Categoría: Administración

es incluidas en la misma, al amparo de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, llevándose a cabo todo el procedimiento de selección en un ejercicio para su adjudicación definitiva en el siguiente.
En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado y su concesión quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado primero de la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en virtud de los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conforme a la habilitación contenida en el artículo 3.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se establece mediante esta orden que la tramitación electrónica sea obligatoria en todas las fases del procedimiento, de forma que las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas electrónicamente.
2. Las personas participantes deberán utilizar los medios electrónicos habilitados en la sede electrónica del ISCIII (https://sede.isciii.gob.es) tanto para la presentación de solicitudes como de la documentación necesaria para la justificación y seguimiento de las ayudas concedidas, así como para aquellos actos que se determinen en cada actuación, empleándose sistema de firma electrónica avanzada.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo esta todos los efectos de la notificación. En otro caso, se procederá a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, y de acuerdo con la regulación contenida en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo complementarse con la notificación en la sede electrónica.
5. En las respectivas actuaciones se podrá establecer la posibilidad de sustituir determinados documentos por una declaración responsable del solicitante, con las condiciones que, a tal efecto, señala el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la posibilidad de que la presentación de la solicitud suponga la autorización del solicitante al órgano concedente para que obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la citada ley.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la restante documentación requerida no podrá ser inferior a diez días hábiles y se establecerá en la convocatoria, pudiendo ser diferente para cada una de las actuaciones contempladas en la misma.
2. Dentro de una misma convocatoria podrán preverse distintos plazos de presentación de solicitudes para las diferentes actuaciones.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4. Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, el órgano instructor del procedimiento designado en la convocatoria requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La entidad solicitante, o persona solicitante en su caso, en cualquier momento del procedimiento de concesión, podrá desistir de su petición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. La intervención por medio de representante de los solicitantes y/o beneficiarios de las ayudas, exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La persona firmante de la solicitud de la ayuda deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene la representación legal de la entidad beneficiaria. En caso contrario, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes de las distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación que ostentan. La falta de representación suficiente determinará que el documento en cuestión se tenga por no presentado, con los efectos que de ello se deriven para la continuación del procedimiento.
4. Deben observarse las disposiciones contenidas en el artículo 32 y siguientes del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
1. En el proceso de evaluación de las solicitudes podrán participar expertos nacionales o internacionales, así como representantes de la ciudadanía y entidades con competencias en evaluación científica, en función del ámbito material y de las características propias de cada actuación, que se consideren convenientes. Emitirán cuantos informes de evaluación científico-técnicos se estimen necesarios para resolver en virtud del artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las Comisiones Técnicas de Evaluación, conformadas por expertos, deberán cumplir con el equilibrio de género en su composición, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la convocatoria podrá establecerse una fase de preevaluación.
La convocatoria podrá incluir para determinadas actuaciones la posibilidad de informar a los solicitantes acerca de las observaciones emitidas por los evaluadores, de forma que los solicitantes puedan presentar una réplica que contenga las aclaraciones pertinentes. Dicha réplica podrá ser tenida en cuenta por la Comisión Técnica de Evaluación antes de emitir su valoración final.
4. En las convocatorias se determinará el detalle y, en su caso, la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de cada criterio.
5. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el solicitante en la fase de admisión de solicitudes. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta. De igual modo, la convocatoria podrá incluir la realización de una entrevista personal con los miembros de las Comisiones Técnicas de Evaluación del ISCIII.
6. En los procedimientos en concurrencia competitiva, las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos exigidos para ser beneficiario y hayan resultado seleccionados, dentro de los límites presupuestarios. Los requisitos considerados en la fase de preevaluación no podrán ser tenidos en cuenta en la fase de evaluación por el órgano colegiado.
Durante el desarrollo del proceso, se establecerá un orden de prelación que se determinará en base a la suma de los valores obtenidos en cada uno de los criterios establecidos, ordenado de mayor a menor.
En los supuestos en los que la convocatoria prevea el establecimiento de umbrales de puntuación, será necesario superarlos para poder optar a la financiación. En ningún caso se podrá conceder financiación a aquellas actuaciones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no supere los referidos umbrales.
En el caso de que el crédito consignado en la convocatoria para una actuación fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los criterios establecidos.
7. Las resoluciones de concesión se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones; en su caso, esta información se compartirá con el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
8. Las actuaciones que se convoquen mediante el procedimiento de concesión directa estarán sujetas al proceso de evaluación descrito en su convocatoria correspondiente.
1. La valoración de solicitudes se realizará, a la vista de los informes emitidos por las comisiones técnicas de evaluación, por un órgano colegiado constituido en Comisión de Selección que aplicará los criterios científico-técnicos y de oportunidad previstos en esta orden.
2. La Comisión de Selección será nombrada por el órgano concedente y presidida por la persona titular del órgano instructor; estará formada por un mínimo de cuatro y un máximo de once vocales, designados por el órgano concedente para cada subprograma, entre investigadores, tecnólogos y gestores de reconocido prestigio, y representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, cuya concreción y designación se llevará a cabo en la correspondiente convocatoria. El Secretario de la comisión será un funcionario adscrito al órgano instructor, que tendrá voz pero no voto.
3. Esta comisión se ajustará en su funcionamiento a lo previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en cuanto a su composición.
1. Los criterios de concesión de cada uno de los subprogramas y materias objeto de subvención y la ponderación de los mismos se relacionan en el anexo 1.
2. Podrá exigirse una puntuación mínima a alcanzar en los criterios que se determinen.
3. Los aspectos que se podrán valorar en las convocatorias, para cada uno de los elementos evaluables, se relacionan a continuación:
a) Investigador/a solicitante, persona candidata, responsable del grupo, equipo o unidad: trayectoria laboral; Trayectoria científica. Méritos curriculares: Publicaciones; Captación de recursos (financiación de proyectos de investigación, contratos, convenios, etc); Capacidad docente; Resultados de innovación y transferencia; Movilidad, estancias, becas, etc; Colaboraciones nacionales e internacionales; Actividad asistencial desarrollada; Liderazgo en dirección de equipos; Ponencias en congresos y reuniones científicas.
b) Propuesta o proyecto científico-técnico: calidad: antecedentes, objetivos, hipótesis, estimaciones muestrales, análisis de datos, plan de gestión de datos. Viabilidad: capacidad del grupo o del equipo para llevarla a cabo, cronograma adecuado, solicitud de financiación adecuada, actividades realistas y alcanzables en el tiempo. Oportunidad: aplica a un proceso o patología que puede resultar novedoso o de reciente interés para la comunidad científica o la sociedad, pueden ser patologías emergentes o aplicación de nuevos procesos o técnicas que supongan un avance relevante. Relevancia: carácter disruptivo de la propuesta, abordaje de un proceso o patología con elevada carga de enfermedad o que produce severa afectación en la expectativa y/o calidad de vida, situaciones de potencial riesgo o alerta para la salud pública, magnitud de población afectada o para la sociedad. Interés: abordaje de tópicos en el ámbito de la convocatoria que afectan a poblaciones vulnerables, personas en situación de exclusión social, o procesos para los que habitualmente no suele haber demasiadas propuestas o son poco exitosas. Aplicabilidad y capacidad de transferencia: valoración de la aplicabilidad de resultados y trasferencia de los mismos al sistema nacional de salud o al sector productivo, contemplando las condiciones de aplicación y el espacio temporal necesario. Capacidad de generar mejoras en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en las actividades de promoción de la salud y los servicios de salud: descripción explicita de las mejoras que puedan suponer los resultados de la investigación. Impulso al talento y la empleabilidad y fortalecimiento de las estructuras de los centros de investigación biomédica y en particular asistenciales del SNS: descripción explicita de estos aspectos contemplados en la propuesta. Innovación: capacidad innovadora de los resultados esperados, modificación de procesos o práctica asistencial, estimación de recursos necesarios para llevarla a cabo y espacio temporal. Impacto: resultados esperados de la investigación propuesta en términos de mejora de la morbilidad, mortalidad, recursos asistenciales, análisis de costes tanto de ahorro como de implantación de resultados. Análisis de coste efectividad si procede. Perspectiva de género en la propuesta: inclusión obligatoria de este aspecto en todas las propuestas, con desarrollo de la implementación prevista o, de ser el caso, motivación de la ausencia de implementación. Participación ciudadana: características de la participación de los ciudadanos en las diferentes fases de la propuesta. Colaboración pública y/o privada: descripción de dicha colaboración cuando sea elemento exigible en la convocatoria. Plan de difusión y de transferencia de tecnología y de resultados: establecimiento de un plan de difusión de resultados y de trasferencia cuando lo requiera la convocatoria. Adecuación de la propuesta a los objetivos y prioridades establecidos en las diferentes actuaciones y/o complementariedad de la misma con otras actuaciones de I+D+I nacionales, internacionales o autonómicas: alineación de la propuesta con las líneas estratégicas de la ayuda a la que aplica o complementariedad si así se exige en la convocatoria.
c) Grupo, equipo o unidad. Historial científico-técnico: composición: adecuación en número, experiencia y titulación; Trayectoria laboral; Trayectoria científica; Colaboración acreditada mediante actividades científicas conjuntas en el tiempo. Méritos curriculares: Publicaciones; Captación de recursos (financiación de proyectos de investigación, contratos, convenios, etc.); Capacidad docente; Resultados de innovación y transferencia; Movilidad; Colaboraciones nacionales e internacionales; Actividad asistencial desarrollada; Liderazgo en dirección de equipos; Ponencias en congresos y reuniones científicas.
Coordinación de propuestas: experiencia en liderazgo de grupos o equipos de investigación; experiencia en liderazgo de propuestas nacionales o internacionales de carácter colaborativo o cooperativo con varios grupos o equipos de investigación; Experiencia en actividades de gestión científica y técnica.
d) Entidad solicitante: capacidad y trayectoria del centro para el desarrollo de las actividades propuestas: infraestructuras disponibles; recursos humanos y financieros de apoyo a la actividad de I+D+I; alineamiento de la propuesta con el plan estratégico de investigación del centro.
4. Aquellas actuaciones otorgadas en régimen de concesión directa, habiendo sido efectuada con carácter previo la evaluación en el marco de la convocatoria en concurrencia competitiva de la que trae causa, estarían sujetas, de manera principal, a las convocatorias internacionales a las que se refieren y supletoriamente al contenido de este artículo.
1. En cada actuación, la Comisión de Selección emitirá un informe debidamente motivado, en la que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y se establezca una prelación o relación priorizada de las solicitudes, que no será exigible en el supuesto señalado en el artículo 14. A partir de este informe, el órgano instructor elevará propuesta al órgano concedente que resolverá. Dicha propuesta se comunicará a los solicitantes en la forma prevista en el artículo 18.3 para que en el plazo de diez días hábiles presenten las alegaciones que consideren oportunas. Este plazo podrá ser superior, si así se establece expresamente en la convocatoria.
2. Examinadas las alegaciones, se formulará propuesta de resolución definitiva diferenciada para cada tipo de actuación y que deberá identificar tanto a la/s persona/s solicitante/s para los que se propone la concesión de la subvención, la cuantía y los criterios seguidos para efectuarla, como la desestimación del resto de solicitudes. El órgano instructor elevará propuesta de resolución definitiva al órgano concedente que resolverá. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en los procedimientos de concesión directa o cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, se declarará expresamente por el órgano instructor que la propuesta de resolución tiene carácter definitivo por concurrir dichas circunstancias.
3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión.
1. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver, este dictará la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de concesión será de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior y podrá, en su caso, ser suspendido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y publicado la resolución, las solicitudes se entenderán desestimadas.
4. Las resoluciones provisionales y definitivas de admitidos y no admitidos, así como las resoluciones de concesión y desestimación de las ayudas serán publicadas en la sede electrónica del ISCIII, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 18.3 y surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con relación a los procedimientos de concurrencia competitiva.
Las resoluciones habrán de ser motivadas y recogerán el contenido que se disponga la convocatoria, según la fase del procedimiento de que se trate. Cuando la resolución ponga fin a vía administrativa, se hará constar expresamente en la resolución, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. En el caso de las actuaciones por procedimiento de concesión directa, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución de concesión, en la que se indicará la cuantía y distribución de la financiación propuesta, así como las condiciones y plazos para la realización del proyecto. Según lo estipulado en la convocatoria, los solicitantes dispondrán de un plazo para formular alegaciones, antes de que el órgano instructor eleve al órgano competente para resolver la propuesta de resolución, a fin de que se dicte la resolución de concesión de las ayudas.
6. En la convocatoria, en las actuaciones que así se especifique, la resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones de la convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado. En este supuesto, si alguna persona o entidad beneficiaria renunciase a la subvención, el órgano concedente podrá otorgar la concesión de la subvención a la persona o entidad solicitante siguiente conforme al orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos a una de las solicitudes denegadas.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y la forma aprobados en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, la persona o entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión. Las convocatorias establecerán el plazo para presentar la solicitud de modificación, la subsanación, el plazo para resolver y notificar, el sentido del silencio, y régimen de recursos.
2. Los cambios en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión deberán ponerse en conocimiento del órgano concedente desde el momento en que se tenga conocimiento o acontezca el hecho que lo motiva y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionada.
3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las diferentes actuaciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión en los términos establecidos en esta orden y en la convocatoria.
4. Excepcionalmente, cuando concurran causas que lo justifiquen, el órgano concedente de la subvención podrá autorizar de oficio la ampliación del periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas afectadas por una misma resolución de concesión, mediante la modificación de la misma, sin que sea precisa la solicitud previa de los sujetos beneficiarios.
1. El pago de las ayudas, cuando el beneficiario sea una persona física, se realizará mensualmente a mes vencido, sin perjuicio del pago anticipado que puedan prever las disposiciones de las convocatorias para otros conceptos diferentes de la asignación mensual, salvo que las disposiciones de las diferentes actuaciones de la convocatoria establezcan otro procedimiento.
2. En el caso de las personas jurídicas o agrupaciones de personas, el pago tendrá lugar en los términos establecidos en cada actuación, con carácter de pago anticipado, que podrá ser un pago único o fraccionado por anualidades si la ayuda tuviera carácter plurianual y se hubieran justificado en su caso las anualidades anteriores, salvo previsión en contra de sus disposiciones específicas. Dicho pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano concedente de que el beneficiario cumpla los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las entidades beneficiarias de las actuaciones reguladas en esta orden estarán exentas de la constitución de garantías.
4. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la financiación concedida y se aplicarán igualmente a la actividad objeto de ayuda.
1. Las personas y entidades beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la actividad objeto de ayuda, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, indicando, si fuese el caso, la cofinanciación con fondos europeos o de otras Administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de la Unión Europea.
Esta publicidad se llevará a cabo mediante la inclusión de la imagen institucional haciendo referencia expresa y literal al «Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)», como entidad financiadora, así como mediante la inserción de leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, publicaciones, pegatinas y otros soportes, citando siempre el código de identificación asignado a la ayuda o proyecto, y al fondo europeo correspondiente, en caso de que fueran cofinanciadas con el Fondo Social Europeo o con el FEDER, o a la iniciativa de Programación Conjunta Internacional correspondiente, indicando el expediente de referencia asignado a la actividad. También se hará referencia a la entidad cofinanciadora tanto en pegatinas para el material inventariable, como en los medios electrónicos y de comunicación en los que se publicite la actividad. De igual modo, se hará mención expresa en los contratos formalizados con ocasión de alguna de las actuaciones, tanto si es en régimen de financiación completa, como si fueran cofinanciados.
2. Cuando los resultados de la actividad objeto de ayuda no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad industrial o intelectual, las publicaciones científicas resultantes deberán estar disponibles en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y de acuerdo con los requisitos y plazos que se establezcan en la correspondiente convocatoria.
3. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberán aplicar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen corresponder en aplicación del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las reglas contenidas en los artículos 31.3 y 93 del Reglamento de desarrollo de la referida ley.
1. Las entidades beneficiarias están obligadas a justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la realización de la actividad que determinó la concesión de la ayuda.
2. El plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda se establecerá en la correspondiente convocatoria, no pudiendo ser superior a seis meses desde que finalice la ejecución de la misma.
3. La justificación económica se realizará en los términos previstos en cada actuación de convocatoria, mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las modalidades recogidas en su normativa de desarrollo.
Resultarán igualmente de aplicación las disposiciones que sobre el seguimiento científico-técnico y económico se establezcan en las actuaciones de la convocatoria y en las instrucciones de desarrollo que se dicten al efecto y acompañen a la resolución de concesión.
4. En caso de establecerse un sistema de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas, este deberá estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable hasta la cantidad de 1.500 euros, salvo que la convocatoria fije otro importe.
Adicionalmente, resultarán de aplicación las disposiciones que sobre el seguimiento científico-técnico y económico se establezcan en las actuaciones de la convocatoria y en las instrucciones de desarrollo que se dicten al efecto y acompañen a la resolución de concesión.
5. Las actividades financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas de esta que sean aplicables en cada caso.
6. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico, las personas y entidades beneficiarias deberán rendir memorias de seguimiento en los términos y plazos que se establezcan en las resoluciones de concesión de cada actuación. Asimismo, deberán presentar una memoria final dentro del plazo establecido en los respectivos tipos de actuación.
7. Tanto las memorias de seguimiento, si las hubiera, como las memorias finales, incluirán no solo las actividades realizadas y los resultados obtenidos, sino también la justificación económica correspondiente. Dicha justificación económica, que revestirá normalmente la forma de cuenta justificativa, incluirá una relación detallada de la descripción del gasto realizado, su importe, justificantes del gasto y de su pago, fecha de los mismos, lugar de custodia y órgano responsable de la misma, así como los datos que se consideren oportunos y que se concreten en la convocatoria. Estos informes se cumplimentarán y se presentarán de acuerdo con lo que establezca el órgano concedente en las instrucciones que se dicten al efecto junto con la resolución de concesión o en el marco del convenio.
8. A los efectos de la justificación económica, los gastos, que deberán estar efectivamente pagados y justificados mediante facturas pagadas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico-mercantil o con eficacia administrativa incorporados, y deberán realizarse en los periodos señalados en las correspondientes resoluciones de concesión o en el convenio correspondiente. En el caso de la memoria final, los justificantes de dichos gastos y de su pago se podrán emitir hasta el final del plazo de rendición de este informe, siempre que en dichos justificantes se refleje la fecha de realización del gasto y del pago dentro del periodo justificado, salvo que en el tipo de actuación se especifique otro plazo.
9. En el caso de que se financien gastos de personal, los beneficiarios deberán confeccionar partes horarios firmados por los propios empleados a efectos de evitar la doble financiación, salvo que la regulación europea contemple otras formas de acreditación para las subvenciones financiadas con fondos europeos.
1. Las personas y entidades beneficiarias estarán sometidas a las actuaciones de comprobación, incluidas las de carácter material, que efectúe el órgano concedente o en el que delegue, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y de los órganos correspondientes de la Comisión Europea, así como, en su caso, a las disposiciones establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las actuaciones financiadas con los fondos europeos.
2. El órgano concedente o en el que delegue podrá designar los órganos o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de comprobación de la aplicación de la subvención recibida y recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna o realizar auditorías a los beneficiarios. También se podrán constituir comisiones de seguimiento de la ejecución de las actividades subvencionadas, con el fin de valorar desde el punto de vista científico-técnico y de gestión, el progreso y los resultados finales de la ejecución. A estos efectos, se podrán realizar entrevistas personales con los expertos y/o miembros de dichas comisiones.
3. A los efectos de la justificación y el control de las actividades financiadas, las personas y entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos, en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario; así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.
1. Procederá el reintegro de la subvención percibida, así como los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y este se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el título III de su reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento.
2. El incumplimiento total o parcial de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones, dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas en todo o en parte, más los intereses de demora correspondientes, conforme a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de las obligaciones y fines para los que se otorgó la subvención dará lugar al reintegro de la totalidad de la cantidad concedida.
b) La cantidad que se haya de reintegrar en caso de incumplimiento parcial en la ejecución o en la justificación de las acciones o gastos vendrá determinada, de acuerdo al criterio de proporcionalidad, en atención al volumen y grado del incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
c) La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones de la actuación supondrá la devolución de la cantidad afectada por la modificación.
d) La no presentación o la evaluación desfavorable, de acuerdo con lo que establezcan las distintas actuaciones, de las memorias de seguimiento anuales o finales, tanto de carácter científico-técnico como económico, conllevará la interrupción de la financiación y la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las distintas actuaciones podrán establecer otros criterios específicos, si la naturaleza de la actividad que se financia así lo aconseja.
4. La devolución de fondos no aplicados, los costes indirectos proporcionales y los intereses de demora correspondientes, ya sea voluntaria o a requerimiento de la Administración, deberá realizarse en la cuenta del ISCIII en el Banco de España.
1. Las personas y entidades beneficiarias quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su reglamento de desarrollo.
2. Asimismo, se aplicará de forma supletoria lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud formarán parte de un fichero de titularidad del ISCIII y quedarán sometidos a la protección establecida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, en especial, por lo que se refiere al tratamiento de datos del solicitante, lo que dispone su disposición adicional octava, y por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). La presentación de la solicitud de subvención conlleva el tratamiento de los datos y su cesión para fines de evaluación, seguimiento y control al órgano evaluador y a los organismos de control nacionales y de la Unión Europea, en su caso.
1. Los anticipos reembolsables son una modalidad de ayuda consistente en la concesión de un préstamo que se amortizará a la recepción de la subvención procedente de Fondos EIE. De este modo, se permite al beneficiario la obtención de recursos anticipados para la realización de su actuación, toda vez que la subvención proveniente de Fondos Estructurales se librará una vez justificada la realización de la actividad, en los términos exigidos por la normativa comunitaria.
2. Los beneficiarios de ayudas en forma de anticipos reembolsables deberán tener capacidad de endeudarse, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.
Igualmente, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El órgano concedente comprobará el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si este fuese una administración pública.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los anticipos reembolsables en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, incluida la posible subrogación, teniendo en cuenta lo que prevean las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
4. En las ayudas concedidas en forma de anticipo reembolsable, el libramiento de la ayuda proveniente de los Fondos EIE se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable.
Si los Fondos EIE percibidos no fueran suficientes para amortizar el anticipo reembolsable, el beneficiario ingresará la diferencia en la cuenta corriente del Instituto de Salud Carlos III en el Banco de España, en el plazo de un mes desde que sea informado de que se han recibido dichos fondos.
5. Los organismos o entidades perceptores del anticipo reembolsable, en el caso de encontrarse sujetos a régimen presupuestario público, deben registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por Fondos EIE, aplicado al capítulo 9 «Pasivos financieros» de su presupuesto. Las entidades perceptoras no sometidas a régimen presupuestario público, registrarán de acuerdo con los principios contables que les resulten de aplicación, el ingreso de los fondos cuya contrapartida es una deuda.
6. Cuando el beneficiario de un anticipo reembolsable garantizado con Fondos EIE sea informado de que se han recibido dichos fondos, deberá reconocer la subvención recibida de la Unión Europea de la siguiente forma:
a) En el caso de que se trate de una entidad sometida a régimen presupuestario público, mediante un ingreso en el concepto que corresponda en el artículo 79 «Transferencias de capital del exterior», lo que a su vez permitirá la formalización de la cancelación de la deuda que quedó registrada en el momento del anticipo de fondos por parte del Estado, mediante el correspondiente pago en el capítulo 9 de su presupuesto de gastos.
b) En el caso de que se trate de una entidad no sometida a régimen presupuestario público, mediante el registro de la subvención de acuerdo con los principios contables que le sean de aplicación, lo que, a su vez, permitirá cancelar la correspondiente deuda.
7. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de anticipos reembolsables, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión seguimiento y justificación, por las prescripciones de la citada ley, de su reglamento y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, sin perjuicio de lo indicado en la disposición adicional tercera.
La aplicación de las previsiones contenidas en esta orden no deberá ocasionar incremento del gasto público.
Los procedimientos iniciados al amparo de la Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden CNU/354/2019 de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, seguirán regulándose, a efectos de seguimiento y justificación, por las respectivas convocatorias de la AES y resoluciones dictadas en el marco de la misma.
Queda derogada la Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria única.
Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones que se regulan en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo tendrán carácter supletorio respecto de la normativa europea que sea de aplicación directa a las ayudas financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea contempladas en esta orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, establecida en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución española.
Los órganos competentes en función del ámbito material de las actuaciones subvencionadas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1, dictarán las resoluciones e instrucciones necesarias para la ejecución y desarrollo de esta orden.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de noviembre de 2024.–La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Santiago Vidal.