[en] In this PhD thesis we deal compare how the constitutional jurisdiction of Brazil and Spain act in the defense of fundamental rights. More specifically it comes to studying constitutional models in Brazil and Spain, as well as the specific mechanisms exist for the protection of fundamental rights in each of these countries the level of constitutional jurisdiction.

[es] En la presente Tesis Doctoral nos ocupamos de comparar el modo en que la jurisdicci?n constitucional de Brasil y de Espa?a act?an en la defensa de los derechos fundamentales. M?s espec?ficamente se trata de estudiar los modelos de constitucionalidad en Brasil y en Espa?a, as? como de los mecanismos espec?ficos existentes para la defensa de los derechos fundamentales en cada uno de estos pa?ses en el nivel de la jurisdicci?n constitucional. En efecto, percibimos que en Brasil el control mixto de constitucionalidad es de competencia del Supremo Tribunal Federal, quien en el ejercicio de la actividad concentrada juzga los procesos de control de constitucionalidad a trav?s de la acci?n directa de inconstitucionalidad y de la acci?n declaratoria de constitucionalidad; y, en la competencia difusa, juzga en ?ltima instancia, el recurso extraordinario que proviene de la verificaci?n de la inconstitucionalidad por los jueces y dem?s tribunales a partir de un caso concreto. Adem?s de estos principales procesos constitucionales verificaremos la existencia de la inconstitucionalidad por omisi?n que intenta suprimir las omisiones legislativas que impiden el desarrollo de las garant?as constitucionales. En Espa?a el control de constitucionalidad es competencia del Tribunal Constitucional y se realiza por medio del control concentrado caracterizado por el recurso de inconstitucionalidad; y por el control incidental en el cual identificamos la cuesti?n de inconstitucionalidad como instrumento h?bil para la verificaci?n de la inconstitucionalidad a partir de un caso concreto. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con el sistema brasile?o, el orden constitucional espa?ol permite el control previo de inconstitucionalidad de los Tratados Internacionales. Y todav?a, permite que por medio de la denominada autocuesti?n de inconstitucionalidad se pueda proponer una acci?n concentrada de inconstitucionalidad a partir de un recurso de amparo. La comparaci?n realizada en este trabajo nos permite defender la tesis de que a pesar de los distintos modos de acomodaci?n de la jurisdicci?n constitucional ambos pa?ses ? Brasil y Espa?a - todav?a no encontraron la piedra angular de convivencia arm?nica entre los Tribunales Constitucionales encargados de la guardia y custodia de la Constituci?n y los dem?s ?rganos del poder judicial. Evidentemente se nota, en cada pa?s a su modo, la b?squeda insistente en reforzar la jerarqu?a de las Cortes Constitucionales y minusvalorar, en cierto modo, el papel de la justicia ordinaria. Esta es una herencia del modelo concentrado de constitucionalidad creado por Hans Kelsen seg?n el cual el ?nico guardi?n de la Constituci?n deb?a ser un Tribunal situado fuera del sistema judicial. Sin embargo, como hemos enunciado en nuestro an?lisis la jurisdicci?n constitucional asumi? caracter?sticas h?bridas que necesitan ser concebidas con coherencia, en la actualidad, por los sistemas jurisdiccionales de Brasil y Espa?a. Mantenemos la tesis de que se debe comprender la hibridaci?n del control de constitucionalidad y la defensa de los derechos fundamentales en un equilibrio de competencias entre las Cortes Supremas y el poder judicial ordinario, respetando las particularidades de cada orden constitucional. En Brasil la situaci?n de desequilibrio para la protecci?n de los derechos fundamentales se torna m?s complicada porque al optar por vinculaciones formales de la jurisprudencia otros recursos y acciones son utilizados para asegurar que la vinculaci?n sea cumplida incrementando cada d?a m?s la capacidad de plantear procesos al STF. Adem?s, defendemos la tesis de que la naturaleza diferenciada de los derechos fundamentales requiere que el ?rgano capaz de decidir sobre el fondo de una controversia acceda siempre a su verificaci?n, para que a partir de ella pueda identificar los rasgos diferenciales en cada caso, permitiendo reparar el derecho violado, sentar doctrina que facilite la uniformizaci?n procesal y cambiar la doctrina ya asentada que evidencie violaciones en nuevos casos sometidos previamente a la consideraci?n de los operadores jurisdiccionales. En este caso, creemos acertado que en Brasil es importante la configuraci?n de un filtro diferencial en la repercusi?n general para examinar los recursos extraordinarios que versen sobre derechos fundamentales, permiti?ndoles siempre llegar al Supremo Tribunal Federal. Nuestra tesis consiste en atribuir un ?sub-filtro? especial o sea el reconocimiento, por los tribunales ordinarios y por el Supremo Tribunal Federal, de la repercusi?n general y especial trascendencia constitucional a todos los recursos extraordinarios que tengan por objeto los derechos fundamentales consagrados en la Constituci?n, en raz?n de las siguientes proposiciones: En el nivel de la jurisdicci?n constitucional brasile?a el ?rgano que detenta la ?ltima palabra sobre la guardia de la Constituci?n es el Supremo Tribunal Federal. La responsabilidad internacional por indefensi?n de los derechos fundamentales recaer? sobre el Poder Ejecutivo desde que la demanda se deje de tramitar ante todas las instancias jurisdiccionales previstas por la Constituci?n y, en este caso, la ?ltima instancia que debe asegurar la reparaci?n del derecho vulnerado es el Supremo Tribunal Federal. En el recurso extraordinario el primer procedimiento de admisi?n a tr?mite ocurre ante los tribunales ordinarios que suspender?n los m?ltiples recursos que versen sobre una determinada materia, aguardando la decisi?n del Tribunal Supremo acerca de un ?nico recurso paradigm?tico, que servir? de base para que el tribunal de origen resuelva los dem?s recursos suspendidos. Pero, en materia de derechos fundamentales, dada su naturaleza principiol?gica, que se va a concretar en cada caso, se pueden presentar elementos diferenciales que permitan al Supremo Tribunal Federal cambiar su doctrina constitucional y, por lo tanto, no puede quedar a cargo de los tribunales ordinarios rechazar la admisi?n a tr?mite de recursos de esta naturaleza. El recurso extraordinario que trate de violaci?n de un derecho fundamental debe siempre ser concebido como dotado de repercusi?n general y trascendencia constitucional. La repercusi?n general jur?dico-pol?tica, definida por la legislaci?n vigente, es evidenciada delante de la obligada tarea del sistema constitucional brasile?o de permitir la tramitaci?n de la demanda hasta la ?ltima instancia prevista para tal fin, evitando que el pa?s sea procesado por irresponsabilidad internacional. Adem?s, en determinados casos, en que el recurso extraordinario tenga por objeto derechos sociales o difusos, la repercusi?n social completa la primera hip?tesis evidenciando doble satisfacci?n de la configuraci?n de la repercusi?n general. La especial trascendencia constitucional es caracter?stica intr?nseca de los recursos extraordinarios sobre derechos fundamentales dada la necesidad de que el Supremo Tribunal Federal pueda sentar jurisprudencia constitucional con eficacia ?erga omnes? o vincular el entendimiento en los sumarios vinculantes para servir de base al control difuso de constitucionalidad evitando el planteamiento de nuevos recursos extraordinarios, una vez que la cuesti?n sea solucionada por el juez ordinario. Todos los tribunales de origen deber?n filtrar los recursos extraordinarios sobre derechos fundamentales, justificar la existencia de la repercusi?n general jur?dico-pol?tica y social (dependiendo del grupo de derechos vulnerados), as? como la especial trascendencia constitucional y elevar la cuesti?n al Supremo Tribunal Federal, comprendiendo que para esta materia el sistema de suspensi?n de m?ltiples recursos puede dar causa a indefensi?n y responsabilidad internacional del Brasil por incumplimiento de las responsabilidades internacionalmente asumidas. El Pleno del Supremo Tribunal Federal debe privilegiar el an?lisis de los recursos extraordinarios sobre derechos fundamentales permitiendo la continuada revisi?n de su jurisprudencia en materia de estos derechos. En este sentido, defendemos la tesis de que sea firmada jurisprudencialmente, por el Supremo Tribunal Federal, una decisi?n con efecto vinculante que asegure el reenv?o por los tribunales a quo, de los recursos extraordinarios sobre derechos fundamentales, estableciendo un filtro especial ajeno al sistema de la masificaci?n del juzgamiento de los m?ltiples recursos de que deben conocer los tribunales ordinarios. La tesis defendida encuentra amparo en la propia Constituci?n no habiendo contrariedad a cualquier precepto constitucional, sino adecuaci?n de la legislaci?n procesal ordinaria que tampoco determina de forma r?gida los recursos que deben ser objeto de juzgamiento reflejo por m?ltiples recursos encargados a los tribunales ordinarios. As? pues, hay que considerar que el recurso extraordinario, en Brasil, tiene un rol amplio de asuntos que pueden ser arg?idos en el control difuso de inconstitucionalidad y no todos se relacionan con derechos fundamentales. Por esto no hay en Brasil, como hay en Espa?a, una pr?ctica de d?cadas de uniformizaci?n jurisprudencial en materia de derechos fundamentales, lo que se acent?a por la dispersi?n de las decisiones de los jueces en el control difuso de constitucionalidad que muchas veces son contradictorias. Sumada a esta propuesta defendemos la tesis de que ser? posible disminuir la sobrecarga del Tribunal Supremo cuando haya una mayor valorizaci?n de la competencia de los jueces ordinarios en las decisiones relativas a los recursos extraordinarios, impartidas en el control difuso de inconstitucionalidad. El reforzamiento del control concentrado de constitucionalidad en Brasil ha dado margen para divergencias jurisprudenciales entre los jueces ordinarios y el propio STF porque se nota una imposici?n de jurisprudencia vinculadora formal, algunas veces dudosas, y un desprestigio en considerar las decisiones que partiendo de un caso concreto evidencian que el tratamiento deber?a ser distinto, pero en nombre de la optimizaci?n procesal el STF niega el conocimiento del asunto causando indefensi?n del derecho. As? las cosas, el control difuso se convierte en un importante actor para la defensa de los derechos fundamentales, reparando la ofensa del derecho en el proceso originario y evitando que recursos extraordinarios sean propuestos ante el Supremo Tribunal Federal. El fortalecimiento del control difuso de constitucionalidad en ninguna hip?tesis superar? la posici?n del Supremo Tribunal Federal como m?ximo guardi?n de la Constituci?n, sino que trabajar? potenciando el di?logo para evitar que conflictos y divergencias jurisprudenciales constantes terminen siendo resueltas por imposici?n de sumarios vinculantes o por efectos vinculantes del control concentrado que ni siquiera entraron a conocer la cuesti?n causando indefensi?n de un derecho. En este aspecto defendemos la tesis de que Brasil debe reordenar la articulaci?n entre el control de constitucionalidad, concibiendo un mayor di?logo entre el STF y los jueces ordinarios como forma de permitir que los actores implicados en el control de constitucionalidad, a partir de un caso concreto, puedan defender sus argumentos llevados a la m?xima consideraci?n con relaci?n a la definici?n de por qu? el STF deber?a revisar su doctrina respecto a aquella determinada demanda. Esta pr?ctica, adem?s de proporcionar coherencia y uniformizaci?n jurisprudencial, evitando divergencias entre las instancias judiciales, llevar?a a la necesaria desconcentraci?n de las tomas de decisiones permitiendo que el control difuso asuma un protagonismo en la defensa de los derechos fundamentales con lo que se evitar?a que muchas demandas llegasen hasta el Tribunal Supremo. Esta proposici?n no implicar?a cualquier alteraci?n legislativa sino un cambio de cultura jur?dica en un control mixto de constitucionalidad que a pesar de la determinaci?n constitucional de atribuir competencia a todos los jueces para la garant?a de los derechos fundamentales el STF no se libr? de los peligros de su concentraci?n de autoridad judicial durante el periodo desgraciado de Dictadura Militar. Por su parte, el modelo reformado en 2007, en Espa?a, no presenta problemas en cuanto a la imposibilidad de que la violaci?n de un derecho fundamental llegue al Tribunal Constitucional, ya que en el ?mbito de la jurisdicci?n constitucional este es el ?nico ?rgano encargado de conocer del amparo constitucional. Sin embargo, aunque se haya optado por asumir la inversi?n del procedimiento de inadmisi?n para la admisi?n a tr?mite no habr? f?rmula m?gica que evite que sea un ?nico Tribunal el que resuelva todos los recursos de amparo constitucional en la jurisdicci?n espa?ola. A pesar de la mayor influencia de la herencia del control concentrado de constitucionalidad del modelo europeo, la hibridaci?n del sistema y la recepci?n de elementos del control difuso de inconstitucionalidad necesitan ser revisadas para permitir una mayor desconcentraci?n de la actividad jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales. Esta hibridaci?n que defendemos demanda que sus principios sean trasladados al recurso de amparo constitucional, ya que a d?a de hoy la cuesti?n de inconstitucionalidad no puede ser interpuesta por las partes que quedan limitadas ?nicamente a instar la cuesti?n y a manifestarse en ella; adem?s, el amparo constitucional es el recurso espec?fico y excepcional para la defensa de los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Tras la reforma del a?o 2007 de la LOTC el procedimiento de nulidad de actuaciones, en cuanto recurso de ?amparo ordinario?, ha sido recibido con dudosa utilidad y con amplias cr?ticas dada la cuestionada posibilidad de que los jueces a quo revisar?an sus propias decisiones. Varias propuestas van en el sentido de la necesidad de unificar las v?as de protecci?n ordinaria de los derechos fundamentales y desarrollar el dispositivo constitucional que regula el amparo ordinario, a tenor del art?culo 53.2 de la CE. Creemos que un procedimiento ante la justicia ordinaria que permita la unificaci?n de la tramitaci?n del amparo ordinario, pensado a partir de la posibilidad de juzgamiento de m?ltiples recursos podr? ser ?til para evitar la dispersi?n de las v?as ordinarias y, al mismo tiempo, estar garantizado un procedimiento que permita al ?rgano competente agilizar la toma de decisiones en procesos que versen sobre misma materia, lo que para Espa?a no ser? de todo complicado ya que la jurisprudencia constitucional que uniformiza la doctrina a ser aplicada por la justicia ordinaria ya est? asentada desde hace m?s de veinte a?os. Lo fundamental en esta estructuraci?n ser?a considerar que por haber una ?nica v?a constitucional de amparo la doctrina del Tribunal Constitucional pudo construir precedentes jurisprudenciales consolidados que sirven de base para la jurisdicci?n ordinaria y, por lo tanto, estando asentada la interpretaci?n conforme la Constituci?n, adem?s de haber sido reforzada la posici?n del Tribunal para modificar o anular las decisiones del poder judicial, el mejor camino es trabajar cada vez m?s en pro de la desconcentraci?n de la toma de decisiones en materia de amparo de derechos. Sin embargo, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional espa?ol, se centra principalmente en los derechos y libertades individuales (Arts. 14-29 de la CE). Creemos en la necesidad de que en el constitucionalismo contempor?neo los sistemas constitucionales concedan un trato similar en el aspecto jurisdiccional de la garant?a a los derechos fundamentales constitucionales en sus distintas dimensiones: de libertad, de igualdad y de solidaridad. En funci?n de las conclusiones anteriores es conveniente que se apueste en Espa?a por la imperiosa necesidad de adoptar acciones procesales que protejan de forma adecuada y eficiente los derechos colectivos y los derechos difusos; posibilitando, adem?s, la decisi?n judicial sobre una controversia que afecte tanto a sujetos colectivos como a los titulares indeterminados de derechos. Todo ello en cuanto modelo destinado a garantizar mejor el ejercicio de los derechos de la ciudadan?a. A este respecto pueden servir de modelo algunos ejemplos adoptados en Brasil, como las acciones constitucionales. El camino a seguir, tanto en Brasil como en Espa?a, es en nuestra opini?n, potenciar la real y efectiva protecci?n de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicci?n ordinaria. De este modo, el m?s adecuado no es insistir en la implantaci?n y desarrollo de instituciones jur?dicas que siguen de cerca el modelo del ?certiorari?, que ha sido pensado esencialmente para un sistema difuso de vinculaci?n gracias al principio del ?stare decisis?. Tampoco ser? necesario un filtro de admisi?n a tr?mite o el establecimiento de procedimientos especiales que frenen el incremento de los recursos planteados, sino que la descentralizaci?n del proceso de toma de decisiones judiciales posibilita una mayor eficacia en el trabajo del supremo int?rprete constitucional, ?rgano de cierre del sistema jur?dico y pol?tico, tanto en Brasil como en Espa?a.