[en] The management power of the employer, provided for in the Spanish Constitution, is contained in the freedom of enterprise and is broad. It is necessary to determine the scope of business power in relation to the rights and freedoms of each worker "as a member of a democratic political society, that is, the problem of the enjoyment of these citizenship prerogatives against the power of another subject within a subordinate relationship legitimate by the same legal system that grants and guarantees them ". And it is through the fundamental right to education that, as it is not specific, there will be a rebalancing in labor relations. The need for educational processes, teaching and learning of people, education and training that necessarily includes the workplace. Since the very origin of the capitalist production system, there has been concern about the formation of workers as a means. There must be not only learning, but dignity and progress. increasing the need to consider the worker as more than a merchandise at the service of the employer. One of the flags of current social policies today is precisely the vocational training policies in the workplace as one of the vehicles for maintaining employment and labor insertion and, most importantly, social integration. Vocational training conceived in the 1980s has evolved from this process of knowledge transfer with marked technical content, from the point of view of skills, abilities and competences in reference to different work activities, to be a broader concept which necessarily includes not only these technical capabilities, but also values and principles, which we believe have an impact on the conception of vocational training as a fundamental right, a process of what we could call "technical socialization.

[es] El poder de gestión del empresario, previsto en la Constitución española, está contenido en la libertad de empresa y es amplio. Es necesario determinar el alcance del poder empresarial en relación con los derechos y libertades de cada trabajador "como miembro de una sociedad política democrática, es decir, el problema del disfrute de estas prerrogativas de ciudadanía contra el poder de otro sujeto dentro de una relación subordinada legítima por el mismo sistema legal que los otorga y garantiza"3. Y es a través del derecho fundamental a la educación que, como no es específico, habrá un reequilibrio en las relaciones laborales. La necesidad de procesos educativos, enseñanza y aprendizaje de las personas, educación y formación que necesariamente incluye el lugar de trabajo. Desde el origen mismo del sistema de producción capitalista, ha habido preocupación por la formación de trabajadores como un medio. Debe haber no solo aprendizaje, sino dignidad y progreso. aumentando la necesidad de considerar al trabajador como algo más que una mercancía al servicio del empleador. Una de las banderas de las políticas sociales actuales en la actualidad es precisamente las políticas de formación profesional en el lugar de trabajo como uno de los vehículos para mantener el empleo y la inserción laboral y, lo más importante, la integración social. La formación profesional concebida en la década de 1980 ha evolucionado a partir de este proceso de transferencia de conocimiento con contenido técnico marcado, desde el punto de vista de las habilidades, habilidades y competencias en referencia a diferentes actividades laborales, para ser un concepto más amplio que necesariamente incluye no solo estas capacidades técnicas, sino también valores y principios, que creemos que tienen un impacto en la concepción de la formación profesional como un derecho fundamental, un proceso de lo que podríamos llamar "socialización técnica".