[en] In attempting to counter the various negative correlations associated with the mining–development nexus in the global South (for example, the 'resource curse' or 'enclave economies'), the global mining sector experienced a mushrooming of ethical norms, practices and policies during the past three decades, many of them intended to strengthen local communities. In addition to the launch of various initiatives from the corporate world (ranging from multi-stakeholder partnerships on the global level to corporate social responsibility programmes in mining concessions), a number of West African countries have reformed their liberal mining legislation in recent years, thereby introducing new mechanisms for a more just local redistribution of mining revenues. In this spirit, the mining code of Burkina Faso, reformed in 2015, provides the implementation of a Mining Fund for Local Development (FMDL) to which multinational corporations are legally required to contribute 1 per cent of their national turnover (before tax). This chapter investigates multi-scalar policies for decentralised mining revenue allocation in and around Burkina Faso's gold mining sector by engaging with and contributing to debates in post-structural geography and political ecology. It explores how 'resource decentralisation' became a priority of both the national government and of Canadian aid projects in Burkina Faso, while facing political resistance from mining companies. I argue that struggles for local profits from mining transcend specific scales ('the global', 'the national', or 'the local') in resource governance and focus either on promoting the various voluntary engagements of the corporate world or on calling for the state-centred enforcement of legal requirements. In Burkina Faso's mining areas this has ambivalent outcomes: It leads to a reshuffling of responsibility for the (re-)distribution of mining revenues from corporate agents to municipal decision makers, on the one hand. On the other, it serves to engineer (potential) community unrest, and thus to eventually make large-scale mining feasible in the first place.

[es] En un intento por contrarrestar las diversas correlaciones negativas asociadas al nexo entre minería y desarrollo en el Sur global (por ejemplo, la "maldición de los recursos" o las "economías de enclave"), el sector minero mundial experimentó una proliferación de normas, prácticas y políticas éticas durante las últimas tres décadas, muchas de ellas destinadas a fortalecer a las comunidades locales. Además de la puesta en marcha de diversas iniciativas por parte del mundo empresarial (desde asociaciones multipartitas a escala mundial hasta programas de responsabilidad social corporativa en las concesiones mineras), varios países de África Occidental han reformado en los últimos años su legislación minera liberal, introduciendo así nuevos mecanismos para una redistribución local más justa de los ingresos de la minería. En este sentido, el código minero de Burkina Faso, reformado en 2015, prevé la puesta en marcha de un Fondo Minero para el Desarrollo Local (FMDL) al que las empresas multinacionales están legalmente obligadas a contribuir con el 1% de su facturación nacional (antes de impuestos). En este capítulo se investigan las políticas multiescalares de asignación descentralizada de ingresos mineros en el sector de la minería del oro de Burkina Faso y sus alrededores, participando y contribuyendo a los debates de la geografía postestructural y la ecología política. El capítulo explora cómo la "descentralización de los recursos" se convirtió en una prioridad tanto del gobierno nacional como de los proyectos de ayuda canadienses en Burkina Faso, al tiempo que se enfrentaba a la resistencia política de las empresas mineras. Argumento que las luchas por los beneficios locales de la minería trascienden las escalas específicas ("lo global", "lo nacional" o "lo local") en la gobernanza de los recursos y se centran o en promover los diversos compromisos voluntarios del mundo empresarial o en exigir al Estado que garantice el cumplimiento de los requisitos legales. En las zonas mineras de Burkina Faso esto tiene resultados ambivalentes: Por un lado, conduce a una reorganización de la responsabilidad de la (re)distribución de los ingresos mineros de los agentes corporativos a los responsables municipales. Por otro lado, sirve para fomentar el malestar (potencial) de las comunidades y, por tanto, para que la minería a gran escala sea viable en primer lugar.