Categoría: Administración

El impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha hecho necesario impulsar la recuperación y reactivación de todos los sectores económicos así como proteger y crear empleos. En el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 se aprobó la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se financiará con el nuevo fondo Next Generation EU.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros del día 27 de abril de 2021 constituye un plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental. Para la ejecución del plan en el ámbito nacional, se ha aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la finalidad de facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos.
El componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado «Revalorización de las Industrias Culturales», viene a subrayar el valor indispensable que tiene la industria cultural para el enriquecimiento de la sociedad y para la generación de riqueza y empleo, y plantea tres ejes estratégicos para la inversión: la mejora de la competitividad, la dinamización y cohesión del territorio, y la digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales.
En el marco de la primera inversión de este componente, C24I01 se sitúa el Proyecto de Digitalización de los sistemas de gestión de la Propiedad Intelectual, para el que se han previsto actuaciones de apoyo a los proyectos de digitalización de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual. Esta orden se elabora para regular las ayudas destinadas a ese fin.
Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y los operadores de gestión independiente desempeñan un papel clave dentro del ámbito de la cultura como operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual. Su rol como agentes intermediarios entre usuarios y titulares de los derechos de propiedad intelectual garantiza el retorno que a estos últimos corresponde por su labor, favoreciendo con ello la justicia en el ámbito de la cultura, palanca de progreso para toda la sociedad.
Al mismo tiempo, los cambios provocados por las nuevas tecnologías traen consigo la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto digital en el que los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual deben contar con medios tecnológicos adecuados para seguir ejerciendo con eficacia y eficiencia su función. Los operadores del mercado de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual son los encargados, en nombre de sus asociados o clientes, de negociar las tarifas, recaudar los ingresos derivados del uso de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, así como distribuir esa recaudación. Todas estas tareas son susceptibles de mejorar a través de procesos de digitalización.
Por ello, el Ministerio de Cultura y Deporte apoya decididamente el desarrollo de los planes de digitalización de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual para la adaptación a los nuevos tiempos, a través del mencionado proyecto de inversión que se lleva a cabo por la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2020) y con el Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte (BOE núm. 127, de 7 de mayo de 2020), ejerce las funciones que corresponden al Departamento en relación con los operadores de derechos de propiedad intelectual y es competente para proponer medidas adecuadas para la defensa y protección de la propiedad intelectual, incluyendo aquellas de las que son objeto los contenidos en el ámbito de la sociedad de la información.
El objetivo que se persigue es lograr la transformación digital de los operadores que intervienen en la gestión de derechos de propiedad intelectual, incrementando la eficacia y eficiencia, entre otros, de los procesos de documentación, recaudación y reparto. Con ello se busca modernizar el apoyo y la asistencia a los titulares de derechos por parte de sus entidades de gestión y operadores, de esta manera se asegura una remuneración justa y adecuada por el uso de sus obras, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad. Igualmente, la transformación digital de los operadores mejora la competitividad de los repertorios creativos gestionados por éstos en un contexto de acceso global y digital a la cultura
Cumpliendo con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo aplicando la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do No Significant Harm").
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en virtud del artículo 61 del Real Decreto- ley 36/2020, de 30 de diciembre, se dicta la presente orden de bases reguladoras y de convocatoria correspondiente al año 2022, de ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes a 2022 con cargo a los fondos europeos vinculados al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta Orden se estructura en 3 capítulos, y 52 artículos. En el primer capítulo se establece el objeto de la orden; en el segundo capítulo se regulan las bases de concesión de las ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual, y en el tercer capítulo, se regula la convocatoria correspondiente al año 2022 de dichas ayudas. Este capítulo tercero incluye además tres anexos: anexo I, sobre los gastos subvencionables; anexo II, manual de cumplimiento de la documentación justificativa de estas ayudas,y anexo III, modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los objetivos medioambientales (DNSH).
La presente Orden se dicta en consonancia con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
La presente orden ministerial tiene como objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual y publicar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Las ayudas que se financien al amparo de esta orden de bases se enmarcan en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español. En particular, se enmarcan en el proyecto 2, dirigido a la «Digitalización de los sistemas de gestión de la Propiedad Intelectual», de la Inversión 1, dirigida al «Refuerzo de la competitividad de las industrias culturales», del Componente 24 de dicho plan, denominado «Revalorización de la industria cultural». Igualmente, están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte 2021-2023, dentro del Objetivo 2, dirigido a «Incentivar la Modernización e Innovación del Sector Cultural» de la Línea Estratégica 2, dirigida a ·Reforzar el Desarrollo y Competitividad del Sector Cultura y Creativo».
2. La presente orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras de la concesión, seguimiento y justificación de las ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual
Estas ayudas tienen como objeto la financiación de proyectos de inversión encaminados a mejorar la digitalización de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual.
1. La concesión de estas ayudas se efectuará en concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. A las ayudas de Estado previstas en estas bases les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Exención de categorías (Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014) por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
3. Sólo serán elegibles aquellos proyectos que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente. A fin de garantizar que los proyectos se ajustan a la Guía técnica para la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), los criterios de subvencionabilidad de esta convocatoria excluyen las actividades que se enumeran a continuación:
a) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos(1);
b) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes(2);
c) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras(3)y plantas de tratamiento mecánico-biológico(4); y
d) las actividades en las que la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio al medio ambiente.
4. Será de aplicación la siguiente normativa:
– Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre).
– Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [en adelante Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero], así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
1. Serán beneficiarios en la convocatoria efectuada al amparo de esta orden, en los términos que la misma establezcan y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, que ostenten la condición de operador de gestión de derechos de propiedad intelectual, conforme a la legislación vigente en la materia (artículos 147, 151 y 153 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
2. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los beneficiarios de estas ayudas asumen las siguientes obligaciones:
1. Cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión.
2. Llevar a cabo el proyecto que fundamenta la concesión de la ayuda. En cualquier caso, toda incidencia que suponga una modificación sustancial del programa inicial del proyecto deberá ser autorizada previa y expresamente por el órgano concedente. La aceptación del cambio podrá llevar aparejada una reducción proporcional del importe concedido.
3. Justificar la ayuda tal y como se prevé en la convocatoria.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, a los que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto.
5. Comunicar por escrito al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad en el momento en el que tengan conocimiento de ese hecho con el fin de evitar la doble financiación.
6. Destinar los bienes que constituyan el inmovilizado intangible e inmovilizado material financiado con estas Ayudas al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un periodo mínimo de dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Todo proyecto financiado con estas ayudas deberá incorporar el emblema de la Unión, y junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto: «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU» que permita identificar el origen de la ayuda como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8. Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de acciones de publicidad, difusión, formación o comunicación por parte del Ministerio de Cultura y Deporte.
9. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y con los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
f) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g) Custodiarán y conservarán la documentación del proyecto financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
h) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
i) En aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, en función de las características de las mismas, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento.
10. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberá incluir:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se deberá incluir el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»;
c) Se recomienda emplear también el siguiente logo:
d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
11. Igualmente, las entidades beneficiarias deberán cumplir con la normativa nacional y europea sobre protección del medioambiente y lucha contra el cambio climático y respetar el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Para la interpretación de si existe o no dicho perjuicio, se atenderá a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión en la que se establece la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 58, de 18 de febrero de 2021, así como a lo previsto en el Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 16 de junio de 2021.
12. A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
2. El procedimiento de concesión atenderá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y surtirá efectos a partir de la publicación de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que el texto completo de la misma se inserte a continuación de estas bases reguladoras.
4. El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Secretaría General de Cultura, por delegación del Ministro de Cultura y Deporte, conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto 1.b) de la Orden CUD 990/2020, de 16 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y delegación de competencia.
5. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdirección General de Propiedad Intelectual dependiente de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.
6. En cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude, aprobado por la Subsecretaría de Cultura y Deporte con fecha 28 de enero de 2022, se adoptarán las medidas correspondientes para asegurar la no existencia de conflictos de interés por parte de ninguno de los participantes en el proceso de concesión, así como las demás diligencias necesarias para cumplir con dicho plan
1. Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención.
2. La convocatoria será financiada con fondos provenientes de la Unión Europea, en concreto, del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en la convocatoria. El plazo de solicitud será de veinte días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud.
3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo, que incluyan tanto el formulario como el resto de información y documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. No se podrá requerir a los interesados la presentación de documentos no exigidos en la normativa aplicable, que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por ésta, ni exigir la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La solicitud deberá expresar el consentimiento o la oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
5. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de los requisitos específicos establecidos en esta orden o en las convocatorias para adquirir la condición de beneficiario, o de los documentos requeridos en las convocatorias para cada tipo de ayuda, por una declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las declaraciones responsables que se suscriban a los efectos de esta orden deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. De haberse presentado una declaración responsable, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional de concesión de la ayuda serán requeridos al efecto de que aporten la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un plazo no superior a diez días hábiles.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda con el fin de evitar la doble financiación.
1. El órgano instructor será la Subdirección General de Propiedad Intelectual.
2. La convocatoria podrá establecer una fase de preevaluación en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario. En todo caso tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos que sean de apreciación automática y cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá hacer pública, del modo que se determine, una lista provisional de admitidos y excluidos y los motivos de la exclusión para cada caso.
3. La valoración del proyecto será llevada a cabo por una Comisión de Valoración que estará formada, como mínimo, por un Presidente, un Vicepresidente, y cinco vocales. El Presidente tendrá rango de Subdirector General, o superior. La convocatoria determinará la composición concreta de dicha Comisión en la que podrán participar, además de representantes del Ministerio de Cultura y Deporte y de sus organismos públicos, representantes de otros departamentos o de otras Administraciones Públicas, así como representantes de organizaciones y asociaciones cuya actividad esté vinculada con el objeto de la subvención o expertos de probada cualificación. Todos los representantes que intervengan en la Comisión de Valoración deberán manifestar de forma expresa mediante declaración responsable la ausencia de conflictos de interés.
4. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la Comisión de Valoración se regirá por lo establecido en el capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración concretados en la convocatoria de acuerdo con el artículo siguiente, emitirá un informe en el que se determinará el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los interesados en la forma que determine la convocatoria y se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
7. Cuando el importe propuesto sea inferior al solicitado, se podrá instar al beneficiario a que en el plazo de alegaciones presente una reformulación de su solicitud, ajustando proyecto y presupuesto a la cantidad propuesta, identificando de las actuaciones inicialmente presentadas aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de subvención. En todo caso se respetará el objeto y finalidad de la subvención y los porcentajes de financiación que exija la convocatoria, y será precisa la aprobación por la comisión de valoración del proyecto reformulado.
8. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
9. Finalizado en su caso el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando su evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.
Los criterios de evaluación y su ponderación, con las concreciones y el desarrollo que se determinen en la convocatoria, serán los siguientes:
1. La adecuación de la actividad proyectada al logro de las finalidades previstas en el apartado primero de la convocatoria (hasta 40 puntos).
2. La viabilidad y calidad del proyecto (hasta 30 puntos).
3. La incidencia del proyecto en el desarrollo del sector (hasta 30 puntos).
1. El plazo para resolver el procedimiento de concesión será de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
2. La resolución habrá de ser motivada de acuerdo con lo que disponga la convocatoria, determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa.
3. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando, con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión.
4. La resolución del procedimiento se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
5. El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. La convocatoria indicará el importe máximo imputable a la subvención.
2. La convocatoria establecerá los criterios objetivos para la valoración de los proyectos, en base a los que han de concederse los importes. Estos criterios serán adecuados al objeto de la subvención.
3. La cuantía individualizada que se otorgará a cada proyecto se calculará, mediante el sistema regulado en el artículo 39 de esta orden, atendiendo a la proporcionalidad directa entre la puntuación obtenida por el proyecto del que se trate y el global de puntos asignados al conjunto de los proyectos presentados para la partida presupuestaria correspondiente.
4. Estas ayudas financiarán, como máximo, el 80% del coste total proyecto para el que se solicitan. El porcentaje restante (como mínimo 20%) debe financiarse con fondos propios o con otras aportaciones públicas o privadas y deberá acreditarse en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
5. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento UE N.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en su normativa reguladora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional la modificación de la resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias imprevistas que alteren o dificulten la ejecución de la actividad o proyecto subvencionable o cuando se produzcan retrasos en la ejecución de las actividades que originen una prolongación del plazo de ejecución.
3. La solicitud de modificación podrá ser autorizada por el órgano concedente siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros, y deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de la ayuda respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y los artículos 72 y 75 del Reglamento de desarrollo, siendo de aplicación las medidas singulares previstas en el artículo 63 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, y su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea.
2. La justificación técnica consistirá en la presentación de una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda con indicación como mínimo de las actividades realizadas y resultados obtenidos, lo que a su vez permitirá verificar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención.
3. La justificación económica se realizará mediante una memoria justificativa del coste de las actividades realizadas, conforme precise la convocatoria.
4. En cualquier caso, los beneficiarios deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y quedarán a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su comprobación en cualquier momento.
5. Los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.
6. Los beneficiarios de las ayudas deberán justificar la totalidad de los gastos del proyecto, no sólo de la ayuda concedida, en el plazo de tres meses desde la finalización del periodo de ejecución.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
3. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma.
4. La convocatoria podrá establecer como gasto subvencionable costes indirectos por estar asociados al desarrollo de la actividad de conformidad con lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La fracción que se impute a estos costes indirectos no podrá exceder del 25% de la cantidad subvencionada, en cuyo caso dicha fracción no requerirá una justificación adicional, sustituyéndose por una declaración responsable del beneficiario.
5. Cuando la subvención se conceda para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, en la convocatoria o en la resolución de concesión, podrá establecerse la compensación de unos conceptos con otros.
1. La convocatoria podrá recoger la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, una vez dictada la resolución de concesión de la misma, no siendo necesaria la constitución de garantías, excepto en el caso de entidades cuyo domicilio se encuentre radicado fuera del territorio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho territorio. El régimen de garantías se regirá por lo establecido en el artículo 42 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Si la convocatoria admite la realización de pagos a cuenta o anticipados se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1. La parte del proyecto no financiada con cargo a las presentes ayudas, podrá ser financiada con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, teniendo en cuenta el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, siempre que el importe del conjunto de todas las subvenciones o ayudas percibidas no supere el coste total del proyecto.
2. En todo caso, la entidad deberá comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la justificación, deberá comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo de la actuación.
3. Las partidas de gasto justificadas con cargo a la actividad subvencionada no podrán ser cofinanciadas por otro instrumento de financiación de la Unión Europea.
1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y por el título III de su Reglamento.
2. En el caso de que conforme señala el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario desee realizar una devolución voluntaria de la ayuda sin previo requerimiento de la Administración, deberá solicitarlo mediante escrito dirigido al órgano instructor del procedimiento el reintegro de la ayuda.
1. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta orden de bases, en la convocatoria de ayudas, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta, íntegra o parcialmente según el grado de incumplimiento.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda, y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
d) La falta de presentación de los informes de seguimiento intermedios o finales conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
e) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 6.6 de esta orden, será causa del reintegro parcial de hasta el 1 % del importe asociado a dicho incumplimiento.
No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa europea y de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del citado artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el Título III de la ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, del a Unión Europea o de organismos internacionales.
Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador en materia de subvenciones que establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el título IV de su Reglamento de desarrollo. Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento y, en particular, la apertura del trámite de audiencia y la resolución de concesión en concurrencia competitiva se harán mediante su inserción en la página web del Ministerio de cultura y Deporte), https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/sc/becas-ayudas-subvenciones.html sustituyendo a la notificación de acuerdo con el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de Octubre.
1. La presente orden se registrará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones según el procedimiento previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Durán, creado por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, así como podrá acceder a otras bases de datos de la administración que puedan suministrar datos sobre titulares reales.
3. Se podrá ceder información entre estos sistemas y el Sistema de información del mecanismo de recuperación y resiliencia de conformidad con la normativa europea y nacional aplicable.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa de que los datos personales facilitados en esta solicitud serán tratados por la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, para la que se formula la solicitud, con la finalidad de gestionar la participación en este procedimiento. Se podrán ejercer los derechos ante el responsable del tratamiento correspondiente al centro gestor así como acceder a información adicional a través del enlace previsto en la en la página web http://www.culturaydeporte.gob.es
1. La presente orden tiene como objeto también establecer la convocatoria de ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes al año 2022.
2. La convocatoria se enmarca en la inversión 1 denominada «Impulso de la competitividad de las industrias culturales» del Componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado «Revalorización de las industrias culturales»
3. Los proyectos respetarán la normativa reguladora en materia de propiedad intelectual, en particular, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su normativa de desarrollo (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996), (en adelante, TRLPI).
1. Las ayudas para la digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual tienen por objetivo impulsar su transformación digital.
2. Las ayudas tendrán las siguientes finalidades:
a) Lograr la transformación digital de los operadores que intervienen en la gestión de derechos de propiedad intelectual.
b) Incrementar la eficacia y eficiencia en los procesos de documentación, recaudación y reparto en el mercado digital.
c) Modernizar el apoyo y asistencia a los titulares de derechos por parte de los operadores de gestión para asegurarse una remuneración por el uso de sus obras y prestaciones, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad.
d) Impulsar la competitividad de los repertorios creativos gestionados por los solicitantes en un contexto de acceso global y digital a la cultura.
Las actividades deberán desarrollarse entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Por tanto, los gastos deberán realizarse dentro de este periodo.
El importe máximo imputable a la convocatoria será de 5.000.000 €. Las ayudas concedidas se sufragarán con los créditos de las aplicaciones 24.5004.330A.773 (500.000 €) y 24.5004.330A.780 (4.500.000 €) del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Cultura y Deporte para el año 2022.
1. Podrán ser beneficiarios:
a) Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual legalmente constituidas que cumplan con los requisitos recogidos en los artículos 147 y 148 del TRLPI y cuenten con la preceptiva autorización resuelta con carácter firme.
b) Las entidades de gestión legalmente constituidas que no tengan establecimiento en territorio español y cumplan con los requisitos recogidos en el artículo 151 del TRLPI y hayan comunicado al Ministerio de Cultura y Deporte el inicio de sus actividades en España
c) Los operadores de gestión independiente legalmente constituidos que cumplan con los requisitos recogidos en el artículo 153 del TRLPI y hayan comunicado al Ministerio de Cultura y Deporte el inicio de sus actividades en España
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Los presupuestos se presentarán con un cuadro de ingresos y otro de gastos. Ambas cantidades deben coincidir.
2. En el apartado de ingresos:
a) Se establecerá la ayuda que se solicita en esta convocatoria que, como máximo representará el 80% del total del proyecto, y una especificación de los otros ingresos disponibles para la realización de este. Como mínimo el 20% del proyecto debe financiarse con fondos propios o con otras aportaciones públicas o privadas.
b) Las aportaciones ajenas a la ayuda podrán, excepcionalmente, ser en especie. No se considerará aportación en especie la que hag