[en] This paper examines coastal management policies in southern Spain in the context of the state's role in the promotion of sustainable development practices. It recognises the critical importance of the coast as a landscape resource for both visitors and residents and, in addition, the latter's rights to enjoy access to it as public property. Attention is directed at both physical protection of the coast through erosion control programmes and urban planning policies, with special emphasis on the 1988 Shores Act that attempts to treat coastal planning in a more integrated manner than has historically been the case. The underlying rationale to introduce a more environmentally sensitive treatment of the coast is discussed together with the attempts to confront illegal occupancy through re-establishment of public ownership and control of land-use in the coastal zone. Positive achievements in beach management, and changing attitudes to the law, are seen as evidence that the message of sustainability is beginning to be heard. However, such success contrasts with failure to control the wider urban development process which continues (even in developments that postdate the Shores Act) to reflect short-term economic rather than environmental prerogatives. Thus severe limitations upon the maintenance of a quality coastal environment are likely to continue without enforcement of buffer zones at the regional level or a more radical designation of more of the coast as 'protected'. Such may well be encouraged eventually by the very same economic interests that are concerned to retain Spain's position in the global tourism market by providing an environment that is attractive to visitors.

[es] Este artículo examina las políticas de gestión costera en el sur de España en el contexto del papel del Estado en la promoción de prácticas de desarrollo sostenible. Reconoce la importancia crítica de la costa como recurso paisajístico tanto para visitantes como para residentes y, además, los derechos de estos últimos a disfrutar del acceso a ella como propiedad pública. Se presta atención tanto a la protección física de la costa mediante programas de control de la erosión como a las políticas de planificación urbana, con especial énfasis en la Ley de Costas de 1988 que intenta abordar la planificación costera de una manera más integrada que la que se ha hecho históricamente. Se discuten las razones subyacentes para introducir un tratamiento más sensible al medio ambiente de la costa junto con los intentos de enfrentar la ocupación ilegal mediante el restablecimiento de la propiedad pública y el control del uso del suelo en la zona costera. Los logros positivos en la gestión de las playas y el cambio de actitudes hacia la ley se consideran evidencia de que el mensaje de la sostenibilidad está empezando a escucharse. Sin embargo, tal éxito contrasta con la falta de control del proceso de desarrollo urbano más amplio que continúa (incluso en desarrollos posteriores a la Ley de Costas) reflejando prerrogativas económicas a corto plazo en lugar de ambientales. Por lo tanto, es probable que continúen existiendo graves limitaciones al mantenimiento de un entorno costero de calidad si no se aplican zonas de amortiguación a nivel regional o si no se adopta una designación más radical de una mayor parte de la costa como "protegida". Esto bien podría verse fomentado en última instancia por los mismos intereses económicos que se preocupan por conservar la posición de España en el mercado turístico mundial ofreciendo un entorno que sea atractivo para los visitantes.