[en] At the invitation of the Government of Spain, the Special Rapporteur visited the countryfrom 20 November to 1 December 2006. The general objectives of the mission were to examineand report on the status of realization of the right to adequate housing and other related rights inthe country, with particular attention to aspects of gender equality and non-discrimination; toengage in dialogues with the Government and civil society in their efforts to secure these rights;and to identify practical solutionsand best practices in the realization of rights related to themandate.In this report, the Special Rapporteur noteswith satisfaction that adequate housing isrecognized as a constitutional right in Spain and points to the positive steps that have been takenby the central and regional authorities in order to implement the right to adequate housing.Nevertheless, the Special Rapporteur alsonotes that economic and financial factors,including widespread speculation, have had negative impacts on the right to adequate housing inSpain. Affordability and the lack of public housing stock, in particular rental housing, hasaffected large sectors of the population.One of the most significant elements of Spanish housing policy, compared to otherEuropean Union countries, is the priority givenduring the last decades to the homeownershipmodel through different instruments such astax policy and public housing. The SpecialRapporteur believes thatthe functioning of the market, the current homeownership model and itspossible negative impact on low-income housing options should be seriously reflected upon andnecessitates State intervention in the market.At the end of his report, the Special Rapporteur addresses a number of recommendationsthat he believes to be necessary to implement the constitutional and international obligations ofSpain. These recommendations include a comprehensive and coordinated national housingpolicy based on human rights and the protection of the most vulnerable as well as heavypenalization of practices such as"real estate mobbing", corruption and discrimination in the realestate sector. The Special Rapporteur calls for immediate attention to be paid to particulargroups, including women, youth, the elderly, people with disabilities, Roma (gitano) communities, migrants and the homeless, and for ensuring justiciability of the right to adequatehousing.

[es] Por invitación del Gobierno de España, el Relator Especial visitó el país del 20 de noviembre al 1° de diciembre de 2006. Los objetivos generales de la misión eran examinar y preparar un informe sobre la situación de la realización del derecho a una vivienda adecuada y otros derechos conexos en el país, con particular hincapié en aspectos de la igualdad entre los géneros y la no discriminación; dialogar con el Gobierno y la sociedad civil sobre los esfuerzos que despliegan para hacer realidad esos derechos, y señalar soluciones satisfactorias y prácticas óptimas para la realización de los derechos relacionados con el mandato. En el presente informe, el Relator Especial, tras observar con satisfacción que en España se reconoce el derecho a la vivienda adecuada como derecho constitucional, señala las medidas positivas que han emprendido las autoridades centrales y regionales para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada. No obstante, el Relator Especial también observa que factores económicos y financieros, entre los que cabe mencionar la especulación generalizada, han tenido efectos negativos en el derecho a una vivienda adecuada en España. Lo elevado de los precios y la falta de parques de vivienda pública, en particular de viviendas de alquiler, han afectado a grandes sectores de la población. Uno de los elementos más significativos de la política de vivienda de España, en comparación con la de otros países de la Unión Europea, es la prioridad que se ha asignado en los últimos decenios al modelo de la propiedad de la vivienda mediante distintos instrumentos, tales como la política impositiva y los planes de vivienda pública. El Relator Especial opina que debería reflexionarse seriamente sobre el funcionamiento del mercado, el modelo de propiedad de la vivienda y su posible efecto negativo en las posibilidades de vivienda económica, y que es preciso que el Estado intervenga en el mercado. Al final de su informe, el Relator Especial formula una serie de recomendaciones que a su juicio son necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales e internacionales de España. Entre esas recomendaciones se cuentan la de adoptar una política nacional de vivienda amplia y coordinada, basada en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables, y la de penalizar enérgicamente prácticas tales como el uso de violencia o presiones para obtener desalojos, la corrupción y la discriminación en el sector inmobiliario. El Relator Especial exhorta a que se preste atención inmediata a grupos concretos, entre los que cabe señalar las mujeres, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad, las comunidades romaníes (de gitanos), los migrantes y los sin hogar, y a que se asegure la posibilidad de recurrir a la justicia para hacer valer el derecho a una vivienda adecuada.