[en] The technological modernization process we have been experiencing in recent years is driving significant transformations in public administration across all its areas of operation. At the local level, these technologies have given rise to new urban environments through the proliferation of smart city projects and initiatives, which enable significant advancements in streamlining procedures and optimizing public services. However, with the implementation of automated systems and artificial intelligence tools to monitor citizens' activities and behaviors and enforce regulations, we face the risk of creating a perfect system of surveillance and repression. This control, based on algorithmic technologies, presents numerous challenges that significantly impact citizens' legal rights and guarantees. Traditionally, guarantees for the exercise of punitive power have been embodied in the sanctioning procedure. However, these technological advances, which enhance aspects critical to this power—such as verifying the investigated facts and identifying the responsible individuals—largely transform and undermine the traditional guarantees of the sanctioning procedure. This often leads to immediate technological sanctions, thereby weakening the procedural safeguards. Moreover, jurisprudence has traditionally minimized the invalidating impact of procedural defects in the exercise of this power, further devaluing these guarantees. Additionally, the implications of personal data protection regulations and the outsourcing of significant aspects of punitive power to the private sector must be considered. This thesis proposes a series of measures to maintain the necessary guarantees in this new scenario. These measures focus on the goals necessary for their implementation, the control of their design, the correction of their operation, and addressing the scope of non-compliance by the Administration regarding the validity of the resulting acts and the system itself. Finally, special attention is given to the impact of these technologies on the sanctioning process, considering the peculiarities of the smart city environment.

[es] El proceso de modernización tecnológica que estamos experimentando en los últimos años está impulsando grandes transformaciones en la Administración pública en todos sus ámbitos de actuación. A nivel local, la implantación de estas tecnologías ha creado nuevos entornos urbanos con la proliferación de proyectos e iniciativas de ciudades inteligentes, que permiten alcanzar grandes avances en cuanto a la agilización de trámites y la optimización de servicios públicos. Ahora bien, cuando se trata del ejercicio de potestades de sometimiento a control de actividades y conductas de los ciudadanos y de la represión de las eventuales infracciones —con la incorporación de sistemas automatizados y de herramientas de inteligencia artificial— nos encontramos con el riesgo de instaurar un sistema de vigilancia y represión potencialmente perfecto. Este control basado en tecnologías algorítmicas presenta numerosos retos que tienen, cabalmente, un impacto relevante sobre la posición jurídica de los ciudadanos, lo que exige prestar atención a los derechos y a las garantías exigibles para el ejercicio de esta grave potestad en este nuevo escenario. Tradicionalmente, las garantías para el ejercicio de la potestad sancionadora se habían venido materializando por conducto del procedimiento sancionador. Sin embargo, estos avances tecnológicos, que permiten reforzar aspectos relevantes para el ejercicio de esta potestad -como son la acreditación del hecho investigado y de la identidad del sujeto responsable-, en muy buena medida, transforman y desbordan el papel garantista del procedimiento sancionador que, de esta forma, se ve debilitado e incluso superado, llevándonos, en muchos casos, hacia una sanción tecnológica de plano. Tal debilitamiento del procedimiento administrativo sancionador como garantía, al pasar su importancia a un segundo plano, se ve aún más devaluado por la jurisprudencia que, tradicionalmente, ha venido a reducir el alcance invalidante de los defectos procedimentales en el ejercicio de esta potestad. A ello debe añadirse la plena incidencia de la normativa de protección de datos de carácter personal y del fenómeno de la externalización de importantes aspectos del ejercicio de la potestad sancionadora y el consiguiente protagonismo del sector privado. El trabajo realiza una serie de propuestas dirigidas a mantener las necesarias garantías exigibles en este nuevo escenario sobre la base de varios ejes que se centran en los hitos necesarios para su implantación, en el control de su diseño, en la corrección de su funcionamiento, así como en el alcance de los incumplimientos en que se pueda incurrir por parte de la Administración sobre la validez de los actos resultantes y del propio sistema. Finalmente se presta especial atención a la proyección de estas tecnologías en la tramitación de un expediente sancionador teniendo en cuenta las singularidades de la ciudad inteligente.