Categoría: Administración

n cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
1. Los proyectos financiados mediante la inversión 1 del componente 12 deberán cumplir las exigencias recogidas en la definición de dicha inversión. En particular, el cumplimiento del objetivo CID 180, Espacios de datos sectoriales, conforme a lo establecido en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España COM (2023) 576 final, y según lo establecido en el correspondiente mecanismo de verificación.
2. Las actuaciones financiadas estarán destinadas al desarrollo de productos y servicios tecnológicos de datos que puedan incorporarse a un espacio de datos para su consolidación y crecimiento.
3. La selección de los proyectos a los que se concederán las ayudas se realizará en dos etapas: una valoración técnica inicial y una priorización/selección:
a) Valoración técnica inicial de proyectos.
En esta etapa se realizará un análisis de los siguientes aspectos, sobre los que se obtendrá una puntuación numérica:
– La definición técnica de la solución planteada.
– El valor de la solución como potenciador de los espacios de datos.
– La definición del proyecto, con el detalle de las actividades a realizar y la adecuación del presupuesto.
La siguiente tabla recoge los criterios de valoración y las puntuaciones máximas asociadas:
Estos criterios podrán ser desarrollados en mayor detalle en las convocatorias.
El umbral mínimo que es necesario superar para poder ser objeto de ayuda es del 50 % en cada uno de los criterios, así como sobre el total. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos.
En ningún caso se podrán conceder ayudas a aquellos proyectos cuya puntuación no alcance los referidos umbrales o el umbral total.
Finalmente, en esta etapa se obtendrá una lista de todos los proyectos presentados que cumplen con los requisitos y criterios mencionados, junto con la puntuación que han obtenido.
b) Priorización/selección.
En esta etapa se seleccionarán los proyectos a los que finalmente se concederán las ayudas en función de su puntuación hasta agotar el presupuesto disponible. En el caso de que las convocatorias establezcan reservas de presupuesto para proyectos destinados a algún sector, se seleccionarán en primer lugar aquellos proyectos con mayor puntuación para cada uno de los sectores hasta agotar el presupuesto reservado. Si no se agotase el presupuesto asignado dentro de alguno de dichos sectores, se podrá asignar el remanente a proyectos destinados a otros sectores en función de su puntuación.
1. El beneficiario de la ayuda garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (principio «Do No Significant Harm»-DNSH), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en todas las fases del diseño y ejecución de cada actuación subvencionada, según las particularidades del principio recogido en el anexo III de esta orden.
2. Como parte de la justificación de las ayudas, el órgano encargado del seguimiento podrá exigir al beneficiario una certificación de cumplimiento de dicho principio emitido por una entidad acreditada.
1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal necesarios para la concesión de estas ayudas serán tratados por el Órgano Concedente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2. Las convocatorias podrán establecer que los solicitantes, en el formulario de solicitud, puedan autorizar al órgano instructor a recabar los datos relativos a los documentos exigidos en cada convocatoria para el cumplimiento del artículo 8 de la presente orden, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarlos. El Órgano Instructor se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación complementaria para acreditar la veracidad de la documentación presentada. En caso de no autorizar dichas consultas, se estará a lo previsto en el artículo 29 de la presente orden.
3. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el citado artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tendrán la posibilidad de acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales u otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
4. Se permitirá la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
1. Las ayudas para el desarrollo de proyectos objeto de estas bases reguladoras se concederán en la modalidad de subvención, en régimen de concurrencia competitiva.
2. Las convocatorias establecerán los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán estas ayudas.
3. Las ayudas convocadas al amparo de estas bases reguladoras están contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, encuadrándose en la Inversión 1 del Componente 12.
1. De acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, las convocatorias podrán especificar, de entre los conceptos y subconceptos susceptibles de ayuda relacionados a continuación, cuáles serán de aplicación y, en su caso, desarrollarlos, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto:
a) Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto.
b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. Únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto, conforme a las definiciones del anexo I.
d) Gastos generales directamente derivados del proyecto, en los que se podrá imputar hasta un 15 % de los costes de personal del proyecto, los gastos de capacitación del personal en tecnologías asociadas al proyecto y gastos destinados a la protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto.
e) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto.
2. Los gastos derivados de la ejecución de los proyectos se deberán aplicar a los conceptos mencionados en el apartado anterior, según se establezca en la correspondiente resolución de concesión y deberán ajustarse en todo caso a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 83 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Serán gastos financiables los realizados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
3. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en dicha ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido por las correspondientes convocatorias o resoluciones de concesión. Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales especiales, se considera gasto realizado el que ha sido devengado dentro del período de ejecución del proyecto y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39.3 de esta orden.
4. En el caso de los organismos públicos de investigación, de las universidades públicas y, en general, de los organismos cuyos presupuestos son consolidables en los Presupuestos Generales del Estado o de las comunidades autónomas y/o cuya actividad sea susceptible de financiación mediante las correspondientes transferencias internas entre presupuestos, se financiarán a costes marginales. Por tanto, no se considerarán subvencionables los gastos relativos a los costes de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a los mismos, así como otros gastos que ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas. Asimismo, para estos tipos de entidades no serán financiables las subcontrataciones.
5. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de la cuenta justificativa la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
6. No será financiable en ningún caso el IVA ni cualquier otro impuesto indirecto, ni los impuestos personales sobre la renta.
7. Además, se deberá tener en cuenta que el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
8. Tampoco serán financiables los gastos asociados a cualquier actividad contemplada en la lista de exclusión del principio DNSH recogidas en el anexo III.
9. Las instrucciones sobre la imputación de gastos e inversiones a los diferentes conceptos susceptibles de ayuda se establecerán en las convocatorias.
1. Las subvenciones recogidas en esta orden de bases están financiadas con los fondos europeos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2. Se entiende por ayuda el importe bruto de la subvención antes de deducciones fiscales o de otro tipo. Se entiende por intensidad de ayuda, el importe anterior expresado en porcentaje sobre los costes subvencionables del proyecto.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para proyectos de desarrollo experimental, las intensidades brutas máximas son las siguientes:
i. Empresas públicas y privadas, asociaciones empresariales y organismos privados de investigación y difusión.
Podrá añadirse una bonificación de 15 puntos porcentuales, si los resultados del proyecto se difunden ampliamente por medio de conferencias, publicaciones, servicios de compartición de datos incluyendo por lo menos un área de libre acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta.
Respecto los organismos privados de investigación y difusión, según la definición que para ellos se recoge en el mencionado reglamento, y a las asociaciones empresariales, la intensidad máxima se asimilará a lo definido para empresas en la tabla anterior, en función del tamaño de dicha entidad.
ii. Organismos públicos de investigación y difusión de conocimientos.
En el caso de que el beneficiario sea un organismo público de investigación y difusión de conocimientos, la intensidad de ayuda máxima será del 100 % de los costes marginales subvencionables.
4. Dentro de los límites que establece el apartado anterior, las convocatorias determinarán adicionalmente, en su caso, las intensidades de ayuda máximas, que vendrán definidas por las características del proyecto, la naturaleza del beneficiario y las disponibilidades presupuestarias. Los proyectos tendrán un presupuesto financiable mínimo de 300.000 euros y máximo de 1.000.000 euros, salvo que en las convocatorias se especifique otro rango dentro de esos límites. Las convocatorias podrán establecer ayudas máximas por proyecto o por beneficiario, siempre dentro de los límites establecidos en el Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 para proyectos de desarrollo experimental.
5. El órgano concedente se reserva el derecho de otorgar una subvención inferior a la cantidad pedida por el solicitante en su solicitud, en cuyo caso el proyecto podrá tener un presupuesto financiable menor que el mínimo establecido en el apartado anterior.
6. Según establece el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de las subvenciones, en ningún caso podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
7. Los importes de ayuda asociados a cada uno de los conceptos subvencionables que figuren en la resolución de concesión representarán los límites máximos de ayudas, con la salvedad de lo señalado en el artículo 36 de esta orden, sobre la modificación de la resolución de concesión.
8. En las convocatorias se especificarán los presupuestos totales y se podrán realizar reservas del crédito para proyectos dedicados a sectores específicos o tipos particulares de proyectos.
9. Según se indica en el artículo 19.5 de la Ley General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, no siendo de aplicación en los supuestos en que el beneficiario sea una Administración pública.
1. Las ayudas previstas en estas Bases Reguladoras serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, tanto nacionales como de la Unión Europea.
2. La entidad beneficiaria, por tanto, vendrá obligada a comunicar al órgano competente la obtención de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas, tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, de acuerdo con el artículo 14, apartado 1, letra d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. En el supuesto de que la beneficiaria sea una entidad privada, de acuerdo con lo establecido en la sección 7.ª del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios.
2. En el supuesto de que el beneficiario sea una entidad integrante del sector público institucional o una entidad no lucrativa, en aplicación del artículo 42 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, quedará exonerado de la constitución de garantía.
3. Estas garantías deberán constituirse por un importe del 100 % del valor de la subvención efectuada en modalidad de pago anticipado.
4. El plazo para la constitución de las garantías será de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de concesión.
5. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías, en la modalidad establecida en estas bases reguladoras, previo trámite de audiencia al beneficiario supondrá la renuncia presunta a la ayuda concedida para la realización del proyecto.
6. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, exclusivamente bajo una de las siguientes modalidades, recogidas en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras:
a) Avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca.
b) Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras.
7. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no será necesario aportar el resguardo que acredite la constitución de las garantías ante la Caja General de Depósitos, salvo oposición expresa del interesado a la consulta de datos a terceros por parte del órgano instructor, o que este le sea requerido por el órgano instructor.
8. En el caso de que el solicitante se opusiera a la consulta de datos a terceros por parte del órgano instructor, y de acuerdo con el artículo 28.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el interesado deberá presentar el resguardo original de constitución de la garantía. El órgano instructor se reserva la potestad de comprobar la veracidad de la información aportada por todos los medios a su alcance.
9. Las garantías sobre la subvención se liberarán tras la certificación final del proyecto, si en ella se acredita el cumplimiento total de los objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada es igual a la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda, de acuerdo al artículo 52 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
10. La notificación de la resolución de concesión tendrá efectos de requerimiento, por lo que la falta de constitución de garantías en el plazo establecido en la citada resolución se entenderá como una renuncia por parte del interesado a la ayuda concedida, siendo de aplicación lo especificado en el artículo 23 de esta orden.
Los proyectos deberán realizarse en la modalidad de beneficiario único (proyecto individual), en la que los beneficiarios serán los estipulados según el artículo 7 de esta orden de bases.
1. Toda subcontratación que se realice en el proyecto estará sujeta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, además de al resto de requisitos contenidos en este artículo.
2. Todas las entidades subcontratadas deberán cumplir con la normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia respecto a la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como la prevención de la doble financiación, las obligaciones de comunicación y el cumplimiento con el principio «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» (DNSH). Entre estas obligaciones, deberán cumplimentar el modelo de declaración de conformidad con las condiciones del Plan de Recuperación recogido en la Orden HFP/1030/2021.
3. Las convocatorias podrán determinar el porcentaje máximo de subcontratación, que en todo caso no excederá del 50 % del presupuesto financiable conforme a las definiciones del anexo I.
4. Para asegurar que las subcontrataciones se realizan con transparencia y a precios de mercado, para las subcontrataciones que se realicen con entidades vinculadas independientemente del importe del servicio, así como para las que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, se deberán adjuntar al menos tres ofertas con los mismos conceptos establecidos y de diferentes proveedores solicitadas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
5. En los casos recogidos en el artículo 29.3 y el 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario deberá remitir al órgano instructor una solicitud de autorización previa de la subcontratación con anterioridad a la firma del contrato y a la ejecución de los trabajos.
6. La solicitud de autorización podrá ser remitida desde el momento de la publicación de la propuesta de resolución provisional, y al menos tres meses antes del inicio previsto de la actividad a subcontratar.
7. La solicitud de autorización necesariamente deberá incluir la documentación referida en el apartado 4 anterior, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, en la convocatoria se podrá requerir documentación adicional.
8. No se admitirá ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que exista vinculación entre el beneficiario y el proveedor seleccionado y esta relación no haya sido declarada por el beneficiario.
b. Que exista vinculación entre los ofertantes en el proceso de selección de proveedor.
c. Que exista vinculación entre el beneficiario y al menos dos ofertantes, en el proceso de selección de proveedor.
d. Que no esté determinado el objeto, alcance y necesidad de la subcontratación.
e. Que no exista diferenciación de los trabajos de la subcontratación, en relación con los trabajos del beneficiario.
f. Las que, en su caso, se determinen en las convocatorias.
9. El órgano instructor tendrá la competencia para autorizar en su caso la subcontratación solicitada, en la forma que se establezca en las convocatorias.
10. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
1. Las entidades vinculadas con una entidad beneficiaria del proyecto podrán ser subcontratadas, siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 19 de esta orden sobre subcontrataciones.
2. El concepto de vinculación se regula según lo establecido en las siguientes normativas:
a. Norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13.ª «Empresas del grupo, multigrupo y asociadas» del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Conforme a la citada norma, el grupo estará formado por las sociedades del artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio y las empresas controladas por cualquier medio, por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b. Artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c. Artículo 3.3 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, modificado por Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases de todos los procedimientos referidos en estas bases reguladoras siendo de aplicación lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónico, incluidos, en su caso, los posibles expedientes sancionadores derivados del procedimiento de concesión y posterior seguimiento de las ayudas.
2. El sistema de identificación y firma electrónica de los interesados deberá cumplir los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Las convocatorias determinarán las especificaciones de cómo realizar los trámites por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos, que estarán disponibles electrónicamente.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones correspondientes a este procedimiento se realizarán mediante publicación en la sede electrónica del órgano concedente. Adicionalmente, se podrán realizar notificaciones individuales por comparecencia en dicha sede electrónica de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 de la citada ley. Cualquier plazo relacionado con una notificación se contabilizará a partir de la fecha de la publicación de la misma en la sede electrónica del órgano concedente.
5. En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, todas las notificaciones relacionadas con los procedimientos de pérdida de derecho de cobro, reintegro y justificación se realizarán en todo caso por comparecencia en la sede electrónica del órgano concedente, según lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. En relación con los documentos a aportar por el interesado en los procedimientos definidos en estas bases reguladoras, será de aplicación lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las convocatorias podrán limitar el tamaño y el formato de los ficheros electrónicos que deban anexarse.
1. En relación con la representación, será de aplicación lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. En las convocatorias se determinará la posibilidad de la utilización de registros electrónicos de apoderamiento, que simplifiquen al interesado la aportación de la acreditación de esta representación, como los referidos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El desistimiento o la renuncia por los interesados se regulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las convocatorias podrán establecer, en el caso de que durante la ejecución del proyecto se produzcan circunstancias verificables que determinen la inviabilidad de su continuidad y queden acreditadas por el beneficiario, la obligación de devolver la totalidad de la ayuda que no vaya a ejecutar, quedando la aceptación del gasto realizado hasta ese momento condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,y 31.1 y 2 de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. En las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública como entidad financiadora.
3. Asimismo, dada la procedencia de los fondos, será también de aplicación lo dispuesto en la normativa asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Serán también de aplicación el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo del Consejo de 12 de febrero de 2021, así como el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
4. A tal efecto, los beneficiarios harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad. Todas las medidas de información y publicidad incluirán los elementos siguientes:
a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas indicadas en https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
b) La declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - Next Generation EU».
c) El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».
d) Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
5. El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será causa de reintegro, según lo establecido en el artículo 93 de dicho reglamento y el artículo 37.1.d) de la citada Ley.
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en el capítulo I del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título I de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. Se atenderá igualmente a lo establecido en el capítulo V del título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que respecta a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
4. De conformidad con el artículo 6.6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el procedimiento de otorgamiento de subvenciones será objeto de suspensión inmediata en el caso de que, en su transcurso, se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo. Todo ello a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de notificación, comunicación, denuncia y demás medidas previstas en el citado precepto, así como en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el ámbito del Plan y el plan de control interno aprobado por el Comité Antifraude previsto en el citado Plan.
Esta suspensión del procedimiento que en su caso se acuerde, será notificada a todos los interesados y al Comité Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para su evaluación y, en su caso, remisión a las autoridades competentes para la exigencia de las responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables o penales que procedan.
5. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de concesión de las ayudas, así como en la selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) debidamente firmada, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizarán los modelos previstos en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, de acuerdo con el contenido mínimo de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés; y en el anexo II de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según el supuesto que corresponda.
1. El órgano competente para convocar y resolver las ayudas objeto de estas bases reguladoras es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial podrá delegar sus competencias conforme al artículo 9 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión y del seguimiento de las ayudas concedidas será la Subdirección General de Ayudas de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
3. El órgano encargado de la gestión económica de los fondos asignados a esta orden de bases, sin perjuicio de las competencias que la normativa atribuye a la Intervención Delegada, es la División de Planificación y Ejecución de Programas, dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
4. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores corresponde a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, según delegación dispuesta en el artículo 4.1.º de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias. Asimismo, será también su competencia, por delegación, la designación de instructores en los procedimientos sancionadores, prevista en el artículo 66.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, no será exigible la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para las subvenciones de más de 12 millones de euros.
Las fechas de inicio y finalización del plazo de presentación de solicitudes se establecerán en cada convocatoria. En cualquier caso, el plazo mínimo de presentación de solicitudes será de treinta días.
1. Podrán solicitar estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, aquellas entidades descritas en el artículo 7 que, conforme a las presentes bases y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presenten proyectos relativos al objeto.
2. El formulario de solicitud, los modelos de declaraciones responsables y demás documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes de ayuda, estarán disponibles en la sede electrónica que se determine en la convocatoria.
3. La solicitud consta de dos elementos indisociables:
a) La Solicitud-cuestionario de ayuda.
b) La Memoria Técnica del Proyecto.
La memoria del proyecto deberá ajustarse al contenido mínimo que se establezca en la convocatoria, y que en todo caso deberá incluir una justificación del efecto incentivador del proyecto propuesto, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4. La solicitud se realizará mediante la cumplimentación y firma de un formulario electrónico disponible en la sede electrónica que se determine en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que no se admitirá la presentación de solicitudes a través de medios diferentes al descrito en este artículo.
5. De acuerdo con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, dicho formulario incluirá, al menos, los siguientes datos y modelos de declaración responsable:
a) NIF del solicitante.
b) Razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona jurídica.
d) NIF de la empresa.
e) Cuenta corriente para el ingreso de la ayuda.
f) Sector de actividad principal en el que se encuadra el proyecto.
g) Justificación del efecto incentivador.
h) Aceptación de la cesión de datos con aquellas entidades con las que se puedan establecer acuerdos, en su caso, para la consulta de datos del solicitante que se encuentren en poder de la administración con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, pudiendo autorizar al órgano instructor a recabar los datos disponibles con los que se acredite el cumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones recogidos en los artículos 7, 8 y 9.
i) Declaraciones responsables:
– Una declaración responsable sobre cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria y de compromiso en relación con la ejecución con las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Una declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente («Do No Significant Harm»-DNSH).
– La autorización expresa a autoridades de control (Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude –OLAF–, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes) para garantizar que ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– La Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
– Una declaración expresa de otras fuentes de financiación que justifique no haber recibido otra subvención para el mismo coste.
6. La Administración podrá realizar las comprobaciones que considere necesarias respecto a la veracidad y exactitud de las declaraciones responsables presentadas por los beneficiarios, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la ayuda.
7. Junto al formulario, la empresa solicitante deberá aportar acreditación de cumplir las condiciones y requisitos dispuestos en los artículos 7 y 8 de esta orden. Para ello, la empresa solicitante deberá aportar la documentación requerida que se detallará en cada convocatoria.
8. En el caso de requisitos relacionados con obligaciones tributarias, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor obtenga de forma directa la acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, así como la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones, que se acreditarán a partir del suministro de información entre Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento según el apartado anterior, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
9. Si la documentación de solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles improrrogables, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o presente los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10. La documentación que sea determinante para la evaluación de la solicitud, como son los datos del proyecto y la memoria técnica, no serán subsanables en ningún caso.
11. La presentación de solicitudes fuera del plazo dará lugar a su inadmisión.
12. Con el fin de prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de las ayudas públicas, se requerirá, cuando sea necesario, la aportación de datos sobre la titularidad real de la entidad solicitante, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023. Esta información deberá aportarse en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión de este procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las solicitudes podrán ser objeto de informes técnicos de evaluación científico-técnica, social y financiera, que podrán realizarse por expertos independientes, nacionales o internacionales, o por comisiones técnicas de expertos, o por agencias de evaluación nacionales o internacionales, según determinen las convocatorias, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
1. La solicitud, con la documentación que se determine en la convocatoria, podrá ser objeto de los informes mencionados en el artículo 29.2 de esta orden y serán evaluadas conforme a todos los criterios, etapas y prioridades de valoración establecidos en el artículo 10 de estas bases reguladoras y, en su caso, en las convocatorias.
2. La evaluación se realizará sobre la documentación aportada en la solicitud, que podrá incluir cuestionario, memoria y cualquier otra información del proyecto que se indique en las convocatorias. No se podrán modificar los documentos aportados en la solicitud, siempre que sean determinantes para la evaluación.
3. Las solicitudes serán valoradas por una Comisión de evaluación, que se constituirá a tal efecto y se regirá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31.
4. Los criterios objetivos de otorgamiento de la ayuda y la ponderación de los mismos para esta fase serán los que se recogen en el artículo 10 de las presentes bases.
5. La evaluación concluirá con un informe de la Comisión de Evaluación en el que se pronunciará sobre todas las solicitudes evaluadas y se concretará la valoración de cada una. Posteriormente, el Órgano Instructor emitirá un informe sobre cumplimiento de requisitos necesarios para acceder a la subvención solicitada analizando toda la documentación aportada al expediente y verificando que aquellos solicitantes que, conforme a los resultados de la evaluación, podrían ser potenciales beneficiarios, cumplen todos los requisitos para serlo.
1. La Comisión de Evaluación regirá su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. La Comisión de Evaluación deberá actuar con arreglo al Plan de medidas antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones relativas a la prevención y detección del fraude, corrupción y conflictos de interés.
3. Corresponderá a la Comisión de Evaluación, órgano colegiado creado a los efectos de la evaluación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la evaluación y la elaboración del informe establecido en el artículo 24.4 de la citada ley.
4. La composición de la Comisión de Evaluación será la siguiente:
a) Presidencia: la persona titular de la Subdirección General de Programas, Gobernanza y Promoción.
b) Vocalías:
– Un funcionario/a de la Dirección General del Dato de nivel 29 o superior.
– La persona titular de la Subdirección General de Ayudas.
– Un funcionario/a de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial.
– Un funcionario/a de la Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua.
– Un funcionario/a de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
– Un representante de Red.es.
– Un representante de Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
– Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
– Un representante de la Agencia Estatal de Innovación (AEI).
– Un representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
– Un representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).
c) Secretaría: un funcionario/a de la Subdirección General de Programas, Gobernanza y Promoción de nivel 28 o superior, con voz pero sin voto.
5. Podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz pero sin voto, las personas que sean convocadas por la presidencia, en calidad de expertas en las materias incluidas en el orden del día y siempre que no pertenezcan a ningún posible beneficiario de los proyectos.
En todos los casos se deberán tener en cuenta todas las medidas establecidas en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
6. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados al órgano concedente, y no implicará incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
7. La constitución del órgano de evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de quienes ostentan la presidencia y secretaría y, al menos, la mitad de sus miembros en primera convocatoria; en segunda convocatoria, serán suficientes, al menos, tres personas más del resto de vocales distintos del órgano instructor.
8. En todo lo relativo al funcionamiento del órgano de evaluación, no previsto en este apartado, se aplicarán supletoriamente los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El órgano instructor, a la vista del expediente y de los informes anteriores de la Comisión de Evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional motivada que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla que será publicada en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; así mismo, se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles improrrogables a contar desde la publicación, formulen alegaciones si lo estiman oportuno.
1. En el caso de que no se hayan presentado alegaciones a la propuesta provisional, ésta se elevará a definitiva.
2. En el caso de que se hayan presentado alegaciones, una vez estudiadas éstas y de acuerdo con los artículos 24.4 y 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla y que será publicada en la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; así mismo, será notificada según lo establecido en el artículo 21 de esta orden, para que, en el plazo de diez días, comuniquen su aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y aporten los justificantes o documentos requeridos, con la salvedad de las garantías, cuyo plazo será de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de concesión.
3. En el caso de haberse aceptado las alegaciones, la propuesta de resolución definitiva deberá contener la motivación de los cambios sobre la propuesta provisional.
4. La propuesta de resolución definitiva se pronunciará sobre todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, conteniendo la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación del resto de solicitudes. Se incluirán las referencias a estas bases reguladoras y a las convocatorias a la que corresponda la resolución y deberá contener referencias a los informes del órgano instructor y del órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes.
5. En el caso de no presentar la aceptación expresa de la propuesta de resolución definitiva o la documentación requerida en el plazo establecido para ello, se desestimará su solicitud.
6. Conforme al apartado 8.1.b) del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, relativo a los procedimientos de control para la prevención de la doble financiación, el órgano gestor, previa petición del órgano instructor y siempre antes de la concesión de la ayuda, realizará informe que contendrá, mediante la ejecución de consulta sistemática en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la comprobación de que los solicitantes no hubieran obtenido una ayuda que se considere similar a la que se está tramitando. En caso afirmativo, se requerirá al solicitante la ap