[en] Since the terrorist attacks of the 11th of September 2001 until the recent refugee crisis in the EU, some exceptions for security purposes have simply been provided in the different phases of the Common European Asylum System (CEAS). These modifications seriously restrict the rights of the applicants for international protection. National security policies in the field of asylum have been gradually aligned to the procedure for the processing and recognition of international protection status. This causal link may criminalise this particularly vulnerable group a priori, undermining the lowest-common-denominator of Community legislation. Consequently, the current legal framework becomes too fragmented, incoherent and even contrary to the heart of the CEAS when its axis pivotes around the dimension of national security. The forthcoming reform of the CEAS aims at providing real improvements in the interrelationship between national security and international protection. Competence problems related to security is expected to be progressively transferred from the Member States to the community level. It addresses all of these concerns "by default" not only through the greater improvement of the competence regime but also creating enhanced bodies and agencies to ensure the effective control of EU external borders. However, this proposal does not develop appropriate responses to new challenges such as the radicalisation or recruitment of applicants for international protection and refugees, which requires a novel "proactive framework" that enables Member States to deal with unforeseen terrorist actions or serious crimes.

[es] Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hasta las recientes crisis de refugiados en la UE, las distintas fases del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) han propiciado continuas excepciones radicadas en seguridad, limitando gravemente los derechos de los solicitantes de protección internacional. Las políticas de seguridad nacionales en el ámbito del asilo se han ido conectando cada vez más al procedimiento de tramitación y, en su caso, de reconocimiento del estatuto de protección internacional. A priori, este nexo causal puede criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable, desvirtuando el "mínimo denominador común" de la normativa comunitaria, lo que ha generado que el actual marco jurídico resulte especialmente fragmentado, incoherente e incluso, contrario al propio espíritu del SECA cuando la efectividad del mismo pivota en torno a la seguridad nacional. La inminente reforma del SECA pretende proporcionar verdaderas mejoras en la relación seguridad nacional y protección internacional. Se prevé una progresiva traslación de los problemas competenciales relativos a la seguridad desde el seno de los Estados miembros hacia el ámbito comunitario abordando estas cuestiones "por defecto" no solo gracias a un mayor perfeccionamiento del régimen competencial sino también en virtud de una actuación mejorada de los nuevos organismos y agencias que aseguran un efectivo control de las fronteras exteriores de la UE. Ahora bien, esta no ofrece respuestas adecuadas a nuevos retos como la radicalización o reclutamiento de solicitantes de protección internacional y refugiados y que exige, el diseño de un novedoso "marco proactivo o preventivo" que permita afrontar por parte de los Estados miembros imprevistas acciones terroristas o de delitos de especial gravedad.