[en] This article deals with the results obtained in a research being carried out within the framework of the project "EnerValor" (EnerValor, 2015), with the aim of analysing the positive effects that an intersectional regulatory framework can achieve in the process of ecological transition undertaken from the Spanish State. In this process highlights as a fundamental element the improvement of the energy efficiency conditions of buildings, both new construction and those undergoing rehabilitation (art. 3.3) (Real Decreto Legislativo 7/2015).The methodology used has consisted in the analysis and evaluation of several mandatory standards in areas such as urban planning, the environment and the building industry and always referring to new residential buildings and refurbishment of existing ones to achieve the strategic objectives set out in the European Energy Action Plan: 2020, 20% reduction in consumption, 20% introduction of renewables, 20% reduction in greenhouse gas emissions ([COM(2010) 639 final de 10.11.2010]). Together with this, the next milestone is that of Europe 2030 developed through a framework for action on climate change and energy policy. This framework aims to support progress towards the development of a competitive economy and a secure energy system (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC).The norms analysed have as a common thread the Law of Urban Land and Rehabilitation because, based on the principle of sustainable urban and territorial development, it prescribes that regulation, planning, occupation, transformation and land use have as their common purpose their use in the general interest. Natural resources need to be used rationally by harmonizing the requirements of the economy, employment, social cohesion, equal treatment and opportunities, health and safety of people and environmental protection (art. 3.1 y art. 3.2) (Real Decreto Legislativo 7/2015). This Law requires the evaluation and monitoring of the sustainability of urban development with the guarantee of technical and economic viability of urban environment actions. To this end, is required the authorities responsible for urban planning and implementation to draw up a report on the monitoring of urban development activities falling within their competence, which should consider both environmental and economic sustainability (art. 22.6) (Real Decreto Legislativo 7/2015).The regulations and documents discussed in the context described above are as follows:- National Climate Change Adaptation Plan (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC). Work programs and monitoring reports.- Energy aid programme for heating, domestic hot water or kitchen, better known as "Thermal social bonus". (Bono social térmico).- Electric Bill Discount Program aimed at vulnerable consumers, better known as "Electric social bonus" (Bono social eléctrico).- Law on urgent measures for energy transition and consumer protection (Real Decreto-ley 15/2018).- Law on administrative, technical and economic conditions for the self-consumption of electricity (Real Decreto 244/2019).The results of the analysis carried out allow us to state the following:- The Law of Urban Land and Rehabilitation (Real Decreto Legislativo 7/2015) contains the legal and management mechanisms that make buildings' energy efficiency policies more effective through collective actions in large areas of the new or existing city.- Recent regulations on climate change and environmental sustainability enable effective action on vulnerable areas of the existing city.

[es] El presente artículo trata sobre los resultados obtenidos en una investigación que se está desarrollando en el marco del proyecto "EnerValor" (EnerValor, 2015), con el objetivo de analizar los efectos en positivo que desde un marco regulador interseccional se pueden conseguir en el proceso de transición ecológica emprendido desde el estado español. En este proceso destaca como elemento fundamental la mejora de las condiciones de eficiencia energética de los edificios, tanto de obra nueva como los sometidos a rehabilitación (art. 3.3) (Real Decreto Legislativo 7/2015).La metodología empleada ha consistido en el análisis y valoración de varias normas de obligado cumplimiento en materias como la urbanística, la medioambiental y la edificatoria y siempre referida a nuevas edificaciones residenciales y a la rehabilitación de las existentes para conseguir los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Acción Energético Europeo: año 2020, 20% reducción de consumo, introducción del 20% de renovables, recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% ([COM(2010) 639 final de 10.11.2010]). Unido a ello, el siguiente hito es el de la Europa 2030 que se desarrolla mediante un marco de actuación en materia de cambio climático y política energética, que tiene como objeto el apoyar el progreso hacia el desarrollo de una economía competitiva y un sistema seguro de energía (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC).Las normas analizadas han tenido como hilo conductor a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana porque a partir del "Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible" prescribe que la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común su utilización de acuerdo al interés general. Es necesario que se utilicen de forma racional los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medioambiente (art. 3.1 y art. 3.2) (Real Decreto Legislativo 7/2015). En esta Ley se exige la evaluación y el seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano con la garantía de viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. Para ello, obliga a las administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas la elaboración de un "informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística" de su competencia, que debe considerar la sostenibilidad ambiental y también la económica (art. 22.6) (Real Decreto Legislativo 7/2015).Las normas y documentos analizados en el contexto descrito con anterioridad son las que se indican a continuación:- PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC). Programas de trabajo e Informes de seguimiento.- Programa de ayudas de energía en calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, más conocido como "Bono social térmico" (Bono social térmico).- Programa de descuento de la factura eléctrica dirigido a consumidores vulnerables, más conocido como "Bono social eléctrico" (Bono social eléctrico).- Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (Real Decreto-ley 15/2018).- Real Decreto 244/2019 de condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (Real Decreto 244/2019).Los resultados del análisis realizado nos permiten afirmar lo siguiente:- La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) contiene los mecanismos jurídicos y de gestión que permiten hacer más eficaces las políticas de eficiencia energética de los edificios por medio de actuaciones colectivas en amplias zonas de la ciudad nueva o existente.- Las recientes normas sobre cambio climático y sostenibilidad medioambiental permiten actuar de forma eficaz sobre las zonas vulnerables de la ciudad existente.