[en] The 2008 Constitution defines Ecuador as a constitutional State of rights and justice, social, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, plurinational and secular, for which it adheres to the philosophical, legal and political current of the fair State1, the tutelage strong of rights, the normative force of the Constitution and the democratic principle of popular sovereignty. The new Charter was ascribed to neo-constitutionalism, and as a consequence of the adoption of the State model, it became the constitutionalization of the legal system and the constitutionalization of administrative law in particular, as well as the constitutionalization of public administration. According to the Constitutional Court itself, with the entry into force of the Constitution, "the adoption of neo-constitutionalism as a State ideology"2 was operated, but a new type of law also emerged, the constitutionalized right of values, principles, rules, weighting and legal pluralism. This new political legal model conditions the meaning of public administration, which it defines as a service to the community governed by the principles of effectiveness, efficiency, quality, hierarchy, deconcentration, decentralization, coordination, participation, planning, transparency and evaluation3. On the other hand, the Código Orgánico Administrativo4, in force since July 2018, promulgated almost ten years after the issuance of the Constitutional Charter, models the profile of the public administration so that it corresponds to the fundamental order and is subordinate to it. Thus, the new code enshrines the "fundamental right to good public administration", develops the constitutional principles and adds others, which make up the axiological plexus that defines the public administration diagrammed by the legal system, such as legality, responsibility, proportionality and good faith. With these antecedents, this thesis explains the essential features of the public administration model that is inherent to the constitutional State of rights and justice, differentiating it from the public administration model of the State based on law; analyzes the fundamental aspects that make up this political legal model and its relationship with the elements of public administration; and, bases the proposal for the construction of a system of standards and performance indicators pertaining to public administration, so that it is in harmony with the constitutional state model of rights and justice. The thesis revolves around the essential question, how to contribute to the realization of the public administration model in correspondence with the model of the constitutional State of rights and justice in Ecuador? It is based on the hypothesis according to which the concretion of a public administration model compatible with the constitutional State of rights and justice, will be possible through the definition of standards and performance indicators that approximate the theoretical duty with the real practices of the administrative function of the State. The thesis covers the study of the constitutional state model of rights and justice; the constitutionalization of law in general and of administrative law in particular; the trends of the administrative function and administrative law; the implications of the fundamental political legal model in public administration; the rights and fundamental guarantees of citizens vis-à-vis the public administration; citizen participation and public administration; transparency and public administration; constitutional jurisprudence and public administration; standards and indicators of public administration required by the constitutional State of rights and justice.

[es] La Constitución de 2008 define al Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico1, por lo que se adhiere a la corriente filosófica, jurídica y política del Estado justo, la tutela fuerte de los derechos, la fuerza normativa de la Constitución y el principio democrático de soberanía popular. La nueva Carta se adscribió al neoconstitucionalismo, y como consecuencia de la adopción del modelo de Estado, devino la constitucionalización del ordenamiento jurídico y la constitucionalización del derecho administrativo en particular, así como la constitucionalización de la administración pública. Según la propia Corte Constitucional, con la entrada en vigencia de la Constitución, se operó "la adopción del neoconstitucionalismo como ideología de Estado"2, pero también surgió un nuevo tipo de derecho, el derecho constitucionalizado de los valores, los principios, las reglas, la ponderación y el pluralismo jurídico. Este nuevo modelo jurídico político condiciona el sentido de la administración pública, a la que define como un servicio a la colectividad regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación3. Por otra parte, el Código Orgánico Administrativo4, vigente desde julio de 2018, promulgado casi diez años después de la expedición de la Carta constitucional modela el perfil de la administración pública para que ésta se corresponda con el orden fundamental y se subordine a él. Así, el nuevo código consagra el "derecho fundamental a la buena administración pública", desarrolla los principios constitucionales y agrega otros, que integran el plexo axiológico que define a la administración pública diagramada por el ordenamiento jurídico, como los de juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad y buena fe. Con estos antecedentes, la presente tesis explica los rasgos esenciales del modelo de administración pública que le es inherente al Estado constitucional de derechos y justicia, diferenciándolo del modelo de administración pública del Estado basado en la ley; analiza los aspectos fundamentales que configuran ese modelo jurídico político y su relación con los elementos de la administración pública; y, fundamenta la propuesta para la construcción de un sistema de estándares e indicadores de desempeño atinentes a la administración pública, a fin de que ésta guarde armonía con el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. La tesis gira en torno a la pregunta esencial ¿cómo contribuir a la concreción del modelo de administración pública en correspondencia con el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador?. Se parte de la hipótesis según la cual la concreción de modelo de administración pública compatible con el Estado constitucional de derechos y justicia, será posible a través de la definición de estándares e indicadores de desempeño que aproximen el deber ser teórico con las práctica reales de la función administrativa del Estado. La tesis abarca el estudio del modelo de Estado constitucional de derechos y justicia; la constitucionalización del derecho en general y del derecho administrativo en particular; las tendencias de la función administrativa y del derecho administrativo; las implicaciones del modelo jurídico político fundamental en la administración pública; los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos frente a la administración pública; la participación ciudadana y la administración pública; la transparencia y la administración pública; la jurisprudencia constitucional y la administración pública; estándares e indicadores de la administración pública que exige el Estado constitucional de derechos y justicia.