[en] The starting hypothesis of my dissertation is the firm thought that a social security litigant (and above all, who claims benefits in front of the social security Administration) has so remarkable features, in front of other kind of common Law litigants, as justiying that the fees of the lawyers who defends him have likewise a peculiar legal regime. This starting hypthesis is based on the ruling that the American federal legislation makes of the subject of lawyer fees in social security judicial proceedings. It is a statutory ruling completed by the corresponding decisions of the Supreme Court of the United States, which is featured by three essential identifying marks. Firstly, the one relating to that the typical social security client of a lawyer is not any sophisticated client, so that in practice the corresponding professional services hiring is equivalent to an adhesion contract with the lawyer. Secondly, the one relating to that such legislation only authorizes the earning of fees to this peculiar kind of clients by the lawyer when the latter wins the case (consequently, a typical event of straightforward quota litis). Thirdly, the one relating to that such legislation only authorizes the earning by the lawyer in this case up to a maximum of a 25 per cent of past-due benefits. This starting model is the comparative referent in my dissertation, in order to check the state of the question of my peculiar subject not only in the Spanish labor proceedings order, but also in the Portuguese administrative proceedings order (and eventually, in its labor proceedings one). My dissertation bears also in mind the concurrence with the lawyer, performed by other different legal professionals, what logically pushes down the amount of the fees that both kind of professionals can earn from their social security clients. In the United States this other subject is linked to the professional activity (in administrative proceedings previous to the judicial one) of the so-called "Social Security Benefits Claimants' Representatives", although in the cases of the Spanish and Portuguese legal orders the comparative term is focused in the activity of the professionals traditionally called in Spain "social graduates", and the professionals called in Portugal "solicitors" (in fact, "mini lawyers"), respectively.

[es] La hipótesis de partida de mi trabajo doctoral es la convicción firme de que un litigante de seguridad social (y por antonomasia, quien reclama prestaciones frente a la Administración de seguridad social) presenta unas singularidades tan grandes, frente a otro tipo de litigantes de Derecho común, como para justificar que los honorarios del abogado que le defiende tengan asimismo un régimen jurídico peculiar. Esta hipótesis de partida se encuentra apoyada en la regulación que la legislación federal norteamericana realiza del tema de los honorarios de los abogados en procesos judiciales de seguridad social. Se trata de una regulación legal, completada por las decisiones al respecto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, caracterizada por tres rasgos identificadores esenciales. En primer lugar, el de que el típico cliente de seguridad social de un abogado no es ningún cliente sofisticado, de manera que en la práctica el correspondiente contrato de prestación de servicios profesionales viene a equivaler a un contrato de adhesión con el abogado. En segundo lugar, el de que la legislación sólo autoriza el cobro de honorarios a este peculiar tipo de clientes del abogado cuando este último vence en el pleito (en consecuencia, un supuesto típico de quota litis pura). En tercer lugar, el de que la legislación sólo autoriza al abogado a cobrar en este caso hasta el máximo de un 25 por ciento de las prestaciones devengadas y no cobradas. Este modelo de partida se ha tomado como referente comparativo en mi trabajo doctoral, al efecto de comprobar cuál es el estado de la cuestión de mi concreto tema tanto en el ordenamiento procesal laboral español, como en el ordenamiento contencioso-administrativo (y eventualmente, procesal laboral) portugués. El trabajo doctoral tiene en cuenta también la competencia o concurrencia con los abogados, llevada a cabo por otros profesionales del Derecho distintos, lo que lógicamente pugna a la baja con los honorarios que unos y otros pueden llegar a cobrar a sus clientes de seguridad social. En los Estados Unidos este otro tema se ha ligado a la actuación profesional (en la vía administrativa previa al contencioso) de los llamados "representantes de reclamantes de prestaciones de seguridad social", mientras que, en el caso del ordenamiento jurídico español y en el del ordenamiento portugués, el término de comparación se ha focalizado en la actuación de los profesionales tradicionalmente denominados en España "graduados sociales", y en la de los profesionales denominados en Portugal "solicitadores" (en realidad, "mini abogados"), respectivamente.