Categoría: Administración

ositar en repositorios institucionales, nacionales y/o internacionales antes de que transcurran dos años desde la finalización del proyecto, con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación de las ayudas financiadas.
1. El pago de las ayudas previstas en esta resolución se realizará conforme a lo establecido en el artículo 24 de la presente orden y en los términos que se especifiquen en la resolución de concesión.
2. El importe de la subvención se librará por anualidades. Con carácter general, el pago de estas anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantías, según se establece en el artículo 10 de la presente orden.
3. La distribución del pago por anualidades se establecerá en las propuestas de resolución y en la resolución de concesión de la ayuda y estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias.
En todo caso, el pago, tanto de la primera anualidad como de la segunda, quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de que no conste la situación de la entidad beneficiaria respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de quince días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento aporte los oportunos certificados.
4. El pago de las ayudas se realizará a favor de la entidad beneficiaria del proyecto, con independencia de la entidad a la que esté vinculado/a el/la IP. En el caso de proyectos coordinados, el pago se realizará a favor de la entidad beneficiaria de cada uno de los subproyectos.
1. Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determinen en las resoluciones de concesión. El órgano responsable de la autorización de las modificaciones de la resolución de concesión es el órgano concedente. Su tramitación corresponde a la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos.
2. Cualquier cambio en el contenido de la resolución de concesión requerirá simultáneamente:
a) Que el mismo sea solicitado al menos dos meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y que sea autorizado expresamente por el órgano concedente.
b) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación de la entidad beneficiaria, y que no dañe derechos de terceros.
En caso de modificaciones significativas en la ejecución de la actuación, se podrá solicitar al beneficiario un nuevo informe que acredite que se respeta el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
c) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
3. La resolución de concesión podrá modificarse, en la forma que se indica en el apartado 6, en los siguientes supuestos, siempre que estén debidamente justificados:
a) Cambio de entidad beneficiaria, siempre que la nueva entidad se comprometa a mantener la actuación objeto de la ayuda en los mismos términos en los que fue solicitada y aprobada, se aporte la conformidad de la entidad beneficiaria inicial del proyecto y, en particular, las previsiones tenidas en cuenta a efectos de los derechos de propiedad industrial o intelectual (DPI), contemplados en esta convocatoria, y se cumplan el resto de las condiciones establecidas en el artículo 23 de la presente orden. Asimismo, la nueva entidad deberá contar con la infraestructura humana y de equipamiento necesaria para poder llevar a cabo la actuación comprometida.
Con la solicitud de cambio de entidad beneficiaria, se deberá remitir el informe de un auditor de cuentas, externo a la propia entidad, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que certifique el estado de cuentas de la ayuda concedida en la fecha de la solicitud de cambio. En el caso de que no se haya realizado gasto alguno con cargo a la ayuda, este informe no será necesario y será sustituido por un documento, firmado por las personas que ostenten la representación legal de ambas entidades, en el que se declare esta circunstancia.
Siempre que sea posible, los cambios de entidad beneficiaria se realizarán a fecha 1 de enero de los años incluidos en el plazo de ejecución del proyecto.
b) Modificación de la fecha final del período de ejecución del proyecto, cuando surjan circunstancias concretas sobrevenidas como consecuencia de las cuales no sea posible la ejecución de la actividad en el período inicialmente previsto. No se autorizarán ampliaciones que excedan de la mitad de la duración inicial del proyecto. Únicamente se autorizarán modificaciones de la fecha final del periodo de ejecución en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.
En el caso de proyectos coordinados, todos los subproyectos tendrán la misma fecha de finalización, que será la del subproyecto coordinador, por lo que no se autorizarán ampliaciones del plazo de ejecución diferentes entre los subproyectos de un mismo proyecto coordinado.
c) Cambio del/de la IP, siempre que el/la nuevo/a IP cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, así como que posea la suficiente capacidad científico-técnica y de transferencia para ser IP del proyecto. Este cambio solo será autorizado en casos excepcionales debidamente justificados.
Cuando haya dos IP, solo se admitirá la baja sin sustitución de alguno/a de ellos/as en casos excepcionales y siempre que se justifique que el proyecto puede ser dirigido por un/a único/a IP.
No se admitirán cambios de entidad ni de IP si se solicita por pérdida de la vinculación del/de la IP y esta fuese consecuencia del incumplimiento del compromiso de vinculación adquirido por parte de la entidad beneficiaria. En este caso, podrá iniciarse un procedimiento de reintegro total o parcial de la ayuda, según resulte de la evaluación de las actividades ya realizadas.
d) Modificación de la vinculación del/de la IP. Cuando se produzca un cambio en la vinculación del/de la IP por trasladarse a una entidad diferente a la beneficiaria, la entidad beneficiaria deberá solicitar autorización para la continuidad del proyecto con las nuevas condiciones, y de no autorizarse la solicitud, se iniciará el procedimiento de reintegro de la ayuda.
Cuando se produzca una situación sobrevenida que conlleve una interrupción en el servicio activo del/de la IP con su entidad por un periodo superior a 8 meses, la entidad beneficiaria deberá proponer un/a IP alternativo/a que cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria. De no autorizarse la solicitud, se iniciará el procedimiento de reintegro de la ayuda.
4. Otras variaciones de la solicitud, que no requerirán la modificación de la resolución de concesión y serán autorizadas por la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos, son:
a) Incremento del porcentaje máximo de subcontratación de las actividades objeto de ayuda establecido en esta convocatoria, dentro de los límites regulados en los artículos 9 y 40.9 de esta orden.
b) Modificaciones en el equipo de investigación que, con carácter general, una vez evaluado un proyecto y concedida la ayuda, solo se autorizarán en casos muy excepcionales y únicamente por necesidades sobrevenidas para la ejecución del proyecto, debidamente justificados y siempre que no afecten a la ejecución del mismo.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la incorporación de nuevos/as investigadores/as en el equipo de investigación cuando acrediten una contribución continuada y necesaria para la ejecución del proyecto y una dedicación significativa al mismo. Se deberá justificar suficientemente la necesidad de incorporación, detallando las tareas y actividades concretas a las que va a contribuir el/la nuevo/a investigador/a y que no puedan ser cubiertas por el resto de miembros del equipo de investigación.
La baja de un/a investigador/a del equipo de investigación sólo se autorizará en casos excepcionales y por situaciones sobrevenidas debidamente justificadas. La finalización de las tareas que tenía asignadas inicialmente, no se considerará justificación adecuada para la solicitud de baja.
c) Los cambios en el personal investigador que participa en el equipo de trabajo no requerirán autorización por parte de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos, dichos cambios deberán incluirse en el correspondiente informe de comprobación final, en el que se indicarán las tareas y actividades en las que han participado.
5. La cuantía aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles establecidos en el artículo 40, de acuerdo con las necesidades del proyecto, siempre que se demuestre la vinculación con el proyecto.
No podrán realizarse trasvases entre los conceptos de costes directos y costes indirectos.
6. La solicitud de cualquier modificación se remitirá a través de los medios establecidos en el artículo 35, utilizando y cumplimentando todos los apartados de los modelos disponibles en la página web de la Agencia, para cada tipo de modificación solicitada.
7. Cuando los/las IP o miembros del equipo de investigación estén vinculados/as a la entidad solicitante, la firma electrónica de la solicitud de modificación por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante implicará la veracidad del cumplimiento del requisito de vinculación y el compromiso de la entidad de mantener dicha vinculación desde la fecha de envío de la solicitud de modificación hasta que finalice el periodo de ejecución del proyecto.
Cuando los/las IP o miembros del equipo de investigación estén vinculados/as a una entidad distinta de la solicitante deberá existir una declaración, firmada por la persona que ostente la representación legal de dicha entidad y por la que se comprometa al mantenimiento de su vinculación desde la fecha de envío de la solicitud de modificación hasta que finalice el periodo de ejecución del proyecto.
1. La justificación de las ayudas percibidas deberá ser eficaz, transparente y basada en la calidad y el impacto científico-técnico y socio-económico de las actuaciones financiadas, y se realizará conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente orden, mediante una justificación económica y una justificación científico-técnica, según se indica en este artículo.
Los proyectos coordinados deberán presentar una justificación económica y científico-técnica por cada subproyecto. En la justificación científico-técnica se incluirá un apartado en el que se incorpore la información necesaria para valorar la coordinación.
El/la IP y la persona que ostenta la representación legal de la entidad beneficiaria deberán presentar obligatoriamente la justificación económica y científico-técnica en la aplicación de justificación telemática de las ayudas Justiweb, disponible en la sede electrónica del ministerio.
2. La justificación se ajustará a las exigencias de la normativa comunitaria y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa prevista en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La entidad beneficiaria deberá presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediato posterior al término de realización de la actividad, la siguiente documentación justificativa:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, con indicación de las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
b) Una memoria económica abreviada, que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados. Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder de las entidades beneficiarias, a disposición de los órganos de comprobación y control. La memoria acompañará:
1.º Fichas justificativas normalizadas y certificación de los gastos y pagos realizados cuando el importe sea igual o superior a 3.000 euros.
2.º Documentación justificativa de los procedimientos de contratación especificada en las instrucciones de justificación.
3.º Documento descriptivo de viajes y dietas imputados al proyecto, aportado según el modelo especificado en las instrucciones de justificación.
4.º Certificado de la persona que ostenta la representación legal de la entidad beneficiaria donde se especifiquen otros ingresos o ayudas percibidos que hayan contribuido a financiar la actuación incentivada, con indicación de su importe y procedencia, así como el coste total de la actividad subvencionada y la relación de gastos en los que concurran financiación procedente de otras fuentes.
5.º En su caso, acreditación del reintegro de remanentes no aplicados.
6.º Acreditación del cumplimiento de las normas de publicidad en materia de subvención exigidas conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y al Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A este efecto se aportará material gráfico (fotografías, ejemplares de publicaciones, etc.) que evidencie el cumplimiento de estas normas. Los documentos que sirvan para verificar el cumplimiento de este requisito estarán sellados por el auditor.
7.º Contratos laborales del personal que impute gastos de contratación con cargo al proyecto.
c) Un informe del auditor, que se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de desarrollo la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Además de lo establecido en la citada orden, el órgano concedente podrá establecer en la resolución de concesión o en instrucciones publicadas en la página web de la Agencia aspectos adicionales a examinar por el auditor.
El informe hará mención expresa a que se ha comprobado que los gastos relacionados en las cuentas justificativas e imputados a la ayuda se ajustan a lo dispuesto sobre elegibilidad del gasto y que no se incluye ninguno financiado con cargo a otras ayudas públicas o privadas.
3. La justificación científico-técnica se hará mediante la presentación de un informe científico-técnicos de comprobación final, que será aportado, utilizando el modelo normalizado disponible en la página web de la Agencia, por el/la IP, mediante la aplicación de justificación, accesible en la sede electrónica del ministerio, y firmado y registrado electrónicamente por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria.
El informe científico-técnico final será presentado entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediatamente posterior al término de realización de la actividad.
No obstante, en caso de que la finalización del período de ejecución del proyecto a justificar no coincida con la finalización del año natural, la documentación se podrá exigir en un plazo diferente al de 1 de enero a 31 de marzo del año inmediatamente posterior.
El informe de justificación científico-técnica deberá contener, entre otra, la siguiente información:
a) Desarrollo de las actividades, cumplimiento de los objetivos propuestos en la actuación, actividades realizadas, resultados alcanzados y cumplimiento del plan de transferencia, aplicación o explotación de los resultados.
b) Dimensión de género en la investigación, análisis de la integración de género en la investigación desarrollada y actuaciones para promover la igualdad de género en la ejecución del proyecto.
c) Los principales gastos realizados en cada uno de los apartados del presupuesto ejecutado, así como cualquier cambio en los gastos incluidos en la solicitud inicial del proyecto, justificando adecuadamente su necesidad para la consecución de los objetivos científico-técnicos de la actuación subvencionada.
d) Composición del equipo de investigación, indicando aquellas modificaciones que en casos excepcionales hayan sido autorizadas por la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos. Se podrá requerir por parte del órgano concedente información adicional acerca de la dedicación del personal del equipo de investigación al proyecto financiado.
e) Composición del equipo de trabajo, así como las modificaciones de la composición del mismo respecto al inicialmente previsto en la memoria científico-técnica del proyecto. Se podrá requerir por parte del órgano concedente información adicional acerca de la dedicación del personal del equipo de trabajo al proyecto financiado.
f) Aquellos proyectos que utilicen recursos genéticos españoles o extranjeros y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya, deberán cumplimentar, en el informe de seguimiento final, el número de registro que justifique la presentación, a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la declaración de diligencia debida de conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 124/2017, 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización.
g) El nivel de impacto del proyecto, así como el impacto socio-económico del mismo sobre el Estado y la región en que se desarrolle. Para cuantificar este impacto se deberá cumplimentar el formulario de los indicadores definidos por la Agencia.
h) La cumplimentación del formulario de los indicadores para la evaluaciónex postdel proyecto.
Con el informe final podrá ser requerido por el órgano competente las autorizaciones y documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones específicas para la ejecución de determinados proyectos descritas en el anexo III, así como el Plan de gestión de datos
4. El órgano concedente podrá elaborar instrucciones de ejecución y justificación aclaratorias, que desarrollen lo establecido en estas bases reguladoras y convocatoria. Dichas instrucciones se harán públicas en la página web de la Agencia.
5. Según se establece en el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro, en correspondencia con el artículo 92.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que regula el reintegro por incumplimiento de la obligación de justificación.
1. La comprobación económica será competencia de la Subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas de la Agencia.
2. El importe concedido de la ayuda coincidirá con el plan de pagos por anualidades establecido en la resolución de concesión. Las inversiones y gastos de cada proyecto podrán realizarse a lo largo de su período de ejecución sin que coincidan necesariamente con dicho plan de pagos.
3. A los efectos del control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad de la entidad beneficiaria.
En cualquier caso, las entidades beneficiarias deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control que podrán requerirlos para su comprobación hasta el fin del procedimiento de verificación y control de las ayudas.
4. La justificación económica final será aportada, a través de la aplicación de justificación disponible en la sede electrónica del ministerio, por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria utilizando los modelos normalizados disponibles en la página web de la Agencia.
5. La Subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas de la Agencia podrá abrir de oficio un período de subsanación cuando se estime que los datos introducidos en la aplicación telemática con motivo de las justificaciones presentadas no son los adecuados.
6. La comprobación económica en las actividades se efectuará a través de las actuaciones que verificarán que el gasto declarado es real y tiene vinculación con la actuación subvencionada, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad, que las justificaciones de la entidad beneficiaria son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales aplicables, así como que la entidad beneficiaria no incurre en el supuesto de doble financiación.
Las comprobaciones incluirán los procedimientos siguientes:
a) Comprobación administrativa. Se realizará sobre el 100 % de las ayudas concedidas, llevándose a cabo la revisión del contenido económico de la justificación electrónica rendida por las entidades beneficiarias, pudiendo utilizarse técnicas de muestreo en caso de un volumen elevado de justificaciones.
Las verificaciones administrativas son controles documentales basados en el examen de la propia justificación y de los oportunos justificantes. El alcance mínimo de dicha comprobación es el siguiente:
1.º Correspondencia del gasto al período de ejecución del proyecto.
2.º Correspondencia del gasto con el proyecto aprobado.
3.º Cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.
4.º Cumplimiento de las normas de subvencionabilidad.
5.º Adecuación de los justificantes y la existencia de una pista de auditoría adecuada.
6.º Conformidad con la normativa aplicable.
b) Se podrán realizar también visitas de comprobación sobre una muestra representativa de las ayudas. Las verificaciones sobre el terreno son comprobacionesin situy tienen por objeto comprobar, entre otros, los siguientes elementos:
1.º Realidad de la actuación.
2.º Entrega del producto o servicio de manera acorde con las condiciones pactadas.
3.º Verificación documental y física de activos inventariables.
4.º Observancia de la normativa en materia de publicidad.
5.º Plena conformidad de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
1. La comprobación científico técnica será competencia de la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la Agencia, que podrá designar a expertos individuales o comisiones de expertos para llevarlo a cabo.
2. Como resultado de la comprobación científico-técnica, la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la Agencia elaborará un informe cuyo resultado podrá ser muy satisfactorio, satisfactorio, aceptable, poco satisfactorio y no satisfactorio.
3. La no presentación o la valoración científico-técnica negativa del informe final podrá suponer el reintegro total o parcial de la ayuda.
Asimismo, la valoración científico-técnica del proyecto se podrá tener en cuenta para la evaluación de futuras solicitudes.
4. Complementariamente, se podrán organizar jornadas presenciales de presentación de resultados y cualquier otro tipo de actividades relacionadas con la comprobación científico-técnica de las ayudas concedidas. Para ello, se podrá designar a los órganos o expertos adecuados, recabar la presentación de información complementaria y realizar los informes de valoración necesarios. La participación en estas actividades tendrá carácter preceptivo para aquellas actuaciones que sean convocadas, la no asistencia por motivos no justificados podrá suponer la pérdida del derecho al cobro de las anualidades pendientes de pago y, en consecuencia, la interrupción del proyecto.
5. Podrán realizarse actuaciones de control científico-técnicas posteriores (seguimientoex-post) con el fin de evaluar la efectividad y el impacto general de la convocatoria, para lo cual se podrá requerir de las entidades beneficiarias la aportación de nuevos indicadores.
1. Las entidades beneficiarias estarán sujetas a las actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, así como de las instituciones comunitarias.
2. La devolución voluntaria de la ayuda percibida se atendrá a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para hacerla efectiva, se solicitará al órgano concedente la carta de pago de ingresos no tributarios.
3. El régimen de reintegro de las ayudas como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de concesión será el establecido en el artículo 28 de la presente orden. Asimismo, los criterios de graduación de incumplimientos serán los contemplados en el artículo 29 de esta orden.
En todo caso, la entidad beneficiaria deberá reintegrar los fondos recibidos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos, por el importe del retorno no percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. Además, cualquier irregularidad que afecte a medidas bajo responsabilidad determinada en cualquier control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que impida el retorno de fondos, implicará el reintegro por la entidad beneficiaria del importe del retorno no percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. De no utilizar la entidad beneficiaria las cantidades recibidas para las actuaciones subvencionadas, deberá reintegrar los fondos por el importe indebidamente utilizado. En particular, en caso de incumplimiento del «principio DNSH», la entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.
4. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en la resolución de concesión, por cuantas normas vigentes resulten de aplicación.
2. Lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la normativa de la Unión Europea que resulte de aplicación.
1. Contra la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Sin perjuicio de lo anterior, contra esta convocatoria, y, en su caso, contra la resolución del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Las disposiciones incluidas en el capítulo III de la presente orden, sobre la convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2022, no tienen naturaleza reglamentaria sino de acto administrativo y producirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado». Extenderá su aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma hasta tanto acaben su periodo de ejecución, seguimiento, justificación y control, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de mayo de 2022.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Mora Moya.
1. Organismo de investigación y difusión de conocimientos. Se define organismo de investigación y difusión de conocimientos como: toda entidad (universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación, etc.) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o de su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
2. Los organismos de investigación y difusión de conocimientos regulados en esta orden deberán cumplir las siguientes condiciones para ser beneficiarios de las ayudas:
a) Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo tanto actividades económicas como actividades no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado.
b) Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán gozar de acceso preferente a los resultados que genere.
3. Teniendo en cuenta que las ayudas reguladas en esta orden solo financian actividad no económica, no se considerará que la entidad realiza actividad económica si se producen simultáneamente las siguientes circunstancias:
a) La actividad económica es necesaria para la entidad y de alcance limitado.
b) La actividad económica está relacionada directamente con el funcionamiento de la entidad o estrechamente vinculada a su principal uso o actividad no económica.
c) La actividad económica consume exactamente los mismos insumos (como material, equipamiento, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas.
d) La capacidad asignada cada año a las actividades económicas no supera el 20 por ciento de la capacidad anual total de la entidad de que se trata.
4. A efectos de esta orden, se establecen las siguientes definiciones para actividades de I+D+i.
a) La ejecución de proyectos de investigación fundamental, de investigación industrial, o de desarrollo experimental.
b) Los estudios de viabilidad.
c) La realización de proyectos de innovación en productos, procesos y organización.
d) El montaje de las propias infraestructuras de I+D+i el apoyo técnico y soporte a la I+D+i, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i.
e) La gestión de la I+D+i, incluyendo las actividades de transferencia y valorización del conocimiento, y el asesoramiento para proyectos o programas internacionales en este ámbito.
f) La promoción y fomento de la I+D+i, así como el impulso de la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica.
g) El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, en particular del Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea (Horizonte 2020).
h) La difusión de los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
5. Se definen como actividades económicas a aquellas actividades que consisten en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado.
6. Actividades no económicas de los organismos de investigación o de infraestructuras de investigación. Se considera que las siguientes actividades suelen ser de naturaleza no económica:
a) Las actividades primarias de los organismos de investigación e infraestructuras de investigación, en particular:
1.º La educación para lograr más y mejor personal cualificado. Según la jurisprudencia y la práctica decisoria de la Comisión Europea, y tal como se expone en la Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal y en la Comunicación sobre los Servicios de Interés Económico General (SIEG), la educación pública organizada dentro del sistema nacional de educación, financiada predominantemente o enteramente por el Estado y supervisada por este puede considerarse una actividad no económica.
2.º La I+D independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión cuando el organismo de investigación o la infraestructura de investigación emprendan una colaboración efectiva.
3.º La amplia difusión de resultados de las investigaciones de forma no discriminatoria y no exclusiva, por ejemplo, mediante la enseñanza, bases de datos de acceso abierto, publicaciones abiertas o programas informáticos abiertos.
b) Actividades de transferencia de conocimientos, cuando son llevadas a cabo por el organismo de investigación o la infraestructura de investigación (incluidos sus departamentos o filiales) o de forma conjunta, o por cuenta de dichas entidades, y cuando todos los beneficios generados por ellas vuelven a invertirse en actividades primarias del organismo de investigación o la infraestructura de investigación. El carácter no económico de esas actividades no se ve afectado por el hecho de contratar con terceros la prestación de los servicios correspondientes mediante licitación pública.
7. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es un proyecto de País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década a través de cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
8. Proyecto de I+D+i. Toda operación que incluye actividades que abarcan una o varias categorías de investigación y desarrollo definidas en esta orden, y que pretende realizar una tarea indivisible de carácter económico, científico o técnico preciso con unos objetivos claramente definidos de antemano; un proyecto de I+D+i puede constar de varias tareas, actividades o servicios, e incluye objetivos claros, actividades que hay que realizar para lograr esos objetivos (incluidos sus costes previstos), y resultados concretos para identificar los logros de esas actividades y compararlos con los objetivos relevantes; cuando dos o más proyectos de I+D+i no sean claramente separables uno de otro y, en particular, cuando no tengan probabilidades independientes de éxito tecnológico, se considerarán un proyecto único.
9. Investigación fundamental. Trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación o utilización comercial directa.
10. Prueba de concepto. Validación de un resultado de investigación, un método o de una idea, realizada con el propósito de verificar que el potencial innovador de dicho resultado es susceptible de ser incorporado al mercado o generar valor en la sociedad.
1. La realización de los proyectos objeto de las ayudas previstas en esta convocatoria deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la normativa vigente que les resulte de aplicación en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del medioambiente, patrimonio natural y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural y protección de datos, y respetar los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina y en la Declaración Universal de la Unesco sobre el genoma humano y los derechos humanos.
2. Los proyectos se atendrán a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a las que las modifiquen o desarrollen, y en concreto:
a) Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras biológicas de origen humano deberán respetar lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, y demás legislación vigente sobre la materia.
b) Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y, en particular, en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, modificada por la Ley 6/2013, de 11 de junio, y en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, modificado por el Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero.
c) Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004 de 31 de enero, por el que se aprueba su Reglamento y sus posteriores modificaciones.
d) Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en los reales decretos que la desarrollan.
e) Los proyectos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
f) Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células troncales embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de ellas, así como los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células y tejidos de origen humano en el campo de la medicina regenerativa deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, sobre investigación biomédica y en el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes y en el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regula la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos y el registro de proyectos de investigación, así como al resto de la normativa legal vigente.
g) Los proyectos que impliquen la investigación con células y tejidos humanos deberán atenerse a lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
h) Los proyectos que utilicen recursos genéticos españoles o extranjeros, y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de su utilización. Asimismo, deberán cumplir con el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización en la Unión.
i) Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo establecido en el Real Decreto 199/2017, de semillas de vivero y de recursos fitogenéticos. En el caso de recursos fitogenéticos, las recolecciones de material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter nacional y autonómico que afecten a posibles taxones que se consideren amenazados.
j) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 7/2018, de 31 de diciembre.
k) Los proyectos que tienen como objetivo la conservación o recuperación del Patrimonio cultural e histórico deberán cumplir lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, así como la legislación autonómica vigente sobre esta materia.
l) Los proyectos que se desarrollen en el medio marino deberán cumplir la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino.
m) Los proyectos que se lleven a cabo en espacios dentro de la Red Natura 2020 deben cumplir la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
n) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
ñ) Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
o) Los proyectos que se desarrollen en la zona del Tratado Antártico (por debajo del paralelo 60º S) deberán ajustarse a las normas establecidas por el propio Tratado Antártico (BOE de 26 de junio de 1982) y por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anejos (Protocolo de Madrid, BOE de 18 de febrero de 1998), recogidas por el Comité Polar Español.
p) Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y la recomendación de la Comisión Europea, de 17 de julio de 2012, relativa a la información científica y su preservación.
3. Los proyectos con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad y seguridad biológica deberán contar como requisitos de actividad y atendiendo a su naturaleza, con las autorizaciones y/o informes legalmente establecidos.
4. El/la IP de los proyectos que utilicen organismos modificados genéticamente deberán presentar la solicitud de autorización/notificación para realizar actividades con organismos modificados genéticamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 24 del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
5. Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Los/as IP de estos proyectos deberá transferir, en un plazo máximo de 12 meses desde su finalización, los microdatos integrantes del estudio al Banco de Datos Específico de Estudios Sociales que, a estos efectos, radica en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y la Recomendación (UE) 2018/790 de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa al acceso a la información científica y a su preservación.
b) A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las solicitudes de estos proyectos, los/as IP deberán remitir al Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática un Plan de Depósito Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento de la obligación de transferencia de microdatos a que se refiere el apartado a).
c) Para el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los apartados anteriores se utilizarán los modelos normalizados puestos a disposición de los/as investigadores/as por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a través de su página web.
6. Los proyectos que impliquen la realización de actividades arqueológicas deberán contar con las autorizaciones para su realización, expedidas por las autoridades competentes y cumplir cualquier otro requerimiento exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como a la legislación autonómica vigente sobre la materia que les sea de aplicación.
7. Los/as IP de los proyectos que utilicen recursos genéticos españoles o extranjeros y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deberán presentar, a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la declaración de diligencia de conformidad con el artículo 14.1 del Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero.
1. TRL 1. Principios básicos estudiados.
2. TRL 2. Concepto tecnológico formulado.
3. TRL 3. Prueba de concepto experimental.
4. TRL 4. Tecnología validada en laboratorio.
5. TRL 5. Tecnología validada en un entorno relevante (entorno relevante industrial en el caso de las tecnologías facilitadoras clave –KET–).
6. TRL 6. Tecnología demostrada en un entorno relevante (entorno relevante industrial en el caso de las tecnologías facilitadoras clave –KET–).
7. TRL 7. Demostración de prototipo en entorno operacional.
8. TRL 8. Sistema completo y cualificado.
9. TRL 9. Sistema real probado en un entorno operacional (fabricación competitiva en el caso de las tecnologías facilitadoras clave –KET– o en el de espacio).
Número máximo de páginas incluyendo la portada y el índice: Veinte para proyectos individuales y treinta y cinco para proyectos coordinados.
No se podrán incluir en la memoria actividades de entidades que no participan en el proyecto.
1. Portada:
a) Nombre del/de los IP.
b) Título del proyecto y acrónimo en español.
c) Título del proyecto y acrónimo en inglés.
Además, para las solicitudes de proyectos coordinados:
d) Título del proyecto coordinado y título e IP de cada uno de los subproyectos.
2. Índice.
3. Antecedentes, estado actual y justificación de la propuesta. Se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos:
– Descripción del estado actual de conocimiento y desarrollos en el ámbito temático específico de la propuesta.
– Descripción del conocimiento, idea o resultado derivado o relacionado con el proyecto anterior y que se propone para la prueba de concepto.
– Identificación del problema o la necesidad a los que se dirige la prueba de concepto y cómo la aproximación que se propone podría contribuir a los mismos.
– Novedad e innovación que aportarían los resultados que se proponen valorizar; indique el estado de madurez de la propuesta (desde la idea a su aplicación).
– Descripción del estado actual de protección del conocimiento o los resultados objeto de la prueba de concepto (patentes, registros, depósitos, know-how, etc.).
4. Objetivos. Se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos:
– Descripción de los objetivos generales y específicos de la propuesta, de acuerdo con los objetivos de la convocatoria, la duración y la composición del equipo de investigación y/o de trabajo. En los proyectos con dos investigadores/as principales, indicación de los objetivos específicos de los que será responsable cada uno de ellos.
– Aspectos clave de la propuesta prueba de concepto (científicos, de valorización de resultados, de transferencia de conocimiento o tecnologías, entre otros), con indicación de las dificultades y retos.
– Posibles productos, bienes, aplicaciones o beneficios que resultarían del proyecto; sectores, ámbitos o potenciales usuarios de los mismos.
– Describir, si procede, la dimensión de género en el contenido de la investigación propuesta y en las aplicaciones que se deriven de la prueba de concepto.
– Además, para las solicitudes de proyectos coordinados: justificación de la participación de los distintos subproyectos, beneficios esperados de la coordinación y objetivos que serán responsabilidad de cada subproyecto.
5. Metodología y plan de implementación. Se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos:
– Descripción de las actividades y metodologías previstas para la consecución de los objetivos y la valorización de los resultados, de acuerdo con las actividades recogidas en el artículo 39.5.
– Plan de implementación, estructura organizativa del proyecto, etapas y adecuación a los objetivos. Identificación de fases críticas, posibles riesgos y planes de contingencia.
– Cronograma de todas las actividades, tareas e hitos previstos, con indicación de la responsabilidad y la participación de cada uno de los miembros de equipo investigador y del equipo de trabajo.
– Recursos disponibles para la consecución de los objetivos y viabilidad del proyecto; apoyo institucional para las actividades de protección de conocimiento y transferencia previstas; adecuación del presupuesto solicitado a la ejecución de objetivos y viabilidad del proyecto.
– Identificación, en su cas