[en] This work is based on the political guidelines established by Unesco in Goal 4 of Sustainable Development aimed at achieving an inclusive, equitable and quality education, promoting learning opportunities throughout life and for all. Although the strategies referred to in the document that we wished to focus on policies and actors appear in the text aimed at more groups than in Millennium Development Goal 2, an in-depth study of the new educational agenda allows us to verify that, even though the interest groups and the goals to be worked upon are broader, the measures contemplated are mainly oriented towards assistance and compensation, something difficult to understand in this framework. In this regard, the emphasis that is given to second chance programs and reintegration, in addition to the provision of basic services such as health and nutrition, while necessary, point to an imbalance in the management of inclusion, omitting aspects that should be more oriented towards prevention and the work that educational institutions must carry out to achieve the learning goals of those who have not left the educational system. Taking as a starting point the cash transfer programs, as a policy measure and also focusing on the private sector (as an actor), we examine the trends that Argentina and Uruguay are developing regarding inclusion policies. These countries were chosen because they are two of the three states, together with Chile, in the southern cone of Latin America that designed specific inclusion measures at the end of the 90s and that with some particularities began to be implemented in the second half of the 2000s. We thus analyse the line of support to the private sector that Uruguay adopted a few years ago to favour inclusion in secondary education and that is shared by Argentina in the privatization of inclusive measures.

[es] El presente trabajo parte de las directrices políticas establecidas por la Unesco en el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible encaminado a conseguir una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Si bien las estrategias a las que se hace referencia en el documento y que hemos querido centrar en las políticas y los actores, aparecen en el texto dirigidas a un mayor número de colectivos que en el Objetivo 2 del Desarrollo del Milenio, un estudio en profundidad de la nueva agenda educativa nos permite comprobar que, a pesar de ser más amplios los grupos de interés y las metas con las que se trabaja, las medidas que se contemplan tienen una orientación mayoritariamente asistencial y compensatoria que resultan difícil de entender en este marco. En este sentido, el énfasis que se proporciona a los programas de segunda oportunidad y a la reinserción, además de la prestación de servicios básicos como los de salud y alimentación, siendo necesarios, indican una descompensación en la gestión de la inclusión, al omitir aspectos que deberían estar más relacionados con la dimensión preventiva y con el trabajo que deben realizar las instituciones educativas en la consecución de logros de aprendizaje del colectivo que no ha abandonado el sistema educativo. Tomando como punto de partida los programas de transferencias de efectivo, en tanto que medida política y también centrados en el sector privado (como actor), examinamos las tendencias que están desarrollando Argentina y Uruguay en materia de políticas de inclusión. La elección de los países está motivada por ser dos de los tres estados, junto con Chile, del cono sur de América Latina que diseñaron medidas específicas de inclusión a finales de los 90 y que con algunas particularidades comenzaron a implementarse en la segunda mitad de la década del 2000. Por tanto, analizamos la línea de apoyo al sector privado que Uruguay ha adoptado desde hace unos años para favorecer la inclusión en la educación secundaria y que es compartida por Argentina en la privatización de las medidas inclusivas.