[en] This dissertation starts from the consequences as polarization and urban social vulnerability that outcome from the magnetization of cities in their attempt to attract new forms of capital. One of the most explicit forms of these conflicts is the exclusion of people living in the streets from the city centers and touristic areas. Conversely, the homeless population, especially amongst youth, does not cease to increase. This substantial increase has been treated in a few cities as a social emergency to which governments must allocate all available resources and regulate the right to shelter. These dynamics may respond to the economic crisis but also, in city terms, are related to the opportunities that these urban landscapes represent for people who move between them, many of them very young. However, the survival in the street is both effect and consequence of multiple factors of individual exclusion such as trauma, mental health or substance abuse that leads to intense social disaffiliation and overlaps the personal itineraries of a youth trying to break the society rules. In addition, for young women, the street is a hostile and masculinized environment where adaptation or denial to informal social rules can be driven by multiple cases of sexual abuse and violence that are rarely reported. All of the above leads to the will and need to define public policies and more humane regulation, which understands the needs and reality of the people who sleep rough. In a very same way, the reconstruction of the magnetized city model towards a sustainable development that does not expel, marginalize or displace the poor, the different, is compelling. As it is put forward in this dissertation, the revision of municipal roles in the transformation of the city through the stimulation of social capital are key to its redefinition.

[es] La presente tesis parte de las consecuencias de la imantación de las ciudades en su intento por atraer nuevas formas de capital en la polarización y la vulnerabilidad social urbana. Una de las formas más explícitas de estos conflictos es la expulsión de las personas que viven en la calle de sus centros y zonas turistificadas. Sin embargo, la población en situación de calle, en especial las personas más jóvenes, no cesa de incrementar. Este aumento sustancial ha sido tratado en pocas ciudades como una emergencia social a la que destinar todos los recursos disponibles o regular los derechos de estas personas; por contra, en la mayoría de países se aborda desde la óptica de estado, pese a ser el municipio el entorno en el que se desarrolla la vida cotidiana, y se contempla mediante estrategias de prevención basadas en la oferta asequible de vivienda u otras medidas sociales. Estas dinámicas responden por un lado, a la crisis económica pero por otro a las oportunidades que estas ciudades suponen para las personas que fluctúan entre ellas, muchas de ellas muy jóvenes. Sin embargo, la permanencia en la calle es efecto y consecuencia de múltiples factores de exclusión individual como el trauma, los problemas de salud mental o el abuso de sustancias que conllevan una intensa desafiliación social que se sobreponen a los itinerarios personales de una juventud que trata de romper con lo preestablecido. A la suma, para las mujeres jóvenes, la calle supone un entorno hostil y masculinizado donde la adaptación a las normas sociales informales o la falta de esta adaptación puede venir conducida por múltiples abusos y violencias, en muchos casos sexuales. Ilícitos con una muy baja tasa de denuncia o seguimiento judicial. Es más, los servicios asistenciales hacia las personas en calle están orientados a sus perfiles mayoritarios, en esta caso hombres, dejando sin servicio especializado propio a las mujeres salvo que sean víctimas y denunciantes de violencia de género o explotación sexual. Todo lo anterior conduce a la voluntad y necesidad de definir políticas públicas y regulación más humana, que comprenda las necesidades y la realidad de las personas que duermen en la calle. Se propone un abordaje de la cuestión desde medidas urgentes que aseguren la protección de los derechos humanos de las personas que viven en la calle desde la promoción de recursos y programas orientados a la asistencia de los perfiles con necesidades más complejas.