Categoría: Administración

ndoles recursos económicos, residenciales y sociales. Este apoyo a las mujeres en dificultad se completa con una novedosa disposición que regula las entregas hospitalarias de aquellas que deciden renunciar a su hijo tras el parto. No hay precedentes de una regulación similar a nivel autonómico, y su objetivo es promover que el proceso de la entrega del recién nacido en adopción, cuando la madre y su entorno más próximo no pueden hacerse cargo del mismo, se desarrolle con las mayores garantías de los derechos de la madre y del bebé, tanto en el ámbito sanitario como en el de protección de la infancia.
Si el apoyo a las familias es uno de los ejes de este título, el núcleo central del mismo es la primacía del interés superior de los niños en el sistema de protección, promoviendo la desinstitucionalización de los mismos centrando la intervención en sus trayectorias vitales que determinarán, en cada momento, la elección de la medida de protección más adecuada y su duración, así como en la búsqueda de la estabilidad. Una de las herramientas que se utilizan para ello es un modelo implantado con éxito en otros países con situaciones de partida parecidas a la española denominado Concurrent Planning: un elevado número de niños a cargo del sistema de protección sujetos a medidas supuestamente temporales que acaban alargándose durante muchos años y fundamentalmente, en acogimiento residencial, y con escasas experiencias exitosas de retorno con la familia de origen.
Para lograr estos objetivos, la ley introduce plazos y acciones muy concretos en cada una de las fases de intervención del sistema de protección, prioriza el cuidado familiar frente al residencial, la permanencia con la familia que inicialmente se hizo cargo del niño cuando entró en el sistema de protección en los casos de no retorno, a través de las declaraciones de idoneidad simultáneas para la adopción y el acogimiento, y la posible revisión de las mismas en función de la evolución de la trayectoria vital del niño. Así, en la búsqueda permanente del interés superior del niño, se hace compatible, a través de la adopción abierta el establecimiento de una nueva relación de filiación, equivalente en todo a la biológica, con ruptura de los vínculos jurídicos con la familia de origen, de carácter irrevocable y definitivo, con el mantenimiento de relaciones personales.
Asimismo, prevé la intervención intensiva con la familia de origen de cara a un posible retorno, pero con tiempos limitados en función de las circunstancias y edades de los niños.
El sistema descansa en unos aliados fundamentales para lograr la desinstitucionalización y la protección familiar estable de los niños: las familias acogedoras, adoptantes y colaboradoras. La ley determina que el acogimiento familiar de urgencia será la medida preferente para atender a los niños, principalmente para los menores de seis años y favorece que los acogedores familiares se conviertan en adoptantes del niño que han tenido acogido, para garantizar la continuidad de los cuidados y de las relaciones socioafectivas y la integración familiar, siempre con el punto de mira en el interés superior del menor.
Así, el registro de familias se unifica, creándose un único registro de familias acogedoras y adoptantes. Para que todo el sistema sea viable, es preciso tener familias disponibles, y para ello, la ley prevé sistemas de captación y apoyo a las mismas.
Se prevén, además, entre otras cuestiones, que los centros residenciales sean supervisados permanentemente y deberán tender a un número adecuado de plazas y la promoción de la creación de redes de apoyo para fomentar las relaciones de los niños con personas y familias de referencia con las que establecer vínculos fuera de los centros contando así con figuras de referencia para favorecer que la atención y el ambiente en el que viven los niños sean similares a los de una familia.
El título IV establece el régimen sancionador, con cinco capítulos relativos a las disposiciones generales, las infracciones, las sanciones, plazo de prescripción y el procedimiento.
Las cuatro disposiciones adicionales están dedicadas, respectivamente, a la supresión de la Comisión de Tutela del Menor y de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, a la utilización del término Entidad pública de protección y a la dotación presupuestaria.
La disposición transitoria primera regula la normativa aplicable a los procedimientos de protección iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.
La disposición transitoria segunda regula tanto la Comisión de Tutela del Menor como los Consejos de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid que continuarán desarrollando sus funciones transitoriamente, hasta que entren en vigor los desarrollos reglamentarios de la regulación de ambos.
La disposición derogatoria única procede a derogar expresamente la Ley 6/1995, de 28 de marzo, y la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Por último, las diez disposiciones finales regulan su posterior desarrollo reglamentario, establecen modificaciones en diversas leyes, así como la entrada en vigor de esta ley.
1. Esta Ley es de aplicación a las personas menores de dieciocho años que se encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid, salvo que estén emancipados o que, en virtud de la Ley nacional que les sea aplicable, hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, a las personas menores de edad que se encuentren de forma transitoria en la Comunidad de Madrid, por razones que no supongan modificación de su residencia habitual, les será de aplicación lo dispuesto en el Titulo III de esta ley durante el tiempo que dure su estancia, de manera subsidiaria y compatible con la cobertura dispensada por el sistema de protección a la infancia de su Comunidad Autónoma de residencia.
3. Esta Ley será aplicable a las personas mayores de dieciocho que se encuentren en alguno de los programas de preparación para la vida independiente, en los casos y con los requisitos establecidos en el artículo 123 de esta Ley.
4. Asimismo, el régimen sancionador establecido en esta Ley será aplicable a las personas físicas o jurídicas que realizaran las conductas tipificadas en el Título IV.
Es objeto de la presente Ley:
a) El reconocimiento y la garantía del efectivo ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia recogidos en ella y en sus disposiciones de desarrollo, así como en el resto de la normativa nacional e internacional sobre la materia.
b) El establecimiento de los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid.
c) La determinación de las actuaciones, medidas y procedimientos que han de adoptar las autoridades competentes en el territorio de la Comunidad de Madrid para procurar una protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.
d) La regulación del ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid en materia de protección y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia, así como de las relaciones interadministrativas y la colaboración con los municipios y otras Administraciones públicas con las familias, las entidades del tercer sector de acción social y las empresas, en relación con lo previsto en esta Ley.
e) La identificación de los órganos de atención y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.
f) La regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid.
Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales y de los principios de intervención de las Administraciones públicas para el desarrollo de una actividad, son principios rectores de la actuación administrativa en relación a la infancia y a la adolescencia de la Comunidad de Madrid:
a) La consideración del interés superior del niño como principio fundamental, en todas las políticas, acciones y decisiones que le puedan afectar individual o colectivamente, en el ámbito público o en el privado, ya sean adoptadas por las instituciones públicas, privadas o las familias, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b) La garantía del derecho de los niños a ser oídos y escuchados, especialmente antes de adoptar decisiones que les afecten, y de ofrecerles previamente información completa, comprensible y adaptada a sus circunstancias, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
c) El reconocimiento del derecho de los niños a participar activa y directamente, tanto individual como colectivamente, en las decisiones públicas adoptadas por la Comunidad de Madrid que influyan en sus vidas o afectan a sus intereses familiares, sociales, culturales y económicos, entre otros, considerando sus opiniones en función de su madurez y en los términos previstos en la legislación vigente.
d) La garantía del derecho del niño a vivir en familia, priorizando la permanencia con la familia de origen, prestándole para ello los apoyos y acompañamientos necesarios, en especial en casos de menores que se encuentran no acompañados en la Comunidad de Madrid, facilitando su regreso con la familia de origen. Cuando la permanencia con dicha familia no sea posible por resultar contraria a su interés superior, la garantía de alternativas de protección adecuadas en función de su situación familiar, su edad y sus características. Para ello, se procurará la estabilidad en el cuidado, y se priorizarán las medidas familiares frente a las residenciales, las permanentes frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.
e) La eficacia y agilidad en la toma de decisiones que afecten a los niños, que se realizará teniendo especialmente en cuenta el efecto que tiene en ellos el paso del tiempo sin soluciones de cuidado estables. Se preverán para ello procedimientos acordes con los principios de economía procedimental y transparencia.
f) La sensibilización, prevención, detección, comunicación, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluyendo la autoinfligida, prestando especial atención a las actuaciones de carácter preventivo, así como la promoción del buen trato y de entornos seguros como criterio de actuación positiva en todas las decisiones adoptadas por las instituciones públicas o privadas y por las familias en relación con los niños, en los términos establecidos en la legislación vigente.
g) La igualdad de trato, no discriminación y equidad, garantizando las mismas oportunidades para todos los niños con independencia de su sexo, religión, opinión, cultura, origen nacional o étnico, idioma, discapacidad, identidad u orientación sexual, condición económica o social, o cualquier otra circunstancia personal o social que afecte al niño o a su familia.
h) La planificación de la intervención de las Administraciones públicas en el ámbito de la atención y protección de la infancia y la adolescencia, estableciendo claramente objetivos, indicadores y actuaciones de carácter integral, transversal y universal, y posibilitando espacios de cooperación administrativa.
i) La aplicación de los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y mínima intervención en relación con la actuación administrativa, de forma que se evite toda intervención que interfiera en la vida escolar, social, familiar o de cualquier otra índole de los niños y no sea estrictamente necesaria de acuerdo con su interés superior.
j) El carácter subsidiario o complementario de las actuaciones de las Administraciones públicas relativas a la protección de la infancia y adolescencia, respecto de las que corresponden a los padres, tutores o guardadores como responsables de asegurar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los niños.
k) La prioridad presupuestaria de las políticas y actuaciones en relación con la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, en los términos establecidos en la legislación internacional y estatal, así como la erradicación de la violencia y la creación de entornos seguros en cada ámbito competencial.
La Comunidad de Madrid garantizará la promoción y defensa de los derechos de los niños, reconocidos en la Constitución española, el derecho europeo, los tratados internacionales de los que España sea parte, en especial la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la legislación estatal, con arreglo a lo previsto en la presente Ley y sus normas de desarrollo.
1. La Comunidad de Madrid protegerá el derecho a la vida, la supervivencia y la integridad física, psicológica y moral de los niños que se encuentren en su territorio con todos los recursos, medios y capacidades disponibles mediante políticas que garanticen el efectivo disfrute de los derechos a la protección de la salud, la educación, la vivienda adecuada, el acceso a la cultura, el ocio y esparcimiento tal y como se recogen en esta Ley, así como mediante la adopción de las medidas administrativas o la promoción de las medidas judiciales protectoras que resulten oportunas.
2. Particularmente, la Comunidad de Madrid garantizará que todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de los niños sean entornos seguros y de buen trato, en los términos establecidos en la legislación vigente y adoptará las medidas necesarias para proteger a los niños de cualquier forma de violencia, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II de este Título.
3. La Comunidad de Madrid promoverá las condiciones necesarias para que se garantice la asistencia sanitaria y la protección de la salud del nasciturus, colaborando con los padres en su adecuado desarrollo físico y neurológico.
1. La Comunidad de Madrid, a través de programas coordinados relativos a salud, educación, vivienda y protección social, velará por la inclusión social plena, activa y efectiva de todos los niños, así como por el acceso al sistema público de servicios sociales dela Comunidad de Madrid, y promoverá los recursos y medidas adecuados para procurar a los niños en situación de vulnerabilidad, desventaja o exclusión social, y a sus familias la atención de sus necesidades básicas para poder disfrutar de unas condiciones de vida dignas.
Se prestará especial atención a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad que tengan reconocida su situación por un estatuto especial, tales como las víctimas de violencia de género, de trata, de violencia doméstica o de otras formas de violencia contra la infancia y las víctimas del terrorismo, así como los niños con problemas de salud mental, con dificultades sociosanitarias a consecuencia de una enfermedad rara o sin diagnóstico o con discapacidad, niños migrantes, en situación de pobreza o exclusión, o pertenecientes a minorías culturales, entre otros.
2. La Comunidad de Madrid desarrollará políticas y actuaciones de lucha temprana contra la pobreza y la exclusión social de los niños y sus familias a través de la adopción de medidas eficaces y concretas que garanticen el ejercicio de los derechos enunciados en esta Ley, eliminando la discriminación por razones sociales y económicas, posibilitando así su plena inclusión social.
3. La Comunidad de Madrid posibilitará que las familias con hijos dispongan de viviendas asequibles y de calidad, incluidas las viviendas sociales.
1. La Comunidad de Madrid velará, en los términos establecidos por la legislación estatal, por el respeto al derecho de los niños a la identidad, a tener un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento y a disponer de la documentación que los acredite.
2. Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los centros sanitarios aseguren la identificación inequívoca de los recién nacidos y comuniquen los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario a la oficina del Registro Civil que corresponda, en el plazo establecido en la legislación estatal y con independencia de la situación administrativa de los padres de los recién nacidos.
3. La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, asegurará la conservación de los datos relativos a los niños que hayan sido separados de su familia de origen, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia clínica y social del niño y de su familia. En lo referente a los motivos de la separación quedan condicionados a la voluntad de quienes han de exponerlos, de manera que al llegar a la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales, puedan acceder a la información sobre sus orígenes, en los términos previstos en la normativa aplicable.
4. La Comunidad de Madrid adoptará, en el ámbito de sus competencias, las medidas oportunas para garantizar el derecho a la identidad de los niños extranjeros, especialmente si han solicitado protección internacional. En particular, se tomarán las medidas necesarias para documentar lo antes posible a los niños que dependan o hayan dependido del sistema de protección de menores y para determinar su minoría o mayoría de edad con todas las garantías y con métodos no invasivos y que sean respetuosos con sus derechos, todo ello conforme a la legislación vigente en esta materia y en cooperación con la Administración General del Estado.
1. Todos los niños tienen derecho a vivir con su familia y a relacionarse con ella, siempre que esto no suponga un riesgo para su integridad física o emocional, prevaleciendo su interés superior sobre cualquier otro interés legítimo, en los términos establecidos en la legislación del Estado. Para ello la Comunidad de Madrid prestará especial atención a las actuaciones preventivas y proporcionará a las familias el apoyo necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones parentales, con especial atención a aquellas con situaciones de discapacidad, vulnerabilidad, y en situación de pobreza o exclusión social o con riesgo de padecerla.
2. Los niños tienen derecho a pasar tiempo con sus padres, tutores o guardadores y a ser atendidos por ellos en situaciones de enfermedad o necesidad. Para ello la comunidad de Madrid promoverá políticas públicas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, en colaboración con empresas y entidades del sector privado.
1. La Comunidad de Madrid respetará en sus actuaciones el derecho de los niños a la libertad de ideología, de conciencia y de religión.
2. El ejercicio de estos derechos tiene únicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás, en los términos que establece la Constitución española y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
3. La Comunidad de Madrid velará por el ejercicio del derecho y el deber de los padres, tutores o guardadores, de cooperar para que los niños ejerzan estos derechos de modo que contribuyan a su desarrollo integral, conforme a la evolución de sus capacidades y respetando sus opiniones y convicciones.
1. La Comunidad de Madrid velará, en el ejercicio de sus competencias, por que se respeten los derechos al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal de los niños, especialmente de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad o desprotección, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y con la normativa estatal reguladora de estos derechos.
Asimismo, desarrollará acciones de formación, difusión y concienciación en materia de derechos al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal, dirigidas a promover un uso seguro y responsable de los dispositivos digitales, de los servicios de la sociedad de la información y de las redes sociales, incluyendo la prevención de la sobreexposición de los niños en las redes sociales.
2. Las personas físicas o jurídicas deben garantizar la protección de la imagen y los datos personales de los niños en la publicación o difusión a través de redes sociales, medios de comunicación u otros servicios de la sociedad de la información, en los términos que establece la legislación estatal, y de manera especial respecto al consentimiento de los menores, a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales.
Si la Comunidad de Madrid tiene noticia de la utilización o difusión de información o de imágenes personales relativas a niños, así como su almacenamiento por parte de medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro medio, que pueda implicar una intromisión ilegítima en sus derechos, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal de forma urgente.
1. La Comunidad de Madrid, así como las entidades públicas y privadas, y las personas físicas o jurídicas que actúen en su territorio deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños sean informados en todo momento de todo aquello que concierne a sus intereses, derechos y a su bienestar personal, emocional y social, en un idioma, lenguaje y modo que sean adecuados, comprensibles, accesibles y adaptados a sus circunstancias, según su desarrollo evolutivo y madurez.
2. La Comunidad de Madrid garantizará, en el ámbito de sus competencias, el derecho del niño a ser oído y escuchado en todas aquellas cuestiones que le afecten en el ámbito personal, familiar, social e institucional, sin discriminación alguna, discapacidad o cualquier otra circunstancia, considerando sus opiniones en función de su edad y madurez y en los términos previstos en la legislación vigente.
3. Se garantizará que el niño, pueda ejercer este derecho, en los casos en los que lo desee, por sí mismo o asistido de sus padres, tutores, guardadores o persona designada para que lo represente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
4. Si, en el ejercicio de este derecho, existiera conflicto de intereses con sus padres, tutores o guardadores, o si así lo solicitara el niño, podrá disponer de un abogado a través del servicio de asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita o, en su caso, solicitar el nombramiento de un defensor judicial.
5. La Comunidad de Madrid aportará los apoyos necesarios y adecuados a todos los niños, y de manera especial a aquellos con discapacidad a efectos de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos consagrados en los números anteriores.
1. La Comunidad de Madrid favorecerá la libre expresión de ideas y opiniones de los niños, por cualquier medio y en todos los ámbitos de su vida, con las únicas restricciones que prevean la Ley y el resto del ordenamiento jurídico.
2. La Comunidad de Madrid apoyará a los medios de difusión y otras entidades públicas o privadas que promuevan la libre expresión de las opiniones, y la creación literaria, artística, científica y técnica de los niños.
1. Los niños tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo y, especialmente, aquella que afecte a sus intereses, derechos y bienestar personal y social, así como a la protección de contenidos que puedan ser perjudiciales o dañosos para su dignidad o desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de sus derechos. Con el fin de favorecerlo la Comunidad de Madrid en el ámbito de sus competencias:
a) Incentivará la producción y difusión de contenidos informativos, de interés social y cultural que contribuyan al desarrollo y bienestar de la infancia y adolescencia, facilitando el acceso de los niños a estos contenidos.
b) Fomentará la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva y a la situación socioeconómica de las familias, evitando que las carencias materiales y la falta de equipos electrónicos e informáticos o de conectividad afecten al ejercicio de este derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.
c) Adaptará los documentos, comunicaciones o iniciativas procedentes de la administración y de los que sean destinatarios principales los niños, a formatos accesibles y comprensibles por ellos. Asimismo, facilitará la adaptación a estos formatos de los documentos, comunicaciones o iniciativas de otras entidades relacionadas con el ámbito de la infancia y la adolescencia.
d) La Comunidad de Madrid, en los espacios abiertos al público que sean de su competencia, señalizará con pictogramas y otros elementos que faciliten la información a los niños con algún tipo de trastorno del desarrollo. Asimismo, promoverá que se establezca dicha señalización en los espacios de titularidad pública o privada que no sean competentes de la Comunidad de Madrid.
e) En todo caso, se prestará especial atención a aquellos niños que, por razón de discapacidad, vulnerabilidad social, pobreza o cualquier otra circunstancia personal o familiar, requieran medidas inclusivas.
2. Los centros educativos, las empresas del sector de la información y de la comunicación, y los poderes públicos promoverán, a través de acciones formativas y educativas, la adquisición de habilidades en los niños para la identificación de las fuentes fiables de información, para el desarrollo del pensamiento crítico, para la detección y comunicación de los contenidos ilícitos o nocivos y para su protección frente a ellos
3. La Comunidad de Madrid establecerá los canales para poner en conocimiento de las empresas o entidades a las que se refiere el párrafo anterior, los contenidos potencialmente dañinos para los niños que haya detectado e instará su retirada inmediata de acuerdo a la normativa vigente.
4. Se promoverá la realización de acuerdos de colaboración y la suscripción de códigos de conducta en materia de protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia entre la Comunidad de Madrid, las entidades locales de su ámbito territorial y las empresas o entidades locales que presten servicios en materia audiovisual y en relación con las tecnologías de la información y comunicación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. Estos acuerdos incluirán mecanismos de supervisión.
Las referidas empresas y entidades deberán adoptar todas las medidas técnicas y jurídicas necesarias para garantizar que sus contenidos y servicios respetan la normativa aplicable en este ámbito y se prestan en condiciones que respeten los derechos de los niños previstos en esta Ley, impidiendo aquellos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental y moral, a fin de protegerlos de informaciones y contenidos perjudiciales e inapropiados.
1. Los niños y las mujeres embarazadas, incluyendo gestación, parto y puerperio, tienen derecho a disfrutar de todos los recursos disponibles para gozar de un estado de completo bienestar físico, mental y social, así como a la atención sanitaria, sin discriminación por razones de cualquier índole, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
2. Los niños tienen derecho a estar acompañados por familiares u otras personas de su confianza durante su atención en los servicios de salud, siempre y cuando ello no perjudique ni obstaculice el procedimiento o tratamiento sanitario que se estuviera llevando a cabo, ni resulte contrario a su interés superior.
3. Los establecimientos hospitalarios de la Comunidad de Madrid deberán proporcionar unas condiciones obstétricas y perinatales adecuadas para el recién nacido y su madre, adoptando, entre otras, las medidas oportunas para que puedan mantener, siempre que sea posible y recomendable, contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento e iniciar cuanto antes la lactancia materna, si así lo expresa la mujer, poniendo a su alcance los recursos y el apoyo necesarios para ello. Cuando el estado de salud del recién nacido o de la madre obliguen a separarlos inicialmente se deberá propiciar el contacto lo antes posible, salvo que alguna razón relacionada con el interés superior del niño o de la madre lo desaconseje. Asimismo, se procurará que los neonatos puedan permanecer el mayor tiempo posible con sus padres durante el período de hospitalización.
4. Los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid favorecerán la participación de la familia en los cuidados de los niños hospitalizados y su acompañamiento durante el mayor tiempo posible. En los casos en que la familia no pueda acompañar y cuidar a los niños, se favorecerá que puedan estar acompañados, siempre que sea posible, por otras personas debidamente autorizadas por alguno de los progenitores, tutores o guardadores.
5. Los niños tienen derecho a continuar con su formación educativa y mantener su vida escolar durante el período de hospitalización o tratamiento domiciliario, siempre que su estado de salud se lo permita y no obstaculice los tratamientos que se prescriban. Para garantizar este derecho, las consejerías competentes en materia de sanidad y educación de la Comunidad de Madrid adoptarán las medidas necesarias y pondrán a su disposición los medios humanos y materiales precisos, en particular en los casos de enfermedad de larga duración.
En los supuestos de maternidad de adolescentes menores de edad en período de escolarización obligatoria, la consejería competente en materia de educación facilitará el servicio de apoyo domiciliario por el tiempo equivalente a los supuestos legales de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y durante el embarazo en aquellos supuestos en los que por prescripción facultativa se considere que no puede asistir al centro educativo.
6. Los niños hospitalizados tienen derecho a ser atendidos en espacios diferenciados de los de atención a los adultos, así como a contar con lugares adaptados y acogedores en los que se facilite el derecho al ocio y a jugar.
7. Los niños y sus familias tienen derecho a recibir un buen trato, educación y comprensión en el transcurso de la atención sanitaria.
En todo caso, se garantizará el respeto a los derechos reconocidos en la Carta Europea de los Niños Hospitalizados del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 1986.
8. Con el fin de garantizar la atención sanitaria integral de los niños con discapacidad, con dificultades sociosanitarias a consecuencia de una enfermedad rara o sin diagnóstico, con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, la Comunidad de Madrid elaborará programas sociales y de salud que comprendan el diagnóstico, el tratamiento, la atención y estimulación tempranas y la rehabilitación, con la finalidad de favorecer su óptimo desarrollo y su máxima autonomía personal, en relación con las patologías más relevantes, prevalentes o que supongan una especial dedicación social y familiar.
9. Los niños tienen derecho a la reducción del dolor y el sufrimiento. Para ello, la Comunidad de Madrid adoptará las medidas oportunas para garantizar que, quienes lo requieran, reciban atención integral paliativa pediátrica. Para ello se deberá:
a) Impulsar la coordinación con los profesionales sanitarios responsables del niño en cada hospital y en cada zona.
b) Favorecer la formación de profesionales en cuidados paliativos pediátricos.
c) Impulsar la investigación en cuidados paliativos pediátricos.
d) Difundir una cultura de la atención integral, centrada en la familia, de los niños con padecimientos crónicos, en situación terminal o con pronóstico letal.
e) Adecuar y coordinar la dotación de recursos específicos para estos pacientes.
10. La Comunidad de Madrid garantizará a los niños y sus familias un diagnóstico, valoración y acompañamiento integral, multidisciplinar y profesional en los tratamientos e intervenciones quirúrgicas cuyas consecuencias para los niños sean permanentes e irreversibles.
11. La Comunidad de Madrid realizará actividades de atención, prevención y promoción en materia de salud bucodental de los niños.
1. La Comunidad de Madrid asegurará la atención y tratamiento adecuados a los niños con problemas de salud mental, promoviendo la creación y equipamiento de centros, unidades y servicios claramente diferenciados de los dirigidos a personas adultas. Se promoverá, asimismo, que los niños sean atendidos por profesionales sanitarios especializados en salud mental infantil, así como la derivación urgente a recursos residenciales especializados de salud mental en los casos en que así se considere.
2. Los niños tienen derecho a ser protegidos frente a conductas que puedan generar adicción, tales como los juegos de azar y apuestas, el mal uso de las tecnologías, y el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, cannabis y otras drogas y sustancias estupefacientes. La Comunidad de Madrid protegerá a la infancia y la adolescencia promoviendo actuaciones alternativas, informativas y preventivas sobre los riesgos de estas conductas y el consumo de estas sustancias, que serán desarrolladas en coordinación y colaboración por los organismos competentes en materia de educación, sanidad, consumo, juego y los servicios de atención social de las entidades locales. Asimismo, garantizará el cumplimiento de la prohibición de participar en actividades y acceder a productos prohibidos de acuerdo con la legislación vigente y, en particular, con lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.
3. La Comunidad de Madrid desarrollará actuaciones específicas y contará con recursos especializados para la detección y el tratamiento efectivo de problemas de salud mental, adicciones y trastornos de conducta alimentaria en la población infantil y adolescente. Estas actuaciones se llevarán a cabo en espacios adecuados para los niños, y contarán en su diseño, ejecución y evaluación con la colaboración de los servicios de atención social de las entidades locales y la participación de personas y entidades del tercer sector de acción social que puedan favorecer el cumplimiento de sus objetivos.
La Comunidad de Madrid desarrollará actuaciones específicas de promoción de salud mental en los ámbitos de la población infantil y de adolescentes, y educativo, incluyendo la promoción del buen trato, la educación emocional, la creación de entornos saludables y la gestión de conflictos.
La Comunidad de Madrid promoverá acciones destinadas a la prevención de la violencia autoinfligida en forma de autolesiones, así como la prevención de la conducta suicida en niños, así como otras situaciones de alerta que comporten riesgo para la salud, el bienestar psicológico y la vida de estos.
4. La Comunidad de Madrid promoverá programas de formación dirigidos a los profesionales de instituciones públicas y privadas de atención a infancia y adolescencia, en materia de prevención, asistencia e integración social relacionados con problemas de salud mental, adicciones y trastornos de conducta alimentaria, con atención específica a los niños con discapacidad, así como la derivación urgente a recursos residenciales especializados de salud mental en los casos que así se considere.
1. La Comunidad de Madrid orientará prioritariamente sus actuaciones a la promoción de la salud de los niños y a la prevención, detección precoz y tratamiento temprano de las enfermedades durante la infancia y la adolescencia.
2. La Comunidad de Madrid mantendrá protocolos actualizados para la detección de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno sanitario, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de este Título.
3. La Comunidad de Madrid garantizará el derecho de los niños a ser inmunizados contra las enfermedades contempladas en el calendario de vacunación infantil vigente en la Comunidad de Madrid, y desarrollará actividades informativas y de fomento de la misma.
4. Las administraciones competentes en materia de educación y salud de la Comunidad de Madrid, desarrollarán, de forma coordinada, programas dirigidos a los niños sobre educación sexual respetuosos con la dignidad del ser humano y de asesoría para los adolescentes, contemplando un enfoque positivo, responsable y libre de violencias. Las acciones educativas estarán adaptadas al grado de madurez y las necesidades de los niños, especialmente en el caso de niños con discapacidad. Cuando las acciones educativas se realicen en el ámbito escolar, se informará a los padres o tutores de acuerdo con la legislación educativa vigente.
5. La Comunidad de Madrid desarrollará programas de prevención de discapacidades cuyo objetivo sea la detección de situaciones de riesgo y la promoción de hábitos saludables y seguros adecuados a cada tipo de discapacidad
1. Los niños tienen derecho a recibir información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento, y a acceder a su historia clínica, de modo que puedan ser partícipes de cuanto se refiere a su estado de salud. Para ello, se utilizará un lenguaje comprensible y accesible atendiendo a su edad, madurez y situación emocional. En todo caso, la información y la obtención del consentimiento deberán realizarse en los términos recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
2. Los guardadores, cuya condición haya sido acreditada por el correspondiente órgano administrativo, tienen derecho a conocer el historial sanitario completo del menor.
1. La Comunidad de Madrid promoverá la adopción de hábitos de vida saludables entre la población infantil y juvenil, y garantizará una alimentación adecuada, actividad física, ocio activo y prevención del sedentarismo en los centros educativos, sanitarios, deportivos, culturales, de ocio y en todos aquellos que presten servicio a niños, ya sean de titularidad pública o privada. También se desarrollarán actividades formativas e informativas dirigidas tanto a los profesionales del ámbito de la educación, sanitarios y de servicios sociales que trabajen con menores, como a las familias. Asimismo, se promoverá la colaboración con entidades de ocio y tiempo libre en materia de educación para la salud y prevención de la obesidad.
2. La Comunidad de Madrid velará por asegurar la calidad nutricional de los menús y productos alimenticios que se ofrecen a la población infantil y adolescente en los centros educativos y en cualesquiera otros eventos, recursos, centros o instalaciones dirigidas o frecuentadas por los niños. Para ello, se favorecerá el consumo de productos frescos, de temporada y locales, y se tratará de evitar el de alimentos y bebidas ultra procesados y con alto contenido en azúcares. Todo ello se llevará a cabo a través de la realización de campañas de concienciación social, la colaboración y coordinación con los centros escolares.
3. Las autoridades competentes promoverán el aprendizaje de conocimientos en materia de nutrición y alimentación necesarios para que los niños adquieran la capacidad de elegir correctamente los alimentos y las cantidades más adecuadas, que les permitan componer una alimentación sana y equilibrada y ejercer el autocontrol en su alimentación, con el objetivo de combatir el sobrepeso, la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a los mismos.
4. Las consejerías competentes en materia de educación, sanidad, deporte e infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid promoverán el conocimiento de los beneficios que para la salud tienen la actividad física y el deporte, y fomentarán su práctica, tanto de forma reglada, en las clases de educación física, como fuera del ámbito escolar, teniendo en especial consideración hacia niños pertenecientes a familias con escasos recursos o en situación de pobreza.
5. Los alimentos que se proporcionen en todo tipo de menús para la infancia o la adolescencia deberán ser variados, equilibrados y estar adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad, y serán supervisados por profesionales con formación acreditada en nutrición y dietética.
6. Los centros educativos proporcionarán a las familias la programación mensual o semanal de los menús escolares, de forma clara, detallada y accesible, pondrán a su disposición la información de los productos utilizados para su elaboración, y ofrecerán orientaciones sobre el resto de las comidas del día, para que sean complementarias de los menús escolares.
Asimismo, en la oferta de menús escolares, los centros educativos garantizarán la igualdad en la diversidad, ya sea por razones médicas, religiosas o culturales, ofreciendo, siempre que sea posible, alternativas adaptadas a estos requerimientos y, en todo caso, cuando se trate de alumnos que sufran alergia o intolerancia a determinados alimentos o padezcan enfermedades o trastornos que precisen una alimentación específica, y así lo acrediten.
7. La Comunidad de Madrid y las entidades locales pondrán en marcha programas de apoyo para que los niños de familias con un bajo nivel socioeconómico, en situación de vulnerabilidad social y pobreza, puedan acceder a una alimentación saludable, en igualdad de condiciones que el resto de los niños e independientemente de su situación administrativa.
1. La Comunidad de Madrid garantizará el derecho a la educación de la infancia y la adolescencia en los términos establecidos por la legislación vigente. Este derecho supone el acceso efectivo, la permanencia y la promoción en un sistema educativo equitativo en todos sus niveles, incluyendo a aquellos menores que se encuentren cumpliendo una medida judicial, ya sea de internamiento o no privativa de libertad.
Los niños tienen el derecho a recibir los contenidos educativos sobre los derechos fundamentales y los valores consagrados en la Constitución Española, así como a conocer las grandes personalidades, efemérides y logros de la nación española a lo largo de la Historia universal y lo que nos une e identifica como españoles, en los términos establecidos en la legislación educativa vigente.
La Comunidad de Madrid proporcionará una educación integral, plural, respetuosa, sin sesgo ni perspectivas ideológicas, provista de los apoyos y recursos pertinentes, adecuada a la madurez de los niños, y que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades mentales, físicas y sociales hasta el máximo de sus posibilidades. La educación promoverá la transmisión a los niños la importancia de los valores y hábitos de esfuerzo, mérito y capacidad para alcanzar el buen desempeño en los estudios, así como las obligaciones y responsabilidades individuales y colectivas inherentes a la ciudadanía, en la defensa y el disfrute de los derechos recogidos en la Constitución Española.
2. Con objeto de posibilitar que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, se ofrecerán propuestas educativas y de apoyo en los centros educativos sostenidos con fondos públicos para garantizar la igualdad de oportunidades dentro de los distintos itinerarios formativos. Para ello la consejería con competencias en educación seguirá desarrollando y promoviendo, programas de apoyo educativo y se promoverá acceso a medios y recursos informáticos tanto dentro como fuera del horario escolar cuando resulte necesario.
Con carácter general el alumnado con necesidades educativas especiales se escolarizará en centros ordinarios, en los términos previstos en la legislación vigente. Solo cuando las necesidades educativas de los alumnos no puedan atenderse convenientemente en los citados centros y teniendo en cuenta el interés superior del menor, previa emisión del dictamen correspondiente y el acuerdo favorable de la familia, la escolarización se determinará en centros de educación especial o en unidades de educación especial en centros ordinarios, o se acordará la modalidad de escolarización de educación combinada, al objeto de garantizar la inclusión adecuada del alumnado, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de educación.
3. Se asegurará, en colaboración con los servicios de atención social y las administraciones locales, que los niños puedan participar de actividades escolares dentro y fuera del aula en condiciones de igualdad de oportunidades.
4. El proceso de admisión del alumno solicitante con condición de familia numerosa, de nacido de parto múltiple, de familia monoparental, de situación de acogimiento familiar del alumno, de concurrencia de discapacidad del alumno solicitante, de los padres o hermanos, de condición de víctima de violencia de género o del terrorismo, se regirá por los criterios prioritarios en el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior en la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la legislación educativa vigente.
5. Se promoverá la formación del profesorado que atienda al alumnado con necesidades educativas especiales y/o en situación de vulnerabilidad social o riesgo socioeducativo.
6. La identificación de las necesidades de los alumnos se realizará según lo dispuesto en la legislación educativa vigente de la Comunidad de Madrid.
7. La Comunidad de Madrid garantiza la gratuidad de la educación obligatoria de acuerdo con la legislación estatal y promoverá la educación universal y gratuita en las etapas no obligatorias de cero a tres años, bachillerato y formación profesional de grado medio y superior, según lo dispuesto en la legislación vigente en materia educativa de la Comunidad de Madrid.
8. En los supuestos de maternidad de adolescentes menores de edad en período de escolarización obligatoria, la consejería competente en materia de educación facilitara el servicio de apoyo domiciliario por el tiempo equivalente a los supuestos legales de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y durante el embarazo en aquellos supuestos en los que por prescripción facultativa se considere que no puede asistir al centro educativo.
9. Los padres, tutores, guardadores o representantes legales de los niños y todas las administraciones públicas están obligados a velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente. Con esta finalidad la administración educativa elaborará, en coordinación con las entidades locales, programas de prevención, detección de sus causas e intervención sobre las mismas, atención, control y seguimiento del absentismo y el abandono escolar, así como la creación de recursos alternativos que lo prevengan dentro del sistema educativo.
En los casos de fracaso o ruptura del proceso educativo se facilitará orientación educativa al alumno y a su familia.
10. Los padres tienen derecho y obligación de colaborar en el proceso educativo de sus hijos a través de los cauces de participación previstos en la legislación educativa vigente y serán informados de acuerdo con la legislación vigente.
Se promoverán en los centros educativos programas de capacitación que fomenten la adquisición de competencias parentales, así como escuelas de familia que acompañen a los padres en la crianza de sus hijos desde el ámbito educativo.
11. Los niños tienen derecho a participar en la comunidad educativa en la que desarrollen su formación a través de los cauces de participación previstos en la legislación educativa vigente.
12. La Comunidad de Madrid pondrá en marcha mecanismos y canales de comunicación que permitan recoger las iniciativas, sugerencias, quejas o recomendaciones de los niños en el ámbito de la educación, y garantizará su derecho a recibir respuestas motivadas por parte de la administración pública
1. La Comunidad de Madrid promoverá la constitución de asociaciones y organizaciones sociales de infancia y adolescencia y adoptará las medidas oportunas para posibilitar el ejercicio de los derechos de reunión y asociación por parte de los niños con las garantías y respetando las limitaciones previstas en la legislación vigente, y con especial atención a las necesidades de los niños con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, colaborando para ello con el movimiento asociativo y entidades del tercer sector de acción social que intervengan en estos contextos.
2. La Comunidad de Madrid establecerá los sistemas de participación que garanticen que los niños puedan expresar sus propias opiniones de forma directa y libre. Las iniciativas de participación ciudadana que lleven a cabo la Comunidad de Madrid y las entidades locales deben incluir, cuando afecten a los derechos de la infancia y la adolescencia, las adaptaciones necesarias, en la información ofertada y en los canales de comunicación, adoptando formatos accesibles para que niños puedan participar.
1. Los niños tienen derecho a participar plenamente, de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional o discapacidad, en la vida social, política, económica, cultural, artística, deportiva y recreativa de su entorno en la Comunidad de Madrid, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en los términos que establece la legislación estatal básica.
2. Todos los niños tendrán derecho a acceder a los servicios públicos por sí mismos o a través de sus padres, tutores o guardadores, quienes, a su vez, tendrán el deber de utilizarlos en interés de los niños en los términos previstos en la legislación vige