[en] The implementation in Spain of the new European framework for alternative and on-line consumer dispute resolution has taken place, mainly, through the changes introduced in the Spanish Consumer Arbitration System by Act 7/2017, which transposes Directive 2013/11/EU and the accreditation of some Consumer Arbitration Boards. The present study maintains that the changes made have only achieved a formal compliance with the requirements of the European framework, and therefore the need to undertake further reflection on the potential of the new European framework to impulse further changes in the system should not be excluded, especially in view of the connection between the resolution of consumer disputes and the improvement in the functioning of the markets that emanates from the new European framework. Taking this into consideration, the study proposes elements for the debate on the future reform of the Spanish Consumer Arbitration System, focusing on compliance by Consumer Arbitration Boards with the information obligations established by Act 7/2017, in the review of the system's territorial structure, on how in the 21st century, and in the Era of the Covid19 pandemic, technology should be embraced to facilitate the management of complaints, and how changes in the financing system of consumer arbitration boards should be projected to encourage earlier resolution of consumer disputes. Finally, the study analyses the practical difficulties in dealing with transnational complaints by consumer arbitration boards which may be received directly or transmitted through the European ODR platform.

[es] La implantación en España del nuevo marco europeo de resolución alternativa y en línea de litigios de consumo ha tenido lugar, fundamentalmente, a través de los cambios introducidos en el Sistema Español de Arbitraje de Consumo por la Ley 7/2017, de transposición de la Directiva 2013/11/UE y de la acreditación de algunas Juntas Arbitrales de Consumo. El presente estudio mantiene que los cambios realizados solo han logrado un cumplimiento formal de las exigencias del marco europeo por lo que no se debe excluir la necesidad de acometer una reflexión ulterior sobre la potencialidad del nuevo marco europeo para producir transformaciones adicionales en el sistema, especialmente a la vista de la conexión entre la resolución de litigios de consumo y la mejora del funcionamiento de los mercados que emana del nuevo marco europeo. Con este sustrato, el estudio propone elementos para el debate sobre la futura reforma del sistema español de arbitraje de consumo, poniendo el foco en el cumplimiento por las juntas arbitrales de consumo de las obligaciones de información que establece la Ley 7/2017, en la necesaria revisión de la estructura territorial del sistema, en el modo en que en el siglo XXI, y en plena pandemia provocada por la Covid19, debería ser acogida la tecnología para facilitar la gestión de las reclamaciones, y en el modo en que deberían proyectarse los cambios en el sistema de financiación de las juntas arbitrales de consumo para estimular una más pronta resolución de los litigios de consumo. El estudio, por último, analiza las dificultades prácticas para el tratamiento de reclamaciones transnacionales por las juntas arbitrales de consumo que puedan ser recibidas directamente o transmitidas a través de la plataforma europea ODR.