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de fallecer sin haber dispuesto «por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente fallecido». Ahora bien, no es el pacto sucesorio de este supuesto, pero pone de manifiesto que el legislador aragonés, cuando ha regulado estas sustituciones, considera que el instituido puede disponer por cualquier título, y también por causa de muerte, salvo, lógicamente, que se hayan limitado de modo expreso esas facultades dispositivas.
A la vista de la literalidad de la cláusula de la escritura de sucesión contractual, puede sostenerse que lo que estableció en el pacto sucesorio no fue una sustitución fideicomisaria de residuo en sentido estricto puro, sino una institución contractual, que es una figura diferente, propia del Derecho aragonés, de origen consuetudinario y similar en su finalidad a lo que, desde el punto de vista de la técnica jurídica, se denomina en el ámbito del Derecho común sustitución preventiva de residuo, en la que el instituido no ve limitada su facultad de disponer por causa de muerte, de forma que la sustitución sólo se aplicaría en caso de no haber dispuesto por título alguno; es decir, se trata de una cláusula destinada a prevenir el abintestato.
Dichas sustituciones, a falta de regulación legal específica, han ido siendo moldeadas por la costumbre, y su uso y significado está normalmente aplicado en Aragón (y especialmente en la zona pre-pirenaica y pirenaica en la que se encuentran los bienes del supuesto de este expediente).
En este sentido debe resaltarse el hecho de que, como antes se ha señalado, la cláusula a la que se refiere la Resolución de 14 de julio de 2022, aunque referida a un testamento mancomunado, es muy parecida en su formulación a la que motiva este recurso si bien en aquel caso se exigía para la disposición un supuesto de necesidad, lo que determinó que se presumiera facultad de disposición «inter vivos».
Así, en Aragón, al igual que la fiducia sucesoria entre los cónyuges, es práctica habitual, como lo son también otras que con un alcance totalmente diferente prescinden del requisito de que el heredero «fallezca sin disponer», y condicionan la sustitución exclusivamente al hecho de que «fallezca sin hijos», o «sin dejar estirpe legítima», o con una fórmula más barroca, «sin hijos, o teniéndolos, con hijos que fallezcan sin haber alcanzado la edad de testar». Las fórmulas son múltiples, tantas como permite el «standum est chartae». Pero en ellas, la finalidad y el principio de base parecen claros: cuando el instituyente decide regular por sí mismo la sucesión de la «casa» mediante dos llamamientos sucesivos, emplea fórmulas como las antes expuestas, que implican para el instituido la obligación de «conservar y transmitir». Cuando, por el contrario, atribuye al heredero –o pacta con él atribuirle– todas las facultades dispositivas, utiliza fórmulas como la del presente expediente, en la que el segundo llamamiento es puramente preventivo, para evitar el abintestato. Se trata de una sustitución preventiva de residuo.
10. Por tanto, la cuestión es si la atribución de las facultades ha de ser expresa, o si por el contrario lo que ha de ser expreso es la limitación de las mismas. La solución en Derecho común –según la jurisprudencia y la doctrina que la interpreta– es la opuesta a la que da el Derecho consuetudinario aragonés (costumbre y doctrina).
La interpretación del notario recurrente es correcta en el Derecho común, donde partiendo de la estricta regulación legal de la figura de la sustitución fideicomisaria («conservar y transmitir», «obligación terminante»,...) y sus posteriores ampliaciones y excepciones jurisprudenciales y doctrinales (fideicomiso de residuo), se considera justificada la interpretación restrictiva de las facultades dispositivas del fiduciario, para que no termine dejando sin contenido la institución. Lo mismo en la llamada sustitución preventiva de residuo, donde la misma cautela y prevención se manifiesta en la exigencia de que se le atribuya expresamente al instituido la facultad de disponer «mortis causa». Ciertamente, de las normas y Resoluciones que acertadamente cita el notario recurrente, aplicables al Derecho común, se infiere que para entender que la finalidad de la institución es simplemente evitar el abintestato, sería necesario que se le hubiese atribuido expresamente al heredero la facultad de disponer «mortis causa» –lo que en dicha interpretación supone «la plena capacidad dispositiva»–.
Pero en el Derecho aragonés, especialmente en el territorio del Pirineo, la solución consuetudinaria, es justamente la contraria; la fórmula «sin haber dispuesto», «sin disponer», no es ambigua sino rotunda; si no se limita expresamente de algún modo –«a título tal o a título cual»–, significa lo que literalmente dice. Esto cohonesta con el espíritu y principios del Derecho aragonés, que es un Derecho y una costumbre que, en materia sucesoria, atribuye un importantísimo papel a la confianza –fiducia–, y de ahí, la amplitud de facultades que de ella derivan; y tiene su máxima manifestación en la institución de la fiducia sucesoria, en la que se les concede amplísimas facultades a los fiduciarios –cónyuge o parientes– para regular la sucesión de quien la otorga «con la misma libertad con que podría hacerlo el causante» (artículo 457.1 del Código de Derecho Foral de Aragón).
En consecuencia, a la vista de estas fundamentaciones, se puede concluir en que, los otorgantes del pacto del supuesto concreto, establecen que la sustitución tendrá lugar si el instituido fallece «sin haber dispuesto», lo que en último término significa que le están atribuyendo a éste la facultad de regular la sucesión de la casa –en los términos semejantes a como se hace en la fiducia sucesoria–, algo que es plenamente acorde a la costumbre y a los principios del Derecho aragonés. En consecuencia, el defecto debe ser confirmado
11. Por último, alega el notario recurrente que se ha hecho donación por doña T. P. P., de los bienes procedentes de la herencia de doña A. P. B., a los sobrinos del instituido don J. R. P. P.
Para que esta escritura sirva de complemento o subsanación de la de manifestación de herencia, se hace preciso que se justifique que los intervinientes en la donación son los mismos llamados a la sucesión de don J. R. P. P. En consecuencia, debe acreditarse esto mediante el testimonio o la presentación del último testamento de don J. R. P. P., mediante documento fehaciente sin que baste una mera fotocopia, por lo que debe confirmarse también el primer defecto señalado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de noviembre de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.