[en] This article presents the main characteristics and achievements of Uruguay's National and Intersectoral Strategy for Prevention of Adolescent Pregnancy, implemented from 2016 to 2020. This strategy was implemented in a context in which unintentional adolescent pregnancy continues to be a major social problem for Uruguay and the Region, necessitating comprehensive, sustained, and evidence-based public policies. In Uruguay, adolescent fertility rates have remained high for over a decade. In addition to intersectoral action by government and civil society, the strategy received scientific assistance from the academic community, and technical and financial cooperation from regional and international organizations. Its actions and measures were adopted based on a socio-ecological vision, with cultural sensitivity, a gender-transformative approach, and a human rights perspective. Major barriers include social norms that value maternity as the main life project for women living in poverty, gender stereotypes (pregnancy as the exclusive responsibility of adolescent girls, without involving adolescent boys), the stigma of abortion, a lack of sexual and reproductive health services, and resistance to raising the visibility of pregnancy in girls under 15 years of age who are victims of structural and family violence. It is necessary to ensure the continuity of public policies--adjusted to a gender and human-rights approach--that take into account new scenarios such as the one imposed by the COVID-19 pandemic.

[es] Se presentan las principales características y logros de la Estrategia Nacional e Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, implementada en Uruguay entre 2016 y 2020. Este proceso se desarrolló en un contexto en el que el embarazo no intencional en adolescentes continúa siendo un problema social relevante para Uruguay y la Región, por lo que se requieren políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencias científicas. En Uruguay, la fecundidad adolescente se ha mantenido en niveles elevados por más de una década. Además de la acción intersectorial del Gobierno y la sociedad civil, la estrategia aprobada contó con asesoramiento científico desde el ámbito académico y la cooperación técnica y financiera de organismos regionales e internacionales. Las acciones y medidas adoptadas se basan en una visión socio-ecológica, con sensibilidad cultural, enfoque transformador de género y perspectiva de derechos humanos. Entre las barreras más importantes están las normas sociales que valoran la maternidad como el principal proyecto de vida para las mujeres que viven en contextos de pobreza, los estereotipos de género —el embarazo como una responsabilidad exclusiva de las adolescentes, sin involucrar a los adolescentes varones—, el estigma del aborto, la insuficiente oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, y la resistencia a visibilizar el embarazo en niñas menores de 15 años víctimas de la violencia estructural e intrafamiliar. Es necesario asegurar la continuidad de las políticas públicas, ajustadas a un enfoque de género y de derechos humanos, y que se tomen en cuenta los nuevos escenarios, como el que impone la pandemia por COVID-19.