[en] This work studies medical and farmacist expertise in a set of lawsuits that occurred in the second half of the seventeenth century, first in the Crown of Castile (Seville, 1659; Burgos, 1666) and later in the kingdom of Aragon (Zaragoza, 1698 -1701). The accusations were directed against the tobacco manufacturers, for alleged adulteration of the tobacco snuff and, in one case, against the projected construction of a mill in the center of Zaragoza. Everything suggests that these trials used the expertise of the health professions in an unusually intense way, and they did so in areas where it was not very frequent, since the quality of goods and urban environment were traditionally managed by the municipalities. The shift of expertise to the medical professions would have been facilitated in this case by the special characteristics that the tobacco tax monopoly had given to the tobacco business, in terms of the size of the company, exploitation regime, and fiscal relevance for the crown. To this should be added the presumed medical value of a colonial plant without local tradition, whose value had been built throughout the preceding century by the same professions that were now consulted about the convenience of mixing moss with snuff, or the suspected presence of ground glass in the snuff. The regime of exploitation of the tobacconist as an unstable lease to individuals encouraged in them the temptation to cheat. Contracts in the Crown of Castile did not contain clauses relating to product quality, while those of Aragon did provide penalties for poor quality, but nowhere was it specified what this consisted of. This situation led, in case of conflict, to deciding the standards of the product a posteriori, in lawsuits where the experts testified on an absolutely key issue for their resolution. Potentially, therefore, the transfer of judicial function to the expert was very large. In the processes of the Crown of Castile, the attribution of expertise falls almost exclusively on the practitioners of medicine most legitimized by the authorities: physicists, apothecaries and surgeons, with a particular preeminence of the former. There is no evidence that other figures such as tobacco mercants or tobacconists were consulted. In contrast, in the case of adulteration in Zaragoza, the attribution of expertise changes throughout the process. Initially, local officials intervene, applying the conceptual framework of "commodity fraud" to the tobacco case. The evolution of the process discredits them as experts, the authorities giving preference to the doctrine on tobacco adulteration contained in a medical brochure, which is used to establish a criterion on the quality of tobacco. In fact, the same brochure is also used to justify the harmlessness of the tobacco factory mentioned above. In any case, it seems that the use of medical expertise in this area had little continuity due to the change in the exploitation regime of the tobacco tax monopoly, which began to be directly managed by the Crown. Consideration of these trials points to the causes stimulate the use of medical expertise, and by extension the process of medicalization.

[es] Este trabajo estudia la peritación de médicos y boticarios en una serie de pleitos ocurridos en la segunda mitad del siglo XVII, primero en la Corona de Castilla (Sevilla, 1659; Burgos, 1666) y en el reino de Aragón después (Zaragoza, 1698-1701). Las acusaciones se dirigían contra los fabricantes de tabaco, por adulteración del tabaco en polvo y, en un caso, contra la instalación de un molino en el centro de Zaragoza. Todo indica que estos juicios utilizaron de forma inusualmente intensa la peritación de las profesiones de la salud, y lo hicieron en áreas donde tampoco era muy frecuente, puesto que la calidad de las mercancías y la limpieza urbana eran gestionadas tradicionalmente dentro las atribuciones de la policía de mercado, por cargos y trabajadores municipales. El desplazamiento de la pericia hacia las profesiones de la medicina habría sido facilitado en este caso por las características especiales que la medida mercantilista del estanco había otorgado al negocio del tabaco, en términos de magnitud de la empresa, régimen de explotación, y relevancia fiscal para la Corona. A lo anterior habría que añadir la naturaleza supuestamente medicinal de un producto colonial sin tradición local, la valía medicinal del cual había sido construida a lo largo de la centuria precedente por las mismas profesiones a las que ahora se consultaba sobre la conveniencia de mezclar musgo con el tabaco, o la presencia de polvo de vidrio en un tabaco sospechoso. El régimen de explotación del estanco como arrendamiento inestable a particulares estimulaba en estos la posibilidad del fraude. Los contratos en la Corona de Castilla no contenían cláusulas relativas a la calidad del producto, mientras que los del Aragón sí preveían penas para la mala calidad, pero en ninguna parte se especificaba en que consistía esta. Esta situación abocaba, en caso de conflicto, a decidir los estándares del producto a posteriori, en juicios donde los peritos deponían sobre una cuestión absolutamente clave para la resolución de los mismos. Potencialmente, por tanto, la cesión de función judicial en el perito era muy grande. En los procesos de la Corona de Castilla, la atribución de pericia recae casi de forma exclusiva en los practicantes de la medicina más legitimados por las autoridades: físicos, boticarios y cirujanos, con una particular preeminencia de los primeros. No consta que se recorra a otros figuras, como podrían ser de forma razonable p.e. los mercaderes de tabaco, o consumidores de la planta. En contraste, en el caso de adulteración en Zaragoza, la atribución de pericia sufre un cambio entre el principio y el fin del proceso. Inicialmente se manifiestan los "viejos" procedimientos locales y forales asociados a la policía de mercado, los cuales aplican al caso del tabaco el marco conceptual del "fraude en la mercancía". La investigación, por otro lado, es llevada a cabo por peritos mal descritos pero aparentemente sin formación erudita, ligados a las instituciones locales. La evolución del proceso los desacredita como peritos, dando preferencia a la doctrina sobre la adulteración contenida en un impreso médico, para establecer un criterio sobre la calidad del tabaco. De hecho, el mismo impreso se utiliza también para justificar la inocuidad de la fábrica de tabaco citada al principio. De todos modos, parece que la utilización de la pericia médica en este área tuvo poca continuidad a causa del cambio en el régimen de explotación del estanco, el cual pasó a estar directamente gestionado por la Corona, la cual garantizaba la calidad mediante el control burocrático de la producción. La consideración de este caso invita a la reflexión sobre las causas que estimulan el recurso a la pericia médica, y por extensión el proceso de medicalización.