[en] The publication of the organic law no. 3/2018 on the protection of personal data and the guarantee of digital rights (LODP [Organic law on data protection]) was the explicit regulatory recognition of digital rights in labour legislation, thus far only considered by jurisprudence, and to a much lesser and residual extent by collective bargaining. The legislative provision of the right to privacy in work has allowed the courts of justice to proceed with the material regulation of this right, but the balancing in practice operated by judges has led to the establishment of the unwritten principle of the primacy of the employer's power of management, understood as a position of supremacy in a contractual relationship characterised by subordination, over the rights of non-interference in the private sphere, protection of personal data and the identity of the worker. Moreover, what is known as "dialogue" between courts, even multilevel, has helped to foment a contrast - between the doctrine of the Spanish Constitutional Court and the European Court of Human Rights - between labour law and criminal law in the guarantee of these rights, and between the rulings of the social jurisdiction and the decisions of the Spanish Data Protection Agency. This situation of legislative anomie had necessarily to be resolved, even more so after the issue of the European Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which came into force in May 2018 in all European Union countries. Spanish law intervenes expressly on the issue, even if the result, in terms of digital rights at work, is disappointing.

[es] La publicación de la ley orgánica no. 3/2018 sobre la protección de datos personales y garantía de derechos digitales (LODP [Ley Orgánica de datos protección]) fue el reconocimiento regulatorio explícito de los derechos digitales en el trabajo legislación, hasta ahora solo considerada por la jurisprudencia, y en un grado mucho menor y extensión residual por negociación colectiva. La disposición legislativa del derecho a la privacidad en el trabajo ha permitido tribunales de justicia para proceder con la regulación material de este derecho, pero el el equilibrio en la práctica operado por jueces ha llevado al establecimiento de la principio no escrito de la primacía del poder de gestión del empleador, entendido como una posición de supremacía en una relación contractual caracterizado por la subordinación, sobre los derechos de no injerencia en el esfera privada, protección de datos personales y la identidad del trabajador. Además, lo que se conoce como "diálogo" entre tribunales, incluso multinivel, ha ayudado a fomentar un contraste entre la doctrina de los españoles. Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos - entre derecho laboral y derecho penal en la garantía de estos derechos, y entre los sentencias de la jurisdicción social y las decisiones de los datos españoles Agencia de protección. Esta situación de anomia legislativa tenía que resolverse necesariamente, incluso más aún después de la emisión del Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), que entró en vigor en mayo de 2018 en todos Países de la Unión Europea. La ley española interviene expresamente sobre el tema, incluso si el resultado, en términos de derechos digitales en el trabajo, es decepcionante.