[en] Meanings of public participation in environmental conflicts surpass legislation and go beyond the normative. Participation as a communication process is not only a useful tool in environmental conflict-solving, but also a key component in order to define actors and meanings about scientific and technological risks. This article analyzes the conflict arising in Spain around the ATC project for the centralized temporary storage of spent nuclear fuel (SF) and high level radioactive waste (HLW) and its associated technology center. The aim is to determine to what extent various actors and the general public participated in the site selection process, and to what extent they can participate in the authorization procedure of the ATC and in the management of radioactive waste. Qualitative analysis shows that the different interpretations of public participation by the stakeholders involved in the conflict, as well as the differences between the socio-political, administrative and legal dimensions of the case, make public participation difficult. We conclude that public participation in the nuclear field should be specifically regulated and information committees may be effective in engaging the public in participation processes, but that the institutional logic limits the incorporation of new voices in those processes. Despite efforts to evolve from a technical and hierarchical approach to a social scientific view, it appears that the difficulties in the democratic management of radioactive waste will remain.

[es] El significado de la participación pública en el conflicto ambiental va más allá de su contenido normativo. La participación, entendida como proceso de comunicación, no es solo una herramienta de mediación en los conflictos ambientales, sino que también es constitutiva en la definición de los actores del conflicto y de los significados que estos otorgan a la participación misma y al riesgo. Este artículo analiza el conflicto generado en España en torno al proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad, además de su centro tecnológico asociado (CTA), para comprobar en qué medida diversos actores y el público en general participaron en el proceso de selección del emplazamiento, así como hasta qué punto podrán participar en el procedimiento de autorización del ATC y en la gestión de los residuos radiactivos. El análisis cualitativo muestra que las diferencias de encaje entre las dimensiones sociopolítica, administrativa y judicial del caso, así como las diversas interpretaciones que los actores del conflicto otorgan a la participación pública, dificultaron el ejercicio de esta. Se concluye que la participación pública en materia nuclear debería regularse específicamente y que los comités de información pueden ser eficaces para incorporar al público en los procesos participativos, aunque la lógica institucional limita la incorporación de nuevas voces a dichos procesos. Pese a los esfuerzos por evolucionar de una visión técnica y jerárquica a una aproximación sociocientífica, parece que las dificultades en la gestión democrática de los residuos radiactivos van a continuar.