[en] Energy infrastructures have been under pressure by a series of demands and responsibilities to solve crucial problems, both present and future, such as climate change and distributive justice. In this article I argue that, to harmonise many of these issues, a better understanding must be reached of the relationship between users and infrastructure. To this end, I maintain that infrastructure studies, in combination with user analyses from Social Studies of Science, Technology and Society (STS), can significantly contribute to this task. In this way, from a genealogical perspective and through the analysis of archival documents from the Public Administration of Chile, I analyse the case of the&nbsp;colgados: a group of electrical energy users without a contractual relationship with the distribution companies, which emerged as a problem during the 1980s when the electrical infrastructure began to be privatised during the military dictatorship. Analysis of the case of the&nbsp;colgados&nbsp;shows that, despite evidence presented in studies commissioned to learn about the profile of this group of users, those in charge of the infrastructure at the time - businessmen, economists, and politicians - interpreted the results of these studies within the economic-rational framework with which public policies were designed as of that time in Chile. Thus, this case study serves as an example of the obduracy with which assumptions of economic-rationality are applied. Strikingly, despite the evident contradiction between user behaviour and the assumptions under which public policies operated, the illusion of economic-rationality as the most representative explanation of user behaviour continues to be the central focus of infrastructural relationships in the present, whose most common device is the electricity tariff.

[es] Las infraestructuras de la energía se han visto tensionadas por una serie de demandas y responsabilidades que tienden a solucionar problemas cruciales de la actualidad y del futuro, como el cambio climático y la justicia distributiva. En este artículo planteo que, para armonizar muchos de estos asuntos, una mejor comprensión de la relación entre usuarios e infraestructuras debe ser alcanzada. Para ello, sostengo que los estudios infraestructurales, en combinación con los análisis de usuarios provenientes de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), pueden contribuir significativamente a esa tarea. De este modo, desde una perspectiva genealógica y mediante el análisis de documentos de archivo de la Administración Pública de Chile, analizo el caso de los&nbsp;colgados:&nbsp;grupo de usuarios de la energía eléctrica sin relación contractual con las empresas de distribución, que emergió como un problema durante la década de los ochenta, cuando se comenzó a privatizar la infraestructura en medio de la dictadura militar. El análisis del caso de los&nbsp;colgados&nbsp;permite notar que, a pesar de la evidencia presentada en los estudios encargados para el conocimiento del perfil de este tipo de usuarios, quienes estaban a cargo de la infraestructura -empresarios, economistas y políticos- interpretaron en todo momento los resultados de dichos estudios dentro del marco racional-económico con el que se diseñan las políticas públicas a partir de esa época en Chile. Así, este caso de estudio sirve como un ejemplo de la obstinación con que se aplican los supuestos de racionalidad-económica. A pesar de la evidente contradicción entre el comportamiento de los usuarios y los supuestos con que operaban las políticas públicas, la ilusión de la racionalidad-económica como explicación representativa del comportamiento de los usuarios, continuó siendo el eje articulador de las relaciones infraestructurales.