[en] Politically motivated crime in its various forms has traditionally been a problem for prison administration. The conception of these individuals as criminals who acted for altruistic causes justified during much of the nineteenth century a more benign regime. The end of the nineteenth century brought the emergence of a new type of political violence inspired by the principles of propaganda by the deed. The emergence of terrorism, initially linked to social problems and class struggle, meant a change in the way in which this new form of violent crime was treated. This phenomenon directly attacked the foundations of the liberal state that had been consolidated throughout the nineteenth century. Among the institutions of this liberal state that were refuted by the new political currents such as anarchism and communism, the one that caused the greatest rejection was prison. The prison became one of the main instruments of control of the State. At the same time, it became an ideological battlefield that served as a school of political thought and a symbol of numerous social and political struggles. This dynamic took hold during the twentieth century with successive waves of terrorism. If during the first third of the century, the protagonist was anarchism, the sixties, seventies and eighties brought to prisons the conflict between States and numerous nationalist and extreme left terrorist groups. States were forced to adopt numerous measures in relation to prisons. These measures included the construction of high-security prisons and the adoption of legislative measures in the penitentiary area. Prison policies became part of anti-terrorism policy. The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century marked the rise of jihadist terrorism. The generalization of actuarialism and managerialism in penal and penitentiary policy influenced in turn the way in which the management of prisoners linked to jihadist terrorism has been approached. Spain has followed the same process in its prison response to the phenomenon of terrorism. If a policy of collective containment was used with the prisoners of ETA and GRAPO, with the jihadist prisoners, a technical approach has been chosen that considers possible the adoption of deradicalization measures. This technical approach, which also involves a "depoliticization" of the management of this new group is also based on risk assessment and anticipation techniques. At the same time, however, it has meant a whole new category of suspicious inmates, susceptible to radicalization.

[es] La delincuencia de motivación política en sus distintas formas ha supuesto tradicionalmente un problema para la administración penitenciaria. La concepción de estos individuos como delincuentes que obraban por causas altruistas justificó durante buena parte del siglo XIX un régimen más benigno. El final del siglo XIX trajo la aparición de un nuevo tipo de violencia política inspirada en los principios de la propaganda por el hecho. La aparición del terrorismo, vinculado inicialmente a problemas sociales y de lucha de clases, supuso un cambio en el modo en el que se trataba esta nueva forma de delincuencia violenta. Este fenómeno atacaba directamente a las bases del Estado liberal que se había consolidado a lo largo del siglo XIX. Entre las instituciones de ese Estado liberal que eran rebatidas por las nuevas corrientes políticas como el anarquismo y el comunismo, la que causaba mayor rechazo era la prisión. La cárcel pasó a convertirse en uno de los principales instrumentos de control del Estado. Al mismo tiempo, se convirtió en un campo de batalla ideológico que sirvió de escuela de pensamiento político y de símbolo de numerosas luchas sociales y políticas. Esta dinámica se afianzó durante el siglo XX con las sucesivas olas del terrorismo. Si durante el primer tercio del siglo, el protagonismo fue del anarquismo, las décadas de los sesenta, setenta y ochenta trajeron a las cárceles el conflicto entre los Estados y numerosos grupos terroristas nacionalistas y de extrema izquierda. Los Estados se vieron obligados a la adopción de numerosas medidas con relación a las prisiones. Estas medidas incluyeron la construcción de cárceles de alta seguridad y la adopción de medidas legislativas en el ámbito penitenciario. Las políticas penitenciarias se convirtieron en parte de la política antiterrorista. El final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI supusieron el auge del terrorismo yihadista. La preocupación por el proselitismo en las cárceles supuso la generalización del miedo a que las prisiones se convirtieran en "escuelas de yihadistas". La generalización del actuarialismo y el gerencialismo en la política penal y penitenciaria influenciaron a su vez el modo en el que se ha abordado la gestión de los reclusos vinculados al terrorismo yihadista. España ha seguido el mismo proceso en su respuesta penitenciaria al fenómeno del terrorismo. Si con los presos de ETA y el GRAPO se utilizó una política de contención colectiva, con los presos yihadistas se ha optado por un enfoque técnico que considera posible la adopción de medidas de desradicalización. Este enfoque técnico, que implica además una "despolitización " de la gestión de este nuevo colectivo se basa además en técnicas de evaluación y anticipación del riesgo. Sin embargo, al mismo tiempo ha supuesto toda una nueva categoría de internos sospechosos, susceptibles de radicalización.