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[en] In this paper we will deal with an issue directly related to judicial protection. Determining which court, in particular, will hear a case and not another of the same category and jurisdiction. A matter somewhat neglected by legal operators; it is more important than one might think in the way the conflict is resolved. The distribution procedure is described as governmental by broad sectors of doctrine and jurisprudence. Should this be its legal nature? We, the Lawyers of the Administration of Justice, have minimal competences in this area, which are scarcely regulated in the LOPJ and the Regulation of ancillary aspects of court proceedings. It is considered advisable to increase the role of the Legal Assistants in matters of distribution, and the forthcoming organic reforms may be the appropriate occasion for this objective. This will prevent the contentious jurisdiction from being the only way out of the conflicts that arise in this area, with the sentence of costs always lurking as a dissuasive deterrent.

[es] En este trabajo abordaremos un asunto directamente relacionado con la tutela judicial. Determinar qué Juzgado, en concreto, conocerá de un asunto y no otro de igual categoría y jurisdicción. Cuestión algo desatendida por los operadores jurídicos, tiene más importancia de la que pueda pensarse en la forma que termine de resolverse el conflicto. El procedimiento de reparto es calificado de gubernativo por amplios sectores de la doctrina y la jurisprudencia. ¿Debe ser esa su naturaleza jurídica? los Letrados de la Administración de Justicia tenemos unas mínimas competencias en esta materia, escasamente reguladas en la LOPJ y el Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Se entiende conveniente el aumento del protagonismo de los Letrados Judiciales en las cuestiones de reparto y las próximas reformas orgánicas pueden ser la ocasión adecuada para ese objetivo. Eso evitará que sea la jurisdicción contenciosa la única salida a los conflictos que surgen en esta materia, con la condena costas siempre al acecho disuasorio.
[en] In Spanish legislation, a new regulation has been established which aims to promote sustainable investment, a situation for which it must be interrelated with investor protection by the Spanish legal framework. The investor protection duty that is applied by financial institutions in the provision of their services and in the sale of financial products may be compromised by the recent Regulation 2021/1253. It is established that financial entities, when applying the suitability test and the suitability test, should consult about sustainable investment preferences. The authors intend to add value by facilitating a debate on the effectiveness and effect on investment protection through a critical analysis of legal regulations.

[es] En la legislación española se ha establecido un nuevo reglamento el cual pretende fomentar la inversión sostenible, situación por la que se debe de interrelacionar con la protección del inversor por parte del marco jurídico de España. El deber de protección del inversor que se aplica por parte de las entidades financieras en la prestación de sus servicios y en la venta de productos financieros puede encontrarse comprometida ante el reciente Reglamento 2021/1253.&nbsp; Se establece que las entidades financieras a la hora de aplicar el test de idoneidad y el test de conveniencia se debe de consultar sobre las preferencias de inversión sostenible. Los autores pretenden aportar valor facilitando un debate sobre la eficacia y el efecto en la protección del inversión mediante un análisis crítico de la normativa legal.
[en] In this updated version of a work originally published three years ago, we continue to address the pervasive use of electronic messaging applications. These applications have been peculiarly incorporated into the entire criminal process—starting from the investigation phase—through the content of these messages, which are reviewed via an "irregular crosscheck" conducted by the legal counsel of the Administration of Justice. This practice has emerged in legal forums due to the inertia of custom, resulting in disastrous evidentiary consequences. In contrast, procedural laws provide regulations aligned with the documentation and public faith powers of legal counsels. Furthermore, this proper procedure would produce evidence that meets all the guarantees required in criminal proceedings. The Supreme Court has recently addressed this issue in a case of significant media and social relevance, involving the investigation of the State Attorney General, whose mobile phones were seized during a search of his professional office.

[es] En esta nueva versión de un trabajo que se publicó hace 3 años, nos seguimos ocupando de las omnipresentes aplicaciones de mensajería electrónica. De su peculiar incorporación a todo el proceso penal "comenzando por la instrucción" del contenido de esos mensajes mediante "un cotejo" del letrado de la Administración de Justicia, por completo irregular. Se trata de una práctica del foro originada por la inercia de la costumbre de nefastos efectos probatorios. Las leyes procesales contienen, por contra, la regulación acorde a las facultades de documentación y fe pública de los letrados judiciales. Su resultado, además, producirá un medio de prueba que satisface todas las garantías que el proceso penal exige. Así acaba de instruirlo el Tribunal Supremo, en un caso de enorme relevancia mediática y social, en el que resulta investigado el Fiscal General del Estado, a la par que se incautaron, en el registro de su despacho profesional, sus teléfonos móviles.
[en] The figure of the virtual undercover agent arises from the clear need to put an end to crimes committed through the internet, which are gaining strength due to the advance of new technologies and computer systems. On the internet, bypassing police controls and, in general, breaking the law and the rules, is much easier than in real life. This is the main reason why reform was necessary and why the state needed to control cybercrime in a different way. The reform of the Criminal Procedure Act of 2015 was necessary to try to put an end to crimes that seriously harm the legal assets protected by criminal law and that are repulsive to the vast majority of society, such as child pornography or crimes related to cyberterrorism such as the recruitment of members for terrorist gangs. In order to understand how a virtual undercover police officer can act, we must situate ourselves in a scenario in which police infiltration has been admitted by corresponding judicial authorisation, and the police officer in question infiltrates virtually. In this context, the virtual undercover agent is empowered to carry out certain activities that are permitted by the state, even though they may be restrictive of fundamental rights. The justification for the state allowing the virtual undercover agent to carry out certain activities is to eradicate crimes that are being executed through the network.

[es] La figura del agente encubierto virtual surge de la clara necesidad de terminar con los delitos cometidos a través de la red, que van cogiendo fuerza por el avance de las nuevas tecnologías y los sistemas informáticos. En internet, saltarse los controles policiales y, en general, saltarse la ley y las normas, es mucho más fácil que en la vida real. Es este el principal motivo por el que era necesaria una reforma y era necesario que el Estado controlara de una forma distinta la delincuencia informática. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015 era necesaria para intentar acabar con delitos que lesionan gravemente los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal y que son repulsivos para la gran mayoría de la sociedad, como son, el de pornografía infantil o delitos relacionados con el ciberterrorismo como el de captación de miembros para bandas terroristas. Para poder comprender cómo puede actuar un policía encubierto de forma virtual, nos debemos situar en un escenario en el que ha sido admitida la infiltración policial por su correspondiente autorización judicial, y el policía en cuestión se infiltra virtualmente. En este contexto, el agente encubierto virtual está facultado para realizar ciertas actividades que están permitidas por parte del Estado, y lo están a pesar de que pueden resultar limitativas de derechos fundamentales. La justificación de que el Estado permita al agente encubierto virtual desarrollar determinadas actividades es la de erradicar los delitos que se están ejecutando a través de la red.
[en] Assisted reproduction techniques allow gestation to be carried out through a carrier other than the DNA carriers. This situation determines the need to establish filiation. In turn, the progress of these techniques together with the rise of surrogacy has caused different problems of a legal nature in institutions as important as parental authority and filiation, for which it has been necessary to establish a new regulation in order to protect the minors who are the object of these contracts and to establish their filiation, a regulation that has undergone several modifications in recent years.

[es] Las técnicas de reproducción asistida permiten que la gestación sea realizada a través de un portador diferente a los portadores del ADN. Esta situación determina la necesidad de establecer la filiación. A su vez, los avances de estas técnicas junto con el auge de la gestación por sustitución han provocado diferentes problemas de índole jurídica en instituciones tan importantes como la patria potestad y la filiación, para lo cual se ha tenido que establecer una nueva regulación con el fin de proteger a los menores objeto de estos contratos y de establecer la filiación de los mismos, regulación que ha sufrido diversas modificaciones en los últimos años.
[en] The submission of documents, and other similar documents and reports, in civil proceedings is one of the main manifestations of the principle of party contribution that governs the same and is configured as a burden of the litigants. In general, documents must be submitted with the initial pleadings, i.e., with the claim and the answer to the claim. However, the law provides for a number of exceptions to this general rule in response to different cases and circumstances that allow and justify their provision at different times, depending on the case.

[es] La aportación de documentos, y otros escritos e informes asimilados, en el proceso civil es una de las principales manifestaciones del principio de aportación de parte que rige en el mismo y se configura como una carga de las partes litigantes. Con carácter general, los documentos deben aportarse con los escritos iniciales del proceso, es decir, con la demanda y la contestación a la demanda. No obstante, la ley prevé una serie de excepciones a esta regla general en atención a diferentes supuestos y circunstancias que permiten y justifican su aportación en distintos momentos posteriores, según los casos.
[en] The huge impact of new technologies on today's society is an undeniable fact. This is so much so that, as the years have gone by, people have used these technologies to create a new type of wealth unlike any other previously known until a relatively short time ago: the digital estate. A person's digital estate is made up of various types of assets held in cyberspace. This study highlights the need to adapt inheritance law to this new reality. Its aim is to examine the challenges and opportunities presented by this new scenario for digital inheritance.&nbsp; Trying to establish exactly what is meant by "digital estate" is key in order to assess whether the management and transmission of this type of wealth could give rise to a new sub-area of the law: digital law. The enactment of Spanish Organic Law 3/2018 of 5 December on Personal Data Protection and the Guarantee of Digital Rights and, for the purposes of this study, the regulation of digital wills, make Spain a European pioneer in the regulation of citizens' digital rights. The study thus seeks to shed light on this new legal context that has emerged as a result of the digital world becoming part of our lives and to reflect on how all this wealth will be passed down following the owner's death.&nbsp;

[es] Es innegable que las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en la sociedad actual. Tanto es así que con el paso de los años los individuos han ido creando a través de ellas un nuevo tipo de patrimonio, distinto del que hasta relativamente pocos años todos conocíamos, que es el patrimonio digital. El patrimonio digital lo componen distintos tipos de activos que se encuentran en el espacio cibernético. Se destaca la necesidad de adaptar el derecho sucesorio a este nuevo contexto. El objetivo de este estudio es el de analizar los retos y oportunidades que contempla este nuevo escenario de la sucesión digital.&nbsp; El análisis de lo que debe entenderse por patrimonio digital resulta indispensable para valorar si la gestión y transmisión de este tipo de patrimonio podría dar lugar al surgimiento de una nueva disciplina jurídica específica: el derecho digital. En el ámbito europeo, España es pionera en la regulación de los derechos digitales de sus ciudadanos al publicar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en lo que al presente estudio interesa, la regulación del testamento digital. De este modo, lo que se pretende es tratar de dar luz a este nuevo contexto jurídico que se nos plantea con la entrada del mundo digital en nuestras vidas y reflexionar sobre cómo será la transmisión de todo este patrimonio una vez se produzca la muerte del individuo.&nbsp;
[en] As we outlined in Part I of this work, the submission of documents, and other writings and assimilated reports, in civil proceedings is one of the main manifestations of the principle of party presentation that governs it and is configured as a burden on the litigating parties. Generally, documents must be submitted with the initial pleadings of the process, that is, with the complaint and the response to the complaint. However, the law provides for a series of exceptions to this general rule in view of different situations and circumstances that allow and justify their submission at various later stages, depending on the case. These exceptional provisions find their justification in such important legal principles as good faith, effective judicial protection, the right to a defense, immediacy, equality of arms, and legal certainty. In this second part, we will pay special attention to the different cases of late submission provided for in the law, the preclusive moment for their submission, and the consequences of not submitting them at the legally established time, thus highlighting the important casuistry presented by this matter and which has given rise to abundant jurisprudence.

[es] Como ya expusimos en la Parte I de este trabajo, la aportación de documentos, y otros escritos e informes asimilados, en el proceso civil es una de las principales manifestaciones del principio de aportación de parte que rige en el mismo y se configura como una carga de las partes litigantes. Con carácter general, los documentos deben aportarse con los escritos iniciales del proceso, es decir, con la demanda y la contestación a la demanda. No obstante, la ley prevé una serie de excepciones a esta regla general en atención a diferentes supuestos y circunstancias que permiten y justifican su aportación en distintos momentos posteriores, según los casos. Estas previsiones excepcionales encuentran su justificación en principios jurídicos tan importantes como la buena fe, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, la inmediación, la igualdad de armas y la seguridad jurídica. En esta segunda parte, prestaremos especial atención a los distintos supuestos de aportación extemporánea previstos en la ley, al momento preclusivo para su aportación y a las consecuencias de su no aportación en el momento establecido legalmente, poniendo de relieve, de esta manera, la importante casuística que presenta este asunto y que ha dado lugar a una abundante jurisprudencia.
[en] Since the beginning of the year 2023, strikes are taking over the Courts and Tribunals. Some end and others begin. This reality can be analyzed from many different fronts. I am going to do so by focusing on two aspects of it which, I understand, are of interest due to their problematic nature. Firstly, who can exercise the right to strike in the Spanish justice system. Next, we will deal with the labor effects of strikes on the subjects of the Administration of Justice and their consequences.

[es] Desde que comenzó este año 2023 las huelgas se están enseñoreando de los Juzgados y Tribunales. Terminan unas y empiezan otras. Esta realidad podemos analizarla desde muy diversos frentes. Yo voy a hacerlo centrándome en dos aspectos de la misma que, entiendo, son de interés por su carácter problemático. En primer lugar, quiénes pueden ejercer el derecho de huelga en la Justicia española. A continuación, abordaremos los efectos laborales que producen las huelgas en los sujetos de la Administración de Justicia y sus consecuencias.
[en] The present paper analyzes the judgments of the Constitutional Court and the Supreme Court issued during the COVID-19 health crisis that involved laws and regulations imposing restrictive measures on individual rights and public freedoms, considering the doctrine advocating for the proportionality test. The main conclusion reached in this research is that the application of the proportionality test by these High Courts represents a distortion of the doctrinal approach, as well as the principle of proportionality itself, which aims to safeguard the balance between fundamental rights and public authorities. As a result, incongruous and disproportionate measures were partially or fully authorized.

[es] El presente artículo analiza las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dictadas durante la crisis sanitaria del COVID-19 que recayeron sobre leyes y reglamentos mediante los cuales se impusieron medidas restrictivas de derechos individuales y libertades públicas, a la luz de la doctrina que propone el examen de proporcionalidad. La principal conclusión que se obtiene en esta investigación es, que la aplicación que realizan estos Altos Tribunales del examen de proporcionalidad es una desvirtuación del planteamiento doctrinal, así como del principio de proporcionalidad en sí, que tiene como objeto velar por el equilibrio entre derechos fundamentales y los poderes públicos, por lo que se habrían autorizado -parcial o totalmente- medidas incongruentes y desproporcionadas.
[en] The right to housing involves multiple heterogeneous aspects come together without whose joint observation neither the relevance nor the essential content of the right to housing can be fully understood, but which, without a doubt, also allow us to gauge the complexity of the phenomenon. that they integrate. In this area, it should not be ignored that the demarcation of the right to property, based on its social function, finds as a limit the essential content of the right, already specified by the TC and which will be specified again when resolving the pending appeals against Law 12/2023, presented by the Executive as a panacea to solve the problem of the right to "decent and adequate housing" that the EC recognizes in its article 47. But reality shows that intervening, as intended, in the real estate market is not the ideal way to solve the problem and, in the face of the argumentative confrontation with ideological background that concerns us, the most authoritative doctrine defends the need not to limit prices and to renounce to the imposition of regulations that strain the scenario, causing a constrained, extremely regulated and markedly punitive market. This paper offers a brief overview of some of the issues surrounding the right to housing and the current regulations governing it. It also presents critical reflections on problems that, unfortunately, seem likely to persist without resolution, to the detriment of those who continue to face restricted access to housing—in short, the most vulnerable.

[es] En la consideración del derecho a la vivienda confluyen múltiples aspectos heterogéneos sin cuya observación conjunta no pueden ser entendidos en plenitud ni la relevancia ni el contenido esencial del derecho a la vivienda, pero que, sin duda, también permiten calibrar la complejidad del fenómeno que integran. En este ámbito tampoco cabe desatender que la demarcación del derecho de propiedad, con fundamento en su función social, encuentra como límite el contenido esencial del derecho, ya precisado por el TC y que será nuevamente concretado al resolver los recursos pendientes contra la Ley 12/2023, presentada por el Ejecutivo como panacea para resolver el problema del derecho a una "vivienda digna y adecuada" que la CE reconoce en su artículo 47. Pero la realidad demuestra que intervenir, como se pretende, el mercado inmobiliario no resulta la vía idónea para solucionar el problema y, ante la confrontación argumental con trasfondo ideológico que nos ocupa, la más autorizada doctrina defiende la necesidad de no topar los precios y renunciar a la imposición de normas que tensan el escenario provocando un mercado constreñido, extremadamente regulado y marcadamente punitivo. En este trabajo se realiza un recorrido breve por algunas cuestiones que alberga el derecho a la vivienda y la normativa actual que lo regula y se exponen algunas valoraciones críticas que asoman como avance de problemas que, lamentablemente, parece que van a persistir sin solución, en perjuicio de quienes siguen viendo limitada su posibilidad de acceso a la vivienda, en definitiva, de los más vulnerables
[en] Annuls by the Court of Justice of the European Union the Decisions of the European Commission called "Safe Harbor" and "Privacy Shield", the EU Member States begin to discourage, if not to prohibit, the use in their educational centers, public administrations and public health programs the office suite Office 365 for failing to comply with the requirements of the General Data Protection Regulation (EU), allowing Microsoft access to users' personal data, transfer them to the U.S., and enable U.S. intelligence agencies to access them. Meanwhile, the Spanish judicial system, without any control, surveillance or warning, it is launched into the arms of Microsoft and its product line. This work is a guide to the journey made by personal data that are processed in the Spanish courts and tribunals to the headquarters of the FBI in the USA.

[es] Anuladas por el TJUE las Decisiones de la Comisión europea llamadas "Puerto seguro" y "Escudo de la privacidad", los Estados miembros de la UE empiezan a desaconsejar, sino a prohibir, el uso en sus centros educativos, administración es públicas y programas de salud pública la suite ofimática Office 365 por incumplir las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (UE), permitir a Microsoft el acceso a datos personales de los usuarios, transferirlos a EE.UU., y posibilitar a las agencias de inteligencia estadounidenses el acceso a los mismos. Mientras, el sistema judicial español, sin control, vigilancia ni advertencia alguna, se lanza en brazos de Microsoft y de su línea de productos. Este trabajo es una guía del viaje que hacen los datos personales que son tratados en los juzgados y tribunales españoles a la sede del FBI en EE.UU.