[en] In a line similar to that proposed in the State Council Report of 16 February 2006 on modifications to the Constitution, the Constitutional Court Ruling 31/2010 has severely limited the constitutional functions of the Statutes of Autonomy while denying them any special legislative category outside those found in any other type of organic law. According to the jurisprudential doctrine of the declaration, it is clear that the Statutes of Autonomy are not adequate regulations for defining the powers and functions contained in the powers that they attribute to the respective Autonomous Communities, therefore although they can be "described" these provisions lack regulatory force. Neither can the Statutes contemplate a possible development of the Autonomous State, given that the constitutional categories that belong to it and even the sub-matters over which it exercises competent functions constitute an interpretative monopoly of the Constitutional Court. This set of limitations and inabilities mean that the Statutes of Autonomy cannot ensure an ambit of exclusive autonomous powers because, under any circumstances, the State has the power to regulate the corresponding matters using its horizontal powers, and moreover, with the effect of supremacy. And in the end, in relation to shared powers, the State can defined the basics in the amount of detail and under the form of regulations it considers appropriate (legislative, regulatory or executive). We are therefore looking at a new attempt to declare the process of autonomy as being closed, denying the Statutes of possible exercising the device principle and eradicating within them, in appropriate feedback, their regulatory strength and their constitutional functions of origin.

[es] La STC 31/2010, en una línea similar a la que proponía el Informe del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 sobre modificaciones de la Constitución, ha limitado de forma muy severa las funciones constitucionales de los Estatutos de Autonomía, al tiempo que les ha negado cualquier rango normativo especial que no sea el propio de cualquier otro tipo de ley orgánica. Según la doctrina jurisprudencial mantenida en dicha sentencia, se desprende que los Estatutos de Autonomía no son normas adecuadas para definir las potestades y funciones comprendidas en las competencias que atribuyen a las respectivas Comunidades Autónomas; por ello, aunque puedan "describirlas", tales disposiciones carecen de fuerza normativa. Tampoco pueden los Estatutos contemplar un posible desarrollo del Estado Autonómico, puesto que las categorías constitucionales que a él pertenecen y aun la determinación de las submaterias sobre las que se ejercen las funciones competenciales constituyen un monopolio interpretativo del Tribunal Constitucional. Esta serie de limitaciones e incapacidades llevan a que los Estatutos de Autonomía no pueden asegurar un ámbito de competencias exclusivas autonómicas porque, en cualquier circunstancia, el Estado tiene capacidad de regular la materia correspondiente a través de sus competencias horizontales y, además, con efecto de primacía. Y, en fi n, en lo relativo a las competencias compartidas, el Estado podrá definir lo básico con el detalle que considere oportuno y bajo la forma normativa que estime más conveniente (legislativa, reglamentaria o ejecutiva). Nos hallamos, pues, ante un nuevo intento de declarar finalizado el proceso autonómico privando a los Estatutos del posible ejercicio del principio dispositivo y erradicando en ellos, en adecuado "feedback", su fuerza normativa y sus funciones constitucionales originarias. Palabras clave: bloque constitucional; bloque de la constitucionalidad; funciones constitucionales de los Estatutos de Autonomía; interpretación constitucional; poder constituyente; posición de los Estatutos de Autonomía en el Ordenamiento Jurídico; principio dispositivo; validez y eficacia de los Estatutos de Autonomía.