[en] Through the study carried out for the realization of this doctoral thesis entitled "The transparency obligations of private subjects in the protection of public interests" is intended to determine exactly the set of obligations that the network of private agents -no public- that today swarm around the Administration providing public services, developing administrative powers or functions, or collaborating in their exercise, have in matters of public transparency. To do this, I will focus on examining the different gradations and intensities with which the legislation subjects these subjects to these obligations, trying to explain them, compare them, identify what they are due to and, ultimately, propose the logic that is followed to carry out the graduation. depending on the public interests in conflict and make suggestions de lege ferenda that provide greater consistency and coherence to the general regulatory regime in which these obligations are articulated. The evolution of these processes of liberalization and outsourcing has caused a reconfiguration of the material and subjective scope of administrative law, which has gone from being a law of public administrations -both concerning the relationship of individuals with public power through administrative procedures, such as in their organization and operation- to a Law that includes the participation of new subjects in the performance of public functions and that affects the private sphere through new, less rigid manifestations and of a more general nature, either with regulatory or control work. In the same way, prohibition mechanisms have been commonly replaced by control mechanisms, among which transparency has taken a leading role as a guarantor of public interests in the performance of actions whose correct performance must be legitimately demanded by citizens, in so much so that its non-observance could affect them negatively. Through this study, the aim is to provide a unitary theory of the legal treatment of these subjects based on the provisions of arts. 3 and 4 Spanish Transparency and Good Governance Act (STGGA), expanded in their areas of competence in the respective regional laws that have been approved on the matter. The thesis starts from an initial study of transparency as a whole to know what transparency measures exist, their projection on private subjects, and the functions to which they respond. Next, the problems derived from the statutory conception followed by the legal-administrative norms are analyzed, identifying the costs and benefits of transparency in its application to the agents that are part of the scope of the thesis, as well as pointing out its points of intersection with other conflicting interests (private autonomy, business confidentiality ...). This detailed analysis of the regulation of each of the subjects concerned is carried out to conclude about how these measures affect the participation in decision-making of private operators and if the regime is adequate to provide an answer. effective protection of public interests that transparency seeks. And finally, it is analysed how articulate regulations that extend public transparency obligations to private subjects that make up the scope of this thesis. All this with the final objective of reaching study proposals for improvement in regulation and a guiding criterion useful to the legislator to justify the appropriateness of the extension of transparency obligations to private subjects in attention to the involved public interests, as well as its mode.

[es] A través del estudio llevado a cabo para la realización de la presente tesis doctoral titulada "Las obligaciones de transparencia de los sujetos privados en la protección de intereses públicos" se pretende determinar con exactitud el juego de obligaciones que el entramado de agentes privados -no públicos- que a día de hoy pululan en torno a la Administración prestando servicios públicos, desarrollando potestades o funciones administrativas, o colaborando en su ejercicio, tienen en materia de transparencia pública. Para ello, en el trabajo se examinan las diferentes gradaciones e intensidades con las que la legislación somete a estos sujetos a esas obligaciones, procurando explicarlas, compararlas, identificar a qué se deben y, en última instancia, proponer la lógica que se sigue para realizar la graduación dependiendo de los intereses públicos en conflicto y realizar sugerencias de lege ferenda que otorguen de mayor consistencia y coherencia el régimen normativo general en el que estas obligaciones se articulan. El devenir acontecido por los procesos de externalización de funciones públicas, así como la liberalización de sectores tradicionalmente públicos han supuesto una reconfiguración del ámbito material y subjetivo del Derecho administrativo, que ha pasado de ser un Derecho de las Administraciones públicas -tanto en lo que se refiere a la relación de los individuos con el poder público a través de procedimientos administrativos, como en su organización y funcionamiento- a un Derecho que recoge la participación de nuevos sujetos en la realización de funciones públicas y que incide en el ámbito privado a través de nuevas manifestaciones menos rígidas y de carácter más general, ya sea con una labor de normación o de control. De igual manera los mecanismos de prohibición han sido comúnmente sustituidos por los de control, entre los que la transparencia ha adoptado un papel protagonista como factor garante de los intereses públicos en la realización de actuaciones cuyo correcto desempeño debe ser legítimamente exigido por los ciudadanos, en tanto que su inobservancia podría afectarles de forma negativa. Mediante el presente estudio se trata de aportar una teoría unitaria del tratamiento jurídico de tres tipos de sujetos -las entidades privadas que reciben financiación pública; los sujetos que ejercen funciones o potestades administrativas; y los prestadores de servicios públicos- a partir de las previsiones de los arts. 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliados en sus ámbitos competenciales en las respectivas leyes autonómicas que se han ido aprobando en la materia. El trabajo se inicia con un estudio inicial de la transparencia en su conjunto que pretende dar a conocer qué medidas de transparencia pública existen, su proyección sobre los sujetos privados, y las funciones a las que responden. A continuación, se analizan los problemas derivados de la concepción estatutaria que siguen las normas jurídico-administrativas, identificando los costes y beneficios que supone la transparencia en su aplicación a los agentes que forman parte del ámbito de aplicación de la tesis, así como apuntando sus puntos de intersección con otros intereses en conflicto (autonomía privada, confidencialidad empresarial…). Dicho análisis pormenorizado de la regulación de cada uno de los sujetos concernidos es realizado con el propósito de extraer conclusiones acerca de cómo estas medidas afectan a la participación en la toma de decisiones de los operadores privados y si el régimen es adecuado para dar una respuesta efectiva a la protección de intereses públicos que pretende la transparencia. Y finalmente, se va analizando cómo se articula en la normativa la extensión de las obligaciones de transparencia pública a los sujetos privados que integran el ámbito de aplicación de esta tesis. Todo ello, con el objetivo final de alcanzar una serie de propuestas de mejora en la regulación y criterios orientadores al legislador que serán de utilidad para justificar la procedencia de extender las obligaciones de transparencia administrativa a sujetos privados en atención a los intereses públicos que manejan, así como el modo en que hacerlo.