[en] This paper analyses concertation and social dialogue and its political and legal significance in the context of the 'labour governance' advocated by the ILO. It is first and foremost a form of integration between the two major powers operating within the industrial relations system, the normative power of the State and the legal-social power of collective autonomy. Tripartism, therefore, in addition to constituting the method of 'internal governance' of the institutions and methods of action of this international organisation, has an important 'external' projection which has been incorporated into numerous conventions and recommendations. In particular, it discusses Convention No. 144 on tripartite consultations, the ratification and implementation of which is essential for the effective application of all other international labour standards, for improving the functioning of the ILO supervisory machinery, and for ensuring ILO member States' compliance with their constitutional obligations. The 'Global Commission for the Future of Work' considers that social dialogue should be encouraged and promoted through public policies, both at international and national levels, as it strengthens the relevance and legitimacy of decisions taken and contributes to the adaptability, agility and resilience of enterprises, labour markets and economies, generating the institutional capacities needed to guide transitions to the future of work. It also highlights the current difficulties for social dialogue as a result of the concentration of economic power and the weakening of the power of workers' organisations and collective bargaining. It also analyses the limited relevance of social dialogue in the European Union with regard to the implementation of flexicurity policies and the recent proposals of the European Commission and the Council on the strengthening of social dialogue in the European Union. An overview is given of social concertation in Spain, with discontinuous cycles and with a strong protagonism in recent years, which finds fundamental support in the institutional political role that the Spanish Constitution attributes to the trade union (arts. 7 and 131 EC).

[es] En este trabajo se analiza la concertación y el diálogo social y su significado político-jurídico en el marco de la "gobernanza del trabajo" propugnada por la OIT. Supone, ante todo, una forma de integración entre los dos grandes poderes operantes en el marco del sistema de relaciones laborales, el poder normativo del Estado y el poder jurídico-social de la autonomía colectiva. El tripartismo, así, además de constituir el método de "gobernanza interna" de las instituciones y métodos de actuación de esta organización internacional, tiene una importante proyección "externa" que se ha incorporado a numerosos convenios y recomendaciones. Se analiza de modo particular el Convenio núm. 144 sobre consultas tripartitas, cuya ratificación y aplicación es fundamental para la aplicación efectiva de todas las demás normas internacionales del trabajo, para mejorar el funcionamiento del mecanismo de control de la OIT, y para asegurar el cumplimiento por los Estados Miembros de la OIT de las obligaciones constitucionales que les incumben. La "Comisión Mundial para el futuro del trabajo" considera que el diálogo social debe ser alentado y promovido a través de políticas públicas, tanto en el ámbito internacional como en los distintos ámbitos nacionales, en cuanto que refuerza la pertinencia y la legitimidad de las decisiones adoptadas y contribuye a la adaptabilidad, agilidad y resiliencia de las empresas, los mercados laborales y las economías, generando las capacidades institucionales necesarias para guiar las transiciones hacia el futuro del trabajo. También se pone de relieve las dificultades existentes hoy para el diálogo social como consecuencia de la concentración del poder económico y la debilitación del poder de las organizaciones de trabajadores y de la negociación colectiva. Se analiza también la escasa relevancia del diálogo social en la Unión Europea respecto a la instrumentación de las políticas de flexiseguridad y las recientes propuestas de la Comisión Europea y del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. Se lleva a cabo un recorrido sobre la concertación social en España, con ciclos discontinuos y con un fuerte protagonismo en los últimos años, que encuentra un apoyo fundamental en el papel político institucional que la Constitución Española atribuye al sindicato (arts. 7 y 131 CE).