Categoría: Judicial

la exhibición de la prueba documental videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy distinto.
Entendemos que el Tribunal Supremo ofrece una contestación fundada, tomando en consideración, principalmente, las siguientes razones:
a) Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La valoración sobre la credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en el momento de las conclusiones definitivas y el informe final cuando la defensa pudo y debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad de lo declarado por los testigos de descargo.
b) La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es juzgar al propio testigo, cuyo rasgo característico es su ajenidad al proceso. Esa consecuencia indeseable se produciría en el caso de admitir un «insólito careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga» confrontando tal declaración con «su propia versión» del contenido de un determinado vídeo, como apunta el Tribunal Supremo. Por otra parte, la posibilidad de que, a la vista de imágenes, un testigo se retracte o rectifique su declaración, además de remota, no redunda en una mayor utilidad de esta práctica, pues el mismo resultado puede alcanzarse sin tal esfuerzo, comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y cualesquiera otras llevadas al plenario.
c) Ninguna declaración testifical fue determinante. El Tribunal Supremo, que complementa lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el contenido de muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos, lo que, por otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, presididos por la «profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo caso, la convicción del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros de votación del día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración excluyente de una u otra declaración testifical. Por el contrario, como se expresa en la sentencia recurrida, el relato fáctico es consecuencia de la valoración del conjunto de pruebas practicadas, y concretamente, sobre lo acaecido el 1 de octubre, las declaraciones de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de votación, «testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales», de los ciudadanos que sufrieron la intervención de tales agentes, «testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil», así como las inferencias extraídas de los vídeos grabados por los agentes actuantes y por los ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales».
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación empleada por el Tribunal Supremo para denegar lo pretendido es suficiente y no puede calificarse de arbitraria o irrazonable. En todo caso, no se aprecia quiebra de la igualdad de partes ni que el modo en que finalmente se practicó la prueba testifical en el juicio causara indefensión alguna a los recurrentes.
9.4.2 Restricción de los interrogatorios.
La cuestión referente a la alegada restricción del alcance de los interrogatorios para la defensa –«contrainterrogatorios», en la terminología empleada en la demanda– fue examinada en el fundamento jurídico 6.3 de la tan citada STC 91/2021, al que siguen fundamentos análogos de las también citadas SSTC 106/2021, 121/2021 y184/2021.
En línea con tales precedentes, en el presente recurso de amparo cabe hacer las siguientes consideraciones:
A) Para dar una contestación a esta queja es preciso efectuar una valoración global sobre el desarrollo del juicio oral y, dentro del mismo, sobre el interrogatorio de los testigos de cargo y de descargo.
Es fácil de comprender que no resulta exigible infalibilidad ni al presidente, encargado de dirigir el debate (art. 683 LECrim), ni a los restantes miembros de un tribunal de enjuiciamiento. Las circunstancias particulares del juicio que sometemos a examen, desarrollado en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que fueron interrogados varios centenares de testigos, hace aún más asequible la comprensión de lo anterior. El desacierto, por tanto, en el ejercicio de las funciones procesales propias de la dirección del examen de los testigos a que se refieren los artículos arts. 701 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento criminal, es una posibilidad real. Con ello no queremos dar a entender –debemos aclarar esto de entrada– que la exigencia de sometimiento a la ley procesal sea menor que en otros casos. Lo que queremos expresar es que no corresponde a este Tribunal Constitucional otorgar el amparo frente a simples irregularidades procesales. Hemos de insistir en esta idea. El control que compete a este tribunal pasa por efectuar una valoración externa del conjunto de la actividad jurisdiccional desarrollada en el juicio para determinar si efectivamente se respetaron los principios de neutralidad judicial e igualdad de armas, sin olvidar que las infracciones procesales solo tienen relevancia constitucional cuando se produce una disminución real y efectiva de garantías, y que para alcanzar una convicción sobre la existencia o no de esa diferencia de trato jurídicamente relevante es preciso efectuar un juicio de ponderación con arreglo a criterios cualitativos. Lo determinante no es el número de supuestos agravios que la parte pueda llegar a invocar (de otro modo, bastaría que la parte contraria citara igual número de afrentas para enervar el motivo), sino su importancia, puesta en relación con el comportamiento del órgano jurisdiccional respecto a las demás partes y en el conjunto del debate procesal.
La argumentación de la queja en la demanda, como hemos visto, está basada sobre un concreto episodio del juicio en el que, según los recurrentes, el tribunal de enjuiciamiento se desvió de la correcta aplicación de la ley procesal en contra de las defensas.
Este tribunal, sin embargo, constata que no existió ese trato peyorativo hacia la defensa. Más allá de que la protesta ha recibido una respuesta expresa de la sala sentenciadora, del acierto de dicha respuesta (en términos de ajuste a la norma procesal), y de que, como también constatamos, esa incidencia carece de relevancia para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, podemos ya adelantar que estimamos que tal acontecimiento, valorado en el contexto de todo el juicio oral, resulta manifiestamente insuficiente para fundar la existencia del trato desfavorable del que se quejan los recurrentes en amparo.
Para alcanzar esa conclusión tomamos en consideración el desarrollo del juicio en su integridad, el relato de hechos probados y las razones de la condena de los recurrentes, de todo lo cual se ha dado cuenta en los antecedentes y en el fundamento jurídico 3 de esta resolución, así como el acontecimiento en que la demanda funda su queja, juntamente con otros episodios en que también fue polémica la cuestión del alcance de los interrogatorios, y la respuesta ofrecida por el Tribunal Supremo. De esto se desprende que se trata de un acontecimiento menor, incidencia o irregularidad procesal leve, a lo sumo, que no permite afirmar ni quiebra de la igualdad de armas ni merma del derecho de defensa.
B) A juicio de este tribunal, ese acontecimiento, considerado aisladamente, no tiene la entidad suficiente como para deducir una quiebra de la neutralidad judicial. Tomado en el contexto del juicio, la tacha se desvanece por completo.
a) De la declaración del señor Torrent, que tuvo lugar a partir de las 16:09 horas del día 4 de marzo de 2019, y de la polémica planteada con ocasión de la misma, da buena cuenta el texto de la sentencia que ha sido reproducido más arriba.
Conviene matizar que si bien la sentencia centra la polémica sobre este interrogatorio en torno a lo sucedido en los centros de votación el 1 de octubre de 2017, el citado testigo se refirió también a los hechos del 20 de septiembre de ese mismo año, afirmando haber estado presente, como «un ciudadano más». A partir de la grabación se observa que el testigo comenzó a contestar a lo preguntado en relación con la jornada de votación del 1 de octubre, hasta el momento en que intervino la presidencia (a las 16:32 horas) para aclarar la improcedencia de declarar sobre tales hechos –los del 20 de septiembre y los del 1 de octubre–, ofreciendo una extensa explicación al respecto en coherencia con la posición del tribunal sobre el alcance de la prueba testifical que ha sido reproducida más arriba (art. 708 LECrim). Más adelante, el presidente de la sala señala que la razón de la pertinencia de esta prueba testifical se encuentra en la condición del señor Torrent como presidente del Parlamento de Cataluña en el momento de prestar declaración, pudiendo aportar sus conocimientos sobre «prácticas parlamentarias».
En la STC 184/2021, FJ 8.4.3 c), este tribunal consideró, juntamente con el episodio a que se refiere la demanda, otros en los que la recurrente en aquel recurso de amparo fundaba esta misma queja. A fin de poner en contexto lo acaecido en el interrogatorio del señor Torrent, tomamos de allí los siguientes eventos del juicio oral:
(i) El interrogatorio del señor Benach. El visionado de la grabación de la sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 (video 2, minuto 9:16, correspondiente a las 11:49 horas) revela que, un vez que el testigo aclaró que fue presidente del Parlamento de Cataluña desde 2003 hasta diciembre de 2010, respondió a varias preguntas sobre el funcionamiento de dicha institución, con carácter general. En relación con la sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 declaró que se hallaba presente como invitado. Al ser preguntado sobre la actuación de la mesa en dichas sesiones fue cuando intervino el presidente apuntando la improcedencia de tales preguntas y aclarando que la utilidad de la declaración se hallaba en cuanto el testigo podía dar cuenta de «prácticas parlamentarias», usos que no están en el texto del reglamento de la Cámara, y que no habría ser interrogado sobre el comportamiento de la mesa, al no formar parte de la misma. No se formuló protesta alguna.
(ii) El interrogatorio del señor Espejo. Este testigo declaró en la sesión de 4 de marzo de 2019 (minuto 35, video 5, correspondiente a las 16:44 horas) señalando en primer lugar su condición de vicepresidente segundo de la mesa de Parlamento en el momento de ser interrogado. Responde también sobre «prácticas parlamentarias», reconoce que no era miembro de la mesa en la X legislatura, pero sí lo era en la fecha de los hechos enjuiciados –XI legislatura–, dando cuenta de lo acontecido en el seno del mencionado órgano parlamentario, del que formaba parte, sobre los hechos por los que se seguía proceso penal. Tampoco hay protestas.
(iii) El interrogatorio del brigada de la Guardia Civil con TIP R77175H. Este testigo declaró en la sesión 20 de marzo de 2019 (video 1). Tras un extenso interrogatorio del fiscal, y llegado su turno tras una hora y trece minutos, la letrada señora Roig, defensora del señor Cuixart, formuló protesta, alegando que las preguntas del ministerio público, quien había propuesto la prueba, desbordaron el objeto de dicha proposición, al haber versado sobre hechos ajenos a determinada entrada y registro en que el testigo participó. Dicha protesta fue objeto de una extensa respuesta por parte del presidente del tribunal, que puso de manifiesto, en síntesis, que el alcance del interrogatorio no podía limitarse al contenido de la proposición –«tres renglones» del escrito de calificación– y que la restricción del objeto del interrogatorio de testigos en juicio oral al contenido de su intervención en la fase de instrucción obedece a un superada concepción del proceso penal que contraría la funcionalidad asignada por la ley al plenario.
En las también citadas SSTC 91/2021, 106/2021 y 121/2021 (FFJJ 6 y 7) consideramos, además, otros aspectos del interrogatorio de testigos a los que se refería la sentencia recurrida en el apartado 16 del fundamento de Derecho A), entre los que se encuentra la cuestión suscitada respecto del señor Torrent. Valoramos entonces que la sentencia recurrida ofreció «una contestación expresa, razonada y razonable» [STC 121/2021, (FJ 7.3 B) a)].
b) Como nota común de los episodios descritos, que se extiende a todo el juicio oral, puede apuntarse a que la presidencia del tribunal confirió un ancho margen a todos los intervinientes para preguntar, contestar y repreguntar. Se observa que todas las intervenciones del presidente, que han quedado reseñadas, muy contenidas a partir del reconocimiento de tal amplitud en preguntas y repuestas, obedecen a un criterio según el cual los testigos habrían de declarar sobre hechos en los que, además, hubieran tomado parte personalmente. Trataron así de excluirse las valoraciones que, como reiteró el presidente de la sala, corresponde efectuarlas al tribunal de enjuiciamiento y, en la medida de lo posible, cuando había testigos directos, los testimonios de referencia.
No es función de esta jurisdicción constitucional valorar el acierto o no de las anteriores respuestas, como venimos repitiendo. En todo caso, constatamos que el acontecimiento en el que los demandantes sustentan su queja obedece a un discurso lógico y ha recibido por parte del tribunal encargado del enjuiciamiento –que, conforme a nuestra Constitución, se trata del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE)–, una respuesta explícita, completa, razonada y razonable. La motivación contenida en la sentencia y las intervenciones del presidente del tribunal en el ejercicio de su función de dirección del debate procesal cumplen con el canon constitucional de razonabilidad que resulta aplicable, y descartan la sospecha de trato desfavorable que suscita la parte recurrente.
C) Finalmente, la irregularidad denunciada en la demanda de amparo no ha causado a la parte indefensión material.
Esta conclusión, que es reiterada por el Tribunal Supremo a lo largo del citado apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, se alcanza observando la relación de hechos probados, de la que se ha dejado literal constancia en los antecedentes de esta sentencia, y los términos en que ha sido planteada la queja en la demanda, de lo que también se ha dado cuenta anteriormente. La demanda no liga la limitación del alcance de los interrogatorios por el tribunal de enjuiciamiento a causa del –a su juicio– defectuoso entendimiento del art. 708 LECrim, en que funda este motivo, con algún hecho que se estimó probado o con la preterición por la sentencia de algún otro que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico. Esto es lo que hubiera sido constitucionalmente relevante y justamente es lo que no consta: la incidencia de la supuesta infracción procesal en el resultado probatorio y, en definitiva, en las razones que llevaron a la condena de quienes ahora recaban el amparo de esta jurisdicción constitucional.
En definitiva, este tribunal entiende que la igualdad de las partes en el proceso ha sido respetada y no se han menoscabado sus facultades de participación en la práctica de la prueba testifical.
9.4.3 Rol acusatorio de la presidencia de la sala juzgadora.
El motivo de amparo que denuncia la asunción de un rol inquisitivo por el presidente del tribunal de enjuiciamiento ha sido desestimado también en las SSTC 91/2021, 106/2021, 121/2021 y 184/2021. En línea con lo declarado en el fundamento jurídico 5.7.3 de la primera de las citadas sentencias, al que siguen fundamentos análogos de las mencionadas a continuación, insistimos en los siguientes aspectos.
a) El análisis y resolución de este motivo de amparo requiere algunas consideraciones previas:
(i) La primera se refiere al objeto de la pregunta controvertida formulada por el presidente de la sala de enjuiciamiento.
Se hace referencia a dos reuniones mantenidas por el señor Trapero en fechas 26 y 28 de septiembre de 2017. La propia sentencia parece dar a entender que la pregunta venía referida a una reunión de la junta de seguridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sin embargo, esa reunión tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2017, mientras que el visionado completo de la declaración del señor Trapero pone de manifiesto que la pregunta estaba referida a otra reunión que se mantuvo el día 28 de septiembre de 2017 entre los mandos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y los procesados señores Puigdemont, Junqueras y Forn.
(ii) Sobre la interpretación que la sala de enjuiciamiento mantuvo en relación con uno de los preceptos que regulan el interrogatorio de los testigos.
En el apartado segundo de este mismo fundamento, al dar cuenta de las respuestas dadas a la queja por la sala de enjuiciamiento, hemos reseñado la interpretación del primer párrafo del art. 708 LECrim sostenida por el Tribunal Supremo. La sala realiza una interpretación de ese primer párrafo del art. 708 LECrim y, más en concreto, del juicio de pertinencia sobre las preguntas formuladas a un testigo en el «turno de repreguntas», que se deriva de las «contestaciones» que el testigo haya realizado a las preguntas formuladas por la parte que lo propuso. Conforme a la literalidad del precepto, el criterio expuesto por la sala determina que, si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto de las partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido una previa «contestación» del testigo. Con ello se pretende preservar la vigencia estricta del principio de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
La interpretación ofrecida por el tribunal sentenciador no ha sido objeto de impugnación, por lo que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre la misma. En todo caso, se trataría de una cuestión de aplicación de la legalidad ordinaria, sobre la que este tribunal solo podría hacer un control meramente externo o de razonabilidad (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3), sin ignorar que caben también otras interpretaciones alternativas, que son usuales en la práctica judicial.
(iii) Las defensas no efectuaron protesta alguna frente a la pregunta formulada por el tribunal.
El visionado de la sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 pone de manifiesto que la sala (16:12 horas) denegó la pregunta del Ministerio Fiscal sobre la reunión ya descrita. Conforme al criterio mantenido durante todo el desarrollo del juicio oral, que ya ha sido expuesto, el testigo no había sido propuesto por la fiscalía, y la acusación popular proponente no había formulado pregunta alguna sobre esa reunión. Por lo tanto, no se podía preguntar sobre algo que no hubiera sido objeto de una contestación previa del testigo. El representante del ministerio público hizo constar su protesta por la denegación de la pregunta. No obstante, a lo largo de ese interrogatorio (16:24 horas), el testigo deslizó una mención a la «reunión de la que no estamos hablando», en clara referencia a la reunión sobre la que no se había podido preguntar. Ninguna parte formuló objeción alguna sobre esta mención. En su turno de intervención, el letrado del señor Forn sí formuló una pregunta sobre esa reunión, alegando que podía hacerlo porque el testigo también había sido propuesto por esa parte (17:38 horas). La sala así lo admitió y el resto de los intervinientes en el proceso no formuló protesta alguna. Al término del interrogatorio de las partes (18:53 horas), la sala hizo uso de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 708 LECrim, y formuló la pregunta ahora impugnada. Nadie elevó protesta alguna.
b) La contextualización de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes permiten abordar la cuestión planteada.
El art. 708 LECrim, en su párrafo segundo, señala expresamente lo siguiente: «El presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren».
Esta facultad debe ser considerada como una herramienta necesaria para el ejercicio de la inmediación judicial que se configura como un presupuesto del principio de libre valoración de la prueba, integrándose en el derecho a un proceso público con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10, con cita de las SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asuntoEkbatani c. Suecia, § 24 y 27; de 29 de octubre de 1991, asuntoHelmers c. Suecia, § 31 y 32; de 27 de junio de 2000, asuntoConstantinescu c. Rumanía, § 53, doctrina que se consolida, con matices, en la STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15).
La inmediación implica la práctica de la prueba a presencia del tribunal, a fin de que este pueda percibir y valorar por sí mismo todo el acervo probatorio propuesto por las partes. Eso requiere que los magistrados no alberguen duda alguna sobre el contenido de lo que se practica, sin perjuicio de su validez y suficiencia como fuente probatoria. En el caso de un testigo, el tribunal no puede tener incertidumbre alguna sobre lo que el testigo dice, desde el punto de vista de un mero entendimiento lógico. Pero también es necesario tener clara la conexión o relación entre lo que el testigo dice y los aspectos esenciales de los hechos enjuiciados. Por tanto, forma parte de la propia naturaleza de la inmediación judicial que el tribunal pueda formular preguntas a un testigo sobre aquellos aspectos fácticos que no le hayan quedado claros como resultado del interrogatorio de las partes. Ese es el sentido de la expresión «depurar los hechos» contenida en el art. 708, párrafo segundo LECrim. Se trata de desbrozar, limpiar o aclarar los hechos que, en definitiva, son el objeto del juicio oral, para su adecuado discernimiento.
Esta facultad no puede confundirse, por tanto, con la función estricta de valoración de la prueba. La valoración es una actividad jurisdiccional posterior, que presupone necesariamente que el tribunal haya percibido con claridad lo ocurrido en el juicio oral. Nótese que el art. 708, en su párrafo segundo, de la Ley de enjuiciamiento criminal permite depurar «los hechos», no el «testimonio». El testimonio será luego objeto de valoración (o depuración, en cuanto a su validez, credibilidad y suficiencia para acreditar o no los hechos enjuiciados) conforme a lo dispuesto en el art. 741 LECrim.
En todo caso, la potestad del tribunal recogida en el precepto citado encuentra como límite infranqueable la vigencia del principio acusatorio. El órgano de enjuiciamiento no puede introducir hechos que no hayan sido objeto de acusación y sobre los que, por lo tanto, el procesado no haya podido ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad con el resto de las partes. El uso de esta prerrogativa no puede suponer, en modo alguno, que el tribunal se convierta en acusación, en juez y parte al mismo tiempo, con la consiguiente pérdida de su debida imparcialidad. En consecuencia, lo relevante son los hechos, y estos vienen definidos por los escritos de acusación, que constituyen el objeto del proceso penal y, por lo tanto, del acervo probatorio propuesto por las partes.
En el presente supuesto, la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017 entre los mandos del cuerpo de Mossos d'Esquadra y algunos de los procesados estaba incluida en los escritos de calificación provisional de todas las partes acusadoras, formando parte del objeto de la prueba a desplegar durante la vista oral. Así, la referencia a esta reunión figuraba en las páginas 40 y 41 del escrito del Ministerio Fiscal, en las páginas 20 y 21 del escrito del abogado del Estado, y en la página 20 del escrito de la acusación popular ejercida por el partido político Vox.
Además, la existencia y contenido de esta reunión había sido puesta de manifiesto en una declaración anterior del testigo señor Castellví, y la defensa del procesado señor Forn también había formulado una pregunta sobre el contenido de esa reunión, antes de que la sala hiciera uso del párrafo segundo del art. 708 LECrim.
Una vez que la reunión estaba incluida en los escritos de acusación, y que su celebración y contenido había sido introducido en el juicio oral, la iniciativa de la sala no puede considerarse como impropiamente inquisitiva o desconocedora del principio acusatorio. La sala de enjuiciamiento no introdujo un hecho nuevo. La pregunta no pudo conformar una nueva acusación, sino que esta venía determinada por los hechos contenidos en los escritos de calificación provisional, en los que se hacía una referencia expresa a la iniciativa para celebrar la reunión, así como a su contenido y finalidad. Y, precisamente, la pregunta pretendía aclarar el motivo, la finalidad y el contenido de la reunión. No otra cosa significa preguntar acerca de la «preocupación que motivó la iniciativa», el «mensaje» que se quería «transmitir» y la «respuesta» obtenida. Planteada la pregunta en esos términos, su objetivo y finalidad quedaba englobada sin dificultad en los estrictos límites exigidos por el art. 708 LECrim, párrafo segundo, («depurar los hechos»), sin infracción del principio acusatorio. Ninguna tacha de parcialidad se puede derivar del cumplimiento estricto de las normas procesales.
Ni siquiera puede achacarse a la sala una mera incoherencia en su actuación. Al margen de que la mera contradicción de criterio, o incluso un hipotético error en el desarrollo de una vista oral (sobre todo, en un juicio de estas dimensiones y duración), no implica, por sí misma, una vulneración de un derecho fundamental ni ha de conllevar, necesariamente, la pretendida –y desproporcionada– consecuencia de la nulidad de la sentencia, parece claro que la actuación de la sala encuentra amparo en dos preceptos legales diferentes. Los criterios valorativos para la consideración de una pregunta como pertinente pueden ser diferentes en función de que el interrogatorio sea formulado por una parte o por el tribunal. En el primer caso, la apreciación exige una ponderación sobre el principio de contradicción e igualdad de armas, como presupuestos del derecho a la defensa. En el segundo, entra en juego la inmediación judicial como condición imprescindible para la libre valoración de la prueba, con el límite del respeto al principio acusatorio. Por todo ello, y conforme a la concreta interpretación del primer párrafo del art. 708 LECrim acogida por la sala, la pregunta podía ser denegada; mientras que el segundo párrafo del mismo precepto amparaba la pregunta formulada por el tribunal.
Con independencia de todo lo anterior, el carácter meramente aclaratorio de la pregunta formulada por la sala se pone de manifiesto cuando la sentencia señala su nula trascendencia desde el punto de vista del acervo probatorio utilizado para la condena. Efectivamente, una lectura de la resolución impugnada permite apreciar que, en el marco del principio de libre valoración de la prueba, valorada en su conjunto, la sentencia no aparece apoyada en la contestación del señor Trapero a la pregunta formulada por la sala, es decir, que fue inocua desde la perspectiva de la afectación material de los derechos de los recurrentes.
Mención aparte merece el hecho de que, en todo caso, la pregunta formulada por la sala fue seguida de la concesión de un nuevo turno para el interrogatorio de las partes, que fue utilizado por la defensa del señor Forn para volver a preguntar por la citada reunión, sin protesta alguna del resto de los intervinientes.
Ese nuevo turno, no previsto expresamente en la normativa procesal, permite descartar cualquier indefensión material para las partes derivada de la pregunta hecha por la sala. Con su actuación, el tribunal sentenciador no incurrió en una «insólita situación de contradicción entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas», sino que puso de manifiesto un escrupuloso respeto al derecho de defensa, a la vigencia de los principios de contradicción e igualdad de armas integrados en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
10. El derecho a un proceso con todas las garantías: imposición de penas superiores a las solicitadas por la acusación particular.
10.1 Posiciones de las partes.
Los recurrentes impugnan la extensión concreta de las penas que les han sido impuestas por considerar que exceden de las solicitadas por la abogacía del Estado, única pretensión acusatoria que debía haber sido tomada en consideración para condenarles por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Según alegan, debido a que el Ministerio Fiscal únicamente les acusó por un delito de rebelión, el límite máximo de la pena que les era imponible lo constituye la petición de condena por el delito de sedición formulada por la acusación particular, dado que debía haber sido ignorada la de la acusación popular. Consideran que dicho exceso constituye una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en cuanto garantiza en el proceso penal la vigencia del principio acusatorio (art. 24.2 CE).
El razonamiento expuesto se apoya en considerar no válida la petición de pena formulada por la representación letrada del partido político Vox, personado como acusación popular en la causa. Según afirman los recurrentes, dicha pretensión de condena resulta «inhábil» a los efectos de delimitar el límite máximo de la pena imponible por el tribunal sentenciador. Sustentan dicha conclusión en dos consideraciones: según la primera, dicha acusación es desaforada y no descansa sobre criterios técnicos atendibles, sino sobre razones de oportunidad política; en segundo lugar, entienden que atender a dicha pretensión punitiva va contra la propia motivación de la sentencia condenatoria. En este sentido destacan que, al justificar conforme a la ley vigente la personación de la acción popular en la causa, la sala expresó que no consideraba positiva la presencia de partidos políticos en el proceso penal por el riesgo que supone trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política. Aducen los recurrentes que esta reflexión debiera haber llevado al tribunal a rechazar la tesis acusatoria y petición de pena «de quien presenta una parcialidad tan evidente y criticable».
El abogado del Estado propone la desestimación de esta queja. Con cita de la STC 1/2020, de 14 de enero, desde la perspectiva del derecho de defensa en juego, destaca que los recurrentes tuvieron efectivo conocimiento de las pretensiones acusatorias formuladas, por lo que pudieron articular su propuesta de prueba y alegación tanto sobre la calificación jurídica sometida a debate como acerca de las concretas penas solicitadas en cada caso. Y en relación con las penas impuestas, destaca que no exceden del límite máximo de las pretendidas por alguna de las acusaciones.
El Ministerio Fiscal solicita también la desestimación de esta queja. Tras hacer una reseña de los pronunciamientos al respecto de la sentencia condenatoria y del auto que desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones, extracta parcialmente la doctrina de este tribunal sobre la vigencia, contenido y límites del doctrinalmente denominado «principio acusatorio» (STC 1/2020, FJ 7), que se proyecta sobre el derecho de defensa contradictoria y sobre la imparcialidad del tribunal de enjuiciamiento, que no puede asumir en la causa funciones de parte. Sobre la base de lo anterior, el ministerio público considera que la sentencia no incurrió en extralimitación alguna, pues el fundamento de la queja se asienta en parámetros valorativos ajenos al contenido del derecho alegado, como lo son los móviles o motivos que, según imputan los recurrentes, impulsan la actuación procesal del acusador popular; en este caso, un partido político cuyo programa y postulados ideológicos los demandantes rechazan frontalmente. Tampoco aprecia el Ministerio Fiscal contradicción alguna en los pronunciamientos del tribunal sentenciador pues, pese a su posición crítica con la decisión legal de aceptar la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser parte en los procesos penales, también expone la sala que su participación en la causa está amparada por la ley, por lo que su pretensión acusatoria ha de ser tomada en consideración.
10.2 Respuesta del órgano judicial.
La queja que analizamos fue planteada por los recurrentes frente a la decisión de condena interesando la nulidad de la sentencia por considerarla contraria a los derechos fundamentales aquí alegados. La pretensión de nulidad fue desestimada por la sala de enjuiciamiento en el auto de 29 de enero de 2020, que se pronunció sobre los diversos incidentes de nulidad de actuaciones planteados por los condenados.
Dos aspectos de la respuesta judicial merecen ser reseñados:
a) En relación con la alegada vulneración del principio acusatorio por imponer una pena superior a la solicitada por las acusaciones personadas en la causa, la respuesta fue concisa (apartado 10.2.2. del auto reseñado), señalando: «[…] como hemos dicho con respecto a todos los acusados, las penas impuestas a los señores Junqueras y Romeva se ajustan a lo solicitado por las partes acusadoras en este procedimiento».
b) Antes de eso, en relación con la participación procesal de un partido político en la causa ejerciendo la acusación popular, la sala tuvo oportunidad de pronunciarse más extensamente: primero, ante una petición expresa en tal sentido formulada antes de la vista oral por otro acusado (auto de 6 de noviembre de 2018); y después, en la propia sentencia condenatoria [fundamento de Derecho A), apartado 11], al rechazar la cuestión previa planteada según la cual el partido político Vox –por su condición machista y xenófoba– debiera haber sido expulsado del procedimiento. Al desestimar ambas pretensiones, la sala señaló lo que sigue:
(i) En el auto de 6 de noviembre de 2018:
«Las alegaciones de la defensa, encaminadas a lograr la expulsión del partido político Vox, accionante en el ejercicio de la acción popular, han de ser desestimadas.
Los arts. 125 de la CE y 101 y concordantes de la LECrim han de ser interpretados conforme a la doctrina constitucional y a la jurisprudencia proclamada por esta Sala. De forma bien reciente, la STS 288/2018, 14 de junio –con cita de las SSTS 1045/2007, 17 de diciembre; 54/2008, 8 de abril, y 8/2010, 20 de enero– recordó que “[...] tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, [...] el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público”.
Desde esta perspectiva, la lectura constitucional del ejercicio de la acción penal no autoriza una concepción que haga del monopolio de la acusación penal por el Ministerio Fiscal una seña de identidad de nuestro proceso penal. Los delitos por los que se decretó el procesamiento del (acusado) son ejemplos paradigmáticos de afectación de bienes de naturaleza difusa, supraindividual o de carácter colectivo. Y en tales supuestos, la presencia de una acusación popular no deber ser considerada como un obstáculo para la vigencia de los principios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional.
La acción popular, no se olvide, sitúa a quien la ejerce en la condición de parte. Y el examen de los móviles que empujan a esa parte a la defensa del interés colectivo no es, desde luego, indispensable para concluir la validez del ejercicio de la acción penal. Al acusador popular le incumbe –como no podía ser de otro modo– el deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, pero no es un tercero imparcial. Conviene tener presente, además, que la LECrim concede a esta Sala los instrumentos jurídicos precisos para impedir que la acusación popular –o cualquiera de las otras partes– desborden el ámbito funcional que le es propio.
Es cierto que en el presente caso la persona jurídica accionante es un partido político. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de llamar la atención acerca de la necesidad de abordar una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política (cfr. ATS 6 octubre 2016, causa especial 20371/2016). Y no deja de ser significativo que los frustrados trabajos de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal excluyeran expresamente del ejercicio de la acción popular a los partidos políticos [cfr. art. 82.1 d) del proyecto de reforma de 2011 y art 70.2 d) de la propuesta de Código procesal penal de 2013].
Sin embargo, el marco jurídico vigente autoriza la presencia del partido político Vox en el ejercicio de la acción popular, con todas las expectativas, cargas y derechos que son propios de su estatus como parte. Y a ese marco jurídico hemos de atenernos».
(ii) A las razones expuestas, se añaden estas otras en la sentencia condenatoria:
«La presencia de partidos políticos en el proceso penal no, es desde luego, positiva. Se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política. La experiencia indica que la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional de los hechos. Antes, al contrario, se presenta ante la opinión pública como la expresión de un condicionante ideológico que los jueces han antepuesto a la realidad acreditada. Pero lo que es verdaderamente perturbador, no es tanto la constatación de uno u otro de los signos de identidad que definen el programa de cada formación política, sino la presencia misma de ese partido.
[…] La Sala coincide en la necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas. Y esa restricción debe ser general, sin que deba subordinarse a la propuesta ideológica que suscriba cada una de las fuerzas políticas que intente la personación. Es un hecho notorio que algunos de los partidos políticos a los que pertenecen los procesados han tomado también parte activa mediante el ejercicio de la acción penal en procesos penales abiertos que, por una u otra razón, presentaban algún interés electoral.
Sea como fuere, el actual estado de cosas no permite a esta Sala otra opción que admitir en el ejercicio de la acción popular a quien se personó en tiempo y forma, colmando todos los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para actuar como acusador popular».
10.3 Doctrina constitucional.
Este tribunal ha tenido la oportunidad de fijar en anteriores resoluciones una consolidada doctrina sobre el carácter de garantías constitucionales que presentan algunos de los elementos estructurales del modelo acusatorio, dirigidas a salvaguardar el derecho de defensa contradictoria y la imparcialidad del órgano de enjuiciamiento.
a) Desde la perspectiva del derecho de defensa contradictoria, la STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7, recoge y reitera las siguientes consideraciones:
(i) nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por «cosa» no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, unfactum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no solo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica;
(ii) el principio acusatorio y el derecho a la defensa guardan una íntima relación que impone la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el órgano judicial los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica;
(iii) este derecho de defensa contradictoria determina la obligación del órgano judicial de pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia, y
(iv) esa sujeción no es tan estricta como para impedir al órgano judicial modificar la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio, de manera que no se produce infracción constitucional alguna cuando el juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a como venían siéndolo, siempre y cuando ello no suponga la introducción de un elemento o dato nuevo al que, dado su lógico desconocimiento, no hubiera podido referirse la parte para contradecirlo en su caso (así, por ejemplo, STC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 10). Cabe ver, en el mismo sentido, la STC 113/2018, de 29 de octubre, FJ 3, con cita de otras anteriores como las SSTC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 4; 75/2013, de 8 de abril, FJ 2, y 155/2009, de 25 de junio, FJ 4.
b) En garantía de la imparcialidad judicial, en la STC 155/2009, de 25 de junio, subrayábamos que este deber de congruencia exige también que el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con respeto a la delimitación de funciones entre la parte acusadora y el órgano de enjuiciamiento, puesto que, en última instancia, un pronunciamiento judicial más allá de la concreta pretensión punitiva de la acusación supone que el órgano judicial invada y asuma competencias reservadas constitucionalmente a las acusaciones, ya que estaría condenando al margen de lo solicitado por los legitimados para delimitar la pretensión punitiva, lo que llevaría a una pérdida de su posición de imparcialidad y a la lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 4; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 247/2005, de 10 de octubre, FJ 2, y 170/2006, de 5 de junio, FJ 2).
En tal medida, añadimos que «solicitada por las acusaciones la imposición de una pena dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, el órgano judicial, por exigencia de los referidos derechos y garantía constitucionales, en los que encuentra fundamento, entre otros, el deber de congruencia entre acusación y fallo como manifestación del principio acusatorio, no puede imponer pena que exceda, por su gravedad, naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa, aunque la pena en cuestión no transgreda los márgenes de la legalmente prevista para el tipo penal que resulte de la calificación de los hechos formulada en la acusación y debatida en el proceso» (STC 155/2009, FJ 6). Se superaban así anteriores pronunciamientos (SSTC 163/2004, de 4 de octubre, FJ 4; 71/2005, de 4 de abril, FJ 7, y 347/2006, de 11 de diciembre, FJ 3), que justificaban que el tribunal penal podía imponer «penas superiores a las solicitadas por las acusaciones dentro de los límites de la señalada por la ley al tipo penal incriminado, siempre que la calificación como tal de unos hechos, y los hechos mismos, hayan sido objeto del correspondiente debate». Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en la STC 47/2020, de 15 de julio, FJ 3.
10.4 Resolución de la queja.
La anterior exposición de las pretensiones de las partes y de la doctrina de este tribunal sobre el derecho fundamental alegado permite abordar el enjuiciamiento constitucional de la queja planteada por los recurrentes en su demanda para valorar si la sentencia impugnada ha incumplido la regla antes expuesta según la cual no cabe imponer una pena superior a la interesada por las acusaciones.
La sentencia impugnada condenó al señor Junqueras como autor responsable de un delito de sedición (art. 545.1 CP, con la consideración de autoridad), en concurso medial (art. 77.3 CP) con un delito de malversación de caudales públicos (art. 432.3 CP, en su modalidad agravada del último párrafo), y le impuso una pena de trece años de prisión y otra de inhabilitación absoluta de la misma duración, con las penas accesorias correspondientes. En el caso del señor Romeva, ambas penas principales le fueron impuestas con una duración de doce años.
En cuanto a las pretensiones de condena formuladas por las distintas acusaciones, no fue atendida la calificación jurídica de los hechos propuesta por el Ministerio Fiscal, que había solicitado su condena por un delito de rebelión, con el subtipo agravado de distracción de caudales públicos (art. 473.2 CP), solicitando para el señor Junqueras la pena de veinticinco años de prisión y de inhabilitación absoluta. En el caso del señor Romeva, la duración de las penas solicitadas se redujo a dieciséis años.
Por su parte, la acusación popular había solicitado para ambos recurrentes una condena por dos delitos de rebelión (calificados en los mismos términos que el Ministerio Fiscal), interesando la imposición de una pena de veinticinco años de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta, por cada uno de ellos; y alternativamente, por dos delitos de sedición (art. 545.1 CP), con imposición de una pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por cada uno de ellos; solicitó también la condena por un delito de organización criminal [arts. 570bis1 y 2 a) y c) y 570quater2 CP] y otro de malversación de caudales públicos (art. 432.3 CP), interesando una pena de doce años de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta, por cada uno de ellos.
La abogacía del Estado calificó los hechos como constitutivos de un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos, en relación de concurso medial. Interesó la imposición de las penas siguientes: para el señor Junqueras, la de doce años de prisión e inhabilitación absoluta; para el señor Romeva, la imposición de ambas penas se solicitó en cuantía de once años y seis meses de duración.
En el fundamento jurídico D) 1 de la sentencia impugnada, la sala de enjuiciamiento explica los criterios aplicados para imponer la pena concreta a los recurrentes. Así, en lo que ahora interesa, considera que lo procedente es apreciar la calificación jurídica sostenida por la acusación particular ejercida por la abogacía del Estado, entendiendo los hechos como un concurso medial entre un delito de sedición y otro de malversación, dada la relación instrumental existente entre ambos. De esta forma, «conforme a su punición con las reglas del concurso medial descrito en el art. 77.3 CP», fija para cada uno de los recurrentes las penas que ya han sido reseñadas.
La puesta en relación de las condenas interesadas con la finalmente impuesta permite constatar que la última no supera las más graves de las propuestas por la acusación popular, pues había solicitado penas de mayor duración al entender que los delitos de sedición y malversación se encontraban en relación de concurso real. Por lo tanto, una de las acusaciones había solicitado para ambos recurrentes la imposición de penas de mayor duración a la fijada en la sentencia por los delitos que fueron objeto de condena.
En la demanda se impugna la extensión de la condena por entender que la sentencia no debió tener en cuenta las penas interesadas por la acusación popular porque es desaforada y no descansa sobre criterios técnicos atendibles, sino sobre criterios de oportunidad política; a lo que se suma la consideración de que atender a dicha pretensión punitiva va contra la propia motivación de la sentencia condenatoria, en la que la sala expresó que no consideraba positiva la presencia de partidos políticos en el proceso penal por el riesgo que supone trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política.
Empezando por esta última consideración, hemos de destacar que no existe la contradicción denunciada. Como antes recogimos al recoger literalmente su posición, la sala expuso su criterio en la sentencia condenatoria y una resolución anterior. A su tenor, cualquiera que sea la propuesta ideológica que suscriban o a la que representen, la legitimación procesal reconocida a los partidos políticos en el proceso penal no es positiva en cuanto genera «el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política». Pero dicho exordio concluía excluyendo que, en términos constitucionales, sea obligado el monopolio de la acción penal en el Ministerio Fiscal, y considerando recomendable la acción popular para aquellos delitos que, como los enjuiciados en la vía judicial previa, afectan a bienes de naturaleza difusa, supraindividual o de carácter colectivo.
En todo caso, de form