[en] It is hard to believe that, after the progress that international justice has made since the second half of the XX century, impunity still exists in the XXI century in cases of genocide. The creation of numerous international institutions, conventions and instruments dedicated to human rights have turned out to be good mechanisms for law enforcement; also, this has helped the international community identify and name crimes, in order to address them. There are many jurisdictional and non jurisdictional procedures and mechanisms in universal human rights systems, as well as in regional human rights systems; particularly, European, Inter-American and African systems. Paradoxically, however, international justice stood still, without being able to work effectively, particularly when the crimes have been carried out by a State. The emphasis on State sovereignty, as well as the power of some governments in developing countries, has allowed countries as Myanmar to commit outrageous crimes against its own people. Given that States join human rights instruments on a voluntary basis, abuse of power has taken place and international monitoring has not had real value on the prevention of serious crimes. By condemning the Rohingya ethnic minority to permanent statelessness, and without any reparation in mind, abuses against this population have increased, until reaching to one of the cruelest historical events of our century: genocide. On the other hand, the lack of corporate responsibility on disruptive behavior control of their social media, as well as the lack of an enforced legal framework, has created new online crimes and implications we are not aware of. These are crimes committed online (hate and dangerous speech against civil security), which have shown to be real life threats and crimes, as in the Rohingya massacre case. This massacre started, in part, via Facebook. The digitalization of the world has offered great freedom to many and has condemned others, increasing social and power differences in an abysmal way. The digital challenge has added threats that the international community and companies don't know or have not been willing to avoid. This study analyzes the resources of international justice in the investigation of these events, and joint responsibilities are established. Likewise, the limitations of the judicial power are established, analyzing the work of foreign courts in the fight against impunity. This work also suggests tools and instruments to make judicial action more effective, using paralegal compliance and whistleblowing systems. Impunity is supported by a lack of global awareness, cooperation and direct intervention, as well as perpetual and normalized discrimination, which entails incalculable suffering and damage for all humanity, in short and long term bases. Prosecuting those responsible is a priority, as is giving a voice to the victims and survivors of genocide, who often, after having suffered unimaginable abuses, are left on the sidelines, unable to intervene in redressing and achieving their own rights. Finally, this paperwork adds a short interview with a Rohingya refugee survivor in Bangladesh, who shows the world the current situation of his people through his digital photos.

[es] Resulta difícil creer que, después de los avances de la justicia internacional desde la segunda mitad del siglo XX, todavía en el siglo XXI exista impunidad en casos de genocidio. La creación de numerosas instituciones, convenios e instrumentos internacionales dedicados a los derechos humanos más básicos ha resultado ser un buen mecanismo para la persecución y enjuiciamiento de responsables de crímenes internacionales; además, también ha ayudado a la comunidad internacional a identificar y poner nombre a los crímenes, con tal de poder abordarlos. A pesar de la existencia de muchos procedimientos y mecanismos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, tanto en el sistema universal para la protección de los derechos humanos, así como en los planos regionales, particularmente en el europeo, interamericano y africano, resulta paradójico que la justicia internacional haya permanecido inmóvil, sin poder ejecutarse de forma efectiva, especialmente cuando los crímenes o violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos los ha llevado a cabo un Estado. El énfasis en la soberanía estatal y el poder de algunos gobiernos en países en desarrollo ha permitido que Estados como Myanmar cometieran actos atroces contra la población civil con total impunidad. El hecho de que el compromiso de los Estados asumido en el marco de instrumentos de derechos humanos sea esencialmente voluntario ha derivado en un abuso de poder donde el monitoreo internacional no ha tenido un valor plausible en la prevención de delitos graves. Condenando, por ejemplo, a la minoría étnica rohinyá a la apatridia permanente durante décadas, y sin ninguna reparación a la vista, se han ido incrementando los abusos contra esta población hasta llegar a constituir uno de los hechos más crueles de nuestra historia contemporánea, el genocidio. Por otro lado, la nula responsabilidad corporativa de las empresas en el control del comportamiento disruptivo en sus redes sociales, así como la falta de un marco legal sobre esas, ha desencadenado en una serie de nuevos delitos en línea cuyas implicaciones son generalmente desconocidas. Hablamos de crímenes cometidos en línea (discursos de odio y peligrosos para la seguridad civil), que se manifestaron en amenazas y delitos en la vida real, como el caso de la masacre de la población rohinyá, engendrada en gran parte a través de la plataforma Facebook. La digitalización del mundo ha ofrecido gran libertad a muchos y ha condenado a otros, incrementando diferencias sociales y de poder de manera abismal. El reto digital ha añadido amenazas que la comunidad internacional y las empresas no han sabido o no han querido evitar. En este estudio se analizan los recursos de la justicia internacional en la investigación del genocidio rohinyá y se establecen responsabilidades conjuntas. Asimismo, se establecen las limitaciones del poder judicial, analizando el trabajo de cortes extranjeras en la lucha contra la impunidad. Este trabajo también sugiere herramientas e instrumentos para hacer que la acción judicial sea más efectiva, usando sistemas paralegales de cumplimiento de normativas y denuncia de irregularidades (whistleblowing). La impunidad se respalda en la falta de consciencia global, cooperación y de intervención directa, así como en la discriminación perpetua y normalizada, que conlleva sufrimiento y daños incalculables para toda la humanidad, a corto y largo plazo. El enjuiciamiento de los responsables es una prioridad, así como lo es dar voz a las víctimas y supervivientes de genocidio, que a menudo, después de haber sufrido abusos inimaginables, se quedan al margen, sin poder intervenir en la reparación y restitución de sus propios derechos. Finalmente, se añade una pequeña entrevista a un superviviente rohinyá refugiado en Bangladés, quien a través de sus fotos, muestra al mundo digital la situación en la que se encuentra su pueblo.