[en] The aim of the Restorative Justice, as an alternative method to the traditional judicial process, is to repair the harm caused to the victim, improving victim satisfaction, encouraging the offender to think about the impact of their offending and reduce reoffending instead of seeking the punishment for the perpetrator. However, the choice for the legislator to include that kind of justice in a particular legal system is not free from doubt and uncertainty. Although Victim Offender Mediation programs, have been applied successfully in many countries for over two decades, and remains the subject of a great literary flow, both theoretically and statistically, what seems certain is that we are in front of an alternative formula of criminal justice still unfinished. The option for Restorative Justice Methods such as VOM raises procedural issues of great concern, especially in relation to the risk of abandonment of the legal rights and procedural safeguards of the accused, but also in relation to the safety of the victim. This article analyzes whether the option - if accepted - by the Victim-Offender Mediation should be seen as a real alternative to the current Justice System, or whether it should be seen as a branch of the current System of Justice that could be diverted for the purpose of giving a fairest and more effective solution to the criminal action committed, bearing in mind the public interest in such a solution, and not only - but also-, the interest of the parties involved in it.

[es] La principal finalidad que persigue este método alternativo de justicia es la de alcanzar la solución más justa posible a un conflicto originado por la comisión de un delito, que, según los defensores de este proceso, es la reparación del daño causado a la víctima, elevar los niveles de satisfacción de la misma, estimular al ofensor a pensar acerca de los efectos del delito que ha cometido, y reducir los niveles de reincidencia, en lugar del castigo del autor del hecho, como sucede en el vigente sistema de justicia penal. Pero la opción del legislador por incluir en un ordenamiento jurídico determinado la posibilidad de que la comisión de un acto delictivo se derive a un proceso mediador no está exento de dudas e incertidumbres. Aunque la mediación penal se ha aplicado con éxito en multitud de países durante más de dos décadas, y sigue siendo objeto de un gran caudal literario, tanto a nivel teórico como estadístico, lo que parece cierto es que estamos ante una institución o fórmula alternativa de justicia todavía inacabada que, aunque no en todos los casos, plantea problemas de índole procesal de gran calado, especialmente en relación con el riesgo de abandono de los derechos fundamentales de naturaleza procesal del imputado, pero también en relación con la seguridad de la víctima. En el estudio realizado en este trabajo se analiza si la opción –en caso de aceptarla- por la mediación penal ha de verse como una alternativa real al sistema de justicia vigente, o si se trata de una rama de la justicia que puede surgir en un momento determinado de un tronco común (el proceso penal) a los efectos de dar una solución más justa y eficaz al conflicto planteado, teniendo presente el interés público en dicha solución, y no sólo –aunque también- de las partes involucradas en el mismo.