[en] Currently, the impact of human behaviour and activity on climate change is clear, and its negative consequences can be seen in all regions of the world. On the other hand, the international community is much more aware of the need to act urgently to fight against climate deterioration and pollution, quickly and forcefully, in order to reduce its negative effects in the economic and social context. In that frame, the different Governments and some International Organizations have adopted very ambitious roadmaps looking to satisfy the objectives of sustainable development, such as economic growth, the efficiency of the productive system, the reduction of poverty and inequalities, or the modification of consumption habits, with the environmental protection. Specifically, the 2030 Agenda on Sustainable Development adopted by the United Nations General Assembly on September 25, 2015 includes 17 goals and 169 targets, among them the so-called "climate action" that calls for the adoption of urgent measures to battle against climate change and its effects. Thus, among the intervention mechanisms of the public powers in this area, are included tax measures designed as a necessary instrument to finance spending on environmental protection and investment, as well as as a means to discourage some behaviors that are not very respectful of the environment, or to encourage other types of behaviors that are intended to promote. And since its relevance is quite accepted we have decided to analyze.

[es] Actualmente, las evidencias sobre la incidencia de la actividad humana en el cambio del clima son claras, y sus consecuencias negativas se aprecian en todas las regiones del mundo. Por otra parte, la comunidad internacional es mucho más consciente de la necesidad de actuar con urgencia para combatir el deterioro climático y la contaminación, circunstancias que reclaman actuar con rapidez y contundencia si se quiere frenar su impacto negativo en lo económico y en lo social. En este contexto, los distintos Gobiernos y algunas Organizaciones Internacionales han adoptado agendas de trabajo (roadmaps) muy ambiciosas que intentan conciliar los objetivos de desarrollo sostenible, como el crecimiento económico, la eficiencia del sistema productivo, la reducción de la pobreza y las desigualdades, o la modificación de los hábitos de consumo, con la protección del medio ambiente. En concreto, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 incluye 17 objetivos y 169 metas, entre ellos, la denominada "acción por el clima" que insta a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Así, entre los mecanismos de intervención de los poderes públicos en este ámbito, se incluyen las medidas de carácter tributario concebidas como un instrumento necesario para financiar el gasto en protección e inversión medioambiental, al tiempo que, como un medio para desincentivar algunas conductas poco respetuosas con el entorno o, por el contrario, para incentivar comportamientos que desde la perspectiva medioambiental se consideran positivos. Y dado que su pertinencia está bastante defendida, resulta igualmente necesario analizar la efectividad de este tipo de instrumentos en relación a las expectativas de transformación que plantea Naciones Unidas.