Categoría: Administración

tificados de las instalaciones, emitidos por instaladores autorizados;
– En el caso de proyectos para la rehabilitación de edificios, certificado de eficiencia energética de las obras finalizadas y certificado de eficiencia energética del edificio antes de la rehabilitación.
c) El expediente íntegro de contratación de las obras o servicios o encargo a medio propio debidamente foliado y sellado que garantice la integridad del mismo, así como la publicación, en su caso, en la Plataforma de Contratos del sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). En caso de que el expediente se remita en formato electrónico, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, para que la contratación se considere válidamente justificada, en el expediente se deberán incluir como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores en cumplimiento por los beneficiarios de la obligación establecida en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la justificación de que por las especiales características del contrato, no existen en el mercado suficiente número de entidades que puedan ejecutarlo.
d) Memoria económica justificativa del coste de los servicios subvencionados, que contendrá la siguiente documentación que deberá ser presentada por el beneficiario:
– Una relación clasificada de los gastos incurridos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago;
– Relación certificada y copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados. Tanto las facturas como los pagos realizados deberán estar fechados dentro del período subvencionable, indicado en la resolución de concesión de la ayuda.
e) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria finalista proporcionado tras la concesión de la ayuda como indicado en el artículo 12.
f) Informe de técnico competente justificativo de que el proyecto cumple con las exigencias derivadas del principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH).
En obras de rehabilitación de edificios, espacios o estructuras que se lleven a cabo, se deberán aportar los estudios de gestión de residuos de construcción y demolición, los planes de gestión de estos residuos y los certificados de los gestores finales de tratamiento de los mismos.
Además, en aquellos proyectos a los que resulte de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, será medio de verificación la documentación acreditativa (declaración de impacto ambiental favorable) de cumplimiento de la normativa ambiental por parte del proyecto. Si se trata de proyectos excluidos de evaluación de impacto ambiental (artículo 8.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre), que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma apreciable a especies y hábitats de un espacio Red Natura 2000, se sustanciará el procedimiento de evaluación regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y se presentará la resolución administrativa de aprobación o autorización del proyecto, que integren los correspondientes informes de que no se causa perjuicio a la integridad de los espacios.
g) Reportaje fotográfico de la infraestructura final objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario de la actuación.
h) En el caso de que junto con la solicitud de ayuda se hubiera aportado el compromiso de la cesión de la titularidad o un contrato de promesa de compraventa del bien inmueble, espacio o terreno de titularidad pública propuesto para la realización de la actuación objeto de la subvención, se deberá aportar certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación, o el órgano competente que corresponda, acreditando la cesión de la titularidad como definitiva, que haga referencia al fin y la duración de la misma, que deberán ser idénticos a los especificados en la cesión comprometida en el momento de presentación de la solicitud.
Cuando proceda, deberá aportarse, a estos efectos, la escritura de compraventa del bien inmueble y su correspondiente inscripción en el registro de la propiedad en el plazo máximo que se determine en la resolución de concesión de la ayuda.
En su defecto, podrá aportarse la autorización expresa del titular público del bien inmueble y/o terreno para la realización de las actuaciones solicitadas.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Instituto para la Transición Justa, O.A., llevará a cabo la comprobación de la documentación que los beneficiarios deban aportar para justificar la subvención. El órgano encargado del seguimiento comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta, así como a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro de los importes no utilizados.
6. Tras la correspondiente comprobación, el Instituto para la Transición Justa, O.A., emitirá certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda.
1. El Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá realizar cuantas inspecciones sean precisas para comprobar y verificar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas reguladas en esta orden, incluido el principio de no daño significativo al medioambiente (DNSH) y en las convocatorias correspondientes. En su caso, podrán establecerse las medidas correctoras que correspondan.
2. Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de control financiero. Los beneficiarios quedarán, asimismo, sometidos a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
3. Asimismo, estarán sometidos al seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se determinen y cuya aplicación será de obligado cumplimiento. En particular, estarán sometidos al Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se solicitará a los participantes en el procedimiento la información acerca de la titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de la consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación en cuestión. Esta información debe aportarse al órgano de concesión de subvención en el plazo de cinco días hábiles pues de lo contrario se procederá a la exclusión del procedimiento en el que se está participando.
4. A efectos de lo anterior, guardarán, durante un plazo mínimo de diez años, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y del contenido de lo declarado responsablemente, y lo pondrán a disposición de la Administración cuando ésta se lo requiera.
1. Los beneficiarios de las ayudas convocadas al amparo de esta orden quedarán sometidos a lo establecido en materia de reintegros e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la presente orden.
2. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones particulares que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, en los términos establecidos en las presentes bases, la justificación insuficiente de la misma o cualquiera de los casos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, llevará aparejado el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente independientemente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
4. En particular, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la totalidad o parte de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de ejecución del proyecto relativo a la actuación subvencionable en el plazo establecido en la resolución de concesión;
b) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del proyecto establecidas en esta orden o en las convocatorias correspondientes, en particular en lo relativo al cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH), de conformidad con el artículo 11 de esta orden;
c) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido;
d) Obtención de la subvención falseando el contenido de la declaración responsable;
e) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la Unión Europea;
f) La modificación del proyecto sin que se hubieran comunicado al Instituto para la Transición Justa, O.A., las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la tramitación de la solicitud o, habiéndose comunicado, antes de que la modificación haya sido autorizada por el órgano concedente;
g) Renunciar a la totalidad o parte de la subvención concedida tras la recepción de la misma.
5. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. El órgano competente para exigir el reintegro de la ayuda será el órgano competente para acordar la concesión de la subvención.
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y responderán al principio de proporcionalidad:
a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actividad subvencionable, de la obligación de justificación, o la concurrencia de cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 27 de esta orden darán lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la subvención concedida.
b) La justificación de un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento del coste del proyecto dará lugar a la pérdida total del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la subvención concedida.
c) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actividad subvencionable o de la obligación de justificación del cien por cien del coste del proyecto siempre que se hubiera justificado al menos un setenta y cinco por ciento, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o reintegro parcial de la subvención en el porcentaje correspondiente a la actuación no justificada.
No se considerará justificado el importe de los contratos celebrados por el beneficiario, cuando no cumpla la obligación establecida en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) El cumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en estas bases, en la convocatoria, o en la resolución de concesión, tendentes a la satisfacción de sus compromisos, conllevará la obligación de reintegro de parte de las cantidades percibidas. Se establecen como criterios de graduación los incumplimientos de condiciones impuestas de tipo accesorio que se recogen a continuación, los cuales supondrán una minoración de hasta un diez por ciento sobre el total de la cuantía concedida, siempre con respeto al principio de proporcionalidad:
1.º Demora en la presentación de la justificación. La presentación de la justificación fuera del plazo establecido en el artículo 25.1 de esta orden supondrá una minoración del uno por ciento sobre el total de la cuantía de la ayuda concedida por cada tres días naturales de demora hasta alcanzar el máximo del diez por ciento sobre el total de la cuantía concedida.
2.º Incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad establecidas en el apartado 6 del artículo 13 de esta orden. La falta de realización de las obligaciones de información y publicidad supondrá una minoración del cinco por ciento sobre el total de la cuantía de la ayuda concedida.
3.º El cumplimiento defectuoso de las obligaciones de información y publicidad supondrá una minoración del tres por ciento sobre el total de la cuantía de la ayuda concedida. Se entiende por cumplimiento defectuoso de estas obligaciones la falta de cualquiera de los elementos descritos en el apartado 6 del artículo 13 de esta orden.
e) Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
1. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas dirigidas a financiar el coste de ejecución de proyectos para la rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de reforzar el componente medioambiental, social y digital de los mismos, en municipios inmersos en procesos de transición energética afectados por el cierre de explotaciones de minería, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, cuyas bases se encuentran reguladas en el capítulo I de la presente orden.
2. Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
3. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden y de la presente convocatoria consistirán en una subvención a fondo perdido para la realización de los proyectos descritos en el artículo 4 anterior.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Los ayuntamientos de los municipios afectados por la transición energética que figuran en los Protocolos Generales de actuación para la elaboración de los Convenios de Transición Justa o en los Convenios de Transición Justa acordados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y que figuran en el anexo X de esta convocatoria.
b) Las diputaciones provinciales en el ejercicio de las competencias que les correspondan, cuando actúen en representación de una agrupación de municipios de los establecidos en la letra a) anterior, siempre y cuando la solicitud de ayuda se refiera a proyectos a ejecutar en beneficio de todos ellos.
c) Los consorcios locales, mancomunidades, comarcas y agrupaciones de municipios que reúnan las condiciones establecidas en la letra a) anterior que se presenten a esta convocatoria a los efectos de llevar a cabo una iniciativa conjunta, ya que en muchas ocasiones estas iniciativas conjuntas favorecen el cumplimiento de objetivos.
Los ayuntamientos integrantes serán responsables solidariamente respecto del conjunto de las actividades subvencionadas a desarrollar por el consorcio, mancomunidad, comarca o agrupación local, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro, y las responsabilidades por infracciones.
La agrupación, mancomunidad o consorcio no podrán disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. En el caso de las agrupaciones de municipios distintas de la diputación provincial, con carácter previo a la solicitud, deberán formalizar un acuerdo interno que regule su funcionamiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que deberán quedar reflejados los siguientes aspectos que deberán igualmente especificarse en la solicitud de la ayuda:
a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación;
b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso;
c) Representante o apoderado único de la agrupación y coordinación única del proyecto frente al Instituto para la Transición Justa, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Esta coordinación, que deberá contar con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación, estará habilitada para presentar la solicitud y realizar en nombre de la agrupación el resto de comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas;
d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos;
e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes;
f) Propiedad de las infraestructuras que forman parte del proyecto;
g) Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a las infraestructuras subvencionadas.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas los solicitantes que se encuentren incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 3 de las bases reguladoras.
4. Los beneficiarios podrán concertar con terceros la ejecución de los proyectos de rehabilitación mediante licitación o encargos a medios propios o cedidos por otra Administración.
En la licitación o encargo se incluirá la obligación del cumplimiento del principio de no daño significativo al medioambiente (DNSH) y el resto de requisitos establecidos en las bases reguladoras, cuando sean aplicables.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a proyectos sobre bienes, espacios y terrenos de titularidad pública que permitan reforzar el componente social, medioambiental y digital de los espacios públicos, comprendidos en las siguientes categorías con carácter general y específico:
a) Rehabilitación de edificios, recuperación de aldeas, poblados, cortijadas u otro tipo de infraestructuras para nuevos usos de carácter social, la prestación de servicios públicos o la mejora del acceso a viviendas, como, por ejemplo:
– Espacios destinados al cuidado de personas o a favorecer la corresponsabilidad familiar con servicios conectados y digitales (espacios para personas mayores; personas dependientes; personas con discapacidad; niños, en particular los menores de 0 a 3 años; etc.);
– Espacios de vivienda asequible y vivienda social;
– Espacios para viviendas de nuevos pobladores.
b) Rehabilitación de edificios y espacios para su uso en la innovación digital, promoción del emprendimiento y desarrollo económico en los que se potencie la disminución de la brecha digital y se posibiliten el acceso y conocimiento a las mujeres a las nuevas tecnologías, incentivando su permanencia en territorios afectados, como, por ejemplo:
– Espacios de emprendimiento,coworkingy/o fomento de la investigación y la innovación;
– Espacios destinados a la puesta en valor y/o aprovechamiento de los recursos endógenos y el desarrollo turístico;
– Espacios públicos para la centralización de compras/ventason-liney plataformas de distribución, en particular para el desarrollo del mercado de productos ecológicos;
– Centros de I+D+i y recualificación profesional;
– Espacios para la extensión de la conectividad;
– Espacios destinados a la puesta en valor del patrimonio geológico, biológico, histórico o cultural;
– Recuperación de patrimonio e infraestructuras industriales y mineras para fines culturales, recreativos o turísticos;
– Recuperación de poblados, como los mineros o los de centrales térmicas para fines turísticos.
c) Infraestructuras ambientales para la puesta en valor del medio natural, la mejora de servicios ambientales y regeneración de las zonas, como, por ejemplo:
– Acondicionamiento o realización de caminos, senderos y paseos fluviales para la recuperación del patrimonio y recursos naturales;
– Creación de infraestructuras verdes y azules, como por ejemplo áreas de interpretación de la naturaleza;
– Creación de huertos urbanos/comunitarios y otros pequeños proyectos agrarios innovadores;
– Creación de plantas de compostaje y aprovechamiento de residuos;
– Creación de plantas de acopio de biomasa; puntos municipales de recogida para su venta a centrales de biomasa o para su destino a proyectos de transformación;
– Rehabilitación, reforestación y puesta en valor de terrenos de dominio público;
– Restauración de terrenos y otros lugares degradados y contaminados para la recuperación de la biodiversidad y flora autóctona de los espacios naturales y puesta en valor de los mismos para su aprovechamiento comunitario;
– Pequeñas intervenciones tácticas paisajísticas de infraestructura verde (plazas, parques, vías urbanas, miradores) o actuaciones integrales para el reverdecimiento urbano y la reordenación urbanística después del cierre de instalaciones industriales para la mejora de la sostenibilidad.
d) Soluciones de movilidad sostenible, como, por ejemplo:
– Proyectos innovadores para mejorar la conectividad entre municipios o núcleos aislados de población basados en nuevas soluciones de movilidad sostenible;
– Recuperación y uso alternativo de infraestructuras de transporte existente como vías verdes o caminos naturales;
– Adecuación de vías urbanas y espacios públicos para la integración y el uso ordenado de soluciones de movilidad eléctrica, ciclista o peatonal.
2. Los proyectos de rehabilitación de edificios finalmente subvencionados deberán alcanzar la clasificación de edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB, por sus siglas en inglés, «Nearly Zero Energy Buildings») o lograr una reducción de, al menos, un treinta por ciento del consumo de energía primaria no renovable en comparación con la situación de partida. La justificación del ahorro energético se realizará mediante la aportación del certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, siempre que sea factible, y el certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta para la que se solicita la ayuda.
3. En ningún caso serán financiables los proyectos que no cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») para los seis objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
4. Los proyectos de rehabilitación de edificios no podrán suponer un aumento del volumen superficie construida mayor del diez por ciento del volumen la superficie original.
1. Estas ayudas van dirigidas a financiar el conjunto de inversiones y gastos necesarios para la ejecución, por las entidades beneficiarias, de alguna o algunas de las actuaciones correspondientes a las tipologías descritas en el artículo anterior.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se ajusten a lo establecido en el artículo 31 y 86 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 83 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y a lo establecido en el artículo 5 de las bases reguladoras del capítulo I anterior.
1. Por tratarse de una convocatoria de tramitación anticipada, conforme al artículo 56.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la dotación máxima de la convocatoria que figura a continuación tiene carácter estimado, por lo que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte aprobado en la Ley de Presupuestos fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.
El presupuesto total estimado para esta convocatoria es de veinticinco millones de euros, que corresponde a la asignación del «Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transición» dentro del Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Las ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 23.112. 42JA.760.00 «C10.I01 Inversiones EELL en Transición Justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» del programa 42JA «C10.I01 Inversiones en transición justa» incluidas en el presupuesto de gastos del Instituto para la Transición Justa, O.A., o a las aplicaciones equivalentes en el presupuesto aprobado del ejercicio correspondiente, de acuerdo a la siguiente distribución de importes máximos estimados por anualidades:
2. Los fondos presupuestarios se asignarán a los proyectos presentados según la siguiente distribución, para cada uno de los siguientes bloques de proyectos:
3. Si el presupuesto vinculado a la solicitud de ayuda presentada superase los cuatro millones de euros, el excedente con respecto a esa cuantía será por cuenta y riesgo del beneficiario. En este supuesto, se deberá justificar ante el órgano competente la totalidad de la ejecución del proyecto subvencionado, incluido lo correspondiente a ese excedente, el cual, en ningún caso, podrá superar el importe total de seis millones de euros.
4. Con el fin de asegurar, en todas las zonas, la plena efectividad de las ayudas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute en favor de sus potenciales beneficiarios, éstos quedarán limitados en el número de solicitudes individuales a presentar a lo dispuesto en los apartados 5 a 7 del artículo 35 posterior de la presente orden.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, para ayuntamientos de municipios cuyo último presupuesto sea inferior a cuatro millones de euros, el importe máximo subvencionable para el conjunto de proyectos solicitados individualmente será el equivalente al de su último presupuesto municipal.
Para ayuntamientos cuyo último presupuesto municipal sea superior a cuatro millones de euros, el importe máximo subvencionable para el conjunto de proyectos solicitados individualmente será de cuatro millones de euros.
5. En las solicitudes presentadas de forma conjunta, el límite máximo subvencionable para la totalidad de solicitudes conjuntas presentadas por una entidad será el resultante de la suma de los importes correspondientes al cincuenta por ciento de los presupuestos municipales de cada uno de los municipios de la agrupación, mancomunidad, comarca, consorcio o diputación siempre que dicho límite no sea superior a cuatro millones de euros. Cuando la suma anterior exceda de cuatro millones de euros, este importe será el límite máximo subvencionable.
6. El número máximo de proyectos del bloque 2 que podrán resultar seleccionados será de dos por cada ámbito territorial definido en cada uno de los Convenios de Transición Justa, y que figuran en el anexo X de la presente convocatoria.
7. La solicitud deberá referirse a la ejecución de proyectos con un presupuesto mínimo estimado de cien mil euros.
Se entenderá por último presupuesto municipal el que figure aprobado por el Pleno municipal de la Corporación a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Si en el momento de resolver la convocatoria quedase crédito disponible en alguno de los bloques, por ser el importe total de las subvenciones a conceder a proyectos completos inferior a la dotación presupuestaria de dicho bloque, se podrá utilizar ese crédito disponible para otorgar un mayor importe de subvenciones en favor del otro bloque, siempre que se pueda financiar al menos un proyecto de forma completa. Se financiará la siguiente solicitud con mayor puntuación obtenida cuyo importe solicitado sea igual o menor al crédito disponible.
1. El abono de la subvención se fraccionará en tres pagos. El primero de ellos, será un pago con carácter de anticipado que tendrá lugar en el momento en el que se indica en el punto a) siguiente. Los siguientes pagos se realizarán en concepto de pagos a cuenta que responderán al ritmo de la ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. En consecuencia, los pagos se fraccionarán del siguiente modo:
a) A la adjudicación de la ayuda, el Instituto para la Transición Justa, O.A., transferirá a los beneficiarios un primer pago anticipado, en función de las disponibilidades presupuestarias a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, el porcentaje de ayuda que se indica en la tabla siguiente para cada bloque:
b) Una vez ejecutado el porcentaje anterior, y habiéndose recibido los documentos justificativos que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del Reglamento que la desarrolla, el Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá efectuar un segundo pago que tendrá carácter de pago a cuenta en función de las disponibilidades presupuestarias por el porcentaje de la ayuda concedida que se indica en la tabla siguiente para cada bloque:
c) Una vez finalizada la ejecución, y habiéndose recibido los documentos justificativos que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 72 del Reglamento que la desarrolla, el Instituto para la Transición Justa, O.A., podrá proceder a la liquidación de la ayuda por la parte de los gastos que se hayan ejecutado, justificado y para aquellos que todavía se encuentren en ejecución y no se hayan abonado en los pagos anteriores con cargo a los créditos de las anualidades 2024, 2025 y 2026, en su caso, previa deducción de los intereses generados por los pagos anticipados abonados por el ITJ en la cuenta finalista.
d) La justificación de la realización de la actividad deberá llevarse a cabo por el beneficiario en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionable. Se establecerá un hito de control un año después del primer pago en el que se comprobará sobre el terreno el grado de ejecución de cada proyecto, al objeto de que el órgano gestor pueda reaccionar a tiempo para adoptar las medidas oportunas para agilizar su ejecución.
2. La ejecución del proyecto que resulte subvencionado con el alcance que determine la resolución de concesión, dentro del plazo máximo fijado en la convocatoria a contar desde la notificación de la resolución de concesión, que no podrá ser posterior al 30 de junio del año 2026, y con pleno respeto del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH), y la contribución que corresponda al objetivo climático establecido en el Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el etiquetado definido en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero.
3. Con el fin de garantizar el efecto incentivador de las ayudas, la ejecución de los proyectos no podrá dar comienzo hasta la fecha de presentación de la solicitud.
1. Quedan diferidos los efectos de la presente convocatoria hasta que se publique en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. (https://sede.transicionjusta.gob.es), el anuncio por el que queda abierto el período de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se deberán presentar en el plazo de dos meses a contar desde el día en que se produzca dicha publicación.
2. Las solicitudes se presentarán electrónicamente a través de la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. Deberá accederse con el certificado digital de la entidad solicitante o del representante de la misma. No podrá accederse a través de certificados digitales de representantes nombrados a los únicos efectos de presentar dicha solicitud.
En el caso de que un ayuntamiento o entidad solicite subvención para más de una actuación, deberá presentar solicitudes diferenciadas.
La instancia de solicitud se rellenará vía telemática, conforme al formulario normalizado del anexo I.
Además, deberá adjuntarse la documentación recogida en el listado que recoge la tabla del anexo I. Todos los documentos deberán presentar una firma digital válida. Los documentos deberán ser adecuadamente cumplimentados según lo solicitado en cada formulario descargado en la sede electrónica del Instituto para la Transición Justa, O.A. A título informativo, se incluye en los anexos de esta convocatoria una versión de lectura de dichos modelos, quedando como siguen a continuación:
a) Instancia de solicitud, como anexo I. Se rellenarán los datos de este formulario directamente en la sede electrónica;
b) Descripción del proyecto, según modelo descargable, como anexo II;
c) Proyecto de ejecución, firmado digitalmente por técnico competente. Deberá presentar un alto nivel de desarrollo que permita la ejecución de las actuaciones. Además de la documentación mínima según la norma técnica aplicable, deberá incluir:
1.º Presupuesto de ejecución de obras, incluyendo:
– Desglose por partidas y capítulos, no se admitirán partidas alzadas por encima del 7 por ciento del Presupuesto de Ejecución Material; precios unitarios; precios descompuestos; y resumen, con aplicación de Gastos Generales, y Beneficio Industrial.
2.º Presupuesto de honorarios profesionales (en caso de que se soliciten);
3.º Presupuesto de inversiones materiales (en caso de que se soliciten);
4.º Resumen de todos los presupuestos, y aplicación del IVA;
5.º Reportaje fotográfico completo del espacio interior y/o exterior a intervenir.
Todo proyecto presentado en el que la fecha de firma digital del técnico competente sea posterior a la fecha límite dispuesta en el presente artículo no será, en ningún caso, valorado por el órgano competente, con la consiguiente inadmisión de la solicitud.
d) Autorización expresa a autoridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según modelo descargable, como anexo III;
e) Declaración responsable, según modelo descargable, como anexo IV, de:
1.º Que todos los datos contenidos en la solicitud y en los documentos que se acompañan con la misma son ciertos;
2.º Que dicha Entidad acepta las bases de la convocatoria, que cumple con los requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho a la ayuda y dispone de la documentación que acredita tal cumplimiento, la cual se pondrá a disposición del Instituto para la Transición Justa, O.A., cuando le sea requerida;
3.º Que dicha Entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) Declaración responsable, según modelo descargable, conforme al modelo del anexo V de la orden, del cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al medioambiente (principio DNSH);
g) Acreditación de la titularidad pública del bien inmueble o bienes inmuebles sobre los que se actuará, y del derecho a realizar las actuaciones para las que se solicita la subvención, según lo establecido en el artículo 6.5 de las bases reguladoras;
h) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación o el órgano competente que corresponda del acuerdo de aprobación de la solicitud de subvención por el órgano municipal competente.
En el caso de que un ayuntamiento solicite subvención para más de una actuación, dicha certificación deberá detallar de forma individualizada cada una de ellas.
i) Certificación/es del Secretario del Ayuntamiento de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente de la Entidad Local solicitante en el que, de forma expresa, se comprometa a la participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta orden y el compromiso firme en el impulso de la posterior ejecución de los proyectos en caso de resultar beneficiaria;
j) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación o el órgano competente que corresponda, acreditativa del importe del último presupuesto aprobado por el Pleno municipal de la corporación local a la fecha de publicación de la presente convocatoria;
k) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación o el órgano competente que corresponda, acreditativa de que el interesado se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria cuando hubiera denegado expresamente la consulta del mismo por parte del ITJ;
l) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación o el órgano competente que corresponda, acreditativa de que el interesado se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social cuando hubiera denegado expresamente la consulta del mismo por parte del ITJ;
m) Certificación del Secretario del Ayuntamiento, Diputación o el órgano competente que corresponda, acreditativa de que el interesado se haya al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones;
3. En el caso de solicitudes conjuntas, además de lo dispuesto en el apartado 2 anterior relativo a la documentación a aportar por cada uno de los ayuntamientos participantes, se remitirá la siguiente documentación adicional:
a) Estatutos del consorcio o convenio o acuerdo interno firmado por los representantes legales de las entidades integrantes al que se refiere el artículo 3 de las bases reguladoras;
b) Poder o documento que acredite la representación con que se actúa.
4. Se entiende por solicitud individual la realizada por un único ayuntamiento y, por solicitud conjunta, la realizada por un consorcio local, mancomunidad, comarca, agrupación de ayuntamientos o diputación provincial.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los ayuntamientos integrantes del consorcio, mancomunidad, comarca, agrupación o diputación tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
5. Para la realización de los proyectos referidos en los artículos 4 y 31 de la presente orden, cada ayuntamiento, de forma individual, podrá presentar, como máximo: una solicitud individual dentro del bloque 1 siguiente y una solicitud individual dentro del bloque 2 siguiente:
a) Bloque 1: Proyectos con solicitudes de ayuda de entre cien mil euros y un millón de euros;
b) Bloque 2: Proyectos con solicitudes de ayuda de entre un millón de euros con un céntimo y cuatro millones de euros.
Igualmente, si el presupuesto del proyecto solicitado superase los cuatro millones de euros, el exceso con respecto a esa cuantía será por cuenta y riesgo del beneficiario. En este supuesto, se deberá justificar, en todo caso, ante el órgano competente, la totalidad de la ejecución del proyecto subvencionado, incluido lo correspondiente a esa cantidad excedida.
A su vez, si el importe del proyecto presentado excediera de seis millones de euros, la solicitud será inadmitida por encontrarse ésta fuera de los límites de los bloques establecidos en la presente orden.
6. Cada solicitud podrá referirse a un solo bien inmueble o a varios siempre y cuando contribuyan de manera conjunta a la consecución del objetivo del proyecto presentado y que se encuentren agrupados en torno a alguna figura tales como rutas, paisajes, cortijadas, aldeas y poblados mineros, complejos urbanísticos o industriales, minas, etc.
Deberá acreditarse la titularidad pública del bien inmueble sobre el que se actúa, así como el derecho a realizar las actuaciones para las que se solicita la subvención en el mismo, que podrá basarse en una cesión, compromiso de cesión o contrato de promesa de compraventa, en caso de que se reciba la subvención o autorización del titular para realizar las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de las bases reguladoras.
7. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores así como a lo largo de la presente orden, la presentación de una declaración responsable falseando las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda u ocultando las circunstancias que la impidieran o limitaran, sin perjuicio de que determine la procedencia de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda, podrá tener la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, letra a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado, en caso de que la falta fuese subsanable, para que proceda a su subsanación en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud mediante resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como lo establecido en los artículos 6 y 19 anteriores.
1. De acuerdo con el procedimiento de evaluación y determinación del orden establecido en los artículos 19 y 20 de las bases reguladoras, el órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias de las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sobre las actuaciones anteriormente mencionadas, el órgano instructor podrá, además, solicitar informe de idoneidad emitido por la Diputación o Comunidad Autónoma uniprovincial correspondiente con el propósito de conocer y valorar el grado de necesidad del proyecto para el territorio.
2. Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, el Comité de Evaluación establecido en el artículo 17 de las bases reguladoras emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada atendiendo a los criterios objetivos a que se refiere el artículo 18 de las bases reguladoras y que se desarrollan en el artículo 37 de la presente convocatoria.
Como consecuencia de lo anterior, podrán ser objeto de financiación, en función de las disponibilidades presupuestarias, las solicitudes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos en la valoración, siempre y cuando hayan obtenido, a su vez:
– Una puntuación igual o mayor que 5 en el criterio de valoración b);
– Una puntuación igual o mayor que 12 en cada uno de los criterios de valoración a), y c); y,
– Una puntuación igual o mayor que 8 en el criterio de valoración d).
3. El Comité de Evaluación convocará Comisiones Bilaterales de Valoración con las Direcciones Generales de Energía de las consejerías que correspondan de las comunidades autónomas en las que se sitúen los proyectos de aquellas solicitudes que superen el umbral mínimo del criterio económico, y el órgano instructor, en las que participará para llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de forma paritaria al 50 por ciento.
Estas Comisiones Bilaterales valorarán los criterios referidos en los apartados a), c), d) y e) del cuadro del artículo 37 siguiente.
1. Las solicitudes serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y subcriterios de evaluación:
2. Para la valoración y puntuación de la solicitud, se tendrán en cuenta las descripciones y justificaciones presentadas en la documentación del proyecto técnico y en el anexo II de la presente convocatoria.
1. Visto el informe del Comité de Evaluación y los informes de las Comisiones Bilaterales de Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en el artículo 16 de las presentes bases reguladoras. El contenido de la propuesta de resolución provisional incluirá, al menos, la información establecida en el artículo 21.1 de las bases reguladoras. Dicha propuesta de resolución provisional será publicada en la web del ITJ y notificada a los interesados afectados por la misma, dando comienzo al trámite de audiencia previsto en el artículo 21.3 de las presentes bases reguladoras.
2. El órgano instructor resolverá con relación a las alegaciones y documentación presentadas y formulará la propuesta de resolución definitiva, que elevará al órgano competente establecido en artículo 15 de esta orden. La propuesta de resolución definitiva deberá expresar la relación de solicitudes para las que se propone la concesión de las ayudas, especificando la puntuación obtenida, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación individual, comuniquen su aceptación. La falta de aceptación expresa por parte del beneficiario, en los términos y plazos previstos anteriormente, supondrá el desistimiento a su solicitud, lo que quedará expresamente reflejado en la resolución por la que se resuelva la convocatoria.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. La resolución, debidamente motivada, concediendo o denegando la ayuda solicitada, se dictará por el órgano competente establecido en el artículo 15.2 de las bases reguladoras y tendrá el contenido que se detalla en el artículo 22 de las citadas bases.
2. Una vez notificada la resolución de concesión a los solicitantes que hubiesen adquirido la condición de beneficiario, éste podrá renunciar a la ayuda concedida, quedando exento de cualquier sanción, reintegro o devengo de intereses, siempre y cuando no haya percibido la totalidad o parte de la subvención concedida.
Pese a lo mencionado en el párrafo anterior, si un beneficiario comunicase al Instituto para la Transición Justa, O.A., la renuncia a la subvención concedida una vez hubiere recibido la totalidad o parte del importe concedido, le será de aplicación lo establecido en los artículos 27 y 28 de la presente orden en materia de responsabilidad, reintegro y régimen sancionador.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, la resolución que resuelve el procedimiento de concesión se publicará en la página web del Instituto para la Transición Justa, O.A.
4. Una vez publicada la resolución de concesión, se procederá a la