convocatoria y que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros conceptos, sin que, en ningún caso, se incremente el importe de la ayuda total.
d) Cualquier otro aspecto que se determine en la convocatoria.
5. Para las modificaciones que requieran autorización previa, se deberá presentar la correspondiente solicitud de modificación, que irá acompañada de una memoria justificativa, en la que se expondrán la motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 2 anterior. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los paquetes de trabajo, los entregables y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y un análisis de impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados del proyecto.
Salvo causa justificada, la solicitud deberá presentarse al menos tres meses antes de la realización de la actividad a modificar y seis meses antes de la finalización del proyecto.
6. Las modificaciones que no afecten a los aspectos de los apartados 3 y 4 de este artículo, y que cumplan con lo establecido en el apartado 2, no requerirán autorización previa y expresa. Se realizará su comunicación al órgano instructor, debidamente motivada, en el momento de la justificación de la ayuda. Dicha comunicación no supondrá una autorización automática, quedando ésta en todo caso condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida y su resultado quedará reflejado implícitamente en la validación de gastos de la certificación final.
7. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación será de tres meses, sin que pueda superarse la fecha de finalización del plazo vigente de financiación del proyecto objeto de la ayuda. Transcurridos los tres meses previstos para resolver, sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, el interesado queda legitimado para entender desestimada su solicitud de modificación de la resolución de concesión.
1. Todas las resoluciones asociadas al procedimiento de concesión de estas ayudas, que pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridas potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, contra todas las resoluciones asociadas al procedimiento de concesión de estas ayudas, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de dicha resolución, cabrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta, del recurso de reposición interpuesto.
1. La justificación de las ayudas se realizará por el beneficiario de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el título II, capítulo II, del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y con lo establecido en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT - EU de la Unión.
2. La documentación necesaria para la justificación técnica y económica cumplirá con los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias y se presentará en el trimestre inmediatamente posterior al de la realización de las actuaciones. En el caso de que el plan de proyecto tenga carácter plurianual se realizará una justificación por cada anualidad o su fracción.
3. La justificación económica seguirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) establecida en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003. Consistirá en la presentación de los siguientes documentos:
a) Una cuenta justificativa firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria, con informe de auditor de cuentas inscrito en el ROAC. El informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias.
b) Todos aquellos documentos justificativos adicionales que establezcan las convocatorias y las instrucciones de justificación.
4. Asimismo, el beneficiario deberá facilitar cuanta información y documentación adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
5. La presentación de todos los documentos requeridos por el presente artículo se realizará por el representante del beneficiario a través del trámite de solicitud de verificación técnica y económica (SVTE), disponible en el Registro Electrónico del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, o mediante las herramientas que, en su caso, establezcan las convocatorias.
6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el nuevo plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en su caso, la posible incoación de un procedimiento sancionador.
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el órgano responsable del seguimiento, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida. A tal efecto, el beneficiario está obligado a presentar un compromiso escrito tal y como se estipula en el artículo 11. de la presente orden.
2. Conforme al capítulo IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el órgano e competente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión, la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los fondos a los fines para los que se concedió la ayuda, así como el resto de las obligaciones del beneficiario, emitiendo una certificación acreditativa final del proyecto como resultado de dichas actuaciones de comprobación.
3. Se considerará que el inicio del plazo de prescripción se producirá en la fecha en la que finalice el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario, tal y como señala el artículo 39.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. A efectos del cumplimiento de la regulación comunitaria y de las órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y HFP/55/2023, de 24 de enero, en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses será de aplicación el Plan de Medidas Antifraude en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de fecha 8 de abril de 2024, incluyendo los mecanismos para abordar y corregir los conflictos de interés que puedan plantearse que en él se incluyen.
5. Asimismo, se comunicará e informará al personal de las entidades que intervengan en los procedimientos de concesión sobre las distintas modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo y se adoptarán las medidas contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, para abordarlos.
6. Se adoptarán además por los órganos competentes todas las medidas recogidas en el Plan de medidas antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de fecha 8 de abril de 2024.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, y en los artículos 30 y 31 de su Reglamento, mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, así como en el artículo 9 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.
2. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas concedidas y del órgano concedente en cualquier publicación, producto, documento o resultado derivado de la actividad financiada, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas. En dichas publicaciones se deberá mencionar expresamente, al menos, la convocatoria y la referencia de identificación de la actuación. Además, deberán publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa del órgano concedente y financiación, según se recoge en apartados siguientes.
3. Toda actuación financiada a través de estas ayudas deberá incorporar de forma visible en la imagen corporativa de la entidad beneficiaria el siguiente texto: «Proyecto financiado por Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial», con la incorporación de los logotipos del Gobierno de España, España Digital 2026 y Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que permitan identificar el origen de la ayuda.
4. Asimismo, será también de aplicación el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A tal efecto, los beneficiarios harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», junto al logotipo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, disponibles en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
5. Finalmente, deberán cumplir con las obligaciones de publicidad que, en su caso, se determinen en la convocatoria.
6. El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será causa de reintegro, según lo establecido en el artículo 93 de dicho reglamento y el artículo 37.1.d) de la citada ley.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en esta Orden de bases, en la convocatoria de ayudas, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su reglamento.
2. Así mismo, será objeto de reintegro cualquier actuación que no resulte elegible conforme a su marco regulatorio, de acuerdo con la regla quinta del artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
3. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
4. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la misma ley.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, los siguientes incumplimientos, se consideran causa de reintegro total de la ayuda:
a) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la presente orden, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas.
b) La concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para los mismos costes, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de esta orden.
c) La constatación, a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación de la ayuda, del incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, salvo alteraciones en las condiciones de la subvención, previstas en el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) La constatación, a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación de la ayuda, de que los entregables, productos, servicios o actividades justificadas, corresponden en su totalidad con los resultados de otros proyectos subvencionados con fondos públicos, o que hubieran sido desarrollados con anterioridad a la solicitud de la ayuda, ya sean imputables al beneficiario como a cualquiera de las entidades subcontratadas.
e) La constatación, a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación de la ayuda que se recogen en el artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, del incumplimiento total y manifiesto de las obligaciones de publicidad a la ayuda concedida previstas en el artículo 31 de la presente orden.
f) La falta de presentación de la justificación de cualquier anualidad, según se indica en el artículo 29 de esta orden o la inactividad durante una anualidad.
2. Siempre que el cumplimiento de objetivos del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, los siguientes incumplimientos, determinados a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación de la ayuda, se consideran causa de reintegro parcial, dando lugar a las minoraciones, proporcionales al grado de incumplimiento, definidas en cada caso:
a) El incumplimiento parcial de los objetivos o actividades concretas conllevará la minoración de aquella parte de la ayuda correspondiente a los mismos.
b) Los gastos que no estén debidamente justificados darán lugar a la minoración de la ayuda correspondiente a los incumplimientos.
c) La constatación, a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación de la ayuda, de que los entregables, productos, servicios o actividades justificadas, corresponden en parte con los resultados de otros proyectos subvencionados con fondos públicos, o que hubieran sido desarrollados con anterioridad a la solicitud de la ayuda, ya sean imputables al beneficiario como a cualquiera de las entidades subcontratadas.
d) La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o el incumplimiento de lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en caso de tratarse de un beneficiario sometido a dicha normativa, significará la minoración de la ayuda correspondiente al gasto no justificado por este motivo.
e) El no cumplimiento del requisito de acreditación de amplia difusión recogido en el artículo 11 conllevará un reintegro de la parte de la ayuda, correspondiente al incremento de intensidad de ayuda a la que da derecho la amplia difusión de resultados según determina el artículo 25.6.b) del Reglamento (UE) n° 651/2014, de 17 de junio de 2014.
La desviación entre el presupuesto financiable del proyecto y el importe total validado en la comprobación de la justificación, tras las minoraciones practicadas, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda correspondiente a la desviación.
En el caso de que, conforme señala el artículo 90 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, el beneficiario desee realizar una devolución voluntaria de la ayuda sin previo requerimiento de la Administración, deberá solicitarlo mediante escrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
1. El desistimiento o la renuncia por los interesados se regulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Cuando se produzca un desistimiento o renuncia del proyecto, el beneficiario estará obligado a devolver la totalidad de la ayuda recibida, más los intereses de demora que pudieran corresponder.
3. Las convocatorias podrán establecer la posibilidad de una excepción al apartado anterior, así como el procedimiento para su tramitación, en el caso de que durante la ejecución del proyecto se produzca una circunstancia verificable que determine la inviabilidad de su continuidad por causas técnicas y quede acreditada por el beneficiario. En este caso, el beneficiario estará obligado a devolver el importe de la ayuda que no vaya a ejecutar, quedando la aceptación del gasto realizado hasta ese momento condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida.
1. La presente orden, la convocatoria y la resolución de concesión también se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en los artículos 18.2 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Calvo, regulado por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, así como podrán acceder a otras bases de datos de las administraciones que puedan suministrar datos sobre titulares reales.
3. Se podrá ceder información entre estos sistemas y el Sistema de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con la normativa europea y nacional aplicable.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa de que los datos personales facilitados en las solicitudes serán tratados por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la finalidad de gestionar la participación en