[en] This article examines the management of education by the Italian State by referring to the two constitutions that Italy has experienced since it was unified: the Statuto granted by the King of Sardinia in 1848, which became the fundamental law of the Italian State, and the republican constitution of 1948 established in the aftermath of the fascist period. As the Constitution of 1848 did not refer at all to educational matters, it was left on the initiative of the government and the Parliament. The educational policy of the Piedmontese, then Italian State was placed under the sign of a gradual separation between the State and society according to two guiding lines: the strengthening of the State school system with the recognition of teaching freedom and the reduced role of religion in state schools. This line, which caused tension and confrontation between the Church and the Italian State, was upheld until the Gentile reform of 1923 which introduced the State examination, thus putting private schools on an equal footing with public schools and guaranteed the teaching of the Catholic religion in primary education. But even deeper interpenetration between the State and society resulted from the Lateran Accords and the Concordat of 1929 and placed the teaching of the Catholic religion as the basis of instruction. Unlike the Constitution of 1848, the republican constitution of 1948 devoted two detailed articles to educational and academic matters. Article 33 stated that the Republic was expected to regulate instruction and establish State schools for all orders and levels; that private institutions were recognised the right to open schools at no financial cost for the State; that ordinary law had to guarantee full freedom to non-State schools and grant their pupils the same treatment as that of pupils in State schools. As the constitution of 1948 included the Lateran Accords and the Concordat of 1929, the republican legislation applying to schools was hardly different from the previous legislation. However, the idea that the Constitution established a secular and democratic State was gradually gaining ground. In this regard, the adjustments brought to the Concordat in 1984 are significant. There have been recent signs of a new separatism which, unlike that of the 19th century, is intended not to overlook the institutions of society but listen to them and bring them satisfaction in accordance with pluralism. From this perspective, the commitment assigned by the Constitution to the Republic to open its own schools appears in a new light. The purpose was not to flaunt the merits of instruction over the whole national territory but above all to develop schools focused on the training of future generations to the principles of secularism and democracy.

[es] Este artículo analiza el encuadramiento de la educación por el Estado italiano, refiriéndose a las dos constituciones experimentadas por el país desde la Unidad italiana: el estatuto otorgado por el Rey de Cerdaña en 1848, que se volvió Carta fundamental del Estado italiano, y la constitución republicana de 1848, redactada al terminar el periodo fascista. Al no contener referencia alguna respecto a la cuestión escolar, la Constitución de 1848 dejaba dicho tema a la iniciativa del gobierno y del Parlamento. La política escolar del estado del Piamonte, después italiano, se realizó bajo el signo de una separación progresiva entre el Estado y la sociedad, siguiendo dos líneas directivas: reforzar la escuela de Estado, sin embargo se reconocía la libertad de enseñanza; reducir la importancia de la religión en la escuela pública. Esa línea, que llevó el estado italiano hacia episodios de tensión y de enfrentamiento con la Iglesia, se mantuvo hasta la reforma Gentile de 1923, que introdujo, el examen del estado, poniendo las escuelas privadas en un pie de mayor igualdad con las escuelas públicas, y aseguró la enseñanza de la religión católica en la primaria. Pero una interpenetración más marcada entre el Estado y la sociedad resultó de los acuerdos de Latran y del Concordato de 1929, y puso la enseñanza de la religión católica a la base y al coronamiento de la instrucción. Por oposición a la de 1848, la Constitución republicana de 1948 dedicó dos artículos circunstanciados a las cuestiones educativas y escolares. El artículo 33 establecía notamente que la República debía reglamentar la instrucción e instituir escuelas de Estado para todos los órdenes y grados; se le reconocía al sector privado el derecho de crear establecimientos escolares, sin acarrear sin embargo gastos financieros para el Estado; que la ley ordinaria debía asegurar la plena libertad a las escuelas que no dependían del Estado y brindar a sus alumnos un tratamiento escolar semejante al de los alumnos de las escuelas públicas. Al integrar la nueva constitución los Acuerdos y el Concordato de 1929, la legislación escolar republicana no se distinguió realmente de la legislación escolar anterior. Sin embargo, se fue afirmando la idea de que la Constitución establecía un estado laico y democrático. Los reajustes aportados al Concordato en 1984 son significativos en ese punto. Hace poco, se notaron los signos de un nuevo separatismo que, a la diferencia del separatismo del siglo XIX, pretende no ignorar las instituciones de la sociedad, pero por el contrario escucharlas y darles satisfacción respetando el pluralismo. Bajo este punto de vista, el compromiso que la Constitución asignó a la República de instituir sus propias escuelas aparece bajo una nueva luz: no sólo se trata de esparcir los beneficios de la instrucción en todo el territorio nacional, sino también y sobre todo de impulsar el nacimiento de escuelas preocupadas en formar a las futuras generaciones a los principios del laicismo y de la democracia.