Categoría: Judicial

emporal parlamentaria era posible, así como respetuosa con los mandatos y efectos del auto del Tribunal Supremo.
La consulta del presidente de la Comisión de Territorio de 12 de septiembre de 2018 vino motivada por el auto de 9 de julio de 2018, y en ella se interesaba de la mesa que se pronunciara sobre la forma de dirimir el empate en la comisión por la situación creada por dicho auto. A pesar de ello, el acuerdo de reconsideración de la mesa está huérfano de cualquier razonamiento sobre dicha circunstancia, esto es, elude la cuestión de la situación creada por el auto, que fue la causa que motivó la consulta de la comisión de territorio.
Por tanto, la interpretación de la mesa cuestionada habría desconocido el derecho de los recurrentes contenido en el artículo 23.2 CE, que se caracteriza por la igualdad de trato, con los requisitos que dispone la ley, en el desempeño de los cargos y funciones públicas. Porque, en tanto los grupos parlamentarios no afectados por suspensión alguna cuentan en las votaciones de las comisiones con un número de votos en comisión coincidente con su número de votos en el Pleno, los grupos parlamentarios Republicá y Junts per Catalunya, en los que se integran los diputados suspendidos, cuentan en dichas votaciones con un número de votos mayor al de diputados que pueden votar en el Pleno, al computarse en las votaciones en comisiones parlamentarias, por el sistema de voto ponderado, el voto de diputados que temporalmente han sido privados de dicho derecho a voto, afectándose así al núcleo de suius in officiumde los parlamentarios.
Es por ello que los acuerdos impugnados se consideran arbitrarios, irrazonables y desproporcionados, por lo que, conforme a la doctrina constitucional en la materia no podrían quedar amparados por la autonomía parlamentaria constitucionalmente reconocida en el artículo 72 CE, y deben reputarse contrarios a lo dispuesto en el artículo 23.2 CE.
Con base en todo lo expuesto, concluye el escrito solicitando que se declare por este tribunal que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes de amparo al ejercicio del cargo público parlamentario con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a través de sus representantes (art. 23.1 CE). Asimismo se solicita que se restablezca a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, se declare la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de 18 y 25 de septiembre de 2018 que interpretaron el artículo 102.2 RPC en el sentido que se ha expuesto, así como del acuerdo de ese mismo órgano parlamentario de 16 de octubre de 2018 que reproduce los dos anteriores.
Por último, se pide la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de su resolución para que la mesa del Parlamento de Cataluña dicte un nuevo acuerdo sobre la consulta presentada por la comisión del territorio de dicha Cámara, que sea respetuosa con los derechos fundamentales cuya vulneración se reconoce.
11. Por providencia de 12 de julio de 2022, se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Posición de las partes y delimitación del objeto del presente recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 18 y 25 de septiembre de 2018, de cuyo contenido se ha dado ya cumplida cuenta.
Los recurrentes, diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña aducen, en los términos que han sido expuesto con más detalle en los antecedentes, que los acuerdos y decisiones impugnados vulneran elius in officiumpropio del cargo de parlamentario protegido por el artículo 23.2 CE, y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Esa vulneración se habría producido, en síntesis, porque la interpretación que la mesa realizó del artículo 102.2 RPC permitió el cómputo por la vía de la ponderación de los votos de cuatro de los parlamentarios suspendidosope legisen virtud de lo dispuesto en el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. Con ello se excedió claramente el tenor literal del precepto sin acudir al procedimiento oportuno para su reforma, afectándose de manera ilícita a los mecanismos de formación de la voluntad de la Cámara y, por lo tanto, al pleno ejercicio del derecho de los demás diputados a ejercer el cargo de conformidad con lo que establecen las leyes.
El Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal, solicita por su parte la desestimación del recurso. Entiende que los acuerdos impugnados no han producido daño alguno en un derecho subjetivo propio, ni privación de ninguna facultad parlamentaria garantizada por el artículo 23 CE. Por el contrario, considera que los acuerdos se enmarcan dentro de los poderes de interpretación del Reglamento de la mesa y que, sobre la base de la autonomía parlamentaria, ofrecen una solución a una situación excepcional, tratando de salvaguardar el sistema de mayorías en coherencia con las exigencias del principio democrático.
La representación procesal de don Carles Moya i Casamajó rechaza, asimismo, la afectación alius in officiumde los recurrentes. Considera que el sentido otorgado por la mesa del Parlamento de Cataluña a lo dispuesto en el artículo 102.2 del reglamento entraría dentro de las facultades de ese órgano, en este caso ofreciendo una interpretación sistemática que tendría en cuenta todos los preceptos reglamentarios que prevén la aplicación de la técnica del voto ponderado.
El Ministerio Fiscal, finalmente, interesa la estimación del recurso de amparo al considerar que la interpretación de la mesa cuestionada excedió claramente el tenor literal del artículo 102.2 RPC; y porque habría desconocido el derecho de los recurrentes al desempeño de los cargos y funciones públicas en igualdad de trato y con los requisitos que dispone la ley, contenido en el artículo 23.2 CE. Porque, en tanto los grupos parlamentarios no afectados por la suspensión disponen en las votaciones de las comisiones de un número de votos en comisión coincidente con su número de votos en el Pleno, los grupos parlamentarios Republicá y Junts per Catalunya, en los que se integran los diputados suspendidos, cuentan en dichas votaciones con un número de votos mayor al de diputados que pueden votar en el Pleno, al computarse en las comisiones parlamentarias, por el sistema de voto ponderado, el voto de diputados que temporalmente han sido privados de dicho derecho a voto, afectándose así al núcleo de suius in officiumde los parlamentarios.
2. Los acuerdos impugnados vulneran los derechos de los recurrentes contenidos en el artículo 23 CE.
Este tribunal ya ha tenido ocasión de analizar en sentencia dictada en esta misma fecha, la constitucionalidad de los acuerdos de 18 y 25 de septiembre de la mesa del Parlamento de Cataluña aquí formalmente impugnados, desde la misma perspectiva de vulneración de los derechos del artículo 23 CE que se propone en la demanda de este recurso, al resolver el mismo amparo interpuesto por diputados del grupo parlamentario Ciutadans en el propio Parlamento de Cataluña (recurso de amparo avocado 5887-2018).
En dicha sentencia hemos declarado, conforme a la argumentación que se expone en su fundamento jurídico 5 y a la que aquí nos remitimosin totum, que con el acuerdo de 18 de septiembre de 2018, ante todo la mesa del Parlamento de Cataluña desconoció el carácter imperativoope legisde la medida de suspensión de cargos y funciones prevista en el artículo 384 bis LECrim, que le fue comunicada a la Cámara por el auto de 9 de julio de 2018 dictado por el magistrado instructor de la causa especial 20907-2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, respecto de seis de sus diputados. Con ello desconoció también la doctrina de este tribunal con relación a los efectos automáticos de la citada medida de suspensión, sobre los cuales el Parlamento concernido no goza de margen alguno de discrecionalidad en su aplicación, debiendo en todo caso asegurar esta (STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 6).
Además, la mesa del Parlamento de Cataluña se extralimitó en sus facultades normativas de interpretación y suplencia del reglamento al producir una auténtica modificación indirecta de este, no solo conculcó la reserva estatutaria de reglamento, sino también, y a su través, los derechos de los representantes políticos a acceder y permanecer en su cargo en condiciones de igualdad «con arreglo a lo dispuesto en las leyes».
Pues tal derecho, como en dicha resolución se argumenta, no puede desvincularse de aquella reserva, por cuanto solo al reglamento parlamentario le cumple, en su ámbito propio, la condición de «ley» a los efectos del artículo 23.2 de la Constitución. En definitiva, con cita de la STC 44/1995, señalamos que se trata de una de esas disposiciones parlamentarias que, dictadaultra vires, lejos de suplir o interpretar el reglamento, manifiestamente innova y contradice su contenido, implicando no solo una quiebra de la apuntada reserva reglamentaria, sino también una vulneración del citado derecho fundamental.
La argumentación desplegada pues en la indicada sentencia dictada en el recurso de amparo avocado 5887-2018, ha de llevarnos también aquí a declarar la vulneración de los derechos de los ahora recurrentes en amparo producida tanto por el acuerdo mencionado de la mesa del Parlamento de 18 de septiembre de 2018, como de los posteriores adoptados por el mismo órgano y que confirmaron la aplicación de aquel por las comisiones de la Cámara autonómica, en fechas 25 de septiembre de 2018, 16 de octubre de 2018 y 19 de octubre de 2018. Sin que sea necesario declarar la nulidad de ninguno de ellos en esta sentencia, por haber sido ya anulados en el fundamento jurídico 6 de la sentencia del Pleno, varias veces mencionada.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por los diputados recurrentes del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña y, en su virtud:
Declarar que los acuerdos impugnados de la mesa del Parlamento de Cataluña de 18 de septiembre de 2018 y 25 de septiembre de 2018, han vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.–Pedro José González-Trevijano Suárez Antonio Ramírez Cano Martínez-Vares García.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Cabrera Conde-Pumpido Rodríguez Giménez Balaguer Callejón.–Ramón Rojas Vidal.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Calvo Jorquera.–Inmaculada García Moya.–Firmado y rubricado.