Categoría: Administración

emás requisitos que, en su caso, se establezcan en la correspondiente convocatoria.
En caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos documentos acreditativos. La no aportación o aportación fuera de plazo conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda y dará lugar a la posibilidad por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de acudir a la relación de solicitantes descrita en el artículo 18 para formular, en su caso, nuevas propuestas de resolución.
La garantía se liberará una vez emitida la certificación final tras la justificación del proyecto, proporcionalmente a su resultado y, en su caso, tras el ingreso por el beneficiario de los reintegros que se establezcan. En caso de que estos reintegros no fueran atendidos se procederá a la incautación de las garantías por los importes que procedan en concepto de principal e intereses de demora. También se liberará la garantía en caso de renuncia por el beneficiario a la ayuda, una vez reintegrado su importe e intereses de demora.
4. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que el beneficiario haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo.
1. Según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada. Todas las referencias que se hagan en estas bases a los límites e importes de la subcontratación serán aplicables a cada uno de los beneficiarios individualmente.
2. Los beneficiarios podrán subcontratar parte de la ejecución del proyecto. Esta subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) del importe del proyecto subvencionable.
3. Cuando el importe de la ayuda sea superior a 60.000 euros y la subcontratación exceda del veinte por ciento (20 %) del importe de dicha ayuda, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
4. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas o entidades señaladas en el en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Los subcontratistas deberán reunir los mismos criterios de solvencia técnica requeridos a los beneficiarios.
6. En lo demás, las subcontrataciones se realizarán de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en caso de que en ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
1. Las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con cualesquiera otras procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre y cuando de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, las ayudas se refieran a costes subvencionables diferentes. Se considera que serán costes subvencionables diferentes aquellos que en el mismo periodo de tiempo no tengan la misma finalidad.
2. En todo caso, los beneficiarios de las ayudas deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la obtención de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie las actividades subvencionadas tan pronto esté en conocimiento de dicha obtención, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, tal y como establece el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Serán subvencionables los gastos en que incurra el beneficiario para la realización de las actuaciones del proyecto subvencionable que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases, siempre que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen, paguen y justifiquen en los plazos establecidos en estas bases, incluyendo:
a) Los costes de personal, investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto.
b) Los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
c) Los costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en lo que respecta a los edificios, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados; en el caso de los terrenos, serán subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se haya incurrido.
d) Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes.
2. Las instrucciones sobre los gastos a imputar a los diferentes conceptos susceptibles de ayuda, así como las limitaciones de los mismos, se establecerán en las convocatorias.
3. Costes directos: Costes que sean inequívocamente identificables con una actividad subvencionada y cuyo nexo con tal actividad pueda demostrase de manera indubitada. Se podrán subvencionar los siguientes costes directos:
a) Costes de personal:
1.º Se admitirán como costes de personal los gastos de trabajadores con contrato laboral con el beneficiario que cobren por nómina, incluyendo los costes de aquellos que ostenten la condición de socio de la entidad beneficiaria y que trabajen en el proyecto en proporción al número de horas de trabajo efectivo imputadas al mismo.
2.º Asimismo, se admitirán en este apartado, los costes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes cuando esta circunstancia se pueda acreditar.
3.º Dentro de este apartado no se incluirán los costes de las áreas transversales de la entidad, dado que se consideran incluidos en los costes indirectos.
b) Costes de servicios prestados por personal externo, contrataciones y subcontrataciones:
1.º Serán subvencionables los costes de servicios prestados por personal externo, siempre que dichos costes puedan identificarse claramente.
2.º La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Los costes de instrumental y material inventariable en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En caso de que estos no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán financiables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.
d) Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia.
e) Para los costes descritos en los puntos 3.b) y 3.d), el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso a la prestación del servicio, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para un contrato menor en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención concedida.
4. Costes indirectos: Incluye los costes generales suplementarios y otros gastos de explotación adicionales que, sin ser imputables a una actividad subvencionada concreta, son necesarios para que esta se lleve a cabo. En su caso, las convocatorias establecerán las condiciones para la elegibilidad y la justificación de estos costes.
5. Se permite imputar como gasto subvencionable los gastos asociados a los informes de auditoría externa que el beneficiario debe presentar de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, que se estiman en un máximo de un 1 por ciento del presupuesto total subvencionable.
6. No se consideran subvencionables las siguientes tipologías de gastos:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros tributos y tasas, de tipo nacional, autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a la legislación aplicable.
b) Los intereses de las deudas.
c) Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales.
d) Los gastos derivados de procedimientos judiciales.
e) Gastos financieros.
f) Gastos de infraestructura y obra civil.
g) Los gastos realizados fuera del plazo de ejecución establecido en cada convocatoria.
h) Los gastos asociados a la realización de actuaciones no declaradas como subvencionables en el marco de las presentes bases.
i) Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la obtención de las presentes ayudas.
j) Costes de garantías.
7. En todo caso, los costes subvencionables computarán desde el momento de la fecha de inicio del proyecto considerándose como tal la fecha de notificación al beneficiario de la concesión de la ayuda.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y al artículo 10 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tiene competencia para la convocatoria, gestión, seguimiento, resolución, concesión, abono y, en su caso, la declaración de procedencia de reintegro de las subvenciones reguladas en las presentes bases; competencias que ejercitará conforme a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y estas Bases.
2. Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y resolver los procedimientos de concesión de las mismas, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es Dirección General de Telecomunicaciones y de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
4. La Dirección General de Telecomunicaciones y de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual será el órgano gestor y encargado del seguimiento de las ayudas.
5. La División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por los beneficiarios de las ayudas, de acuerdo con la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.
6. La orden de incoación de expediente sancionador por incumplimiento de lo previsto en esta orden, en la correspondiente convocatoria o en la normativa en materia de subvenciones será dictada por el Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. La resolución del expediente sancionador será dictada por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
1. Los plazos de solicitud y ejecución se establecerán en las convocatorias correspondientes. En todo caso, el plazo máximo para la presentación de solicitudes será de tres meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones correspondientes a este procedimiento se realizarán mediante publicación en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Adicionalmente, se podrán realizar notificaciones individuales por comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 de la citada Ley. En todo caso, si se realizara una misma notificación por ambos medios, cualquier plazo relacionado con la misma se contabilizará a partir de la fecha de la publicación de la notificación en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
3. En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, todas las notificaciones relacionadas con los procedimientos de pérdida de derecho de cobro, reintegro y justificación se realizarán en todo caso por comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, según lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. El procedimiento para la concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por Resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de conformidad con lo previsto en el artículo 15. El extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
2. Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a lo establecido en la Orden IET/2531/2012, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en los procedimientos de licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones, los solicitantes podrán presentar solicitud únicamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con certificado digital válido y compatible con ésta, donde deberán cumplimentar el formulario electrónico que se habilitará al efecto.
Asimismo, se pondrá a disposición de todos los interesados la información relativa a estas ayudas en el Portal de Ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
https://portalayudas.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx.
La solicitud podrá presentarse por cualquier representante legal con capacidad suficiente para representar a la entidad solicitante.
3. En la convocatoria se establecerá la documentación a presentar.
4. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado en los términos previstos en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Concluido el plazo de subsanación, se dictará Resolución incorporando la relación de solicitudes inadmitidas porque no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria y aquellas solicitudes que, no habiendo subsanado las deficiencias en plazo, se tengan por desistidas.
5. Las solicitudes se presentarán a través del formulario específico, publicado en la sede electrónica. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las presentes bases y de la correspondiente convocatoria y la declaración de la veracidad de toda la información que se presente.
La solicitud se acompañará de una declaración responsable donde el solicitante indica que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las presentes bases y la convocatoria correspondiente. Tanto la solicitud como todos los documentos deberán estar, al menos, en castellano y deberán estar firmados digitalmente por un representante debidamente apoderado del solicitante. En el caso de que la entidad solicitante cuente con representación mancomunada, la firma deberá realizarse por todos los representantes que sean necesarios.
6. Los solicitantes, en el formulario de solicitud, podrán autorizar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a recabar los datos relativos a algunos de los documentos exigidos, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarlos. En el propio formulario de solicitud se especificará para la obtención de qué datos se puede autorizar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
7. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación complementaria para acreditar la veracidad de la documentación presentada.
8. En el caso de que un solicitante altere o falsifique la documentación presentada, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales aplicará la normativa prevista para estos supuestos y que se establecen en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en su caso, en el artículo 308 Código Penal.
9. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales no admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad al plazo de solicitud establecido en la convocatoria, ni las recibidas por canales diferentes al formulario en la sede electrónica.
1. El órgano instructor será la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Dicho órgano realizará de oficio cuantas actuaciones de comprobación sean pertinentes para la determinación y conocimiento de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión de las ayudas.
2. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación que se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y estará formada por los siguientes miembros, que se designarán a propuesta de los titulares de las unidades a las que pertenezcan dichos miembros, por el órgano instructor:
a) Presidente: El titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Vicepresidente: Titular de la Subdirección General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
b) Vocales: Un representante, con rango mínimo de Subdirector General Adjunto o equivalente, designado por cada uno de los siguientes órganos directivos:
a. La Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
b. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
c. La Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
d. División de Programación Económica y Contratación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
c) Secretario: Un funcionario de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, nombrado por el presidente, con voz, pero sin voto.
3. La comisión de evaluación regirá su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Los componentes de la Comisión de evaluación aportarán declaración de ausencia de conflicto de intereses en la reunión de constitución de la citada Comisión.
5. Los miembros de la Comisión de Evaluación podrán ser sustituidos por las personas que designe el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales siempre que reúnan las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3. La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, o de las personas que, en su caso, les sustituyan.
6. La Comisión de Evaluación podrá recabar, si lo considera oportuno, informes externos para la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor elaborados por expertos. La Comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta los criterios de valoración descritos en el artículo 10.
Para el análisis de las solicitudes y su mejor valoración, y si así lo estableciera la convocatoria, se podrá dar audiencia a los solicitantes que hubieran superado un umbral establecido, para que realicen una presentación de su propuesta, y den respuestas a las preguntas que se les puedan plantear por parte del órgano instructor y de la Comisión de Evaluación.
7. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación será atendido por los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
8. Se elaborará una relación de solicitudes en estricto orden de prelación, de acuerdo con la puntuación obtenida.
9. La Comisión de Evaluación irá asignando las ayudas a cada solicitante de la relación de solicitudes, en orden de mayor a menor puntuación obtenida, hasta que el remanente a asignar sea inferior al presupuesto de ayuda solicitado o termine la relación de solicitudes.
10. Los solicitantes a los que no se les asigne ayuda, verán su solicitud desestimada, pero formarán parte de una relación de solicitantes para el caso de que se produzcan remanentes en la asignación de fondos en los casos previstos en el artículo 19 de estas bases.
11. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. Una vez analizado el expediente y el informe de la Comisión de Evaluación, de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, el Órgano Instructor formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados para que, en el plazo previsto en la convocatoria, presenten sus alegaciones.
12. Examinadas las alegaciones presentadas, el Órgano Instructor formulará una propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el listado de solicitantes a los que se propone la concesión de la ayuda y la cuantía de ayuda propuesta, junto con la evaluación y los criterios de valoración seguidos. Dicha propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados para que presenten la documentación que se precise en la convocatoria y comuniquen su aceptación de la ayuda en el plazo que se indique en la correspondiente convocatoria.
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
1. Recibidas las aceptaciones o renuncias de los interesados propuestos como beneficiarios así como la documentación acreditativa de dicha condición de acuerdo con la convocatoria, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva al Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, quien dictará la correspondiente resolución de concesión, estableciendo el orden de prelación de las solicitudes en virtud a su valoración e identificando los beneficiarios y la descripción de la ayuda concedida.
2. La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. La resolución se motivará de tal forma que queden suficientemente acreditados en el procedimiento los fundamentos de las decisiones que se adopten. Asimismo, y de acuerdo con el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales notificará la resolución a los solicitantes a través de su publicación en su sede electrónica y la remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis meses desde la publicación de la convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
5. La resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha notificación de la misma, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6. Una vez resuelta la convocatoria, en el caso de que existan fondos sin asignar, el órgano instructor podrá formular nuevas propuestas de resolución definitivas a favor de aquellos solicitantes cuyas propuestas hayan sido desestimadas por falta de fondos, que serán tramitadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y de acuerdo con el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez notificada la primera propuesta de resolución, y en caso de que se formulen nuevas propuestas de resolución, se procederá a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 9 del artículo 18.
7. En el caso de que el beneficiario propuesto no acepte la propuesta de resolución definitiva o renuncie a la ayuda, se publicará y notificará al siguiente solicitante de la relación de solicitantes desestimados con puntuación suficiente que haya superado la fase de evaluación, propuesta de resolución definitiva para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a su aceptación.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones reguladas en esta orden y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o internacionales, podrá dar lugar a la modificación o revocación de las resoluciones de concesión.
2. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se recojan en las convocatorias correspondientes o en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas recogidas en la resolución de concesión de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. Asimismo, el órgano responsable del seguimiento podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones financiadas con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
3. Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo tres meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto en la convocatoria y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.
4. Se podrá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una modificación de resolución las siguientes:
a) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la adjudicación.
c) Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los términos inicialmente definidos.
5. No podrán autorizarse modificaciones que conlleven:
a) Prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos que superen la mitad del periodo original establecido en la resolución de concesión.
b) La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre y cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto.
c) Se tendrá que respetar el importe máximo del presupuesto total subvencionable aprobado, el umbral exigido para cada tipo de gasto en la correspondiente convocatoria y la cuantía de la ayuda concedida. En el caso de que el gasto supere los importes aprobados, el beneficiario correrá a cargo del importe excedido, considerándose gasto no subvencionable.
6. Se entenderán autorizados, sin necesidad de modificar la resolución de concesión, los trasvases de importes entre las tipologías de gastos subvencionables recogidas en el artículo 14, siempre que dichos trasvases no superen el veinte por ciento (20 %) entre tipología de gastos y se realicen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 y su normativa de desarrollo.
1. La justificación del proyecto se realizará de acuerdo con la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, establecida en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades financiadas en el marco de esta orden en los tres meses siguientes a la finalización de la actuación.
3. El beneficiario deberá ejecutar todas las actuaciones incluidas en el proyecto subvencionable y hacerse cargo de todos los gastos derivados de las mismas, incluyendo los impuestos indirectos aplicables, antes de presentar la documentación justificativa ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 y según la resolución de concesión y las sucesivas de modificación que pudieran existir.
4. La cuenta justificativa estará compuesta por:
a) Memoria técnica, en la que se describirán las actividades realizadas y el cumplimiento de los hitos marcados.
b) Memoria económica, que reflejará una relación del gasto subvencionable por las actividades realizadas, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. El contenido de la memoria económica será el establecido en el artículo 72.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Otra documentación soporte que se determine en la correspondiente convocatoria.
5. La cuenta justificativa se acompañará de un informe de auditoría contable y técnica emitido al beneficiario, elaborado por un auditor con inscripción vigente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
6. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales realizará las acciones que considere oportunas para supervisar, por sí mismo o a través de un tercero, el trabajo realizado por el auditor en relación con las ayudas que se concedan con arreglo a estas bases. Está supervisión podrá alcanzar tanto al proceso de selección y contratación del auditor por parte del beneficiario, como al resultado del trabajo realizado por el auditor.
7. El informe de auditor, indicado en el apartado 5, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio aprobada por Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo. En la elaboración de dicho informe se deberá tener en cuenta, además, lo siguiente:
a) Se comprobará que los justificantes de gastos (facturas, nóminas, etc.) y pagos se corresponden con los originales y cumplen con la normativa correspondiente en cada caso.
b) La cuenta justificativa, que consta de una memoria técnica y de una memoria económica, se considerará anexada al informe cuando todas sus páginas, cuenten con un visado del auditor que permita establecer de forma irrefutable la vinculación entre estas memorias y el informe.
c) Se verificará que la naturaleza, cantidad y características de la totalidad de los gastos se corresponden a los fines para los que se concedió la subvención y que son elegibles, de acuerdo con las bases reguladoras, la convocatoria y la resolución de concesión y, además, que cumplen con la normativa de aplicación. Se detallarán los resultados de dicha verificación.
d) Se comprobará que los gastos y pagos son elegibles y fueron realizados y pagados dentro del período subvencionable. Sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando resulte directamente aplicable, se deberá verificar que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías para un contrato menor establecidas en esa Ley de Contratos del Sector público, el beneficiario ha solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso, y la elección se realizó con criterios de eficiencia y economía, justificando expresamente en la memoria económica de la cuenta justificativa, la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
e) Se verificará que en los registros contables del beneficiario hay constancia de la contabilización de los ingresos y gastos correspondientes a la actividad subvencionada, así como del pago de dichos gastos. Se verificará además que el beneficiario mantiene un sistema de contabilidad separado o bien asigna un código contable adecuado para todas las transacciones relativas al proyecto subvencionado, dejando en este último caso, constancia de tal código.
f) Se comprobará que el beneficiario no haya recibido otras ayudas públicas para el mismo proyecto que superen los umbrales establecidos en el artículo 13, así como lo establecido en artículo 8 de esta orden de Bases.
g) Se comprobará el cumplimiento de las obligaciones de publicidad que se hayan establecido en las convocatorias y de acuerdo con el procedimiento de justificación que estas determinen.
8. La justificación del proyecto se deberá presentar a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades financiadas en el marco de esta orden en un hito único o en varios hitos y en los términos que se determine en las convocatorias.
9. Sólo se admitirán gastos asociados a las actuaciones realizadas dentro del plazo de ejecución y justificados dentro del plazo de justificación establecidos en cada convocatoria.
10. No se autoriza la cesión, transmisión o cualquier otra modalidad similar que ofrezca como garantía las subvenciones de la convocatoria.
11. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá revisar toda la documentación aportada para la justificación pudiendo requerir al beneficiario cuanta información adicional considerase necesaria. El beneficiario deberá facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto subvencionable. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, así como otros órganos de control de la Administración General del Estado, podrán contar con auditores externos para realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos del proyecto.
12. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se reserva el derecho a elaborar directamente el informe de auditoría indicado en el apartado 6 de este artículo, así como realizar todas las actuaciones de verificación de la ejecución de los proyectos seleccionados.
13. No se admitirán como justificación, ni el pago en metálico, ni los pagarés, ni los cheques nominativos o al portador.
14. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable del seguimiento emitirá certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda.
15. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
16. Los beneficiarios deberán guardar en un formato electrónico toda la documentación relativa a la ayuda concedida durante el plazo de cinco años, en los términos detallados en la convocatoria de ayudas.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. En las publicaciones, equipos, material inventariable, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como entidad financiadora.
1. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en estas bases, en la correspondiente convocatoria y demás normas aplicables, nacionales o europeas, así como de las condiciones particulares que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Se producirá el reintegro por parte de los beneficiarios de la totalidad de la ayuda en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Se producirá el reintegro por parte de los beneficiarios de la totalidad de la ayuda en caso de incumplimiento de la obligación de mantener un mínimo del 25 % de mujeres en el proyecto, que supone una condición exigible y comprobable por la Administración a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Si por efecto de una razón sobrevenida (rotación de personal, baja laboral, etc.), la entidad adjudicataria viera disminuido el porcentaje, deberá comunicar este hecho a la entidad adjudicataria y proceder a la subsanación en el plazo máximo de un mes. Si, el porcentaje mínimo exigido se incumpliera a lo largo de 60 días se perderá la condición de beneficiario y se iniciará el procedimiento de reintegro.
4. Se considerará incumplimiento total el equivalente a una ejecución inferior al cincuenta por ciento (50 %) del presupuesto o la constatación, durante la ejecución del proyecto o en las actuaciones de comprobación de la ayuda de una desviación importante de la actividad subvencionable en los términos previstos en la resolución de concesión y del plan de entregables establecidos en la memoria del proyecto. Cuando la ejecución del presupuesto por parte del beneficiario sea igual o superior al cincuenta por ciento (50 %) y se acredite por este una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de justificación, que dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente al gasto no efectuado o no justificado.
b) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 22, será causa del reintegro parcial del 25 % de la ayuda concedida.
No obstante, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra, y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) La realización de modificaciones y desviaciones menores no autorizadas en el proyecto subvencionable, con las excepciones previstas en el artículo 20, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.
5. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título IV de su Reglamento, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la misma ley.
6. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la financiación afectado.
7. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 15 días.
Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el Departamento ministerial encargado, según el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y de desarrollo de la sociedad de la información. Es, por lo tanto, el órgano ministerial que ha elaborado la presente convocatoria.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tiene encomendadas las funciones relativas a la política de impulso de los servicios de comunicación audiovisual en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Entre otras funciones, se encuentran las correspondientes a la elaboración, gestión y seguimiento de planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones orientados al fomento de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual y gestión coordinada de esta política con los correspondientes programas europeos e internacionales en estas materias, así como la promoción y asistencia a la internacionalización de las empresas de servicios de comunicación audiovisual, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado de Comercio.
En el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales impulsa proyectos tecnológicos y programas de actuaciones orientados al fomento de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual. Por todo ello, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es el órgano competente para la resolución definitiva de concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria buscan promover el desarrollo de proyectos asociados a las tecnologías vinculadas al Metaverso y la Web 3 a través del apoyo a proyectos de desarrollo innovador y de innovación de procesos en el marco de la industria audiovisual y de los contenidos digitales con una perspectiva de reducir la brecha de género y fomentar la integración de las mujeres en el sector. Para ello, las subvenciones aspiran a ayudar a empresas de distinto tamaño a crear y desarrollar proyectos de innovación en las tecnologías mencionadas para realizar contenidos audiovisuales, contenidos digitales, entornos de trabajo colaborativo virtuales o para su implantación en ámbitos como la salud, las industrias culturales y la educación. A través de estas ayudas se pretende contribuir a la consecución del objetivo de apoyar a las pymes en la digitalización del sector audiovisual.
Por último, como se indica en la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, las previstas en esta convocatoria se ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) n. º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado (Reglamento general de exención por categorías). La convocatoria cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros en forma de subvención.
1. Por la presente convocatoria se regula la concesión de ayudas por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 dirigidas a proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos mediante el uso de tecnologías asociadas al Metaverso y la Web 3 orientados para:
– Prototipado de nuevas herramientas de producción audiovisual y de contenidos digitales.
– Prototipos que hagan uso de las tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3 para la transformación social y la integración de colectivos desfavorecidos, especialmente en lo referente a la brecha de género.
– Creación de nuevos espacios de trabajo y colaboración virtuales.
– Prototipos que implementen las tecnologías asociadas al metaverso en entornos culturales, sanitarios o educativos.
Quedan excluidas tecnologías y herramientas asociadas a la emisión, gestión e intercambio de criptomonedas o que tenga como finalidad principal gestionar transacciones de criptoactivos como es el caso de los denominados Non Fungible Tokens (NFTs).
2. La concesión de ayudas de la presente convocatoria se regula según lo establecido en la orden de bases por la que se establecen