[en] The text adopted in Bayonne with the designation of constitutional status, despite not being drawn up by representatives of the Spanich nation and be awarded by a foreign King, however had a very important historlcal role in the birth of our constitutionalism: its written character and relattve[y liberai caused to some extent the development of the Cádiz Constitution before the Napoleonic invasion. Thus, the Statute is always cjted as the beginning of the transition between absolutism and constitutionalism spanich and its revolucionary principles were collected later in the constitution of 1812. Coutd not be applied bythe conditions ofwar, which gave more authority to the generals of Napoleon, which the King. In is text introduced the first political, economic and social reforms really innovative, but had little real impact war giren the circunstances. Introducing a new political regime organized as a monarchy which, in turn, recognized some fundamental rights and freedoms, Its articles includes the Title XI dedicated to "Court Order", which was a great leap forward for its time, given that carne to collect basic principles and reforms advocated by the Spanish enlightenment of the eighteenth century. Principles such as independence of the judiciary are hereby acknowledged statut constitutional text, being complemented by the tenure of judges, which shall constitute the best safeguard of that independence. Next to these prínciples, other as the principie of jurisdictional unity. The advertising of the criminal process and the possibi]ity of appeal of refitting against any criminaE judgment shall constitute the necessary procedural guarantees for the accused in a judicial process. Their doctrinal dífferences with regard to the legal justice system with respect to the constitution of 1812 bring light on the significant that in can be in this order to the text of Bayonne and are therefore subject to analysis in this work.

[es] El texto aprobado en Bayona con la denominación de estatuto constitucional, a pesar de no estar elaborado por representantes de la nación española y ser otorgado por un Rey extranjero, sin embargo, tuvo un papel histórico muy importante en el nacimiento de nuestro constitucionalismo: su carácter escrito y relativamente liberal provocó en alguna medida la elaboración de la Constitución de Cádiz ante la invasión napoleónica. Así pues, el Estatuto se cita siempre como el inicio de la transición entre el absolutismo y el constitucionalismo español y sus principios revolucionarios fueron recogidos más tarde en la Constitución de 1812, No pudo ser aplicado por las condiciones de la guerra, que daban más autoridad a los Generales de Napoleón, que al Rey. En su texto introducía las primeras reformas políticas, económicas y sociales realmente in novadoras, aunque apenas tuvo incidencia real dada las circunstancias bélicas. En este sentido, uno de los principales objetivos del Estatuto era introducir reformas de esas estructuras políticas, sociales y económicas en un anterior sistema de Monarquía absoluta española, medidas que estaban en consonancia con el ideario napoleónico. Implantaba un nuevo régimen político organizado como una Monarquía que, a su vez, reconocía algunos derechos y libertades fundamentales. El Estatuto unió a su alrededor y junto a José Bonaparte a un importante grupo de intelectuales ilustrados que vieron en el cambio constitucional la oportunidad de truncar un pasado decadente, ya que el programa de reformas, que representaba, hubiera significado una profunda transformación de la organización social. Su articulado incluye el Titulo XI dedicado "al orden judicial", que supuso un gran avance para su tiempo, dado que vino a recoger principios básicos y reformas propugnadas por los ilustrados españoles del siglo XVIII. Principios como el de independencia del poder judicial queda reconocido en el Texto estatuyente constitucional, siendo complementado con el de inamovilidad de los jueces, que constituirá la mejor salvaguarda de esa independencia. Junto a éstos principios, otros como el principio de unidad jurisdiccional. La publicidad del proceso criminal y la posibilidad de presentar recurso de reposición contra toda sentencia penal constituirán las garantías procésales necesarias para el inculpado en un proceso judicial. Sus diferencias doctrinales jurídicas en cuanto al sistema judicial con respecto a la constitución de 1812 aportan luz sobre la significación que cabe dar en este orden al texto de Bayona y son por ello objeto de análisis en este trabajo.