[en] This doctoral thesis presents an analysis of the right to access information in Spain under the question of how the resistance to the implementation of transparency materializes since the Law 19/2013 on transparency, access to information and good government come into force. To do this, we collected data through access requests resulting in two databases: one for the management of access requests by territorial public administrations at the national level and another for access to information claims before the transparency control bodies for the local, regional and national levels. We propose a series of statistical tests to contrast our hypotheses on the influence of three sets of independent variables on what we have called "performance" of the responses and the average time in which they occur. Among the results, we can highlight the following: the existence of an eminently masculine nature of the applicants at all levels for the right of access, as well as a bias against women's requests and in the autonomous communities and against requests registered online; the concentration of higher levels of opacity at the local level; a high relevance of "administrative silence" (non-response) as a great weakness of the Spanish system of transparency; and, finally, the clear influence of political and institutional variables in the management of the right of access. Ideology, government configuration and the cycle of the Legislature affect the management of requests for access, and the design of control bodies has influence on their performance responding to claims. Our contributions are relevant because they represent an advance in an unexplored line of research in the field of access rights management, its practical results, since it has been so far dominated almost exclusively by legal analyses focused on norms, while political scientists have been focused on the study of the results of active transparency

[es] Este trabajo de tesis doctoral desarrolla una investigación sobre la gestión del derecho de acceso a la información en España bajo la pregunta de cómo se materializan las resistencias a la implantación de la transparencia desde la implantación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Para ello, realizamos un proceso de recopilación de datos mediante solicitudes de acceso y una posterior síntesis de los mismos, generando finalmente dos bases de datos: una para la gestión de las solicitudes de acceso por parte de las Administraciones públicas territoriales de ámbito nacional y autonómico y otra para las reclamaciones de acceso ante los órganos de control de la transparencia, para los niveles local, autonómico y nacional. Sometemos a contraste mediante técnicas estadísticas hipótesis sobre la influencia de tres conjuntos de variables independientes sobre dicha gestión, tomando como variables dependientes lo que hemos denominado "rendimiento" de las respuestas y el tiempo promedio en el que se producen. Entre los resultados, cabe destacar fundamentalmente: la existencia de un carácter eminentemente masculino de los solicitantes en todos los niveles del derecho de acceso, así como un sesgo en la respuesta de carácter negativo en el nivel autonómico hacia las mujeres, un sesgo en contra de lo online en las vías de registro, la concentración de mayores niveles de opacidad en el nivel local, una alta relevancia del silencio administrativo como gran flaqueza del sistema español de transparencia y, por último, la clara influencia de las variables políticas e institucionales sobre la gestión del derecho de acceso. Comprobamos que tanto la ideología como la configuración del gobierno y el ciclo de la legislatura influyen en la gestión de las solicitudes de acceso, y que la calidad de la configuración de los órganos de control produce mejores rendimientos de estos sobre las reclamaciones. Nuestros aportes son relevantes por cuanto avanzan por una línea casi inexplorada en el estudio de la gestión del derecho de acceso, sus resultados prácticos, ya que este campo ha estado dominado casi en exclusiva por el análisis jurídico volcado hacia la configuración normativa, mientras que la ciencia política se ha centrado en el estudio de los resultados de la transparencia activa.