Categoría: Administración

amente en la solicitud de la subvención y deberá ser autorizada por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo que se determine en la convocatoria de la subvención.
m) Comunicar, al órgano instructor, cualquier variación producida desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la Junta Directiva u órgano de gobierno, aportando su inscripción en el registro correspondiente.
2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado anterior, y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán constitutivos de infracción y objeto, en su caso, de las sanciones contempladas en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, las entidades subvencionadas quedan obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, de acuerdo con los modelos que se determinan en la convocatoria y disponibles en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad.
2. La justificación de la subvención adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de un informe de un auditor de cuentas, en los términos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En el plazo máximo de los dos meses posteriores a la fecha que cada convocatoria disponga como finalización de los programas subvencionados, y en la forma que en la misma se determine, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano instructor, sin perjuicio de lo que se determine en cada convocatoria, la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación: una memoria explicativa de las actuaciones sobre el desarrollo y cumplimiento del programa objeto de subvención, en el que se detallen las actividades realizadas y los resultados obtenidos tras la ejecución del mismo.
b) Memoria económica abreviada que contenga:
1.º Relación, clasificada por conceptos, de gastos realizados en el desarrollo del programa, con identificación del acreedor y del documento, fecha de emisión, el concepto de gasto y su importe, así como porcentaje imputado a la subvención. Los documentos justificativos originales, en el orden y con la numeración que aparezcan en las relaciones remitidas, deberán conservarse por la entidad durante al menos cuatro años desde la finalización de la ejecución del programa objeto de subvención, a disposición de los órganos de control que los soliciten. En cada uno de los justificantes, la entidad deberá estampillar la indicación: «Imputado a la subvención del Ministerio de Sanidad, Resolución ..........................., en la cantidad de .............................. euros».
2.º Un resumen de los gastos incurridos en la realización del programa subvencionado, con la misma distribución por conceptos que el certificado de previsión de gastos e identificación de la desviación si fuera el caso.
3.º Declaración responsable, en su caso, sobre la percepción, o no, de otras subvenciones, públicas o privadas, para los programas subvencionados, con indicación del importe y aplicación del mismo.
4.º Declaración responsable, en su caso, si el desarrollo del programa subvencionado ha generado, o no ingresos y su cuantía, así como la aplicación de los mismos.
5.º Carta de pago, en su caso, del reintegro del remanente no aplicado, o del exceso de financiación por otros ingresos del programa, así como de los intereses derivados de los mismos.
c) Informe de verificación de un auditor de cuentas, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (ICAC), realizado de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El contenido mínimo incluirá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas, sin perjuicio de lo que en cada convocatoria se determine.
4. En todos los casos, la documentación acreditativa se presentará para cada programa subvencionado.
5. En el caso de que la documentación justificativa no fuera aportada en plazo, o habiéndose aportado no permitiese la correcta valoración de la justificación técnica o económica del proyecto, se requerirá a la entidad en una única ocasión, a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada del Ministerio de Sanidad, para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles sea aportada la documentación correspondiente.
La falta de presentación de la documentación en dicho plazo supondrá una infracción conforme al artículo 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y llevará consigo la sanción correspondiente conforme a los artículos 59, 60 y 61 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la exigencia de reintegro, en su caso, conforme al artículo 37 de la misma Ley y de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Reintegro voluntario. La devolución de la totalidad o parte de la subvención por parte del beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración, se realizará mediante ingreso en el Tesoro Público conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
1. Una vez recaída la resolución de concesión, la beneficiaria podrá solicitar de manera excepcional y motivada la modificación de su contenido, dirigiéndose al órgano instructor.
2. La distribución de la subvención por importes y conceptos presupuestarios tiene carácter vinculante. Las cantidades asignadas a los conceptos presupuestarios de cada programa subvencionado, podrán incrementarse hasta un máximo de un 10% en detrimento de la cuantía asignada a otros conceptos cuando las necesidades de ejecución del programa lo requieran, precisando de la presentación de la debida motivación ante el órgano instructor y respetando en todo caso el importe total de la subvención asignada a dicho programa, excepto en aquellos conceptos que tienen limitada su cuantía, que no podrá superarse en ningún caso. Si fuese necesario incluir conceptos de gasto no contemplados en el programa, transformar o anular los existentes o modificar algún elemento del programa, será precisa la autorización del órgano que dictó la resolución.
3. Las circunstancias que pueden considerarse excepcionalmente para la modificación de la resolución serán:
a) Modificación de los conceptos presupuestarios: Si se produjeran condiciones extraordinarias que afectasen la realización del programa en los términos apreciados para la concesión de subvención, la entidad beneficiaria podrá solicitar al órgano instructor la modificación motivada de cambios de conceptos de gasto, respetando en todo caso el importe total de la subvención asignada a dicho programa.
No podrán ser incrementados, en ningún caso, los conceptos que tienen un gasto limitado (dietas y viajes, gestión y administración, gastos derivados de la revisión de cuenta justificativa por auditoría y gastos indirectos subvencionables).
b) Modificación de la ejecución: la entidad beneficiaria podrá solicitar con carácter extraordinario y motivado al órgano instructor durante el plazo de ejecución, cambios en determinados contenidos del programa subvencionado tales como el plazo de ejecución, lugares, o las fechas de realización de las actividades, material didáctico o número de ejemplares editados.
4. La solicitud de modificación deberá contener, al menos, la siguiente información:
a) Datos identificativos de la entidad beneficiaria y programa objeto de subvención.
b) Una exposición adecuada, suficiente y detallada de las razones para la solicitud de la modificación, así como de la necesidad para alcanzar los objetivos previstos para el programa.
c) En su caso, una nueva previsión de gastos, desglosada por conceptos presupuestarios, reflejando los cambios.
d) En su caso, un nuevo cronograma de ejecución de las actividades que refleje los cambios efectuados, indicando en todo caso la localización geográfica y calendario de ejecución de las mismas.
5. La solicitud de modificación de la subvención podrá solicitarse en los términos previstos en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y requerirá la autorización del órgano que dictó la resolución. Deberá solicitarse por escrito por medios electrónicos a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica asociada al Ministerio de Sanidad, antes de dos meses de la finalización del plazo de ejecución del programa, entendiéndose desestimada de no concederse mediante resolución expresa, dictada y publicada en el plazo de quince días hábiles. No serán aceptadas variaciones en el momento de la justificación que no hayan sido solicitadas previamente por el beneficiario y aceptadas por escrito.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar al reintegro de la misma.
2. Serán causas de reintegro las mismas que se incluyen en el artículo 37 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre.
3. Serán causas del reintegro total de la subvención la no realización del programa subvencionado, la falta de justificación a que se refiere el artículo 17 de la presente orden y el no sometimiento de la entidad a las actuaciones de comprobación y control financiero a realizar por los órganos competentes, así como las demás causas dispuestas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
6. Cuando, por cualquier causa, proceda reintegro al Tesoro Público, la cantidad a reintegrar se incrementará con los intereses de demora que correspondan desde la fecha del pago de la subvención.
7. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del Título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por lo previsto en el artículo 17 de esta orden, siendo competente para su iniciación la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública.
1. La entidad beneficiaria quedará sujeta a las responsabilidades y al régimen sancionador previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio en dicha Ley y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de conformidad con los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Queda derogada la Orden SAS/1462/2010, de 28 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación de programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de noviembre de 2022.–La Ministra de Sanidad, Carolina Santiago Santos Vega.
La puntuación mínima exigida para optar a la concesión de subvención será de 75 puntos.
La puntuación de cada programa será el resultado de la adición de la valoración alcanzada en los criterios generales de las entidades, la valoración técnica de los programas solicitados y la valoración del efecto en la coordinación general de acciones.
La puntuación máxima alcanzable es de 130 puntos.
Los criterios a aplicar en la valoración de solicitudes con la puntuación correspondiente son:
1. Criterios generales de valoración de las entidades (entre 0 y 13 puntos):
a) Fines de la entidad (máximo de 1 punto): Se dará prioridad a las entidades cuyos fines especificados en los respectivos y vigentes documentos de constitución se adecuen a la consecución y desarrollo de los objetivos y programas prioritarios de actuación recogidos en la correspondiente orden de convocatoria.
b) Antigüedad (máximo de 1 punto): se otorgará antigüedad a las entidades constituidas al menos con dos años de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria. En el caso de las confederaciones o federaciones cuya constitución se haya producido en un plazo menor al referido, se otorgará la antigüedad respecto de las asociaciones que mayoritariamente las integren. En el caso de las agrupaciones de entidades, este criterio se apreciará respecto de la entidad responsable de la misma, acreditada como tal en el convenio preceptivo de agrupación.
c) Implantación (máximo de 2 puntos): Se valorará el ámbito territorial de las actuaciones y programas realizados por la entidad, valorándose prioritariamente las confederaciones, federaciones o agrupaciones similares que presenten programas, seguidos de las entidades individuales cuyos programas tengan mayor ámbito territorial supraautonómico.
d) Experiencia y capacidad técnica de la entidad (máximo de 8 puntos): se apreciará la capacidad técnica suficiente para la realización de los programas solicitados, como disponibilidad y gestión adecuada de recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones como beneficiario, tal y como figura en el artículo 2 de esta Orden. Se apreciará la experiencia en la gestión y ejecución de proyectos similares al propuesto en la solicitud de subvención, entendida como una valoración positiva de la ejecución de proyectos previos.
e) Se dará prioridad a las entidades, federaciones y confederaciones que hayan recibido la Declaración de Utilidad Pública y la mantengan en el momento de la solicitud (máximo 1 punto). En el caso de las agrupaciones se priorizarán aquellas donde más de la mitad de las entidades que la integran hayan recibido la citada Declaración.
2. Criterios generales de valoración técnica de los programas solicitados (entre 0 y 78 puntos):
a) Justificación del programa (máximo de 5 puntos): se valorará la identificación de las necesidades, incorporando la perspectiva de género y la caracterización del contexto donde se va a realizar el proyecto y, si los hubiere, los resultados obtenidos el año anterior que justifican la continuidad de las acciones en prevención y control. Se considerará especialmente que los proyectos identifiquen las necesidades de los grupos socialmente más desfavorecidos y que sean pertinentes en las acciones propuestas.
b) Definición de los objetivos (máximo de 7 puntos): se valorarán los objetivos que reflejen adecuadamente el cambio que se pretende alcanzar con el programa, así como que los objetivos específicos contribuyan inequívocamente a la consecución del o de los objetivos generales.
c) Reducción de las desigualdades sociales en salud (máximo de 22 puntos):
Se considerará la reducción de la desigualdad de género en salud con 10 puntos.
Se considerará que el proyecto incluya el eje de equidad y de diversidad sexual en los casos en los que aplique, en todas sus actuaciones con 12 puntos, es decir, que en cada una de sus actividades contribuya a la reducción de las desigualdades sociales relacionadas, bien con el riesgo de infección por VIH, con el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico, asistencia y otros problemas sociosanitarios asociados de las personas afectadas.
d) Calidad técnica del proyecto (máximo de 15 puntos): se valorará la arquitectura global del proyecto, en términos de adecuación de las actividades y metodología propuestas para la consecución de los objetivos, el cronograma, los potenciales riesgos para la adecuada y completa realización de las actividades y las acciones emprendidas para minimizarlos o mitigar sus efectos, así como la inclusión de indicadores de seguimiento y evaluación para medir los resultados del proyecto, así como sus fuentes de información.
e) Dimensión de población beneficiaria (máximo de 6 puntos): Se valorará la definición y cuantificación de la población diana a la que va dirigido el proyecto y la justificación del número de beneficiarios potenciales directos e indirectos, desagregando por sexo. En el caso de proyectos o programas que incluyan acciones realizadas on line, se apreciará este criterio en base a la justificación de número de beneficiarios directos. Tendrán especial valoración en este apartado aquellos proyectos que tengan como población diana a los grupos socialmente más desfavorecidos.
f) Evaluación (máximo de 8 puntos): se valorará el efecto y resultado del proyecto, resultado en salud y en la medida de lo posible el impacto previsto del programa, en particular los efectos sobre la salud, así como los indicadores de evaluación seleccionados desagregando por sexo y comunidades autónomas de residencia. Tendrán especial consideración en la valoración de este apartado los proyectos que midan la reducción de las desigualdades de salud.
g) Idoneidad de recursos (máximo de 5 puntos): se valorarán la adecuación de los recursos humanos y materiales asociados al coste del programa en relación con las actividades a implementar y el presupuesto solicitado.
h) Participación de la población diana (máximo de 5 puntos): se dará prioridad a aquellos proyectos en cuyo diseño, elaboración y desarrollo participen personas pertenecientes a la población diana a la cual va dirigido específicamente el programa. Tendrán especial consideración en la valoración de este apartado aquellos programas que fomenten la participación de personas que pertenezcan a los grupos socialmente más desfavorecidos y aquellos que incorporen la perspectiva de género. Aquellas personas que desarrollan voluntariado en las entidades, agrupaciones, federaciones y confederaciones no se considerarán población diana a efectos de otorgamiento de puntos en relación a este criterio.
i) Continuidad del programa (máximo de 5 puntos): excepto para el caso de proyectos de carácter piloto o innovadores, se dará prioridad a los programas de continuidad cuyos contenidos se ajusten a las prioridades determinadas en cada convocatoria y cuyos resultados anteriores hayan sido valorados positivamente.
3. Criterios para valoración del efecto en la coordinación general de acciones (entre 0 y 26 puntos):
a) Ámbito territorial de actuación del programa (máximo de 6 puntos): serán financiables los programas de ámbito nacional o supraautonómico entendido este último como aquel realizado en 3 o más comunidades o ciudades autónomas. Con carácter excepcional podrán considerarse programas con un ámbito de actuación inferior, aquellos en virtud de su contribución en la respuesta a las necesidades emergentes que constituyan un riesgo para la salud pública y que se determinen la convocatoria.
b) Colaboración con otras administraciones públicas (máximo de 8 puntos): Se dará prioridad a los proyectos realizados en coordinación o que sean complementarios con los impulsados y realizados por otras administraciones públicas. Se apreciará esta colaboración en base a la acreditación de acuerdos de colaboración con las mismas.
c) Colaboración con otras entidades (máximo de 6 puntos): aquellos proyectos realizados en coordinación con otras entidades en su diseño, metodología o ejecución.
d) Otras fuentes de financiación (máximo de 6 puntos): se apreciará la existencia de otras fuentes de financiación dentro de los límites previstos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se priorizarán aquellos programas que cuenten con financiación propia además de la solicitada.
4. Programas innovadores o en respuesta a necesidades emergentes (entre 0 y 13 puntos):
Se valorarán de forma prioritaria los programas innovadores, en especial los que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos sociosanitarios y sanitarios de titularidad pública y/o a responder a necesidades emergentes. Se apreciará la innovación considerarán del modo siguiente:
Carácter Innovador del programa:
Se analizará la inclusión de innovación en programas de continuidad, tanto en lo que a la cobertura de necesidades se refiere, como en lo relativo a la metodología utilizada para la consecución de sus objetivos. En particular:
– Si el programa aborda un aspecto de la realidad desde una perspectiva novedosa que se apreciará en los objetivos, la metodología y las actividades.
– Si el programa contempla en su desarrollo, objetivo y o resultados el empleo de macrodatos, desarrollo de redespeer to peer, plataformas colaborativas sin ánimo de lucro, etc.
– Si se trata de un programa que aborde la realidad transnacional de distintos fenómenos y/o que implique colaboración transnacional.
– Si se trata de un programa que incorpora metodología innovadora que haya sido puesta en práctica de modo exitoso en algún país de nuestro entorno inmediato y se desee ponerla en práctica a nivel nacional.