[en] It is a commitment and, given its entity, it can be said that it is also a challenge that the Valencian Government takes up, as a public administration with transferred state competences in matters of Justice, the objective of guaranteeing its citizens the exercise of the right of access to justice, with a view to maximizing or improving it; a challenge that it faces from a new conception, coined in Law 24/2018, December 5, Mediation of the Valencian Community, as a "right of access to an integral justice" that offers any citizen new channels for the resolution of their legal disputes. An open and plural Society, as the Valencian Society is, deserves a Justice System of the same character, a plural and polyhedral system, and not a single cannel –as offered by the Jurisdiction, through the judicial process– but in which multiple ways converge through which to channel a consensual response to the conflict. Mediation has achieved the greatest development of all, favored by the legal impulse received, but also and fundamentally, by reason of its huge potential. Mediation is a method that provides "quality to the justice and satisfaction to the citizens" and that has achieved implantation in court, thanks to the conviction of the state and regional legislators –and, the Valencian, among the former– about the importance of "to institutionalize and promote (through it) the culture of amicable settlement of conflicts". To achieve, however, its effective roots or, if preferred, its conception as a form of access to justice, not residual or extraordinary, but a formula which, in general, is used by citizens, is the objective pursued by the work carried out by the Valencian public authorities, within the framework of a strategy, whose analysis and critical assessment are essentially devoted to the following pages; a strategy –can be advanced– in line with the State's call to promote "just, peaceful and inclusive societies" that has been able to overcome the difficulties and facing the challenges posed by the new open time in this third and complex decade of the 21st.

[es] Es compromiso y, dada su entidad, puede afirmarse que también reto que, como Administración pública con competencias estatales transferidas en materia de justicia, asume la Generalitat valenciana, el consistente en garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, con la mirada puesta en su maximización o mejora; reto que afronta bajo el paraguas de un nuevo concepto, acuñado en la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de Mediación de la Comunidad valenciana, como "derecho de acceso a una justicia integral" que ofrece al potencial justiciable nuevos cauces para la resolución de sus controversias o disputas jurídicas. A una sociedad abierta y plural, como es la valenciana, corresponde un sistema de justicia de ese mismo carácter, un sistema plural y poliédrico, y no de cauce único –como el que ofrece la Jurisdicción, a través del proceso judicial– sino en el que convergen múltiples vías a través de las que canalizar una respuesta consensuada al conflicto. De todas ellas –integradas bajo las siglas MASC– la que abre la mediación es la que ha experimentado un desarrollo mayor, favorecido por el impulso legal recibido, pero, también y fundamentalmente, por razón de su enorme potencial. La mediación es método que proporciona "calidad a la justicia y satisfacción a la ciudadanía" y que ha logrado implantación en el marco intrajudicial, merced a la convicción de los legisladores estatal y autonómicos –y, el valenciano, entre los primeros– acerca de la importancia de "institucionalizar y fomentar (a través de ella) la cultura del arreglo amistoso de los conflictos". Lograr, sin embargo, su efectivo arraigo o, si se prefiere, su concepción como forma de acceso a la justicia, no residual o extraordinaria, sino fórmula de la que, con carácter general, se sirva la ciudadanía, es el objetivo que persigue la labor que desarrollan los poderes públicos valencianos, en el marco de una estrategia, a cuyo análisis y valoración crítica se dedican, en esencia, las páginas que siguen; una estrategia –puede adelantarse– acorde con la estatal tendente a la consecución, como objetivo o fin último, del llamado a promover "sociedades justas, pacíficas e inclusivas" capaces de superar las dificultades y afrontar con solvencia los desafíos que plantea el nuevo tiempo abierto en esta tercera y compleja década del XXI.