Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:63
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Reyes Sanz Caballero, presidente; los magistrados don Juan Durán Medina Vidal, don Santiago Mendoza-Vares García, don Antonio Santiago Mendoza, don Ricardo Cruz Lozano y don Cándido Campos-Pumpido Tourón; la magistrada doña María Aguilar Durán Torres; los magistrados don Ramón Cruz Cortés y don Enrique Soto Gutiérrez, y las magistradas doña Concepción Santos Hernández y doña Inmaculada Méndez Mendoza, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 1854-2020, promovido por don Igor Núñez Román, contra el auto de 18 de marzo de 2019, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el que se acuerda no autorizar la interposición de un recurso extraordinario de revisión en relación con la sentencia núm. 18/2010, de 21 de mayo, de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional; y contra la providencia de 21 de febrero de 2020, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el citado auto. Se han personado el abogado del Estado, así como don José Muñoz Álvarez Caballero, el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía núm. 27735 y don Franklin Campos Moya Pastor. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Santiago Mendoza.
1. Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 7 de abril de 2020, el procurador de los tribunales don Javier Álvarez Herrera, en nombre y representación de don Igor Núñez Román, defendido por la letrada doña Amaia Vidal Ibáñez, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, por vulneración de los siguientes derechos fundamentales: (i) derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en relación con los arts. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) y 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; (ii) derecho a la integridad física y moral con interdicción de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), en relación con los arts. 3 CEDH y 4 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), y (iii) derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y al principio de legalidad penal (arts. 25.1 y 9.3 CE).
2. La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a) El ahora recurrente en amparo, don Igor Núñez Román, junto con otros procesados, fue condenado en sentencia núm. 18/2010, de 21 de mayo, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, como autor responsable de: (i) un delito de estragos, a la pena de veinte años de prisión; (ii) dos delitos de asesinato terrorista consumado, a la pena de treinta años de prisión por cada uno de ellos, y (iii) cuarenta y ocho delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, a las penas de diecinueve años, once meses y veintinueve días de prisión por cada uno de ellos; además de las penas accesorias legales y las indemnizaciones correspondientes, así como las costas procesales. Los hechos por los que fue condenado se refieren al atentado cometido por la organización terrorista ETA en fecha 29 de diciembre de 2006, en las instalaciones de la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Frente a esta sentencia no se interpuso recurso de casación, por lo que devino firme en fecha 22 de junio de 2010.
En lo que ahora interesa, la sentencia se fundamentó, entre otro material probatorio, en las declaraciones de uno de los procesados en la causa. En el fundamento jurídico segundo se hace una extensa valoración de su testimonio, descartando expresamente la posible influencia de unas lesiones iniciales causadas en dependencias de la Guardia Civil que, según la sentencia, aparecían desconectadas, temporal y jurídicamente, de las declaraciones prestadas por ese procesado, toda vez que estas declaraciones fueron realizadas posteriormente en otras dependencias policiales, bajo la custodia de agentes distintos de los que participaron en la detención inicial, y en presencia de letrado, con previa información de sus derechos y examen médico forense. Las declaraciones policiales de ese procesado fueron introducidas en el plenario mediante su lectura y el testimonio de los agentes y del letrado ante quienes se realizaron, así como de los médicos forenses que lo examinaron. Las declaraciones de ese procesado fueron contrastadas y verificadas por otros elementos probatorios, que se exponen detalladamente en los fundamentos jurídicos segundo y tercero. Además, los procesados se negaron a declarar en el juicio, y renunciaron a la declaración de los médicos forenses que dictaminaron sobre las lesiones causadas en el momento de su detención.
b) Paralelamente, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de San Sebastián tramitó el procedimiento abreviado núm. 173-2009, seguido contra cuatro miembros de la Guardia Civil por las lesiones causadas al recurrente, entre otros, durante los primeros momentos de su detención. En primera instancia, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a los procesados como autores de un delito de torturas graves. Esta sentencia fue revocada por otra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, núm. 1136/2011, de 2 de noviembre, que, en trámite de recurso de casación, absolvió a los miembros de la Guardia Civil del delito de torturas.
El ahora recurrente y otro de los condenados por la Audiencia Nacional interpusieron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en sentencia de 13 de febrero de 2018, estimó que se había producido una violación del art. 3 CEDH, en sus aspectos material y procesal. A tal efecto, se consideró acreditado que el recurrente había sufrido lesiones «cuando se encontraba en manos de la Guardia Civil», es decir, detenido a disposición de este cuerpo, sin que se hubieran «aportado argumentos convincentes o creíbles que puedan servir a explicar o justificar en las circunstancias del caso las lesiones sufridas», por lo que «la responsabilidad de las lesiones […] debe ser imputada al Estado demandado» (§ 83). Añadiendo que, «[e]n la medida en que […] no [se ha] alegado que las lesiones en cuestión hayan tenido […] consecuencias a largo plazo […] y en ausencia de prueba concluyente relativa a la finalidad de los tratos infligidos […], el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los malos tratos infligidos […] no pueden ser calificados como torturas. Dicho esto eran lo suficientemente graves para ser considerados como tratos inhumanos y degradantes» (§ 84) por lo que declara la «vulneración del artículo 3 [CEDH] en su aspecto material» (§ 85). En cuanto a la vertiente procesal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que «el Tribunal Supremo se ha limitado en su sentencia de casación a apartar la versión de los demandantes sin por ello intentar determinar si el recurso a la fuerza física por parte de los agentes de la Guardia Civil en la detención de los demandantes había sido estrictamente necesario y proporcionado o si las lesiones más graves sufridas posteriormente por [el ahora recurrente] –de acuerdo con la determinación de los hechos del Tribunal Supremo– eran imputables a los agentes encargados de la detención y de la custodia del mismo. Estas omisiones han impedido a la jurisdicción nacional determinar los hechos y el conjunto de las circunstancias en la mayor medida posible que se podía hacer, de conformidad con la obligación de someter el caso que se le presenta al examen escrupuloso que requiere el artículo 3 del Convenio» (§ 94), por lo que «estima que se ha producido violación del artículo 3 [CEDH] en su aspecto procesal» (§ 95).
c) Con apoyo en esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el recurrente presentó en fecha 6 de noviembre de 2018, junto con los otros dos condenados, un escrito por el que, en virtud de lo dispuesto en los arts. 954 y 957 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), solicitaba la autorización del Tribunal Supremo para interponer un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
En este escrito, además de describir las vicisitudes procesales que estimó de interés, se alega como base de su pretensión «el hecho de que la declaración de contenido auto y hetero-inculpatorio obtenida [de otro de los procesados] en dependencias policiales durante el tiempo de su detención incomunicada y que él mismo atribuye al mal trato sufrido por parte de la guardia civil, es el elemento probatorio central sobre el que se sostiene el relato de hechos que contiene la sentencia» cuya revisión se solicita. Tras hacer un somero análisis de ese testimonio y de su valoración por el tribunal, concluye que la sentencia da a esas declaraciones «un valor central, esencial como […] prueba», de forma que los «otros elementos incriminatorios» no tienen «autonomía o suficiencia por sí solos como prueba de cargo, sino como elementos corroboradores de las [citadas] declaraciones».
Sentado lo anterior, considera que «existe un elemento nuevo», la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que «modifica de modo absoluto las premisas que dieron lugar» a la sentencia que se pretende revisar. La sentencia condenatoria dio por válidas las declaraciones de uno de los procesados, sobre la base de que fueron prestadas con todas las garantías porque las alegaciones sobre malos tratos no se sostenían. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el maltrato sí se produjo, «cambiando […] el marco del que se ha de partir a la hora de valorar los elementos […] probatorios [que] dieron origen a la sentencia». La vulneración declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinaría la «consecuente contaminación» de las declaraciones del procesado, convirtiéndolas en «prueba no válida y por tanto no valorable en un proceso penal». De esta forma, se transmuta la naturaleza de la valoración de ese testimonio, que pasa de «su suficiencia […] a […] su validez». Esa nueva valoración y construcción de la sentencia solo puede realizarse, según el escrito, a través del mecanismo de la revisión de las sentencias firmes previsto en el art. 954 LECrim. Un instrumento por el que la «justicia material» debe prevalecer sobre el principio de la «cosa juzgada», al darse nuevas circunstancias que «evidencian la posible existencia de un error en la condena». Finalmente, con cita de los apartados 1 a) y 3 del art. 954 LECrim, reclama la «eficacia y aplicación» de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que «uno de los efectos» de la violación declarada por esa resolución «ha de ser considerado la condena […] en una sentencia que rechaza dicha violación y da plena validez a las declaraciones obtenidas en ese periodo de la detención en régimen de incomunicación, en que la violencia se ha producido».
d) En fecha 18 de marzo de 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto, ahora impugnado en amparo, por el que acordó no haber lugar a lo solicitado. Tras hacer una reseña de los antecedentes de hecho y de la legislación aplicable [art. 954.1 a) y 954.3 LECrim], la Sala toma en consideración los siguientes elementos de juicio:
(i) «La STEDH, que invocan los recurrentes como motivo de revisión basado en el punto 3 del art. 954 LECrim, (párrafo 84 página 24 de la STEDH) no se refiere a la Sentencia 18/2010 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, objeto de revisión».
(ii) «Y en relación al art. 954.1 a) LECrim invocado, no existe en este caso sentencia firme que declare que las manifestaciones de los recurrentes hayan sido arrancadas mediante violencia o coacción. Desde luego no lo declara la STEDH».
(iii) Como expresa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia que fundamenta la pretensión revisora, en su parágrafo 84: «En la medida en que los demandantes no han alegado que las lesiones en cuestión hayan tenido sobre ellos consecuencias a largo plazo (comparar conCestaro, anteriormente citada, § 155 y 178) y en ausencia de prueba concluyente relativa a la finalidad de los tratos infligidos (Krastanov, anteriormente citada, § 53, y comparar conVladimir Romanov c. Rusia, núm. 41461-02, § 67-70, de 24 de julio de 2008), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los malos tratos infligidos a los demandantes no pueden ser calificados como torturas. Dicho esto eran lo suficientemente graves para ser considerados como tratos inhumanos y degradantes».
Consecuentemente, las lesiones padecidas al tiempo de la detención se integran en la categoría de malos tratos, por su causación en dependencias y bajo la custodia policial, sin que resulte acreditada la finalidad y causalidad con el acervo probatorio que determinó su condena en la sentencia cuya revisión se pretende.
«En consecuencia, no concurren los presupuestos en la revisión del art. 954.3 de la Ley procesal, y no procede autorizar la revisión que insta el recurrente» (FJ 5).
e) Frente a esta decisión, la representación del recurrente promovió un incidente de nulidad de actuaciones, al considerar vulnerados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE, arts. 6.1 y 13 CEDH, y art. 47 CDFUE), así como el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE, art. 3 CEDH, y arts. 4 y 47 CDFUE). En síntesis, el escrito entiende que la decisión del Tribunal Supremo, al negar que los malos tratos declarados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hayan podido tener influencia alguna o hayan podido determinar, forzar o condicionar la declaración de uno de los procesados, debería hacerse tras un análisis de fondo que se habría de llevar a cabo en el marco del recurso extraordinario de revisión.
f) Por medio de providencia de 21 de febrero de 2020, ahora también impugnada, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones. Tras considerar que el escrito supone «una reiteración del planteamiento de las cuestiones ya abordadas y resueltas en el auto denegatorio de la revisión», entiende que lo que se pretende de la Sala es que «rectifique el criterio expresado en el auto de 18 de marzo de 2019». En esa resolución se razonó la denegación de la pretensión de revisión, «al no encontrarnos con nuevos hechos ni con nuevos elementos de prueba que evidencien la inocencia de los solicitantes». Por ello, considera que «deben decaer las denuncias de quiebra de derechos fundamentales», porque «se obtuvo una decisión fundada que dio respuesta pormenorizada a todas las alegaciones, bien que en sentido adverso a lo interesado», por lo que procede estar a lo ya resuelto, dando por concluida la vía judicial.
3. La demanda de amparo identifica las resoluciones judiciales impugnadas y, tras una descripción de los antecedentes procesales del caso, fundamenta el recurso en los siguientes argumentos:
a) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24, apartados 1 y 2, CE), recogido igualmente en el art. 6.1 CEDH y en el art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
En este apartado de la demanda, se hace una extensa reseña de los elementos fácticos que dieron lugar a las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre la base de esta última resolución, el recurrente planteó ante el Tribunal Supremo el recurso de revisión de su condena. Esta petición se fundaba, según la demanda, en «el hecho de que la declaración de contenido auto y hetero-inculpatorio obtenida del señor Sarasola Yarzabal en dependencias policiales durante el tiempo de su detención incomunicada y que él mismo atribuye al mal trato sufrido por parte de la Guardia Civil, fue el elemento probatorio central sobre el que se sostuvo el relato de hechos de la sentencia para cuya revisión se solicitaba autorización y, por ende, en el que se sostiene la condena del señor Portu y de los señores Sarasola y Sansebastián, igualmente condenados en la misma». A continuación, extracta varios pasajes de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional, de los que deduce que se «otorgó valor de prueba de cargo a estas declaraciones, hasta tres, que se obtuvieron del detenido Mattin Sarasola durante el tiempo de su detención en régimen incomunicación». Una prueba con «valor central, esencial».
Para el recurrente, la decisión del Tribunal Supremo, al no autorizar la revisión de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, sobre la base de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, implica la vulneración del derecho alegado. Con cita y reseña parcial de la STC 252/2000, considera que la motivación del Tribunal Supremo se aleja «de las reglas de la lógica y la razonabilidad», al realizar «en el trámite meramente formal de una autorización, el análisis que correspondería a la Sala en el trámite de revisión». La sentencia de la Audiencia Nacional «rechazaba expresamente cualquier veracidad a las declaraciones de mal trato de los acusados, siendo que, por el contrario, dichas declaraciones fueron declaradas probadas y veraces» por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para el recurrente, se «imponía» una revisión de la sentencia condenatoria, y un «nuevo examen de los términos y valoraciones» contenidos en la misma. Esa exigencia «era y es de tal entidad que la imposibilidad de acceso a dicha revisión […] supone en sí misma una vulneración de las garantías previstas en el art. 24 CE».
b) Vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral con interdicción de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes del art. 15 CE, del art. 3 CEDH y el art. 4 CDFUE.
Según la demanda, la resolución del Tribunal Supremo le impide «toda posibilidad de someter a examen o análisis la cuestión de si en su condena se ha utilizado o no prueba que pueda considerarse nula puesto que obtenida con vulneración de sus derechos fundamentales, en este caso, el derecho fundamental a su integridad física y moral y a no ser sometido a tortura o trato cruel, inhumano o degradante, con evidente menoscabo, en consecuencia, del mismo». La propia interpretación que el Tribunal Supremo realiza sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vulnera «en sí misma» estos derechos. Insiste en que la mayor o menor influencia que, en su caso, hubiera podido tener el maltrato en la declaración de uno de los procesados implica «un análisis de fondo» que se debería llevar a cabo en el marco del recurso de revisión.
c) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y el principio de legalidad penal de los arts. 25 CE y 9.3 CE.
Tras hacer una somera reseña de la doctrina de este tribunal sobre el derecho a la presunción de inocencia y a los requisitos de la prueba de cargo válida, con cita de las SSTC 31/1981, 195/2002 y 347/2006, la demanda considera que las resoluciones impugnadas le privan del único recurso legal previsto en la Ley de enjuiciamiento criminal para determinar si la prueba utilizada para su condena ha de ser declarada nula, al haber sido obtenida con vulneración de sus derechos fundamentales, así como las posibles consecuencias de esa nulidad. Para el Tribunal Supremo, «el mal trato que el Tribunal Europeo describe detalladamente como de gran intensidad y de consecuencias lesivas muy importantes, infligido a los detenidos en los momentos (horas) iniciales de su detención en régimen de incomunicación, no puede considerarse suponga ninguna afectación moral o psicológica (físicas sí las tuvo como se relata) sobre la persona que posteriormente presta declaración, todavía en el marco de esa detención, en manos de agentes del mismo cuerpo policial, en dependencias de dicho cuerpo y todavía en régimen de incomunicación». Sin embargo, esa interpretación hubiera exigido un análisis pormenorizado a través del procedimiento establecido para ello, es decir, del recurso extraordinario de revisión. No hacerlo así supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en relación con la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela efectiva de jueces y tribunales.
4. Por medio de providencia de 19 de abril de 2021, la Sección Cuarta de la Sala Segunda de este tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), «porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y porque puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se ordenaba remitir atenta comunicación a las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a fin de que, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de revisión núm. 21067-18, y al rollo de la Sala núm. 72-07, respectivamente. Del mismo modo, se debía emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo.
5. En fecha 17 de mayo de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal escrito presentado por la procuradora de los tribunales doña Gloria Santiago Mendoza, solicitando que se le tuviera por comparecida y parte en las actuaciones, en nombre y representación de don José Muñoz Álvarez Caballero, bajo la dirección letrada de don César Gutiérrez Vicente.
En fecha 20 de mayo de 2021 hizo lo propio la procuradora doña María Sánchez Mora Montero, en nombre y representación de don Franklin Suárez Ortega Velasco, solicitando designación de letrado de oficio.
En fecha 21 de mayo de 2021, el procurador don José Fuentes Montero Núñez presentó igualmente escrito en el que, bajo la dirección letrada de don Fernando Crespo Alonso, solicitó que se le tuviera por comparecido y parte en las actuaciones, en nombre y representación del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía núm. 27735.
Todos ellos en su condición de parte en el procedimiento judicial de origen, seguido ante la Audiencia Nacional.
En fecha 26 de mayo de 2021, tuvo entrada el escrito del abogado del Estado solicitando que, en la representación que ostenta, se le tuviera por personado y parte en este procedimiento.
6. Por diligencia de ordenación de 27 de mayo de 2021, la secretaría de justicia de la Sala Segunda tuvo por personados y parte en el procedimiento a los comparecidos. En fecha 29 de junio de 2021, tras las comunicaciones correspondientes, se tuvo por designada a la letrada doña Carmen Soto Sáez Santos, para la defensa de don Franklin Suárez Ortega Velasco. Cano, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dispuso dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7. En fecha 20 de julio de 2021, la procuradora de los tribunales doña Gloria Mora Martín presentó el escrito de alegaciones en nombre de don José Muñoz Álvarez Caballero. En el mismo se hace un resumen de los antecedentes del asunto, para comenzar la argumentación afirmando que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede servir como base para la revisión de la sentencia condenatoria dictada contra el ahora recurrente en amparo. A su juicio, el recurso debe ser inadmitido a trámite porque no respeta los términos de la mencionada sentencia. No existe ninguna sentencia nacional o europea que declare la existencia de torturas, ni que declare que las lesiones causadas en el momento de la detención tuvieran como finalidad la obtención de una confesión, ni que tuvieran relación alguna con una declaración auto o hetero inculpatoria y, por lo tanto, con la condena. En definitiva, no hay resolución alguna que establezca que la condena del recurrente fue dictada con vulneración de sus derechos fundamentales.
Subsidiariamente, el recurso debe ser desestimado, porque la resolución del Tribunal Supremo está motivada, al no concurrir causa alguna que justifique la admisión de un recurso de revisión contra la sentencia condenatoria del demandante, por los mismos motivos ya expuestos. Para poder admitir un recurso de ese tipo hubiera sido necesario que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara la influencia de los malos tratos en la declaración de uno de los procesados. Pero no ha sido así. Lo que el recurrente pretende es que el Tribunal Supremo asuma una función de investigación o averiguación de unos hechos, que es incompatible con la naturaleza del recurso de revisión.
Por los mismos motivos, no se puede afirmar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que, en todo caso, se tendría que haber invocado mediante el correspondiente recurso frente a la sentencia condenatoria, lo que no se hizo.
8. En fecha 21 de julio de 2021, la procuradora de los tribunales doña Sonia Rojas Lozano presentó el escrito de alegaciones en nombre de don Franklin Suárez Ortega Velasco.
En primer lugar, alega la falta de concurrencia de la especial trascendencia constitucional. Tras hacer una extensa reseña de la doctrina de este tribunal sobre este presupuesto procesal del recurso de amparo [art. 50.1 b) LOTC], se transcribe parcialmente la demanda y, a continuación, se entra en el fondo del asunto para llegar a la conclusión de que las resoluciones impugnadas no han vulnerado los derechos fundamentales alegados. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no declaró que la condena del recurrente se hubiera obtenido con violación de sus derechos. Lo que pretende la demanda es una nueva instancia judicial. En definitiva, no concurrían los requisitos exigidos en la Ley de enjuiciamiento criminal para autorizar la interposición de un recurso de revisión.
9. En fecha 29 de julio de 2021, el abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones, en el que solicitó la desestimación del recurso de amparo.
Tras hacer una reseña de los antecedentes del caso y delimitar el objeto del recurso, considera que el auto del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2019 es una resolución suficientemente motivada, que da respuesta en Derecho a la pretensión ejercitada, tal y como fue planteada, sin que, por tanto, se haya producido indefensión. El recurso de revisión no está concebido como un proceso para ejecutar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esta no implica, necesariamente, la reapertura de un proceso penal firme, porque dicho tribunal no es un tribunal penal ni implica una nueva instancia penal. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado español a abonar una indemnización a los recurrentes por entender vulnerado un derecho reconocido en el CEDH, pero su pronunciamiento no exige una revisión de la condena impuesta. Eso solo se produciría si, en su caso, concurrieran los requisitos previstos para ello en el art. 954 LECrim, lo que ha sido motivadamente descartado por el Tribunal Supremo en la resolución impugnada.
Por el mismo motivo, tampoco puede hablarse de una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Esta presunción fue destruida en el juicio oral que dio lugar a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no restaura la inocencia de los demandantes, no dice que fueran inocentes o que no hubieran cometido el delito por el que se les condenó. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no revoca la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, declarada firme.
Finalmente, tampoco puede hablarse de una vulneración del derecho a la integridad física y moral. A juicio del abogado del Estado, la pretensión formulada supone un desenfoque sustantivo y procesal. Los malos tratos fueron objeto de un procedimiento diferente, en el que se dictó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó al estado español a indemnizar a los recurrentes. Por lo tanto, la vulneración alegada ya fue objeto de reparación por el Tribunal Europeo.
10. En fecha 8 de octubre de 2021, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones, en el que solicitó la desestimación del recurso de amparo.
En primer lugar, se hace una amplia reseña de la argumentación obrante en todas y cada una de las sentencias que entiende relevantes para la resolución del presente recurso, así como del resto de antecedentes que consideró de interés para esta causa, incluyendo el contenido en la demanda.
En segundo lugar, se expone la doctrina de este tribunal sobre la aplicación del CEDH y la ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte del Tribunal Supremo (STC 7/2004 y ATC 27/2017), para continuar con la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en general (ATC 10/2019 y SSTC 196/2002 y 292/2005), y aplicada al recurso de revisión en particular, con cita y reseña parcial de las SSTC 240/2005 y 59/2006, así como del ATC 37/2010. Seguidamente, se aborda la doctrina sobre la necesidad de un canon reforzado de motivación cuando resultan concernidos los derechos reconocidos en los arts. 15 y 17 CE (SSTC 140/2007 y 34/2008); así como la jurisprudencia sobre el derecho a la presunción de inocencia (SSTC 7/2004 y 111/2011), y en relación con el ambiente de intimidación que se proyecta, aún cesada la violencia (SSTC 7/2004 y 130/2016).
En tercer lugar, entrando ya a la cuestión de fondo, el fiscal considera que la resolución impugnada «ofrece una respuesta que resulta suficiente y acomodada al canon de motivación constitucional reforzado, que no puede desvincularse de las circunstancias y contenido de las resoluciones judiciales preexistentes». Así, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fue dictada en un proceso penal, y tampoco declaró que la confesión de uno de los procesados hubiera sido obtenida mediante violencia o coacción. De hecho, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se refiere a los hechos enjuiciados por la Audiencia Nacional, que determinaron la condena de los recurrentes, sino a los que fueron objeto de la sentencia Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en la que se condenó inicialmente a los guardias civiles que practicaron la detención de aquellos. La citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha transformado las lesiones, que nunca se han negado, en malos tratos indagatorios. Por tanto, no concurría el requisito previsto en el art. 954.1 a) LECrim para autorizar la interposición de un recurso de revisión.
En realidad, ninguna sentencia ha establecido una conexión entre las lesiones y la confesión de uno de los procesados. Ni siquiera la sentencia Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que condenó a cuatro guardias civiles por torturas, estableció esa conexión. Por el contrario, los malos tratos aparecen desconectados de la confesión, en tres aspectos: (i) temporal, porque se produjeron en fecha distinta; (ii) espacial, porque se produjeron en lugares distintos, y (iii) personal, porque la confesión se produjo ante guardias civiles distintos de los que practicaron la detención. Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a esos guardias civiles analizó los hechos desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia y, en consecuencia, no alteró la naturaleza y finalidad de los malos tratos. Finalmente, la sentencia de la Audiencia Nacional descartó expresamente la relación entre los malos tratos y la confesión de uno de los procesados. Una sentencia que no fue impugnada por los recurrentes, y que ahora pretende revisarse por esta vía.
Para el fiscal, tampoco puede establecerse un vínculo entre los malos tratos y la posible persistencia de su efecto intimidatorio. La situación de violencia se produce en un momento y lugar (6 de enero de 2008 en Guipúzcoa) alejados de la confesión (manifestada el 9 de enero de 2008 en Madrid). En todo caso, la propia naturaleza de los malos tratos, calificados como de carácter vindicativo por todas las resoluciones judiciales dictadas, impide establecer esa conexión.
Conforme a todo lo anterior, el fiscal considera que el auto del Tribunal Supremo, ahora impugnado, lo único que hace es: (i) constatar que «no existe una sentencia firme en juicio penal que declare que la confesión fue arrancada con violencia o coacción»; (ii) «poner en evidencia la ausencia de cualquier soporte que permita establecer una conexión entre los malos tratos y la confesión»; (iii) resaltar que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «declara la vulneración del art. 3 CEDH, pero en modo alguno declara que resulte acreditado […] la existencia de unas torturas indagatorias, lo que excluye su influencia en la confesión prestada», y que esa misma sentencia «no declara […] que la SAN cuya revisión se pretende fue dictada con vulneración de los derechos del CEDH». Por lo tanto, «no cabe ahora […] una expansión injustificada de los malos tratos vindicativos […], transmutando su naturaleza en indagatoria, sin soporte alguno que lo avale en las distintas resoluciones judiciales, incluida […] la STEDH».
En conclusión, el cierre del proceso de revisión no fue irrazonable y contenía una motivación reforzada –formal y sustantiva–, con una interpretación del art. 954 LECrim coherente con los antecedentes judiciales, incluida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Descartadas las vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y a la integridad física y moral con interdicción de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), el fiscal considera que también debe descartarse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). No existiendo elementos que acrediten la afectación de la confesión por los malos tratos, no resulta alterada la naturaleza legítima de la obtención y validez de la prueba de confesión.
11. Por diligencia de ordenación de fecha 14 de octubre de 2021, se dio por concluso el procedimiento, sin que la representación del recurrente ni la del miembro del Cuerpo Nacional de Policía núm. 27735 hayan presentado escritos de alegaciones.
12. La Sala Segunda, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2021, acordó proponer la avocación al Pleno del presente recurso de amparo.
13. Mediante providencia de 10 de febrero de 2022, el Pleno de este tribunal acordó recabar para sí el conocimiento de este recurso de amparo.
14. Por providencia de 10 de mayo de 2022, se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Delimitación del objeto del recurso y pretensiones de las partes.
a) Objeto del recurso.
Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes de hecho, el presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación del auto de 18 de marzo de 2019 y de la providencia de 21 de febrero de 2020, dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco del procedimiento núm. 21067-2018. En síntesis, el auto acordó no autorizar la interposición de un recurso extraordinario de revisión en relación con la sentencia condenatoria núm. 18/2010, de 21 de mayo, de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional; mientras que la providencia inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el citado auto.
b) Pretensiones de las partes
La pretensión del recurrente se basa en la STEDH de 13 de febrero de 2018, que declaró la vulneración del art. 3 CEDH, por la existencia de malos tratos contra uno de los procesados por parte de los guardias civiles que procedieron a su detención. Eso determinaba, según el recurrente, la invalidez de las declaraciones de ese procesado, que precisamente habían sido utilizadas como prueba de cargo para justificar la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional. En todo caso, el demandante entiende que las consideraciones realizadas en las resoluciones impugnadas implicaban una valoración sobre el fondo de la pretensión, que hubiera exigido la admisión y tramitación del recurso de revisión. Al no autorizarse su interposición, las resoluciones impugnadas suponen, según la demanda, una vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la integridad física y moral, con proscripción de la imposición de penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la representación de dos de las partes personadas interesan la desestimación del recurso, considerando que no concurrían los requisitos exigidos en el art. 954 LECrim para autorizar la interposición de un recurso de revisión. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fue dictada en el marco del proceso penal condenatorio, sino en otro diferente. En cualquier caso, el pronunciamiento del Tribunal Europeo no declaraba probada la existencia de torturas orientadas a obtener una confesión, por lo que no podía provocar los efectos pretendidos en la demanda. En consecuencia, las resoluciones impugnadas no han incurrido en vulneración alguna de los derechos invocados por el recurrente.
c) Orden de enjuiciamiento.
La pluralidad y heterogeneidad de las cuestiones invocadas por las partes aconsejan, según el mejor criterio de este tribunal [STC 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 b), por todas], un orden de enjuiciamiento conforme a un esquema en el que, en primer lugar, se abordarán los óbices procesales planteados. Para el caso de que fueran desestimados, procederá exponer la doctrina de este tribunal sobre los derechos fundamentales afectados por la decisión de no autorizar la interposición de un recurso de revisión. Una vez aplicada esa doctrina al caso concreto, se entrará a analizar, en su caso, el resto de vulneraciones sustantivas alegadas en la demanda.
2. Óbices procesales. Desestimación.
La representación de don Franklin Suárez Ortega Velasco ha planteado en su escrito de alegaciones la posible concurrencia de un óbice procesal, consistente en la falta de especial trascendencia constitucional del recurso, solicitando su inadmisión a trámite por ausencia de este presupuesto exigido en el art. 50.1 b) LOTC.
Esta objeción procesal, que en realidad ha de entenderse referida al fondo del asunto, debe ser rechazada. Conforme a reiterada doctrina constitucional, el momento procesal idóneo para el análisis del cumplimiento de este requisito material de admisibilidad es el trámite de admisión de la demanda de amparo, correspondiendo únicamente a este tribunal apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa especial trascendencia constitucional, esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, «a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» (por todas, SSTC 166/2016, de 6 de octubre, FJ 2; 136/2017, de 27 de noviembre, FJ 2; 80/2020, de 15 de julio, FJ 2, y 155/2020, de 4 de noviembre, FJ 2).
En el presente caso, este tribunal acordó la admisión a trámite del recurso por los motivos contemplados en las letras a) y b) del FJ 2 de la STC 155/2009, ya reseñados. Los términos en los que está planteada la demanda permiten a este tribunal valorar si nuestra doctrina debe ser modificada o no y, en su caso, en qué términos, a la vista de la nueva regulación de los requisitos exigidos para autorizar la interposición de un recurso de revisión, tras la reforma del art. 954 LECrim llevada a cabo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Una reforma que ha introducido nuevos elementos de ponderación en el análisis sobre la prosperabilidad de una solicitud de revisión, que han de ser interpretados conforme a parámetros de constitucionalidad.
Por lo demás, las anteriores precisiones se formulan en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que, conforme a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015, dictada en el asuntoArribas Antón c. España,§ 46, exige explicitar no solo los criterios de definición del requisito material de la especial trascendencia constitucional (como ya hiciera la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2), «sino también su aplicación en los asuntos que se admiten a trámite, con el fin de asegurar con ello una buena administración de la justicia» (por todas, STC 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 2). En todo caso, este tribunal no advierte que concurran razones para reconsiderar la decisión adoptada en su momento acerca de la concurrencia de una especial trascendencia constitucional en el presente recurso de amparo.
La indudable trascendencia constitucional de este recurso no ha sido desvirtuada por la representación de la parte personada en esta causa. Más allá de una reseña de diversas resoluciones de este tribunal en las que se hace referencia a la exigencia del citado presupuesto procesal, el escrito de alegaciones aparece huérfano de una mínima justificación que permita descartar su concurrencia. La ausencia de un desarrollo argumental específico sobre la pretensión planteada, al margen de su mero enunciado, conduce necesariamente a su desestimación.
3. Doctrina constitucional sobre la revisión de sentencias firmes en el proceso penal.
Como se ha expuesto, este tribunal dispone de un cuerpo doctrinal sobre la revisión de sentencias firmes en el proceso penal que, en lo que ahora interesa, puede concretarse en dos aspectos relevantes: (i) la naturaleza de este procedimiento de revisión, y (ii) el derecho fundamental afectado en el caso de la inadmisión de la solicitud de autorización para su interposición.
a) Sobre la naturaleza del procedimiento de revisión penal.
Desde la STC 124/1984, de 18 de diciembre, FJ 6, este tribunal ha venido afirmando que «el recurso de revisión, encaminado a la anulación de una sentencia firme y que significa en consecuencia una derogación al principio preclusivo de la cosa juzgada, exigencia de la seguridad jurídica, es por su propia naturaleza un recurso extraordinario, históricamente asociado al derecho de gracia y sometido a condiciones de interposición estrictas. Sin negar que, como tal recurso extraordinario, obedezca a las preocupaciones propias del art. 24 de la Constitución, su existencia se presenta esencialmente como un imperativo de la justicia, configurada por el art. 1.1 de la Constitución, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, como uno de los "valores superiores" que propugna el Estado social y democrático de Derecho en el que España, en su virtud, se constituye. Es una exigencia de la justicia, tal y como la entiende el legislador constituyente, estrechamente vinculada a la dignidad humana y a la presunción de inocencia, por cuanto el factor por el que resultó neutralizada esta en la sentencia cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado por datos posteriores que la restablecen en su incolumidad. Bien cabe afirmar que, dados los supuestos que para su interposición se exigen, tal recurso, independientemente de los ya existentes en el procedimiento en aras del descubrimiento de la verdad penal y de la consecución del fallo más adecuado, es un postulado inexcusable de la justicia, por cuanto la circunstancia que permite acudir a él implica un hecho o medio de prueba que venga con posterioridad a evidenciar la equivocación del fallo. Y el fin del proceso penal, como medio para la fijación de la verdad de los hechos y de su consiguiente tratamiento legal, no puede conducir a que el efecto preclusivo de la sentencia condenatoria pueda prevalecer». Por ello, el «recurso de revisión penal, recurso extraordinario frente a una sentencia firme, está sometido, como se desprende de una consideración de Derecho comparado, a condiciones variables, a modo de cautelas, tendentes a mantener el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y de la seguridad jurídica». Esta idea central aparece reiterada, entre otras, en las SSTC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5; 123/2004, de 13 de julio, FJ 3, y 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5 c).
Posteriormente, esta doctrina fue evolucionando desde la consideración de la revisión como un recurso hacia su valoración como un medio de impugnación autónomo, es decir, como un nuevo procedimiento con su objeto propio. Así se afirma en la citada STC 150/1997, FJ 3, cuando destaca que «a pesar de que la Ley de enjuiciamiento criminal califique como "recurso" a la revisión, en puridad no estamos ante una reivindicación relativa al acceso a los sucesivos recursos […] sino que se trata más bien de una vía de impugnación autónoma». Y en el mismo sentido se pronunció la STC 123/2004, FJ 4 a). Esta evolución no afectaba a su carácter de remedio procesal «extraordinario», ni alteraba su fundamento de elemental justicia que debía ser debidamente ponderado con el principio de seguridad jurídica. En cualquier caso, la nueva consideración de su naturaleza ha resultado determinante del derecho fundamental afectado cuando, como en el presente caso, se dicta una resolución que inadmite la autorización para interponer esta vía procesal de revisión de sentencias condenatorias firmes.
b) Sobre el derecho fundamental afectado en caso de inadmisión del recurso.
En efecto, como señala la STC 150/1997, FJ 3, la naturaleza del recurso de revisión como «una vía de impugnación autónoma» aproxima al «problema de constitucionalidad […] del acceso a la jurisdicción», no del derecho al recurso. Por ello, «el enjuiciamiento constitucional del presente caso no debe limitarse a controlar la existencia de motivación en la decisión de inadmisión y la razonabilidad de la misma, sino que aquí opera el principiopro actione"entendido […] como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican" (STC 88/1997, FJ 2)».
La posterior STC 240/2005 ratificó esta idea al «afirmar que la denegación de acceso al legalmente denominado "recurso de revisión" es una denegación de acceso a la jurisdicción y no, frente a la apariencia, una denegación de acceso a un recurso. La precisión es importante porque a la vista de la diferente trascendencia de cada manifestación de la tutela judicial son diferentes sus contenidos esenciales, resultando a partir de ello más incisivo el canon de control constitucional del primer tipo de decisiones que el del segundo […]. Así, en efecto, mientras que son constitucionalmente aceptables las decisiones de inadmisión del recurso –cuya existencia, por lo demás, no viene constitucionalmente impuesta, salvo en materia penal a favor del condenado– que no supongan una interpretación de la legalidad procesal manifiestamente irrazonable, arbitraria o fruto del error patente, las reglas de acceso a la jurisdicción no pueden interpretarse de un modo rigorista, o excesivamente formalista, o de cualquier otro modo que revele una clara desproporción entre los fines que estas reglas preservan y los intereses que sacrifican (SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 295/2000, de 11 de diciembre, FJ 2; 123/2004, de 13 de julio, FJ 3; 133/2005, de 23 de mayo, FJ 2)» [FJ 5 a)].
Este canon de control de constitucionalidad propio del derecho de acceso a la jurisdicción ha sido descrito, más recientemente, y entre otras muchas, en la STC 141/2020, de 19 de octubre. En esta resolución se señala que, «dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de verificarse de forma especialmente intensa, a través de los criterios que proporciona el principiopro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan, sino como la interdicción de aquellas decisiones impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican. Esto implica la exigencia de que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente laratiode la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de ella impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (así, SSTC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4; 80/2020, de 15 de julio, FJ 3, y 89/2020, de 20 de julio, FJ 3)» (FJ 3).
En definitiva, de lo expuesto hasta el momento se puede concluir que el denominado «recurso de revisión» es un instrumento procesal autónomo que pretende la revocación de una sentencia condenatoria firme, y que encuentra su fundamento en razones de justicia, una vez constatada la existencia de hechos o elementos que pongan de manifiesto la improcedencia de la condena. La necesidad de preservar la seguridad jurídica le confiere una naturaleza extraordinaria, lo que