Categoría: Administración

la citada línea.
d) Compromiso y cuantía que asume el beneficiario o cada uno de los beneficiarios en el supuesto de agrupaciones.
e) Número de destinatarios e importe de la subvención solicitada, detallando, por acción formativa, los participantes y el número de horas de formación.
f) Las acciones, modalidad de impartición y participantes que se compromete a realizar cada beneficiario.
g) Descripción y detalle de las instalaciones (número de aulas y talleres, así como sus características) y medios materiales que dispone cada entidad de formación.
h) Descripción de los medios humanos adecuados de que dispone cada entidad de formación, indicando su vinculación contractual, perfiles y funciones.
i) Declaración responsable del solicitante sobre la veracidad de la información y los datos aportados en la solicitud y, en su caso, declaración expresa de autorización al órgano concedente de la subvención para solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social. A estos efectos el solicitante dispondrá de un modelo de declaración expresa en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el caso de que el solicitante deniegue expresamente la autorización para solicitar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, deberá aportar el certificado correspondiente, en los términos que se marcan en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
j) Declaración responsable de no haber sido sancionada la entidad por infracción administrativa grave o muy grave en materia de formación profesional o bien, certificado negativo de la autoridad laboral de haber incurrido en infracción administrativa grave o muy grave en materia de formación profesional que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones y ayudas.
k) Información suficiente relativa a los criterios de valoración técnica de las solicitudes. Se valorarán las solicitudes con la información que contenga esta en el momento de finalizar el plazo de presentación, no considerándose, a los efectos de la valoración técnica, la documentación e información aportada con posterioridad a dicho plazo, siempre y cuando esta suponga un aumento de la puntuación de la valoración del expediente.
5. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Documentación que acredite, conforme a la legislación vigente, las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la persona jurídica solicitante.
b) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad, así como autorización por parte de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante a la Secretaría General de Formación Profesional para que esta compruebe sus datos mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. En caso de no prestar este consentimiento, dicha persona deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
c) Copia de la documentación de constitución de la entidad solicitante debidamente legalizada.
d) Copia de los estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados.
e) Copia de la acreditación, o en su caso inscripción, de la entidad o entidades de formación en el correspondiente Registro de Entidades de Formación, para impartir los certificados de profesionalidad solicitados en el ámbito o ámbitos territoriales que correspondan a la ejecución del programa y declaración responsable firmada por el representante legal de la correspondiente entidad de formación de que disponen de los medios necesarios y mantienen los requisitos establecidos en los Reales Decretos que dieron lugar a tal acreditación.
f) Declaración responsable de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario, con excepción de la prevista en el apartado 2 letra e), en cuyo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 6 de este mismo artículo.
g) Programa de formación a desarrollar que incluya la información prevista en el apartado 7 del presente artículo.
h) Relación de las entidades que formen la agrupación prevista en el artículo 12.b) de la presente Orden.
i) Documento que acredite la plantilla de los solicitantes. Deberá acompañarse el informe de vida laboral de empresa (VILEM) de la entidad solicitante correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de publicación de la convocatoria.
En el caso de las agrupaciones se deberá aportar esta documentación por cada uno de los miembros de la misma.
j) Documentación acreditativa de la capacidad económica y financiera, mediante modelo 200 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades o, en caso de no realizar dicha autoliquidación, documentación análoga válida en derecho acreditativa de la capacidad económica de la entidad.
k) Declaración responsable de los formadores y del personal de apoyo técnico-metodológico a fecha de inicio de la primera acción formativa, acreditativa del cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
6. La presentación de la solicitud se acompañará, en su caso, de una autorización expresa, de acuerdo al modelo que queda disponible en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para comprobar o recabar de otros Órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, la información sobre circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento.
En caso de acompañar el solicitante la autorización expresa a la que se refiere el párrafo anterior de este apartado 6, el órgano concedente procederá a la obtención de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
7. El programa de formación contendrá la siguiente información:
a) Fundamento de la propuesta.
b) Ámbito al que se dirige y adecuación de la propuesta.
c) Objetivos y contenidos del programa formativo.
d) Perfil de los participantes a los que se dirige cada acción formativa.
e) Perfil de los formadores y/o tutores-formadores que intervendrán para cada acción formativa.
f) Costes de las acciones formativas.
g) Instalaciones y medios previstos para la ejecución de las acciones formativas.
h) Criterios para la selección de los participantes.
i) Seguimiento que se va a realizar, metodología y acciones previstas de evaluación (objetivos, fuentes y técnicas).
j) Mecanismos de difusión de las acciones formativas.
k) Otras actuaciones que las entidades realicen en el desarrollo de las acciones formativas.
8. Además de la anterior documentación, en el caso de las solicitudes de la línea II, la entidad o la agrupación solicitante deberá aportar el convenio o el instrumento jurídico admitido en derecho firmado por todas las partes, en el que se detalle como mínimo las obligaciones de las partes y un proyecto que recoja las necesidades de formación de la empresa o las empresas objeto de la solicitud y los compromisos adquiridos.
1. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, requerirá mediante notificación electrónica a los interesados la subsanación de la misma en el plazo de diez días, mediante la aportación de la documentación requerida, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En todo caso, no se admitirán a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en esta convocatoria, las que no respeten los límites establecidos en la misma, las que no respondan al objeto de la convocatoria, y las que carezcan de alguno de los siguientes requisitos:
a) Nombre y razón social del solicitante.
b) Identificación o firma del representante legal autorizado que formula la solicitud.
c) Acciones formativas que conforman el programa.
d) Cuantía de la subvención solicitada.
1. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con la metodología de valoración técnica contenida en el Anexo VIII.
2. No se financiarán programas de formación que obtengan menos de 50 puntos en la valoración técnica de la solicitud.
1. En la determinación de la subvención a conceder se aplicará la metodología de financiación en la que se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en función del tipo de programa de formación previsto en el artículo 3:
a) El presupuesto establecido en el artículo 11 para la financiación de cada tipo de programa de formación.
b) Para los programas de formación previstos en el artículo 3.4, se tendrá en cuenta la cuantía de referencia asignada a las distintas familias profesionales.
c) La valoración técnica obtenida por la solicitud según los criterios recogidos en el artículo 17.
d) Los módulos económicos máximos para esta convocatoria son los previstos en el artículo 37 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. El importe máximo de la subvención, siempre dentro de los límites prescritos en la citada orden, vendrá establecido por los siguientes criterios:
1.º La cuantía solicitada se calculará en función del número de participantes previstos, limitado por los módulos económicos máximos en función de la modalidad de la acción formativa, 8 euros en modalidad presencial y 5 euros en teleformación, por hora y participante. En la formación de modalidad mixta (presencial y teleformación) se aplicarán los módulos correspondientes en función del número de horas de cada tipo de modalidad formativa.
Solo se tendrán en cuenta para este cálculo los alumnos y acciones formativas admitidos.
2.º El coste máximo financiable en el módulo de formación práctica en centros de trabajo será el establecido en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, de 3 euros por alumno y hora de práctica en centros de trabajo para la financiación del tutor del módulo del centro o entidad de formación. El importe resultante se incluirá en la subvención a recibir por la entidad beneficiaria, que abonará, en su caso, la compensación a la empresa.
2. Se irá asignando financiación a los distintos tipos de programas de formación de las solicitudes, según el orden de puntuación obtenido, hasta finalizar los créditos de cada uno de ellos, recogidos en el artículo 11. En el caso de que se haya agotado alguna asignación presupuestaria, se podrán conceder subvenciones parciales que cubran el resto de asignaciones presupuestarias disponibles, deduciendo de la solicitud de subvención las cuantías correspondientes que no se hayan podido adjudicar por este motivo.
Cuando los presupuestos asignados a las distintas líneas no agoten la cantidad máxima prevista, el remanente será aplicado de la siguiente forma:
Dentro de la línea I, la reasignación seguirá el siguiente orden de prioridad:
a) Cuando exista remanente en la financiación asignada a una o varias de las familias profesionales, dicho remanente se irá aplicando a la financiación de las solicitudes de aquellas familias profesionales en las que se hubiera agotado el crédito de la misma, según el orden de puntuación obtenido.
b) Cuando exista remanente en la financiación asignada a uno de los tipos de programas transversales previstos en el artículo 3.5, dicho remanente se aplicará al otro tipo de programa.
c) Si tras estas operaciones, continúan existiendo remanentes en uno o varios de los bloques previstos en el apartado 2 del artículo 11, dicho remanente será aplicado de forma proporcional a las cantidades preasignadas de los restantes componentes de la línea I.
Dentro de la línea III, la reasignación será:
a) Cuando exista remanente en la financiación asignada a una o varias de las áreas prioritarias, dicho remanente se irá aplicando a la financiación de las solicitudes de aquellas áreas prioritarias en las que se hubiera agotado el crédito de la misma, según el orden de puntuación obtenido.
Si una vez realizado el reparto anterior, continúan existiendo remanentes en una o varias de las líneas:
a. El remanente de la línea I será aplicado prioritariamente a la línea II y viceversa.
b. El remanente restante se aplicará de forma proporcional a las cantidades preasignadas a los restantes sectores o programas transversales en los que se haya agotado la cantidad máxima prevista.
3. Serán objeto de financiación las solicitudes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos en la valoración técnica. Se financiarán los programas de formación de acuerdo con el orden de puntuación resultante de la valoración técnica obtenida en cada tipo de programa hasta agotar el crédito disponible establecido en el artículo 11.
A igualdad de puntuación, y para resolver el desempate cuando no existieran fondos suficientes para la concesión de la subvención, se financiará aquella solicitud que obtenga mayor puntuación en la valoración técnica en cada bloque de manera consecutiva, conforme al orden establecido en dicha valoración. Por último, si continuara produciéndose un empate de puntuación se atenderá al orden de presentación de las solicitudes.
1. La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional será el órgano competente para la instrucción del procedimiento, siendo competente para su resolución la Secretaría General de Formación Profesional en los términos previstos en el artículo 20 de la presente orden.
2. Para el análisis de las solicitudes presentadas, la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional nombrará a un equipo técnico de análisis, formado por un número determinado de personas en función del número de solicitudes recibidas. Para este proceso de análisis podrá contarse con asistencia técnica especializada. Este equipo técnico, realizará un análisis de las solicitudes admitidas y la comprobación del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
3. De acuerdo a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las solicitudes serán evaluadas en una única fase por una Comisión técnica de evaluación, la cual emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. Este órgano actuará conforme a lo establecido en la sección III del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dicha Comisión estará formada por un presidente y cuatro vocales. Las convocatorias concretarán esta composición. Para la presente convocatoria de ámbito estatal de 2022 esta quedará conformada por el presidente, que será un funcionario con nivel 28 de la Secretaría General de Formación Profesional, dos vocales que serán funcionarios con nivel 26 o mayor, designados por la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional entre su personal, siendo uno de ellos el que hará las funciones de secretario. Asimismo, se designará un vocal a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y un vocal a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas.
4. Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, trámite de audiencia, propuestas de resolución provisional y resolución definitiva del procedimiento serán publicados íntegramente en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.
5. La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, a la vista del informe de evaluación elaborado por la comisión técnica de evaluación, elevará a la Secretaría General de Formación Profesional una propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que se publicará según lo establecido en el punto anterior, concediéndose a las entidades solicitantes un plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
6. Cuando el órgano instructor acepte alegaciones presentadas por los solicitantes y de ello se deriven alteraciones en la evaluación inicial, en el procedimiento de concurrencia competitiva, se deberá convocar de nuevo a la comisión técnica de evaluación para que evalúe dichas alegaciones y formule la propuesta que será elevada a la Secretaría General de Formación Profesional para su resolución.
7. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la cantidad que figura en la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar a esta a que reformule su solicitud, con el fin de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, según los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse el número de acciones formativas, teniendo en cuenta las condiciones que se establezcan en la propuesta provisional de resolución. Asimismo, se podrá reducir o ampliar el número de grupos y de participantes previstos en cada una de ellas.
b) En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas ni modificar la duración ni la modalidad de las aceptadas.
c) Habrán de respetarse las condiciones que determinaron el cálculo de la valoración técnica de la solicitud y cualquier otro límite o condición indicados expresamente en la propuesta de resolución.
1. A la vista de la propuesta definitiva de resolución, la secretaria general de Formación Profesional resolverá el procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de publicación en «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la presente convocatoria. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. La Secretaría General de Formación Profesional, a través de la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, publicará la resolución en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esta publicación surtirá los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La resolución de concesión identificará las condiciones tenidas en cuenta en la valoración técnica de la solicitud.
3. Las resoluciones dictadas por la Secretaría General de Formación Profesional, que ponen fin a la vía administrativa, serán susceptibles de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
4. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Las circunstancias específicas contempladas son:
a) Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad.
b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la subvención concedida, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para la presentación de solicitudes concluirá un mes antes de que finalice el plazo de ejecución de los gastos inicialmente previstos y deberá ser aceptado de forma expresa por la Secretaría General de Formación Profesional, notificándose al interesado. En caso de no recibir notificación de la aceptación de concesión en un plazo de diez días naturales, se entenderá como desestimada la modificación.
5. Dictada la resolución de concesión y comprobado que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, se procederá al pago de un anticipo por importe del 25 por ciento de la subvención concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente comunicada por la entidad beneficiaria y de la que esta sea titular.
6. A solicitud de la entidad beneficiaria, se procederá al pago de un segundo anticipo del 35 por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, previa comprobación de que esta se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
7. Por último, se realizará un abono final, si procede, por el importe del 40 por ciento restante de la subvención, una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada, a petición de la entidad beneficiaria. El cálculo del importe a abonar se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 84.2 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con el artículo 72 de dicho Reglamento. A tal fin se realizará una comprobación formal de la cuenta justificativa que se aportará por la entidad beneficiaria. Dicha comprobación formal comprenderá exclusivamente la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas con indicación de las actividades y resultados realizados, la relación clasificada de gastos e inversiones de la entidad beneficiaria, y el detalle de cualquier otro ingreso o subvención que haya financiado la actividad.
8. La revisión de las facturas o documentos análogos que formen parte de la cuenta justificativa, así como las minoraciones que se produzcan basadas en el seguimiento de las actividades formativas por parte de la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, se realizarán en los cuatro años siguientes en el procedimiento de liquidación de la subvención, con audiencia de los interesados, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriormente citados del Reglamento General de Subvenciones.
9. Los anticipos y los pagos que debe realizar la Administración según los apartados anteriores se harán efectivos en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación por el beneficiario de la documentación requerida para solicitar el anticipo, o de doce meses desde la presentación de la justificación final de la actividad objeto de subvención.
1. En la ejecución de los programas de formación deberá mantenerse el ámbito estatal de los mismos, considerando a estos efectos tanto los lugares de impartición de las entidades de formación, contemplados en la resolución de concesión, como el domicilio particular del participante o el domicilio del centro de trabajo, en su caso.
2. El inicio de la actividad formativa se debe realizar como máximo en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
3. Al inicio de las acciones formativas, las entidades beneficiarias comunicarán a los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, la relación de personas desempleadas que han iniciado la acción formativa. En dicha relación se adjuntará información sobre los datos identificativos del trabajador, así como los datos que sean necesarios con la finalidad de suspender, si procede, la demanda de empleo.
4. Las citadas entidades entregarán a los participantes demandantes de empleo una hoja informativa del Servicio Público de Empleo correspondiente, sobre la situación en la que puede quedar su demanda de empleo durante su participación en la acción formativa.
5. De igual manera y, durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, las incidencias en cuanto a altas y bajas de los participantes desempleados, en el momento en que estas se produzcan sin que en ningún caso el plazo pueda superar los dos días desde que la entidad haya tenido constancia de las mismas. En el caso de las bajas se deberá indicar, además, la causa del abandono. A la finalización de la acción formativa, las entidades deberán igualmente comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, la fecha de finalización y el resultado de la evaluación del aprendizaje en el plazo máximo de los cinco días hábiles siguientes a dicha finalización.
6. Los beneficiarios deberán dar a conocer el carácter público de la financiación por la Secretaría General de Formación Profesional de la actividad en todas las actuaciones relacionadas con la difusión y el desarrollo de las acciones formativas subvencionadas. En particular, a cada alumno participante se le dará una hoja informativa, según el modelo normalizado que facilitará la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional a tal efecto.
7. El beneficiario deberá cumplir, en su caso, con el porcentaje de participantes pertenecientes a los grupos prioritarios establecidos en el artículo 8, incluidos en la resolución de concesión. Las consecuencias derivadas de su incumplimiento son las previstas en la Instrucción de justificación de la subvención recogida en el anexo IX de esta convocatoria.
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.c)in finede la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las entidades beneficiarias no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada, no considerándose subcontratación, a estos efectos, la contratación de personas físicas como personal docente, mediante contrato laboral o de prestación servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. En cualquier caso la entidad beneficiaria deberá contar con medios propios para las funciones de planificación y coordinación del programa de formación, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración Pública, debiendo asegurar, el desarrollo satisfactorio de la actividad formativa y responder ante las funciones de seguimiento y control de la actividad subvencionable por parte de la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
9. En el caso de las agrupaciones, cuando se produzca la imposibilidad sobrevenida de ejecución por parte de una de las entidades beneficiarias, y esté debidamente justificada, se permitirá tanto la asunción de las cargas de trabajo y compromisos adquiridos como la sustitución, por otra entidad del grupo, siempre que se mantengan las condiciones establecidas para la concesión de las subvenciones, debiendo existir para ello autorización emitida por la Secretaría General de Formación Profesional mediante una nueva resolución.
10. La conservación de la documentación justificativa de la realización de la formación debe mantenerse a disposición de las Administraciones competentes durante un período de cuatro años.
11. Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación cumplirán los requisitos de publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del Ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la Resolución de 28 de febrero de 2020, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. Asimismo, deberá observarse lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El incumplimiento de estas obligaciones supondrá el inicio del procedimiento regulado en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en su caso, del procedimiento de reintegro regulado en los artículos 41 y siguientes de la mencionada ley.
1. Las entidades beneficiarias desarrollarán las acciones formativas y pondrán a disposición de la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional la información y documentación a los efectos de su seguimiento y control.
Las entidades de formación deberán emitir la comunicación de inicio de cada acción formativa subvencionada, según anexo X, en un plazo de al menos cinco días antes del inicio, que especificará:
a) Fecha de inicio y finalización.
b) Relación del personal formador.
c) Relación de alumnado participante y alumnado de reserva.
d) Planificación de la acción formativa (anexo III de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008 por el que se regulan los certificados de profesionalidad).
e) Programación didáctica de cada módulo formativo (anexo IV de la misma orden).
f) Planificación de la evaluación del aprendizaje (anexo V de la misma orden).
g) Documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro para las distintas fases de la acción formativa. Esta documentación incluirá como mínimo datos sobre el número de alumnado asegurado y los riesgos cubiertos por dicha póliza.
h) Declaración responsable de que las personas formadoras relacionadas cumplen las prescripciones del artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, del certificado de profesionalidad o programa formativo correspondiente.
i) Declaración responsable de que el alumnado participante y de reserva cumple los requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad del artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, o al programa formativo correspondiente.
2. La relación de alumnado participante podrá incluir hasta un 20 por ciento más de los previstos y estarán identificadas en la comunicación de manera diferenciada.
Si se produjeran bajas de participantes, se podrán incorporar otros en lugar de aquéllos. Esta sustitución se admitirá siempre que no se haya superado el porcentaje del 25 % de la duración de la acción formativa y se produzca durante los primeros cinco días desde el inicio de la misma.
Las bajas y altas de participantes deberán ser comunicadas en un plazo máximo de dos días desde que hayan tenido lugar.
Cuando se programen certificados de profesionalidad completos a impartir de forma modular, las condiciones de incorporación de nuevo alumnado se establecen por módulo, teniendo en cuenta la opción que primero se cumpla de entre las dos anteriores.
Si acaeciesen abandonos con posterioridad a la impartición del 25 por ciento de las horas de formación de la acción formativa, se admitirán desviaciones por acción formativa de hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieran iniciado.
3. Los módulos de formación correspondientes a un mismo certificado se podrán impartir de forma simultánea o alterarse el orden de los mismos, siempre que no contravenga el Real Decreto que los regula y existan razones pedagógicas que lo justifiquen.
Cuando se oferte un certificado de profesionalidad completo se incluirá obligatoriamente el módulo de formación práctica en centro de trabajo, excepto en el caso de que todos los participantes tuvieran la exención de dicho módulo.
El módulo de formación práctica en centros de trabajo de un certificado de profesionalidad se podrá realizar aisladamente cuando ello permita a los participantes completar la formación necesaria para obtener un certificado de profesionalidad acreditando la superación del resto de módulos formativos.
Las entidades de formación deberán emitir la comunicación de inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo, según Anexo XI, en un plazo de al menos cinco días antes del inicio, que especificará:
a) Las fechas de inicio y finalización de las prácticas.
b) La relación de alumnos participantes.
c) Tutor o tutores de este módulo, que serán designados entre los formadores o tutores-formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad correspondiente. Cuando esto no sea posible, previa justificación, podrá designarse un tutor que deberá contar con acreditación para impartir alguno de los módulos formativos del certificado de profesionalidad al que esté vinculado el módulo de prácticas en empresas, debiendo aportar la documentación que lo justifique.
d) Programa formativo del módulo de formación práctica en centros de trabajo (anexo VIII de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, anteriormente mencionada).
e) Convenio o acuerdo para el desarrollo de la formación en empresas, firmado por el representante legal de la empresa y el representante legal de la entidad de formación. Se presentarán tantos convenios o acuerdos como centros de trabajo diferentes se indiquen en la solicitud.
f) Declaración responsable de la empresa de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere, de los convenios o acuerdos suscritos para la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo, así como a los alumnos a efectos de su conocimiento.
4. La formación realizada deberá contemplar el proceso de evaluación necesario, con el objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en su caso, la adquisición de conocimientos y competencias profesionales.
Una vez concluida la impartición de cada grupo formativo y hasta el plazo máximo de quince días, se deberá remitir a la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional la documentación justificativa siguiente:
a) Relación de alumnos que han finalizado la formación, así como los abandonos producidos, donde se refleje el porcentaje de asistencia a las clases, e información sobre las horas faltadas y sus causas.
b) Informe de evaluación individualizado de cada alumno que acredite su calificación final en cada uno de los módulos, según Anexo VI de la Orden 1897/2013, de 10 de octubre.
c) Acta de evaluación que incluya las calificaciones finales correspondientes de todos los alumnos que han participado en la acción formativa, según Anexo VII de la Orden 1897/2013, de 10 de octubre.
5. En las acciones presenciales se considerará que un alumno ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. En el caso de que las acciones formativas se hayan impartido en modalidad de teleformación se considerará que han finalizado la acción, aquellos alumnos que hayan realizado el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje con independencia de las horas de conexión. En el supuesto de trabajadores desempleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado, al menos, el 25 por ciento de la acción formativa.
6. La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. La formación mínima que se programe para ser acreditable oficialmente por la Secretaría General de Formación Profesional deberá corresponder a módulos formativos completos y deberá realizarse en entidades de formación acreditadas por los órganos competentes. Dichas entidades deberán reunir los requisitos de idoneidad establecidos para su acreditación en los certificados correspondientes y mantenerlos durante la ejecución de la actividad formativa.
7. Las comunicaciones de las entidades de formación con la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional por el desarrollo de las acciones formativas, se realizarán conforme a las instrucciones dictadas por la Secretaría General de Formación Profesional.
1. Las entidades beneficiarias responsables de ejecutar los programas de formación realizarán y presentarán junto con la justificación de la subvención, según lo establecido en el artículo 25, una memoria final de la evaluación de la formación que ejecuten.
2. Las entidades beneficiarias deberán colaborar con la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional en las actuaciones para la evaluación de la calidad de la formación en el marco del Sistema de Formación Profesional, mediante la realización de las siguientes actividades:
a) Cumplimentación y/o supervisión de los datos que correspondan.
b) Distribución de los cuestionarios de calidad entre la totalidad de participantes que finalicen las acciones formativas.
c) Recopilación y custodia de los cuestionarios cumplimentados por los participantes, con el fin de que quede constancia, en la documentación correspondiente a cada grupo impartido.
d) Remisión de los resultados de los cuestionarios cumplimentados por los participantes que hayan finalizado las acciones formativas, a la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, quien velará por la correcta cumplimentación, bien supervisando la misma en el momento de su realización o mediante controles posteriores.
3. Las entidades beneficiarias deberán destinar a las actuaciones de evaluación contempladas en este artículo una parte del importe de la subvención de acuerdo con los siguientes límites:
a) Subvenciones iguales o inferiores a 50.000 euros: 4 por ciento de la subvención obtenida y con el límite de 2.000 euros.
b) Subvenciones de 50.001 a 150.000 euros: 3 por ciento de la subvención obtenida y con el límite de 4.000 euros.
c) Subvenciones de 150.001 a 250.000 euros: 2.5 por ciento de la subvención obtenida y con el límite de 6.000 euros.
d) Subvenciones superiores a 250.000 euros: 2 por ciento de la subvención obtenida y con el límite de 8.000 euros.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta convocatoria, estas serán objeto de seguimiento y control efectivo por parte de la Subdirección General Planificación y Gestión de la Formación Profesional siguiendo los criterios de actuación fijados por la Secretaría General de Formación Profesional, que serán publicados, para público conocimiento, en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2. Si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad formativa, se detectan casos de incumplimiento, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones en el ámbito de la formación para el empleo regulado por el texto refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la Disposición final tercera de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de dicha ley.
3. En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo anterior, se estará al contenido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
1. La justificación de las subvenciones se tramitará de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, debiendo presentarse por el beneficiario teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Si el programa formativo a justificar finaliza dentro del primer semestre del año, el plazo de justificación será en los tres meses siguientes, es decir, del 1 de julio al 30 de septiembre de ese mismo año.
b) Si el programa formativo a justificar finaliza en el segundo semestre del año, el plazo de justificación estará comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente.
El órgano competente para la tramitación de la documentación justificativa de las subvenciones, así como para la comprobación técnico-económica de la misma será la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
La justificación prevista en este artículo se realizará de conformidad con los criterios, condiciones y obligaciones recogidos en la Instrucción de justificación de la subvención recogida en el Anexo IX de esta convocatoria.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el beneficiario justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención mediante la presentación de una cuenta justificativa ante la Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional. Dicha cuenta justificativa deberá presentarse con aportación de justificantes de gasto de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El beneficiario deberá presentar a través de la plataforma informática para la justificación que establezca el Ministerio de Educación y Formación Profesional:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria estará integrada por:
– Certificación de finalización del programa de formación.
– Certificación de la ejecución de cada acción formativa.
– Memoria de las actuaciones de evaluación desarrolladas. Esta memoria de evaluación contemplará como mínimo el análisis de los resultados de los cuestionarios indicados en el artículo 23.2, las actividades adicionales de evaluación recogidas en la solicitud, en su caso, y los resultados agregados de las pruebas de evaluación realizadas por el alumnado.
– Memoria justificativa de la pertenencia a los colectivos prioritarios de los participantes en los programas de formación, que acredite el cumplimiento de las condiciones que fundamentaron la valoración técnica del programa de formación respecto a este punto.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades formativas, que contendrá:
1.º Certificación de ingreso en contabilidad de la ayuda recibida.
2.º Relación clasificada de los gastos subvencionables en que se hubiese incurrido con motivo de la realización de la formación.
3.º Documentación justificativa que acredite los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas.
A este respecto, los costes se justificarán con facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa respecto de los gastos incluidos en la letra anterior, así como, con la documentación acreditativa del pago.
Las facturas deberán emitirse especificando el detalle de los servicios o conceptos a que se refieren. En el caso de los justificantes relativos a costes directos, deberá constar en los mismos el número de expediente al que se imputan los costes facturados. Dicho dato podrá ser incorporado por el beneficiario mediante estampilla sobre el original de la factura si no ha sido incluido en su expedición por el proveedor correspondiente.
La documentación a que se refiere este apartado deberá presentarse en ejemplar original o copia autenticada del mismo previo, en su caso, el estampillado que se menciona en el párrafo anterior.
En ningún caso los costes indirectos podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.
4.º Justificante de reintegro al Tesoro Público de la cuantía de la subvención recibida no utilizada y, en su caso, de los rendimientos financieros no aplicados. Asimismo, se deberá aportar acreditación expedida por la entidad bancaria certificando el importe de los rendimientos financieros obtenidos por cada entidad beneficiaria de la subvención concedida o la inexistencia de los mismos.
5.º Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habrá solicitado el beneficiario.
Las subvenciones que contempla la presente orden son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que respondan a la misma finalidad, cualquiera que sea el origen de su procedencia, pudiendo alcanzar hasta el 40 por ciento del presupuesto financiable del proyecto.
En todo caso, el importe de la financiación recibida no podrá superar el cote total de la actividad subvencionada.
Las acciones formativas podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo u otros fondos estructurales de la Unión Europea o supranacionales, siendo de aplicación, en su caso, la normativa comunitaria y española correspondiente, a efectos de la justificación de la subvención recibida.
Cuando las actividades formativas hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación su importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se hayan establecido en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y teniendo en cuenta para su determinación el grado y alcance de la inejecución objeto de reintegro.
2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio desde el momento en que se aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento de reintegro establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La Secretaría General de Formación Profesional dictará resolución en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación exigiendo, si procede, el reintegro. La citada resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a condiciones previstas en la sección tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los beneficiarios podrán realizar, sin previo requerimiento de la Administración, la devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante su ingreso en el Tesoro Público a través de los modelos y procedimientos previstos al efecto.
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Secretaría General de Formación Profesional tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de los destinatarios y de las personas involucradas en las acciones formativas reguladas en la presente orden, para la solicitud, gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de estas.
En la medida en que los datos personales mencionados en el apartado anterior son necesarios para gestionar la solicitud, gestión, control, financiación, seguimiento y evaluación de las acciones formativas y de las correspondientes subvenciones, la información pertinente se incorporará a la documentación o formularios en virtud de los cuales se recaben los datos personales en cuestión.
Las entidades beneficiarias serán las encargadas de la recogida de los datos de los participantes en las acciones formativas para su tratamiento.
Las entidades y personas beneficiarias tendrán los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos a que hacen referencia los artículos 12 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección