[en] This research analyzes hate crimes from an interdisciplinary perspective: on the one hand, we study their regulation in the Spanish Penal Code from the last reform operated by the legislator in 2015. The aim is to clarify which aspects of Articles 22.4 and 510 present problems in terms of their practical application and which of them represent an excessive irruption in the field of protection of fundamental rights, where freedom of expression acquires special importance. We also propose a strict lege lata interpretation, coherent and respectful of the principle of criminal legality and, at the same time, teleologically oriented towards fulfilling the function of ultima ratio of criminal law. On the other hand, it examines how hate speech reaches the masses through mainstream media journalism, as well as the degree of responsibility they have in the dissemination of messages of a violent or discriminatory nature. To this end, three cases have been selected that can be considered as hate crimes with significant social repercussions in recent times: racist demonstrations against a refugee camp in the Canary Islands, the news about a chat of former Spanish soldiers in which violence was incited against a certain ideological sector of the population; and, ultimately, comments of a discriminatory nature published on the social network Twitter. Therefore, it is intended to compare whether media coverage conforms to the legal interpretation of these cases. Consequently, a series of guidelines are proposed so that when journalists are faced with hate speech, they can make a truthful, honest and knowledgeable treatment of the Legal System in this matter. Finally, the simultaneous use of legal and journalistic disciplines stands as a transversal commitment to education rights in order to combat the heterogeneous effects caused by hate crimes in our society.

[es] Esta investigación analiza los delitos de odio desde una perspectiva interdisciplinar: por un lado, se estudia su tipificación en el Código Penal español a partir de la última reforma operada por el legislador en 2015. El objetivo es dilucidar qué aspectos de los artículos 22.4° y 510.1 presentan problemas en cuanto a su aplicación práctica; y cuáles suponen una irrupción desmedida en el ámbito de protección de los derechos fundamentales, donde adquiere especial relevancia la libertad de expresión. También se propone una interpretación de lege lata estricta, coherente y respetuosa con el principio de legalidad penal y, a la vez, orientada teleológicamente a que se cumpla la función de ultima ratio del Derecho penal. Por otro lado, se examina cómo los delitos de odio cometidos mediante el uso de las palabras (hate speech) llegan a la sociedad a través del tratamiento mediático que llevan a cabo los profesionales de la información, así como el grado de responsabilidad que estos poseen en la difusión de mensajes propios del discurso de odio. Para ello, se seleccionan tres casos susceptibles de ser considerados como delitos de odio con significativa repercusión social en los últimos tiempos: las manifestaciones racistas en contra de un campamento de refugiados asentado en las Islas Canarias, la noticia relativa a un chat de ex militares españoles en el que se incitaba a la violencia contra un determinado sector ideológico de la población; y, en última instancia, unos comentarios de índole discriminatoria publicados en la red social Twitter. A tal efecto se pretende comparar si la cobertura informativa realizada por los medios de comunicación se ajusta a la interpretación jurídica de estos supuestos, esto es, si concurren los elementos exigidos para integrar el tipo penal. En consecuencia, se proponen una serie de pautas para que a la hora de enfrentarse a los discursos de odio, los periodistas realicen un tratamiento veraz, honesto y conocedor del Ordenamiento Jurídico en esta materia. Por último, el empleo simultáneo de las disciplinas jurídica y periodística se erige como una apuesta transversal de la educación en derechos para luchar contra los efectos heterogéneos que provocan los delitos de odio en nuestra sociedad.