Categoría: Normativas

s de inversión y financiación de la entidad.
e) Aprobar la forma de gestión por la que se deba regir el cumplimiento de los fines del Consorcio.
f) Nombrar y separar al director, determinar su periodo de contratación de acuerdo a la normativa vigente, y proponer al Ministerio de adscripción las retribuciones que éste haya de percibir en el ejercicio de su cargo, dentro de los límites establecidos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y su normativa de desarrollo.
g) Aprobar, a propuesta del Director y previo informe de la Comisión Ejecutiva, la plantilla máxima de personal del centro, el calendario de su contratación, el marco salarial y la forma de provisión de los puestos de trabajo, dentro de los límites establecidos para los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.
h) Aprobar, dentro de los límites establecidos en el artículo 111.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las eventuales operaciones de endeudamiento que pudiese necesitar el Consorcio para el óptimo desarrollo de su actividad.
i) Proponer la modificación de los Estatutos.
j) Proponer la disolución y liquidación del Consorcio.
k) Determinar los límites económicos a partir de los cuales el representante legal y órgano de contratación del Consorcio requerirá autorización para llevar a cabo los contratos, convenios o acuerdos, así como otorgar dicha autorización cuando sea necesaria.
l) Proponer a las Administraciones consorciadas la admisión de nuevos miembros, que tendrán la condición de Administraciones Públicas, u organismos públicos.
m) Cambiar la sede del Consorcio.
n) Aprobar la memoria anual de actividades del Centro.
o) Ejercer todas aquellas atribuciones no expresamente asignadas a otros órganos en los presentes Estatutos.
1. El Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario dos veces al año y, con carácter extraordinario, siempre que sea convocado por la presidencia o cuando lo solicite la vicepresidencia o, como mínimo, la mitad de sus miembros.
Podrán ser convocadas a dichas reuniones cualesquiera otras personas, cuya asistencia se estime adecuada en función de los asuntos incluidos en el orden del día correspondiente.
2. Para la válida constitución del Consejo Rector, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros, siempre que estén representadas las DOS instituciones consorciadas. El Consejo Rector podrá convocar sesiones mediante procedimiento escrito.
3. Cada una de las administraciones que integran el Consorcio dispone de un voto único indivisible, ejercido por el representante de mayor rango que asista a la reunión o, en caso de coincidencia de representantes del mismo rango, por el que la institución designe a tal efecto. El peso del voto de cada institución, en correspondencia con su porcentaje de participación en el Consorcio, será el siguiente:
Administración General del Estado 50 %.
Administración de la Generalidad de Cataluña 50 %.
4. Los acuerdos del Consejo Rector se tomarán por unanimidad.
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de seguimiento de la ejecución de las actividades del Consorcio y está integrada por los siguientes miembros:
a) Presidencia: Ejercerá la presidencia de la Comisión Ejecutiva una vocalía de las indicadas en el apartado 1.b) de este artículo. La presidencia será rotatoria por periodos anuales, de acuerdo al mismo régimen establecido para el Consejo Rector, de manera que recaiga en todo momento en la Administración que ejerce la vicepresidencia del Consejo Rector.
b) Vocales:
– Dos vocales en representación del Ministerio competente en materia de investigación científica designados por la persona titular del Ministerio, siendo uno de ellos representante del ISCIII.
– Dos vocales en representación de la Generalidad de Cataluña, uno en representación del Departamento competente en materia salud y otro en representación del Departamento competente en materia de investigación científica.
c) La Dirección del Consorcio, con voz, pero sin voto.
Ejercerá la secretaría de la Comisión Ejecutiva quien ejerza la secretaría del Consejo Rector, con voz, pero sin voto.
2. A los miembros de la Comisión Ejecutiva les será de aplicación el mismo régimen establecido para los miembros del Consejo Rector en el artículo 8 de los Estatutos.
3. La Comisión Ejecutiva podrá recabar el asesoramiento de especialistas en función de los temas a tratar.
La Comisión Ejecutiva tiene las siguientes atribuciones, siempre cumpliendo la normativa aplicable al sector público estatal:
a) Elevar al Consejo Rector los anteproyectos de presupuestos y el plan de actuación anual, así como las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto del ejercicio vencido, para su aprobación, y hacer el seguimiento una vez aprobado.
b) Aprobar las modificaciones presupuestarias, dentro de los límites que establezca el Consejo Rector y de acuerdo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, teniendo en cuenta que se trata de una entidad cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.
c) Elevar al Consejo Rector, para su aprobación, la propuesta de devolución de los bienes muebles o inmuebles cedidos por las instituciones consorciadas que ya no resulten de utilidad para los fines del Consorcio, así como el presupuesto de gastos que ello origine.
d) Contratar obras, servicios y suministros, de acuerdo con los límites económicos fijados por el Consejo Rector.
e) Ejercer aquellas atribuciones que le puedan ser delegadas por el Consejo Rector.
f) Presentar al Consejo Rector la memoria anual de actividades del Consorcio.
La Comisión Ejecutiva se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al semestre, y en sesión extraordinaria siempre que sea convocada por la presidencia, o cuando lo solicite, como mínimo, la mitad de sus miembros.
Las reuniones se celebrarán en primera convocatoria cuando concurran como mínimo la mitad de sus miembros, siempre que estén representadas ambas administraciones. De no alcanzarse dicho quorum, se celebrarán en segunda convocatoria, siempre que estén representadas ambas administraciones.
La Comisión Ejecutiva podrá convocar sesiones mediante procedimiento escrito.
El régimen de votaciones de la Comisión Ejecutiva se ejercerá de igual forma a la acordada para el Consejo Rector. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.
1. Corresponde a la Dirección impulsar y coordinar el funcionamiento de los servicios a su cargo y, en particular:
a) La gestión de los recursos financieros del Consorcio, ordenando gastos y contrayendo obligaciones conforme al presupuesto.
b) Elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva el anteproyecto de presupuesto anual del Consorcio, el informe sobre las las cuentas anuales y la propuesta de liquidación del presupuesto del ejercicio vencido.
c) Elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva el anteproyecto de plan anual de actuación.
d) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva.
e) En materia de recursos humanos, le corresponde la dirección y la selección y contratación del personal, teniendo en cuenta las directrices del Consejo Rector o, en su caso, de la Comisión Ejecutiva.
f) La gestión, custodia y conservación del patrimonio y los bienes que corresponden a los servicios a su cargo.
g) Preparar la documentación de los asuntos que deban someterse a la consideración del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva, e informar de todo lo necesario para el adecuado ejercicio de sus competencias.
h) El ejercicio ante los Tribunales de todo tipo de acciones judiciales, previa autorización por el Consejo Rector.
i) Aprobar y realizar los contratos, convenios y acuerdos del Consorcio y concertar y firmar los compromisos necesarios para el funcionamiento del Consorcio, dentro de los límites establecidos por el Consejo Rector.
j) El seguimiento de las obras que se realicen y de los servicios que se presten.
k) Solicitar y aceptar ayudas y subvenciones, y dirigir la realización de las actividades asociadas para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
l) Elaborar el borrador de la memoria anual de actividades.
m) La gestión y seguimiento de las actuaciones que se ejecuten por el Consorcio.
n) Las demás funciones que le deleguen el Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva.
La Dirección deberá rendir cuentas ante el Consejo Rector y ante la Comisión Ejecutiva.
2. La Dirección ejercerá la representación legal del Consorcio en la firma de contratos, convenios y todo tipo de acuerdos y compromisos, precisando de la autorización previa del Consejo Rector cuando dichos contratos, convenios, acuerdos y compromisos impliquen obligaciones económicas para el Consorcio que superen los importes que fije el propio Consejo Rector. De conformidad con la letra i) del apartado anterior, hasta que el Consejo Rector establezca los límites para los contratos, convenios, acuerdos y compromisos que requieran de su autorización, se requerirá para aquellos contratos, convenios, acuerdos y compromisos que supongan obligaciones económicas para el Consorcio de importe superior a 3.000.000,00 euros.
Los recursos económicos del Consorcio son los siguientes:
a) Las transferencias o aportaciones que reciba con cargo a los presupuestos de las Administraciones consorciadas.
La contribución integrada en el tiempo de cada entidad consorciada, de acuerdo con su participación en el CNAG, será como sigue:
– Administración General del Estado 50%.
– Administración de la Generalidad de Cataluña 50%.
b) Las subvenciones, ayudas y donaciones que se reciban de cualquier empresa o entidad pública, española o extranjera.
c) Los ingresos que pueda obtener por sus actividades, así como los rendimientos de su patrimonio.
d) Créditos y préstamos que le sean concedidos.
e) Aquellos otros legalmente establecidos.
El Consorcio posee un patrimonio propio vinculado a sus fines, que está integrado por los siguientes bienes:
a) Los bienes adscritos o cedidos por las entidades que integran el Consorcio. Estas adscripciones y cesiones deberán realizarse de acuerdo con la normativa de patrimonio aplicable a cada una de las administraciones consorciadas.
b) Los bienes que adquiera el Consorcio por cualquier concepto.
c) Los bienes que resulten fruto del traspaso del acervo patrimonial desde el CRG al Consorcio.
De conformidad con el artículo 3.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la actividad contractual del Consorcio se regirá por lo establecido en dicha ley.
1. El Consorcio estará sujeto al régimen presupuestario, de contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las entidades que forman parte del sector público estatal.
2. El Consorcio estará sujeto al control externo del Tribunal de Cuentas y al control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado a través de las modalidades de control que resulten de aplicación al Consorcio de conformidad con la Ley General Presupuestaria.
3. La Comisión Ejecutiva someterá a estudio y aprobación del Consejo Rector el plan anual de actuación para el año siguiente y el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico siguiente.
4. Los presupuestos del Consorcio formarán parte de los Presupuestos Generales del Estado en los términos y condiciones que determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
5. La Comisión Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo Rector, la memoria de la gestión económica, el inventario y las cuentas anuales, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. El órgano competente para rendir las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado es la Dirección del Consorcio.
Las cuentas anuales del Consorcio se integrarán en la Cuenta General del Estado.
1. El régimen jurídico del personal del Consorcio será el de la Administración pública de adscripción.
2. En todo caso, la selección de personal se regirá por los principios de capacidad, mérito, publicidad, igualdad y concurrencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
1. La modificación de los Estatutos se realizará a propuesta del Consejo Rector, que la remitirá para su aprobación a las Administraciones consorciadas.
2. Las Administraciones consorciadas deberán aprobar la modificación de los estatutos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. La modificación de los estatutos no será efectiva hasta que haya sido aprobada por las Administraciones consorciadas. La modificación de los estatutos será publicada en los boletines oficiales correspondientes.
1. La separación del Consorcio de alguna de las entidades consorciadas podrá hacerse con un preaviso de un año.
2. En caso de que el derecho de separación se ejercite por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones por alguno de los miembros del Consorcio, no se aplicará el plazo de preaviso indicado en el apartado anterior. En este supuesto, el derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del Consorcio, en el que deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo a su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir después del requerimiento.
3. La separación de uno de los miembros, producirá la disolución del Consorcio salvo que el resto de sus miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
1. El Consorcio se disolverá por acuerdo de las entidades consorciadas que lo integran, o por imposibilidad legal o material de cumplir con sus objetivos, o por haberse cumplido sus fines estatutarios.
2. En el acuerdo de disolución se determinará la forma cómo se debe proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio y a la reversión de las obras o de las instalaciones existentes, siguiéndose en todo caso las previsiones contenidas en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si después de la aportación de las Administraciones consorciadas no existiera activo para satisfacer la totalidad de las obligaciones del consorcio, las Administraciones consorciadas asumirán las obligaciones pendientes de liquidar según sus porcentajes de participación en el consorcio.
Los órganos de gobierno y administración y de seguimiento del consorcio podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, respetando los trámites esenciales establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las normativas de desarrollo. El Consejo Rector aprobará las normas internas de funcionamiento por medios electrónicos de los órganos de gobierno del consorcio.
En el empleo de la firma electrónica deberán cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el resto de normativa que pueda resultar de aplicación.
El Consejo Rector podrá otorgar los poderes necesarios a la persona designada por parte de CRG para la gestión de las actividades de carácter ordinario necesarias para el inicio de las actividades del Consorcio CNAG y para actuar como representante legal del Consorcio CNAG a partir de su constitución y hasta la finalización del proceso de traspaso de todo el acervo patrimonial al Consorcio CNAG, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de escisión.
Según el artículo 92 «Contenido y efectos del plan de actuación» de la Ley 40/2015, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plan inicial de actuación contendrá, al menos:
a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente.
España necesita disponer de infraestructuras de última generación para la secuenciación genómica a gran escala. La investigación en Genómica constituye un área horizontal de máximo interés estratégico para el desarrollo competitivo de múltiples sectores de gran relevancia económica, tales como la salud humana y la medicina personalizada, la salud animal, la agricultura y los alimentos, y la industria farmacéutica, biotecnológica y del medioambiente. Con el objetivo de impulsar la implantación de la Genómica y asegurar la participación de España en el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC, International Cancer Genome Consortium), uno de los esfuerzos de investigación biomédica más ambiciosos desde el Proyecto Genoma, en el 2010 se creó el Centro de Secuenciación de Barcelona que actualmente se denomina Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG). La financiación se acordó que fuera a partes iguales entre las dos administraciones públicas firmantes del acuerdo inicial, la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Administración de la Generalidad de Cataluña (a través de los entonces Departamento de Salud y del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa).
Inicialmente, y tal como se recoge en la cláusula primera del «convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud y del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, y la Fundació Parc Científic de Barcelona, para la puesta en marcha de un Centro de Secuenciación en Barcelona» firmado el 18 de enero de 2010, la gestión de dicho centro se llevaría a cabo por la Fundación Parc Científic de Barcelona (FPCB) hasta el momento en que se acordase entre las partes la creación de una entidad con personalidad jurídica a la cual se le atribuiría el patrimonio y la gestión del centro en cuestión.
Durante cinco años, la puesta en marcha y el funcionamiento del Centro de Secuenciación fueron gestionados con éxito por la FPCB. Dado que las condiciones normativas y económicas todavía no eran propicias para la creación de una entidad con personalidad jurídica propia, el 29 de diciembre de 2014, se firmó un «convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, la Administración de la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de Salud y del Departamento de Economía y Conocimiento, la Fundación Parc Cientific de Barcelona y la Fundación Centre de Regulació Genòmica, para la explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico». Tal como figura en su cláusula primera, el objetivo de dicho convenio fue la transferencia de la gestión del Centro de Secuenciación, ya nombrado Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), a la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG), bajo los principios de suficiencia financiera y autonomía de organización, científica y financiera según la cláusula tercera. En la cláusula primera del convenio también se indicaba que el CRG asumiría dicha gestión hasta el momento en que se acordase entre las partes la creación de una entidad con personalidad jurídica a la que se atribuiría el patrimonio y la gestión del CNAG.
El CRG es una fundación del sector público sin ánimo de lucro participada y financiada por la Generalidad de Cataluña, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Universitat Pompeu Fabra y la Fundación «la Caixa» además de financiación externa. Está gobernado por su Patronato, presidido por el actual consejero del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, contando entre sus órganos de dirección con el director del CRG. El Patronato está formado por 3 representantes de la Universidad Pompeu Fabra, 7 representantes de la Generalidad de Cataluña incluido el Presidente del Patronato, un representante de la Fundación «La Caixa» y un único representante del Ministerio de Ciencia e Innovación.
En la actualidad, la gobernanza del CNAG se lleva a cabo desde la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula novena del convenio anteriormente mencionado, firmado el 29 de diciembre de 2014. En la misma hay tres representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, tres representantes de la Generalidad de Cataluña y 1 representante del CRG. Sin embargo, el plan de acción y el presupuesto, que anualmente presenta el equipo directivo del CNAG a esta Comisión, debe de ser previamente consensuado con el equipo directivo del CRG para su sometimiento a aprobación final del patronato del CRG, con una representación desigual de las dos administraciones.
A finales del 2020, el CNAG contaba con un equipo de 86 personas altamente cualificadas, organizadas en personal de laboratorio, informáticos y/o bioinformáticos y personal de administración, de las cuales más del 50% tienen estudios de doctorado. A nivel de infraestructura el centro tiene actualmente ocho secuenciadores de segunda generación que producen lecturas cortas y pueden generar más de 8.000 Gb de secuencia cada veinticuatro horas, y cinco secuenciadores de tercera generación, basados en nanoporos, que producen lecturas de varias kilobases de longitud, así como numerosos equipos de laboratorio complementarios. Dispone además de un centro de procesamiento de datos con 3.552 nodos de computación y 8 PB de espacio de disco para el almacenamiento. Se trata de un centro tecnológico de referencia en la secuenciación y análisis de datos genómicos, a nivel nacional e internacional. Gracias a esta potente infraestructura, el CNAG proporciona acceso a servicios de genómica punteros a todo el sistema nacional de I+D+I, incluyendo hospitales, centros de investigación, empresas biotecnológicas, a la vez que posibilita la participación exitosa de España en el ICGC y en otros proyectos internacionales en el campo de la genómica, como el Human Cell Atlas (HCA), el International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC), la 1+Million Genomes Member State Initiative (1+MG) y el Earth BioGenome Project (EBP). A nivel nacional, una de las finalidades del CNAG, a través de la Red de Centros de Secuenciación del proyecto IMPaCT-Medicina Genómica financiado por el Instituto de Salud Carlos III, es la realización de actividades de diagnóstico genético y de soporte para la implantación de la medicina personalizada en España.
Las actividades administrativas y científico–técnicas que deben ser llevadas a cabo por una infraestructura singular como el CNAG para dar soporte a investigadores nacionales, realizar actividades de diagnóstico genómico y asegurar la participación española en proyectos internacionales de gran envergadura necesitan de una autonomía y gobernanza que no pueden ser abordadas en su situación actual, ni por ningún otro organismo público ya existente. No existe en España una infraestructura científico-técnica de estas características en el ámbito de la Genómica, por lo que la creación del consorcio que se propone no supone duplicidad con la actividad de otro órgano o entidad preexistente.
Por todos los antecedentes anteriormente mencionados, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalidad de Cataluña han estado trabajando conjuntamente en el estudio de las diferentes opciones para dar cumplimiento al objetivo inicial y permanente de crear una entidad con personalidad jurídica para el CNAG, tal como ya estaba previsto en los dos convenios firmados hasta la fecha.
b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.
La forma jurídica propuesta es un Consorcio de dos administraciones: La Administración General del Estado (AGE) a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, con participación del ISCIII, y la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud y del Departamento de Investigación y Universidades. Dado que las dos administraciones han mostrado su intención de colaborar y de financiar el proyecto al 50 %, se considera el Consorcio como la forma jurídica más idónea para llevar a cabo esta colaboración.
La participación de la AGE limita las posibilidades organizativas al sector público institucional. Por otra parte, la participación, en régimen de igualdad de la Generalidad de Cataluña recomienda la exclusión de los organismos públicos dependientes, exclusivamente de la AGE, como son los organismos autónomos estatales o de los organismos dependientes de la AGE o de un organismo autónomo estatal, como son las entidades públicas empresariales. Lo mismo sería de aplicación a un organismo dependiente de la Comunidad Autónoma. Por todo ello, se han analizado las tres posibles formas jurídicas del organismo (sociedad mercantil, fundación del sector público y consorcio), prestando especial atención en los siguientes aspectos:
– Requisitos jurídico-públicos de la constitución de las entidades que integran cada estructura.
– Régimen de contratación del personal, con especial atención a la situación de los funcionarios públicos que puedan adscribirse para prestar servicios en la instalación.
– Sistema de control financiero de la/s entidad/es creada/s.
– Posibilidad de percepción de Fondos Estructurales de origen comunitario.
1) Sociedades mercantiles estatales. Su creación requiere autorización del Consejo de Ministros y aunque estén controladas por el Estado u organismos que integran el sector público institucional estatal, su regulación específica se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tienen carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto. Su personal está sometido al derecho laboral y la rendición de sus cuentas, se realiza, básicamente, siguiendo principios y normas recogidas en el Código de Comercio. Las sociedades mercantiles estatales en ningún caso podrán disponer de potestades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Este régimen jurídico, a pesar de los mecanismos de control público, no resulta idóneo para la gestión de una gran instalación científico-técnica.
2) Fundaciones del sector público. Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado su patrimonio a la consecución de fines de interés general.
Son fundaciones del sector público cuando se da alguna de estas circunstancias: la aportación inicial es mayoritaria de la Administración General del Estado, más del 50% de su patrimonio está constituido por bienes o derechos aportados por organismos del sector público institucional estatal o cuando la mayoría de votos en el patronato pertenecen a organismos del sector público institucional estatal. Su regulación, aparte de las normas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se recoge en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Las fundaciones del sector público no pueden ejercer potestades públicas y su personal, al igual que sucede en las sociedades mercantiles estatales, está sometido al derecho laboral. La estructura de sus órganos de dirección y control, compuesta por un patronato y el protectorado no aporta ventajas para la gestión de una gran instalación científica.
La fundación no es una persona jurídica dependiente de las administraciones que la crean y, por tanto, se trataría de una fundación creada por dichas administraciones para el desarrollo de la instalación, pero formalmente desvinculada de aquéllas.
Las ventajas de esta opción, compartidas con la siguiente, serían la imagen pública y énfasis de la utilidad pública y social del proyecto, la flexibilidad en el régimen de contratación y laboral y de obtener cofinanciación comunitaria. A estas habría que añadir un régimen fiscal algo más favorable y el hecho de que una fundación no tiene finalidad de lucro. Entre los inconvenientes podría haber algunos límites a la hora de realizar actos económicos.
3) Consorcio. Los consorcios son entidades de derecho público creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre si o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común. Cuando participa la AGE o entidades dependientes, su creación debe ser autorizada por Ley y se plasma en un convenio entre las entidades consorciadas y en sus estatutos. Su característica esencial es, por tanto, su base asociativa en la que participan administraciones o entidades públicas. Se genera, así, una nueva persona jurídica para la gestión de intereses comunes de esas administraciones o entidades públicas. Su régimen jurídico está marcado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la normativa autonómica aplicable y finalmente, también por sus estatutos. En particular, el personal al servicio de los consorcios se somete al régimen previsto en el artículo 121 de dicha Ley.
Uno de los elementos esenciales de la constitución del consorcio CNAG como persona jurídica es la participación de dos administraciones públicas, la AGE y la Generalidad de Cataluña en el proyecto. Ambas administraciones actuando en el uso de sus competencias, tienen intereses comunes en esta infraestructura científico-técnica singular. En este sentido, el consorcio es la forma jurídica específicamente diseñada para canalizar la gestión de estos intereses comunes. En su regulación se refleja la adscripción del consorcio a la AGE, quedando por tanto sujeto a la normativa estatal y al régimen de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, y del Tribunal de Cuentas.
La posible integración de funcionarios y de personal laboral en el consorcio, abre alternativas en el ámbito de la gestión y ofrece un abanico más amplio de instrumentos de gestión. Por ello, el consorcio se considera la forma jurídica más eficiente para la gestión de este proyecto. Se ha demostrado en la gestión de grandes infraestructuras de I+D+I que esta entidad jurídica garantiza su funcionamiento. Existen numerosos ejemplos de ello en España, como son los diez consorcios de I+D+i participados por la AGE a través del Ministerio de Ciencia e Innovación. El más destacado es el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón, que ha permitido gestionar con éxito la gran instalación científica ‘Sincrotrón ALBA’, cuyo coste de inversión total ascendió a 201 M€ y cuyo coste de explotación anual supone 21 M€/año.
c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. Los órganos de gobierno y administración, de seguimiento y de gestión del Consorcio CNAG son los siguientes:
a. El Consejo Rector: Formado por cuatro representantes de la Administración General del Estado, cuatro representantes de la Generalidad de Cataluña y la Dirección del Consorcio (con voz, pero sin voto).
b. La Comisión Ejecutiva: Dos representantes de la Administración General del Estado, dos representantes de la Generalidad de Cataluña y la Dirección del Consorcio (con voz, pero sin voto).
c. La Dirección. La estructura que se ha propuesto reúne una serie de características que se consideran esenciales para este tipo de proyectos:
– Asegurar que las administraciones públicas participantes en el proyecto ejercen el control del Consorcio a través de los órganos de dirección (Consejo Rector, Comisión Ejecutiva y Dirección) y a través de la participación de la Abogacía del Estado (previéndose la suscripción de un convenio con el Servicio Jurídico del Estado al efecto) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (cuentas anuales y auditorías operativas).
– Asegurar la percepción de la naturaleza pública del proyecto.
– Proporcionar flexibilidad en el proceso de explotación de la instalación, necesaria para la gestión de proyectos internacionales de gran envergadura y para la relación con los usuarios de los servicios de la instalación.
– Asegurar la posibilidad de acceso a los Fondos Estructurales comunitarios para la construcción de la instalación y la concurrencia del Consorcio a convocatorias públicas de financiación de proyectos de I+D+i. Para ello, los estatutos establecen que el consorcio es un agente público de ejecución del sistema español de I+D+i, según lo establecido en el artículo 3.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El Consorcio se regirá por las disposiciones establecidas en sus estatutos, por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos y por el ordenamiento jurídico de la administración pública de adscripción y en todo caso por la normativa básica que resulte de aplicación.
d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá sobre los presupuestos generales del Estado.
El presupuesto anual provendrá fundamentalmente de las aportaciones de las partes consorciadas, según la distribución prevista en la cláusula cuarta del convenio de constitución del mismo, que se reproduce a continuación:
Estos fondos están dedicados a la financiación de:
– Salarios de personal gestión y de investigación, incluyendo el personal técnico de laboratorio o bioinformático, investigadores y jefes de grupo o de unidad.
– Alquiler de los espacios al Parc Científic de Barcelona, así como los servicios generales que nos prestan y los gastos en suministros.
– Contratos de mantenimiento de los equipos de secuenciación y computación para garantizar su buen funcionamiento y disponibilidad de los equipos de la plataforma.
– Inversiones de equipos informáticos o de laboratorio o mobiliario.
– Co-financiación de grandes equipos científicos o infraestructuras.
– Contratación de servicios y material fungible necesarios para la actividad del centro.
– Viajes y dietas relacionados necesarios para la actividad del centro.
La dotación prevista inicialmente para el comienzo de la actividad se ha establecido en base a la experiencia previa y los gastos reales incurridos por la unidad productiva CNAG durante los ejercicios anteriores a la constitución del consorcio, por lo que la suficiencia de dicha dotación se estima adecuadamente validada y justificada.
El Consorcio deberá tener la capacidad de acudir a convocatorias competitivas de organismos nacionales e internacionales que permitirían conseguir fondos adicionales para actividades específicas, y de gestionar ventas por los servicios de genómica que proporciona a terceros.
e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará, concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales.
Objetivos e indicadores. El CNAG tiene como misión llevar a cabo proyectos de análisis genómico que redunden en avances significativos para la salud humana y en el área de las ciencias de la vida, en colaboración con la comunidad científica y clínica tanto nacional como internacional. Su objetivo es ser un centro de referencia internacional en el análisis genómico.
A continuación, se detallan los objetivos específicos del CNAG, con sus indicadores:
a) Poner al servicio de las instituciones sanitarias las capacidades científicas y tecnológicas del centro para la realización de actividades de diagnóstico genético y dar soporte a la implantación de la medicina personalizada en España.
Indicador: Implementación de la norma ISO15189.
b) Prestar servicios de soporte a la investigación genómica a clínicos e investigadores de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Indicador: Número de usuarios, Ingresos por contratos y servicios, Grado de satisfacción de los usuarios a partir de encuesta anual.
c) Promover la investigación de excelencia en el campo de la genómica y áreas afines, incluyendo proyectos multidisciplinares con datos procedentes de otras tecnologías, y la participación en proyectos de I+D-i en el ámbito nacional e internacional.
Indicador: Número de publicaciones científicas, Número de proyectos nacionales e internacionales activos.
d) Impulsar la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad y al sector productivo.
Indicador: Número de solicitudes de patentes, acuerdos de licencia de software yspin offs, Número de acuerdos de colaboración o de servicios firmados con la industria.
e) Impulsar aquellas acciones que favorezcan la interacción y la colaboración estrecha con organismos e infraestructuras, nacionales e internacionales, públicos o privados, para la consecución de las finalidades del centro.
f) Difundir a la sociedad los avances científicos en el área de la genómica y afines, especialmente los resultantes de las actividades científicas del centro.
Indicador: Número de actividades de difusión con participación del CNAG.
g) Participar y organizar congresos, seminarios y programas de formación científica en el área de la genómica.
Indicador: Número de congresos y programas de formación organizados por el CNAG.
h) Gestionar los servicios y recursos científicos, técnicos y económicos de soporte a la investigación, para la realización de proyectos de genómica.
i) En general, cualquier otra finalidad relacionada con la misión del CNAG.
Programación plurianual estratégica. La plataforma de investigación y servicios del CNAG está operativa desde el 2010. Durante el periodo 2022-2024, se implementarán las nuevas tecnologías y protocolos necesarios para mantener su competitividad y se participará en nuevos proyectos de investigación en Genómica, nacionales e internacionales.
Para esta nueva etapa como Consorcio independiente será necesario desplegar durante el 2022-2023 una eficiente estructura de gestión, incluyendo finanzas, comunicación, compras, recursos humanos, legal y otros, para dar soporte a las actividades del centro [objetivo h)]. Esta nueva estructura dará soporte también a las actividades necesarias para el alcance de los objetivos d), e), f) y g), relacionados con la colaboración con otras entidades, la transferencia de resultados, la difusión y la organización de congresos y cursos, respectivamente.
Finalmente, y en relación con el objetivo a, en este período se espera obtener la autorización de la Generalidad de Cataluña como laboratorio de análisis clínicos, así como implantar en el Centro la ISO 15189 que contiene los requisitos para los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas de origen humano.
La programación plurianual de carácter estratégico que definirá en detalle los valores de los indicadores correspondientes a cada uno de los objetivos mencionados anteriormente se definirá una vez concluya el proceso de escisión parcial de la unidad productiva CNAG y su plena integración en el nuevo consorcio.
Medios económicos y personales. Se considera que el Consorcio necesita una estructura básica que asegure su funcionamiento, que constará con personal contratado en régimen laboral. La contratación de este equipo de trabajo se ajustará a los principios de capacidad, mérito, publicidad, igualdad y concurrencia, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se valorará también la posibilidad de adscripción temporal de personal procedente de entidades públicas de I+D+i con competencias relevantes para los fines perseguidos, previo convenio entre la entidad cedente y el consorcio.
La modalidad de contratación de la dirección será mediante contrato de alta dirección de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y su normativa de desarrollo.
Los medios personales actuales de la unidad productiva CNAG integrada en la Fundación CRG pasarán a integrarse en el consorcio como consecuencia del proceso de escisión parcial, por lo que ésta será la forma inicial y principal de provisión de los puestos de trabajo del nuevo consorcio. El coste, retribuciones e indemnizaciones de dichos puestos quedará recogido en el acuerdo de escisión parcial referido. Una vez constituido el consorcio, las nuevas contrataciones se ajustarán a lo dispuesto por la normativa de aplicación.
El CRG y el consorcio CNAG suscribirán mediante anexo al proyecto de escisión parcial un acuerdo de distribución y reparto de derechos de propiedad intelectual e industrial que establecerá la titularidad de los mismos y la participación en beneficios por su explotación de acuerdo a lo indicado en la tabla siguiente, que podrá incorporar los términos y condiciones que se acuerden. En lo que proceda, será de aplicación al consorcio CNAG lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
De una parte, la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Ciencia e Innovación) y en su representación doña Diana Montero Nieto, Ministra de Ciencia e Innovación, nombrada para dicho cargo por el Real Decreto 533/2021, de 3 de julio (BOE núm. 165 de 12 de julio de 2021) actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 123.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra, la Administración de la Generalidad de Cataluña y en su representación, el Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Consejero de Investigación y Universidades, y el Honorable Sr. Manel Morales Álvarez García de Salud, nombrados para dicho cargo por Decreto 187/2022, de 10 de octubre, y por Decreto 189/2022, de 10 de octubre, respectivamente, de acuerdo con el ámbito de competencias que deriva del Decreto 184/2022, de 10 de octubre, de denominación y determinación del ámbito de competencias de los departamentos en los que se organiza el Gobierno y la Administración de la Generalidad de Cataluña, actuando en el ejercicio de la representación legal y competencias que le corresponden. Las partes se reconocen la capacidad necesaria para obligarse en los términos de la presente adenda y, al efecto
I. Que corresponde al Estado el «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica», de acuerdo con el artículo 149.1.15 de la Constitución. De forma específica, según el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, corresponde a este la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluyendo la investigación científica. Todo ello de acuerdo con los objetivos que se concretan en el vigente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, junto con las orientaciones de la Comisión Europea sobre construcción del Espacio Europeo de Investigación y las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión.
II. Que corresponde a la Generalidad de Cataluña (en adelante GENCAT), en materia de investigación científica y técnica, la competencia exclusiva, que le confiere el artículo 158.1 del Estatuto de Autonomía, con relación a los centros y las estructuras de investigación de la Generalidad y a los proyectos financiados por ésta, así como la competencia compartida, que le confiere el artículo 158.2, sobre la coordinación de los centros y estructuras de investigación de Cataluña.
III. Que las partes desean suscribir el convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Administración de la Generalitat de Cataluña (Departamento de Investigación y Universidades, y Departamento de Salud) para la constitución del consorcio para la explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), y con la fundación Centre de Regulació Genòmica respecto las disposiciones transitorias.
IV. Que, a fin de evitar posibles interpretaciones divergentes del contenido propio del clausulado del convenio, se considera necesario establecer el siguiente ANEXO al mismo, de carácter meramente interpretativo de la voluntad de la Administración General del Estado para con dicho convenio, sin alterar el clausulado del mismo, y de acuerdo con las siguientes
En relación con la cláusula «Tercera. Financiación y compromisos de las partes», se señala que la financiación del consorcio vendrá provista al 50% por la AGE y la GENCAT, aportando cada una de las partes firmantes del convenio la mitad de la financiación del Consorcio que se crea a través del mismo.
Las aportaciones de los participantes serán equilibradas y al 50% tal y como establece la Disposición adicional centésima trigésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que autorizó la creación del consorcio. La financiación comprometida se hará efectiva tal como establece la Cláusula Tercera del convenio.
Por lo que respecta al redactado de la cláusula tercera «Financiación y compromisos de las partes», se informa de que en virtud de la naturaleza de la aplicación presupuestaria referida en la misma, la financiación de MCIN se destinará a financiar operaciones de capital. En el supuesto de que sea necesario financiar operaciones corrientes, la financiación del Ministerio deberá efectuarse, previa modificación del presente convenio, con cargo al crédito que sea adecuado en función de la naturaleza económica que corresponda.
En relación con el primer párrafo del apartado 3 de la cláusula tercera «Financiación y compromisos de las partes», se indica que los libramientos correspondientes al segundo trimestre y sucesivos se producirán previa presentación al Consejo Rector de la documentación justificativa completa del ejercicio anterior, que consistirá en una memoria técnica sobre las actividades desarrolladas y de las cuentas anuales de dicho ejercicio debidamente auditadas por el órgano competente de la Intervención General de la Administración del Estado. Dicha documentación justificativa completa se presentará dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio, quedando supeditados a ella los pagos del segundo trimestre y sucesivos, que podrán suspenderse en caso de deficiencias en la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, y específicamente, de lo señalado en la cláusula primera, con carácter adicional, el MICIN a través de sus políticas activas, aportará al consorcio una financiación de 2.250.000 euros con carácter finalista para la ejecución del proyecto científico del Consorcio. Dicha financiación se hará efectiva en 2023, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera, apartados 2 y 3, del convenio.