[en] This paper analyzes the Cerro Blanco mining conflict in Asunción Mita, Guatemala, as a pivotal case of networked activism in Central America. On September 18, 2022, 89% of Asunción Mita's residents voted against the Cerro Blanco metallic mining project, citing concerns over water contamination and environmental degradation. This decisive referendum was met with resistance from Bluestone Resources, the Canadian mining company, and the Guatemalan government, which challenged the legitimacy of the vote, exposing tensions between community sovereignty, state policies, and corporate interests. Using the "Not In Anyone's Backyard" (NIABY) framework and water justice principles, the paper explores how the Cerro Blanco case represents grassroots resistance to transnational extractivism, particularly in relation to shared water resources in the Lempa River basin, which connects Guatemala and El Salvador. The study highlights how networked activism, involving local, regional, and international actors, fosters opposition to extractivism and advocates for sustainable governance. Framing water as both a human right and a shared common good, the paper underscores the importance of collective action and transboundary cooperation in safeguarding ecosystems and advancing environmental justice. The study calls for stronger legal protections, such as the Escazú Agreement, to ensure inclusive decision-making in natural resource management. By positioning the Cerro Blanco conflict within broader regional struggles for water justice, the paper emphasizes the transformative potential of networked activism in resisting extractive industries and promoting equitable resource governance.

[es] Este artículo analiza el conflicto minero de Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, como un caso clave de activismo en red en América Central. El 18 de septiembre de 2022, el 89 % de los residentes de Asunción Mita votaron en contra del proyecto minero metálico de Cerro Blanco, alegando preocupaciones sobre la contaminación del agua y la degradación ambiental. Este referéndum decisivo fue recibido con resistencia por parte de Bluestone Resources, la empresa minera canadiense, y el Gobierno guatemalteco, que impugnaron la legitimidad de la votación, lo que puso de manifiesto las tensiones entre la soberanía comunitaria, las políticas estatales y los intereses corporativos. Mediante el uso del marco "Not In Anyone's Backyard" (NIABY, por sus siglas en inglés) y los principios de justicia hídrica, el artículo explora cómo el caso de Cerro Blanco representa la resistencia popular al extractivismo transnacional, particularmente en relación con los recursos hídricos compartidos en la cuenca del río Lempa, que conecta Guatemala y El Salvador. El estudio resalta cómo el activismo en red, que involucra a actores locales, regionales e internacionales, fomenta la oposición al extractivismo y aboga por una gobernanza sostenible. Al enmarcar el agua como un derecho humano y un bien común compartido, el artículo subraya la importancia de la acción colectiva y la cooperación transfronteriza para proteger los ecosistemas y avanzar hacia la justicia ambiental. El estudio hace un llamado a fortalecer las protecciones legales, como el Acuerdo de Escazú, con el fin de garantizar una toma de decisiones inclusiva en la gestión de los recursos naturales. Al situar el conflicto de Cerro Blanco en el contexto de luchas regionales más amplias por la justicia hídrica, el artículo enfatiza el potencial transformador del activismo en red para resistir a las industrias extractivas y promover una gobernanza equitativa de los recursos.