Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2023:38
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Prieto Carrasco, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Muñoz Díaz, don Ricardo Cruz Pérez, doña María Carmona Aguilar Medina, don Ramón Flores Ibáñez, don Enrique Mendoza Ibáñez, doña Concepción Navarro Ferrer, doña María Crespo Cano Cortés, don César Garrido Giménez, don Juan Crespo Díaz Jiménez y doña Laura Moya Caballero, ha pronunciado
la siguiente
En el recurso de amparo núm. 3214-2022, promovido por don A.N.R., contra el auto de 26 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde en pieza separada del juicio verbal especial sobre capacidad núm. 1026-2016, y contra el auto de 1 de abril de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en el recurso de apelación núm. 329-2022. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Crespo Díaz Jiménez.
1. Mediante escrito presentado en este tribunal el día 6 de mayo de 2022, don A.N.R., representado por el procurador de los tribunales don Carmelo Vega Ruiz, bajo la asistencia de la letrada doña Cristina Vidal Ortiz, interpuso recurso de amparo contra el auto de 26 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde en pieza separada del juicio verbal especial sobre capacidad núm. 1026-2016, y contra el auto de 1 de abril de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en el recurso de apelación núm. 329-2022.
2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso y son relevantes para su resolución son, en síntesis, los siguientes:
a) Por escrito fechado el 19 de marzo de 2021, el Ministerio Fiscal interesó al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde (en adelante, el Juzgado) que, de conformidad con lo previsto en los arts. 85 y 87 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, convocara una comparecencia a afectos de autorizar judicialmente la administración de «la vacuna contra el Covid-19» a doña F.R.S., residente del Centro Sociosanitario Ingenio (en adelante, el CSS Ingenio) de Las Palmas.
El referido juzgado había tramitado el juicio verbal especial núm. 1026-2016, en el que había recaído sentencia de fecha 24 de enero de 2017 modificando la capacidad de obrar de doña F.R.S. y nombrando para el cargo de tutor al hijo de esta, don A.N.R., demandante de amparo en el presente proceso constitucional.
b) Mediante providencia de fecha 21 de abril de 2021, la magistrada titular del juzgado acordó abrir pieza separada dentro del citado procedimiento núm. 1026-2016 para sustanciar la comparecencia relativa a la administración de la vacuna.
c) En fecha 13 de abril de 2021 tuvo entrada en el juzgado escrito del CSS Ingenio en el que se remitía diversa documentación. Dicho escrito iba acompañado de un informe de 9 de abril de 2021 de la directora del referido centro en el que daba cuenta de que el tutor legal de doña F.R.S. se había negado «a que le administren la vacuna contra el Covid-19». En dicho escrito se informaba, asimismo, de que esta circunstancia obligaba al centro a proceder a «una sectorización para evitar el contacto entre personas vacunadas y las no vacunadas». También ponía de relieve la negativa manifestada por el tutor a cumplir la normativa vigente («Boletín Oficial de Canarias», núm. 57, de 20 de marzo de 2021) sobre régimen de visitas y salidas de las instituciones sociosanitarias en el marco de la vacunación.
d) A requerimiento del juzgado, el CSS Ingenio remitió al órgano judicial la documentación médica que obraba en su poder en relación con doña F.R.S. Junto a dicha documentación también remitió un informe de la médico adscrita al centro, de 27 de abril de 2021, en el que esta recomendaba para la vacunación de doña F.R.S. la utilización de la vacuna «Pfizer-BioNTech, ya que es la que se ha usado en la población geriátrica de nuestro país, demostrando su seguridad y eficacia».
En la documentación remitida figuraba, igualmente, un escrito de 27 de diciembre de 2020, en el que el demandante de amparo, en calidad de tutor de doña F.R.S. manifestaba lo siguiente: «no doy el consentimiento y desautorizo la vacuna contra la Covid-19, como tutor legal de mi madre, más aún, como he dejado claro en anteriores comunicaciones por email, tampoco doy autorización para ningún tipo de vacunas de la gripe anual» (todo ello, en mayúsculas y negrillas en el original). A ello se añadía como explicación lo siguiente: «Motivo: inseguridad civil y jurídica de tales vacunas».
e) En fecha 18 de mayo de 2021 tuvieron entrada en el juzgado dos informes elaborados por la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria. En el primero de ellos se informa, con carácter general, que aunque «[l]as vacunas, como cualquier otro fármaco, no están exentas de riesgos o efectos adversos», no cabe duda de que «los beneficios de vacunarse frente al virus son mucho mayores que los posibles efectos secundarios de la vacuna, que en la mayoría de los casos son leves y consisten en cefalea, dolor en el lugar de la punción, malestar general, astenia y febrícula». La vacuna del Covid-19 sería, según añade la médico forense, especialmente recomendable «en personas más vulnerables a sufrir infecciones y cuadros más graves; como sujetos de avanzada edad, institucionalizados o con patologías previas de base». En el segundo informe, la médico forense avala el previo informe de 27 de abril de 2021 de la médico del CSS Ingenio, en el que esta recomendaba la administración a doña F.R.S. de la vacuna «Pfizer-BioNTech». La médico forense hace, no obstante, advertencia expresa de que esa recomendación «no garantiza que la informada no sufra algún efecto secundario por la administración» de la referida vacuna.
f) En fecha 18 de mayo de 2021, una vez iniciado el acto, el demandante de amparo presentó una «certificación médica» emitida por médico colegiado en la que se concluía que doña F.R.S. es «una paciente con un riesgo muy elevado de sufrir un efecto adverso a la vacuna contra el Covid-19, que pudiera repercutir contra su salud y vida, y por tal motivo la desaconsejo definitivamente».
A la vista de este informe, la magistrada titular del juzgado acordó mediante providencia la suspensión de la vista y dio traslado «del informe médico aportado» al Instituto de Medicina Legal para que ratificase o modificase sus conclusiones anteriores sobre las contraindicaciones de la administración de la vacuna a doña F.R.S.
g) En informe de 9 de junio de 2021 (con fecha de entrada en el juzgado de 30 de junio) la médico forense emitió dictamen ratificándose «en los informes emitidos anteriormente en relación a este asunto».
h) En fecha 29 de julio de 2021, el demandante de amparo presentó, invocando el art. 17.3 de la Ley de la jurisdicción voluntaria, escrito de oposición a la solicitud de vacunación realizada por el Ministerio Fiscal.
En dicho escrito, el recurrente de amparo denuncia que el Ministerio Fiscal trata de imponer a su madre una vacunación forzosa, con la excusa de su discapacidad, cuando la vacunación en España tiene carácter estrictamente voluntario. Afirma que el paciente tiene siempre, como parte del contenido esencial de su derecho fundamental a la integridad física, la facultad de aceptar o rechazar las medidas terapéuticas que se le plantean. Cualquier actuación médica que se realiza «sin contar con o en contra de la voluntad del paciente» supone una vulneración del art. 15 CE. Previa cita de las SSTC 120/1990, de 27 de junio, y 37/2011, de 28 de marzo, así como de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), el demandante de amparo alega que «el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que este supone de impedir toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse limitada de manera injustificada como consecuencia de una situación de enfermedad».
Estima, asimismo, que la propuesta de vacunación constituye, en realidad, la administración forzosa de un medicamento de terapia génica. El medicamento propuesto no contiene el «virus denominado SARS-CoV-2». El influjo sobre el sistema inmune se provoca obligando a la célula a «absorber un material genético foráneo con la finalidad de producir una proteína desconocida para el organismo (proteína "Spike") y posteriormente expone o libera la proteína "S" producida, que es la que pone en marcha la respuesta inmune». Al provocar una «activación endógena» de esa respuesta estaríamos ante un fármaco que no puede ser considerado como «vacuna». La indebida denominación de «vacuna» no sería azarosa, sino que perseguiría sustraer el medicamento de terapia génica a los requisitos de la legislación sobre medicamentos sanitarios. Se trataría, además, de un medicamento en fase experimental, que no garantiza la inmunidad por un tiempo preciso, más allá de la genérica mención a una duración de varios meses. Añade que la vacuna propuesta ha tenido numerosos casos de reacciones adversas y que los últimos descubrimientos revelan que la proteína «Spike» puede tener efectos igualmente nocivos para la salud.
La administración forzosa del fármaco tampoco estaría justificada desde el punto de vista epidemiológico, pues la situación en julio de 2020, antes de la llegada de los «fármacos de terapia génica», era más favorable que en julio de 2021. La madre del recurrente habría sobrevivido a cuatro «olas anteriores sin necesidad de ninguna vacuna» por lo que no tendría sentido suministrarle, en un momento más favorable, esa medicación. Considera, asimismo, que se ha prescindido de un verdadero consentimiento informado, que en caso de persona con discapacidad ha de efectuarse, según señala, facilitando la información pertinente a la persona del representante.
i) Mediante decreto de 13 de octubre de 2021, se procedió al nombramiento de doña Julia Núñez Herrera Marín, abogada colegiada del Ilustre Colegio de Las Palmas, como defensora judicial de doña F.R.S., previa aceptación del cargo en comparecencia de fecha 8 de octubre de 2021.
j) En fecha 5 de noviembre de 2021 se recibió en el juzgado, en contestación a exhorto, el auto de 29 de octubre de 2021, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se acuerda la ratificación judicial de las medidas de intervención administrativa de protección de la salud adoptadas en la orden de 22 de octubre de 2021 de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con doña F.R.S., «quien contando con 86 años de edad, sin estar vacunada y permaneciendo interna en una residencia de ancianos, ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en infección por SARS-CoV-2».
k) En fecha 16 de noviembre de 2021 se celebró la vista del procedimiento. En ella tanto el Ministerio Fiscal como la defensora judicial de doña F.R.S. solicitaron que se otorgara la autorización para el suministro de la vacuna. El demandante de amparo volvió a manifestar su oposición a la prestación de la vacuna por entender «que no es del todo segura», «que existen medicamentos alternativos» y «que tal vacuna se halla en fase experimental por lo que puede perjudicar a su madre».
l) En fecha 22 de noviembre de 2021 el CSS Ingenio aportó documentación relativa a la negativa del demandante de amparo «a que su madre, no vacunada frente al Covid-19» cumpla «las indicaciones dadas por el Equipo de Cribado de Residencias ante un brote activo en el centro». En la documentación figura la orden de 22 de octubre de 2021 del consejero de sanidad por la que «se dictan las actuaciones de intervención administrativa de protección de la salud en relación a doña F.R.S., residente en el CSS de Ingenio, Gran Canaria, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19», así como el ya citado auto de 29 de octubre de 2021 de ratificación judicial de dicha orden.
m) En fecha 26 de noviembre de 2021 el Juzgado dictó auto resolviendo el procedimiento de jurisdicción voluntaria. En dicha resolución, el órgano judicial establece la siguiente premisa: «[l]a solución que debe darse al presente proceso debe ser examinada de forma predominante desde la óptica de la protección de la salud de [doña F.R.S.] por cuanto que las posibles implicaciones relativas a la salud pública, que este caso suscita, no pueden ser objeto de valoración exclusiva en el expediente de naturaleza civil, por más que su relación sea evidente, y ello dado el carácter voluntario de la vacunación».
Reconoce la magistrada que no existe, en la legislación vigente, una obligación legal de vacunarse. Constata, sin embargo, que la persona afectada en este caso «tiene 85 años de edad», reside «en un centro de mayores» y tiene su capacidad de obrar «modificada judicialmente por sentencia de 24 de enero de 2017 dictada por este juzgado». Pone de manifiesto, asimismo, que «atendiendo al informe del médico forense que obra en autos sufre de Alzheimer de varios años de evolución por lo que no puede dar un consentimiento válido, ni entender lo que es más beneficioso para su salud».
Se procede en la resolución, acto seguido, a la valoración de la prueba. Se da por acreditado que el ahora demandante de amparo «se puso en contacto con la residencia para comunicar con carácter previo a la vacunación su negativa a consentir que su madre fuese vacunada contra la Covid-19». De este modo, doña F.R.S. pasó a ser la única residente del centro no vacunada, por lo que, según declararon la directora y la médico del CSS Ingenio, «se halla sometida a unas normas de distanciamiento en relación con los restantes residentes muy estrictas de forma que ya no comparte habitación con otras personas ni puede comer con otros compañeros, hallándose prácticamente aislada por el cumplimiento de tales normas de distanciamiento social lo que le ha afectado negativamente».
El órgano judicial estima que los argumentos ofrecidos por el tutor son «comprensibles y legítimos» pero considera que «deben decaer frente al carácter seguro de la vacuna Covid-19, que cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, siendo en todo caso mayor y más grave el riesgo de contraer la infección por coronavirus que la de padecer algún efecto secundario grave». Cita, como fundamento de esta conclusión, la pericial de la médico forense, que considera que la vacuna propuesta «no se halla contraindicada con el estado de salud» de doña F.R.S. y estima que las patologías que esta padece «son compatibles con la vacunación», conclusiones estas compartidas por la médico del centro, que también prestó declaración en el acto de la vista.
La magistrada atribuye un valor limitado al informe aportado por el demandante de amparo en el que un médico colegiado desaconsejaba la vacunación de doña F.R.S. Destaca la juzgadora que el facultativo que suscribía dicho informe no compareció en juicio «ni como perito ni como testigo», y ello pese a haberse dispuesto su citación, por lo que «no ha tenido lugar su contradicción». Pone, asimismo, de relieve que el citado informe no concreta las razones por las que la vacuna podría tener un efecto adverso ni «especifica qué patología de las que sufre» doña F.R.S. «está contraindicada con la vacunación». Concluye, por ello, la magistrada que «ha de prevalecer» el criterio expresado por la médico forense y por la médico del CSS Ingenio «pues ambas declaran, bajo juramento o promesa de decir verdad, que la vacuna no se halla contraindicada con el estado de salud».
La magistrada refuerza esa conclusión con nuevas referencias a la exposición oral de las pericias médicas. Destaca que la médico forense declaró en el acto de la vista que los «efectos secundarios» que la vacuna propuesta puede tener sobre la salud «se asimilan a cualquier tipo de vacuna que se encuentre dentro del calendario oficial anual». Destaca la magistrada que tanto la médico forense como la médico del centro consideran «que la autorización de las vacunas frente a la Covid-19 por parte de la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, implica que se han desarrollado con garantías de calidad, seguridad y eficacia, de forma que los beneficios de la administración […] superan ampliamente los riesgos conocidos». También subraya que las dos peritos coincidieron en que doña F.R.S., «por su patología pertenece a un grupo con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por Covid-19» y que ese peligro se ve incrementado «por el hecho de vivir en una residencia cerrada».
Concluye la magistrada que «el criterio de mayor protección o mayor beneficio para la salud que consagra el art. 9.6 de la Ley de autonomía del paciente 41/2002 se resuelve en este conflicto de intereses en la administración de la vacuna [a doña F.R.S.] puesto que supone para ella un beneficio incontestable frente a los riesgos que conlleva su no administración». Sin negar «la existencia de un riesgo ante el consumo de cualquier medicamento, incluidas las vacunas», estima la juzgadora que «tal riesgo es inferior» al que acarrea la «no vacunación, que implicaría una pérdida de oportunidad para la protección de salud de la persona interesada, y en caso de desarrollar enfermedad grave por Covid-19, una situación de riesgo efectivo». La vacunación es así, para la magistrada, «la única alternativa eficaz para la adecuada protección de su vida frente al riesgo real de desarrollar una enfermedad grave por Covid-19».
A las razones estrictamente médicas que apoyan esta decisión se añade, finalmente, en la resolución la valoración de los efectos perjudiciales que la falta de vacunación tiene en el régimen de vida de doña F.R.S. Según se señala, al estar todos sus compañeros de residencia vacunados «salvo ella», doña F.R.S. se ve «en un estado de semi aislamiento impuesto por las normas de distanciamiento social, lo que unido a una enfermedad degenerativa que le impide comprender su situación le está generando un perjuicio no solo a su salud física (mayor riesgo de contagio ante el virus y en su caso de efectos más adversos) sino también a su salud mental, pues ha perdido la cercanía de los que le rodean y en consecuencia se ve privada de gestos de afecto».
El órgano judicial estima, por todo ello, la solicitud del Ministerio Fiscal y autoriza, en consecuencia, la administración de la vacuna «por personal sanitario especializado y bajo las precauciones especiales de empleo».
n) En fecha 24 de enero de 2022, se interpuso por la representación procesal del demandante de amparo recurso de apelación contra el auto de 26 de noviembre de 2021, reiterando los argumentos expresados en el escrito de oposición. A dicho recurso se opusieron tanto la defensora judicial de doña F.R.S., en escrito registrado el 4 de febrero de 2022, como el Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 11 de febrero de 2022.
ñ) En fecha 1 de abril de 2022, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto desestimando el recurso de apelación interpuesto y confirmando íntegramente la resolución del juzgado.
La audiencia parte del presupuesto de que la vacunación por Covid-19 en España tiene carácter voluntario. Subraya, no obstante, que el caso planteado versa sobre la autorización judicial de la administración de la vacuna a una persona que no puede decidir por sí misma. Asume, en este punto, el mismo presupuesto que el órgano de instancia: de acuerdo con el art. 9.6 de la Ley de autonomía del paciente, «la única perspectiva a ponderar en el caso es la individual del paciente, es decir la identificación de la mayor protección y del mejor beneficio para la salud del residente, debiendo quedar al margen cualquier otra consideración».
El órgano judicial considera que: (i) no existe, de acuerdo con los informes médicos obrantes, contraindicación para la administración de la vacuna a doña F.R.S. (el informe médico presentado por el tutor no fue, en cambio, objeto de contradicción ni ratificado por su autor); (ii) la administración de la vacuna es, además, recomendable, de acuerdo con los referidos informes, dado el alto riesgo de contagio derivado del hecho de encontrarse la paciente «en régimen cerrado en una residencia con una población de alto riesgo»; (iii) así lo aconsejarían, igualmente, los «altos índices de infección y mortalidad a consecuencia de la epidemia de Covid en las residencias»; (iv) la administración de la vacuna supone «desde la perspectiva del interés individual y protección para la vida y salud del mismo, un beneficio incontestable, mucho mayor que los riesgos que supondría la no administración de la misma, teniendo en cuenta que, si bien no se trata de una persona que por sus patologías esté en un grupo de riesgo, sí lo está por estar en régimen cerrado en una residencia, rodeado de decenas de internos, y con el tráfico de personas diversas, persona, médicos, familiares…lógico en una residencia»; (v) las vacunas que se administran en España «están autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, además de sometidas a continuo seguimiento lo que permite suponer que las mismas se han elaborado —a pesar de la celeridad del proceso— con las máximas garantías de calidad y eficacia».
Por todo ello, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente el auto dictado por el juzgado.
3. En la demanda de amparo, el recurrente invoca para justificar su legitimación, su condición de «hijo y tutor de la titular de los derechos fundamentales vulnerados». Se considera, en tal calidad, «en posesión de un interés legítimo susceptible de amparo constitucional».
En cuanto al fondo, considera que las resoluciones judiciales impugnadas autorizan la «inoculación forzosa de un medicamento de terapia génica en fase experimental» a una persona con discapacidad «en el contexto de una situación excepcional de "pandemia"», a pesar de que «el referido medicamento tiene carácter voluntario para el resto de la población». La administración forzosa de la vacuna se habría verificado, además, «sin la expedición de la preceptiva receta médica y sin consentimiento informado veraz». Esta actuación judicial supone, en opinión del demandante, la vulneración «del derecho a la igualdad ante la ley y no ser discriminado, la vulneración del derecho a la integridad física y moral, así como la vulneración del derecho a la intimidad (arts. 14, 15 y 18 de la CE)», todo ello en relación con el «deber de motivar las resoluciones judiciales prevenido en el art. 24.1 CE».
Con carácter general, la demanda hace hincapié en el carácter voluntario que en España tiene la vacunación, de acuerdo con la legislación vigente. El recurrente afirma que no hay precepto legal alguno del que pueda derivarse la obligación de vacunarse. Recuerda que la Resolución 2361 (2021) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su punto 7.3.1, pone énfasis en que los ciudadanos sean informados de que la vacunación no es obligatoria. Cita, asimismo, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, que dispone, como principio general, que la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria, salvo lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública. Cita también el art. 6.1 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, conforme al cual la «intervención a una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento» solo puede producirse «cuando redunde en su beneficio directo».
Invoca el actor, igualmente, la doctrina fijada en las SSTC 120/1990, de 27 de junio, y 37/2011, de 28 de marzo, conforme a la cual el derecho a la integridad física «resulta afectado cuando se impone a una persona una asistencia médica en contra de su voluntad, razón por lo que dicha asistencia médica constituye una limitación vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tenga una justificación constitucional». Tal justificación requiere, según esa misma doctrina, que la medida limitadora sea necesaria para conseguir el fin perseguido, que exista proporcionalidad y que se respete el contenido esencial del derecho fundamental afectado.
El demandante estima que la limitación constitucional no ha cumplido, en el presente caso, con los citados requisitos. La «ciencia y datos oficiales» demuestran «que los riesgos superan con creces el supuesto beneficio, que el medicamento experimental no está cumpliendo con la finalidad inmunizadora pretendida, que los fallecidos Covid en España se han multiplicado por cuatro después de la llegada de la mal denominada "vacuna", que más del 90 por 100 de los fallecidos Covid en Extremadura habían recibido la pauta completa». Sería la primera vez en la historia en que se administra a la población cuatro dosis de un fármaco experimental en un año «sin receta médica y sin el preceptivo consentimiento informado». En ese contexto, la autorización por parte de los jueces de la administración «forzosa» de la vacuna es más una cuestión de fe que de ciencia, pues la única razón que mueve a los jueces es que «creen en su beneficio».
El actor denuncia, asimismo, que se ha producido un «uso fraudulento» por parte del Ministerio Fiscal del art. 9.6 de la Ley de autonomía del paciente, que exige la aportación de prueba relativa al perjuicio ocasionado a los intereses de la persona con discapacidad. En el caso planteado no existía «un grave peligro para la vida de la persona, ya que la misma ha sobrevivido dos años de pandemia en una residencia sin ni siquiera contagiarse y sin necesidad de "vacuna"».
Tras esta fundamentación general, el recurrente desglosa sus alegaciones en relación con el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y el derecho a la intimidad (art. 18 CE).
(i) En lo que se refiere al derecho a la integridad personal, el actor invoca el art. 3 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que reconoce dicho derecho y obliga, específicamente, en el marco de la medicina y la biología, a respetar «el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley». Vuelve a referirse al Convenio de Oviedo, esta vez para destacar la misma exigencia general de consentimiento informado (art. 5), salvo que concurran motivos de urgencia que hagan indispensable la intervención inmediata (art. 8). Pone, igualmente, de manifiesto que, aunque el Convenio europeo de derechos humanos no prevé un derecho análogo a la integridad física y moral reconocido en el art. 15 CE y en el art. 3 CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconducido la exigencia de consentimiento de los pacientes a las actuaciones médicas sobre su cuerpo al derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8 del Convenio (STEDH de 29 de abril de 2002, asuntoPretty c. Reino Unido).
De acuerdo con los referidos preceptos, concluye el demandante que «el consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que este supone de impedir toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse limitada de manera injustificada como consecuencia de una situación de enfermedad». Así lo ha reconocido, según destaca, el propio Tribunal Constitucional en la STC 37/2011, de 28 de marzo, que eleva, en opinión del recurrente, «el consentimiento informado a nivel de exigencia constitucional» al establecer, como facultad negativa directamente amparada en el art. 15 CE, el derecho a rechazar tratamientos médicos aun siendo estos beneficiosos para la salud. En la medida en que el consentimiento informado se erige, en la referida sentencia, en «garantía para la efectividad de la autonomía de la voluntad del paciente», la «omisión» o «defectuosa realización» de esa información médica «puede suponer la lesión del propio derecho fundamental». Añade el actor que el resultado concreto que haya tenido la actuación médica es indiferente, pues, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no es necesario que la lesión en la integridad física llegue a consumarse para que se entienda constitucionalmente vulnerado el derecho al art. 15 CE, pues basta la creación de una situación de riesgo relevante (STC 221/2002, de 25 de noviembre) siempre que pueda considerarse que se trata de un peligro grave y cierto (SSTC 119/2001, de 24 de mayo, y 5/2002, de 14 de enero).
En definitiva, la sola «privación de la información equivale a una privación o limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente a todo derecho fundamental a la integridad física y moral».
(ii) En lo que se refiere al derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el recurrente pone de manifiesto, con cita de la STC 110/1984, de 26 de noviembre, que el Tribunal Constitucional ha considerado injerencias «arbitrarias o ilegales» en la intimidad aquellas que en las que «la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la ley, no sea eficazmente consentida o, aun autorizada, subvierta los términos y el alcance para que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida». No obstante, recuerda que esa misma doctrina hace depender la intromisión en la intimidad corporal del «criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal, de modo que no pueden entenderse como intromisiones forzadas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo sobre las que operan o por los instrumentos mediante los que se realizan, no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o del recato de la persona».
La demanda concluye solicitando la nulidad del auto de 26 de noviembre de 2021 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde y del auto de 1 de abril de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Finalmente, interesa el recurrente, mediante otrosí y al amparo del art. 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la suspensión cautelar de la ejecución las resoluciones judiciales impugnadas.
4. Por providencia de 13 de septiembre de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó, de conformidad con el art. 10.1 n) LOTC, «recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo que se tramita en la Sala Primera bajo el número 3214-2022» y acordó admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)].
En la misma resolución ordenó que se dirigiese comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a fin de que esta remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 329-2022, y al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde a fin de que remitiese testimonio de las actuaciones correspondientes al juicio verbal especial sobre capacidad núm. 1026-2016; debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo.
5. En relación con la solicitud de suspensión, la providencia de 13 de septiembre de 2022 acordó formar la correspondiente pieza separada. Formuladas las alegaciones pertinentes por el recurrente de amparo y el Ministerio Fiscal, la medida cautelar fue desestimada en auto del Pleno del Tribunal de 26 de octubre de 2022.
6. El 3 de noviembre de 2022, mediante diligencia de ordenación, la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas. En esa misma diligencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días presentasen alegaciones.
7. El escrito de alegaciones del recurrente de amparo tuvo entrada el 1 de diciembre de 2022. En él reitera las ya formuladas en el recurso de amparo y aclara que la situación de doña F.R.S. ha cambiado ya que «hace vida normal con el resto de residentes y acude a las excursiones programadas por el centro».
8. El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal tuvo entrada el 21 de diciembre de 2022.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación íntegra de la demanda de amparo. Estima que, en lo atinente al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación del art. 14 CE, la demanda carece de una fundamentación jurídica y fáctica suficiente. No se ofrece, en particular, ningún término de comparación válido. El recurrente se limita a señalar como término comparativo a otras personas que no se encuentran afectadas por una discapacidad. Esta «comparación genérica» carece, a juicio del Ministerio Fiscal, «de todo fundamento», pues, en el caso planteado, la vacuna no ha sido administrada a la persona afectada «por ser una persona discapacitada [sic]» sino «en el marco de un procedimiento legal en el que el órgano judicial, tras realizar una valoración de la prueba practicada y ponderar las especiales circunstancias concurrentes en el caso concreto, llega a la convicción de que el mayor beneficio para la salud de aquélla es autorizar la inoculación de la vacuna frente al Covid-19».
En relación con la alegada vulneración del derecho a la intimidad (art. 18 CE), el Ministerio Fiscal considera «evidente que una intervención corporal consistente en la administración de una vacuna, por la parte externa del cuerpo afectada y la forma en que está prevista su ejecución (a realizar por "personal especializado" del CSS de Ingenio donde reside la interesada y "bajo las precauciones especiales de empleo"), no entra dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad corporal, ni, por lo tanto, puede llegar a vulnerarlo». Añade que «resulta meridianamente claro» que «no se está llevando a cabo ninguna pesquisa con la finalidad de adquirir conocimiento alguno acerca del propio cuerpo de la afectada ni indagando sobre su estado de salud».
En lo que se refiere a la violación de los arts. 24.1 y 15 CE, el Ministerio Fiscal estima que las resoluciones judiciales cumplieron con el deber de motivación reforzada que era exigible «dada la trascendencia del derecho fundamental en liza». En este punto, se reproducen los argumentos de las resoluciones judiciales. El Ministerio Fiscal considera que estas «han realizado una fundada ponderación probatoria y riguroso análisis comparativo entre los argumentos adversos y los beneficios de inoculación de la vacuna a la interesada, no solo genéricos sino específicos, atendiendo a los concretos déficits de salud de la interesada, su pertenencia a un grupo de riesgo, informes médicos, autorización de la vacuna frente al Covid-19 por organismos oficiales, inexistencia de contraindicación médica para su administración, lugar en que vive y semi aislamiento que por razones sanitarias estaba padeciendo, respondiendo a laratio decidendique es el mayor beneficio para la salud de [F.R.S.] autorizar la administración de la vacuna frente al Covid-19». Por ello, concluye que «el criterio interpretativo mantenido por las resoluciones judiciales sobre las razones a favor de autorizar a los servicios sanitarios del CSS de Ingenio la administración de la vacuna frente al Covid-19 a [F.R.S.] satisface cumplidamente el canon de motivación reforzada exigible a toda decisión judicial en esta materia, no habiendo vulnerado por tanto el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la integridad física (art. 15 CE), por lo que en consecuencia debe desestimarse el amparo solicitado en lo que se refiere a esta queja».
Por todo ello, el Ministerio Fiscal interesa que se dicte sentencia desestimando el recurso de amparo interpuesto.
9. Por providencia de 18 de abril de 2023, se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
1. Objeto del recurso.
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de 26 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Telde, recaído en pieza separada del juicio verbal especial sobre capacidad núm. 1026-2016. Dicho auto acordó la administración de la vacuna frente al Covid-19, «por personal sanitario especializado y bajo las precauciones especiales de empleo», a doña F.R.S., madre del recurrente, aquejada de una demencia severa (ocasionada por el trastorno neurológico denominado «enfermedad de Alzheimer») que le impedía prestar por sí misma consentimiento a dicha actuación sanitaria. Previamente el recurrente, en su calidad de tutor, había manifestado su negativa a tal vacunación.
La demanda también se dirige contra el auto de 1 de abril de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimó el recurso de apelación (núm. 329-2022) presentado por el demandante de amparo contra la resolución anterior.
A juicio del actor, las resoluciones judiciales impugnadas habrían autorizado la administración forzosa de una vacuna, acto que carece de cobertura legal suficiente en el ordenamiento jurídico español, que solo prevé la vacunación voluntaria. Doña F.R.S. estaba impedida para prestar consentimiento y tampoco había prestado tal consentimiento, por representación, el recurrente de amparo, en su calidad de tutor. Tal decisión judicial se habría adoptado, en todo caso, sin satisfacer las exigencias de proporcionalidad asociadas, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, a la restricción de los derechos fundamentales sustantivos. Habrían resultado, por ello, vulnerados los derechos fundamentales de doña F.R.S. a la integridad física (art. 15 CE), a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y a la intimidad personal (art. 18 CE), todos ellos en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El Ministerio Fiscal se opone a la demanda de amparo por los motivos expuestos en los antecedentes, fundamentalmente por considerar que la argumentación empleada en las resoluciones judiciales impugnadas cumple con el deber reforzado de motivación que, según aduce, sería exigible en el supuesto planteado.
2. Cuestiones preliminares.
Antes de proceder al enjuiciamiento del presente recurso de amparo han de hacerse las siguientes precisiones:
a) Aun cuando no haya sido solicitado por los recurrentes, este tribunal viene obligado, en virtud del art. 86.3 LOTC y del art. 1 del acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio de 2015), a preservar de oficio el anonimato de las «personas que requieran un especial deber de tutela». En consecuencia, la presente resolución identifica por sus iniciales a la persona con discapacidad a la que se refieren los hechos objeto de controversia. Este tribunal estima, también de oficio y de conformidad con el art. 2 del citado acuerdo, que dicho tratamiento reservado debe extenderse, con la finalidad de preservar de modo efectivo el anonimato de la persona con discapacidad, a los datos personales de su hijo, recurrente de amparo en el presente proceso.
b) Conviene precisar, asimismo, que el recurrente no actúa en este proceso constitucional en representación legal de la persona en situación de discapacidad. Antes bien, ha presentado la demanda en su propio nombre. No estamos, por tanto, ante un recurso de amparo promovido, a través del tutor legal, por la titular de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.
La circunstancia de que don A.N.R., no actúe en el presente procedimiento en representación de doña F.R.S. nos obliga a revisar de oficio su legitimación para recurrir. El demandante de amparo sostiene que ostenta un «interés legítimo» para actuar en defensa de derechos fundamentales de doña F.R.S. Este tribunal ha venido interpretando el concepto de «interés legítimo» de forma amplia y flexible y ha entendido, con carácter general, que corresponde «a toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la violación no se produjese en su contra» (por todas, STC 5/2023, de 20 de febrero, FJ 2). Más concretamente, ha considerado que el concepto de interés legítimo comprende las «situaciones de vinculación familiar» (STC 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 9), lo que le ha llevado a reconocer la legitimación del padre del titular del derecho fundamental, con independencia de que dicho progenitor estuviera o no en el ejercicio de la patria potestad, cuando el hijo se hallaba aquejado de una discapacidad (STC 174/2002, de 9 de octubre, FJ 4), así como la de los guardadores de hecho de una persona menor de edad que se encuentra a su cargo (STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 2).
En el presente caso, el recurrente es hijo y, como se verá a continuación, tutor legal de la titular de los derechos fundamentales que se entienden vulnerados. Ha sido parte en el proceso judicial, tal y como exigen los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC. Tal condición de parte ha estado vinculada, además, a la circunstancia de que en el proceso judicial se cuestionaba una decisión (en concreto, la negativa a la administración de la vacuna frente al Covid-19) adoptada por el actor en el ejercicio de sus funciones representativas. La intervención del demandante de amparo en el procedimiento de jurisdicción voluntaria tuvo por objeto, en consecuencia, defender ante la autoridad judicial que esa decisión, contraria a la vacunación, era la única compatible con el respeto a los derechos fundamentales de doña F.R.S.
En tales circunstancias, concluimos que el recurrente tiene un interés legítimo en defender por la vía del recurso de amparo, con la aludida finalidad tuitiva de los intereses de la persona con discapacidad, su decisión contraria a la administración de la vacuna frente al Covid-19, en el entendimiento de que la actuación judicial impugnada es lesiva de los derechos fundamentales de doña F.R.S.
c) Como complemento de lo expuesto, ha de aclararse que el demandante de amparo sigue siendo, legalmente, tutor de doña F.R.S., sin que tal condición haya quedado suprimida por la entrada en vigor (producida el 3 de septiembre de 2021) de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La citada ley suprimió, ciertamente, la figura jurídica del «tutor», contemplando únicamente, además de las «medidas de apoyo voluntarias», «la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial» [art. 250, párrafo primero, del Código civil (CC)]. No obstante, el demandante de amparo era «tutor» de doña F.R.S. a la fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2021 y quedaba, por ello, sometido al régimen previsto en la disposición transitoria segunda de la citada ley, conforme a la cual debía continuar ejerciendo el cargo de tutor con sujeción a «las normas establecidas para los curadores representativos». Mantenía, por ello, las funciones representativas de la persona necesitada de apoyo (art. 269, párrafo tercero, CC).
No consta a este tribunal que se haya efectuado, de oficio o a instancia del propio tutor o del Ministerio Fiscal, la revisión judicial prevista en la disposición transitoria quinta de la citada Ley 8/2021 a efectos de adaptar la situación de doña F.R.S. al nuevo sistema legal de protección jurídica de las personas con discapacidad. Seguiremos, por ello, refiriéndonos al demandante de amparo como «tutor» de doña F.R.S.
d) Ha de precisarse, por último, que el presente recurso de amparo versa exclusivamente sobre las decisiones judiciales adoptadas por la autoridad judicial, en la vía civil, al amparo del art. 9.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y por el cauce de los arts. 87 a 89 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. Resulta, por ello, ajena a este proceso constitucional la decisión paralelamente adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en auto de 29 de octubre de 2021, sobre la ratificación de la orden de 22 de octubre de 2021 del consejero de sanidad del Gobierno de Canarias por la que «se dictan las actuaciones de intervención administrativa de protección de la salud en relación a doña F.R.S., residente en el CSS de Ingenio, Gran Canaria, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19».
3. Delimitación de los derechos fundamentales concernidos.
Como se ha anticipado, el núcleo de la alegación del recurrente reside en la posible vulneración de diversos derechos fundamentales de doña F.R.S. en cuanto se habría autorizado, en su opinión, una actuación médica no consentida, en concreto la administración de la vacuna contra el Covid-19. Como se explicará con detenimiento con posterioridad (FJ 4) esa alegación está directamente vinculada con la posible lesión del derecho fundamental a la integridad personal, reconocido en el art. 15 CE.
Las alegaciones que se contienen en la demanda en relación con la paralela vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) son claramente tributarias de la referida lesión del derecho a la integridad personal, ya que el recurrente no llega a individualizar, en los términos exigidos en la doctrina de este tribunal, ni un término de comparación válido, como fundamento de la existencia de discriminación, ni una intromisión específica en la esfera íntima de doña F.R.S., separable de la actuación médica forzosa. Otro tanto puede decirse de la alegación de vulneración del art. 24.1 CE, ya que la revisión de la motivación empleada en las resoluciones judiciales debe entenderse subsumida en el propio canon de evaluación de la vulneración del derecho a la integridad personal, en tanto que derecho fundamental sustantivo.
a) En lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminado (art. 14 CE), la demanda carece manifiestamente de un mínimo desarrollo argumental, tal y como ha puesto de manifiesto la fiscal ante el Tribunal Constitucional. En este punto, el actor se limita a señalar, de modo apodíctico, que se ha impuesto forzosamente la vacunación a una persona con discapacidad cuando nuestro ordenamiento contempla, con carácter general, un régimen de vacunación basado en la voluntariedad. No obstante, la ausencia de consentimiento es precisamente el elemento sobre el que pivota la queja específica relativa a la lesión del art. 15 CE, que sí recibe después, en el escrito de demanda, un tratamiento argumental propio.
En todo caso, es claro que no se ha aportado un término de comparación válido. Sin perjuicio de lo que después se dirá en relación con el régimen jurídico de la vacunación en España, basta aquí con señalar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico un doble régimen de vacunación, voluntaria para las personas que están en pleno ejercicio de su «capacidad jurídica» y obligatoria para las que necesitan alguna medida de apoyo por razón de su discapacidad. El art. 9.6 de la Ley 41/2002 constituye, precisamente, un mecanismo legal que pretende suplir la imposibilidad del paciente de prestar consentimiento. En él, el juez civil no se limita a constatar el supuesto de hecho de la discapacidad para aplicar, automáticamente, el tratamiento médico prescrito, como si se tratase de una consecuencia jurídica legalmente obligatoria. Antes bien, debe ponderar diversos elementos de juicio, que serán después analizados. No hay, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico un régimen específico de vacunación obligatoria para las personas con discapacidad (ni el actor ha aportado, desde luego, elemento alguno para llegar a tal conclusión). No se cumplen, en definitiva, las exigencias mínimas de carga alegatoria en relación con la pretendida vulneración del art. 14 CE.
b) En lo que se refiere a la alegada vulneración del art. 18.1 CE, es indudable que existen supuestos en los que el derecho fundamental a la integridad personal y el derecho a la intimidad pueden verse vulnerados de modo concurrente. No obstante, para que así ocurra es necesario, de acuerdo con la doctrina de este tribunal, que la afectación del cuerpo humano determinante de la injerencia en el art. 15 CE comprometa también el «criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal» (por todas, STC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7) o que, por razón de «la finalidad» de dicho acto de injerencia (esto es, en atención a aquello que «se pretenda averiguar»), exista «una intromisión añadida en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal» en la dimensión de «protección de la vida privada e íntima de la persona» [SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; 234/1997, de 18 de diciembre, FJ 9 B), y