[en] The economic crisis that has hit our country in recent years has led to a significant increase in the number of creditors whose expectations of collection of the credit rights they hold have been frustrated. Faced with this worrying reality, the legislator has opted to carry out, not only measures intended to curb the increase in the delinquency rate, but also amendments to those provisions and precepts designed to protect credit. Among these initiatives is the reform of the regime of repression of those conducts through which the debtor intentionally shows itself in a situation of insolvency before the creditor, whether real or apparent. In this sense, by means of Organic Law /2015, of March 30, there has been a profound renovation of the traditional criminal family of punishable insolvencies covered. Thus, its precepts have been separated into two Chapters (Chapters VI and VII of Title XIII of Book II), including the crime of concealment of assets of Article 257 of the Criminal Code in the one dedicated to the "Frustration of the Execution", together with two types of new incorporation: on the one hand, the concealment of assets in a judicial or administrative procedure of execution; and on the other hand, the unauthorized use by the depositary of assets seized by the authority; and being, therefore, displaced from the so-called punishable insolvencies. However, this revision has not only entailed a structural reorganization, but is intended to contribute to reinforcing the collection expectations of creditors, providing greater legal certainty to the collection of credits when these are attempted to be circumvented by resolving some endemic economic problems of recent times. With the present work, the study of the criminal types that punish frustration of the creditors' credit rights (the basic type of asset stripping and the specific types of this crime) is offered from a complete and multidisciplinary perspective, by means of which it is intended to provide the interested jurist with a complete knowledge of the same that allows the resolution of any question raised. In order to achieve the intended objective, it is proposed: the legal-penal characterization of the crime according to the most authoritative doctrinal and jurisprudential criteria; the identification of the concepts, budgets and elements of the type whose controversial content may raise interpretative doubts and the verification of the opportunity of the current regulation or, where appropriate, the need for the reformulation of the legal terms of the criminal type analyzed. For the elaboration of this thesis I have used, essentially, the analysis of texts, the hermeneutic and exegesis method, and the comparative method. To do so, I will resort to legal sources (such as the Criminal Procedure Law, the Spanish Criminal Code and Organic Laws that modify them), as well as to general and specialized monographs on socioeconomic crimes, articles published in specialized journals or of scientific interest, and previous research. Likewise, I have analyzed the jurisprudential pronouncements related to the type under study and its related figures, emanating from both the Supreme Court and other judicial bodies such as the Provincial Courts. This has allowed me to conclude that, since credit is currently one of the main pillars of our society, the Criminal Law grants it a protection adequate to the seriousness of the incidences or attacks that are protected; anticipating the punitive barrier to stages prior even to the damage, all this in order to dissuade those who intend to attempt against the credits of their creditors, but also against the trust of those who act in the economic traffic.

[es] La situación de crisis económica que ha atizado nuestro país en los últimos años ha provocado el aumento significativo de acreedores que ven frustradas sus expectativas de cobro respecto de los derechos de crédito cuya titularidad ostentan. Ante esta preocupante realidad, el legislador ha optado por llevar a cabo, no sólo medidas con la que se pretende frenar el incremento del índice de morosidad, si no modificaciones en aquellas disposiciones y preceptos llamados a proteger el crédito. Entre estas iniciativas, se encuentra la reforma del régimen de represión de aquellas conductas a través de las que el deudor intencionadamente se muestra en situación de insolvencia ante el acreedor, ya sea real o aparente. En este sentido, mediante la Ley Orgánica /2015, de 30 de marzo, se ha producido una profunda renovación de la tradicional familia delictiva de las insolvencias punibles amparada. Así, sus preceptos han sido separados en dos Capítulos (Capítulos VI y VII del Título XIII del Libro II), incluyéndose el delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal en el dedicado a la "Frustración de la Ejecución", junto con dos tipos de nueva incorporación: de una parte, la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; y de otra, la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad; y quedando, por tanto, desplazado de las llamadas insolvencias punibles. No obstante, esta revisión no ha supuesto únicamente una reorganización estructural, sino que pretende contribuir a reforzar las expectativas de cobro de los acreedores, dotando de una mayor seguridad jurídica al cobro de créditos cuando estos se intentan burlar resolviendo algunos problemas económicos endémicos de los últimos tiempos. Con el presente trabajo, se ofrece el estudio de los tipos penales que castigan frustración de los derechos crediticios de los acreedores (el tipo básico de alzamiento de bienes y los tipos específicos de este delito) desde una perspectiva completa y multidisciplinar, mediante el que se pretende dotar al jurista interesado de un conocimiento íntegro de los mismos que le permita la resolución de cualquier cuestión suscitada. Para alcanzar el objetivo pretendido se propone: la caracterización jurídico-penal del delito atendiendo a los criterios doctrinales y jurisprudenciales más autorizados; la identificación de los conceptos, presupuestos y elementos del tipo cuyo controvertido contenido nos pueda suscitar dudas interpretativas y la verificación de la oportunidad de la regulación actual o, en su caso, la necesidad de la reformulación de los términos legales del tipo delictivo analizado. Para la elaboración de esta tesis ha utilizado, esencialmente, el análisis de textos, el método hermenéutico y de la exégesis, y el método comparativo. Para ello, acudiré tanto a fuentes legales (como son la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal español y Leyes Orgánicas que los modifican), como a monografías, generales y especializas en delitos socioeconómicos, artículos publicados en revistas especializadas o de interés científico, e investigaciones precedentes. Asimismo, he analizado los pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con el tipo objeto de estudio y sus figuras afines, dimanados tanto del Tribunal Supremo como otros órganos judiciales como las Audiencias Provinciales. Ello me ha permitido concluir que, siendo actualmente el crédito uno de los principales pilares de nuestra sociedad, el Derecho Penal le otorga una protección adecuada a la gravedad de las incidencias o ataques que se protegen; anticipando la barrera punitiva a etapas anteriores incluso al perjuicio, todo ello con el fin de disuadir a aquellos que pretenden atentar contra los créditos de sus acreedores, pero también contra la confianza de quienes actúan en el tráfico económico.