[en] In the post-Cold War context, growing global consciousness of human rights violations has captured the attention of the international community as never before. Forced displacement has created an unprecedented challenge and the issue of human protection has become a serious issue of controversy in the humanitarian agenda. This involves rethinking the meaning of state sovereignty with regard to providing assistance in humanitarian crises, the concept of the Responsibility to Protect and the question of fundamental criteria used to justify humanitarian intervention. Therefore, in the context of this thesis, the urgent need for reforms in many pertinent areas will be demonstrated in order to ensure the provision of humanitarian support to internally displaced persons (IDP) in an effective and enduring manner. Furthermore, the necessity of essential changes in terms of an internal restructuring of the UN, as well as in the legal and economic field, and in the protection and security measures on site for the displaced will be shown. It will be crucial to identify the interdependent circumstances between a humanitarian intervention carried out in the name of human rights and civil protection, and the impact it has on the development of a migratory crisis. Based on the example of Libya, it will be demonstrated how the NATO-led military intervention in 2011 is interrelated with the displacement crisis progressively triggered by the fall of the Gaddafi regime and the outbreak of civil war in 2014. Starting from the origins of the humanitarian crisis in Libya, the following will be explored: the existing standards in international relations; the development of an international regulatory obligation to protect and to intervene on humanitarian grounds; the assessment criteria of a military intervention (just cause); the appropriateness of the intervention in Libya; as well as the causes of the war behind the official reasons of human security and protection of the civilian population. The investigation of war crimes committed by the warring parties involved in the Libyan conflict since 2011, as well as the significance of transitional justice and national reconciliation for the future of the new Libya are further central aspects. In addition, another major concern is to examine the application of the international protection system and humanitarian support in the actual case of Libya. In this regard, the practical analysis of the Global Protection Cluster and the Guiding Principles on Internal Displacement, as well as their implementation on the ground constitutes a key aspect. Post-revolutionary Libya is facing enormous challenges, such as political polarization, anarchy and the ongoing civil war. In order to achieve durable peace, security and stability, Libya must undertake extensive legal, judicial and political reforms, encourage national dialogue and engage in inclusive processes of national reconciliation with the support of the international community, NGOs, national and local authorities, as well as civil society, women and tribes.

[es] En el contexto posterior a la Guerra Fría, una creciente conciencia mundial sobre las violaciones de los derechos humanos ha captado la atención de la comunidad internacional más que nunca. El desplazamiento forzado ha creado un desafío sin precedentes y la cuestión de la protección humana se ha convertido en un asunto grave de controversia en la agenda humanitaria, que implica repensar el significado de la soberanía estatal con respecto al suministro de ayuda en crisis humanitarias y el concepto de la Responsabilidad de Proteger, así como la cuestión sobre los criterios fundamentales a los que se recurre para justificar una intervención humanitaria. En el marco de la presente tesis, por lo tanto, será señalada la necesidad urgente de reformas en numerosos ámbitos para poder suministrar el apoyo humanitario a las internally displaced persons (IDP) de forma eficaz y duradera. Asimismo, se mostrará que es imprescindible efectuar cambios en cuanto a una restructuración interna de las Naciones Unidas, en la esfera jurídica y económica, así como en las medidas de protección y seguridad in situ para los desplazados. Será crucial identificar las circunstancias interdependientes entre una intervención humanitaria llevada a cabo en nombre de los derechos humanos y la protección civil, y el impacto que conlleva sobre el desarrollo de una crisis migratoria. Con el ejemplo de Libia, se demostrará cómo se condicionaron la intervención militar por la OTAN en 2011 y la crisis de desplazamiento que ha desencadenado progresivamente tras la caída del régimen de Gadafi y el estallido de la guerra civil en 2014. Partiendo de los orígenes de la crisis humanitaria en Libia, se investigarán las normas vigentes en las relaciones internacionales, el desarrollo de una obligación normativa internacional de protección e intervención humanitaria, los criterios de evaluación de una intervención militar (just cause), la adecuación de la intervención en Libia, así como las causas de la guerra en el país más allá de los motivos oficiales de la seguridad humana y la protección de la población civil. La investigación de los crímenes de guerra cometidos por las partes beligerantes involucradas en el conflicto libio desde 2011, así como el significado de la justicia transicional y la reconciliación nacional para el futuro de la nueva Libia constituyen otros temas centrales. Asimismo, será de interés fundamental examinar la aplicación del sistema internacional de protección y del apoyo humanitario en el caso real de Libia. A este respecto, el análisis práctico del Global Protection Cluster y de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, así como su implementación sobre el terreno es un aspecto clave. La Libia post-revolucionaria se está enfrentando a desafíos enormes como polarización política, anarquía y la guerra civil continua. Con el fin de alcanzar la paz, seguridad y estabilidad duraderas, Libia todavía deberá emprender amplias reformas legales, judiciales y políticas, fomentar el diálogo nacional y comprometerse a respaldar procesos inclusivos de reconciliación nacional mediante el apoyo de la comunidad internacional, ONGs, las autoridades nacionales y locales, así como la sociedad civil, mujeres y tribus.