[en] Currently, public administrations are submerged in a process of implanting the so-called "electronic administration", whose advantages should be fully available to society as a whole from 31 December 2009, as established in the Spanish law 11/2007, 22 June, on Electronic Access to Public Services by Citizens. This process, which is being developed at varying speeds throughout Europe, is the biggest challenge public administrations have faced, involving a major disruption in their traditional system of operation, breaking the physical and time barriers to incorporate information and communication technologies in all their processes and operative areas. The new concept public administrations need to adopt is determined by the application of ICT as the defining element of e-administration, which occupy a position of high priority within the policies of their organisation. As a consequence, the definition of the most appropriate technological model for the development of the infrastructures and services which form part of electronic administration should be realised with strategic criteria in line with the objectives of public administration, and which, in this case, are established in the 11/2007 law. Within this context, free software and open source standards and technologies, may be considered the best options for developing a technological model of e-administration, to cover the needs and specific objectives of public administrations, based on strategic criteria of transparency, control, security, interoperability, access and conservation of information, economy, reuse and cooperation between administrations. Proprietary technology, in contrast, finds it hard to compete. And even more than these criteria, the application of technology based on free software enables something as fundamental as technological independence of the organisation, which ensures, extends and improves the concept of technological neutrality of public administrations.

[es] En el momento actual, el conjunto de las administraciones públicas se encuentran inmersas en un proceso de implantación de la denominada Administración electrónica, cuyas ventajas deben estar plenamente disponibles para el conjunto de la sociedad a partir del 31 de diciembre del 2009, tal y como ha fijado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Este proceso, que se está desarrollando a distintas velocidades en toda Europa, es el mayor reto al que se ha enfrentado la Administración pública por cuanto supone un cambio disruptivo en sus esquemas de funcionamiento tradicionales, rompiendo las barreras físicas y temporales para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en todos sus procesos y ámbitos operativos. El nuevo paradigma al que se enfrenta la Administración viene determinado por la aplicación de las TIC como elemento definitorio de la propia e-Administración, las cuales pasan a ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas de la organización. En consecuencia, la definición del modelo tecnológico más adecuado para el desarrollo de las infraestructuras y servicios que formen parte de la Administración electrónica debe ser realizada con criterios estratégicos que estén alineados con los objetivos de la Administración, y que en este caso están inscritos en el ámbito de la Ley 11/2007. En este contexto, el software libre, los estándares y tecnologías de fuentes abiertas, pueden ser considerados como la mejor opción para el desarrollo de un modelo tecnológico de e-Administración a la medida de las necesidades y objetivos específicos de la Administración pública, basado en criterios estratégicos de transparencia, control, seguridad, interoperabilidad, acceso y conservación de la información, economía, reutilización o cooperación entre organizaciones, contra los que difícilmente pueden competir las tecnologías cerradas. Y más allá de estos criterios, la aplicación de las tecnologías basadas en el software libre hacen posible algo tan fundamental como la independencia tecnológica de la organización que asegura, extiende y mejora el concepto de neutralidad tecnológica de la Administración pública.