Categoría: Administración

En el marco del Convenio Básico de Cooperación entre la República de El Salvador y el Reino de España, suscrito el 29 de octubre de 2008, y en vigencia desde el 17 de diciembre del 2009, se celebró́ la IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Salvadoreña de Cooperación Científica, Técnica y Cultural, el día 15 de marzo de 2023, presencialmente, en la ciudad de San Salvador. En este contexto, ambas Delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa plurianual de cooperación en áreas de interés común para el período 2023-2026, que se describen en el documento estratégico del Marco de Asociación País con El Salvador (MAP).
La Delegación salvadoreña estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Moya Jiménez.
La Delegación española estuvo presidida por el Embajador de España en El Salvador, Carlos de la Morena Casado.
Se incluye en el anexo 1 de la presente Acta la lista de participantes de las Delegaciones Oficiales de El Salvador y España.
Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos que forman parte integrante de la misma:
– Capítulo I. Marco de Actuación: Marco de Asociación País (MAP) El Salvador- España 2023-2026.
– Capítulo II. Consideraciones finales.
– Anexos:
● Anexo 1. Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales de El Salvador y de España.
● Anexo 2. Marco de Asociación País (MAP) El Salvador- España 2023-2026.
El Marco de Asociación País El Salvador - España 2015-2019 (MAP) y el Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Salvadoreña de Cooperación (celebrada el 30 de noviembre de 2015) son los antecedentes más recientes de planificación estratégica de la Cooperación Española en El Salvador. El Marco de Asociación País (MAP) anexo a la presente Acta de la IX Comisión Mixta, que se firma hoy, es el documento que define dicha estrategia para el periodo 2023-2026, y está alineado a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, así como a los instrumentos programáticos y prioridades de desarrollo del Gobierno de El Salvador.
La elaboración del Marco de Asociación País El Salvador-España ha sido liderada por el Grupo Estable de Coordinación (GEC), constituido como espacio de diálogo y coordinación en el cual se asegura la gestión estratégica, así como el seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas durante todo el ciclo de implementación del MAP. Participan en el GEC, la Embajada de España en El Salvador; la Oficina de Cooperación Española (OCE), que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; las ONGD españolas con sede en El Salvador, la Oficina Comercial de la Embajada de España; el Centro Cultural de España en El Salvador; la Cámara de Comercio Española; la cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas y Entidades Locales), a través de sus representantes.
Para la elaboración del Marco de Asociación País El Salvador-España 2023-2026 se ha mantenido un permanente diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) de El Salvador, y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), así como Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreña.
La Delegación salvadoreña explicó el actual marco de planificación en materia de cooperación al desarrollo centrado en el Plan Cuscatlán como un instrumento de política pública orientado al beneficio de la población salvadoreña, y específicamente en el apartado correspondiente a política exterior, con el objetivo de promover el desarrollo de la cooperación en sus diferentes modalidades. De esta manera, el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional-ESCO, como parte de la nueva arquitectura nacional, en consonancia con las prioridades nacionales y de la agenda internacional de desarrollo, impulsan las acciones de cooperación en sus diversas modalidades, buscando consolidar al país como un actor con rol dual en la cooperación.
De la misma manera, la Delegación salvadoreña comentó que las prioridades establecidas por el Gobierno abarcan una visión integral del desarrollo, con tres ejes principales que se interrelacionan: la reactivación económica; el bienestar social y la seguridad; y gobierno efectivo, a estas se suman con igual importancia temas puntuales como desarrollo humano, así como atención a emergencia y desastres.
En el área social y de desarrollo humano, el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2019-2024 (PDS) establece 9 Resultados de Desarrollo Social, con sus respectivos Resultados intermedios, todos ellos con indicadores de medida. Así mismo, existen distintos programas sectoriales como la Agenda Digital El Salvador 2020-2030, que busca integrar a todos los actores que participan del desarrollo del país a través de la innovación y la aplicación de las TIC; el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador; Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano «Crecer Juntos»; la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017 -2027, el Plan Control Territorial, entre otros. Los mismos han sido instrumentos claves para identificar prioridades para el diseño del MAP 2023-2026.
La Delegación española informó sobre la Política de Cooperación al Desarrollo contenida en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, que entró en vigor el 22 de febrero de 2023 e indicó que en el mes de marzo del 2018 fue aprobado por el Consejo de Ministros el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021) en un momento de intensa transformación global que afecta todos los ámbitos y sitúa a la cooperación para el desarrollo en un contexto de grandes cambios, fijando como uno de sus resultados, la focalización de la Cooperación Española en aquellos países donde puede tener mayor incidencia e impacto, dando especial énfasis a la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la transparencia.
Se informa también que, en julio de 2020, se aprobó la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, la cual establece tres prioridades: 1. Salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública; 2. Proteger y recuperar derechos y capacidades; y 3. Preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática.
Asimismo, se informó que el pasado 22 de febrero de 2023, entró en vigor la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. España busca adaptar la normativa a los cambios registrados en el proceso de globalización y el ascenso de los países emergentes, con visibles mejoras en el acceso a la educación y la salud, a lo cual sin duda ha contribuido la cooperación para el desarrollo y la asunción, a nivel internacional, de metas como los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Nuevos principios y escenarios, con diferentes actores y formas de cooperación, exigen respuesta. El mundo es hoy un lugar más globalizado, pero también más complejo, en el que el desarrollo sostenible es un desafío global que nos concierne a todos los países, indistintamente de su nivel de desarrollo.
Por su parte, la Delegación de El Salvador destacó el trabajo conjunto con la cooperación española en los diferentes programas y proyectos con larga y exitosa trayectoria en el país, entre otros, las actuaciones en materia de agua y saneamiento a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS); el programa de mejoramiento de Caminos Rurales, el apoyo al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer para el desarrollo de políticas de género, la consolidación del rol dual de El Salvador en la cooperación sur-sur y triangular, a través del Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOSAL), entre otros.
En este contexto destacamos la interlocución y el diálogo político e institucional de naturaleza horizontal y de alto nivel entorno a la cooperación entre ambos países, así como el compromiso de continuar reforzando los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos en ejecución.
Asimismo, las Delegaciones destacaron la importancia de la utilización de instrumentos como la cooperación triangular, la cooperación reembolsable, alianzas público-privadas; la cooperación técnica y la transferencia de conocimientos.
En este contexto, la Delegación Española ratificó su compromiso con El Salvador, País de Asociación, y con su población sobre la base del potencial de este país como socio de desarrollo y la capacidad institucional desplegada por la Cooperación Española. Ello indicaría que El Salvador seguirá siendo un socio de España en materia de cooperación al desarrollo en los próximos años.
La Delegación Española señaló que la Cooperación Española viene acompañando a El Salvador en sus propios procesos de desarrollo desde hace más de 30 años, período en el que se han dado importantes cambios en la esfera internacional, regional y nacional que inciden en la agenda de desarrollo de ambos países, su esquema tradicional de asociación y los nuevos desafíos.
Asimismo, se constató que ya se ha cumplido un ciclo que debe evolucionar hacia otros planteamientos, encontrándose actualmente en plena transición hacia una relación de desarrollo diferente en la que se deba actuar en base a un modelo de desarrollo que tenga un mayor impacto, permitiendo así consolidar los buenos resultados de lo ya realizado y a su vez, acompañar la gestión de la ayuda para alcanzar un mayor nivel de eficacia.
Ambas Delegaciones mostraron su compromiso para avanzar en la calidad de la ayuda y eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra, el IV Foro de Alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan en 2011 y la asunción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al respecto, señalaron la importancia de los compromisos que se han acordado en esta materia y que se encuentran reflejados en el Marco de Asociación País.
El Marco de Asociación País es una estrategia diseñada y compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades. Integra a una multiplicidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.
En ese sentido, dado que las amplias y sólidas relaciones entre El Salvador y España son multidimensionales, procede identificar, qué combinación de políticas y resultados de desarrollo, niveles de ayuda y procedimientos e instrumentos de cooperación son los más apropiados en el contexto salvadoreño para seguir afianzando el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida existente entre ambos países.
Por lo anterior, el Marco de Asociación País (MAP) 2023-2026 está necesariamente determinado a ser un marco estratégico realista, dando continuidad al MAP anterior y profundizando aún más en la eficacia de la ayuda y en el trabajo como socios para el desarrollo. De esta manera, el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida entre El Salvador y España se organiza alrededor de un limitado número de resultados de desarrollo fijados de común acuerdo, adaptados a la realidad salvadoreña, y en convergencia con la actual política española de cooperación internacional al desarrollo; todo ello, poniendo en valor el camino recorrido conjuntamente en torno a lecciones aprendidas muchas de ellas extraídas del MAP 2015-2019.
Este Marco de Asociación País (MAP) ha hecho sustantiva la gestión por resultados, focalizando el trabajo en resultados de desarrollo en lugar de sectores, e incluye un sistema de monitoreo y seguimiento coordinado por la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en El Salvador, en el seno del GEC.
Ambas Delegaciones acordaron que la Cooperación Española debe focalizar su trabajo, durante la vigencia del Marco de Asociación País (MAP) 2023-2026, en los siguientes resultados de desarrollo:
– RD 1. Se apoya la recuperación del tejido productivo y la resiliencia con las personas y el planeta en el centro.
– RD 2. La población en condiciones de vulnerabilidad, en todas las edades, aumenta su acceso a la educación de calidad.
– RD 3. Las mujeres en su ciclo de vida avanzan en la igualdad de género y su empoderamiento.
– RD 4. Aumenta la cobertura y calidad de acceso al agua, saneamiento e higiene con un enfoque de gestión integral y participativa del recurso hídrico.
– RD 5. Los titulares y garantes refuerzan el Estado de Derecho, la consolidación de la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana.
Ambas Delegaciones coincidieron en destacar la importancia de incorporar el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de diversidad cultural y de sostenibilidad ambiental en los resultados de desarrollo. Por esa razón, una vez más, la Delegación Española puso a disposición de las autoridades salvadoreñas el Centro Cultural de España (CCE), así como un conjunto de instrumentos de la Cooperación Española que vienen contribuyendo a la mejora de la formación y el desarrollo de capacidades en sus distintos niveles.
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas por ambas Delegaciones, en base al consenso y la participación en la elaboración del documento del MAP, ambos países acordaron la aprobación del Marco de Asociación País, estrategia compartida para la consecución de resultados de desarrollo y visiones comunes del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza. El Marco de Asociación País entre El Salvador y España tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 diciembre de 2026.
Asimismo, en materia de coordinación con otros actores de la cooperación, España reiteró que mantendrá su esfuerzo para mejorar la armonización entre la comunidad de donantes y otros organismos de cooperación internacional, así como asegurar la coherencia con otras políticas públicas de la acción exterior española.
Ambas Delegaciones, coincidieron en la necesidad de avanzar en la mutua rendición de cuentas, por tal razón, el Marco de Asociación País contará con un seguimiento bienal, así como una evaluación intermedia y una final acompañada de una rendición de cuentas mutua, además de reuniones de seguimiento periódicas, cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en El Salvador como en España, para todo lo cual se creará una Comisión Estratégica y otra Técnica como instancias responsables.
Las Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre la vigencia de lo incorporado a la presente Acta de la IX Comisión Mixta hispano-salvadoreña, así como de los compromisos en ella recogidos, destacando que los mismos corresponden a los aspectos de coincidencia entre los sectores incluidos en las Políticas Públicas de Desarrollo de El Salvador y las prioridades de la Cooperación Española.
En tal sentido, ambas Delegaciones se comprometieron a fomentar el desarrollo de las actividades de cooperación, incluyendo la ejecución de programas y proyectos, bajo el régimen de cofinanciación, siempre que las condiciones financieras y administrativas de la parte salvadoreña lo permitan.
Ambas Delegaciones manifestaron su interés para fortalecer los procedimientos propios que permitan una ejecución ágil y efectiva de los compromisos de la cooperación.
Las Delegaciones aprovecharon la oportunidad para reconocer la importancia del trabajo que realizan las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas y sus contrapartes de la sociedad civil salvadoreña.
En ese contexto, según lo dispuesto en el Convenio Básico de Cooperación entre la República de El Salvador y el Reino de España y de acuerdo al marco de actuación del Órgano Ejecutivo, coincidieron en la necesidad de facilitar las acciones y condiciones necesarias para el desarrollo de su labor, velando por la seguridad jurídica, en cumplimiento a las leyes y normativas vigentes salvadoreña y coordinando sus gestiones con las instituciones del Gobierno salvadoreño rectoras correspondientes
Asimismo, ambas partes procurarán la generación de espacios de diálogo – para la ejecución de diferentes programas y proyectos de cooperación vinculados al Marco de Asociación País (MAP) 2023-2026 y al Convenio Básico de Cooperación entre la República de El Salvador y el Reino de España.
Asimismo, destacaron el trabajo de la cooperación descentralizada que desarrollan las Comunidades Autónomas y Entidades Locales de España en El Salvador, iniciativas que complementan el marco oficial bilateral de la cooperación.
Al término de la reunión, ambas Delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación, acorde con el alto nivel de sus relaciones, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los Gobiernos y pueblos de El Salvador y España.
Y con la finalidad de consignar lo acordado durante la citada Comisión Mixta, suscriben la presente Acta en cuatro ejemplares en español, igualmente válidos, en San Salvador, a día 15 de marzo de 2023.–Por el Gobierno de la República de El Salvador,Alexandra Romero Muñoz, Ministra de Relaciones Exteriores.–Por el Gobierno del Reino de España, Carlos de la Morena Casado, embajador de España en El Salvador.
1. Relación de integrantes de las delegaciones oficiales El Salvador y España.
2. Marco de Asociación País (MAP) El Salvador-España 2023-2026
Delegación salvadoreña:
Alexandra Sáez Muñoz, Ministra de Relaciones Exteriores.
Rina Campos Aguilar Castillo, Directora General de Política Exterior.
Elba Ibáñez Alonso Ibáñez Vargas de la Oficina de Cooperación Internacional.
Jorge Moya Benítez Mendoza, Director de Asuntos Bilaterales.
José Alonso González Carrasco Gallego de Europa.
Claudia Sandoval de Ramirez, Coordinadora de Estrategia de Cooperación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional.
Maira Beatriz Cuellar Ramos, Coordinadora de Cooperación Internacional.
Delegación española:
Carlos de la Morena Casado, Embajador de España en El Salvador.
Miguel Ángel García León Morales Iglesias de España en El Salvador.
Juan Manuel López Urdiales, Encargado de Asuntos Consulares, Administrativos y Culturales-Embajada de España en El Salvador.
José Gutiérrez Ortiz Vega, Consejero de Interior-Embajada de España en El Salvador.
Miguel Pena Sánchez, Agregado Santana-Embajada de España en El Salvador.
Fernando Rey Yébenes, Coordinador Peña de la Cooperación Española en El Salvador.
Alvaro Pascual Soto, Director del Centro Cultural de España en El Salvador.
José Luis Cabezas Sañudo, Responsable de Programas de la Oficina de Cooperación Española de El Salvador.
Según establece la ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, la firma del MAP supone una serie de trámites y protocolos por parte de ambos países para formalizar el Acuerdo. Para España el MAP es un Acuerdo Internacional Administrativo en desarrollo de un tratado internacional más general. Si no hubiese tratado internacional de corte más general en el que sustentar el MAP, se especificará que este es un acuerdo no normativo, según lo establecido por la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014).
1. Bases para la asociación.
1.1 Contexto del país.
1.2 Situación de la cooperación Internacional.
Principales actores de la Cooperación al Desarrollo.
II Marco de Asociación País (MAP) 2015-2019.
Organizaciones Multilaterales de Desarrollo.
Acción humanitaria.
Cooperación cultural y acción cultural.
Ventaja comparativa de la Cooperación Española.
1.3 Análisis de la Estrategia nacional con base a las 5 P para no dejar a nadie atrás.
Personas.
Prosperidad.
Planeta.
Paz.
Alianzas.
1.4 Conclusiones.
2. Resultados de desarrollo sostenible.
2.1 Contribución a la Agenda 2030 nacional.
2.2 Alcance territorial.
2.3 Marco de Resultados.
3. Alianzas para la estrategia.
3.1 Red de alianzas.
Actores salvadoreños.
Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.
Unión Europea.
Organismos Internacionales.
Sector privado empresarial – organizaciones empresariales y empresas.
Universidades y centros docentes y de investigación.
3.2 Modalidades e instrumentos.
Proyectos y programas.
Cooperación Técnica.
Cooperación Multilateral.
Cooperación Delegada (UE).
Reembolsable FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo).
APPD.
3.3 Recursos.
3.4 Riesgos.
Riesgos medioambientales.
Riesgos económicos.
Riesgos institucionales y políticos.
4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
4.1 Seguimiento.
4.2 Evaluación y revisión.
4.3 Rendición Mutua de Cuentas y Transparencia.
ANEXO I. Marco de Resultados.
ANEXO I. bis Marco de resultados.
ANEXO II. Red de alianzas.
ANEXO III. Recursos financieros.
ANEXO IV. Matriz de riesgos.
Acrónimos:
AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AH: Acción Humanitaria.
AMSS: Área Metropolitana de San Salvador.
ANDA: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
BANDESAL: Banco de Desarrollo de El Salvador.
BCR: Banco Central de Reserva de El Salvador.
CCESV: Centro Cultural de España en El Salvador.
CE: Cooperación Española.
CEL: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
CENDEPESCA: Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura.
CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal.
CNE: Consejo Nacional de Energía.
CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura.
COAMSS: Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador.
CONAIPD: Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.
CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.
CSJ: Corte Suprema de Justicia.
DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FGR: Fiscalía General de la República.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.
IAIP: Instituto de Acceso a la Información Pública.
INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud.
INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.
ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.
ISNA: Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MAP: Marco de Asociación País.
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
MH: Ministerio de Hacienda.
MIGOBDT: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
MICULTURA: Ministerio de Cultura.
MINEDUCYT: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
MINSAL: Ministerio de Salud.
MIPYMES: Micro, pequeña y mediana empresa.
MITUR: Ministerio de Turismo.
MIVI: Ministerio de Vivienda.
MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
MINDEL: Ministerio de Desarrollo Local.
MINEC: Ministerio de Economía.
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
OACNUDH: Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OIM: Organización Internacional Para las Migraciones.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONU MUJERES: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.
OTC: Oficina Técnica de Cooperación.
PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
PGR: Procuraduría General de la República.
PMA: Programa Mundial de Alimentos.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
RD: Resultado de Desarrollo.
RI: Resultado Intermedio.
TSE: Tribunal Supremo Electoral.
UE: Unión Europea.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
UTE: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.
1.1 Contexto del país.
El Salvador tiene una población de 6.321.042(14)personas, con una superficie de 21.040 km2, siendo el país con mayor densidad de población de América, si se exceptúan algunas islas del mar Caribe.
El país es considerado de desarrollo humano medio, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,673 en 2019(15), ocupa el puesto 124 de un total de 189 países. El IDH ajustado por desigualdad (0,529) arroja una pérdida del 21,4% y 1 puesto respecto al IDH, con un coeficiente de Gini de 0,35(16), una esperanza de vida al nacer de 73,3 años y un ingreso nacional per cápita es de 8.359 dólares americanos.
Su forma de gobierno es una República democrática presidencialista. El poder legislativo reside en la Asamblea Legislativa conformada por 84 diputadas y diputados, de los cuales 23 son mujeres (27,38%) y 61 hombres (72,62%). Administrativamente se divide en 14 departamentos y 262 municipios. Tras las elecciones municipales de 2021, 29 municipios (11%) tienen alcaldesa y 233 (89%) a un alcalde(17), datos que evidencian la brecha de género en participación política de las mujeres.
Los principales sectores productivos de El Salvador son la industria manufacturera y los servicios, con un peso relativamente bajo del sector primario (6,1%), reflejo de la alta tasa de urbanización de la población del país y de la escasa disponibilidad de suelo para fines agrícolas causada por la elevada densidad demográfica(18). Las cuatro ramas de actividad económica que concentran la mayor parte de población ocupada son: comercio, hoteles y restaurantes (31,0%), Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura (15,4%), industria manufacturera (14,9%) y construcción (6,8%)(19). La recaudación fiscal es baja y distintos gobiernos han puesto en marcha reformas fiscales encaminadas a incrementarla, con resultados limitados(20). En la actualidad la deuda pública del país es del 83,8% del PIB(21).
El mercado laboral a nivel nacional cuenta con una población económicamente activa -PEA- de 2,917,617 personas, 41.2% mujeres y 58.8% hombres, lo que refleja una menor inserción de las mujeres en los ámbitos productivos(22)además de sufrir mayor precariedad salarial y condiciones injustas, a lo que se suma la flexibilización, la inestabilidad y la violencia laboral, además de mayores niveles de informalidad que no permiten el acceso a la seguridad social.
Para el 2019 se reflejaba una diferencia de 67,29 USD de salario mensual promedio a favor de los hombres, lo que refuerza la brecha salarial de género. Según la DIGESTYC, el 30% de las mujeres de 15 años o más, que han ejercido un trabajo a lo largo de su vida, han sido afectadas por discriminación laboral.(23)
En 2019 El Salvador tenía una tasa de hogares en extrema pobreza del 5,5%, una tasa de mortalidad infantil de 8,7 por cada 1.000, una tasa de mortalidad materna de 24,3 por cada 100.000, una tasa neta de matrícula en educación inicial de 6,4 años, un promedio de escolaridad de 7,1 años, una tasa de familias con inseguridad alimentaria del 16%. El ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños es de USD 619,90, con una marcada diferencia entre el área urbana (USD 728,33) y el área rural (USD 435,19)(24).Según un informe de Oxfam(25), junto a esta pobreza, conviven 160 fortunas que acumulan el 87% de la riqueza nacional, lo que evidencia una distribución de la renta muy desigual. En agosto de 2021 el Gobierno aumentó un 20% el salario mínimo, que pasó a estar entre USD 243,45 y USD 365 según los sectores.
Las condiciones históricas de pobreza, violencia (crímenes, amenazas y extorsiones), y en el caso de muchos jóvenes el reclutamiento forzado por parte de las maras/pandillas, así como el desempleo, originaron que más de tres millones de personas migraran a otros países, y en especial, a Estados Unidos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, El Salvador recibió 5.918,6 millones de dólares en concepto de remesas familiares en el año 2020, con 269,6 millones (4,8%) más que en 2019, lo que supone el 24,1% del PIB del país, y sitúa a las remesas como uno de los principales pilares de la economía salvadoreña.
En el año 2017, un total de 7.092 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, no asistían a un centro escolar por dedicarse al trabajo doméstico, y de cuidado (97% niñas). En el 2015 se registró que 7.900 niñas y adolescentes abandonaron su proyecto escolar a consecuencia de un embarazo, de estas solo la cuarta parte retorna a sus estudios(26). Los datos más recientes del MINEDUCYT muestran que la población estudiantil estuvo integrada en un 50,99% por niños y un 49,01% por niñas.(27). Según sexo, para los hombres el promedio nacional de años aprobados es 7,4y 7,0 para las mujeres.(28)
Los pueblos originarios que actualmente habitan El Salvador son Nahuapipil, Lenca y Kakawira(29). El Salvador reconoce oficialmente la existencia de los pueblos indígenas a partir de la reforma constitucional de 2014 que estableció la obligación para el Estado de adoptar políticas para el desarrollo de su identidad étnica, cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.
La Ley de Cultura (2016), y en 2018 se oficializó la «Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador», el «Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador» y la «Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas». El país también tiene población afrodescendiente, que se encuentra poco visibilizada y reclama mayor reconocimiento y respeto.
El Salvador presentó en 2019 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su informe para el Examen Periódico Universal (EPU)(30), donde se hace una descripción detallada de la situación de los derechos humanos en el país. El Salvador recibió 207 recomendaciones, las que fueron examinadas preliminarmente con el apoyo de los Estados que conformaron la Troika para el examen, asumiendo el compromiso de valorarlas en el marco de un proceso interno de consulta, para trasladar su posición final sobre las mismas, conforme al procedimiento del EPU(31). Partiendo de los compromisos que el país ha efectuado ante dicho espacio, y dentro de sus recomendaciones se exhorta a la ratificación de tratados internacionales pendientes por suscribir o ratificar, el desarrollo de legislación garante de los Derechos Humanos, el desarrollo de políticas de protección a colectivos vulnerables, el aumento de la seguridad pública, la mejora del derecho a la salud, la educación, la cultura y el agua potable, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la aprobación de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes, y la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador.
Entre las recomendaciones realizadas por el EPU en materia de protección efectiva de defensoras de derechos humanos, así como la diligente investigación de los actos de ataque contra esta población, destaca, entre otros, la necesidad de seguir avanzando y mejorando en los programas para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, y del colectivo LGBTIQ, así como en proporcionar garantías suficientes para el respeto de los derechos y libertades fundamentales y del debido proceso.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, aún si bien existen marcos normativos específicos, que incluyen legislación acorde a estándares internacionales e incluso con tribunales especializados para el combate a la violencia contra las mujeres, en El Salvador sigue siendo un reto disminuir las vulneraciones de los derechos de las mujeres. De enero a marzo de 2021 la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios registró 47 feminicidios, y la Fiscalía General de la República (FGR) reporta 96 mujeres desaparecidas, en los dos primeros meses de 2021(32). En 2020, se reportaron 2.858 delitos contra la libertad sexual (90% mujeres, 9% hombres, y 1% no registrado). Las principales víctimas son las niñas y adolescentes menores de 17 años(33). Según los informes del Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres del MINEC-DIGESTYC, la violencia sexual ocurre en un 50% de los casos en el domicilio particular. En 2020 se reportaron un total de 130 muertes violentas de mujeres, siendo el rango de edad más afectado el de 18-30 años (55 casos sobre el total)(34), de los cuales 97 casos sucedieron entre los meses de enero a junio de 2020, coincidiendo con el confinamiento domiciliar decretado por la crisis de la COVID-19.
Durante este periodo también se incrementó la violencia física y la violencia psicológica, debido a la presencia del agresor en el domicilio familiar de manera permanente.
El Salvador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, con una tasa de fecundidad de 89 cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. De enero a septiembre de 2020 MINSAL informó de 10.076 niñas y adolescentes embarazadas (10-19 años), media de 37 casos al día, y el 23% del total(35). El Ministerio de Salud(36)indica que en el primer trimestre de 2021 se han registrado 138 embarazos en niñas entre 10 a 14 años y 3.555 en adolescentes de 15 a 19 años.
El Salvador es uno de los países en los que la interrupción del embarazo, está penalizada en todas sus causales. La pandemia ha afectado también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la atención de los servicios de salud, con un descenso del 30,63% en los casos de cáncer de mama identificados(37)y el aumento del 16% de muertes por cáncer cérvico uterino y el 7,36% de las muertes maternas, en comparación con 2019(38), situación que se agrava por la menor disponibilidad de seguro médico respecto de los hombres (-3,1%).
Aunque en los últimos años se han producido avances, las personas LGBTIQ son especialmente vulnerables a abusos y ataques a su integridad. COMCAVISTRANS ha documentado 84 casos de personas LGBTIQ desplazadas internas y 8 personas LGBTIQ deportadas con necesidades de protección(39).
El Salvador mantiene una biodiversidad significativa, con buena representatividad de ecosistemas y especies y con recursos genéticos de importancia regional y mundial. Muchas de las actividades económicas dependen críticamente de la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas, incluyendo la producción agrícola, pesquera y el turismo. De igual forma, la economía y el bienestar de muchas comunidades locales dependen del aprovechamiento de los recursos biológicos y los servicios ecosistémicos; de ahí que la biodiversidad del país represente un activo vital para la calidad de vida y el desarrollo presente y futuro. Sin embargo, la mayoría de los sistemas ecológicos enfrentan amenazas como la reducción, el deterioro y la fragmentación de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación(40). El Salvador cuenta con áreas naturales protegidas como la de El Boquerón, y varios Parques Nacionales (El Imposible, Montecristo, Los Volcanes, San Diego y la Barra de Santiago).
El agua es un recurso extremadamente vulnerable en El Salvador, especialmente a la luz de la creciente demanda residencial, agrícola e industrial. A pesar de la lluvia abundante, su distribución irregular a lo largo del año y las condiciones inadecuadas para almacenar el agua y regular su flujo, limitan la disponibilidad de los recursos. Además, el cambio en el uso de la tierra en las zonas de recarga acuífera y la contaminación están causando una reducción en la disponibilidad del agua para los distintos usos(41).
El Salvador ha ratificado el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Según su última Contribución Determinada a nivel Nacional de El Salvador(42)(NDC en sus siglas en inglés), el aumento de temperatura, junto con los cambios que se prevén en los patrones de precipitación, tendrá graves implicaciones para la disponibilidad hídrica, la agricultura y pesca, la seguridad alimentaria, la infraestructura, la generación de energía, la salud, la actividad turística y otros ámbitos esenciales para el desarrollo económico y el bienestar de la población salvadoreña. Los impactos previsibles del cambio climático serán particularmente fuertes en la zona costera-marina y en la región oriental del país, afectando territorios de importancia estratégica en términos de su riqueza como capital natural, vocación y potencial de desarrollo turístico, pesquero y acuícola.
El Salvador es un país sometido a múltiples riesgos por fenómenos naturales extremos. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de promedio se registran más de 4.000 sismos al año. Los eventos hidrometeorológicos extremos son frecuentes, y las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en el 2020 dejaron como resultado 30 personas fallecidas y 4.260,5 manzanas de cultivos dañadas. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en los últimos años el sector agropecuario ha sido impactado por tres sequías (2014, 2015 y 2018) y alguna afectación por exceso de lluvias en 2018.
Entre los riesgos sociales destacan la alta desigualdad, la violencia y la inseguridad ciudadana. El Salvador ha tenido históricamente una alta tasa de homicidios que se está reduciendo de forma considerable en los últimos años (20 por cada 100.000 habitantes en 2020, frente a 50 por cada 100.000 en 2018(43). Para hacer frente a los grupos criminales, el Gobierno destaca la puesta en marcha del Plan Control Territorial, basado en el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento al crimen organizado, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y el rescate del tejido social. Tras la flexibilización de restricciones por la COVID-19 se produjo un aumento en los delitos de extorsión y el narcotráfico; sin embargo, ha tenido una reducción de un 26% en los primeros meses de 2021 en comparación con el mismo período de 2020, según la Policía Nacional Civil (PNC). Las estadísticas de la PNC destacan una reducción en la cifra de personas que fueron registradas como desaparecidas en el país en los primeros meses de 2021 en comparación con 2020 y 2019. Los datos policiales indican que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021 han recibido la denuncia de 397 personas sin ubicar. En el mismo período del año anterior se contabilizaron 413, mientras que en 2019 fueron 618. En términos porcentuales, la Policía reporta una baja del 35.7 % de 2019 al 2021.(44)
La crisis del COVID-19 ha afectado al país provocando la pérdida de más de 4.027 vidas(45). Para reducir la velocidad de propagación de la pandemia de COVID-19 a efectos que el sistema de salud continuara siendo capaz de atender debidamente la población salvadoreña, el Gobierno adoptó desde sus inicios medidas estrictas de contención que previnieran los efectos del virus. Estas medidas incluyeron restricciones de viaje, cierre de centros educativos, cuarentena obligatoria para ciudadanos expuestos, suspensión de operaciones no esenciales del sector público y privado, establecimiento de centros de contención de cuarentena, entre otros.
Las medidas de contención, junto con la recesión económica mundial, tuvieron un impacto significativo en la actividad económica doméstica, principalmente en el segundo trimestre de 2020, afectando de forma directa a las finanzas públicas y provocando una pérdida de ingresos fiscales, el aumento el déficit fiscal y deterioro del sector exterior del país.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva, la economía registró una caída del 7,9 % en 2020, provocando una disminución significativa de los ingresos fiscales, lo cual reduce el ya limitado espacio fiscal, aumentando el nivel de endeudamiento que, combinado con el incremento de gastos para entender los efectos negativos de la pandemia, generaron un aumento del déficit fiscal del 10,1% del PIB(46). Se limitó la movilidad, ralentizándose la actividad económica y agudizándose problemas preexistentes. El impacto de la pandemia del COVID-19 se estima en una contracción de un 8,6% del PIB, y un aumento de la pobreza en un 7,4% (478.000 personas), con un especial impacto en los sectores agrarios (incluida la pesca y la acuicultura) y el sector informal, donde las mujeres tienen una mayor participación. Sin embargo, los principales riesgos se derivan de la alta tasa de deuda pública, la baja tasa de recaudación, y la dependencia de remesas y la Ayuda Oficial al Desarrollo. De acuerdo a las autoridades salvadoreñas, el impacto de la adopción de bitcoin como moneda de curso legal, mediante la ley que entró en vigor en septiembre de 2021, aspira a lograr beneficios positivos para el desarrollo económico y social del país.
La suspensión de clases presenciales en los centros escolares, según el Banco Mundial implica una pérdida de 1,2 años de escolaridad ajustados por la calidad de aprendizaje. Adicionalmente, el COVID-19 ha evidenciado las condiciones en las que viven los estudiantes del sector público y sus familias, particularmente en zonas rurales del país. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC para el año 2019, señala que a nivel urbano el 23,8% de los hogares posee una computadora y 34,6% tiene acceso a internet, mientras que a nivel rural solamente 4,8% tiene computadora y un 4,1% tiene acceso a internet, lo que marca una brecha digital que repercute en el acceso a los recursos educativos y finalmente en los aprendizajes(47). En respuesta a la pandemia, el MINED ha impulsado la modalidad educativa híbrida, semipresencial y virtual, desarrollando herramientas educativas y una plataforma multimodal con guías impresas y clases en radio y televisión. Asimismo, ha brindado paquetes de internet y computadoras para estudiantes del sistema público.
Por su parte, el sector cultural y artístico, ha sido también fuertemente afectado por el cierre de espacios culturales, restricciones de aforo, y falta de ingresos por contrataciones o venta de entradas.
Para hacer frente a la crisis del COVID-19 se puso en marcha el Programa de Emergencia Sanitaria, así como un amplio paquete de medidas en el ámbito sanitario, educativo, económico y de protección social, incluyendo al sector artístico y cultural, pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos vulnerables. En el año 2021 el país ha emprendido una eficaz campaña de vacunación para alcanzar una rápida inmunidad de grupo(48).
La victoria del actual Presidente Nayib Bukele en las elecciones de 2019 rompió con el bipartidismo de ARENA y FMLN que han gobernado en el país en los últimos treinta años. En las elecciones para los consejos municipales y la Asamblea Legislativa de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas recibió la mayoría de los votos, obteniendo 56 diputados de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa y 153 de las 262 alcaldías del país. Todo ello está suponiendo cambios sustanciales en las estructuras y políticas del Gobierno y el Estado.
El Gobierno reactivó el 16 de octubre de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible(49), actualmente en proceso de conformación, que tiene dentro de sus funciones promover el diálogo y la participación, en consulta con la sociedad civil para el análisis de políticas integradoras en los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Ante estos profundos cambios que también se han reflejado en la política de cooperación, los actores de la cooperación española y las organizaciones de sociedad civil salvadoreña con las que desarrollan un trabajo en conjunto han trasladado la importancia de disponer de condiciones adecuadas, seguridad jurídica y espacios de diálogo entre todos los actores que faciliten la ejecución de los diferentes programas y proyectos de cooperación en beneficio de la población salvadoreña.
1.2 Situación de la cooperación Internacional.
La Cooperación Española en El Salvador se regula a través del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador renovado en San Salvador el 29 de octubre de 2008, en vigor desde el 17 de diciembre de 2009, aunque el trabajo conjunto entre ambos países tiene más de 30 años.
El vigente V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021(50)(V-PD), considera a El Salvador un «País de Asociación» en el que seguirá trabajando en los próximos años. La Cooperación Española se ha orientado en estos años según los principios transversales establecidos en el V-PD: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental.
Además, y como signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) España tiene un compromiso con la realización de los derechos de la infancia en todo el mundo. La CDN considera la cooperación internacional como un mecanismo fundamental para garantizar los derechos de la infancia, y en este marco la cooperación española aprobó su Estrategia de Infancia. En el III ciclo del Examen Periódico Universal (2020), España aceptó la recomendación específica comprometiéndose a seguir impulsando «la implementación efectiva de la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española». Recientemente ha cambiado la arquitectura institucional de la interlocución con el Gobierno de El Salvador, con la eliminación en junio de 2020 del Viceministerio de Cooperación que se situaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) con dependencia directa de la Presidencia de la República. En la actualidad, el diálogo y articulación con instituciones del Gobierno Central se hace a través de ESCO manteniendo una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La AECID en El Salvador cuenta con dos unidades, la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) y el Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) como canalizador de la Cooperación Cultural, que coordinan sus actuaciones con un amplio conjunto de actores.
Principales actores de la Cooperación al Desarrollo.
La cooperación bilateral en El Salvador se gestiona principalmente desde la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) y entre sus contrapartes públicas de ámbito estatal destacan entre otros además de las instituciones ejecutoras, la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) a través de la Oficina de Cooperación y la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE). A su vez, el Ministerio de Cultura es la contraparte pública estatal más importante del Centro Cultural de España (CCESV). En el ámbito municipal destacan el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) a través de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca.
Desde la Administración General del Estado destaca la cooperación que realiza la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES). A su vez, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) cuenta con el Colegio Padre Arrupe de San Salvador integrado en el Programa de Colegios de Convenio del MEFP desde 1999 con más de 1.600 estudiantes. Además, el MEFP ha establecido un acuerdo con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), para la puesta en marcha de un Centro de Recursos para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual.
Varias Comunidades Autónomas consideran a El Salvador como país prioritario, de las cuales Andalucía y Cataluña, entre otras, tienen cooperación directa. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo cuenta con presencia permanente en el país, compartiendo sede con la OTC. La AACID coopera vía ONGD andaluzas, cooperación universitaria y cooperación bilateral directa, apoyando políticas públicas nacionales o locales.
Durante los últimos cinco años se ha concentrado en prevención de violencia, sobre todo la violencia juvenil ligada a las pandillas, gobernanza urbana, desarrollo económico local y gestión de riesgos. Los socios principales de la AACID han sido el Consejo de alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), el Ministerio de Desarrollo Local / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (MINDEL/FISDL) y la Alcaldía de San Salvador.
La Xunta de Galicia financia a distintas ONGD que trabajan en El Salvador a través de su convocatoria de subvenciones y apoya directamente, con una voluntad de continuidad, al sector de pesca artesanal a través de la Fundación CETMAR, fundación pública dependiente de la Consellería do Mar que ejecuta la política de cooperación al desarrollo en materia de pesca y acuicultura de la Cooperación Gallega. Desde el ámbito municipal, destaca la presencia en El Salvador del Fons Catalá y Euskal Fondoa.
La mayor parte de los fondos de la Cooperación Española en El Salvador se canalizan a través de ONGD y organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad hay más de 25 ONGD españolas con presencia en El Salvador, las cuales tienen, solo con financiación AECID, convenios y programas por más de 9 millones de euros, habiendo recibido también subvenciones de los actores públicos de la