[en] Illicit financial flows (IFFs) deprive low-income countries of essential revenues while donors' willingness to fund aid budgets dwindles. IFFs related to foreign direct investment and trade include transfer mispricing, trade mispricing and profit shifting. Policy options to curb IFFs range from short-term fixes to mid-term measures that adjust legal instruments and improve coordination between countries, to more fundamental structural reforms that require a longer time horizon. Which policies are effective and should be pursued is a highly contested point, slowing down the progress of reform. This is unsurprising as reducing IFFs involves a distributional conflict: more for those deprived of revenues now means less for those who currently benefit. We conduct a Q-methodology study among IFF policy experts. We use Q-methodology to reveal participants' policy preferences and tease out lines of contestation and areas of agreement to identify the policy space available in which to advance reform. We find tensions existing amid preferences for short-term fixes and for more comprehensive structural reforms; tensions regarding the question of extending legal liability to those facilitating and assisting in the creation of IFFs; and tensions over whether and to what extent host countries should be empowered to curb IFFs using their legislative sovereignty. Policy measures to increase targeted transparency that is directly actionable to tax administrations in host countries are the most likely to garner approval from all stakeholders.

[es] Los flujos financieros ilícitos (FFI) privan a los países de renta baja de ingresos esenciales, al tiempo que disminuye la disposición de los donantes a financiar los presupuestos de ayuda. Los FFI relacionados con la inversión extranjera directa y el comercio incluyen la fijación de precios erróneos en las transferencias, la fijación de precios erróneos en el comercio y el traslado de beneficios. Las opciones políticas para frenar los FFI van desde soluciones a corto plazo a medidas a medio plazo que ajustan los instrumentos jurídicos y mejoran la coordinación entre países, hasta reformas estructurales más fundamentales que requieren un horizonte temporal más largo. Qué políticas son eficaces y deben aplicarse es un punto muy discutido, lo que ralentiza el avance de las reformas. No es de extrañar, ya que la reducción de los FFI entraña un conflicto distributivo: más para los que carecen de ingresos significa menos para los que se benefician de ellos. Realizamos un estudio de metodología Q entre expertos en políticas de FFI. Utilizamos la metodología Q para revelar las preferencias políticas de los participantes y desentrañar las líneas de contestación y las áreas de acuerdo para identificar el espacio político disponible en el que avanzar en la reforma. Encontramos tensiones entre las preferencias por soluciones a corto plazo y por reformas estructurales más amplias; tensiones en torno a la cuestión de ampliar la responsabilidad legal a quienes facilitan y ayudan a la creación de FFI; y tensiones sobre si los países receptores deberían estar facultados para frenar los FFI utilizando su soberanía legislativa, y en qué medida. Las medidas políticas destinadas a aumentar la transparencia y directamente aplicables a las administraciones fiscales de los países receptores son las que más probabilidades tienen de obtener la aprobación de todas las partes interesadas.