[en] Information and communication technologies, as a symbol of the present age, have had a direct impact on the exercise of citizenship. The growing popularity of the internet around the world has shifted the focus of civil and institutional activities to the digital environment. However, the benefits of online browsing are not enjoyed equally. On the other hand, the literature on the subject shows that the phenomenon of the digital divide is deepening because, although access has become more democratic, the ubiquity of the internet means that use of the network is becoming increasingly complex. In this context, we can see that digital inequality is a new facet of structural social inequalities. This means that groups that are already marginalized due to variables such as income, schooling, geographical location and age, tend to remain excluded or even suffer a worsening of the situation of segregation, with the migration of activities previously carried out in an analogue way to the digital environment. Despite this, there is an international trend towards transferring public services to institutional platforms and websites, under the banner of technological "modernization", especially after the outbreak of the coronavirus pandemic. In fact, some public services that are the responsibility of the State- Administration are elevated to the category of fundamental social rights, which are part of the concept of citizenship and are essential for the exercise of civil and political rights. This is the case with welfare and social assistance, which impose a positive obligation on the state to guarantee food security to those at social risk. In view of the homogeneity between the beneficiaries of these public policies and the digitally marginalized, this research seeks to answer the following question: "In what way is it possible to make access to social security and welfare rights conditional on the digital environment in Brazil?" Methodologically, the hypothetical-deductive method is used to approach the problem. The study consists of exploratory research, given the low incidence of the subject in scientific literature. Therefore, it makes use of the comparative study method in order to seek inspiration from sources of technological regulation in terms of social rights in the Spanish system, as well as collecting and analyzing statistical data on internet use in Brazil. Finally, it was identified that the realization of benefit rights in the context of e-Government faces two main and independent challenges: a) conditioning the request for social security and welfare rights to the digital environment leads to the exclusion of potential beneficiaries of such benefits, due to the phenomenon of digital marginalization; b) the use of artificial intelligence by the Public Authorities to respond to these demands is reckless, since a specific regulatory framework is still lacking. At the end of the day, the main hypothesis tested is fully confirmed: the use of technological tools as a sine qua non condition for access to these benefits fails to comply with the constitutional precepts of equal treatment, non-discrimination and the universality of social security policies.

[es] Las tecnologías de la información y la comunicación, como símbolo de la era actual, han tenido un impacto directo en el ejercicio de la ciudadanía. La creciente popularización de Internet en todo el mundo ha desplazado el foco de las actividades civiles e institucionales al entorno digital. Sin embargo, los beneficios de la navegación en línea no se disfrutan por igual. Por otro lado, la literatura sobre el tema muestra que el fenómeno de la brecha digital se está profundizando porque, aunque el acceso se ha democratizado, la omnipresencia de internet hace que el uso de la red sea cada vez más complejo. En este contexto, la desigualdad digital se considera una nueva faceta de las desigualdades sociales estructurales. Esto significa que grupos ya marginados por variables como la renta, la escolaridad, la localización geográfica y la edad tienden a permanecer excluidos o incluso a sufrir un agravamiento de la situación de segregación, con la migración de actividades antes realizadas de forma analógica al entorno digital. A pesar de ello, existe una tendencia internacional a transferir la actuación de la Administración Pública a plataformas institucionales y sitios web, bajo la bandera de la "modernización" tecnológica, especialmente tras el estallido de la pandemia de coronavirus. De hecho, algunos servicios públicos que son competencia de la Administración del Estado han sido elevados a la categoría de derechos sociales fundamentales, que forman parte del concepto de ciudadanía y son esenciales para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es el caso de la previdência y de la asistencia social, que imponen al Estado la obligación positiva de garantizar la seguridad alimentaria a las personas en situación de riesgo social. Teniendo en cuenta la homogeneidad entre los beneficiarios de estas políticas públicas y los marginados digitales, esta investigación trata de responder a la siguiente pregunta: "¿Hasta qué punto es posible condicionar el acceso a los derechos de previdência y asistencia social al entorno digital en Brasil? "Metodológicamente, se utiliza el método hipotético-deductivo para abordar el problema. El estudio consiste en una investigación exploratoria, dada la escasa incidencia del tema en la literatura científica. Por lo tanto, hace uso del método de estudio comparativo con el fin de buscar inspiración en las fuentes de regulación tecnológica en materia de derechos sociales en el sistema español. Además, se ha realizado una recopilación y análisis de datos estadísticos sobre el uso de Internet en Brasil. Finalmente, se identificó que la realización de los derechos prestacionales en el contexto de la e-Administración se enfrenta a dos retos principales e independientes: a) condicionar la solicitud de derechos de seguridad y previsión social al entorno digital conduce a la exclusión de potenciales beneficiarios de dichas prestaciones, debido al fenómeno de la marginación digital; b) el uso de la inteligencia artificial por parte de las Administraciones Públicas para dar respuesta a estas demandas es temerario, ya que aún se carece de un marco normativo específico. A la postre, la principal hipótesis contrastada se confirma plenamente: la utilización de herramientas tecnológicas como condición sine qua non para el acceso a estas prestaciones no se ajusta a los preceptos constitucionales de igualdad de trato, no discriminación y universalidad de las políticas de Seguridad Social.