[en] The Act 5/2005, April 25th, regulates the exhaustion of right of recourse (recurso de casación) based on the breach of the Civil Law of Galicia. The enactment of this Act has been influenced, on the one hand, by the recognition of the competence of the Parliament of Galicia to rule on this matter and, on the other, by the Constitutional Court decision of March 25th, 2004 which ruled on the competences of the States' parliaments (parlamentos autonómicos) in this subject. In this article we analyse the new recurso de casación in Galicia with special consideration to the court competent to review the recourse, the kind of decisions affected and the reasons available to base the recourse. As to the court competent to review the recurso de casación in Galicia, it is the supreme civil court in the region (Tribunal Superior de Justicia de Galicia) the body competent to review the decisions enacted in second instance by the Audiencias Provinciales. In order to attribute the competence to the Tribunal Superior de Justicia de Galicia, three requirements have to be fulfilled: a) Resolution of a court located in Galicia; b) Competence included in the State Supreme Act (Estatuto de Autonomía); and c) Recourse based on the Civil Law of Galicia. Secondly, regarding the kind of decisions affected by the recurso de casación, the Tribunal Superior de Justicia de Galicia will review the decisions issued by the Audiencias Provinciales in Galicia. It should be noted that the decisions subject to review cannot be limited for the reason of the amount being litigated (art. 2.2). Finally, as to the reasons available to base the recurso de casación, we should mention that there is not only the breach of the law, but also "a mistaken valuation of the proof which shows that the judge unknown some facts which infringed the uses and customs".

[es] El marco jurídico en que se desarrolló la elaboración y aprobación por el Parlamento de Galicia de la Ley 5/2005, de 25 de abril, reguladora del Recurso de Casación en materia de Derecho Civil de Galicia se estructura a partir de dos piezas clave, por una parte, la competencia del Parlamento para regular el recurso de casación en materia de Derecho Civil de Galicia. Por otra, la sentencia de 25 de marzo de 2004 del Tribunal Constitucional, en la que éste delimitó el ámbito constitucionalmente correcto de actuación del Legislativo autonómico en esta materia al pronunciarse sobre el contenido de la hoy derogada Ley 11/1993, de 15 de julio, regúladora del Recurso de Casación en materia de Derecho Civil Especial de Galicia. En este trabajo, el estudio de la nueva casación civil de Galicia se realiza, principalmente, a partir de las cuestiones que suscitan tres grandes temas: Competencia funcional; resoluciones recurribles y motivos de casación. En cuanto a la competencia funcional, el órgano jurisdiccional competente para conocer del Recurso de casación civil de Galicia es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No obstante, la aplicación de esta regla está supeditada a la concurrencia de tres presupuestos que determinan si finalmente el conocimiento de la casación autonómica corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Galicia: a) Resolución de órgano jurisdiccional con sede en la Comunidad Autónoma; b) Competencia prevista en el Estatuto de Autonomía y c) Recurso fundado en infracción de Derecho Civil de Galicia. Con relación a las resoluciones recurribles, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia será competente para conocer de las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales de Galicia. Cabe señalar, además, que la Ley reguladora del recurso de casación en materia de Derecho Civil de Galicia establece que "las sentencias objeto de casación no estarán sometidas a limitación alguna por causa de su cuantía litigiosa" (art. 2.2). Respecto de los motivos de casación, debe resaltarse que en la casación autonómica de Galicia además del motivo único (infracción de ley) puede invocarse un segundo motivo: "El error en la apreciación de la prueba que demuestre desconocimiento por parte del juzgador de hechos notorios que supongan infracción del uso o costumbre".