[en] This thesis systematically analyses the legal effect that criminal proceedings have on the administrative procedures to assess and collect tax when a criminal offence against the Treasury (delito contra la Hacienda Pública) has been committed. The matters raised are dealt with in five chapters. The first three, dedicated to the pre-trial phase, all relate to the criminal complaint made by the public authority. The next two, dedicated to the post-trial phase, refer to the enforcement of the criminal judgment. Chapter Onexamines the tax and procedural legislation that regulates the formal requirements to report a criminal offence of tax fraud when the facts seems to indicate that such an offence may have been committed. The administrative procedure followed to take the decision to file the complaint is analysed, as well as the investigations carried out by the tax authorities, the moment when the existence of evidence of a crime should be reported, the competent body to communicate the decisions to the judge or prosecutor, and the constitutional protection granted to the taxpayer who is accused of committing a crime against the Treasury. Chapter Two focuses on the analysis of the legal effects that the criminal proceedings have on the tax inspection and sanction proceedings. First, the legislation regulating the principle of non-duplication of penalties for tax offences is examined together with the procedural rules that establish that criminal proceedings take precedence over any ongoing administrative proceedings that could interfere with the criminal court's activity. Secondly, the effects of preliminary issues of law on the tax proceedings and res judicata on the criminal proceedings are considered. Finally, I explore the possibilities that current legislation provides for replacing the current model, which suspends all other proceedings until the criminal proceedings have concluded, with a model that allows the administrative proceedings to run in parallel with the criminal prosecution, so allowing the Treasury to collect the tax owed sooner. Chapter Three is devoted entirely to the study of the voluntary "regularisation" of these criminal offences, with particular emphasis on how the taxpayer's behaviour after the offence is committed influences the tax authorities and officials in their duty to report the offence. Chapter Four aims to develop the legislation on the administrative enforcement of criminal judgments finding a taxpayer guilty of an offence against the Treasury by analysing the procedural and tax legislation that regulates the process of passing on to the tax authorities the task of collecting the tax owed and enforcing the civil liability of the guilty taxpayer. Finally, Chapter Five looks at the issues that are posed by the process that must be followed to collect the damages that the taxpayer convicted of an offence against the Treasury must pay. We examine the various stages in the tax authorities' debt collection procedure and how it can be adapted to the collection of these damages that, while related to taxable transactions, do not meet the criteria commonly applied when collecting tax debts because they derive from a court judgment.

[es] El presente trabajo tiene por objetivo el estudio sistemático de los efectos jurídicos que el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública produce sobre los procedimientos tributarios de liquidación y recaudación. Para ello, las cuestiones a tratar se organizan en cinco Capítulos. Los tres primeros, dedicados a la fase previa al proceso penal, tienen como denominador común la denuncia administrativa del delito contra la Hacienda Pública. Los dos siguientes, dedicados a la fase posterior al proceso penal, tienen como referencia la ejecución de la sentencia condenatoria. El Capítulo Primero examina las normas procesales y tributarias mediante las cuales se establecen las características formales de la denuncia cuando los hechos denunciados ponen de manifiesto la posible comisión de una defraudación tributaria delictiva. Para ello, se analiza: el procedimiento administrativo que se sigue para adoptar la decisión de denunciar, el contenido del expediente, el momento en que debe denunciarse la existencia de indicios de delito, el órgano competente para comunicar la noticia delictiva al juez o al Ministerio Fiscal, y las garantías constitucionales del contribuyente a quien se imputa la comisión de un delito contra la Hacienda Pública. El Capítulo Segundo se centra en el análisis de los efectos jurídicos que el inicio del proceso penal produce sobre el procedimiento inspector y el procedimiento sancionador tributario. Para ello, en primer lugar, examina las normas mediante las que se expresa el principio de no duplicidad sancionadora (non bis in idem) en el ámbito tributario y las normas procesales que reflejan la preferencia del proceso penal respecto a cualquier procedimiento administrativo que pueda interferir la actividad del órgano judicial. En segundo lugar, estudia los efectos de la prejudicialidad tributaria y de la cosa juzgada en el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública; y, finalmente, concluye explorando las posibilidades que la normativa actual ofrece para sustituir el actual modelo de preferencia penal absoluta por un modelo de preferencia penal limitada en el que la tutela penal de la Hacienda Pública no resulte incompatible con la autotutela administrativa del crédito tributario El Capítulo Tercero se dedica íntegramente al estudio de la regularización voluntaria de una defraudación tributaria constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, haciendo especial hincapié en la incidencia del comportamiento postdelictivo del obligado tributario en el deber de denunciar al que están sujetos los funcionarios y autoridades de la Administración tributaria. El Capítulo Cuarto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la ejecución administrativa de la sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda Pública. Para ello, se estudian las normas tributarias y procesales mediante las que se regula el tránsito desde la fase judicial a la fase administrativa a fin de que sean los órganos de la Administración tributaria quienes se encarguen de la exacción de la responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública. Finalmente, en el Capítulo Quinto se plantean las especialidades jurídicas derivadas de la gestión recaudatoria de la deuda que, en concepto de indemnización, viene obligado a satisfacer el condenado por un delito contra la Hacienda Pública. Para ello, se examinan las diferentes fases del procedimiento de recaudación en vía de apremio y su adaptación a la ejecución forzosa de una deuda que, si bien tiene su origen en la realización del hecho imponible, por la naturaleza jurisdiccional del título en el que se practica la liquidación, no se ajusta a los criterios interpretativos habitualmente utilizados al tratar de la autotutela ejecutiva del crédito tributario.