Categoría: Normativas

ferroviario que se ejecute debe permitir el cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. El cumplimiento de esta normativa urbanística deberá hacerse compatible con el simultáneo cumplimiento de los condicionantes que en relación con la urbanización que posteriormente se ejecute sobre la infraestructura ferroviaria, y que no son objeto de este convenio, cuyo titular final será el Ayuntamiento, sean indicados por ADIF-Alta Velocidad y ADIF para garantizar la correcta y eficiente explotación del sistema ferroviario (mediante la/s autorización/es prevista/s en el artículo 16 de la Ley del Sector Ferroviario).
Las administraciones firmantes podrán formalizar los convenios o protocolos de actuación que consideren convenientes para la definición de los compromisos recíprocos entre el Ayuntamiento y ADIF-Alta Velocidad orientados a evitar actuaciones que pudieran menoscabar o causar un perjuicio, respectivamente, a la infraestructura ferroviaria y a las obras de urbanización.
Las obras de la estación de autobuses serán titularidad de la Junta de Andalucía que lo recibirá a cambio de la aportación indicada en este convenio. Igualmente, el suelo y vuelo de los terrenos a ocuparse por esta nueva estación serán transmitidos por ADIF a la Junta de Andalucía a través de los instrumentos jurídicos oportunos tal y como se establece en la cláusula cuarta.
Sin perjuicio de que se difiera la formalización de la escritura de obra nueva y división horizontal(*), las construcciones e instalaciones ejecutadas o que se estén ejecutando con destino a la nueva estación de autobuses y edificaciones accesorias serán titularidad de la Junta de Andalucía, que será la responsable de su ejecución y mantenimiento, vigilancia y seguridad. Tras la formalización quedará ésta como propietaria plena del inmueble destinado a estación de autobuses, resultante de la división horizontal, entendiendo por inmueble, el propio edificio de la estación, más el suelo y vuelo transmitidos sobre los que se construirá dicha estación.
ADIF-Alta Velocidad asumirá la titularidad, explotación, mantenimiento, conservación y demás derechos y obligaciones inherentes a la condición de titular, del aparcamiento de la estación y del edificio de la estación ferroviaria y sus elementos.
El plazo del convenio será de seis (6) años a partir de que el presente convenio adquiera eficacia. No obstante, cualquier variación en el plazo de ejecución de las obras requerirá la aprobación de una adenda al convenio.
En caso de que fuese necesario llevar a cabo una modificación de los contratos no prevista en la documentación que rija las licitaciones, ésta sólo podrá realizarse en los casos y con los límites establecidos en las disposiciones legales que resulten de aplicación a los contratos y subvenciones y deberá contar con la conformidad de las partes.
Además, ADIF-Alta Velocidad se obliga a informar a las partes, con carácter previo y de manera detallada, señalando las causas y la justificación de esa necesidad (además del contenido, coste, condiciones de pago ...).
En todo caso, cualquier incremento sobre las aportaciones inicialmente previstas en el presente convenio deberá instrumentalizarse a través de la correspondiente Adenda modificativa.
La Comisión de Seguimiento del convenio estará formada por un representante de cada una de las partes.
Dicha Comisión asumirá las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el convenio.
b) Informar del desarrollo de dichas actuaciones y de la contratación y eventuales modificaciones de los contratos.
c) Promover la coordinación necesaria para la ejecución de las actuaciones objeto del convenio e informar sobre los pagos efectuados.
d) Velar por el cumplimiento de los plazos que se fijen.
e) Resolver los problemas que se susciten en la interpretación y cumplimiento del convenio.
f) Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio.
g) Llevar actualizado el seguimiento económico del convenio.
h) Concretar, en función del desarrollo temporal de la ejecución de las actuaciones recogidas en el presente convenio, y para las administraciones y entidad pública intervinientes, la distribución anual de las aportaciones totales de los importes del compromiso económico que asumen cada uno de los organismos para la ejecución del convenio, en el segundo semestre de cada año. En caso de que el reajuste de anualidades expuesto en la Comisión de Seguimiento del convenio implique ampliación del plazo de vigencia o incremento económico del presupuesto recogido en el presente convenio, será necesaria la tramitación de una Adenda Modificativa del mismo.
i) Designar los puntos de contacto, por las partes, a los efectos de que los interesados puedan ejercer sus derechos en materia de protección de datos, obtener información o realizar cualquier otra solicitud relacionada con el tratamiento de sus datos personales.
j) Elevar a las partes firmantes en caso de extinción del convenio la correspondiente propuesta de liquidación para su aprobación.
Los miembros de la comisión o personas en que deleguen se reunirán con una periodicidad al menos trimestral a partir de la adjudicación de la ejecución de las obras.
La Comisión de Seguimiento deberá estar informada sobre la evolución de los trabajos y cualquier cambio técnico y/o económico sustancial que se produzca durante la ejecución de los mismos, lo cual se expondrá en el seno de la misma.
La representación de ADIF-Alta Velocidad presidirá dicha Comisión de Seguimiento.
A las reuniones de la comisión se podrán incorporar también, por acuerdo de las partes y sin tener el carácter de integrantes o miembros de la misma, aquellos técnicos cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas y cuyo parecer se juzgue pertinente conocer.
El régimen de funcionamiento de la comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cada una de las partes se compromete a responder de los daños y perjuicios que pudieran causar a terceros.
Los datos personales tratados en el presente convenio serán tratados por cada una de Las Partes conforme a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (UE 679/2016) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Cada una de Las Partes será responsable del tratamiento de los datos personales recabados de la otra parte, figurando su identidad, datos de contacto y representante en el encabezamiento del convenio. La finalidad del tratamiento es la gestión y ejecución del convenio conservándose los datos durante la vigencia de este y el tiempo posterior que sea legalmente necesario. Los datos podrán ser comunicados a Autoridades para cumplir con las obligaciones legales derivadas del convenio.
Se informa a los interesados de su derecho a solicitar el acceso a sus datos, rectificación, supresión, limitación o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, cuando proceda, dirigiendo un escrito acompañando una fotocopia del documento nacional de identidad u otro homólogo (NIE) con asunto protección de datos a las direcciones que determine la Comisión de Seguimiento.
Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando entiendan que se han vulnerado alguno de sus derechos o se hayan tratado sus datos de forma ilegítima.
Los interesados podrán dirigirse al delegado de Protección de Datos de cada uno de los responsables, en caso de que lo tuvieran, contactando por alguno de los canales más arriba indicados.
El presente convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena validez y eficacia desde el momento de su inscripción, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, debiendo así mismo ser publicado, en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El presente convenio tendrá, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.1.c) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el artículo 38 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Disposición adicional decimotercera de la Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, una vigencia máxima de seis años, si bien, en el caso de que la ejecución de las actuaciones que se recogen en el presente convenio requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.º del artículo 49.h) de dicha ley, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorización.
La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia requerirán el acuerdo unánime de las Partes mediante la tramitación y suscripción de la correspondiente Adenda de modificación y/o prórroga del presente convenio.
El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento o conclusión de todas las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas de resolución:
– Las establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
– El transcurso del plazo de vigencia del presente convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
– El mutuo acuerdo de Las Partes, del que quede la debida constancia en documento elaborado al efecto.
– El incumplimiento por cualquiera de los firmantes de las concretas obligaciones establecidas en este convenio, previamente puesto de manifiesto mediante comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de antelación de, al menos, un mes, por la parte a quien le perjudique.
A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente convenio.
– Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente convenio.
– La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.
En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto del convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Resuelto el convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por todas Las Partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las mismas, conforme a la ley o a lo dispuesto en el presente convenio.
El presente convenio tiene carácter administrativo y estará sujeto a la normativa administrativa en vigor, siendo de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o legislación que en adelante le sustituya.
Las Partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o cumplimiento del presente convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión de Seguimiento.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento del presente convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
A la firma de este convenio se han obtenido cuantas autorizaciones legales han sido necesarias de las distintas administraciones y/o organismos públicos.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, los intervinientes firman el presente documento, en Almería, en la fecha indicada al principio del convenio, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por la Junta de Andalucía,Rocío Álvarez Jiménez, firmado electrónicamente el 19 de julio de 2023.–Por el Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, firmado electrónicamente el 19 de julio de 2023.–Por ADIF y ADIF-Alta Velocidad,María Parra Ortiz González, firmado electrónicamente el 20 de julio de 2023.