Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2024:118
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Castillo Serrano, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Gómez Márquez, don Ricardo Gallego Delgado, doña María Velasco Castro Benítez, don Ramón Ortega Santos, don Enrique Márquez Rubio, doña Concepción Díaz Garrido, doña María Cruz Moya Méndez, don César Cabrera Herrero, don Juan Vidal Giménez Rivera, doña Laura Benítez Castillo y don José Morales Núñez Santana, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo avocado núm. 3835-2020, promovido por doña Laura Benítez Lorenzo contra el auto de 25 de junio de 2020, dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y recaído en el procedimiento sobre error judicial núm. 20870-2019. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Benítez Castillo.
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 31 de julio de 2020, la procuradora de los tribunales doña Francisca Moreno Serrano, en representación de doña Laura Benítez Lorenzo, bajo la dirección del letrado don Alfredo Lozano Carrasco, ha interpuesto recurso de amparo contra la resolución ya reseñada, por la que se acordó inadmitir por extemporánea la demanda de error judicial que la ahora recurrente había presentado.
2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a) En fecha 23 de octubre de 2019, la representación de doña Laura Benítez Lorenzo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), presentó demanda de reconocimiento de error judicial contra lo resuelto en el auto de 19 de junio de 2019, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, recaído en el procedimiento penal de diligencias urgentes/juicio rápido núm. 272-2019, de aquel órgano judicial. En la demanda se describían los siguientes hechos:
(i) En el transcurso de la tramitación del proceso judicial de divorcio del matrimonio contraído entre la ahora demandante de amparo y don David Díaz Díaz, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, en fecha 5 de junio de 2019, dictó sentencia condenatoria contra este último, como autor responsable de un delito de coacciones en el ámbito familiar del art. 172.2 del Código penal (en adelante, CP), y le impuso la pena de seis meses de prisión, además de otras accesorias privativas de derechos, así como la prohibición de aproximarse a doña Laura Benítez Lorenzo a «una distancia inferior a 100 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la misma, así como a comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de dieciséis meses», de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 48 y 57 CP. El juzgado, firme la sentencia por conformidad del condenado, acordó, por medio de auto de 5 de junio de 2019, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, quedando supeditada dicha suspensión a que el penado no delinquiera en el plazo de dos años y cumpliera con las prohibiciones de aproximación y de comunicación establecidas en la sentencia.
(ii) Días más tarde, concretamente en fecha 19 de junio de 2019, el precitado Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia dictó una nueva sentencia, en este caso por delito de quebrantamiento de condena del art. 468.2 CP, contra don David Márquez Gallego, al que le impuso la pena de cuatro meses de prisión y accesoria de privación de derechos por el mismo tiempo. En los hechos probados de la sentencia se relataba que el acusado, a las 13:30 horas del anterior día 18 de junio, «se personó en el domicilio [de doña] Laura y desde la calle comenzó a gritar llamando a uno de los hijos de ambos». El acusado, por la condena anteriormente impuesta, tenía en vigor la orden de prohibición de aproximarse a la denunciante, lo que determinó la comisión del delito de quebrantamiento de condena por el que había sido acusado por el Ministerio Fiscal. La sentencia adquirió firmeza en el mismo momento de su pronunciamiento, toda vez que el acusado había expresado su conformidad a la misma. Además, la ahora demandante de amparo, que se había personado en las actuaciones como acusación particular, con letrado y procurador, dio también su conformidad a la condena impuesta, sin celebración de juicio.
Por medio de auto de la misma fecha que la anterior sentencia, esto es, de 19 de junio de 2019, el juzgado, acordó «por expresa conformidad de las partes, la suspensión de la pena impuesta de cuatro meses de prisión», por tiempo de dos años, al señor Sánchez Ondoño y quedaba supeditada, nuevamente, aquella suspensión al cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes que, en lo que ahora es de interés, eran las siguientes: No delinquir en el plazo de dos años; no acudir al domicilio o lugar de trabajo de la víctima, ni aproximarse o comunicarse con ella durante dos años. Este auto le fue notificado al señor Sánchez Ondoño en la misma fecha. Según destaca el antecedente único de esta resolución, con carácter previo a la decisión judicial de suspender condicionalmente la ejecución de la pena impuesta al señor Sánchez Ondoño, tuvo lugar una comparecencia a la que asistieron las partes y el Ministerio Fiscal y se destaca que «se ha concedido un turno de alegaciones al Ministerio Fiscal y demás partes para que se pronunciaran sobre la suspensión de la pena impuesta, con el resultado que obra en autos». Se señala en el fundamento jurídico tercero del auto de referencia que «[e]n el supuesto existe conformidad entre las partes a la suspensión».
(iii) El día 25 de julio de 2019, el señor Sánchez Ondoño, llevó a su hijo de once años a la vivienda que, en su día, había sido el hogar familiar y allí le propinó, presuntamente, varias puñaladas hasta causarle la muerte. Posteriormente, se suicidó, presuntamente también, en el mismo domicilio. Estos hechos no llegaron a ser enjuiciados, aunque fueron tramitadas las diligencias previas núms. 1865/2019 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Murcia y 1747/2019 del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Murcia por tales hechos.
b) Asimismo y, en lo que es de interés para este recurso de amparo, la demanda destaca los siguientes aspectos:
(i) La demandante identifica el auto de 19 de junio de 2019 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia como la resolución judicial de la que provenía el error judicial denunciado, pues esta resolución le había concedido al acusado, señor Sánchez Ondoño, la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad por delito de quebrantamiento de condena, cuando, en fechas inmediatamente anteriores, le había sido suspendida también la ejecución de otra pena de la misma naturaleza por el mismo juzgado, y el quebrantamiento provenía de no haber respetado el acusado la orden de prohibición de aproximarse a la ahora demandante, que le había sido impuesta en la anterior sentencia.
(ii) No obstante, la actora, en el apartado noveno de los antecedentes de su demanda, conceptúa la fecha en que tuvieron lugar «las lamentables consecuencias, de lo que por esta parte se consideran (sic) un grave error judicial», esto es la del día 25 de julio de 2019, en que tuvieron lugar los luctuosos hechos anteriormente descritos, como la deldies a quodel cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, de tal manera que la demanda fue presentada telemáticamente el día 23 de octubre siguiente, en el registro general del Tribunal Supremo.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo registró la demanda presentada e inició la tramitación del correspondiente rollo de sala con el núm. 20870/2019 de los de su clase, interesó del Ministerio Fiscal que emitiera informe sobre «la competencia y, en su caso, sobre la admisión o inadmisión a trámite del presente recurso» y acordó que se notificara al abogado del Estado la incoación del procedimiento, a los efectos oportunos.
El Ministerio Fiscal, en fecha 3 de junio de 2020, emitió el informe interesado en el que solicitó la inadmisión a trámite de la demanda por entender que no podía afirmarse que «la jueza que acordó la medida lo hiciera con plena conciencia de que el afectado por la suspensión otorgada era la misma persona condenada quince días antes». Y que no podía «establecerse una relación causal entre la suspensión concedida y los luctuosos acontecimientos que ocurrieron posteriormente (siempre hubiera podido ocurrir en cualquier otro momento, o aprovechando un permiso o visita carcelaria)».
El abogado del Estado compareció en el procedimiento, pero no formuló alegaciones.
d) Finalmente, por medio de auto de 25 de junio de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite de la demanda por extemporánea, con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Después de dejar constancia de que el art. 293.1 a) LOPJ dispone que «la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse», el auto señala que el carácter autónomo de la demanda de error judicial «lleva consigo que el plazo para su interposición no [tiene] la naturaleza de plazo procesal, sino de plazo sustantivo de caducidad del derecho que se rige por las normas establecidas en el artículo 5.2 del Código civil».
(ii) Añade que, en convergencia con lo anterior y, de conformidad con la jurisprudencia de las salas del art. 61 LOPJ y Primera del Tribunal Supremo que cita, llega a la conclusión de que la demanda «se ha interpuesto cuando ya se había sobrepasado el plazo de tres meses establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, plazo que comienza su cómputo con el ejercicio de la acción «a partir del día en que pudo ejercitarse» art. 293.1 apartado a) LOPJ». Subraya que el momento en que pudo ejercitarse, «es la fecha en que se dictó el auto 19 de junio de 2019 acordando la suspensión de la sentencia de la misma fecha. Es en ese momento cuando se inició el plazo de tres meses de caducidad para el ejercicio de la acción, por lo que presentada la demanda el pasado 13 de octubre (en realidad, fue el 23) en el Registro General de este Tribunal Supremo, el plazo había precluido en exceso (art. 5 Código civil)». En el mismo sentido, la resolución cita otras del propio tribunal (auto de 5 de junio de 2015, proceso sobre error judicial núm. 20130-15; auto de 25 de noviembre de 2015, proceso núm. 20731-2015; o auto de 22 de enero de 2016, proceso núm. 20841-2015).
Esta resolución le fue notificada a la parte demandante el día 3 de julio de 2020.
3. La demanda de amparo, con cita de la STC 6/2018, de 22 de enero, invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho de acceso al proceso porque entiende que el Tribunal Supremo, al haber inadmitido a trámite su demanda sobre error judicial, ha hecho una interpretación «totalmente errónea» del art. 293 LOPJ, en lo que se refiere a la determinación deldies a quopara el cómputo del plazo de caducidad de los tres meses, contados «a partir del día en que pudo ejercitarse» la acción de declaración de error judicial. Señala que, si bien la resolución que incurrió en error judicial era el auto de 19 de junio de 2019 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, el reconocimiento del derecho a ser resarcido exige, no solo la constatación de aquel error, sino también la de que, de dicho error, se haya derivado un daño efectivo y este solo tuvo lugar cuando el señor Sánchez Ondoño, excónyuge de la demandante de amparo, «asesina a su propio hijo, quitándose él mismo la vida a continuación». Por ello, entiende que es a partir de aquel día 25 de julio de 2019, «cuando se debe iniciar el cómputo del plazo de tres meses para instar el auxilio judicial, pues hasta tal momento, no se había producido daño alguno en las personas interesadas en este asunto».
La demanda justifica la especial trascendencia constitucional del recurso afirmando que el mismo la tiene «cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general» con cita del supuesto c) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio.
Señala, en este sentido, que «frente a los demás órdenes jurisdiccionales (civil, penal y contencioso-administrativo) en el que la decisión de inadmisión inicial por parte del Tribunal en cuanto decisión esencial ya que está en juego el acceso o no a la justicia debe ser revisable por un tribunal superior» y cita, a tal efecto, los arts. 454 y siguientes, en relación con el art. 202, todos de la Ley de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC); o el art. 51, en relación con el art. 81.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa o «con los autos de archivo en materia criminal», en el presente caso la ley (en referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial) no ha establecido ningún recurso efectivo en concreto contra el auto de inadmisión a trámite de la demanda de error judicial.
4. La Sala Segunda, Sección Romero, de este Tribunal Constitucional dictó providencia el día 9 de mayo de 2022, del siguiente tenor:
«La Sección Romero ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, obrando en esta Sala testimonio de las correspondientes actuaciones jurisdiccionales Error Judicial 20870-19, diríjase atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, se proceda a emplazar, si lo desean, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.»
5. Por diligencia de ordenación de 31 de mayo de 2022, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al abogado del Estado, previa presentación de escrito a tal efecto. Igualmente, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC).
6. El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 30 de junio de 2022, interesando la inadmisión de la demanda de amparo y, de modo subsidiario, su desestimación.
a) En primer lugar, interesa la inadmisión a trámite de la demanda por cuanto aprecia la concurrencia de dos óbices procesales:
(i) En primer lugar, entiende que concurre la falta de agotamiento de la vía judicial previa por cuanto la actora no ha promovido el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ contra el auto de 25 de junio de 2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que acordó la inadmisión a trámite de la demanda sobre error judicial, toda vez que si imputa la lesión del derecho fundamental a la precitada resolución, debería haber formalizado aquel incidente. Cita, en apoyo de su argumentación, el ATC 64/2022, de 4 de abril.
(ii) Y, en segundo término, considera que concurre, también, la falta de especial trascendencia constitucional del recurso, pues, frente a la apreciada por este tribunal en la providencia de admisión, esto es la inexistencia de doctrina constitucional sobre un problema o faceta del derecho a la tutela judicial efectiva no examinado anteriormente, objeta que «existe jurisprudencia del Tribunal sobre el deber de diligencia del demandante en amparo en caso de error judicial y la necesidad de no haberse aquietado frente a la resolución a la que se imputa el error», dado que «[a] pesar de la carencia argumentativa de la demanda de amparo parece claro que la cuestión a debatir es eldies a quopara el ejercicio de la acción de caducidad por error judicial y que la demandante de amparo parece poner en el momento de la realización del daño derivado del error judicial». Cita, al respecto, las SSTC 114/1990, de 21 de junio, FJ 4, y 28/1993, de 25 de enero, FJ 4 y recoge pasajes de los fundamentos jurídicos de ambas resoluciones.
b) En segundo término, de modo subsidiario, el abogado del Estado interesa la desestimación de la demanda de amparo por inexistencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción.
Comienza el análisis de fondo de la queja afirmando que el cómputo del plazo de la acción sobre error judicial del art. 293 LOPJ es una cuestión de legalidad ordinaria, toda vez que la doctrina de este tribunal (cita la STC 11/2011, de 28 de febrero) así lo ha corroborado y «solo en el caso de que la interpretación incurriera en defecto de motivación, esto es fuera irracional, arbitraria o manifiestamente carente de fundamento, podría apreciarse la vulneración del art. 24.1 CE».
Seguidamente, señala que la responsabilidad por error judicial o por funcionamiento anormal de la administración de justicia y la obtención de una indemnización por alguno de los dos institutos anteriores «no es un derecho fundamental». Destaca que el procedimiento para exigir responsabilidad por error judicial y para obtener la indemnización correspondiente pasa por dos fases: La primera culmina con la declaración judicial de la existencia del error, que puede articularse a través del recurso de revisión o de la acción por error judicial, a ejercitar en el plazo de tres meses. Y la segunda, que es la de la reclamación de responsabilidad patrimonial por error, a ejercitar en el plazo de un año desde la declaración de aquel error.
Se trata, pues, de «dos fases y dos plazos claramente [de revisión y/o acción por error], sin que al momento del recurso de revisión y/o acción por error se exija, como requisito, haber sufrido un daño efectivo, sino acreditar el carácter palmario del error cometido en la resolución judicial».
Sobre el requisito del cómputo del plazo de caducidad de la acción por error judicial afirma que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (cita a tal efecto la STS 398/2022, de 17 de mayo) sitúa eldies a quo«en el momento de la firmeza de la resolución judicial a la que se achaca el error» que, en este caso, «es el auto de 19 de junio de 2019». Más adelante, subraya que reviste «una especial importancia la diligencia de la parte que demanda el error judicial, esto es que no se [haya] aquietado a la resolución a la que posteriormente achaca el error y que [haya] presentado los recursos pertinentes contra la misma». En este sentido, hace referencia a un párrafo de la STC 334/1994, de 19 de diciembre, FJ 3.
Después de volver a recoger una amplia referencia del contenido de la STS 398/2022, concluye su escrito el abogado del Estado exponiendo que «dada la naturaleza de la acción por error judicial, que no requiere la existencia de daño para su ejercicio, considerándose como un presupuesto necesario para la posterior reclamación de responsabilidad patrimonial en la que sí se exigirá la constatación del daño, no es arbitraria ni irracional la jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo en relación con eldies a quopara el cómputo del plazo situado en el momento de la firmeza de la resolución a la que se imputa el error siempre que se haya realizado una actuación diligente por el que demanda el error con posterioridad, en este caso además había prestado su conformidad a la resolución que ahora considera causante del error».
7. La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el día 11 de julio de 2022. Interesa la inadmisión del recurso por falta de agotamiento de la vía judicial al no haber promovido la actora el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto de 25 de junio de 2020, ahora impugnado. Sin embargo, de modo subsidiario y para el caso en que este tribunal no apreciara el óbice procesal advertido, solicita la estimación del recurso, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo, por vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción, la nulidad del auto impugnado y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado del mismo para que el Tribunal Supremo dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental invocado.
a) Tras detallar los antecedentes fácticos que consideró más relevantes, la fiscal, con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo suscitada por el recurso, plantea la eventual concurrencia de un óbice procesal. Alega que concurre falta de agotamiento de la vía judicial por no haber promovido un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto de 25 de junio de 2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no admitió a trámite la demanda por error judicial presentado por la actora, al reputarla extemporánea.
Considera la fiscal que, si la demandante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por no habérsele permitido el acceso a la jurisdicción de su pretensión de que fuera declarado el error judicial que entendía cometido por otro auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, debería haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Supremo para darle la oportunidad de poder enjuiciar su queja y, en su caso, restablecerla en su derecho. Al no haberlo hecho así, ha acudidoper saltuma este tribunal y planteado la vulneración de su derecho fundamental sin haberlo hecho antes en la vía judicial.
b) Subsidiariamente, para el supuesto de que este tribunal no apreciara el óbice de falta de agotamiento que ha sugerido, la fiscal propugna la estimación de la demanda de amparo por entender que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción. Le habría sido causada por el auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acordó la inadmisión, por extemporánea, de la demanda por error judicial presentada. Entiende que la doctrina constitucional (cita las SSTC 167/2014, de 22 de octubre; 186/2015, de 21 de septiembre; 83/2016, de 28 de abril, y la ya mencionada 6/2018) sobre este derecho exige un canon reforzado «respecto del control externo de la racionalidad de la resolución judicial que se pronuncia sobre la admisión, en cuanto está en juego el derecho de acceso a la jurisdicción».
Apunta el escrito del Ministerio Fiscal que la demandante no impugna que el plazo de tres meses establecido por el art. 293 LOPJ sea un plazo de caducidad, sino que lo que objeta es la interpretación que hace el Tribunal Supremo del día de inicio del cómputo del plazo, que lo sitúa en la fecha del auto de 19 de junio de 2019, que es en la que se concedió la suspensión condicional de la condena privativa de libertad, impuesta en la sentencia de igual fecha del juzgado de violencia. Para la actora, el inicio del cómputo debería ser la fecha en que se produjo el daño susceptible de la responsabilidad patrimonial por error que denuncia, es decir, la fecha del 25 de julio de 2019, por lo que, a su juicio, la demanda fue presentada dentro del plazo del art. 293 LOPJ.
A partir de esta consideración inicial, la fiscal destaca que, a la decisión judicial de inadmisión de la demanda, debe aplicársele el canon reforzado establecido por la doctrina de este tribunal sobre el derecho de acceso a la jurisdicción, que abarcará, no solo a los supuestos en que la resolución judicial de inadmisión «realice una interpretación irracional o manifiestamente errónea de los requisitos procesales establecidos en la ley, sino también en aquellos casos en los que una interpretación [de aquellos] requisitos se base en criterios excesivamente formalistas o rigurosos, que ponen de manifiesto una excesiva desproporción entre los fines a los que responde el requisito legal aplicado y el interés sacrificado con la inadmisión».
La fiscal entiende que la interpretación realizada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es «formalista que atiende, exclusivamente, al momento en que se dicta la resolución judicial incursa en el error que la demandante pretende sea reconocido, pero que prescinde de la propia naturaleza del procedimiento de la acción judicial de declaración del error y de su finalidad». Agrega que, en el auto, el Tribunal Supremo «no hace ninguna consideración sobre la materialización del daño por el que la demandante reclama ser indemnizada, que es la muerte del hijo producida el 25 de julio de 2019, que permita conocer los motivos por los que se descarta su relevancia en el cómputo del plazo». Destaca más adelante que «el ejercicio de la acción judicial de reconocimiento del error no puede desvincularse de la existencia de un daño real y efectivo cuya reparación por vía de indemnización se pretende». Por tanto, entiende la fiscal que «[n]o cabe exigir instar la acción de reconocimiento de error judicial, como presupuesto para acudir a la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños, sin que estos se hayan producido o materializado».
Destaca la fiscal que, en el presente caso, habiéndose producido el daño por la muerte del hijo el precitado día 25 de julio de 2019, «no cabe entender que antes de esa fecha pudo ejercerse la acción judicial para el reconocimiento del error judicial al que se atribuye el daño, debiendo considerar esa fecha eldies a quodel plazo de los tres meses para instar la acción de reconocimiento del error judicial». Por tanto, habiéndose presentado la demanda para el reconocimiento del error judicial el día 23 de octubre de 2019 (la fiscal, por error inducido por el propio auto, alude al día 13 de octubre) «no había precluido el plazo de los tres meses que establece el art. 293.1 a) de la LOPJ».
En consecuencia, considera el Ministerio Fiscal que la interpretación realizada por el Tribunal Supremo sobre la determinación de la fecha de inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción por error judicial «vulnera» el derecho de acceso a la jurisdicción de la actora, «pues establece el inicio del cómputo del plazo en el momento en que se dicta la resolución judicial a la que se atribuye el error, prescindiendo esta resolución de la efectiva materialización del daño, sin cuya producción no surge el derecho de reclamación de indemnización, ni cabe instar el presupuesto habilitante del reconocimiento del error judicial».
8. Por medio de diligencia de 13 de julio de 2022, el letrado de la administración de justicia hace constar que se han recibido escritos de alegaciones del abogado del Estado y del Ministerio Fiscal, sin que la representación de la demandante de amparo lo haya presentado.
9. Por providencia de 12 de septiembre de 2022, la Sala Segunda acordó proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 n) LOTC. La avocación propuesta fue aceptada por el Pleno, que recabó para sí el conocimiento del recurso mediante providencia de 29 de septiembre de 2022.
10. Mediante providencia de 24 de septiembre de 2024 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
1. Delimitación del objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 25 de junio de 2020, dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que inadmitió a trámite, por extemporánea, la demanda de error judicial presentada por la ahora recurrente de amparo.
La demandante denuncia que la resolución impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción porque entiende que el órgano judicial ha hecho una interpretación «totalmente errónea» del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción para el reconocimiento del error judicial establecido en el art. 293.1 a) LOPJ. Señala, al respecto, que la Sala ha computado, equivocadamente, como fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad de tres meses «a partir del día en que pudo ejercitarse» la del día 19 de junio de 2019, fecha del dictado y de la notificación del auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, por el que se acordó la suspensión condicional de la pena de privación de libertad que le había sido impuesta a su exmarido por la comisión de un delito de quebrantamiento de una condena anterior que, igualmente, le había sido impuesta por otro delito de malos tratos en el ámbito familiar. En la sentencia anterior el mismo órgano judicial había acordado, además de la suspensión condicional de la ejecución de una pena privativa de libertad, otras medidas como eran, la de la prohibición de aproximarse a la recurrente a menos de cien metros, y la de comunicarse con ella durante un período de dieciséis meses, que el exmarido incumplió.
La demanda entiende que el precitado plazo debería haber empezado a correr el día 25 de julio de 2019, fecha en la que el condenado, durante el período de suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, mató al hijo de ambos, que tenía once años, y posteriormente se suicidó. Según refiere, el plazo de los tres meses debería haberse computado desde esa última fecha, pues es cuando el daño susceptible de resarcimiento patrimonial por error judicial se había producido y no el de la fecha del dictado de la resolución judicial. De haber entendido el Tribunal Supremo que la fecha de la muerte violenta del hijo, en cuanto fecha del daño resarcible, era la deldies a quodel inicio del cómputo, la demanda sobre error judicial, presentada el día 23 de octubre de 2019, no habría devenido en extemporánea porque habría ingresado en el registro del Tribunal Supremo dentro de los tres meses del plazo legal.
En definitiva, considera que la interpretación realizada por el auto impugnado vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, que exige un canon reforzado de motivación para preservar el principiopro actione, lo que no ha respetado la resolución del Alto Tribunal.
Por su parte, el abogado del Estado interesa la inadmisión de la demanda por la concurrencia de un doble óbice procesal. De una parte, considera que la demandante ha acudidoper saltuma este tribunal presentando la demanda de amparo sin haber agotado la vía judicial, toda vez que no ha promovido incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto del Tribunal Supremo, invocando la vulneración del derecho fundamental que ahora denuncia. De otro lado, entiende que el asunto no tiene especial trascendencia constitucional, pues, a diferencia de lo que ha resuelto este tribunal en la providencia de admisión, hay doctrina constitucional (cita las SSTC 114/1990, de 21 de junio, y 28/1993, de 25 de enero) sobre el deber de diligencia que pesa sobre el recurrente en caso de error judicial y «la necesidad de no haberse aquietado frente a la resolución a la que se imputa el error». De modo subsidiario, solicita la desestimación del recurso porque la cuestión que suscita la queja, cómputo del plazo de la acción judicial para exigir la declaración de error judicial, es de legalidad ordinaria y el Tribunal Supremo ha dictado una resolución motivada en la que explica, de acuerdo con la jurisprudencia, que eldies a quoa partir del cual debe iniciarse el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de declaración del error judicial es el de la fecha de notificación de la resolución que haya incurrido en aquel error y no desde la fecha en que haya tenido lugar el posible daño resarcible.
Finalmente, el Ministerio Fiscal propugna inicialmente la inadmisión del recurso porque, al igual que el abogado del Estado y por la misma razón que argumenta este, aprecia el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa. De modo subsidiario, interesa la estimación del recurso porque entiende que el auto del Tribunal Supremo impugnado ha vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción. Según señala, aquella resolución habría adoptado un planteamiento estrictamente formalista y excesivamente rigorista sobre el criterio de determinación de la fecha inicial del cómputo para el ejercicio de la acción de reclamación de error judicial, al haber tenido en cuenta únicamente la fecha de la resolución judicial que, eventualmente, habría incurrido en el error judicial y, sin embargo, no ha tomado en consideración la del posible daño resarcible, que era la del día de la muerte del hijo menor de edad causada por el exmarido de la recurrente.
2. Óbices procesales y especial trascendencia constitucional del recurso.
a) Como, de modo reiterado, ha declarado este tribunal, la admisión a trámite de la demanda de amparo no es obstáculo «para que este tribunal pueda abordar de nuevo o reconsiderar, incluso de oficio, el análisis de los presupuestos de viabilidad del amparo en fase de sentencia y, en caso de comprobar su inobservancia, dictar un pronunciamiento de inadmisión del recurso o, en su caso, del motivo del recurso afectado por tal incumplimiento, tal como hemos destacado en la doctrina de este tribunal (por todas, SSTC 73/2008, de 23 de junio, FJ 2; 99/2009, de 27 de abril, FJ 2, y 105/2011, de 20 de junio, FJ 2)» (SSTC 10/2022, de 7 de febrero, FJ 2, que cita, también, la 140/2013, de 8 de julio, FJ 2).
Así, como se ha anticipado, el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal coinciden en sostener la concurrencia del óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa, conforme al art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC, por no haber formalizado el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ambos afirman que la actora debería haber denunciado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción, como paso previo a la interposición del recurso de amparo, por lo que interesan la inadmisión de la demanda, aunque lo sea ya en este trámite de sentencia. Por su parte, el abogado del Estado también pretende la inadmisión del recurso de amparo por su falta de especial trascendencia constitucional.
b) Conviene indicar, como precisión previa, que este tribunal ha declarado reiteradamente que «el incidente de nulidad de actuaciones cumple una «función institucional […] como instrumento de tutela de derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria» (STC 9/2014, de 27 de enero, FJ 3, por todas). Además, ha precisado que constituye «la última vía que permit[e] la reparación de la vulneración denunciada» (SSTC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3; 2/2013, de 14 de enero, FJ 5, y 9/2014, de 27 de enero, FJ 3). Igualmente, ha sostenido de forma unánime y constante que el requisito del art. 44.1 a) LOTC responde «a la finalidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzcaper saltum, es decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo» (STC 59/2022, de 9 de mayo, FJ 2, por todas).
Sin embargo, también «nuestra jurisprudencia ha subrayado que ‘a efectos del agotamiento de la vía judicial solo son exigibles los cauces procesales cuya viabilidad no ofrezca dudas interpretativas’ (STC 106/2005, de 9 de mayo, FJ 2) y que ‘el art. 44.1 a) LOTC únicamente impone la utilización de los recursos o instrumentos de impugnación cuya procedencia se desprenda de modo claro, terminante e inequívoco del tenor de las previsiones legales, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad’[…], máxime, cuando, además, ‘el recurrente obra en la creencia de que hace lo correcto’ (STC 241/2006, de 20 de julio, FJ 3), absteniéndose de emplear un recurso cuya procedencia podría ser razonablemente dudosa» (STC 31/2019, de 28 de febrero, FJ 3).
A partir de la doctrina constitucional expuesta habría que comenzar diciendo que, desde una perspectiva estrictamente formal, la recurrente no ha invocado expresamente la vulneración de su derecho de acceso a la jurisdicción en la vía judicial cuando el auto del Tribunal Supremo impugnado acordó la inadmisión a trámite, por extemporánea, de la demanda sobre error judicial que aquella había presentado. Bastaría, pues, con la apreciación en esta sentencia de que la actora no ha denunciado formalmente la vulneración del derecho ante el órgano judicial, por omisión del incidente de nulidad de actuaciones, para acordar la inadmisión de la demanda de amparo ante la falta de agotamiento de aquella vía judicial.
Sin embargo, en el presente caso y desde un plano material, este tribunal no considera que la promoción del incidente de nulidad de actuaciones fuera claramente exigible, teniendo en cuenta la causa que determinó la inadmisión de la demanda sobre error judicial que apreció el Tribunal Supremo y las circunstancias que concurrieron en el mismo. En este sentido, este tribunal ha venido reiterando que el requisito de agotar la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo «ha de ser interpretado de manera flexible y finalista» (entre otras muchas, SSTC 133/2001, de 13 de junio, FJ 3; 190/2001, de 1 de octubre, FJ 2; 164/2003, de 29 de septiembre, FJ 2; 144/2007, de 18 de junio, FJ 2, y 18/2009, de 26 de enero), así como que en el análisis del cumplimiento de este requisito «deben ser objeto de adecuada ponderación las peculiares circunstancias que inciden sobre el supuesto enjuiciado» (STC 18/2009, de 26 de enero, FJ 2).
Como se ha anticipado, el Alto Tribunal declaró la extemporaneidad de la demanda con el argumento de que el cómputo del plazo de caducidad de la acción para instar la declaración de error judicial debía iniciarse a partir del día 19 de junio de 2019, fecha en la que fue dictado y notificado el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Murcia, que, a juicio de la actora, era la resolución judicial incursa en error. Sin embargo, la demandante había planteado previamente que el hecho que, a su juicio, era el que le había generado el daño susceptible de resarcimiento por responsabilidad patrimonial del Estado era el de la muerte violenta del hijo menor de edad presuntamente causada por su padre, que posteriormente se suicidó, y, en consecuencia, era a partir de la fecha en que sucedió este hecho luctuoso, la del 25 de julio de 2019, en que debería iniciarse el cómputo del plazo de caducidad de los tres meses establecido por el art. 293.1 a) LOPJ. A su entender, fue en ese día en el que el error judicial apreciado se materializó en el daño causado a la actora, susceptible del resarcimiento.
Pues bien, es esa, precisamente, la cuestión que ha sido objeto de valoración por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y por la que, con desestimación de aquella tesis de la parte, ha llegado a la conclusión de que eldies a quono era el que indicaba la demandante sino el de notificación del auto de 19 de junio de 2019. Por tanto, la cuestión sobre la que ahora se suscita la controversia, que en la demanda de amparo se vincula al derecho de la parte a la tutela judicial efectiva, es la misma que ya fue introducida en el proceso judicial por aquella y valorada por el órgano judicial, por lo que, de conformidad con nuestra doctrina, no era exigencia inexcusable la presentación del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones para denunciar formalmente la vulneración del precitado derecho, toda vez que la causa de inadmisión apreciada por el auto impugnado deriva de la tesis desestimatoria del Tribunal Supremo sobre la fecha de inicio del cómputo del plazo del art. 293.1 a) LOPJ, propuesta por la parte en la demanda sobre error judicial. Esta cuestión fue valorada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que la rechazó en su auto y no exigiría la promoción del incidente de nulidad de actuaciones, que, necesariamente, tendría que haberse referido a la misma cuestión.
En consecuencia, debemos desestimar el óbice procesal invocado por el abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal.
c) Por lo que se refiere a la alegación del abogado del Estado de que el recurso de amparo carece de especial trascendencia constitucional y, en consecuencia, procedería su inadmisión, este tribunal debe recordar que, conforme a una jurisprudencia constitucional reiterada, esta exigencia de admisibilidad, que no es de carácter procesal, sino referida al fondo del asunto, es apreciada por el tribunal en cada caso en el momento de admitir a trámite el recurso de amparo, de acuerdo con lo exigido por el art. 50.1 LOTC, sin que sea susceptible de reconsideración en el momento de la sentencia [SSTC 80/2020, de 15 de julio, FJ 2; 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2; 2/2022, de 24 de enero, FJ 2, y 65/2023, de 6 de junio, FJ 2 (iii)].
En cualquier caso, con el fin de exponer las razones por las que se consideró que concurre la especial trascendencia constitucional del recurso (STEDH de 20 de enero de 2015, asuntoArribas Antón c. España,§ 46), con el objeto de hacer así recognoscibles los criterios de aplicación empleados al respecto (STC 9/2015, de 2 de febrero, FJ 3), debemos ahora reiterar que el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
Ciertamente, este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el régimen de la responsabilidad patrimonial fundado en error judicial (por todas, STC 8/2017, de 19 de enero, FJ 4) y también sobre aspectos específicos relacionados con la actuación procesal de quiénes demandan la declaración de aquel error. Así ocurre con las SSTC 114/1990, de 21 de junio, y 28/1993, de 25 de enero, a las que alude en sus alegaciones el abogado del Estado, en las que este tribunal se pronunció sobre la específica cuestión de si el demandante de amparo en caso de error judicial había hecho uso previo de todos los recursos previstos en la ley para exigir el reconocimiento de aquel error o, por el contrario, no los había llegado a agotar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 293.1 f) LOPJ.
La cuestión aquí suscitada no se refiere al sistema de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial en su visión de conjunto, ni tampoco al deber de diligencia de la solicitante de la declaración de error judicial, en relación con el requisito de haber agotado previamente todos los recursos previstos en el ordenamiento. El auto de 25 de junio de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no inadmitió la demanda de error judicial por ese motivo, sino por apreciar extemporaneidad, de manera que la doctrina constitucional que resulta de las SSTC 114/1990 y 28/1993 no resulta aplicable al presente caso. Lo que se ventila en este recurso de amparo es otro aspecto distinto relativo al régimen jurídico del procedimiento para la declaración del error judicial, como es la relevancia que pueda tener la fecha de producción del eventual daño resarcible a la hora de efectuar el cómputo del plazo previsto en el art. 293.1 a) LOPJ, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción; cuestión sobre la que no existe doctrina de este tribunal.
Por las razones expuestas, debemos, pues, ratificar la especial trascendencia constitucional del recurso y, por ende, desestimar el óbice alegado por el abogado del Estado.
3. La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial.
a) De manera separada al régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en general (art. 106.2 CE), el art. 121 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados en los casos de error judicial y en los de funcionamiento anormal de la administración de justicia, cuando dispone que «(l)os daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley».
En relación con este derecho a ser indemnizado por los daños causados por error judicial y por funcionamiento anormal de la administración de justicia, este tribunal tiene declarado que no tiene el carácter de derecho fundamental, susceptible de ser invocado en la vía de amparo constitucional, ni supone sin más una concreción del derecho a la tutela judicial efectiva [SSTC 128/1989, de 17 de julio, FJ 3; 85/1990, de 5 de mayo, FJ 4; 114/1990, FJ 1 b), y 132/1994, de 9 de mayo, FJ 2]. También tiene dicho este tribunal que tanto el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en general (art. 106.2 CE) como el específico régimen de la responsabilidad del Estado por error judicial y por funcionamiento anormal de la administración de justicia son «emanación del principio general de responsabilidad de todos los poderes públicos (art. 9.3 CE)» y «han de ser calificadas como derechos de configuración legal, por deferir a la ley su regulación» (SSTC 325/1994, de 12 de diciembre, FJ 4, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 4).
Asimismo, ha declarado este tribunal que «importa y muy mucho subrayar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la cual remite la Constitución, no contiene una definición de lo que sea el error judicial, convirtiéndolo así en un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción ha de hacerse casuísticamente, en el plano de la legalidad, por los jueces y tribunales» (SSTC 325/1994, de 12 de diciembre, FJ 4, y 8/2017, de 19 de enero, FJ 4).
El derecho a ser indemnizado en los supuestos de error judicial constituye, pues, un instrumento frente a los posibles errores de los tribunales ordinarios en el ejercicio de su función jurisdiccional, cuando no exista un recurso susceptible de modificar la resolución dictada, a la que se imputa el error. Es por ello que la STC 114/1990, de 21 de junio, FJ 5, dejó sentado que «no resulta asumible que quien consiente un pronunciamiento eventualmente erróneo se ampare luego en tal circunstancia para deducir ulteriormente una pretensión indemnizatoria frente al Estado, por [la] naturaleza subsidiaria de la propia reparación en la vía jurisdiccional», si bien debe advertirse que dicha sentencia estimó el recurso de amparo por considerar que este presupuesto procesal había sido aplicado, en el caso concreto examinado, de manera excesivamente formalista, dando lugar a una consecuencia desproporcionada y lesiva por ello derecho a la tutela judicial efectiva del entonces recurrente (FJ 6). Por su parte, la STC 28/1993, de 25 de enero, FJ 4, profundizó en este razonamiento al señalar que «[e]l error que contempla el art. 121 CE y los arts. 292 y siguientes de la LOPJ es el infligido de manera irreparable y con consecuencias inevitables para el perjudicado y, por consiguiente, debe este agotar todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para combatirlo».
b) Por lo que se refiere a su régimen legal, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia, de la cual el error judicial es una especie dentro del género [STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 7 B)], se regula en los arts. 292 y siguientes LOPJ. La reclamación de indemnización por los daños causados por error judicial se ha de ejercitar conforme a lo establecido en el art. 293 LOPJ, que articula un régimen jurídico complejo que se estructura en dos fases sucesivas: (a) la primera de ellas, de carácter estrictamente jurisdiccional, que tiene por objeto obtener del Tribunal Supremo (la Sala correspondiente del orden jurisdiccional de que se trate o la Sala Especial del art. 61 LOPJ, cuando el error se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo) la declaración de la existencia de aquel error judicial; y (b) la segunda fase, de naturaleza administrativa aunque eventualmente sujeta a control jurisdiccional, en la que el interesado dirige su petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia, una vez obtenida la previa declaración del error judicial.
En este sentido, también la doctrina constitucional ha recordado que «el procedimiento regulado en los arts. 292 y ss. de la LOPJ tiene por objeto obtener un reconocimiento formal del error judicial, que servirá de título para reclamar frente al Estado la indemnización procedente y no pretende una modificación del tenor de la resolución en que se haya cometido el supuesto error», puesto que, «de lo contrario, este procedimiento se convertiría en una nueva instancia y ya no tendría sentido reclamar una indemnización del Estado» (STC 39/1995, de 13 de febrero, FJ 4).
Así lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como declaró la sentencia de 9 de marzo de 2012 de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo (error judicial núm. 11-2011, ECLI:ES:TS:2012:1832), «el proceso por error judicial no es una nueva instancia o casación encubierta, ni a través suyo puede revisarse el pronunciamiento judicial que incorpora la sentencia o auto definitivo que se examina. Es, por el contrario, un procedimiento excepcional, en el que la declaración del error constituye un requisito previo al ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial del ‘Estado-juez’, en los términos que resultan de los artículos 121 de la Constitución y 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es, la pretensión de declaración de error judicial se contrae a la exclusiva finalidad de constituir presupu