[en] The emergence ofDNA evidence in criminal proceedings has greatly facilitated the work of investigators in many crimes, but this powerful tool needs to be used with full respect for fundamental rights, which are the cornerstone of our rule of law and a democratic society. In order to approach the study and correctly understand DNA testing, it is essential to understand that there is a synergy between the biological elements and the legal elements. Only this complete approach to the subject allows for its correct understanding. Traditionally a distinction has been made between coding DNA and non-coding DNA or junk DNA, stating that non-coding DNA does not affect an individual's right to privacy. Modern scientific studies, however, claim the opposite. Non-coding DNA also plays important roles in the development of our bodies. Non-coding DNA is not neutral and its forensic use directly affects the right to genetic privacy of individuals. The practice of DNA testing has a strong impact on the fundamental rights of individuals, especially in the area of privacy. Although the right to genetic privacy has traditionally been understood as part of the more generic right to privacy of individuals, modern scientific advances have made it possible to know and understand the characteristics of the human genome increasingly better, so that today we can already speak of the need to make the right to genetic privacy completely independent. In this way, the necessary and precise instruments can be established to ensure that they are respected and protected. Based on these considerations, this study attempts to delve deeper into procedural or substantive issues related to DNA testing in criminal proceedings, such as the need for legal assistance to the arrested person for the collection of the DNA sample, the proportionate use of force to obtain the sample in case of refusal, mass DNA testing or surreptitious DNA testing, among others. The genesis of Article 129 bis of the Criminal Code lies in the growing interest of all Countries in exchanging genetic information in order to ensure the prosecution of the most serious crimes, to combat cross-border crime and terrorism, which means that this precept draws on international agreements and treaties in this area and on European Community legislation. Article 129 bis ofthe Criminal Code contains excessively open clauses in its wording, which creates considerable legal uncertainty in the application ofthis precept.

[es] La aparición de la prueba de ADN en el proceso penal ha facilitado enormemente la labor de los investigadores en numerosos crímenes, no obstante, es necesario que esta poderosa herramienta se emplee con pleno respeto de los derechos fundamentales, piedra angular de nuestro Estado de Derecho y de una sociedad democrática. Para abordar el estudio y comprender correctamente la prueba de ADN es esencial entender que existe una sinergia entre la parte biológica y la parte jurídica. Solo este enfoque completo de esta materia permite su correcta comprensión. Tradicionalmente se ha distinguido entre ADN codificante y no codificante o ADN basura, afirmando que el ADN no codificante no afecta al derecho a la intimidad de las personas. No obstante, los modernos estudios científicos afirman lo contrario. El ADN no codificante también desempeña importantes funciones en el desenvolvimiento de nuestro organismo. El ADN no codificante no es neutro y su uso forense afecta directamente al derecho a la intimidad genética de las personas. La práctica de la prueba de ADN incide intensamente en los derechos fundamentales de las personas, especialmente en el ámbito del derecho a la intimidad. Aunque tradicionalmente se ha entendido que el derecho a la intimidad genética se enmarcaba dentro del derecho más genérico a la intimidad de las personas, los modernos avances científicos han permitido conocer y comprender cada vez mejor las características del genoma humano, de forma que, en la actualidad, podemos ya hablar de la necesidad de dotar de autonomía el derecho a la intimidad genética en toda su extensión. De este modo, podrán establecerse los instrumentos necesarios y precisos para garantizar su respeto y protección. A partir de estas consideraciones, el presente estudio trata de ahondar en profundidad en cuestiones procesales o sustantivas relativas a la prueba de ADN en el proceso penal, tales como la necesidad de asistencia letrada al detenido para la toma de la muestra de ADN, el uso proporcionado de la fuerza para obtener la muestra en caso de negativa del afectado, las pruebas masivas de ADN o la obtención de la prueba de ADN de forma subrepticia, entre otras. La génesis del artículo 129 bis del CP se encuentra en el interés creciente de todos los Estados de intercambiar información genética para asegurar la persecución de los delitos más graves, combatir la delincuencia transfroteriza y el terrorismo, lo que se traduce en que este precepto bebe de los acuerdos y tratados internacionales en esta materia y de la normativa comunitaria. El artículo 129 bis del CP contiene cláusulas excesivamente abiertas en su redacción, lo que crea una inseguridad jurídica notable en la aplicación de este precepto.