Categoría: Judicial

a, entendiendo que era una situación comparable a las que en ellos se contemplan, asimilándola al escenario que entendía existente de antagonismo entre la decisión de la madre de dar a luz en su casa, asistida por una matrona, y el riesgo que tal decisión podía implicar para la vida delnasciturus, en la medida en que se trataba de un embarazo que se encontraba ya en la semana cuarenta y tres, y los servicios médicos del hospital público en el que se había llevado a cabo el seguimiento del embarazo de la madre expresaban el riesgo de hipoxia fetal y de muerte intrauterina en tales circunstancias.
Comoquiera que la actuación judicial se ha servido de los preceptos legales indicados como instrumento de integración de la insuficiencia de las previsiones legales para poder tomar su decisión, respondiendo a valores y derechos constitucionalmente reconocidos en situación de conflicto, la sentencia de este tribunal ha estimado una razonable cobertura legal, con una argumentación que acaso pueda discutirse, pero que tiene en cuenta que el órgano judicial no podía escudarse en una carencia de habilitación legal específica para eludir su obligación de resolver.
En todo caso, quiero destacar aquí algo que me parece especialmente importante. El razonamiento que ha conducido a este tribunal a dar por buena la labor hermenéutica llevada a cabo por el juzgado plantea un riesgo que no es deseable en situaciones iguales o semejantes a la aquí enjuiciada: en cada caso, la gestante se va a ver sometida al criterio del órgano judicial en cuanto a la determinación de las normas que puedan prestar cobertura legal a una decisión similar a la que en este caso se adoptó, pudiéndose producir respuestas muy dispares que originen una indeseable quiebra del principio de seguridad jurídica.
Por consiguiente, considero que es deseable que el legislador aborde la regulación de situaciones como la que se ha sometido al juicio de este tribunal, de modo que las gestantes puedan tener la imprescindible seguridad jurídica y la necesaria previsibilidad en cuanto a las reacciones que puedan producirse por parte de los poderes públicos frente a las decisiones que adopten libremente en cuanto al proceso de su embarazo y alumbramiento.
3. Me parece necesario insistir, igualmente, en la idea de que, ante medidas como la que aquí se impugna –que no solo es privativa del derecho a la libertad de la gestante, a la que se obliga a ingresar en el hospital, sino que, además, incide de manera terminante sobre sus derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad, por imponerle una actuación médica y obviar su decisión de dar a luz en su domicilio–, es imprescindible oír previamente a la gestante, y no solo al fiscal, pues es la única manera en la que el órgano judicial puede tomar en consideración todos los intereses en presencia para efectuar una adecuada ponderación entre los mismos, a través del imprescindible juicio de proporcionalidad respecto de las medidas que solicitaba el hospital, justificando la idoneidad, la necesidad, y la proporcionalidad estricta de la medida. En definitiva, ante una situación así, el órgano judicial debe extremar las garantías, recabando las informaciones precisas y dando la posibilidad de manifestarse a todos los intereses en presencia, antes de tomar una decisión definitiva. La sentencia aprobada por el Pleno así lo reconoce, aunque entiende que concurría una situación de extraordinaria urgencia, razón por la que considera que está justificado que en este caso se hubiera prescindido de la audiencia de doña C.P.
4. Con todo, siendo importantes las anteriores cuestiones, me parece que el aspecto esencial que debe destacarse en la sentencia aprobada por este tribunal es el referente a la legitimación para promover el presente recurso de amparo, que se ha reconocido únicamente a doña C.P., negándosela a su pareja y a su hija. Y me parece un extremo relevante no ya desde la mera perspectiva procesal, sino por las connotaciones sustantivas que tiene en cuanto a la titularidad exclusiva sobre los derechos fundamentales que se han visto afectados en un supuesto como este.
La doctrina de este tribunal, que ha quedado recogida en el FJ 3 A) de la sentencia, es terminante en cuanto a la titularidad del derecho fundamental invocado, por lo que el recurso de amparo es la vía adecuada para tutelar los derechos fundamentales propios de los recurrentes pero no de otras personas. En él ha de tutelarse el derecho de la mujer a su propio cuerpo sin mayores injerencias de terceros, aunque se tratara de su pareja y futuro padre de la persona que nació y cualquiera que sea el grado de vinculación.
La sentencia ha sentado unos criterios muy claros en relación a que el embarazo y parto deben entenderse vinculados a la vida privada de la mujer y al derecho a su intimidad personal (art. 18.1 CE), y a su integridad física (art. 15 CE), en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida. Esto ha permitido a la sentencia afirmar que el derecho a la integridad física y moral resulta afectado cuando se impone a la persona una asistencia médica en contra de su voluntad.
La protección de ese ámbito de autonomía tiene una significación esencial en la medida en que el embarazo y la maternidad son hechos que van a afectar profundamente a la vida de la mujer. Debe destacarse, por ello, muy especialmente, el derecho a la libertad, a la intimidad y a la autonomía personal que implica todo el proceso de la maternidad y que suponen no solo la libre decisión de ser madre, sino también la facultad de tomar todas las decisiones sobre su propio cuerpo durante la gestación, comprendida la referida a las opciones clínicas disponibles, una vez haya recibido la información adecuada, incluyendo las atinentes al parto, en cuanto momento en el que culmina la decisión de ser madre, adoptada por propia voluntad. En suma, que en todo cuanto concierne a esta situación, la mujer es absolutamente libre y autónoma a la hora de tomar las decisiones que le afecten, sin que se le puedan imponer voluntades ajenas a esa capacidad de autodeterminación.
Así pues, bajo el amparo de los arts. 15 y 18.1 CE se reconoce a toda mujer la capacidad de decisión tanto en cuanto a ser madre como al desarrollo de su gestación y al propio proceso del parto, incluido entre otros aspectos, el tratamiento y el lugar en el que desee dar a luz, dentro de las opciones disponibles. No en vano, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su art. 2.2 previene que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada. Y el art. 8.1 añade que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. Igualmente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles, y a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley, debiendo constar la negativa al tratamiento por escrito (art. 2.3 y 4).
También la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone de relieve de manera clara que la decisión de tener hijos es uno de los aspectos más íntimos y personales que las mujeres afrontan a lo largo de sus vidas, y que forma parte de un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Así, ha afirmado que «dar a luz es un aspecto particularmente íntimo de la vida privada de una madre. Engloba cuestiones que afectan a la integridad física y moral, al acto médico, a la salud genésica y a la protección de las informaciones relativas a la salud» (Dubská y Krejzová c. República Checa, § 75, 11 de diciembre de 2014). En consonancia con ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que están fundamentalmente vinculadas a la vida privada de la mujer y caen dentro del alcance de ese concepto a efectos del art. 8 de la Convención todas las cuestiones relacionadas con el parto, incluida la elección del lugar de nacimiento, (Ternovszky c. Hungría,§ 22, 14 de diciembre de 2010;Dubská y Krejzová c. República Checa, § 163, 15 de noviembre de 2016;Pojatina c. Croacia, § 44, 4 de octubre de 2018;Kosaitė -Čypienė y otras c. Lituania,§ 66, 4 de junio de 2019). Asimismo, se incluye dentro del alcance del art. 8 el derecho de una persona a rechazar un tratamiento médico, habiendo sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que una intervención médica efectuada contra la voluntad de una persona se considera una vulneración de su derecho al respecto a su vida privada y, particularmente, de su derecho a la integridad física (X. c. Finlandia, § 212, 3 de julio de 2012).
Por su parte, el Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 28 de febrero de 2020 (CEDAW/C/75/D/138/2018), referido a una comunicación presentada contra España, incluye entre sus recomendaciones la de: «Asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada, en consonancia con la recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud; en particular, proporcionar a la mujer información adecuada en cada etapa del parto y requerir su consentimiento libre, previo e informado en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre y/o del bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva».
En cualquier caso, y a pesar de lo que la realidad de la atención médica al proceso del parto nos muestra, la idea resultante de la doctrina establecida en la sentencia, se traduce en que la mujer gestante es la única con capacidad decisoria sobre su propio cuerpo, tanto desde el momento en que adopte libre y voluntariamente su decisión de ser madre, como a lo largo de todo el proceso de la gestación y la culminación con el momento del alumbramiento, y que todas las determinaciones que tome en esos momentos tan esenciales de su vida deben ser respetadas, sin imposición de voluntades ajenas. Como lógica consecuencia, la mujer es también la única legitimada para reclamar el respeto a los derechos fundamentales que se encuentran en presencia por lo que la legitimación activa en este proceso le alcanza solamente a ella.
5. Me parece importante señalar además, que se debe reconocer a la gestante la posibilidad de que pueda optar por dar a luz fuera del centro hospitalario, incluso en su propio domicilio, como había decidido la actora en este caso.
La sentencia deja entrever otra cuestión importante en relación con este derecho, que finalmente se vio condicionado por la resolución judicial.
Entiende que, en principio, y como regla general, el Sistema Nacional de Salud solo contempla la prestación de los servicios sanitarios en centros públicos propios o concertados, del Sistema Nacional de Salud, tal y como resulta del art. 9 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y no, la posibilidad excepcional de que la atención al parto tenga lugar en el domicilio; conclusión que resulta adverada cuando acudimos al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, y, en particular, a la cartera común de servicios, regulada en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre.
De modo que dentro del Sistema Nacional de Salud, solo se contempla la atención al parto en los establecimientos, centros y servicios del Sistema, propios o concertados, pero no se prevé que esa atención pueda ser realizada en el domicilio de la gestante u otro lugar fuera de aquellos. El legislador ha tomado esa opción en lo que se refiere a la asistencia sanitaria pública, decisión que ha de considerarse completamente legítima, en la medida en que revela una política de incentivo del parto en el hospital, dirigida a proteger la seguridad y la salud de la madre y del hijo o de la hija durante y después del alumbramiento.
Es preciso recordar aquí que, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, el derecho de elegir este modo de parto no es nunca absoluto y se encuentra siempre subordinado al respeto de ciertas condiciones médicas (Dubská y Krejzová c. República Checa, § 183, 15 de noviembre de 2016, Gran Sala). En el caso de nuestro país no hay una normativa que prohíba expresamente que un parto pueda tener lugar en el domicilio, pero no existe un marco jurídico ni una cobertura médica nacional.
En la última sentencia citada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido un amplio margen de apreciación a las autoridades nacionales. Se trata de una materia que afecta a un interés general importante dentro del ámbito de la salud pública, y, además, la responsabilidad del Estado en la materia implica necesariamente más amplio poder para enunciar la regla sobre el funcionamiento del sistema de salud, englobando tanto los establecimientos de salud públicos como privados. Y en este contexto, se suscita una cuestión compleja de política de salud que exige el análisis por las autoridades nacionales de datos especializados y científicos sobre los riesgos respectivos del parto en el hospital y del parto en el domicilio. Asimismo, entran en juego consideraciones generales de política social y económica, especialmente la afectación de medios financieros, ya que puede resultar necesario retirar recursos presupuestarios del sistema general de maternidad establecido para consagrarlos a la puesta en funcionamiento de un marco para el parto a domicilio (Dubská y Krejzová c. República Checa, § 182, 15 de noviembre de 2016, Gran Sala).
La necesidad de esta regulación se pone de manifiesto en la STEDHTernovszky c. Hungría, de 14 de diciembre de 2010, en la que el Tribunal apreció lesión del art. 8 CEDH porque, partiendo de que las circunstancias del parto forman indiscutiblemente parte de la vida privada de una persona a los efectos de dicha disposición, una injerencia en dicha decisión acorde con el art. 8 CEDH, debe haberse producido «de conformidad con la ley», lo que implica requisitos cualitativos en el derecho interno tales como la previsibilidad y, en general, la ausencia de arbitrariedad (Rekvényi c. Hungría[GS], § 59). En este sentido, considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado debe brindar una protección jurídica adecuada al derecho en el marco normativo, en particular asegurando que la ley sea accesible y previsible, que permita a las personas regular su conducta en consecuencia, a pesar de su amplio margen de apreciación. «En el contexto del parto domiciliario, considerado como una cuestión de elección personal de la madre, esto implica que la madre tiene derecho a un entorno legal e institucional que le permita elegir, salvo que otros derechos hagan necesaria su restricción. Para la Corte, el derecho a la elección en materia de parto del niño incluye la seguridad jurídica de que la elección es lícita y no está sujeta a sanciones, directa o indirectamente». Y esa falta de seguridad jurídica, junto con la amenaza a los profesionales de la salud, limitó, según entendió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las opciones de la reclamante para considerar la opción del parto a domicilio, situación que es incompatible con la noción de «previsibilidad» y por ende con la de «legalidad» (§ 22 y siguientes).
Dentro de ese margen de apreciación, no hay obstáculo para que el Estado regule la posibilidad de que el alumbramiento pueda tener lugar en el domicilio, permitiendo a la mujer tomar la decisión de abandonar el sistema por el que, hasta ahora, ha decidido apostar el Estado en la configuración del Sistema Nacional de Salud, y optar por el parto domiciliario. Pero, encontrándonos ante una situación sanitaria delicada, que entraña riesgos, como el desarrollo del parto de doña C.P., ha puesto de relieve, tiene que haber una legislación estatal que permita esa posibilidad y regule detalladamente las condiciones para que pueda tener lugar el parto en el domicilio. No habiendo una normativa legal que la prevea, ni existiendo un marco de requisitos técnico-sanitarios que deban cumplirse en un acto sanitario tan sumamente delicado, si la mujer gestante, por su sola voluntad decide situarse al margen del sistema de la «medicina oficial» por el que hasta ahora se ha decantado el Estado, y dar a luz en su domicilio, poniendo en riesgo tanto su salud como la delnasciturus, el sistema público en el que está inserta no puede adoptar una actitud pasiva, sino que debe seguir funcionando, como ocurrió en este caso, en el que se emitieron y se hicieron llegar a la autoridad judicial unos informes médicos del servicio del hospital público que atendió a doña C.P., durante su embarazo, que se han manifestado como fundamentados e irrefutables en sus conclusiones, toda vez que el riesgo que advertían se manifestó de forma efectiva, y surgieron complicaciones en el desarrollo del parto que pusieron en riesgo la vida de la gestante y de su hija, y que obligaron a practicarle una cesárea para el buen fin del alumbramiento. En el parto domiciliario, esa eventualidad habría sido inatendible, y se habría producido una situación aún mayor de riesgo vital, con consecuencias que podrían haber sido especialmente graves, ante la falta de medios en el domicilio para atender una situación así, y teniendo en cuenta el retraso que habría producido su traslado al hospital público para ser atendida por el servicio que realizó el seguimiento de su embarazo. Y, como resulta del relato de antecedentes de la sentencia, la propia embarazada aceptó finalmente la atención médica del sistema público, sin oponer obstáculo alguno a ello.
Resulta, por tanto, completamente legítima la opción adoptada por el legislador nacional de inclinarse por un sistema público, basado en la atención hospitalaria al parto, en atención a la evolución de la medicina, de la sociedad y a los datos de los estudios científicos, en cuanto ofrece una mayor seguridad para la gestante y elnasciturus, sin perjuicio de que resulte aconsejable mejorar el trato que se ofrece en ese momento tan importante, como he señalado anteriormente. Es importante que el Estado no ignore la realidad social de que existen mujeres que, en ejercicio de su autonomía y libertad ante su maternidad, deseen dar a luz en su domicilio y, en estos momentos, lo pueden estar llevando a cabo sin marco legal alguno. Por tal razón, resultaría aconsejable que, por razones de seguridad jurídica y de seguridad sanitaria, se pueda regular esta situación, estableciendo las condiciones precisas para que pueda llevarse a cabo el alumbramiento en lugares distintos de los centros hospitalarios, especialmente teniendo en cuenta no solo los riesgos que pueden producirse ante partos en los que surjan complicaciones, sino, además, las responsabilidades, en las que, como la experiencia nos demuestra, podrían incurrir tanto los sanitarios que atendieran a las gestantes en el parto domiciliario como incluso los propios progenitores.
El legislador español no puede permanecer ajeno a esta realidad, pues, ante los derechos y bienes constitucionalmente garantizados que coexisten en el momento del parto, es necesario ofrecer un marco jurídico seguro que permita conjugar todos los intereses en presencia.
Por consiguiente, el legislador español debería atender esas indicaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y acometer la regulación de una realidad que resulta innegable, pero que requiere un régimen que la dote de seguridad y certeza, tanto desde la perspectiva de las mujeres gestantes como desde la de los profesionales que puedan atenderlas, y, por supuesto, desde la de los servicios sanitarios públicos que, en la tesitura actual, deben actuar como guardianes que vigilen todos aquellos procesos en los que se sitúe el momento del parto fuera de los protocolos del sistema público.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–María Luisa Muñoz Parra.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 LOTC y con pleno respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por entender que la sentencia debía estimar el recurso de amparo formulado por doña C.P., contra el auto de 24 de abril de 2019 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo que acordó ordenar su «ingreso obligado» en un centro hospitalario «para la práctica, de ser preciso, de un parto inducido» y las resoluciones posteriores que lo confirmaron.
I. Planteamiento.
La demanda de amparo suscita un problema complejo desde la perspectiva jurídica y moral. Coincido con la delimitación y el marco conceptual de las quejas que ofrece la sentencia. Las cuestiones constitucionales objeto de enjuiciamiento son dos: (i) si el traslado e ingreso forzoso en el hospital es una medida lesiva del derecho a la libertad (art. 17.1 CE) y (ii) si la hospitalización obligatoria «para la práctica, de ser preciso, de un pacto inducido», frente a la decisión de la demandante de parir en su domicilio, vulnera su derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), en conexión con el derecho a la integridad física y la dignidad de la persona (arts. 15 y 10 CE). Conforme a este planteamiento, y aceptando que la medida adoptada en el auto de la jueza de instrucción de guardia incide en el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de la demandante, debe dirimirse si la injerencia respeta los requerimientos de admisibilidad constitucional de la restricción: que la medida limitativa del derecho fundamental esté prevista por la Ley, que sea acordada por resolución judicial especialmente motivada, en un procedimiento en el que se oiga al titular de los derechos y que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo.
En contraste con los requisitos de legitimidad que reclama toda medida de injerencia en derechos fundamentales –consolidados en la doctrina constitucional y que la sentencia enuncia– se altera indebidamente el parámetro de control constitucional al renunciar a la exigencia de legalidad, se excepciona sin fundamento la necesidad de audiencia de la interesada y se efectúa, a la postre, una aplicación superficial o aparente del canon de proporcionalidad, insuficiente en su consideración y razonamientos desde la perspectiva de tutela de los derechos de la demandante, que de esa manera pasan a ocupar un papel marginal, cuando no nulo, en la decisión final. Son tres los motivos de mi discrepancia: no hay habilitación legal para restringir la libertad de una mujer embarazada e ingresarla contra su voluntad en un servicio hospitalario con la finalidad de impedir que alumbre en su domicilio con asistencia de profesionales sanitarios, la audiencia de la interesada y titular de los derechos es obligada e imprescindible, su preterición no estuvo justificada, y no se elaboró un auténtico juicio de proporcionalidad de la adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad de la medida de internamiento. Como el juicio de proporcionalidad venía condicionado por la falta de cobertura legal de la medida y la prescindencia de la audiencia de la demandante, constitutivos ya de una vulneración de sus derechos fundamentales, centraré en estos aspectos el contenido de mi pronunciamiento.
II. La exigencia de habilitación legal.
Como sostuve en la deliberación, la restricción de un derecho fundamental requiere de la existencia de una ley de calidad como presupuesto de legitimidad de toda medida limitativa. Una habilitación que aquí no concurre, por lo que debimos apreciar la vulneración de los derechos a la libertad y a la intimidad personal de la demandante, derechos que, en principio, amparaban su capacidad para decidir dar a luz en su domicilio. La mayoría considera que, aunque el ingreso hospitalario contra la voluntad de la gestante no encuentra cobertura legal específica, tal déficit no implica la ilegitimidad de la medida porque se respetó el principio de proporcionalidad en un marco de habilitación legal «implícita». Mi desacuerdo se extiende tanto a la renuncia del principio de legalidad, como integrante del canon de control constitucional de las restricciones de derechos fundamentales, como a la idoneidad de una habilitación implícita o analógica para satisfacer dicho requerimiento.
1. La injerencia judicial en un derecho fundamental demanda expresa habilitación legal.
La doctrina elaborada por este tribunal al hilo de la discusión sobre la constitucionalidad de intervenciones limitativas de la libertad ha puesto de relieve el significado garantista de la exigencia de habilitación legal (por todas, STC 217/2015, de 22 de octubre, FJ 2, a la que sigue la STC 84/2018, de 16 de julio, FJ 3). En síntesis, se ha subrayado que:
(i) La previsión legal de una medida limitativa de derechos fundamentales es condición de su legitimidad constitucional. En particular, así ocurre respecto al derecho a la intimidad (SSTC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7, y 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4) y al derecho a la libertad personal (SSTC 32/1987, de 12 de marzo, FJ 3; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 2, y 169/2001, de 16 de julio, FJ 6).
(ii) Para tener por cumplido este requisito, en cuanto a las características exigidas por el principio de seguridad jurídica a la calidad de la ley habilitadora de una injerencia, la ley debe definir con suficiente claridad las modalidades y la extensión del poder de restricción otorgado al juez para aportar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad.
(iii) Cuando de la privación de libertad se trata, la existencia de cobertura legal expresa y clara de la injerencia del poder público es requisito previo e insoslayable, de modo que solo si existe previsión legal y si la misma explicita suficientemente el alcance y el contenido de la privación de libertad puede, después, valorarse si su concreta aplicación resultó proporcionada, ponderando el sacrificio provocado en la esfera del titular del derecho con los fines públicos que se pretenden alcanzar, todo ello de acuerdo con el principiofavor libertatisoin dubio pro libertate.
Tradicionalmente se ha afirmado que «la Ley, y solo la Ley, pued[e] fijar los límites a un derecho fundamental» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11). La Constitución exige que la restricción de los derechos fundamentales se haga por ley que ha de fijar de manera expresa, precisa, cierta y previsible el límite, con respeto al contenido esencial del derecho y en protección de otros derechos o bienes constitucionales.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige como presupuesto de toda medida restrictiva de los derechos que proclama el Convenio de Roma la existencia de una previsión legislativa de calidad, de modo que la afectación a un derecho sin tal cobertura se considera una vulneración del Convenio. Esta comprensión condujo a apreciar una lesión del derecho a la vida privada en el asuntoTernovszky c. Hungría(STEDH de 14 de diciembre de 2010), ya que la demandante, que pretendía dar a luz en casa, se vio disuadida por la falta de claridad de la legislación nacional sobre si la conducta era lícita y si podía ser asistida por profesionales sanitarios. Para el Tribunal Europeo, el art. 8.2 CEDH comprende el derecho de la mujer a decidir sobre las circunstancias del alumbramiento, de ahí que condicionar la libre elección sea una injerencia que debe respetar las exigencias de legalidad de la medida, persecución de un objetivo legítimo y proporcionalidad (§ 22-23). Por ello, la ambigüedad de la normativa era incompatible con la noción de previsibilidad y, por tanto, con el principio de legalidad, lo que impedía considerar que la injerencia estuviera legalmente prevista en la ley (§ 26). La injerencia exige, en definitiva, un entorno jurídico e institucional claro que permita a la mujer embarazada elegir el lugar y las circunstancias del parto, sin perjuicio de que pueda ser necesaria la restricción de su derecho si concurren otros derechos o intereses prevalentes (§ 24).
Frente a esta conceptualización de las garantías de legalidad y previsibilidad –que demanda una decisión del legislador para limitar el derecho fundamental, legitimar la intervención del juez y dotar de seguridad jurídica a las expectativas de conducta de los ciudadanos– la posición de la mayoría concluye que «la ausencia de una concreta previsión legal no afecta a la legitimidad de la medida, siempre que se respete el principio de proporcionalidad inherente a la necesaria ponderación de otros derechos o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos».
Se abandona así el presupuesto constitucional que debe observar toda medida limitativa de derechos fundamentales, su previsión con carácter previo en una norma con rango de ley (art. 53.1 CE), y se reducen las condiciones de legitimidad de la medida al acierto del juez al efectuar el juicio de proporcionalidad. Con ello no solo se traslada en bloque la decisión al órgano judicial, sin la imprescindible mediación del legislador para regular y limitar el derecho de la mujer gestante a decidir el lugar y las condiciones del parto, sino que se hace sin ofrecerle un marco de decisión que defina las situaciones que habilitan al juez para adoptar el ingreso hospitalario involuntario y los elementos que debe ponderar, así como el procedimiento que ha de seguir. De modo tal que se altera la dogmática de los derechos fundamentales y se construye una suerte de cláusula de «estado de necesidad constitucional» que conduce a la pérdida de una garantía esencial de los derechos, en tanto es preterida la reserva legislativa para el desarrollo del derecho y la definición de las situaciones en que es posible su limitación ante la presencia de un interés incompatible del no nacido, confiriendo al juez la decisión al completo, primero, sobre si dicha restricción es posible y, si así lo estima, en qué contexto o circunstancias, de qué manera y con qué intensidad. La indeterminación que provoca la posibilidad de intervención judicial en ausencia de regulación legal, inevitablemente casuística, deviene incompatible con la seguridad jurídica como condición de libertad de los ciudadanos.
Esta conclusión, de hondo significado constitucional, se sostiene en la sentencia con cita de las SSTC 49/1999, de 5 de abril; 173/2011, de 7 de noviembre, y 199/2013, de 5 de diciembre. Pero estas dos últimas resoluciones, relativas a actuaciones injerentes en la intimidad (acceso al contenido de un ordenador y análisis de una muestra de ADN, ambas sin autorización judicial), no renuncian a la exigencia de habilitación legal de las medidas intromisivas en el derecho, que estiman presente en ambos casos. Y solo aluden al carácter no ilimitado o absoluto de los derechos fundamentales, para recordar que no es necesario que las restricciones a la intimidad (como a cualquier otro derecho) estén expresamente previstas en la Constitución, a modo de una reserva de limitación, ya que pueden derivarse de la necesidad de proteger otros derechos o bienes jurídicos. La STC 49/1999, por su parte, aun reconociendo que la Constitución puede encarnar una norma habilitante, rechaza que se alcance con ella la exigencia de certeza que ha de presidir cualquier injerencia en un derecho fundamental, por lo que es inexcusable una previsión legal (FJ 4), declarando vulnerado el derecho a la intimidad al faltar en el caso una norma de calidad que regule la intromisión en el secreto de las comunicaciones (FJ 5). Es cierto que dicha resolución separa, de un lado, la vulneración imputable al legislador por la insuficiente calidad de la ley y, de otro, la legitimidad constitucional de la actuación judicial. No obstante, además de que no comparto la posibilidad de tal escisión desde la perspectiva de tutela del derecho afectado, tampoco el contexto de decisión entre aquel supuesto y el conflicto ahora analizado es equiparable. La deficiente calidad de la ley, como era el caso en la STC 49/1999, impide la previsibilidad de la injerencia, por más que el juez resuelva de forma aquilatada. Pero, además, la posibilidad de distinguir la vulneración imputable al legislador de la sostenibilidad de la decisión judicial se planteaba respecto a la autorización de una diligencia de investigación injerente –una intervención telefónica– cuyas condiciones materiales de legitimidad estaban definidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacía tiempo y que el Tribunal Constitucional había asumido como doctrina. Es decir, la insuficiente densidad de la ley que contemplaba la medida se veía compensada por la doctrina convencional y constitucional que había establecido los requisitos de validez de la intromisión en el derecho fundamental. El conflicto que se analiza ahora es, muy al contrario, novedoso y carece de previsión normativa y de referentes precisos en nuestra doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que apela en esta materia al amplio margen de apreciación de los Estados y que en ningún caso ha avalado una medida de ingreso hospitalario involuntario de una mujer gestante (SSTEDH de 15 de noviembre de 2016,Dubská y Krejzová c. República Checa[GS], § 178-184; de 4 de octubre de 2018,Pojatina c. Croacia, § 78, y de 4 de junio de 2019,Kosaitė-Čypienė y otros c. Lituania, § 102).
2. La calidad de la ley habilitante.
Pasando al examen concreto del caso, estoy de acuerdo con la opinión mayoritaria en que las normas que recogía la resolución no daban cobertura a la autoridad judicial para impedir a la demandante alumbrar en su domicilio y proceder a su traslado e internamiento en el servicio de obstetricia del centro sanitario. Pues ni el art. 158.6 CC, ni el art. 9.6 de la Ley 41/2002, aun puestos en relación con el art. 29 CC, constituyen previsión expresa que permita la hospitalización de una mujer embarazada contra su voluntad, de modo que existe una laguna legal, una ausencia de norma habilitante para la injerencia del poder público en el ámbito de las expectativas de conducta que contempla el derecho fundamental. En este punto debería haberse apreciado la vulneración de los arts. 17.1 y 18.1, en relación con los arts. 15 y 10 CE, ante la falta de previsión legal de la medida restrictiva de la libertad y de la intimidad personal.
Sin embargo, la sentencia de la que disiento lee esas referencias normativas –preceptos que la resolución judicial citaba en su literalidad, sin análisis alguno de su alcance y relevancia para la decisión– como un mecanismo de integración de la laguna legal, apreciando similitud entre las situaciones en ellas contempladas y el conflicto que el servicio médico planteaba a la jueza entre los derechos de la gestante y el interés de la no nacida. Se acude así a una habilitación por analogía, absolutamente extensiva, que no satisface las exigencias constitucionales de previsión normativa (STC 217/2015, FJ 4), como evidencia que con carácter previo nuestra sentencia advierta que el déficit de ley no es determinante de la ilegitimidad constitucional de una medida restrictiva. Un presupuesto conceptual poco convincente.
En todo caso, difiero incluso de que pueda apreciarse una identidad de razón entre el supuesto que nos ocupa y los que regulan el art. 158.6 CC y el art. 9.6 de la Ley 41/2002, identidad que permita construir la mencionada analogía para integrar la falta absoluta de norma de cobertura. Ninguna de las previsiones invocadas tiene presente la situación de dependencia del feto respecto de la madre y la incidencia que en los derechos de esta tiene toda medida dirigida a la protección de aquel. Cuando los derechos y bienes en conflicto son diversos, no hay semejanza y no puede apreciarse analogía para solucionar posibles lagunas. Considero que la cita de estos preceptos pretende –como al acudir al art. 17.9 de la Ley Orgánica 1/1996, no mencionado en la resolución judicial cuestionada pero que incorpora nuestra sentencia– enfatizar el deber de protección del no nacido, algo que no se discute en el caso pues la demandante quería alumbrar una hija con buena salud y en las mejores condiciones, y que aquí resulta pertinente para afirmar la presencia de un fin legítimo sobre el que acometer el juicio de proporcionalidad. Pero en ningún momento se trae a consideración una disposición que permita, como exige el principio de legalidad, imponer a una mujer gestante a término una medida de privación de su libertad y de restricción de su ámbito de autodeterminación personal para decidir el lugar y las condiciones del parto.
El derecho de la mujer embarazada a decidir sobre el proceso de parto y las condiciones del alumbramiento puede ser regulado y limitado, sin duda. Pero para ello es precisa la intervención del legislador de los derechos fundamentales, no puede invitarse al juez a que resuelva el hipotético conflicto creando la norma mediante libre ponderación en atención a las circunstancias del caso. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que he citado informa que varios Estados europeos han desarrollado este derecho y establecido las condiciones de su ejercicio (parto de bajo riesgo, asistido por personal sanitario especializado y posibilidades de traslado a un hospital en caso de necesidad).
En suma, la opinión que sustenta la posición de la mayoría conlleva la renuncia a la garantía de legalidad como criterio de legitimidad de una medida judicial restrictiva de derechos fundamentales en conflicto con otros derechos o bienes jurídicos. Lo único decisivo es que un análisisex postde la medida permita considerar que el órgano judicial respetó el principio de proporcionalidad. El sistema de derechos fundamentales experimenta así, en situaciones de urgencia, una apertura general a decisiones fundadas en la mera apreciación del juez de la existencia de un conflicto de intereses, que deberá resolver conforme a parámetros objetivos de valoración y ponderación, pero no precisadosex ante,ni siquiera mínimamente, por el legislador. Lo que supone una habilitación a los tribunales para limitar y restringir derechos sin cobertura expresa en la ley, con merma de las garantías de los derechos fundamentales, que provoca inseguridad jurídica acerca de los supuestos en que su titular puede verse privado de su pleno disfrute.
III. Audiencia de la titular de los derechos.
La ausencia de habilitación legal expresa transmite su indefinición al procedimiento de adopción de la medida, lo que incide en un debilitamiento de las garantías procesales de los derechos fundamentales frente a las intromisiones del poder público. Pero ello no explica ni justifica la inobservancia de la garantía de oír, con carácter previo a la adopción de la medida, a la persona que va a sufrir la restricción de sus derechos fundamentales, en este caso, la mujer gestante, doña C.P. Así lo reconoce la opinión de la mayoría, que considera la audiencia del titular del derecho como una garantía procesal que trata de evitar su indefensión, si bien considera que se puede exceptuar en situaciones de urgencia, como aquí, por la necesidad de actuar ante el riesgo grave para la vida de la no nacida.
Coincido en el punto de partida del razonamiento de la sentencia: la tutela de los derechos fundamentales exige al juez escuchar a quien puede verse afectado por una medida restrictiva, pero la regla puede ceder en circunstancias muy excepcionales. Mi desacuerdo atañe tanto a la apreciación de la presencia de circunstancias excepcionales en el caso, como al papel constitucional que la audiencia tiene y los efectos de su preterición. Sobre ello me detendré brevemente, ya que comparto los razonamientos expresados en los votos disidentes del magistrado señor Xiol Ríos y de la magistrada señora García Moya.
1. Falta de explicación razonable de la ausencia de audiencia.
No resulta convincente apelar al riesgo para el feto –sin perjuicio de su plausibilidad en abstracto– como impedimento para oír a la mujer embarazada cuya libertad e intimidad iba a ser sacrificada, cuando la autoridad judicial acordó dar traslado al Ministerio Fiscal, cuyo informe precedió al dictado del auto que ordenó el ingreso obligatorio de la gestante, sin que se intentara establecer comunicación o diálogo alguno con ella. No estamos, pues, ante una decisión que se adoptarainaudita partepor razones de urgencia excepcional, sino ante una decisión que la magistrada-juez de guardia tomó sin considerar necesario ni conveniente escuchar las razones de la mujer titular de los derechos fundamentales que iba a restringir, como pone de relieve que no dedicara esfuerzo argumental alguno para justificar la omisión. Adicionalmente, la lectura de los antecedentes revela que tampoco intentó escuchar a la interesada con posterioridad a la ejecución de la medida restrictiva de su libertad, cuando la policía y los sanitarios acudieron a su domicilio, ni durante su estancia en el servicio de obstetricia. Es decir, la autoridad judicial no reparó en la importancia de dar entrada a la interesada en el proceso de adopción de la medida de internamiento involuntario en el hospital. En tales circunstancias no se sostiene la argumentación que ofrece la sentencia para justificar la omisión de la garantía.
2. Significado constitucional de la falta de audiencia.
A mi entender, la audiencia resultaba una garantía especialmente trascendente en el caso, tanto como presupuesto metodológico del juicio de proporcionalidad, como por su peso para realizar la ponderación entre los intereses puestos en conflicto por la petición del servicio médico, que debió observarse antes de la decisión que iba a afectar a principios básicos de la bioética que se encuentran en el fundamento de los derechos fundamentales concernidos, como son la autonomía personal (derecho a decidir sobre el lugar, el modo y las circunstancias del parto) y la dignidad humana (que prescribe la prohibición de instrumentalización de la persona, que no puede ser tratada solo como un medio).
La audiencia, en tanto que venía a articular la posibilidad de que la mujer embarazada pudiera explicar las razones de su elección por el parto domiciliario y las condiciones en las que iba a dar a luz a su hija, hacía posible la contradicción como único método correcto de conocimiento judicial, de adquisición de un saber con un mínimo de calidad imprescindible para la decisión. Y tenía como finalidad escuchar a la titular de los derechos fundamentales acerca de la necesidad y proporcionalidad de la medida de ingreso hospitalario y la previsión de medios alternativos que aseguraran la salud de la hija durante el proceso de nacimiento, que pudiera aportar los medios y elementos de prueba que estimase oportunos para acreditar la viabilidad y los riesgos de la opción que había tomado. La intervención de la interesada resultaba no prescindible para permitir que la decisión de la autoridad judicial sobre su internamiento involuntario se produjera en las mejores condiciones, con una base informativa más amplia y contrastada que la sola opinión del servicio médico. La demandante ha invocado en todo momento su derecho a decidir y ha cuestionado la necesidad del ingreso, alegando que se encontraba asistida por personal sanitario (matrona y ginecólogo). Darle un trámite para que pudiera hablar y expresar sus razones era especialmente relevante como condición para limitar su derecho a la libertad y a decidir sobre el lugar y las condiciones del parto. Los datos que pudiera aportar sobre el estado del embarazo, en el que estaba asistida y vigilada por otros profesionales sanitarios, según comprobó la policía al llegar a su domicilio, podían ser significativos frente al riesgo estadístico que sustenta el protocolo médico que impulsó la medida. La falta de audiencia impidió un juicio de proporcionalidad informado de forma global y completa, ya que se apoyó exclusivamente en los informes del servicio público de salud.
Por otro lado, la preterición de la exigible audiencia a la mujer titular de los derechos limitados impidió conocer la relación que tenía con el médico responsable de su caso en el servicio de obstetricia, en qué medida se satisfizo su derecho al consentimiento informado y qué plan de parto se le propuso. Y ello es importante, porque la medida de internamiento hospitalario y el sentido de nuestra decisión pueden venir a confirmar un modelo asistencial paternalista –que sigue el principio de beneficencia del paciente, incluso sin respetar su voluntad ni establecer un diálogo con él– no compatible con los derechos de la mujer embarazada que le deben asegurar el acceso a una atención sanitaria digna y respetuosa.
Además de la utilidad de la audiencia para resolver de la mejor forma posible el hipotético conflicto planteado por el servicio médico, y sin perjuicio de que constituye una garantía estructural de los procedimientos para la limitación de derechos fundamentales –como recoge la sentencia–, considero que la omisión afectó a la dignidad de la demandante que protege el art. 10.1 CE. La dignidad es el fundamento de los derechos fundamentales y obliga a los poderes públicos a tratar a todas las personas de acuerdo con su dignidad humana, es decir sin instrumentalizarlas ni considerarlas solo como un medio, permitiendo y favoreciendo el desarrollo de su personalidad. La resolución judicial limitó los derechos fundamentales de doña C.P., a la que trasladó contra su voluntad al hospital para impedir que diera a luz a su hija en su domicilio, como quería, sin intentar recabar sus razones y tenerlas en cuenta, como era debido. De hecho, la autoridad judicial le dispensó un tratamiento procesal propio de una persona en situación de incapacitación o de incompetencia para decidir. Y al limitar en esas condiciones las expectativas de conducta que amparaban su derecho a decidir sobre el proceso de parto y sus condiciones, la trató como si fuera únicamente el soporte biológico de la vida de su hija no nacida, por lo tanto, solo como un medio y no como un fin en sí misma, como un agente moral.
La actuación judicial que ordenó el ingreso obligado de la demandante en el hospital, para impedir que llevara a cabo su decisión de dar a luz en el domicilio familiar, se desentendió de su posición jurídica y de sus derechos e intereses, como confirma la lectura del razonamiento que ofrecía el auto de 24 de abril de 2019 para justificar la medida. En línea con la marginación de la posición jurídica de la mujer, no contenía –frente a lo que se afirma en la sentencia– una ponderación genuina de los derechos e intereses concernidos, sino un repaso acrítico del motivo de riesgo alegado por los servicios sanitarios desde la preconcepción de que la vida y la salud de la no nacida eran prevalentes, sin mención alguna ni consideración a los derechos fundamentales de los que era portadora doña C.P., como gestante y madre.
IV. Conclusión.
En definitiva, por las razones señaladas considero que la sentencia debió estimar el recurso de amparo por carecer de cobertura en la ley la medida de internamiento hospitalario involuntario y haberse adoptado sin la debida audiencia de la demandante, lo que hacía innecesario entrar a analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de la medida.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintidós.–Ramón Sáez Valcárcel.–Firmado y rubricado.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por discrepar del fallo desestimatorio de la sentencia y de la fundamentación que la sustenta.
Considero que debió estimarse la petición de amparo de la recurrente y, por tanto, debió declararse la nulidad de las decisiones judiciales que acordaron y ratificaron el ingreso obligatorio de la mujer embarazada en el hospital para la inducción del parto, sin oírla, obviando su condición de persona titular de derechos fundamentales y soslayando la concurrencia de una categoría sospechosa de discriminación por razón de género como es la maternidad.
1. De la necesaria incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Aceptando el marco teórico doctrinal que contiene la sentencia aprobada por la mayoría considero, sin embargo, que debió ser completado con la necesaria perspectiva de género. Elemento estructural del ordenamiento jurídico de carácter transversal y prevalente en la interpretación de las normas jurídicas, tanto sustantivas como procesales, que ha de presidir la resolución de todas las cuestiones referidas a situaciones en que se vean comprometidos, de manera prioritaria, los derechos de las mujeres, como son las relacionadas con la maternidad, la gestación y el parto. En el presente caso, y así lo expuse en la deliberación, la mujer embarazada y sus derechos como persona titular de derechos están ausentes del relato histórico y judicial.
La perspectiva de género tiene su anclaje constitucional en el art. 9.2 CE, norma que contiene la noción de igualdad material y de obligación promocional de los poderes públicos, así como en el art. 14 CE que recoge la idea de igualdad formal y la interdicción expresa de discriminación por las que se identifican como causas sospechosas de ser discriminatorias, y entre las que cita expresamente, el sexo. Los arts. 4 y 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, junto con las definiciones de la propia ley, desarrollan los citados preceptos constitucionales y han servido par