[en] In recent decades, Chile has implemented three main schemes to address the protection of the rights of children and adolescents, evidencing transitions in the logic of government and management of vulnerable children. The first scheme, developed in 1979 during the civil-military dictatorship, focused on the outsourcing of services and placement in protection centers through the National Service for Minors (SENAME), prioritizing immediate responses to problems such as abuse and abandonment. In 1990, after the transition to democracy and the ratification of the Convention on the Rights of the Child, adjustments were made towards a comprehensive protection model, although with the persistence of structures inherited from the dictatorial period and an emphasis on administrative efficiency. In 2021, the creation of the Specialized Protection Service for Children and Adolescents (SPENA) marked an attempt at reform, incorporating daytime care modalities, quality standards, and approaches aimed at the restoration of rights. However, challenges persist in the implementation and coordination between public and private actors. These policies reflect a transition from a disciplinary logic, characterized by institutional confinement and normalization (Foucault, 1982), to a post-disciplinary logic typical of the control society, defined by fragmented and adaptive strategies (Deleuze, 1990). In this framework, disassemblies and assemblies (Raunig, 2023) become key processes that reconfigure government practices according to sociopolitical and economic contexts. The proposed research analyzes these dynamics from the studies of governmentality (Foucault, 2006; Rose, 1999), using a methodological approach based on Energici (2016). This approach is articulated around two axes: the processes of subjectivation, which explore how policies shape specific subjectivities, and the mechanisms of population regulation, which manage childhood as a vulnerable category. The corpus of analysis includes 144 state documents, issued between 1974 and 2024, such as laws, decrees, presidential messages and technical guidelines related to child protection. This research concludes that contemporary child protection policies in Chile do not consider subjectivity as a plan of action or as a logic of government, which shows an approach that prioritizes the management of numbers over attention to the individual dynamics of subjects. And although during these fifty years the State has developed new categories and ways of managing complex scenarios of child protection, the conception of "children in danger", characteristic of the protective discourse of the 19th century, has not been overcome. A notable finding is the dividual configuration of childhood, where subjects are fragmented and managed through performance metrics. In this context, contemporary assemblages operate as mechanisms that articulate previously disconnected dimensions, such as the restitution of rights and family indicators. Using the concept of disassembly, proposed by Raunig (2023), this logic reflects a political rationality that not only seeks technical cohesion, but also the legitimization of state control over children and their environment. This work warns that these practices strengthen a model where data is established as the main reason of State in the government of vulnerable children. That is, moving to this new stage of specialized surveillance has involved the construction of indicators that justify interventions in children based on performance metrics. In this transition, children have become a dividuum, that is, a type of subject that is fragmented and stripped of its individuality, and that acquires relevance only thanks to the power of the number.

[es] En las últimas décadas, Chile ha implementado tres esquemas principales para abordar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, evidenciando transiciones en las lógicas de gobierno y gestión de la infancia vulnerada. El primer esquema, desarrollado en 1979 durante la dictadura cívico-militar, se centró en la tercerización de servicios y la internación en centros de protección a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), priorizando respuestas inmediatas a problemáticas como el maltrato y el abandono. En 1990, tras la transición a la democracia y la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se realizaron ajustes hacia un modelo de protección integral, aunque con la persistencia de estructuras heredadas del periodo dictatorial y un énfasis en la eficiencia administrativa. En 2021, la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPENA) marcó un intento de reforma, incorporando modalidades de atención diurna, estándares de calidad y enfoques orientados a la restitución de derechos. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación y coordinación entre actores públicos y privados. Estas políticas reflejan un tránsito desde una lógica disciplinaria, caracterizada por el encierro y la normalización institucional (Foucault, 1982), hacia una lógica postdisciplinaria propia de la sociedad de control, definida por estrategias fragmentadas y adaptativas (Deleuze, 1990). En este marco, los desamblajes y ensamblajes (Raunig, 2023) se convierten en procesos clave que reconfiguran las prácticas gubernamentales según los contextos sociopolíticos y económicos. La investigación planteada analiza estas dinámicas desde los estudios de gubernamentalidad (Foucault, 2006; Rose, 1999), utilizando un enfoque metodológico basado en Energici (2016). Este enfoque se articula en torno a dos ejes: los procesos de subjetivación, que exploran cómo las políticas modelan subjetividades específicas, y los mecanismos de regulación poblacional, que gestionan a la infancia como una categoría vulnerable. El corpus de análisis incluye 144 documentos estatales, emitidos entre 1974 y 2024, como leyes, decretos, mensajes presidenciales y orientaciones técnicas relacionadas con la protección infantil. Esta investigación concluye que las políticas contemporáneas de protección a la infancia en Chile no consideran la subjetividad como un plano de acción ni como una lógica de gobierno, lo que evidencia un enfoque que prioriza la gestión de la cifra por sobre la atención a las dinámicas individuales de los sujetos. Y si bien durante estos cincuenta años el Estado ha desarrollado nuevas categorías y formas de gestionar escenarios complejos de protección a las infancias, la concepción de los "niños en peligro", característica del discurso protector del siglo XIX, no ha sido superada. Un hallazgo destacado es la configuración dividual de la infancia, donde los sujetos son fragmentados y gestionados a través de métricas de rendimiento. En este contexto, los ensamblajes contemporáneos operan como mecanismos que articulan dimensiones previamente desconectadas, como la restitución de derechos y los indicadores familiares. Usando el concepto de desamblaje, propuesto por Raunig (2023), esta lógica refleja una racionalidad política que no solo busca cohesión técnica, sino también la legitimación del control estatal sobre la infancia y su entorno. Este trabajo advierte que estas prácticas fortalecen un modelo donde los datos se erigen como la principal razón de Estado en el gobierno de la infancia vulnerada. Es decir, transitar a esta nueva etapa de vigilancia especializada ha implicado la construcción de indicadores que justifican las intervenciones a la niñez en base a métricas de rendimiento. En ese tránsito, la niñez ha devenido en un dividuum, es decir, un tipo de sujeto fragmentado y despojado de su individualidad, y que adquiere relevancia solo gracias al poder de la cifra.