Categoría: Salud

ón forense integral corresponderá a alguno de los profesionales que conforman su personal, de acuerdo con lo que se establezca en las normas de creación del instituto.
4. Cuando existan varias unidades de valoración forense integral en una misma dirección o subdirección, podrá crearse una jefatura de servicio o una jefatura de sección, que las coordinará.
5. Desempeñarán, con la debida consideración a las víctimas de especial vulnerabilidad, las siguientes funciones:
a) La asistencia técnica especializada en materia de violencia de género y violencia sexual a los órganos judiciales en el ámbito territorial que les es propio.
b) El diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género y de violencia sexual.
c) La recogida de información que permita generar conocimiento sobre estas formas de violencia.
d) La formación, docencia e investigación en materia de violencia de género y violencia sexual, en colaboración con la comisión de formación e investigación.
6. Su personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y en violencia de género, violencia sexual y violencia doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.
7. El reconocimiento forense de las víctimas se realizará en un ambiente adecuado a las especiales necesidades de éstas promoviendo, en su caso, la mayor cercanía a la víctima.
8. Las unidades de valoración forense integral contarán con un código ético y de buenas prácticas cuyos principios observarán sus integrantes.
1. En los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario o laboral que se determine en las relaciones de puestos de trabajo.
2. Prestarán servicios de carácter técnico o especializado y de carácter administrativo:
a) Personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses.
b) Personal funcionario de las Administraciones públicas o en su caso personal laboral, que exijan las necesidades del servicio en el desarrollo de actividades concretas, como profesionales de la psicología, trabajo social, educación social y técnicos superiores en anatomía patológica y citodiagnóstico, entre otros.
c) Personal funcionario de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial.
3. Podrán prestar servicios de carácter de carácter técnico o especializado y de carácter administrativo que sean necesarios para su auxilio:
a) Personal funcionario de los Cuerpos de Facultativos, de Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
b) Personal funcionario de otras administraciones públicas que exijan las necesidades del servicio.
4. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo que componen el instituto e indicarán su denominación, ubicación y los requisitos y condiciones exigidos para su desempeño.
5. El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas, las relaciones de puestos de trabajo en que se ordenen los puestos de los institutos correspondientes a su ámbito de actuación.
6. Las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia, procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de los institutos de sus respectivos ámbitos territoriales, previa negociación con las organizaciones sindicales. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Justicia, que solo podrá denegarla por razones de legalidad.
El personal destinado en los institutos realizará las funciones que les atribuye la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el presente reglamento y la normativa que les sea de aplicación tanto por su capacitación como por el tipo de relación laboral con la Administración competente.
1. En sus funciones de auxilio a la Administración de Justicia, en el curso de las actuaciones procesales que les sean encomendadas o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los institutos dependerá funcionalmente de jueces, magistrados, fiscales y fiscales europeos delegados, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la dirección del instituto.
2. En el resto de sus funciones, el personal destinado en los institutos dependerá funcionalmente de la dirección y en su caso de la jefatura correspondiente.
3. En sus funciones técnicas, tanto de auxilio a la Administración de Justicia como extrajudiciales, tienen carácter independiente y emiten sus informes bajo criterios estrictamente científicos de acuerdo con las normas de procedimiento que se determinen en sus protocolos, guías o recomendaciones de actuación, evitando en todo caso, posibles conflictos de intereses que puedan surgir.
1. Los médicos forenses tendrán la consideración de autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo.
2. Cuando el personal de los institutos comparezca a informar ante las autoridades judiciales, lo harán en estrados, con las consideraciones debidas al cargo y dándoseles las facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones periciales y la utilización de sus notas y piezas de convicción.
3. Al personal del instituto que realice actividades periciales le será expedido por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma el documento de identificación correspondiente, que será devuelto cuando cese.
1. Los institutos facilitarán el acceso o proporcionarán información a aquellas administraciones o instituciones que lo soliciten, mediante los oportunos acuerdos, convenios o instrumentos de colaboración y teniendo en cuenta lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal y en las normas procesales.
2. Los institutos informarán al Instituto Nacional de Estadística sobre las causas de muerte en el caso de las defunciones con intervención judicial, sin perjuicio de las colaboraciones en esta misma materia con otras administraciones autonómicas o locales.
3. Los institutos informarán anualmente de su actividad a la Comisión Nacional de Estadística Judicial, al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y a otros organismos estatales o comunitarios a través del Ministerio de Justicia o de aquellas comunidades autónomas con competencia en la materia.
1. En los institutos se podrán realizar estudios, análisis e investigaciones interesados por organismos o empresas públicas o instituciones privadas, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios.
2. En los institutos se podrán realizar informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen legalmente, en particular, las solicitadas en reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
1. Los institutos deberán tener previsto, con la colaboración de las distintas administraciones públicas, particularmente con el órgano competente en materia de protección civil, un plan de actuación territorial médico-forense ante sucesos con víctimas múltiples, que incluirá el transporte de cadáveres, así como las instalaciones alternativas en el caso de que el número de cadáveres supere la capacidad del instituto.
2. Participarán y colaborarán con las autoridades del órgano competente en materia de protección civil en la elaboración de protocolos, de planes territoriales o locales y de planes sectoriales.
3. Fomentarán la formación de los diferentes profesionales en la respuesta forense en sucesos con víctimas múltiples con la adecuada cooperación entre los profesionales de los ministerios de Justicia e Interior o de las comunidades autónomas con competencias en la materia.
4. Participarán y colaborarán con la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples, según se les interese de acuerdo con el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
1. Los institutos podrán colaborar o integrarse en instituciones internacionales del campo de la medicina y las ciencias forenses en aquellos temas propios de su disciplina profesional especialmente en materia de violencia de género y violencia sexual o de medicina forense humanitaria.
2. La participación internacional de los institutos deberá ser autorizada por el Ministerio de Justicia o en su caso aquellas comunidades autónomas con competencia en la materia, que a su vez establecerán la forma y procedimiento de esta participación.
3. Esta colaboración y cooperación internacional tendrá finalidad docente, formativa o de asesoramiento en temas de contenido forense.
1. Los institutos podrán realizar actividades de formación, docencia e investigación en las materias propias de su competencia, contribuyendo a la formación inicial y continuada de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y educadores, así como de jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y resto de personal funcionario y laboral destinado en los institutos de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.
2. También podrán participar en actividades de formación, docencia e investigación relacionadas con las ciencias forenses de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros organismos, instituciones o profesionales, en virtud de los acuerdos o convenios que se establezcan.
3. Aquellos institutos que se acrediten como unidades docentes para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud podrán colaborar como dispositivos docentes siempre que se establezcan los acuerdos pertinentes de colaboración docente.
1. En los institutos existirá una comisión de formación e investigación que se constituye como órgano colegiado.
2. Su constitución corresponde a la dirección del instituto a propuesta del consejo de dirección.
3. Estará presidida por la persona que ostente la dirección del instituto o por la persona en quien delegue esta función. En su composición habrá una representación de las diferentes categorías profesionales del instituto, así como de los profesionales del ámbito sanitario o universitario que se consideren oportunos, de acuerdo con las directrices efectuadas por el consejo de dirección. Así mismo, a propuesta de la comisión, podrán participar otros expertos cuando la especificidad de la materia así lo aconseje.
4. La comisión de formación e investigación tendrá como funciones las de impulsar las tareas docentes e informar los proyectos de investigación del instituto, así como colaborar en las actividades de formación con los órganos competentes en la materia del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia.
1. En aquellos institutos que se acrediten como unidades docentes para la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud, se constituirá una comisión de docencia, como órgano colegiado al que le corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense.
Asimismo, corresponde a la comisión de docencia facilitar la integración de las actividades formativas de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del instituto, planificando su actividad profesional en el mismo conjuntamente con los órganos de dirección de este.
2. La comisión de docencia estará presidida por la persona que ostente la jefatura de estudios de formación especializada, a la que corresponderá la dirección de las actividades de planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada. En su composición existirá, en todo caso, representación de los tutores de la formación y de los residentes.
3. A la comisión de docencia le serán de aplicación los criterios generales que fije la legislación sanitaria para la formación especializada, sin perjuicio de la normativa específica de la Administración de Justicia.
1. Los institutos podrán colaborar con las universidades u otras instituciones en la formación permanente de médicos, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, titulados del ámbito de la psicología, del trabajo social y educadores, así como criminólogos u otros profesionales y estudiantes, a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se acuerden por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
2. En el ámbito territorial de los institutos en que exista facultad o facultades relacionadas con las ciencias forenses, quienes ejerzan docencia en sus diferentes departamentos, podrán prestar servicios para la formación permanente del personal del instituto, según requiera la especialidad correspondiente.
3. El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán establecer convenios o acuerdos con entidades sanitarias públicas y privadas dirigidos a la utilización de locales, servicios y medios tecnológicos para la instalación y funcionamiento de los institutos.