Categoría: Judicial

ECLI:ES:TC:2022:87
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro Marín Herrera Pascual, presidente; los magistrados don Juan Moya Gómez Ferrer, don Santiago Rivera-Vares García y don Ricardo Montero Moreno; la magistrada doña María Núñez González Parra; los magistrados don Ramón Pascual López y don Enrique Santos Vicente, y las magistradas doña Concepción Ruiz Sáez y doña Inmaculada Sáez Fernández, ha pronunciado
la siguiente
En los recursos de amparo avocados acumulados núms. 212-2020, 1523-2020 y 1634-2020, promovidos por don Oriol Silva García, el primero contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2019, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de octubre de 2019, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017; el segundo contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2020, por el que se acuerda no haber lugar a la aclaración del auto de 9 de enero de 2020, por el que se resuelve el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017 y, el tercero, contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 9 de enero de 2020, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017. Han comparecido en todos ellos la abogacía del Estado, don Carles Gómez i Casamajó y el partido político Vox y, además, en los recursos de amparo avocados núms. 1523-2020 y 1634-2020, don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Mora i Negre y don Josep Vargas i Andreu. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Suárez Fuentes Carrasco.
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 13 de enero de 2020, don Oriol Silva García, representado por la procuradora de los tribunales doña Celia Navarro Sánchez, bajo la dirección del letrado don Andreu Iglesias den Eyden, interpuso recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2019, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de octubre de 2019, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017. En estos autos se acuerda la ejecución de la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, pronunciada en la causa especial, acordando posponer la ejecución de la pena de inhabilitación absoluta impuesta, pero no la de la pena privativa de libertad, condicionado a la resolución del recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de mayo de 2019, en el que se había acordado plantear la cuestión prejudicial C-502/19 en relación con el alcance de la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo prevista en el art. 9 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, dando lugar al recurso de amparo núm. 212-2020.
2. Mediante escrito registrado en este tribunal el 9 de marzo de 2020, don Oriol Iglesias Cruz, representado por la procuradora de los tribunales doña Celia Navarro Sánchez, bajo la dirección del letrado don Andreu Iglesias den Eyden, interpuso recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2020, por el que se acuerda no haber lugar a la aclaración del auto de 9 de enero de 2020, por el que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, pronunciada en la cuestión prejudicial C-502/19, se resuelve el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019, por el que se acuerda denegar la concesión de un permiso penitenciario extraordinario para acudir a la Junta Electoral Central a prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como condición para acceder a la condición de diputado del Parlamento Europeo, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017, dando lugar al recurso de amparo núm. 1523-2020.
3. Mediante escrito registrado en este tribunal el 12 de marzo de 2020, don Oriol Carmona Caballero, representado por la procuradora de los tribunales doña Celia Navarro Sánchez, bajo la dirección del letrado don Andreu Iglesias den Eyden, interpuso recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020, por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 9 de enero de 2020, pronunciados en la causa especial núm. 20907-2017. En estos autos se acuerda, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, pronunciada en la cuestión prejudicial C-502/19, denegar autorizar el desplazamiento del recurrente al Parlamento Europeo, su puesta en libertad, la anulación de la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, y no haber lugar a la tramitación del suplicatorio, dando lugar al recurso de amparo núm. 1634-2020.
4. Los recursos tienen su origen en los siguientes antecedentes:
a) El Ministerio Fiscal formuló denuncia ante la Audiencia Nacional el 22 de septiembre de 2017 en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y daños en bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría General de la Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así como en otros puntos de la ciudad. La denuncia fue turnada al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 que, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias previas núm. 82-2017.
El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por esos mismos hechos y otros conexos, la primera ante la Audiencia Nacional dirigida contra «todos los que fueron miembros del Consell Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados», entre los que estaba el demandante de amparo. La querella fue acumulada a las citadas diligencias previas núm. 82-2017, tramitadas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Por auto de 2 de noviembre de 2017 se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del demandante de amparo.
La segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en atención a la prerrogativa de aforamiento parlamentario de las personas querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como delictivos. La querella fue admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante auto de 31 de octubre de 2017, dando lugar a la causa especial núm. 20907-2017, acordando el magistrado instructor por auto de 24 de noviembre de 2017 su acumulación con las diligencias previas núm. 82-2017 tramitadas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Por auto de 4 de diciembre de 2017 se acordó mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza del demandante de amparo, medida cautelar que se extendió durante toda la tramitación del proceso hasta su finalización por sentencia condenatoria firme.
b) El magistrado instructor, por auto de 21 de marzo de 2018, acordó el procesamiento del demandante de amparo, junto con otros encausados, por los presuntos delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos; declarándose concluso el sumario por auto de 9 de julio de 2018. El juicio oral se desarrolló entre los días 12 de febrero y 12 de junio de 2019, en que quedó visto para sentencia.
c) El demandante de amparo, durante la celebración del juicio oral, concurrió como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, siendo proclamado diputado electo por la Junta Electoral Central el 13 de junio de 2019.
El demandante de amparo, por escrito de 4 de junio de 2019, instó del órgano judicial la concesión de un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario para efectuar el acto de juramento o promesa ante la Junta Electoral Central establecido en la normativa electoral, fijado para el 17 de junio de 2019.
La solicitud fue denegada por auto de 14 de junio de 2019 con fundamento en que el proceso penal estaba ya en su último tramo de desarrollo una vez concluidas las sesiones del juicio oral y que la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, tras la fase de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central, implicaba la toma de posesión en la sede del Parlamento Europeo en su sesión constitutiva fijada para el 2 de julio de 2019. De ello se concluye que el desplazamiento a la sede del Parlamento Europeo «pondría en un irreversible peligro los fines del proceso. Implicaría, de entrada, la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español. Bruselas, además, es el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría». En relación con ello, se afirma que la denegación «no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante. Solo supone su temporal aplazamiento, hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria», ya que no hay obstáculo para una posterior toma de posesión.
El demandante de amparo interpuso recurso de súplica invocando la vulneración del derecho de representación política (art. 23.2 CE) que consideraba se vería afectado por la decisión impugnada en tanto que implicaba una suspensión indefinida y generalizada para acceder a la condición de diputado del Parlamento Europeo para la que había sido elegido por los ciudadanos. Además, se destaca que la decisión es contraria al Derecho comunitario pues se le priva de la inmunidad parlamentaria como eurodiputado, que operaría desde el momento de su proclamación, por lo que solicitó el planteamiento de una serie de cuestiones prejudiciales.
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por auto de 1 de julio de 2019, acordó plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tres cuestiones prejudiciales, que se tramitaron acumuladamente bajo la referencia C-502/19, relativas al art. 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, con suspensión de la resolución del recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019.
El auto, en su fundamento de Derecho primero, que tiene por rúbrica «Precisión del incidente donde se suscita la cuestión», señala que «[l]a cuestión a dirimir en el incidente en el que se suscita la cuestión prejudicial es la concesión o denegación de un permiso penitenciario extraordinario a un acusado por delitos graves y en situación de prisión provisional por riesgo de fuga». El permiso «tendría como finalidad prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española, requisito normativo establecido para que el organismo central electoral –Junta Electoral Central– incluya al electo en la lista que remite al Parlamento Europeo y se posibilite la toma de posesión del escaño correspondiente». El auto continúa afirmando que «[e]l objeto principal del proceso penal, seguido desde finales de 2017 es el enjuiciamiento de hechos calificados como delitos de rebelión (alternativamente de sedición), malversación y desobediencia», habiendo finalizado ya «todas las sesiones del juicio oral, […] celebrado la totalidad de la prueba, […] escuchado los informes de las partes y […] ejercido por todos los acusados el derecho a la última palabra. Se ha invertido en el desarrollo del juicio [continúa el auto] cuatro meses», habiéndose «celebrado cincuenta y dos sesiones», de modo que «[l]a causa se halla, por tanto, solo pendiente de sentencia que, por razón de su complejidad, exigirá para su redacción varios meses». Precisa la Sala que «[e]l objeto de la cuestión prejudicial se suscita en la pieza de situación de privación de libertad» del demandante de amparo y «[s]u tratamiento procesal es autónomo, aunque siempre en relación de dependencia con la causa principal». Así pues, «[l]a resolución a adoptar, con el auxilio de la cuestión que se promueve, afecta a un incidente autónomo en dicha pieza de situación personal», que «[e]stá relacionada con la concesión de un concreto permiso penitenciario de salida de naturaleza extraordinaria. De ahí que no condicione el contenido de nuestro pronunciamiento a la hora de dar respuesta a la pretensión acusatoria que se ejerce». En efecto –concluye la Sala en este extremo– «[e]sta sigue su curso al margen de la eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar».
En cuanto al contenido de las cuestiones prejudiciales suscitadas, la Sala afirma en el fundamento de Derecho cuarto del auto, intitulado «Justificación del planteamiento de la cuestión», que «[p]ara resolver la concesión o denegación del permiso penitenciario al procesado –eurodiputado electo– en situación de prisión preventiva, resulta inexcusable conocer el alcance de la eficacia de las prerrogativas contenidas en el artículo 9 del Protocolo núm. 7. Más concretamente la prevista en su párrafo segundo: “gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este”. Se trata de resolver cuándo se consolida el estatus parlamentario, decisión que condiciona el contenido dispositivo de la resolución que, sobre el permiso penitenciario extraordinario, hemos de adoptar. Sobre esta norma [añade la Sala], a pesar de haber sido objeto de análisis en diversas resoluciones de ese Tribunal de Justicia, está todavía pendiente de clarificar su dimensión temporal, así como su contenido subjetivo y objetivo». En definitiva, «la procedencia de la formulación de esta cuestión prejudicial es obvia, pues no existe un pronunciamiento expreso sobre el alcance temporal (extensión a momento previo de las sesiones), subjetivo (extensión a los electos) y objetivo (extensión de la expresión “cuando se dirijan”) del artículo 9. No cabe deducir de los términos de esta norma europea, ni de los preceptos a los que se remite, ni de la jurisprudencia existente sobre la misma, una única solución hermenéutica que se imponga por su propia evidencia, no solo al órgano jurisdiccional competente sino al resto de los Estados miembros».
Las concretas cuestiones prejudiciales que se plantearon fueron las siguientes:
1. El artículo 9 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, ¿rige antes del inicio del «período de sesiones» para un acusado por delitos graves en situación de prisión provisional, acordada judicialmente por hechos anteriores al inicio de un proceso electoral, en el que aquel ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que ha sido privado por decisión judicial de un permiso penitenciario extraordinario que le permitiera cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación electoral interna a la que remite el artículo 8 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo?
2. En el caso de ser afirmativa la respuesta, si el órgano designado en la normativa electoral nacional, por no haber cumplimentado el electo los requisitos electoralmente establecidos (imposibilidad derivada de su limitación a la libertad deambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso por delitos graves) hubiera comunicado al Parlamento Europeo, que aquel no ha adquirido esa condición de diputado hasta tanto cumplimente esos requisitos; ¿persistiría la interpretación extensiva de la expresión «período de sesiones», pese a la ruptura transitoria de su expectativa de tomar posesión de su escaño?
3. Si la respuesta fuese la interpretación extensiva, en caso de que el electo se encontrase en situación de prisión provisional en proceso por delitos graves, con bastante antelación al inicio del proceso electoral, ¿la autoridad judicial que ha acordado la situación de prisión resultaría obligada, a la vista de la expresión «cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este» del artículo 9 del Protocolo núm. 7, a levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo?; o bien ¿debería atenderse a un criterio relativo de ponderación en el caso concreto, de los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso por una parte y los atinentes a la institución de la inmunidad por otra, tanto en lo que se refiere a la observancia del funcionamiento e independencia del Parlamento, como al derecho del ejercicio de cargos públicos por el electo?
e) El demandante de amparo, por escrito de 16 de septiembre de 2019, solicitó la suspensión de la causa especial núm. 20907-2017, incluido el dictado de la sentencia en la pieza principal, argumentando la existencia de una dependencia absoluta entre la resolución del proceso penal y las cuestiones prejudiciales, ya que la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinaría la posibilidad de dictar o no sentencia en el proceso principal pues la configuración legal de la inmunidad podría dar lugar a un impedimento para su dictado sin la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 3 de octubre de 2019, denegó la solicitud con fundamento en que el alcance de la suspensión derivado del planteamiento de las cuestiones prejudiciales había quedado fijado en el auto de 1 de julio de 2019 limitado a la pieza de situación de privación de libertad, destacando que «[l]a eventual eficacia refleja o indirecta que los actos consecuentes a la autorización o denegación del permiso pudieran originar, de existir, habrán de ser valorados, con las debidas adaptaciones, según la resolución final que recaiga, en la fase procesal correspondiente, pero no condicionan el dictado de dicha resolución y, por tanto, no justifican la pretensión formulada».
f) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, condenó, entre otros, al demandante de amparo como autor de un delito de sedición en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos a las penas de trece años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público representativo durante ese periodo.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al estar todavía pendiente la resolución de las cuestiones prejudiciales, envió con esa misma fecha de 14 de octubre de 2019 un oficio remisorio de la sentencia al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciendo constar que «pongo en conocimiento que la citada cuestión prejudicial sigue manteniendo su interés y vigencia para este Tribunal Supremo, toda vez que la respuesta del Tribunal de Justicia tendrá eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afecte a don Oriol Pérez i Vies».
g) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por auto de 14 de octubre de 2019, acordó proceder a la ejecución de la sentencia condenatoria incoando la correspondiente ejecutoria, afirmando que «[e]n cuanto a la pena de inhabilitación, esta puede resultar condicionada por el efecto reflejo, en su caso, de la resolución del recurso de súplica pendiente en la pieza de situación contra el auto de 14 de mayo de 2019. Como quiera que esa pena se integra por una parte privativa de derechos no susceptible de suspensión y por una delimitación temporal de su ejercicio, la Sala acuerda posponer su ejecución hasta la resolución del recurso».
El demandante de amparo interpuso recurso de súplica solicitando la suspensión de la pena privativa de libertad argumentando tanto el efecto suspensivo derivado del planteamiento de las cuestiones prejudiciales como que no cabía excluir la posibilidad de que dadas las preguntas efectuadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuviera que ser puesto en libertad.
El recurso fue desestimado por auto de 18 de noviembre de 2019 con fundamento en que «[e]l objeto y alcance de la cuestión prejudicial fueron expuestos con claridad en el auto en el que se acordó su planteamiento y han sido reiterados en anteriores resoluciones de esta Sala ante las peticiones de alguna de las partes relativas a la suspensión de este procedimiento a la espera de su resolución», incidiendo en que «[e]se objeto y ese alcance son los que justifican la decisión adoptada en la resolución recurrida y con la extensión en ella indicada. Solo de la pena de inhabilitación son predicables las características que justifican que esta Sala posponga su ejecución».
h) El demandante de amparo, mediante escrito de 16 de diciembre de 2019, formuló incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre, alegando, entre otros motivos, que la sentencia condenatoria se había dictado sin respetar el efecto suspensivo del planteamiento de una cuestión prejudicial ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso principal y sin solicitar suplicatorio del Parlamento Europeo para dictar dicha condena.
i) La cuestión prejudicial fue resuelta por STJUE de 19 de diciembre de 2019, declarando que el artículo 9 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que: (i) goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión; y (ii) esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del citado Protocolo.
j) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por auto de 9 de enero de 2020, resolvió el recurso de súplica interpuesto contra el auto de 14 de junio de 2019, una vez suspendida su tramitación tras el planteamiento de una cuestión prejudicial mediante auto de 1 de julio de 2019 y su resolución por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, acordando, entre otros extremos, que (i) el demandante de amparo adquirió el estatuto derivado de la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019; y (ii) procedía el mantenimiento de su prisión preventiva, con los condicionantes derivados del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos que son expuestos en la resolución de esta misma fecha que queda incorporada a la causa principal.
En justificación de estos acuerdos, el órgano judicial declaró que (i) la duda suscitada acerca de si el art. 9 del Protocolo núm. 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea rige antes del período de sesiones ha de resolverse afirmativamente, lo que supone «que el candidato proclamado por la autoridad nacional como electo, por el solo hecho de serlo, goza de inmunidad, incluso, cuando se encuentre en situación de prisión preventiva en un proceso penal por delitos graves y el órgano jurisdiccional competente haya denegado el permiso para cumplir las formalidades impuestas por el Derecho nacional tras la proclamación como electo»; (ii) esta inmunidad se concreta en autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo, con el fin de que pueda cumplir allí las exigencias formales requeridas y obliga al órgano jurisdiccional a hacerlo acordando el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta; pero que, (iii) con carácter excepcional, esa concreta inmunidad «es compatible con el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que de forma urgente se solicite al Parlamento Europeo que suspenda esa inmunidad».
La resolución judicial destacó que, conforme a estos pronunciamientos, «se concreta la estimación del recurso, pues era eso –no otra cosa– lo que se solicitaba por la defensa del señor Junqueras en el escrito de 4 de junio. Incluso en un ejercicio hipotético de cuál habría sido el sentido de nuestra resolución si anticipadamente hubiéramos contado con la novedosa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la restricción de la libertad habría sido mantenida por esta Sala, sin perjuicio de una ágil activación del suplicatorio».
k) El demandante de amparo solicitó la aclaración del fallo de dicho auto con el argumento de que si bien en su fundamentación jurídica se afirma «que procede su estimación en un determinado sentido, así, el de reconocer el derecho a un permiso penitenciario para cumplimentar los trámites que, con anterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia se consideraban esenciales para la adquisición de la condición de europarlamentario, seguramente debido a error involuntario no figura en su parte dispositiva ni la mención a la estimación ni al sentido de dicha estimación previamente explicada en el cuerpo de la resolución, elemento esencial de la respuesta judicial motivada a una petición formulada por la parte».
El auto de 22 de enero de 2020 acordó no haber lugar a dicha aclaración, al considerar que «[l]a parte dispositiva del auto dictado por esta Sala –como sus fundamentos de Derecho– es suficientemente clara y expresiva, por lo que no precisa de aclaración alguna. Tampoco adolece de ningún error material».
l) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un segundo auto de 9 de enero de 2020, pronunciado ya en la pieza principal de la causa, con la finalidad de resolver aquellos aspectos afectados por la STJUE de 19 de diciembre de 2019, acordando que: (a) no ha lugar a autorizar el desplazamiento del señor Junqueras a la sede del Parlamento Europeo; (b) no ha lugar a acordar su libertad; (c) no ha lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 14 de octubre de 2019; (d) no ha lugar a la tramitación del suplicatorio ante el Parlamento Europeo; y (e) proveer en la pieza de ejecución el alzamiento de la suspensión de la pena de trece años de inhabilitación impuesta al condenado.
El auto, tras hacer un resumen de la citada sentencia y de las circunstancias procesales que dieron lugar al planteamiento de las cuestiones prejudiciales en el contexto de la pieza de situación personal, argumenta que ha de ser tomado en consideración que (a) el demandante de amparo ha sido condenado por sentencia firme a las penas de trece años de prisión y trece años de inhabilitación absoluta como desenlace jurisdiccional de un proceso penal iniciado el día 12 de febrero de 2019 que quedó visto para sentencia el día 12 de junio de 2019, siendo proclamado diputado electo solo un día después de que hubieran concluido todas las sesiones del juicio oral; (b) la cuestión prejudicial fue planteada en el contexto de la denegación de un permiso penitenciario de salida cuando estaba en prisión provisional para poder asistir al acto de acatamiento de la Constitución como exigencia para el acceso a la condición de diputado del Parlamento Europeo; y (c) los apartados 30 y 93 de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que es al órgano judicial nacional al que corresponde dilucidar los efectos –directos o indirectos– que la respuesta a la cuestión prejudicial debe conllevar.
A partir de ello concluye que, si bien el demandante «habría adquirido la condición de parlamentario, sin necesidad de ningún desplazamiento para trámites burocráticos, desde el día 13 de junio de 2019, fecha en que fue reconocida su condición de electo […] la realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un preso condenado que, por el solo hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad», proyectando sobre él una causa de incompatibilidad que le excluye del Parlamento Europeo [arts. 6.2 a) y 211 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG)].
En relación con el escrito remitido por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de octubre de 2019, en el que expresaba que la cuestión prejudicial seguía manteniendo interés y vigencia, ya que tendría eficacia con independencia de la situación de prisión preventiva o penado que afectase al señor Junqueras, el auto razona que «las respuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al definir el alcance y contenido de la inmunidad de desplazamiento» no impedían «dictar sentencia –ya firme– ni tampoco ejecutar lo resuelto, pese a que para la efectividad de la pena de inhabilitación hemos esperado prudentemente»; incidiendo en que «[s]e trataba, en fin, de determinar el alcance de la inmunidad –si llegara a reconocérsele– y si ese reconocimiento limitaba, en alguna medida, nuestro pronunciamiento, que conllevaba la pérdida de la condición de europarlamentario del señor Junqueras. Y hasta tanto no se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no podíamos precisar sus últimos perfiles, que habían de ser definidos en la sentencia que diera respuesta a la cuestión prejudicial».
El órgano judicial también rechaza la petición de que se proceda a formalizar una solicitud de suplicatorio ante el Parlamento Europeo, argumentando que «no es procedente, una vez ha sido dictada sentencia condenatoria que […] tiene carácter constitutivo en cuanto al efecto de anulación del mandato que el señor Junqueras había recibido del electorado» y que tampoco lo era cuando fue proclamado electo ya que el «proceso penal que le afectaba había concluido y esta Sala había iniciado el proceso de deliberación», poniendo de manifiesto que «quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al Derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de inmunidades, no era ni es necesaria la autorización del Parlamento».
El órgano judicial, del mismo modo, desestima la solicitud de anulación de actos procesales insistiendo en que ya había terminado la actividad procesal de enjuiciamiento cuando se produjo la adquisición sobrevenida de la condición de eurodiputado, destacando que el demandante de amparo no gozaba de inmunidad de jurisdicción sino solo de la de desplazamiento, lo que no libera del deber de dictar sentencia, estuviera libre el acusado o, como era el caso, se hallara en situación de prisión provisional, ya que la normativa europea remite al Derecho nacional y este determina que superada la fase intermedia del proceso y una vez abierta la fase de enjuiciamiento, ninguna inmunidad le correspondería.
m) El demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra este segundo auto de 9 de enero de 2020, insistiendo en que (i) la STJUE de 19 de diciembre de 2019 debe conducir automáticamente a su libertad derivada del reconocimiento de su inmunidad, cuyo levantamiento solo corresponde al Parlamento Europeo; (ii) la resolución impugnada conduce a anular cualquier efecto de la STJUE de 19 de diciembre de 2019 apartándose de su pronunciamiento sobre la necesidad de liberación del demandante o de solicitar el suplicatorio; y (iii) instando el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre la posibilidad de haber sido condenado sin pedir previamente el suplicatorio al Parlamento Europeo.
El recurso fue desestimado por auto de 29 de enero de 2020 con remisión a la fundamentación del auto recurrido, insistiendo en que en el auto de 9 de enero de 2020 «dimos cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea […] en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial». Así, se incide en que «[l]a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea realiza una interpretación extensiva de la inmunidad de desplazamiento del art. 9 del Protocolo núm. 7. Pero resulta evidente que de esa respuesta no se deriva –pese a la voluntarista argumentación de la defensa en sentido contrario y en contradicción más que aparente con parte de la respuesta concreta del Tribunal– ni la libertad inmediata del señor Junqueras, ni la necesidad de solicitar autorización al Parlamento Europeo para la continuación de estas actuaciones». También se afirma que «[n]o se trata, pues, como se afirma por el recurrente, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tenido “efecto cero” o que hayamos convertido la inmunidad de desplazamiento reconocida al señor Junqueras en una inmunidad “no efectiva”. Se trata, tan solo, de que sus consecuencias sean aplicables en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial y, por tanto, en la pieza separada en la que se formuló (lo que hicimos por auto de 9 de enero de 2020 que resuelve el recurso de súplica que quedó en suspenso tras el planteamiento de la cuestión) y en esta pieza principal, que fue culminada por sentencia firme con los efectos expuestos».
El auto recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia «afirma con rotundidad que es a esta Sala a la que corresponde apreciar sus efectos en esta pieza principal, todo ello, con observancia del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero» y que no se advierte «la necesidad de promover una nueva cuestión prejudicial. Esta Sala no alberga duda alguna sobre el alcance y consecuencias de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta pieza principal ni sobre los preceptos del Derecho de la Unión que menciona y aplica en el auto recurrido».
n) La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por auto de 29 de enero de 2020, desestimó el incidente de nulidad planteado contra la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019, resolviendo las alegaciones sobre el alcance de la inmunidad tras el pronunciamiento de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, por remisión al auto de 9 de enero de 2020.
5. El demandante de amparo, con invocación del art. 23.2 CE, solicita en el recurso núm. 212-2020 (i) la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas en dicho recurso –autos de 14 de octubre y de 18 de noviembre de 2019– por las que, una vez pronunciada la sentencia condenatoria a sendas penas de trece años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo representativo, en su ejecutoria se acuerda suspender únicamente la pena de inhabilitación absoluta a la espera de la resolución del recurso de súplica en el que se había planteado la cuestión prejudicial pero no la de prisión; y (ii) que se declare «que tras la formulación de la cuestión prejudicial C-502/19 (auto de 1 de julio de 2019) la causa debía dejarse en suspenso sin posibilidad de tramitación o, en cualquier caso, sin posibilidad de ejecutar ninguna de las penas que pudiesen decretarse en sentencia hasta la resolución de la cuestión prejudicial, de tal forma que el señor Junqueras debía poder ejercer su derecho a desplazarse a la sede del Parlamento Europeo como eurodiputado en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, quedando en libertad provisional».
Alega que estas resoluciones han vulnerado su derecho de representación política [art. 23.2 CE y art. 3 del Protocolo primero al Convenio europeo de derechos humanos (CEDH)], en relación con el derecho a la libertad (art. 17.1 CE), al no haber acordado también la suspensión de la pena privativa de libertad a la espera de la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas a pesar de que podía quedar afectada por el alcance que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera establecer en relación con la inmunidad de los diputados del Parlamento Europeo, incluyendo la necesidad de solicitar un suplicatorio, con la repercusión que esto tendría sobre la situación de su privación de libertad.
El demandante de amparo considera que concurre especial transcendencia constitucional en el recurso ya que no existen «precedentes en los que se haya planteado (y denegado) la suspensión de la tramitación de un procedimiento penal o la suspensión de la ejecución de las penas ante la concurrencia de una cuestión prejudicial penal generada en el mismo procedimiento, cuando la resolución de dicha cuestión prejudicial tiene una afectación determinante en la causa principal y en los derechos fundamentales a la participación y representación política, así como al derecho a la libertad y a un procedimiento con todas las garantías».
6. El demandante de amparo, con invocación del art. 23.2 CE, en relación con el art. 24 CE, solicita en el recurso núm. 1523-2020 (i) la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas en dicho recurso –autos de 14 de junio de 2019 y de 9 y 22 de enero de 2020– por las que se acuerda que había adquirido el estatuto derivado de la condición de eurodiputado el 13 de junio de 2019, pero que no procedía conceder un permiso extraordinario para el acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central tras ser proclamado diputado electo del Parlamento Europeo sino el mantenimiento de la prisión preventiva con los condicionantes derivados de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, no siendo necesaria la solicitud de suplicatorio; y (ii) que se acuerde la retroacción de actuaciones al pronunciamiento del primero de los autos a fin de que se pueda declarar su derecho «a desplazarse al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea y a fin de que se adopten las demás decisiones oportunas para dar efectividad a dicho derecho».
Alega que estas resoluciones han vulnerado su derecho de representación política (art. 23.2 CE y art. 3 del Protocolo primero al CEDH), en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), derivado de la circunstancia de que, tras el pronunciamiento de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, la inmunidad de la que gozaba desde el mismo momento de su elección imponía el levantamiento de la prisión provisional para desplazarse al Parlamento Europeo para la toma de posesión o solicitar la tramitación del suplicatorio, no habiéndose procedido a adoptar ninguna de dichas decisiones ni tampoco a dar una respuesta a esas cuestiones en el auto resolutorio de la súplica y, más en concreto, «la declaración sobre si dicho recurso ha de ser estimado o no, si existe una vulneración de los derechos de nuestro mandante y, caso que se haya producido, la fórmula de reparación de dicho derecho que de conformidad a Derecho deba aceptarse».
El demandante de amparo considera que concurre especial transcendencia constitucional en el recurso ya que no existen «precedentes en los que se haya denegado un permiso de salida de prisión provisional para realizar los trámites oportunos para la aceptación del cargo de eurodiputado, aún y haberse reconocido de forma expresa por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el propio tribunal que denegó el permiso que la persona afectada efectivamente gozaba del derecho a la inmunidad parlamentaria, continuando así la tramitación del procedimiento hasta el dictado de sentencia y ejecución de la misma».
7. El demandante de amparo, con invocación de los arts. 14, 17, 20.1, 23 y 24 CE, solicita en el recurso núm. 1634-2020 (i) la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas en ese recurso –autos de 9 y 29 de enero de 2020– por las que se acuerda, tras la STJUE de 19 de diciembre de 2019, pronunciada en la cuestión prejudicial C-502/19, denegar la autorización para su desplazamiento al Parlamento Europeo, su puesta en libertad, la anulación de la sentencia condenatoria de 14 de octubre de 2019 y no haber lugar a la tramitación del suplicatorio; y (ii) que se acuerde de forma inmediata su derecho «a desplazarse al Parlamento Europeo bajo la prerrogativa de inmunidad establecida en el artículo 9.II del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea».
Alega, que estas resoluciones han vulnerado su derecho de representación política (art. 23.2 CE y art. 3 del Protocolo primero al CEDH), en relación con los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), derivado de la circunstancia de que, tras el pronunciamiento de la STJUE de 19 de diciembre de 2019, la inmunidad de la que gozaba desde el mismo momento de su elección imponía el levantamiento de la prisión provisional para desplazarse al Parlamento Europeo para la toma de posesión y solicitar la tramitación del suplicatorio, no habiéndose procedido a adoptar ninguna de dichas decisiones. Se insiste, al igual que se hizo en la vía judicial ordinaria, en que, si hay dudas sobre la interpretación del Derecho comunitario, que se suscite ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial siguiente: «¿Es conforme a la interpretación de la normativa de la UE realizada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19) que una persona proclamada diputado electo el día 13 de junio de 2019 (y que era inmune desde ese día conforme al párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo de privilegios e inmunidades de la Unión Europea y en garantía del derecho previsto en el artículo 39 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que debería haber sido liberado en aquel momento, y que a partir del 2 de julio de 2019 disfrutaba de la inmunidad prevista en el párrafo primero del mismo artículo) pueda ser condenada penalmente en fecha 14 de octubre de 2019, sin haber solicitado el tribunal sentenciador al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad, de forma que finalmente no se ha producido su liberación para ejercer sus funciones como eurodiputado?».
El demandante de amparo considera que concurre especial transcendencia constitucional en el recurso ya que no existen «precedentes en los que se haya denegado el derecho a la inmunidad a un europarlamentario aun ante la existencia de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le reconocía expresamente dicho derecho, bajo el argumento que en aquel momento ya había recaído sentencia firme y que es competencia de la jurisdicción nacional determinar la “amplitud” del derecho discutido, todo lo cual supone una vulneración flagrante de los derechos fundamentales a la participación y representación política, así como al derecho a la libertad y a un procedimiento con todas las garantías».
8. El Pleno del Tribunal, por providencia de 14 de julio de 2020 y sendas providencias de 20 de octubre de 2020, acordó recabar para sí el conocimiento y la admisión a trámite de los recursos de amparo avocados núm. 212-2020, 1523-2020 y 1634-2020, respectivamente, apreciando que concurre en ellos una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque los recursos plantean un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente del órgano judicial la remisión del testimonio de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en los citados procesos de amparo.
9. La Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal, por diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2020 pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 212-2020, acordó tener por personado al abogado del Estado, a don Carles Gómez i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Santiago Rivera Gómez, y al partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
10. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 6 de octubre de 2020, formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso, argumentando que la pretensión del demandante «de que el curso de la causa principal debía suspenderse hasta el dictado de la sentencia por el Tribunal de Justicia, no encuentra apoyo en el auto de 1 de julio de 2019, por el que se acordó el planteamiento de la cuestión prejudicial, que entendió que el mismo solo debía comportar la suspensión del recurso de súplica, planteado contra el auto de 14 de junio de 2019, denegatorio de la concesión de un permiso extraordinario de salida para asistir a la junta electoral». A ello se añade que en las resoluciones impugnadas «se subraya la falta de relevancia del planteamiento de la cuestión prejudicial para impedir la incoación de la ejecutoria, dado el limitado objeto del incidente en que se planteó la cuestión, y su inhabilidad para suspender el curso de la causa, lo que había sido objeto de otras decisiones judiciales en las que se había examinado y rechazado la pretensión de la parte de paralizar la tramitación de la causa principal hasta el dictado de la sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». De ese modo concluye que «la Sala se atuvo, para proceder a la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al ahora demandante, a la normativa procesal de aplicación que preceptúa que, tras el dictado de una sentencia penal condenatoria y la adquisición de firmeza de la misma, debe procederse a su ejecución, sin que esté previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal que una pena privativa de libertad con la extensión de la recaída en el proceso subyacente pueda ser objeto de suspensión de ninguna índole».
11. El abogado del Estado, por escrito registrado el 14 de octubre de 2020, formuló alegaciones solicitando la inadmisión del recurso por falta de agotamiento en tanto que la cuestión suscitada, «que es el alcance material y encaje en el artículo 23.2 CE de las inmunidades que alega el recurrente le incumbían como diputado europeo, en su relación con la pena de prisión ejecutada, los autos recurridos incorporan una naturaleza puramente interlocutoria, limitada a desestimar el efecto suspensivo del reenvío prejudicial en la ejecutoria de la pena de prisión. Y, sobre la incidencia de la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la ejecutoria, existe un pronunciamiento definitivo y firme posterior, el expresado en los autos de 9 y 29 de enero de 2020, que es el que debería ser objeto, en su caso, de amparo constitucional».
El abogado del Estado, subsidiariamente, solicita la desestimación íntegra del recurso. Argumenta que el demandante de amparo «[e]n definitiva, pretende un efecto reflejo de la cuestión prejudicial en la ejecutoria para dar efectividad a una prerrogativa que, en los términos en que la formula el recurrente, no existe», destacando que «los autos recurridos resultan ajustados a Derecho por el carácter autónomo del procedimiento en el que se ha planteado la cuestión sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea» e incidiendo en que ya en el auto de 1 de julio de 2019 se venía a declarar la autonomía de ambos procedimientos y que el planteamiento no condicionaba el objeto del proceso principal.
12. El partido político Vox, por escrito registrado el 15 de octubre de 2020, formuló alegaciones solicitando la inadmisión del recurso por falta de justificación suficiente de su especial transcendencia constitucional, ya que no desarrolla la invocación de la causa de transcendencia alegada siendo un enunciado meramente apodíctico.
Esta parte, subsidiariamente, solicita la desestimación del recurso, ya que la cuestión prejudicial planteada se refería a los efectos de la normativa europea en la situación de prisión provisional del demandante, pero no a los efectos en el cumplimiento de la pena de prisión a la que finalmente fue condenado por sentencia penal firme, de lo que se deriva que no resulte posible realizar extensiones de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a situaciones no contempladas en la propia cuestión prejudicial, como pretende el demandante.
13. El demandante de amparo no formuló alegaciones en este recurso.
14. La Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal, por diligencia de ordenación de 24 de noviembre de 2020 pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 1523-2020, acordó tener por personado al abogado del Estado, a don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Mora i Negre y don Josep Vargas i Andreu, representados por el procurador de los tribunales don Aníbal Núñez Cortés, a don Carles Gómez i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Santiago Rivera Gómez, y al partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plaz