[en] Excessive temporary employment constitutes a huge problem for the health of any labour market since, together with other factors such as a high unemployment rate or the existence of insufficient remuneration to face the expenses inherent to one's subsistence, it generates a widespread job insecurity among workers with all the socioeconomic implications that this entails. One of the most effective ways to deal with this situation, leaving the economic measures that each State could adopt aside, is to modify the current legislation with the objective of adapting the structure of this market to the reality of the situation. Thus, at a time when the Spanish labour market showed high rates of temporary employment and unemployment, furthermore aggravated by the explosion of an economic-sanitary crisis due to the COVID-19 pandemic, the Government got the Royal Decree-Law 32/2021 of December 28th off the ground with the main objective of providing some stability to the situation. The measures taken for this purpose are mainly directed to promoting indefinite contracts and making temporary contracts more difficult to sign by eliminating contractual modalities of this type, reducing the time limits for the transformation of a temporary contract into indefinite one and strengthening of the presumption that a contract is indefinite unless the contrary is duly accredited. One year after the entry into force of the aforementioned regulatory text, the few data available on the effects derived from it show a first positive perspective, since they show a significant reduction in the temporary employment rate and an unprecedented stimulation of indefinite contracts. However, given the brevity of the regulation's validity, it is still early to affirm without a doubt that it is a correct regulation in its entirety. In order to do so, it would be necessary to carry out a periodic analysis of the evolution of the data available at all times.

[es] La excesiva temporalidad constituye una problemática de inmensa envergadura para la sanidad de cualquier mercado de trabajo ya que, junto con otros factores como podrían ser una elevada tasa de desempleo o la existencia de remuneraciones insuficientes para afrontar los gastos inherentes a la propia subsistencia, genera una precariedad laboral generalizada entre las personas trabajadoras con todas las implicaciones socioeconómicas que ello conlleva. Una de las formas más eficaces de hacer frente a esta situación, dejando a un lado las medidas económicas que cada Estado pudiera adoptar, es la de modificar la legislación vigente para tratar de adaptar la estructura de este mercado a la realidad de la situación. Por ello, en un momento en que el mercado de trabajo español presentaba elevadas tasas de temporalidad y desempleo, agravado además por la explosión de una crisis económico-sanitaria a causa de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno sacó adelante el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, con el objetivo principal de aportar algo de estabilidad a la situación. Las medidas adoptadas con este fin van dirigidas principalmente a la potenciación de la contratación indefinida y a dificultar la contratación temporal mediante la eliminación de tipos contractuales de esta última modalidad, la reducción de los límites temporales para la transformación de un contrato temporal a indefinido y el fortalecimiento de la presunción de que un contrato es indefinido salvo que lo contrario se acredite debidamente. Un año después de la entrada en vigor del citado texto normativo, los pocos datos disponibles sobre los efectos derivados del mismo arrojan una primera perspectiva positiva ya que muestran una importante reducción de la tasa de temporalidad y una estimulación sin precedentes de la contratación indefinida. No obstante, dada la brevedad de la vigencia de la norma, es pronto todavía para afirmar sin lugar a dudas que se trata de una norma acertada en su integridad siendo necesario un análisis periódico de la evolución de los datos disponibles en cada momento para poder hacerlo.