[en] We are witnessing a real technological revolution that has brought about changes in the models of production and the configuration of industrial relations, hence all companies, public and private, must have adapted to the development of new information and interpersonal communication technologies. Although these changes in industrial reality have served to move towards greater and more effective management of forms of business instrumentalisation, they have not, however, reinforce the foundations already laid for safeguarding certain rights protected with the highest level of constitutional guarantees, namely: the right to privacy, honour, dignity, image... etc. The difficult balance between the protection of corporate assets (on the one hand) and respect for the right to privacy (on the other hand) has been given priority, thus becoming the great protagonist of an increasingly surreal reality where the struggle for the defense of one interest and another acquires enormous relevance in the daily business practice. The lack of a specific statutory regulation has only aggravated the existing problems, and to this end the various judicial interpretations have to be used to resolve many of the issues raised. It is true that, although the economic, technological and social reality has evolved rapidly, it will not be able to be an obstacle to fundamental rights, thus adopting a less guaranteeing position. All efforts must now be focused on advancing the fundamental social rights that are incumbent on all workers. Otherwise, we will be approaching dangerously the annihilation of labour law and, therefore, the destruction of the guiding principles of any social and democratic state of law.

[es] Asistimos a una auténtica revolución tecnológica que ha originado cambios en los modelos de producción y de configuración de las relaciones laborales, de ahí que todas las empresas, públicas y privadas, hayan debido de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación interpersonal. Aunque si bien estas mutaciones de la realidad industrial han servido para avanzar hacia una mayor y más eficaz gestión de las formas de instrumentalización empresarial, no han logrado, sin embargo, reforzar los cimientos ya establecidos para la salvaguarda de ciertos derechos amparados con el máximo nivel de garantías constitucionales, a saber: el derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad, a la imagen... etcétera. El difícil equilibrio entre la tutela del patrimonio empresarial (de un lado) y el respecto al derecho a la intimidad (de otro lado) se ha alzado en un plano prioritario, convirtiéndose de este modo en el gran protagonista de una realidad cada vez más surrealista en donde la lucha por la defensa de uno y otro interés adquiriere una enorme relevancia en la práctica diaria empresarial. La falta de una específica regulación estatutaria no ha hecho más que agravar la problemática existente, debiendo para ello recurrirse a las distintas interpretaciones judiciales para solventar muchas de las cuestiones que se suscitan. Bien es cierto que, aunque la realidad económica, tecnológica y social ha evolucionado rápidamente, ésta no podrá instituirse en óbice para los derechos fundamentales, adoptando así una postura menos garantista. Todos los esfuerzos deberán centrarse ahora en avanzar en pro a los derechos sociales fundamentales que les corresponden a todos los trabajadores. De lo contrario, nos iremos acercando peligrosamente a la aniquilación del Derecho del Trabajo y, por ende, a la destrucción de los principios guía de todo Estado Social y democrático de Derecho.