[en] There have been great social and political changes in Spain in the last 40 years. Major transformations have taken place in the country's social structure, forming a much more diverse society in ethnic and religious (and other) terms. One of the greatest changes has been Spain's transformation into a country of immigration. Up to the mid-1980s, the only notable differentiated ethnic group was that formed by the 600 000 Roma living in the country. In the late 1990s, immigration underwent a very sharp acceleration, and by 30 June 2016, the number of foreigners with legal residence in Spain was 5 017 406, which represents 10.8 % of the total population. The largest groups are from Morocco, Romania, Ecuador and Colombia. The rapid rise in immigration poses new challenges to Spanish society, including increased risks related to discriminatory practices. Some 80 % of Spaniards are Catholics (mostly non-practising), 4 % are members of other religious groups (chiefly Islam and Protestantism) and 16 % are non-believers or atheists. In the political sphere, the Spanish Constitution of 1978 laid down the legal framework of a coexistence governed by democratic principles, making equal treatment and non-discrimination one of the basic pillars of a non-confessional state. Although few actions are brought before the courts, discriminatory practices occur relatively often, on various grounds. These discriminatory processes chiefly affect certain migrant groups and Roma. There are several specific social and employment programmes for combating discrimination on various grounds. There are also positive action programmes to combat discrimination in fields such as gender and disability. All these programmes are of value, although they are not very effective in their overall impact. In recent years there have been numerous conflicts between the rights of organisations with an ethos based on religion or belief (the Catholic Church, with which Spain signed an agreement in 1976 that is still in force) and other rights to non-discrimination. This has generated a significant amount of jurisprudence in Spain and the ECtHR. The great recession suffered by Spain between 2008 and 2014 and the policies that Governments have been implementing to address it have led to a marked change in policy priorities. The struggle for equality, which had a strong momentum between 2005 and 2010, has slowed. The Comprehensive Bill on equal treatment and non-discrimination, presented in 2011, has been withdrawn. Social dialogue about discrimination has also stopped. An exception in this panorama is that the Parliament of Catalonia has approved the first integral law in Spain on the rights of gay and lesbian persons (This law applies only to the region of Catalonia

[es] En España se han producido grandes cambios sociales y políticos en los últimos 40 años. Se han producido importantes transformaciones en la estructura social del país, formando una sociedad mucho más diversa en términos étnicos y religiosos (y de otro tipo). Uno de los mayores cambios ha sido la transformación de España en un país de inmigración. Hasta mediados de los años ochenta, el único grupo étnico notablemente diferenciado era el formado por los 600.000 romaníes que vivían en el país. A finales de los años 90, la inmigración experimentó una fuerte aceleración y, a 30 de junio de 2016, el número de extranjeros con residencia legal en España era de 5.017.406, lo que representa el 10,8% de la población total. Los grupos más grandes son de Marruecos, Rumania, Ecuador y Colombia. El rápido aumento de la inmigración plantea nuevos retos a la sociedad española, entre ellos el aumento de los riesgos relacionados con las prácticas discriminatorias. Alrededor del 80 % de los españoles son católicos (en su mayoría no practicantes), el 4 % son miembros de otros grupos religiosos (principalmente islamistas y protestantes) y el 16 % son no creyentes o ateos. En el ámbito político, la Constitución Española de 1978 estableció el marco jurídico de una convivencia regida por principios democráticos, haciendo de la igualdad de trato y de la no discriminación uno de los pilares básicos de un Estado no confesional. Aunque son pocas las acciones que se presentan ante los tribunales, las prácticas discriminatorias se producen con relativa frecuencia, por diversos motivos. Estos procesos discriminatorios afectan principalmente a determinados grupos de migrantes y a los romaníes. Existen varios programas sociales y de empleo específicos para combatir la discriminación por diversos motivos. También existen programas de acción positiva para combatir la discriminación en ámbitos como el género y la discapacidad. Todos estos programas son valiosos, aunque no son muy eficaces en su impacto global. En los últimos años se han producido numerosos conflictos entre los derechos de organizaciones con un ethos basado en la religión o las creencias (la Iglesia Católica, con la que España firmó un acuerdo en 1976 que sigue vigente) y otros derechos de no discriminación. Esto ha generado una importante jurisprudencia en España y en el TEDH. La gran recesión sufrida por España entre 2008 y 2014 y las políticas que los gobiernos han venido aplicando para hacer frente a ella han dado lugar a un marcado cambio en las prioridades de política. La lucha por la igualdad, que tuvo un fuerte impulso entre 2005 y 2010, se ha ralentizado. Se ha retirado el proyecto de ley general sobre igualdad de trato y no discriminación, presentado en 2011. El diálogo social sobre la discriminación también ha cesado. Una excepción en este panorama es que el Parlamento de Cataluña ha aprobado la primera ley integral en España sobre los derechos de las personas gays y lesbianas (esta ley se aplica sólo a la región de Cataluña).