Title: UN Guide for Policy Makers (Guia para El Diseno de Politicas) (Spanish
translation)
Series: Resource Guide
Author: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
Published: 1999
Subject: victims of crime and abuse of power, victim rights and services, victim
assistance and compensation, international resources, foreign language, Spanish
translation
53 pages
126,976 bytes

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Gua para El Diseo de Polticas

Sobre la aplicacin de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los
Principios fundamentales de Justicia para las Vctimas del delito y del abuso de
poder.

UN
ODCCP
Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevencin del
Delito

Centro Internacional para la Prevencin del Delito

Nueva York, 1999

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Esta Gua fue elaborada por un grupo de expertos de ms de 40 pases en una
serie de reuniones auspiciadas por la Oficina para las Vctimas de Delito del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio de Justicia de
Holanda. Se prepar el documento en colaboracin con la Oficina de las
Naciones Unidas de Viena, el Centro Internacional para la Prevencin del
Delito, la Oficina para el Control de Drogas y Prevencin del Delito y se
public con la generosa financiacin de la Oficina para las Vctimas del Delito
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Amrica.

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Prefacio

Este documento ha sido diseado para los diseadores de polticas, incluyendo
los funcionarios de los ministerios o departamentos de justicia, del interior y de
bienestar social y salud y las autoridades locales de todos los pases
interesados en mejorar la situacin de las vctimas del delito y del abuso de
poder y en proporcionarles a dichas vctimas la asistencia necesaria y acceso a
la justicia. Esta gua describe brevemente las lneas de trabajo que se pueden
tomar; se podr encontrar mayor informacin en el manual de justicia para
vctimas sobre el uso y aplicacin de la Declaracin de las Naciones Unidas
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Vctimas del delito y del
abuso de poder.

La Comisin de las Naciones Unidas sobre la Prevencin del Delito y la
Justicia Penal es el rgano principal responsable de promover en la comunidad
internacional la aplicacin de la Declaracin de la Asamblea General de 1985
sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Vctimas del delito y del
abuso de poder (Resolucin de la Asamblea General 40/34, Anexo, del 29 de
noviembre de 1985). Los estados pueden recibir asistencia para su trabajo de
la Red de Programas de Naciones Unidas para la Prevencin del Delito y la
Justicia Penal, incluyendo el Centro Internacional para la Prevencin del Delito,
los asesores interregionales de las Naciones Unidas y la red de institutos
asociados.

Es responsabilidad de los gobiernos desarrollar y auspiciar programas que
brinden respuestas al problema de la victimizacin en la sociedad. Las vctimas
merecen respeto por su dignidad, privacidad y seguridad. La asistencia a las
vctimas impide que queden aisladas del sistema penal y de la comunidad. Los
esfuerzos y recursos destinados a dichos programas, incluyendo un programa
efectivo de prevencin, habrn de mostrar significativos beneficios en el corto y
en el largo plazo. Los costos originados por el delito se reducirn. Las vctimas
estarn ms dispuestas a proporcionar informacin sobre crmenes y
delincuentes lo que resulta indispensable para el sistema de justicia penal. La
respuesta deber reunir a los gobiernos, a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad en general. Esta
gua se propone mostrar el camino.

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NDICE

Prefacio 

INTRODUCCIN

DECLARACIN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VCTIMAS DEL DELITO Y DEL ABUSO DE
PODER

Resolucin

Anexo

DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DEL DELITO Y DEL ABUSO DE
PODER

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INTRODUCCIN

En los sistemas modernos de justicia penal, las vctimas del delito y del abuso
de poder pueden legtimamente llamarse "personas olvidadas". Se ha prestado
considerable atencin a garantizar el debido proceso al acusado. Habida
cuenta de que es precisamente el demandado el que puede recibir el castigo
impuesto por el estado, se le debe garantizar la posibilidad de probar su
inocencia. No obstante, no se ha prestado la misma atencin a los derechos e
intereses de las vctimas; se ha dado por sentado que el estado representa el
inters supremo de la sociedad, incluyendo los intereses de las vctimas. As
mismo, no pareci existir la necesidad de contar con disposiciones especiales
sobre el rol de la vctima en procedimientos judiciales.

La Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de
Justicia para las Vctimas del Delito y del Abuso de Poder (Resolucin de la
Asamblea General 40/34, Anexo, del 29 de noviembre de 1985) se aprob
por consenso en la Asamblea General de 1985 y por lo tanto refleja la decisin
colectiva de la comunidad internacional de restablecer el equilibrio entre los
derechos fundamentales de los sospechosos y delincuentes y los derechos e
intereses de las vctimas.

La Declaracin se basa en la filosofa de que las vctimas deben recibir el
debido reconocimiento y ser tratadas con respeto por su dignidad. Las vctimas
tienen derecho a acceder a los mecanismos judiciales y recibir una pronta
reparacin del dao y las prdidas sufridas. Tambin tienen derecho a recibir la
adecuada asistencia especializada para el tratamiento del trauma emocional y
otros problemas causados por la victimizacin.

La aprobacin de un instrumento internacional, si bien importante, es slo un
primer paso hacia los logros prcticos. Dicho instrumento se habr de poner en
prctica a nivel internacional, regional, nacional y local. La Declaracin
establece reas en las cuales es necesario emprender acciones para asegurar
un tratamiento igualitario para las vctimas; fija las normas bsicas sobre las
cuales las distintas jurisdicciones pueden evaluar sus propias prcticas e
identificar qu cambios se deben introducir. Tambin proporciona una gua
para la cooperacin y asistencia internacional en el tema.

Los gobiernos y organizaciones de todo el mundo han respondido al desafo de
la implementacin de diversas maneras. Se ha logrado un verdadero avance en
muchas jurisdicciones. Por otro lado, algunos gobiernos recin comienzan a
reconocer la importancia de que los sistemas de justicia y contencin resulten
ms accesibles a las vctimas. Probablemente no existe ninguna jurisdiccin en
la cual el tratamiento de las vctimas del delito y abuso de poder respete
absolutamente el texto de la Declaracin.

Desde la adopcin de la Declaracin, el problema de la victimizacin por el
delito y abuso de poder no ha perdido el carcter de urgencia en ningn grado.
Los conflictos armados, las luchas tnicas y los regmenes opresores han
cobrado innumerables vctimas, en gran medida civiles, entre los cuales las
mujeres y los nios son los que sufren las mayores consecuencias. Millones de
mujeres y nios son vctimas de la explotacin sexual. Las diversas formas de
explotacin del trabajo infantil crecen en forma desenfrenada y muchos
inmigrantes son sometidos a la victimizacin. Muchos casos de delito y abusos
de poder nunca se reflejan en los registros oficiales y son parte de los "nmeros
oscuros".

Las encuestas sobre victimizacin continan representando un mtodo
importante para estimar mejor la incidencia de la victimizacin a travs del
delito convencional. En ms de 50 pases se ha llevado a cabo la Encuesta
Internacional de Victimizacin (ICVS)[1].

La Figura 1 muestra que la victimizacin por el delito convencional constituye
un problema social que afecta a una gran parte de las poblaciones urbanas en
todo el mundo. Si bien los habitantes de las megaciudades de frica y Amrica
Latina constituyen la poblacin ms afectada, los habitantes de las ciudades en
otras partes del mundo tambin se ven amenazados por el delito convencional.

Ms de un tercio de los habitantes urbanos no se sienten seguros en sus
propios barrios por la noche, lo que se ve particularmente acentuado entre las
mujeres y los ancianos. No se debe pasar por alto el efecto negativo de la
victimizacin por el delito sobre el bienestar de los habitantes de las ciudades y
sobre la cohesin de las comunidades urbanas.

La primera ronda de la Encuesta Internacional de Delito contra el Comercio
llevada a cabo durante el perodo 1988-1994, revel muy altas tasas de
victimizacin entre los comerciantes minoristas y otras formas de comercio. Los
comerciantes son los que llevan sobre sus espaldas una gran parte de la carga
econmica impuesta por el delito convencional.

Por otro lado, es difcil que los estudios sobre victimizacin identifiquen
crmenes ocultos tales como la violencia domstica contra cnyuges y nios y el
maltrato a los ancianos.
     
Las estimaciones de estos "nmeros oscuros" deberan sumarse a los costos
totales del delito. Como se indica anteriormente, tambin deberan agregarse
las innumerables vctimas de diversas formas de abuso de poder. 

En vistas de la creciente gravedad del problema y considerando que la
seguridad pblica es uno de los derechos humanos fundamentales, los
gobiernos y la comunidad internacional deberan incluir polticas efectivas para
prevenir y reducir la victimizacin por el delito.

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Figura 1: Este archivo electrnico en formato ASCII no contiene grficos,
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El objetivo de esta breve gua es llamar la atencin de los formuladores de
polticas respecto de los pasos que se han dado y los que an restan para
incrementar el grado de efectividad y equidad de la justicia penal incluyendo
formas relacionadas de contencin, a fin de respetar los derechos
fundamentales de los sospechosos y delincuentes y tambin los de las vctimas.
Esta gua se puede utilizar para canalizar las iniciativas de cooperacin
internacional y de asistencia tcnica en las reas de gobernabilidad y
fortalecimiento del imperio de la ley.

La estructura de la presente gua refleja la de la propia Declaracin. Despus
de cada seccin de la Declaracin (en negrita), se hacen sugerencias de
acciones que han resultado efectivas y tiles en diversas jurisdicciones. Esta
gua les indica a los lectores lo que se puede hacer para lograr un nivel
aceptable de cuidado de las vctimas en sus respectivos pases. Varias de las
medidas sugeridas pueden requerir una significativa inversin de tiempo,
personal y recursos financieros y consecuentemente pueden parecer
inaplicables en varias jurisdicciones. No obstante, estos programas han sido
llevados a la prctica y han demostrado ser exitosos. La inversin requerida
frecuentemente proporciona significativos beneficios de corto y largo plazo. Se
pueden movilizar recursos humanos y financieros sin incurrir en costos
adicionales para el estado mediante la utilizacin de servicios de voluntarios
bajo supervisin profesional y la aplicacin de planes de tributos punitorios
adicionales y otras medidas innovadoras.[2] Los pases donantes deberan
considerar la importancia de poner a disposicin fondos para el desarrollo de
servicios a las vctimas a travs de sus planes oficiales de asistencia.

Es posible que resulte necesario adaptar estas sugerencias a las circunstancias
legales, culturales y polticas especficas de cada jurisdiccin. 

Diversas jurisdicciones han publicado detalladas descripciones de diferentes
iniciativas y mecanismos para apoyar la proteccin de los derechos de las
vctimas y para satisfacer sus necesidades. Se est preparando un manual sobre
justicia para vctimas como complemento a esta gua, dirigido a profesionales y
a todos aquellos que estn interesados en poner en prctica servicios de apoyo
para las vctimas.[3] El Anexo I contiene la bibliografa sobre polticas y
servicios para las vctimas.

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[1] Los pases/provincias y aos de la encuesta en cada regin son los
siguientes: Europa Occidental: Austria (1996), Blgica (1989 y 1992),
Inglaterra y Gales (1989, 1992 y 1996), Finlandia (1989, 1992 y 1996),
Francia (1989 y 1992), Alemania (1989), Italia (1992), Malta (1997),
Holanda (1989, 1992 y 1996), Irlanda del Norte (1989 y 1996), Noruega
(1989), Escocia (1989 y 1996), Espaa (1989 y 1995), Suecia (1992 y 1996)
y Suiza (1989 y 1996); Norteamrica y Australasia: Australia (1989 y 1992),
Canad (1989, 1992 y 1996), Nueva Zelanda (1992) y Estados Unidos
(1989, 1992 y 1996); Europa Central y del Este: Albania (1996), Bielorrusia
(1997), Bulgaria (1997), Croacia (1997), Repblica Checa (1992 y 1996),
Estonia (1993 y 1995), Georgia (1992 y 1996), Hungra (1992 y 1996),
Kyrgystan (1996), Latvia (1996), Lituania (1997), Polonia (1989, 1992 y
1996), Rumania (1996), Federacin Rusa (1992 y 1996), Eslovaquia (1992
y 1996), Eslovenia (1992 y 1997), la ex-Repblica Yugoslava de Macedonia
(1996), Ucrania (1997) y Yugoslavia (1996); Asia: China (1994 y 1997), India
(1992 y 1996), Indonesia (1989, 1992 y 1996), Japn (1989 y 1992),
Mongolia (1996), Papa Nueva Guinea (1992) y Filipinas (1992 y 1996);
Africa: Botswana (1997), Egipto (1992), Sudfrica (1992 y 1996), Tnez
(1992), Uganda (1992 y 1996), Repblica de Tanzania (1992) y Zimbabwe
(1996); Amrica Latina: Argentina (1992 y 1996), Bolivia (1996), Brasil (1992
y 1996), Costa Rica (1992 y 1996) y Paraguay (1997); Fuente: Institute of
Criminology, Leiden University, Holanda y el Instituto Interregional de las
Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia
(UNICRI).

[2] Se han aplicado con xito planes de tributos punitorios adicionales en
Blgica, Canad y los Estados Unidos de Amrica. Ejemplos del uso creativo
de voluntarios para ofrecer estos servicios se pueden encontrar en Francia,
Israel, Ruanda y el Reino Unido.

[3] Tambin se pueden encontrar sugerencias valiosas en M. Cherif Bassiouni,
ed., International Protection of Victims (Asociacin Internacional de Derecho
Penal, Siracusa, Italia 1988), que se ha tomado como referencia para la
preparacin de esta gua.

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DECLARACIN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VCTIMAS DEL DELITO Y DEL ABUSO DE
PODER

Resolucin

La Asamblea General,

Recordando que el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencin del
Delito y Tratamiento del Delincuente recomend que las Naciones Unidas
continuaran su actual labor de elaboracin de directrices y normas acerca del
abuso del poder econmico y poltico, 

Consciente de que millones de personas en el mundo sufren daos como
resultado de delito y del abuso de poder y de que los derechos de esas
vctimas no han sido reconocidos adecuadamente, 

Reconociendo que las vctimas de delito y las vctimas del abuso de poder, y
frecuentemente tambin sus familias, los testigos y otras personas que les
prestan ayuda, estn expuestos injustamente a prdidas, daos o perjuicios, y
que adems pueden sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento
de los delincuentes, 

1. Afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e internacionales
a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universal y efectivo de los
derechos de las vctimas de delito y del abuso de poder; 

2. Destaca la necesidad de promover el progreso de todos los estados en los
esfuerzos que realicen en ese sentido, sin perjuicio de los derechos de los
sospechosos o delincuentes; 

3. Aprueba la Declaracin sobre los principios fundamentales de justicia para
las vctimas del delito y del abuso de poder, incluida como anexo de la presente
resolucin, la que tiene por objeto ayudar a los gobiernos y a la comunidad
internacional en sus esfuerzos por garantizar la justicia y la asistencia a las
vctimas del delito y a las vctimas del abuso de poder; 

4. Insta a los Estados Miembros a que tomen las medidas necesarias para
poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaracin [...]

Las polticas para aplicar la Declaracin y mejorar el tratamiento de las
vctimas deben basarse en una estrategia amplia. En pases en los que no se han
desarrollado este tipo de polticas, el primer paso es crear un comit o grupo
de trabajo de alto nivel[4] con representantes de todos los organismos
relevantes tales como ministerios o departamentos de justicia, del interior, de
bienestar y salud, la polica, fiscales y tribunales, as como los legisladores y
gobiernos municipales. Es importante contar con la representacin de la
comunidad acadmica, los profesionales de la salud y de la salud mental,
diversas organizaciones de voluntarios como los grupos para mujeres y jvenes
y las organizaciones religiosas y empresarias.

A los cuerpos asesores se les pueden asignar las siguientes tareas:

(a) Realizar los estudios para la determinacin de necesidades, incluyendo la
participacin en las encuestas internacionales de victimizacin y en los estudios
de grupos especiales de vctimas tales como las vctimas de violencia domstica
o abuso de poder;
(b) Evaluar la brecha entre las necesidades y la prestacin de servicios,
incluyendo la identificacin de obstculos para acceder a la justicia, 
(c) Elaborar propuestas de mejoramiento en el tratamiento de las vctimas en
forma inmediata y a largo plazo, incluyendo las que requieren financiamiento
internacional y/o reformas legislativas.

En los pases en que se han aplicado polticas de asistencia a las vctimas es
esencial fortalecer las estructuras administrativas existentes y las organizaciones
de voluntarios dedicadas a la atencin de las vctimas a fin de promover la
institucionalizacin de dichas polticas y de mantener la conciencia pblica
sobre su importancia. Los gobiernos pueden asumir mayor responsabilidad por
sus polticas de proteccin a las vctimas designando un representante de alto
nivel del gobierno como vocero de las vctimas.

Otros mtodos ad hoc para la aplicacin de la Declaracin son:

(a) Permitir la mayor difusin posible en todos los idiomas del texto de la
Declaracin;
(b) Informar al pblico sobre las medidas que ha tomado el estado para aplicar
la Declaracin;
(c) Promover iniciativas no gubernamentales, profesionales y pblicas de todo
tipo, diseadas para fomentar la formulacin de polticas, el desarrollo de
programas, la capacitacin, la investigacin, el intercambio de informacin y las
iniciativas de defensa de las vctimas y la prevencin de la victimizacin;
(d) Cooperar con los esfuerzos para responder a las necesidades de las
vctimas a travs del trabajo coordinado de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional y regional;
(e) Proporcionar informacin al pblico sobre procedimientos internacionales y
regionales para prevenir la victimizacin y proporcionar recursos y asistencia a
las vctimas.

Adems, los estados deberan continuar desarrollando y ratificando
convenciones internacionales y regionales dedicadas a prevenir la victimizacin
y a ayudar a las vctimas para incorporar las disposiciones necesarias a la
legislacin nacional y a las normas y prcticas administrativas. Entre los
ejemplos se incluyen convenciones tales como la Convencin Europea sobre la
Indemnizacin a las Vctimas de Crmenes Violentos[5] aprobada por el
Consejo de Europa en 1988. Esta Convencin establece las normas mnimas y
trata de promover la cooperacin internacional en la indemnizacin de vctimas
mediante acuerdos recprocos. La Convencin tambin est abierta a pases no
miembros del Consejo de Europa.

Se recomienda a los estados hacer el mayor uso posible de Internet para poner
la informacin a disposicin de las vctimas.

[4] (a) Aplicar polticas sociales, de salud, incluyendo salud mental, educativas
y econmicas y de prevencin del delito para reducir la victimizacin y
fomentar la asistencia a las vctimas en peligro; 

El proceso de planificacin del desarrollo econmico y social o de planificacin
de las iniciativas de mantenimiento y construccin de la paz, habrn de incluir
mecanismos diseados para identificar los riesgos de victimizacin y ayudar a
prevenirlos. Mediante la provisin de servicios y especialmente de informacin
sobre prevencin del delito y sobre los derechos cvicos y humanos a las
vctimas del delito, las autoridades pueden realizar esfuerzos para prevenir la
victimizacin y la re-victimizacin.

En el caso de crmenes como violencia domstica y violencia sexual, se
deberan incluir programas para los victimarios entre las medidas preventivas.

Se pueden promover programas de capacitacin para garantizar que los
profesionales y otras personas que establecen contacto con las vctimas puedan
identificar sus necesidades y preocupaciones. Entre los grupos que se pueden
beneficiar con estos programas se encuentran los lderes espirituales y otros
lderes comunitarios y el personal mdico y de salud mental. Entre los
abordajes que resultan de utilidad podemos mencionar los programas de
estudios especializados, manuales y directrices y el desarrollo de
procedimientos especiales, diseados para generar la sensibilidad necesaria.

Distintas jurisdicciones han adoptado medidas que alientan a los transentes a
asistir a las personas que han sido victimizadas o que estn en peligro de serlo.

[4] (b) Promover los esfuerzos de la comunidad y la participacin pblica en la
prevencin del delito;

En todo el mundo existe una creciente tendencia a crear consejos nacionales y
municipales de prevencin del delito as como otras iniciativas para ayudar a
movilizar a la comunidad para emprender iniciativas de prevencin, deteccin,
publicidad, anlisis y reparacin de los casos de victimizacin. Se han llevado a
cabo y evaluado en forma exitosa diversos proyectos dirigidos a crmenes
especficos, grupos potenciales de victimarios y grupos potenciales de
vctimas.[6]

[4] (c) Revisar peridicamente la legislacin y prcticas en curso para
garantizar la sensibilidad a las cambiantes circunstancias y para sancionar
y aplicar legislacin que proscriba aquellos actos que son violatorios de las
normas internacionalmente aceptadas sobre derechos humanos, conducta
empresaria y otras formas de abuso de poder; 

Si bien se pueden poner en prctica propuestas y polticas orientadas a las
vctimas, la experiencia indica que en muchos casos es necesarios generar un
cambio de legislacin para garantizar servicios sistemticos y equitativos.

Se pueden institucionalizar los pasos necesarios para aplicar las disposiciones
de la Declaracin, incluyendo la incorporacin de sus principios a las leyes,
prcticas y regulaciones nacionales, mediante la creacin de consejos de
revisin permanente dentro de los rganos legislativos y administrativos con la
participacin de expertos independientes. Estas revisiones frecuentemente han
conducido a la simplificacin de las leyes y prcticas para garantizar su
flexibilidad y su comprensin por parte de las vctimas y del pblico en general.
Este proceso de revisin tambin puede colaborar en la creacin de
salvaguardas legales y administrativas diseadas para impedir que los
delincuentes transfieran el costo de sus violaciones a otros, tales como el
estado, los consumidores, el pblico en general o las organizaciones
internacionales.

Varias jurisdicciones han promulgado "cartas de derechos de las vctimas" o
han adoptado declaraciones explcitas de polticas que establecen los derechos
de las vctimas y las correspondientes responsabilidades del gobierno.[7]

Diversos estados han cooperado con las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales a nivel internacional y regional para la sancin de
legislacin uniforme, reglamentaciones y prcticas administrativas y cdigos de
conducta pero an se necesitan mayores esfuerzos para lograr el cumplimiento
de las mismas.

[4] (d) Crear y fortalecer mecanismos para detectar, enjuiciar y condenar a los
culpables de dichos crmenes;

Muchas jurisdicciones han creado limitaciones efectivas al ejercicio del poder
pblico y econmico para minimizar los abusos. Dichas limitaciones incluyen los
requisitos de divulgacin de informacin y la organizacin de equipos
especializados y multidisciplinarios para colaborar en la deteccin, investigacin
y penalizacin de dichos abusos. En muchas jurisdicciones se han extendido las
facultades de la justicia penal y de las autoridades econmicas y de bienestar
social para supervisar e investigar casos de posible o presunta victimizacin por
parte de empresas de carcter econmico.

Una creciente cantidad de estados ha desarrollado instituciones tipo
ombudsman, especialmente para proveer recursos a las vctimas. Estas
instituciones colaboran, entre otras cosas, para que las autoridades
competentes lleven a cabo prontamente una investigacin imparcial toda vez
que haya motivos razonables para creer que se ha producido un caso de
victimizacin. Se ha prestado especial atencin a la realizacin de
investigaciones imparciales en el menor tiempo posible, de todas las muertes y
lesiones fsicas y mentales de gravedad causadas por personal de polica,
militar, administrativo, mdico o de otras profesiones y de todas las muertes o
serios daos fsicos o mentales, presuntamente causados a personas bajo
custodia, incluyendo crceles, prisiones, reformatorios, casas de guarda,
hospitales e instituciones para enfermos mentales.

En el caso de crmenes de dimensin internacional, una creciente cantidad de
estados han suscripto convenciones bilaterales o multilaterales o han
sancionado legislacin orientada a garantizar que las personas que victimizan a
otras mediante la comisin de crmenes graves sean enjuiciadas o extraditadas.

A fin de prevenir el abuso de poder, diferentes jurisdicciones han tomado
medidas para garantizar que las personas que alegan victimizacin as como los
testigos, reciban proteccin contra malos tratos, intimidacin, acoso o
represalias por parte de funcionarios pblicos, personal de empresas
econmicas u otras personas como resultado de su demanda o por haber
aportado pruebas. De modo similar, muchas jurisdicciones han tratado de
asegurar que el personal de los servicios pblicos o el personal militar no gocen
de inmunidad para el enjuiciamiento o las sanciones disciplinarias por
victimizacin causada de modo intencional y que en dichos juicios o
procesamientos no se pueda interponer la defensa por obediencia debida a las
rdenes de superiores en los casos en que dichas rdenes son manifiestamente
ilegales.

[4] (e) Promover la revelacin de la informacin pertinente, a fin de someter la
conducta oficial y las conductas de las empresas a examen pblico, y otros
medios para incrementar la sensibilidad a las inquietudes de la poblacin; 

La mayor parte de las jurisdicciones estn tratando de garantizar que la justicia
penal, las autoridades de bienestar social y econmico supervisen a las
empresas de carcter econmico e investiguen los casos de posible o presunta
victimizacin, con el debido respeto a los derechos de privacidad y
confidencialidad. Entre dichas medidas podemos mencionar:

(a) Dar a publicidad las demandas por victimizacin y fomentar la toma de
conciencia sobre los mecanismos nacionales y supranacionales existentes para
presentar dichas demandas, los organismos ante los cuales se pueden presentar
y las protecciones que les caben a los demandantes;
(b) Dar a publicidad los casos de victimizacin an en ausencia de demandas
concretas, as como las iniciativas para eliminar la victimizacin y las medidas
tomadas contra los victimarios, incluyendo las medidas disciplinarias o
judiciales que se les hayan impuesto;

(c) Alentar a las organizaciones privadas y a los medios a denunciar las
violaciones a la ley y los casos de abuso de poder.[8]

[4] (f) Fomentar la observancia de cdigos de conducta y principios ticos, en
particular las normas internacionales, por los funcionarios pblicos, inclusive el
personal encargado de hacer cumplir la ley, el correccional, el mdico, el de los
servicios sociales y el militar, as como por los empleados de las empresas de
carcter econmico; 

Entre los ejemplos de dichos cdigos podemos citar los siguientes documentos
de las Naciones Unidas: Cdigo de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley[9], los Principios de tica en Medicina aplicables al
Rol del Personal de Salud, especialmente los Mdicos, en la Proteccin de los
Prisioneros y Detenidos contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes[10]; el Cdigo de tica del Servicio Pblico; el
Cdigo Internacional de conducta de Funcionarios Pblicos,[11] y el Cdigo
de Conducta de Empresas Transnacionales. Otros ejemplos son las
convenciones y recomendaciones del Consejo de Europa.

Las jurisdicciones estn tratando de garantizar que todos los funcionarios
pblicos, especialmente el personal responsable de la administracin de justicia,
de los servicios mdicos, psicolgicos y sociales, y cuando resulte aplicable, el
personal de empresas de carcter econmico, reciban capacitacin sobre la
observancia de las normas internacionales reconocidas de derechos humanos.
En algunas jurisdicciones se han elaborado guas especficas para personal de
polica y fiscales sobre el tratamiento de las vctimas que han resultado
efectivas.

[4] (g) Prohibir las prcticas y los procedimientos conducentes al abuso, como
los lugares de detencin secretos y la detencin con incomunicacin; [y]

Diversas jurisdicciones estn prestando atencin a este problema mediante: (a)
revisin de la legislacin y prcticas de arresto, allanamientos, interrogacin y
detencin a fin de garantizar la adhesin a las Reglas Mnimas para el
Tratamiento de los Reclusos[12] y otras normas relevantes; y (b) informar
sobre dichas Reglas a los detenidos en forma comprensible, incluyendo
informacin sobre el derecho a iniciar demandas.

[4] (h) Cooperar con otros estados, mediante la asistencia judicial y
administrativa mutua, en asuntos tales como la bsqueda y el enjuiciamiento
de delincuentes, su extradicin y la incautacin de sus bienes, para destinarlos
al resarcimientos de las vctimas; 
 
Esta cooperacin se ha visto facilitada por la creciente red de acuerdos
internacionales. Adems, diversos estados han promulgado legislacin que hace
posible la asistencia mutua y la extradicin, an en ausencia de acuerdos
bilaterales o multilaterales y otros mecanismos prcticos.

5. Recomienda que, en los planos internacional y regional, se adopten todas las
medidas apropiadas tendientes a:

(a) Promover las actividades de formacin destinadas a fomentar el respeto de
las normas y principios de las Naciones Unidas y reducir los posibles abusos;

Adems de promover la formacin dentro de la jurisdiccin, una cantidad
creciente de jurisdicciones estn auspiciando actividades de formacin.[13]
Dichas actividades pueden ser auspiciadas por ejemplo por el gobierno
nacional o municipal o por organizaciones profesionales o de voluntarios. La
capacitacin se ofrece en colaboracin con, por ejemplo, el Programa de las
Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Justicia Penal o con agencias
especializadas de las Naciones Unidas y con otros organismos
intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales.[14]

[5] (b) Patrocinar las investigaciones prcticas de carcter cooperativo sobre
los modos de reducir la victimizacin y ayudar a las vctimas y promover
intercambios de informacin sobre los medios ms eficaces para alcanzar esos
fines;

Las investigaciones prcticas de carcter cooperativo en muchas jurisdicciones
estn dirigidas a la naturaleza y alcance de la victimizacin y a las reales
necesidades de las vctimas. Otro objetivo de dichas investigaciones ha sido
evaluar los mritos relativos de los enfoques de diferentes estados para la
prevencin de la victimizacin y asistencia a las vctimas. Se hace referencia a
las polticas sociales, reproductivas, de salud, incluyendo salud mental,
educativas y econmicas, a los mecanismos de mediacin y arbitraje y a las
normas de derecho civil, administrativo y penal.

Se estn desarrollando y fomentando nuevos mtodos para obtener
informacin respecto de las distintas formas de victimizacin y de las
necesidades de las vctimas tales como las Encuestas Internacionales sobre 
Victimizacin. Diversas jurisdicciones estn colaborando para desarrollar bases
de datos y programas de investigacin y para promover la cooperacin
bilateral en la investigacin e intercambio de datos, de expertos y experiencias.
UNOJUST (United Nations On-Line Crime and Justice Clearinghouse)
(http://www.unojust.org) ofrece mecanismos de enlace internacional para dicha
cooperacin.

Muchas jurisdicciones estn fomentando la puesta en prctica de diversos
mecanismos, incluyendo la formacin de grupos privados, para monitorear la
efectividad de la legislacin y de las regulaciones y prcticas administrativas y
presentar propuestas de modificaciones de las mismas a fin de prevenir la
victimizacin y asistir a las vctimas. Dichas organizaciones tienen cada vez
mayor acceso a los funcionarios y a los registros de los organismos del estado
y a las empresas de carcter econmico, manteniendo el debido respeto de los
principios de privacidad y confidencialidad.

[5] (b) Prestar ayuda directa a los gobiernos que la soliciten con miras a
ayudarlos a reducir la victimizacin y aliviar la situacin de las vctimas; 

Desde la aprobacin de la Declaracin, las jurisdicciones han compartido sus
experiencias con otros estados, administrando justicia y asistencia a las vctimas
e introduciendo cambios para aplicar la Declaracin y para apoyar a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en sus esfuerzos
para prevenir la victimizacin y satisfacer las necesidades de las vctimas. Entre
las formas especficas de asistencia se incluye la prestacin de servicios de
asesora y el apoyo para la creacin de grupos de trabajo para planear nuevas
medidas.

Diversos estados ofrecen asistencia tcnica bilateral para prevenir la
victimizacin y mejorar la respuesta a las necesidades de las vctimas. Las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales tambin ofrecen
este tipo de asistencia, en particular el Programa de las Naciones Unidas en
materia de Prevencin del Delito y Justicia Penal y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En algunas jurisdicciones podra resultar recomendable incorporar elementos
de polticas en materia de vctimas en los planes de desarrollo nacional. Los
pases donantes podran tomar la Declaracin como criterio para evaluar los
pedidos de asistencia para el desarrollo y para proporcionar la financiacin
necesaria.

[5] (b) Establecer medios de proporcionar un recurso a las vctimas cuando los
procedimientos nacionales resulten insuficientes; 

Los informes de diversas comisiones y misiones de investigacin de las
Naciones Unidas (llevadas a cabo por ejemplo por relatores o representantes
especiales o en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz o
humanitarias) han proporcionado amplias evidencias de victimizacin masiva.

Los procedimientos de presentacin de denuncias por violaciones a derechos
humanos de las Naciones Unidas prevn mecanismos para la obtencin de
recursos. Otros mecanismos han sido introducidos recientemente por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (una lnea
de consulta permanente). Existen tambin otras propuestas como la
designacin de un ombusdman internacional y del derecho a peticionar. Las
perspectivas de una jurisdiccin penal internacional para ayudar a identificar a
los transgresores dieron un paso adelante con la creacin de tribunales ad-hoc
para Ruanda y la ex Yugoslavia. Estos tribunales cuentan con unidades de
proteccin a las vctimas/testigos aunque en la prctica han tropezado con
dificultades. Los proyectos de estatutos para la Corte Penal Internacional
contienen una seccin dedicada a las vctimas.

6. Pide al Secretario General que invite a los Estados Miembros a que informen
peridicamente a la Asamblea General sobre la aplicacin de la Declaracin,
as como sobre las medidas que adopten a ese efecto;

Dichos informes, segn lo dispuesto en algunas jurisdicciones, se refieren a la
incidencia de la victimizacin y al grado en el cual la legislacin y prcticas
actuales son fieles a la Declaracin, a las medidas tomadas a nivel nacional para
ponerlas en prctica y a la asistencia que puedan requerir de la comunidad
internacional. El Secretario General present un informe a la Comisin de
Prevencin del Delito y Justicia Penal en 1996 y se insta a otros estados a
responder a los pedidos de informacin del Secretario General.

7. Pide tambin al Secretario General que aproveche las oportunidades que
ofrecen todos los rganos y organizaciones pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a fin de prestar asistencia a los Estados Miembros, cuando
sea necesario, para mejorar los medios de proteger a las vctimas a nivel
nacional y mediante la cooperacin internacional; 

Adems de invitar a los estados y organizaciones interesadas a crear y
promover mecanismos internacionales y regionales para el intercambio de
informacin y alentar la aplicacin de la Declaracin, el Secretario General
tratar de promover la creacin de un centro de informacin sobre este tema.
A fin de coordinar diversas iniciativas que frecuentemente se toman en forma
aislada, sera conveniente crear un mecanismo para ayudar a integrar las
acciones y crear sinergia.

8. Pide adems al Secretario General que promueva los objetivos de la
Declaracin, procurando especialmente que la difusin de sta sea lo ms
amplia posible;

Se ha solicitado al Secretario General que incluya la Declaracin y la resolucin
de la Asamblea General que la aprueba en todas las publicaciones sobre
derechos humanos. El texto de la Declaracin se encuentra traducido a varios
idiomas adems de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pero es
necesario intensificar los esfuerzos de difusin.

9. Insta a los organismos especializados, otras entidades y rganos del sistema
de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones pertinentes,
intergubernamentales y no gubernamentales, as como a la poblacin en
general, a que cooperen en la aplicacin de las disposiciones de la Declaracin. 

Se han logrado considerables avances en algunas regiones para crear
mecanismos de colaboracin o para crear nuevos mecanismos. Por ejemplo, la
Convencin Europea sobre Indemnizacin a las Vctimas de Crmenes
Violentos y la recomendacin del Consejo de Europa sobre las Directrices
sobre Asistencia a las Vctimas del Delito que se aprobaron en el marco de las
actividades del Consejo de Europa. El Foro Europeo sobre Servicios a las
Vctimas complementa estas iniciativas intergubernamentales estatutarias con
colaboraciones prcticas entre proveedores de servicios a las vctimas. Esta
colaboracin est diseada para monitorear los avances, permitir el debate y la
retroalimentacin y alentar un dilogo significativo y un cambio constructivo.

Se podran invitar a diversas organizaciones internacionales y regionales como
el Consejo Consultivo Internacional Cientfico y Profesional (ISPAC) y la
Sociedad Mundial de Victimologa (WSV) a prestar asistencia en la aplicacin
de la Declaracin. Estas organizaciones pueden elaborar recomendaciones
apropiadas para la accin, para la recaudacin de fondos y para promover el
desarrollo de modelos de legislacin y programas de formacin y asistencia
tcnica, as como sobre la celebracin de convenciones internacionales
dedicadas a la consecucin de los objetivos de la Declaracin.

Otro medio importante para promover la aplicacin de la Declaracin es la
elaboracin de un manual para profesionales [sobre la aplicacin de la
Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Principios fundamentales de
Justicia para las Vctimas de Crmenes y del Abuso de Poder] y la creacin de
una base de datos a la que se pueda acceder a travs de Internet, tomando
como punto de partida la base de datos desarrollada por UNOJUST.

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[4] Estos organismos asesores han desempeado un rol muy importante en las
primeras etapas de los movimientos de defensa de las vctimas en varios
estados europeos y en los Estados Unidos. Un ejemplo ms reciente es el
comit intersectorial para el fortalecimiento de las vctimas creado en Sudfrica
y la Comisin Nacional de Seguridad Pblica sobre Futuras Medidas para el
Apoyo a las Vctimas del Crimen en Japn (enero 1996).

[5] Organizacin de las Naciones Unidas, Serie de Tratados, Vol.1525, No.
26456.

[6] Se pueden obtener ejemplos de mejores prcticas en prevencin del crimen
del Centro Internacional para la Prevencin del Crimen de Canad (Montreal).
Se puede acceder a la base de datos de este centro a travs de Internet
(http://www.crime-prevention-intl.org).

[7] Es posible obtener una descripcin de la Carta de Derechos de las
Vctimas promulgada en los Estados Unidos en: Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, Oficina del Fiscal General, Attorney General Guidelines for
Victims and Witness Assistance (Washington D.C., Imprenta del Gobierno,
1991). En otros pases como Australia se han publicado declaraciones sobre
polticas de asistencia a las vctimas.

[8] Se pueden citar a modo de ejemplo los trabajos de Amnista Internacional,
Human Rights Watch y Transparencia Internacional.

[9] Resolucin 34/169 de la Asamblea General, Anexo, del 17 de diciembre
de 1979.

[10] Resolucin 37/194 de la Asamblea General, Anexo, del 18 de diciembre
de 1982.

[11] Resolucin 51/59 de la Asamblea General, Anexo, del 12 de diciembre
de 1996.

[12] Human Rights: A Compilation of International Instruments (Publicaciones
de las Naciones Unidas, Ventas No. E.88.XIV.1).

[13] Por ejemplo, se ha creado una academia de asistencia a las vctimas en los
Estados Unidos. 

[14] El Instituto Europeo sobre Prevencin y Control del Crimen, afiliado a las
Naciones Unidas, ha ofrecido capacitacin a los oficiales de polica en Lituania
sobre el manejo de casos de violencia domstica con el apoyo de Holanda y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Instituto
Latinoamericano de Prevencin del Crimen y Tratamiento de los Delincuentes
tambin ha impartido programas de capacitacin en diversos pases
latinoamericanos. 

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Anexo

DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE
PODER 

A. Las vctimas de Crmenes 

1. Se entender por "vctimas" a las personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daos, inclusive lesiones fsicas o mentales, sufrimiento
emocional, prdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la
legislacin penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder. 

Diversas jurisdicciones han revisado su legislacin y sus prcticas a fin de
garantizar que la definicin de "vctima" sea apropiada y en virtud de la misma
se otorgue la posibilidad de solicitar justicia y resarcimiento a quienes les
corresponda.[15] Muchas jurisdicciones permiten que aquellos que han sufrido
daos no slo fsicos sino mentales como resultado de un delito, procuren una
reparacin.[16]

En casos de daos a grandes grupos de vctimas, muchas jurisdicciones
permiten la presentacin de acciones colectivas (como en el caso de dao
ambiental) o permiten que una asociacin represente a la vctima y procure la
reparacin.[17]

2. Podr considerarse "vctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaracin, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o
condene al perpetrador e independientemente de la relacin familiar entre el
perpetrador y la vctima. En la expresin "vctima" se incluye adems, en su
caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relacin inmediata con la
vctima directa y a las personas que hayan sufrido daos al intervenir para
asistir a la vctima en peligro o para prevenir la victimizacin. 

Las investigaciones indican que la victimizacin afecta no slo a la vctima sino
tambin a su familia inmediata y a sus parientes ms cercanos, vecinos y
conocidos. Esto se aplica no slo a las consecuencias emocionales sino
tambin a las consecuencias financieras y los efectos pueden durar aos o toda
una vida. En el caso de maltrato de nios y exposicin a la violencia, los efectos
pueden pasar de una generacin a otra. Si bien esto se aplica a crmenes tales
como homicidios, tortura y violacin, los crmenes de agresin fsica, violencia
domstica, asalto y robo tambin puede dejar marcas indelebles de impotencia,
inseguridad, ira y temor. Todos los que han sufrido la prdida de un amigo
cercano o pariente pueden verse afectados en forma trgica y duradera. El
sufrimiento experimentado por las familias de "personas desaparecidas" se
profundiza con su aislamiento social y la incertidumbre en la que deben vivir.

La Declaracin se aplica a vctimas, an si no ha existido una determinacin
fehaciente de la culpa del perpetrador. Esto permite, entre otras cosas, la
aplicacin de la Declaracin a los procedimientos civiles e informales.

Algunas jurisdicciones tienen mayores derechos tales como el derecho a la
compensacin por parte del estado, permitiendo las denuncias an si no se ha
identificado al perpetrador o independientemente de si existe una estrecha
relacin familiar entre el perpetrador y la vctima.

Diversas jurisdicciones que representan a distintos sistemas legales, permiten
que un familiar directo procure reparacin en el caso de muerte originada en
delitos, ya sea en forma de indemnizacin por parte del estado[18] o
directamente por parte del perpetrador.

Varias jurisdicciones han adoptado lo que se ha denominado "leyes del buen
samaritano", que apuntan a proteger a las personas que han intervenido de
buena fe para asistir a las vctimas.[19] Bajo este tipo de legislacin, estas
personas normalmente estaran protegidas contra acciones legales si su
intervencin hubiera provocado algn dao no intencional. Si estas personas
sufrieran algn dao en el curso de prestar asistencia, tambin pueden tener
derecho a compensacin por parte del estado.[20]

3. Las disposiciones de la presente Declaracin sern aplicables a todas las
personas sin distincin alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma,
religin, nacionalidad, opinin poltica o de otra ndole, creencias o prcticas
culturales, situacin econmica, nacimiento o situacin familiar, origen tnico o
social, o impedimento fsico.

Muchas jurisdicciones han observado que ciertas categoras especiales de
vctimas merecen especial atencin debido a los problemas que representa
hacer frente a la victimizacin y/o a su limitado acceso a la justicia. Entre los
ejemplos de estas categoras se cuentan a las mujeres, nios, ancianos,
personas con discapacidades, vctimas de acoso sexual, vctimas de violencia
domstica, sobrevivientes de intentos de homicidio, vctimas de accidentes
automovilsticos causados por conductores ebrios o drogados, vctimas de
odios, refugiados y vctimas de delitos de gran escala. Para todas estas
categoras, puede ser necesario contar con medidas especiales para garantizar
un tratamiento adecuado y/o igualitario.[21] 

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las vctimas sern tratadas con compasin y respeto por su dignidad.
Tendrn derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparacin del dao que hayan sufrido, segn lo dispuesto en la legislacin
nacional.

Para la mayor parte de las vctimas y sus familias, los primeros contactos con
las autoridades son con la polica. Si no se puede aprehender al perpetrador
del delito (como ocurre con la mayora de los casos denunciados a la polica),
la entrevista con la polica es el nico contacto que establecen con las
autoridades. La satisfaccin de las vctimas con el trato que reciben de la
polica es una medida importante de satisfaccin con el sistema.

En la Encuesta Internacional de Victimizacin, a las vctimas que haban
denunciado el incidente a la polica se les pregunt si estaban o no satisfechas
con el tratamiento que haban recibido. La Figura 2 muestra los resultados
obtenidos en seis regiones. 

Figura 2: Porcentajes de vctimas en reas urbanas satisfechas con la polica
despus de denunciar un delito en seis regiones; resultados de las Encuestas
Internacionales de Victimizacin de 1992 y 1996.

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Figura 2: Este archivo electrnico en formato ASCII no contiene grficos,
formularios, o tablas. Para ver este documento en completo, baje de este
mismo sitio Web el archivo electrnico en PDF (formato Adobe Acrobat).

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Las conclusiones indican que a nivel mundial, ms de un tercio de las vctimas
estn insatisfechas con la forma como la polica proces su denuncia. El grado
de satisfaccin ms bajo se encontr en Amrica Latina y en frica. Se
esgrimieron diversas razones por la insatisfaccin. En Amrica Latina, frica y
Europa Central y del Este, la razn ms importante fue que la polica no
recuper los bienes. Las consideraciones financieras parecen ser ms
pertinentes para las vctimas en estos pases que en los pases ms favorecidos
donde los ciudadanos tienen coberturas de seguros.

En todas las regiones, una gran proporcin de las vctimas insatisfechas
manifest que la polica pareca no tener inters en el caso (en promedio un
33%), no mantuvo a la vctima informada (10%) o no trat a la vctima en
forma apropiada (8%).

Los resultados de la encuesta tambin indican que en las jurisdicciones en las
que el grado de satisfaccin de las vctimas es bajo, el ndice de denuncias a la
polica resulta ms bajo. El porcentaje general de denuncias de vctimas es de
30-40% y, en el caso de ataques sexuales, baja hasta el 10%. Las tasas de
denuncia ms bajas se registran en las jurisdicciones menos desarrolladas, una
explicacin parcial de esto puede ser que muchos crmenes se denuncian a
organizaciones informales.

Estas conclusiones subrayan la urgente necesidad de mejorar el tratamiento a
las vctimas por parte de la polica y otras dependencias de la justicia penal en
muchas jurisdicciones.

Segn la Declaracin, se debe tratar a las vctimas con dignidad y respeto en
todas las fases del proceso de justicia penal. Algunas jurisdicciones han
desarrollado directrices para la polica y las autoridades judiciales que
establecen pautas para el tratamiento apropiado de las vctimas.[22] Otras han
introducido cartas de derechos de las vctimas.[23]

Muchas jurisdicciones procuran simplificar el procedimiento de administracin
de justicia y promover la conciencia general de disponibilidad de mecanismos
para obtener justicia y reparacin. Diversas jurisdicciones han designado
funcionarios de polica, fiscales y jueces especiales para tratar con los
problemas de las vctimas en general o para cuestiones relativas a ciertas
vctimas.[24] En algunas jurisdicciones, las asociaciones de abogados han
creado secciones especiales dedicadas a los problemas de las vctimas.[25]
Algunas jurisdicciones han abierto oficinas especiales para vctimas, por
ejemplo en estaciones de polica o comisaras o en los tribunales.[26]

Adems, diversas jurisdicciones estn examinando los procedimientos legales
para garantizar la disponibilidad de revisin judicial, cuando resulte apropiado,
o la utilizacin de un ombudsman para establecer correctamente los distintos
grados de responsabilidad. Por ejemplo, cuando el fiscal puede decidir
(cuando lo permite el sistema legal pertinente), que no existe inters pblico en
actuar contra un sospechoso o que no existe suficiente evidencia para hacerlo,
diferentes jurisdicciones tienen diversos mecanismos de reparacin para la
vctima. Entre los ejemplos se incluye permitir a la vctima solicitar que un fiscal
superior o un tribunal revisen la decisin[27] o an permitir a la vctima acusar
directamente.[28]

Muchas jurisdicciones estn considerando diferentes opciones para ofrecer
reparacin a las vctimas. La reparacin puede incluir no slo resarcimiento
financiero sino tambin el reconocimiento pblico o formal (primariamente a
travs del sistema de justicia penal), del dao causado por el victimario a la
vctima y un pedido de perdn (generalmente a travs de mecanismos
oficiosos) por parte del victimario a la vctima.

5. Se establecern y reforzarn, cuando sea necesario, los mecanismos
judiciales y administrativos que permitan a las vctimas obtener reparacin
mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco
costosos y accesibles. Se informar a las vctimas de sus derechos para
obtener reparacin mediante estos mecanismos.

Es creciente la tendencia a ofrecerles a las vctimas, cuando resulte pertinente,
la opcin de procedimientos con medidas penales, administrativas, civiles u
oficiosas. En muchas jurisdicciones se est considerando la posibilidad de
extender los derechos o de presentar demandas civiles en conexin con los
procedimientos penales. Esta posibilidad ya existe en una gran cantidad de
jurisdicciones, por ejemplo como "partie civile" (en los sistemas tipo francs), o
los procedimientos accesorios o de "adhesin" (en muchas jurisdicciones con el
sistema germnico).

En algunas jurisdicciones, la negligencia del fiscal o del tribunal en la
consideracin del derecho de la vctima a pedir resarcimiento en los procesos
penales puede ser pasible de una sancin administrativa.[29]

6. Se facilitar la adecuacin de los procedimientos judiciales y administrativos
a las necesidades de las vctimas: 

(a) Informando a las vctimas de su papel y del alcance, el desarrollo
cronolgico y la marcha de las actuaciones, as como de la decisin de sus
causas, especialmente cuando se trate de crmenes graves y cuando hayan
solicitado esa informacin;

Muchas jurisdicciones y organizaciones de voluntarios estn difundiendo
informacin explicando los procesos judiciales y administrativos. Esto incluye la
publicacin de libros o folletos reseando los procedimientos y describiendo
los derechos y obligaciones de las vctimas.[30]

Varias jurisdicciones han tratado de garantizar que los funcionarios judiciales y
administrativos proporcionen a las vctimas informacin oportuna sobre los
aspectos procesales y prcticos de su caso, as como sobre el alcance y
relevancia de cualquier decisin que se tome. Se est considerando la
posibilidad de designar un organismo especfico o un funcionario que sea
responsable de mantener a la vctima informada sobre el avance de su
caso.[31]

En algunas jurisdicciones, en el caso de crmenes graves, como ataque sexual y
homicidio, el fiscal puede invitar a la vctima o a la familia de la vctima a una
reunin, durante la cual se les explicarn las decisiones a tomar.[32]

[6] (b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las vctimas sean
presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre
que estn en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el
sistema nacional de justicia penal correspondiente; 
 
Existen diversas opciones para mejorar, cuando resulte necesario, las
actuaciones policiales y de las fiscalas, a fin de garantizar que la autoridad
judicial o administrativa responsable de las decisiones, cuente con informacin
sobre todos los factores relevantes relacionados con el crime y con su efecto
sobre la vctima.

El enfoque generalizado en muchas jurisdicciones ha sido asumir que el fiscal
tambin representa la perspectiva e inquietudes de la vctima. En estas
jurisdicciones a la vctima se le ha asignado, como mximo, el carcter de
testigo.

Ha existido creciente preocupacin en diversas jurisdicciones, por que este
enfoque no slo no garantiza que la autoridad responsable de la toma de
decisiones cuente con toda la informacin relevante, sino que no brinda a la
propia vctima la oportunidad de hacer or su voz en forma directa. La
informacin sobre el efecto del delito sobre la vctima, sera particularmente
relevante para evaluar la gravedad de la falta y para decidir, cuando
corresponda, el resarcimiento.

Entre los enfoques aplicados en diferentes jurisdicciones para permitir que se
presenten y tomen en consideracin los puntos de vista e inquietudes de la
vctima, podemos mencionar la presentacin de "informes de efectos sufridos
por las vctimas", en forma escrita u oral, o "declaraciones de opiniones de las
vctimas", a la autoridad en cuestin.[33] Algunas jurisdicciones otorgan a las
vctimas el derecho de actuar como "fiscal subsidiario". En este carcter las
vctimas pueden presentar pruebas, sugerir preguntas para el acusado o los
testigos y hacer comentarios sobre declaraciones o pruebas presentadas al
tribunal.[34] Adems, otorgar a la vctima el derecho de presentar demandas
civiles en conexin con causas penales, brinda algn grado de garanta de que
se puedan presentar y tomar en consideracin tanto el punto de vista de la
vctima como sus inquietudes.

En muchas jurisdicciones, se han revisado los procedimientos administrativos y
judiciales a fin de determinar en qu etapa resultara apropiado presentar los
puntos de vista e inquietudes de la vctima, cules seran los mecanismos para
hacerlo, si la vctima debera presentarse personalmente o si debe estar
representada. Entre las etapas bajo consideracin se encuentra la decisin
sobre la liberacin del sospechoso bajo fianza, decisiones sobre la iniciacin de
la accin penal y decisiones respecto del resarcimiento. Algunas jurisdicciones
otorgan a la vctima el derecho de estar representada en la toma de decisin
sobre la sentencia del acusado y sobre su liberacin de prisin bajo libertad
condicional.[35]

[6] (c) Prestando asistencia apropiada a las vctimas durante el proceso
judicial;

En muchas jurisdicciones, la legislacin sobre litigar sin gastos tambin se aplica
a las vctimas en caso de necesidad.[36] Otras jurisdicciones estn
considerando si se debera ampliar el alcance de dichos servicios de litigar sin
gastos. Esto se aplica en general slo a tramites judiciales y a las partes del
caso y no, por ejemplo, a la etapa previa a las audiencias principales o a las
vctimas actuando en carcter de testigos.

Como se ha sealado anteriormente, muchas jurisdicciones estn considerando
la creacin de programas especiales de apoyo a las vctimas. Muchas los han
puesto en prctica en colaboracin con los organismos de seguridad, que
frecuentemente constituyen el primer contacto de la vctima con las
autoridades.[37] Algunas jurisdicciones han dispuesto que un asistente social o
un voluntario especialmente capacitado acompae al oficial de polica cuando
asista en respuesta a, por ejemplo, llamados por disturbios domsticos o
cuando deba informar a los miembros de la familia sobre un delito violento.[38]

Otras jurisdicciones han experimentado con programas de vctimas/testigos que
funcionan en las oficinas de los fiscales o en los servicios de libertad
condicional, ya que frecuentemente se cuenta con la presencia de asistentes
sociales en los tribunales y estos estn en contacto con todas las partes que
solicitan ayuda.[39]

Las mismas jurisdicciones han tratado de garantizar la cooperacin efectiva
entre los servicios de justicia, salud, salud mental, bienestar y otros, a fin de
concentrar la atencin en las necesidades de las vctimas durante el curso de la
accin legal, particularmente en la necesidad de la vctima de contar con apoyo
emocional. Algunas jurisdicciones han creado el cargo de "personas de apoyo",
cuyos servicios son pagados por el estado y, quienes, en casos graves como
ataque sexual, acompaan a la vctima durante todo el proceso, desde los
primeros contactos con las autoridades hasta la ejecucin de la sentencia.[40]

[6] (d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
vctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, as
como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de
intimidacin y represalia; 

Una gran cantidad de jurisdicciones han elaborado directrices para el personal
judicial y administrativos, en las cuales se presta debida consideracin a
equilibrar las prioridades y necesidades del estado y del acusado con las
molestias y la interferencia con los intereses personales de la vctima. Estas
directrices se refieren especialmente a los interrogatorios policiales, los horarios
y cronogramas de audiencias y el otorgamiento de aplazamientos o
suspensiones.

Entre las medidas que se han tomado en diferentes jurisdicciones se encuentran:

(a) Si se requieren elementos personales de la vctima (tales como bienes
robados o prendas manchadas) como prueba, se pueden tomar fotografas o el
oficial de investigacin puede preparar declaraciones juradas. Luego se pueden
restablecer los bienes a la vctima, a menos que se eleve una objecin formal.

(b) Reintegro inmediato a la vctima de los gastos incurridos por su
participacin en la instruccin policial y en los procedimientos llevados a cabo
hasta tanto se determine la culpabilidad y se impongan los costos;

(c) Consideracin especial a si se requiere el testimonio de un testigo en una
sesin en tribunales y, en caso afirmativo, si la citacin puede indicar con la
mayor certeza posible la hora en la cual se realizar efectivamente la audiencia;

(d) Disponer de alimentos, servicios de cuidado de nios y otras comodidades
para el tiempo de espera en los tribunales y brindar la posibilidad de salas de
espera independientes para evitar el contacto con el sospechoso o con los
parientes o personas allegadas al sospechoso;

(e) Analizar la posibilidad de un procedimiento in camera o, por ejemplo, la
provisin de un testimonio filmado o el uso de espejos, cuando esto ayude a la
vctima a hablar con mayor libertad, como en el caso de vctimas de ataques
sexuales o cuando las vctimas son nios; 

(f) La designacin de voluntarios dedicados a la defensa de los nios (child
advocates), con el mandato del tribunal para representar los intereses de la
vctima cuando se trata de un menor;

(g) Disponer que un investigador especial escuche el testimonio prestado por
un nio, y luego dicho investigador relate el testimonio al tribunal.

Una fuente especial de victimizacin secundaria son las consecuencias
negativas que pueda tener la publicidad del caso sobre la vctima. En muchas
jurisdicciones se presta especial atencin al inters que pueda asistir a la vctima
en evitar la publicacin de su nombre y domicilio, detalles ntimos del caso o su
relacin con el perpetrador. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones se ha
prohibido la publicacin de datos que puedan permitir la identificacin de la
vctima de una violacin. Del mismo modo, algunas jurisdicciones no exigen que
las vctimas consignen sus domicilios cuando se les toma juramento como
testigos en tribunales.

En algunas jurisdicciones los medios han creado cdigos de tica con
consideracin especial hacia las vctimas.[41]

Algunas jurisdicciones han revisado sus leyes y prcticas a fin de asegurar su
respuesta a denuncias de amenazas, intimidacin o acoso de vctimas y testigos.
Muchas jurisdicciones otorgan una proteccin especial a vctimas y testigos a
travs de la polica y de la legislacin penal. Entre los ejemplos se incluye la
"legislacin contra el acecho" que penaliza el acecho o acoso de una persona o
prev la posibilidad de impartir rdenes judiciales para que ciertas personas se
abstengan de establecer contacto con la persona en cuestin.[42]

[6] (e) Evitando demoras innecesarias en la resolucin de las causas y en la
ejecucin de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las
vctimas. 

Diversas jurisdicciones han elaborado directrices sobre el manejo expeditivo de
casos por parte del personal judicial y administrativo, sin perjuicio de los
derechos del acusado.

Muchas jurisdicciones tambin han revisado sus leyes y prcticas a fin de
facilitar el cobro de indemnizaciones adjudicadas a las vctimas. Entre los
ejemplos figuran asistir a las vctimas en la ejecucin de rdenes o decretos que
otorguen dichas indemnizaciones y en la asignacin de prioridad a las mismas
por sobre las multas y otros pagos de carcter punitorio que el victimario deba
efectuar al estado.

7. Se utilizarn, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solucin de las
controversias, incluidos la mediacin, el arbitraje y las prcticas de justicia
consuetudinaria o autctonas, a fin de facilitar la conciliacin y la reparacin en
favor de las vctimas. 

Varias jurisdicciones han creado o fortalecido los procedimientos oficiosos de
resolucin de controversias como la mediacin o la reconciliacin, donde las
dos partes involucradas y en algunos casos, la comunidad, pueden tener una
participacin activa en la decisin a tomar.[43] La comunidad internacional
presta cada vez mayor atencin a los beneficios de este enfoque para las partes
involucradas, para la comunidad y para el estado. En este sentido, se ha puesto
de manifiesto el valor de recurrir a prcticas autctonas arraigadas y a las
tradiciones, que en muchos casos se han puesto de lado en aras de la
"modernizacin", tomando modelos forneos, en detrimento de los enfoques
orientados a la vctima.

Los mecanismos extrajudiciales de resolucin de conflictos, incluyendo la
mediacin y el arbitraje, se han utilizado tradicionalmente y an se utilizan en
muchas partes del mundo, incluyendo frica, Asia y Amrica Latina. Varios
Pases de Europa Occidental, Australia del Sur y algunas jurisdicciones
norteamericanas han puesto de manifiesto considerable inters en los
programas de mediacin y conciliacin y se han puesto en prctica numerosos
programas experimentales.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirn
equitativamente, cuando proceda, a las vctimas, sus familiares o las personas a
su cargo. Ese resarcimiento comprender la devolucin de los bienes o el pago
por los daos o prdidas sufridas, el reembolso de los gastos realizados como
consecuencia de la victimizacin, la prestacin de servicios y la restitucin de
derechos.

Distintas jurisdicciones difieren en el alcance del "dao o prdida sufridos" por
los cuales el delincuente es responsable. Muchos sistemas contemplan la
demanda de gastos desembolsados, tales como gastos en atencin mdica,
compensacin por la propiedad robada o reparaciones inmediatas a los bienes
daados. Adems, varias jurisdicciones dan lugar a los reclamos por el dolor y
sufrimiento y por otros daos intangibles.[44]

Diversas jurisdicciones han adoptado una variedad de mtodos para alentar el
pronto y justo resarcimiento del dao a las vctimas por parte de los
victimarios. Estos incluyen:

a) Disponer que el pago o restitucin se considere un factor mitigante para la
sentencia;
b) Imponer una multa que resulte ms alta que el monto del resarcimiento,
pudiendo quedar la multa sin efecto si el delincuente resarce a la vctima;
c) Imponer una sentencia condicional, suspendiendo la sentencia a condicin de
que el delincuente proporcione resarcimiento a la vctima;
d) Confiscacin de los bienes de las personas halladas responsables de la
victimizacin con el objeto de resarcir a la vctima;
e) Permitir la posibilidad de "resarcimiento creativo", en el cual el delincuente,
con el consentimiento de la vctima, pueda brindar servicios directamente a la
vctima, por ejemplo, reparando el dao o trabajando para la vctima.

Diversas jurisdicciones han puesto en prctica medidas para el resarcimiento
temprano por parte del victimario, por ejemplo, dejando sin efecto toda otra
medida que pudiera corresponder una vez pagado el resarcimiento.

9. Los gobiernos revisarn sus prcticas, reglamentaciones y leyes de modo
que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos
penales, adems de otras sanciones penales. 

Diversas jurisdicciones permiten el uso de una orden de resarcimiento como
principal sancin, disponiendo que el delincuente pague el resarcimiento. En
algunas jurisdicciones se impone tanto una orden de resarcimiento como una
sentencia y se otorga prioridad a la ejecucin de la orden de resarcimiento.

Algunas jurisdicciones han introducido sanciones estrechamente relacionadas
con el resarcimiento a la vctima:

a) El "Resarcimiento de la comunidad financiera" (conocido en algunas
jurisdicciones como "transacciones") implica el pago de sumas de dinero por
parte del delincuente a alguna otra entidad, como un programa comunitario o
una entidad de beneficencia;
b) El "Servicio comunitario", en el cual el delincuente presta algn servicio a la
comunidad, en general considerado como una sancin. No obstante, en este
tipo de resarcimiento, la sociedad aparece como "vctima simblica" y por lo
tanto se suele denominar a esta prctica como "resarcimiento simblico";
c) Las "Multas a modo de resarcimiento" que se diferencian del resarcimiento
real en que son impuestas y cobradas con el objeto de depositar sumas de
dinero en un fondo del estado para indemnizacin y/o servicios a las vctimas.

Una vez depositadas, las sumas de dinero se destinan a rembolsar a las
vctimas por las prdidas financieras producidas en el curso del pago del plan
de indemnizacin del estado o para financiar los servicios de asistencia a las
vctimas.

10. En los casos en que se causen daos considerables al medio ambiente, el
resarcimiento que se exija comprender, en la medida de lo posible, la
rehabilitacin del medio ambiente, la reconstruccin de la infraestructura, la
reposicin de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de
reubicacin cuando esos daos causen la disgregacin de una comunidad.

Diversas jurisdicciones exigen que las personas o empresas que llevan a cabo
proyectos que implican un riesgo considerable al medio ambiente, contraten un
seguro que cubra posibles prdidas o bien que depositen una suma de dinero
que podra utilizarse para cubrir posibles prdidas. Se han hecho propuestas de
resarcimiento de daos por parte de organizaciones empresarias, incluyendo
daos ambientales causados por conductas delictivas o un impuesto o carga
especial por el dao infligido ("el que contamina paga").

11. Cuando funcionarios pblicos u otros agentes que acten a ttulo oficial o
cuasioficial hayan violado la legislacin penal nacional, las vctimas sern
resarcidas por el estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables
de los daos causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya
autoridad se produjo la accin u omisin victimizadora, el estado o gobierno
sucesor deber proveer al resarcimiento de las vctimas. 

Como resultado del mayor grado de atencin que est recibiendo el abuso de
poder por parte de funcionarios pblicos, muchas jurisdicciones han realizado
esfuerzos para garantizar que, cuando haya suficientes causas para creer que un
funcionario pblico u otra persona, actuando en un carcter oficial o
cuasioficial, ha violado la legislacin penal nacional y ha causado daos a una
vctima, las autoridades competentes inicien una investigacin pronta e
imparcial como base para la decisin o resarcimiento. Muchas jurisdicciones
tambin han revisado sus disposiciones sobre responsabilidad por los actos de
funcionarios o agentes del gobierno.[45] En relacin con las amnistas o
medidas similares que han beneficiado a los delincuentes, algunas jurisdicciones
han tratado de asegurar que esto no limite el derecho de las vctimas de
acceder a la justicia, resarcimiento, compensacin y asistencia. Tomando en
consideracin la constante transformacin y cambios tendientes a un sistema
democrtico de gobierno, algunas jurisdicciones ya han abordado la cuestin
de sucesin del estado y las disposiciones sobre medidas apropiadas para
asistencia a las vctimas.

Indemnizacin 

12. Cuando no sea suficiente la indemnizacin procedente del delincuente o de
otras fuentes, los estados procurarn indemnizar financieramente: 

(a) A las vctimas del delito que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud fsica o mental como consecuencia de crmenes graves;

(b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las vctimas que hayan
muerto o hayan quedado fsica o mentalmente incapacitadas como
consecuencia de la victimizacin.

La cantidad de jurisdicciones que permiten indemnizacin a las vctimas de
crmenes por parte del estado est aumentando, sta es una tendencia
promovida por las convenciones internacionales tales como la Convencin
Europea sobre la Compensacin a las Vctimas de Crmenes Violentos. La
indemnizacin, que se paga en los casos en que no es posible lograr un
resarcimiento por parte del delincuente u otras fuentes (como un seguro
privado), se presta dentro del marco de los programas generales de seguros
nacionales y sistemas de bienestar social o a travs de programas especiales de
indemnizacin a las vctimas de crmenes. Uno de los primeros programas
nacionales se cita a menudo a modo de ejemplo que podran seguir otros
estados.[46] Este programa ofrece a las vctimas de crmenes el mismo nivel de
compensacin que a las vctimas de accidentes industriales y automovilsticos.
Algunos programas establecen la posibilidad de pagos de emergencia mientras
est pendiente la determinacin final del monto de la indemnizacin.

Diversas jurisdicciones estn considerando extender el alcance de la cobertura
respecto de los crmenes y tipos de prdidas que cubren[47] y respecto de la
cobertura territorial. En cuanto al ltimo punto, algunas jurisdicciones cubren
todos los incidentes que ocurren en su territorio (independientemente de la
nacionalidad de la vctima) y todos los incidentes en los cuales un ciudadano de
dicha jurisdiccin es vctima (independientemente del lugar en el que ocurri el
incidente).

Numerosas jurisdicciones han prestado especial atencin a informar a las
vctimas sobre los programas de indemnizacin, preferentemente a la mayor
brevedad posible despus del incidente.

13. Se fomentar el establecimiento, el reforzamiento y la ampliacin de fondos
nacionales para indemnizar a las vctimas. Cuando proceda, tambin podrn
establecerse otros fondos con ese propsito, incluidos los casos en los que el
estado de nacionalidad de la vctima no est en condiciones de indemnizarla
por el dao sufrido.

Algunas jurisdicciones financian los planes de indemnizacin del estado con los
fondos recaudados a travs de multas, cargos adicionales en el fuero civil,
activos confiscados a los delincuentes o una sobretasa a los planes de seguros
privados. Algunas jurisdicciones ofrecen exenciones fiscales a los donantes a fin
de alentar las contribuciones a dichos fondos.

Se han creado diversos fondos intergubernamentales y no gubernamentales de
nivel regional e internacional para la indemnizacin y asistencia a las vctimas y
algunas jurisdicciones han brindado apoyo a dichos fondos. Otras
jurisdicciones han comenzado a poner en prctica una campaa especialmente
dirigida a la integracin y coordinacin de iniciativas.[48]

Asistencia 

14. Las vctimas recibirn la asistencia material, mdica, psicolgica y social
que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios,
comunitarios y autctonos. 

En la Encuesta Internacional sobre Victimizacin, se le pregunt a las vctimas
si haban recibido asistencia de un organismo especializado. En la mayora de
los pases, muy pocas vctimas haban recibido este tipo de ayuda. En ninguno
de los pases el porcentaje de vctimas que haba recibido este tipo de
asistencia superaba el 10%.

A las vctimas que no haban recibido ayuda de un organismo especializado se
les pregunt si hubieran apreciado recibir ayuda en trminos de informacin o
apoyo prctico o emocional. La Figura 3 muestra las conclusiones sobre seis
regiones. Estas cifras indican que en promedio el 40% de las vctimas hubiera
apreciado un mayor nivel de ayuda que el que en realidad recibi. La demanda
de dichos servicios es mayor en Amrica Latina, frica, Europa Central y del
Este y Asia. Estas son las regiones en donde dichos servicios han alcanzado el
menor nivel de desarrollo.

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Figura 3. Porcentajes de vctimas en reas urbanas de seis regiones quienes
manifestaron que les hubiera resultado til contar con los servicios de un
organismo especializado: Este archivo electrnico en formato ASCII no
contiene grficos, formularios, o tablas. Para ver este documento en completo,
baje de este mismo sitio Web el archivo electrnico en PDF (formato Adobe
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Muchas jurisdicciones han revisado sus servicios mdicos, psicolgicos y
sociales bsicos a fin de garantizar que se de respuesta a las necesidades de las
vctimas. Se han elaborado directrices sobre el tratamiento que dichos servicios
deben ofrecer a las vctimas, por ejemplo en cuanto la estructuracin de sus
respuestas y sus derivaciones a otros servicios. El apoyo y fomento de las
redes comunitarias y sociales por parte de los gobiernos, como parte del apoyo
y fortalecimiento de las vctimas, es de gran importancia.

Para garantizar acceso de las vctimas a los mecanismos de justicia y para
posibilitar un pronto resarcimiento, muchas jurisdicciones han creado
programas de servicios a las vctimas que ofrecen apoyo e intervienen en su
nombre, cuando resulta necesario, ante las instituciones de justicia penal y
bienestar social. Dichos programas han asumido diversas formas, tales como
centros de crisis, hogares para mujeres golpeadas y servicios generales para las
vctimas del Delito. En los casos de violencia domstica, cuando el delincuente
est en prisin, se debe prestar especial atencin al apoyo financiero a la
familia.

En base a la experiencia en dichas jurisdicciones, se han debido observar
algunos principios en el diseo de los programas. El punto de partida ha sido
una evaluacin de si existe una brecha entre la disponibilidad de servicios y la
necesidad. No es posible evaluar la incidencia y ocurrencia de victimizacin en
base a los datos aportados por la polica solamente ya que, como se ha dicho
anteriormente, an en los pases industrializados, la tasa de denuncias de parte
de las vctimas es de slo el 30-40%. Los datos de las polica deben ser
suplementados con, por ejemplo, encuestas sobre victimizacin, as como
estudios especiales sobre incidentes poco denunciados, tales como abuso de
poder, violencia domstica y ataques de tipo sexual.

Una vez que se han identificado las necesidades generales de programas de
servicios a las vctimas, el prximo paso consiste en definir los objetivos de este
tipo de programas claramente y asegurarse que estn bien organizados, que
cuenten con el personal apropiado y que tengan el apoyo de organismos
patrocinadores o autoridades gubernamentales. Los programas tambin
deberan proporcionar un sistema amplio de servicio a las vctimas y, si su
capacidad es capacidad limitada, crear mecanismos de coordinacin con otros
servicios para asegurar la continuidad.

En la planificacin del programa se deberan tener en cuenta las perspectivas y
experiencias de representantes de diversas profesiones y sectores de la
sociedad. Como mnimo, esto debera incluir representante de las fuerzas del
orden, fiscales, mdicos, el gobierno municipal y los profesionales de salud
mental. Del mismo modo, debera haber igualdad de representacin de
hombres y mujeres de diversas edades y de las distintas razas, religiones,
culturas, reas geogrficas y condiciones econmicas.

El objetivo general debera ser el desarrollo de un programa de servicio a las
vctimas que ofrezca los nueve tipos de servicios que se mencionan a
continuacin:

--Intervencin en la crisis
--Consultora psicolgica (Counselling)
--Defensa (Advocacy)
--Apoyo durante la investigacin de un delito
--Apoyo durante la acusacin y el juicio penal
--Apoyo una vez decidido el caso
--Formacin a los profesionales de disciplinas aliadas sobre problemas de las
vctimas
--Prevencin de la violencia y otros servicios de prevencin
--Educacin pblica (incluyendo campaas de concienciacin) sobre los
problemas de las vctimas.

Sobre la base de los recursos, experiencia del personal del programa,
instituciones de servicio existentes, y de un anlisis de las necesidades en cada
jurisdiccin, se insta a los responsables de desarrollo de programas que asignen
prioridad a la puesta en marcha de servicios y que incorporen gradualmente los
servicios a las vctimas. Al fijar prioridades, se debera tener un enfoque
sistemtico para tomar en cuenta la gravedad del evento y su efecto sobre la
vctima.

En diversas jurisdicciones europeas, trabajadores voluntarios visitan a las
vctimas, ofreciendo apoyo emocional y ayuda prctica, as como 
asesoramiento inmediato, adems de derivar a las vctimas a los organismos
profesionales cuando resulta necesario.[49] En otras jurisdicciones todo el
trabajo est en manos de profesionales. Es importante realizar una cuidadosa
seleccin de todas las personas que trabajan en asistencia a las vctimas y
ofrecerles un mnimo de capacitacin sobre trauma mental y prevencin,
especialmente prevencin de la violencia, antes de prestar servicios. Se debe
prestar especial atencin al sndrome de agotamiento ("burn out") en los
profesionales y voluntarios.

Cuando resulte apropiado y posible, se debera ofrecer un servicio de crisis
durante 24 horas para todas las vctimas de crmenes graves. Las respuestas se
pueden prestar en forma telefnica, a travs de visitas en el lugar del incidente,
visitas domiciliarias o consultorios gratuitos.[50]

Se deben disponer medidas especiales para la proteccin de las vctimas de
violencia domstica, cuando resulte necesario, mediante la instalacin de
hogares o refugios seguros y asesoramiento legal especializado.

Se elaboraron comentarios sobre al apoyo a las vctimas en su contacto con el
sistema de justicia penal (en conexin con el prrafo 6 (c) de la Declaracin
que antecede. En diversas jurisdicciones, los centros de asistencia a las vctimas
ofrecen un amplio rango de servicios paralegales, incluyendo apoyo durante las
audiencias, entrevistas y juicio y para la ejecucin de las rdenes de
resarcimiento o acuerdos basados en la mediacin. 

Para diversos crmenes, prevenir la reincidencia de la victimizacin puede ser
un poderoso mecanismo para reducir la victimizacin en general. Las
investigaciones muestran que las vctimas de cualquier Delito estn en mayor
riesgo que quienes no han sido vctimas de volver a ser vctimas del mismo tipo
de delito o de otro. Los responsables de desarrollar programas de asistencia a
las vctimas deben tener en cuenta que su misin consta de dos partes:
restablecer la integridad de la vctima luego de la victimizacin y servir de gua
para reducir el riesgo de victimizacin.

15. Se informar a las vctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y
sociales y dems asistencia pertinente, y se facilitar su acceso a ellos. 

A fin de asistir a las vctimas que no solicitan asistencia de inmediato, que no
son derivadas de inmediato a los servicios existentes o no se encuentran dentro
del grupo que recibe prioridad, se han utilizado diversos mtodos de contacto,
por ejemplo la distribucin de folletos explicando qu tipos de servicios hay
disponibles para las vctimas. Otros ejemplos son los estudios de las denuncias
policiales por los expertos en crisis quienes seleccionan los casos que deben
ser derivados. Los funcionarios del orden derivan las vctimas a los servicios de
apoyo. Algunos programas de servicio a las vctimas alientan al personal de
seguridad que informen a las vctimas sobre la existencia del programa y les
pregunten si tienen alguna objecin a que se informe su nombre al programa
para que reciban asistencia y si no hay objecin, se realiza la derivacin.
Independientemente del mtodo que se utilice, se debe contactar a las vctimas
e informarles sobre la existencia de los servicios a la mayor brevedad posible.

16. Se proporcionar al personal de polica, de justicia, de salud, de servicios
sociales y dems personal interesado capacitacin que lo haga receptivo a las
necesidades de las vctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y
rpida.

Varias jurisdicciones han dedicado atencin al rol de la polica en el tratamiento
de dichas vctimas en vistas de que la polica es el primer punto de contacto
que tiene la vctima con el sistema de justicia penal. Uno de los puntos que se
enfatizan en los programas de capacitacin policial, es que se debe tratar a la
vctima como un ser humano, no slo como una fuente para la obtencin de
pruebas. Se debe transmitir a la vctima la certeza de que lo que ocurri es
condenado por la sociedad y que cuenta con el apoyo de la comunidad. El
oficial de polica a cargo deber asegurar a la vctima de que ahora se
encuentra seguro/a, que el oficial lamenta lo que le ocurri y, cuando
corresponda, que el incidente no se produjo por su culpa.

Adems de capacitacin en intervencin en el lugar del incidente en casos de
crisis y en la forma de garantizar la asistencia mdica de emergencia, se est
capacitando a la polica para proporcionar a las vctimas informacin sobre sus
derechos y para realizar las derivaciones a los servicios y recursos que
posibiliten la asistencia a la vctima. Entre los servicios esenciales se incluye, en
forma no taxativa:

(a) Explicar los procedimientos e investigaciones policiales;
(b) Proporcionar informacin a las vctimas sobre cmo proteger las pruebas;
(c) Acompaar a las vctimas a los servicios mdicos de emergencia cuando
resulte necesario;
(d) Ofrecer informacin a las vctimas del Delito sobre sus derechos, as como
sobre la existencia de programas de resarcimiento e indemnizacin a las
vctimas del delito;
(e) Realizar las derivaciones de inmediato (verbalmente o por escrito) a los
servicios de intervencin en casos de crisis y a los organismos de la comunidad
que ofrecen servicios de emergencia a las vctimas, as como informacin sobre
ayuda financiera;
(f) Proporcionar confirmacin de que se ha establecido contacto personal con
la vctima en forma telefnica o en persona dentro de las 24-48 horas de la
respuesta inicial para determinar si ha procurado y/o recibido ayuda;
(g) Garantizar que la propiedad de la vctimas se encuentre segura de modo de
no poner en riesgo la seguridad personal como resultado del incidente;
(h) Poner en prctica procedimientos para garantizar que por lo menos las
vctimas de crmenes violentos reciban informacin peridicamente sobre el
estado y cierre de las investigaciones; 
(i) Contactarse con un profesional de servicios a las vctimas para proporcionar
asistencia en el lugar del incidente cuando resulte necesario;
(j) Crear y aplicar estrictos protocolos y procedimientos de restitucin de la
propiedad (en coordinacin con las fiscalas y tribunales).

Algunas jurisdicciones han elaborado protocolos que especifican de qu
manera los distintos profesionales pueden equilibrar sus otras responsabilidades
con la necesidad de brindar respuesta a las vctimas. Adems, un creciente
nmero de organismos gubernamentales y organizaciones profesionales estn
colaborando en el desarrollo de planes de estudio centrados en la respuesta
inicial a las vctimas y a brindar respuestas a sus necesidades de largo plazo.
Diversas organizaciones profesionales han organizado seminarios para fiscales,
jueces, personal policial de alto rango, personal de las crceles y personal
responsable de las personas bajo libertad condicional, en los cuales se analizan
estos temas y se informa a los participantes sobre los beneficios ofrecidos por
los diversos servicios orientados a las vctimas. Tambin se puede recurrir a los
sistemas de revisin de pares para crear sensibilidad en las fuerzas
policiales.[51]

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las vctimas, se prestar atencin a
las que tengan necesidades especiales por la ndole de los daos sufridos o
debido a factores como los mencionados en el prrafo 3 supra.

Diversas jurisdicciones han creado programas especiales para grupos de
vctimas ms vulnerables. Entre los ejemplos podemos citar los centros para
vctimas de ataques sexuales, hogares para mujeres golpeadas y lneas de
consulta para asistir a las vctimas de "crmenes de odio". En algunas
jurisdicciones, los organismos y organizaciones que atienen a los ancianos estn
desarrollando programas especiales para los destinatarios de sus servicios. Las
vctimas infantiles requieren no slo asistencia mdica y emocional especial sino
tambin especial atencin en su contacto con el sistema de justicia penal.
Algunas jurisdicciones han creado unidades especiales para realizar
investigaciones policiales y para llevar este tipo de casos a la justicia y permiten
presentar testimonios grabados en video o el uso de un circuito cerrado de
televisin para la presentacin de testimonios de menores en los tribunales.

Otras jurisdicciones han creado centros de defensa de los nios, donde se
dispone de numerosos servicios para las vctimas en un sitio.

B. Las vctimas del abuso de poder

18. Se entender por "vctimas" a las personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daos, inclusive lesiones fsicas o mentales, sufrimiento
emocional, prdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a
constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 

En los ltimos aos los conflictos armados han cobrado numerosas vctimas, en
gran medida entre la poblacin civil. Los grupos ms afectados han sido las
mujeres y nios. Estos conflictos se han manifestado en luchas tribales, tnicas
y otros conflictos fraticidas, violaciones masivas, trfico de mujeres y nios,
victimizacin de inmigrantes, raptos y expulsiones, "limpiezas tnicas", tortura,
detenciones y homicidios arbitrarios. La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados estima que al comienzo de 1996, existan
aproximadamente 13,2 millones de refugiados, 3,4 millones de personas
retornadas, 4,6 millones de personas desplazadas internamente y 4,8 millones
de vctimas de conflictos armados, la mayora de ellos mujeres y nios.

Muchas jurisdicciones han revisado su legislacin y sus prcticas con miras a
mejorar la situacin de la vctimas de violaciones a las normas
internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos, incluyendo normas
de legislacin internacional para la proteccin de la vida, la libertad, la
seguridad personal y el bienestar de individuos y grupos, segn el texto del
artculo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Algunas jurisdicciones han procurado proporcionar asistencia a las vctimas de
violaciones de los siguientes instrumentos, entre otros:

--La Declaracin Universal de Derechos Humanos[52]
--El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos[53]
--El Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales[53]
--La Convencin para la Prevencin y Castigo del Genocidio[54]
--La Convencin sobre los Derechos del Nio[55]
--La Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin
contra la Mujer[56]
--La Declaracin sobre la eliminacin de la Violencia contra la Mujer[57]
--Convencin Internacional sobre la Represin y el Castigo del Delito de
Apartheid[58]
--Las convenciones sobre esclavitud y prcticas conexas
--Las Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos  
--La Declaracin sobre la Proteccin de todas las Personas contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[59]
--El Cdigo de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley 
--Los Principios de tica mdica aplicables a la funcin del personal de salud,
especialmente los mdicos, en la proteccin de personas presas y detenidas,
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
--Las Convenciones sobre la Captura de Diplomticos y la Toma de Rehenes
--Instrumentos Relevantes sobre crmenes de Lesa Humanidad, Crmenes
contra la Paz y Crmenes de Guerra

Cuando estas jurisdicciones han sancionado legislacin que criminaliza las
conductas tipificadas por las Convenciones o Instrumentos que anteceden,
corresponde aplicar la Parte A de la Declaracin.

19. Los estados considerarn la posibilidad de incorporar a la legislacin
nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios
a las vctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirn el
resarcimiento y la indemnizacin, as como la asistencia y el apoyo materiales,
mdicos, psicolgicos y sociales necesarios.

La Parte A de la Declaracin exige una garanta de que las vctimas del abuso
de poder gocen de los mismos derechos que los que se confieren a las vctimas
de crmenes, en particular los derechos relativos al acceso a la justicia, al
tratamiento justo, el resarcimiento, la indemnizacin y la asistencia. Muchas
jurisdicciones han promulgado legislacin criminalizando o proscribiendo las
violaciones a las normas internacionalmente reconocidas sobre los derechos
humanos y las leyes humanitarias o han sancionado legislacin garantizando
estos derecho a las vctimas del abuso de poder.

Existe una mayor tendencia hacia la reparacin para las vctimas colectivas.
Algunas jurisdicciones han introducido el recurso de acciones grupales o de
clase. Entre otros ejemplos podemos citar las jurisdicciones que han
introducido esquemas de reparacin para las vctimas de genocidios y otras
graves violaciones masivas de los derechos humanos.[60] En otros pases la
indemnizacin, an cuando haya sido slo simblica, ha sido parte de los
esfuerzos para esclarecer la verdad y garantizar la justicia como base para la
reconciliacin nacional.[61]

La condicin de vctimas en pases que estn sufriendo profundos cambios
sociales, econmicos y polticos, incluyendo los pases destruidos por la guerra,
es particularmente compleja y precaria y ser necesario contar con programas
especializados en dichos paseslshos relativos al acceso d ren a las v Deros
cubiertos por enormas de legislaci . . . . para proporcionar asistencia efectiva y
oportuna.

Varias jurisdicciones ofrecen indemnizaciones a personas que se han visto
ilegtimamente privadas de su libertad o a las vctimas de la administracin
errnea de la justicia.

Numerosas jurisdicciones han ratificado los tratados internacionales sobre
derechos humanos, las normas y principios de las convenciones de derecho
penal que materializan la proteccin de los derechos humanos tanto individuales
como colectivos y los incorporan a la legislacin nacional y a la gestin del
estado.

Adems, muchas jurisdicciones han tratado de garantizar que se apliquen
medidas legales o disciplinarias contra las personas que no cumplen con la
legislacin o con las regulaciones sobre el arresto, los allanamientos, los
interrogatorios y la detencin.

A fin de proporcionar asistencia y apoyo mdico, psicolgico y social, diversos
organismos nacionales y de las Naciones Unidas, as como las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, han desarrollado programas
apropiados para prestar dichos servicios.

20. Los estados considerarn la posibilidad de negociar tratados
internacionales multilaterales relativos a las vctimas, definidas en el prrafo 18.

Diversas convenciones establecen mecanismos para monitorear el cumplimiento
con estos instrumentos. Entre los ejemplos se incluyen el Comit de los
Derechos del Nio, el Comit contra la Tortura y el Comit para la Eliminacin
de la Discriminacin contra la Mujer. Se deber alentar a estos Comits a
prestar mayor atencin a prevenir la victimizacin y a proporcionar asistencia a
las vctimas. 

Las cortes regionales de derechos humanos de Europa y Amrica Latina han
tratado casos sobre problemas de las vctimas. La Corte Europea y la
Comisin de Derechos Humanos han decidido casos de maltrato de
prisioneros con un fallo que marc un hito, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos reconoci daos a los familiares supervivientes de
personas desaparecidas responsabilizando a un gobierno por la violacin de
sus deberes y de las garantas fundamentales reconocidas por la Convencin
Interamericana de Derechos Humanos que haba sido ratificada por dicho
gobierno. La Comisin Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene,
entre otras, una misin de promocin: recabar informacin, realizar
investigaciones y formular principios, as como colaborar con otras instituciones
africanas e internacionales en el fomento del respeto de los derechos
fundamentales y en la reduccin de la victimizacin. En su nuevo rol relativo a
la resolucin de conflictos, se encarga de la presentacin de "comunicaciones
sobre negociacin" y "comunicaciones sobre demandas" como lo establece la
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos[62]. Esto incluye
presentaciones de las partes que no son estados, tales como individuos u
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales. 

Varias jurisdicciones han creado comisiones o comits nacionales a los que se
les ha asignado la responsabilidad de revisar la implementacin de algunos de
los instrumentos o mecanismos mencionados anteriormente.[63] Estas
comisiones nacionales o comits deberan prestar especial consideracin a los
problemas de las vctimas. 

21. Los estados revisarn peridicamente la legislacin y la prctica vigentes
para asegurar su adaptacin a las circunstancias cambiantes, promulgarn y
aplicarn, en su caso, leyes que prohban los actos y que constituyan graves
abusos de poder poltico o econmico y que fomenten medidas y mecanismos
para prevenir esos actos y establecern derechos y recursos adecuados para
las vctimas de tales actos, facilitndoles su ejercicio. 

Los estados deben instituir mecanismos de informacin sobre las vctimas de
abuso de poder de acuerdo con las obligaciones emanadas de los tratados o
de lo requerido por los organismos de las Naciones Unidas.

Es importante dar debida cuenta del trabajo recientemente completado del
Relator Especial sobre el derecho al resarcimiento, indemnizacin y
rehabilitacin de las vctimas de graves violaciones de derechos humanos y
libertades fundamentales[64], incluyendo el grado en el cual los principios
formulados en este sentido pueden ser incluidos en la legislacin nacional.
Tambin podra resultar til clarificar las implicancias de la responsabilidad del
estado en la reparacin, es decir, qu entidades tienen la obligacin de
proporcionar reparacin y quin tiene derecho a recibirla, incluyendo a los
individuos, grupos o comunidades.

La revisin peridica de la legislacin y de su aplicacin contribuir a
profundizar el concepto de abuso de poder ms all de los asuntos incluidos en
los tratados sobre derechos humanos. Esto incluye dar debida cuenta del dao
causado, por ejemplo, por las prcticas econmicas, ambientales y
tecnolgicas que no se pueden penalizar en algunas jurisdicciones y que sin
embargo infligen un considerable dao a nivel colectivo o individual. La vctima
puede no tener conciencia del dao, que probablemente se ponga en evidencia
en el largo plazo. Es importante contemplar formas de reparacin comunitaria
en este sentido y medidas especficas de control (ej. el principio "el que
contamina paga").

Se habrn de desarrollar mecanismos internacionales de reparacin y
resarcimiento en los pases en los que los canales nacionales resulten
insuficientes, incluyendo el derecho de peticionar individual o colectivamente
por daos sufridos o inminentes. Segn las recomendaciones del Octavo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Tratamiento
de los Delincuentes, se deber crear un fondo internacional para vctimas a ser
utilizado por las vctimas de crmenes transnacionales cuando haya conflictos de
jurisdicciones o cuando no se cuente con acceso a los recursos. Se deber
prestar asistencia internacional coordinada para prevenir la victimizacin y
proporcionar reparacin a las vctimas como principio fundamental de justicia y
responsabilidad, especialmente en las situaciones de reconstruccin
post-conflicto y en la de transicin hacia la democracia.

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[15] Por ejemplo, en Brasil y en los Estados Unidos.

[16] Por ejemplo, en Finlandia.

[17] Por ejemplo,en Francia.

[18] Esto se aplica, por ejemplo, a los programas de indemnizacin por parte
del Estado en Austria, Canad, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Japn, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido de Gran Bretaa e
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Amrica.

[19] Por ejemplo, en los Estados Unidos de Amrica.

[20] Por ejemplo, en Finlandia.

[21] Muchos ejemplos relacionados con violencia domstica se citan en la
publicacin del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Strategies
for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual(ST/CSDHA/20)
(Nueva York, ONU 1993). En Brasil se han creado comisaras especiales para
temas de mujeres. En Mxico, el Reino Unidos y los Estados Unidos existen
unidades especiales para casos de ataques sexuales.  

[22] Por ejemplo, en Holanda y el Reino Unido.

[23] Por ejemplo, en Australia del Sur y los Estados Unidos.

[24] Por ejemplo, en Mxico.

[25] Por ejemplo, en Brasil.

[26] Por ejemplo, en Francia, Suecia y los Estados Unidos.

[27] Por ejemplo, en Alemania y Mxico.

[28] Por ejemplo, en Austria y Finlandia.

[29] Por ejemplo, en Mxico.

[30] Por ejemplo, en Brasil, Francia, Nigeria y el Reino Unido.

[31] Por ejemplo, en el Reino Unido.

[32] Por ejemplo, en Holanda y el Reino Unido.

[33] Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de
Amrica.

[34] Por ejemplo, en Austria.

[35] Por ejemplo, en los Estados Unidos de Amrica.

[36] Por ejemplo, en Finlandia e India.

[37] Este es el caso, por ejemplo, en la mayor parte de los pases de Europa
Occidental, Australia, Canad, Hungra, Polonia y los Estados Unidos de
Amrica. 

[38] Por ejemplo, en Finlandia y en los Estados Unidos de Amrica.

[39] Por ejemplo, en Portugal y en los Estados Unidos de Amrica.

[40] Este cargo existe en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

[41] Por ejemplo, en el Reino Unido.

[42] Por ejemplo, en Austria y en los Estados Unidos de Amrica.

[43] Por ejemplo, en Austria, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia y los 
Estados Unidos de Amrica.

[44] Por ejemplo, en Suecia y el Reino Unido.

[45] Ver, por ejemplo, El Cdigo Internacional de Conducta de Funcionarios
Pblicos y el cdigo de Conducta para Funcionarios Responsables de hacer
cumplir la ley.

[46] El esquema de indemnizacin por parte del Estado puesto en prctica en
Nueva Zelanda.

[47] Los programas de Finlandia y Francia, por ejemplo, tambin cubren a las
vctimas de Crimenes contra la propiedad en funcin de la necesidad.

[48] Ver por ejemplo el Comit de Proteccin de Menores de Portugal
(Comisso de Protecco de Menores).

[49] Las organizaciones nacionales de asistencia a las vctimas en Holanda y el
Reino Unido, por ejemplo, ofrecen servicios en todo el pas a travs de una red
de centros locales que cuentan con equipos de profesionales y de voluntarios.

[50] Segn una definicin (que se aplica en los Estados Unidos de Amrica),
los objetivos de la intervencin en la crisis son: (a) la seguridad (identificar y
responder a las necesidades de emergencia: proporcionar un lugar seguro para
las vctimas); (b) ventilacin y validacin (proporcionar alivio y calma a las
vctimas mediante el relato de su experiencia; comunicndoles que sus
reacciones no son infrecuentes; asistiendo a las vctimas a reestructurar
cognitivamente la situacin de crisis); y la prediccin y preparacin (resolucin
de problemas y manejo de conflictos). 

[51] En Utrecht, Holanda, se ha creado un sistema de revisin de pares en el
cual, una vez que la vctima ha sido interrogada por un detective policial, un
segundo detective le pregunta a la vctima cmo se sinti tratada por el primer
detective. Se tomas estas respuestas como base para futuros programas de
capacitacin.

[52] Resolucin de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de
1948.

[53] Resolucin de la Asamblea General 2200 A (XXI), anexo, del 16 de
diciembre de 1966.

[54] Resolucin de la Asamblea General 44/25, Anexo, del 20 de noviembre
de 1989.

[55] Resolucin de la Asamblea General 34/180, Anexo, del 18 de diciembre
de 1979.

[56] Resolucin de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

[58] Resolucin de la Asamblea General 3068 (XXVIII), Anexo, del 30 de
noviembre de 1973.

[59] Resolucin de la Asamblea General 3452 (XXX), Anexo, del 9 de
diciembre de 1975.

[60] Entre los ejemplos se incluyen los planes para las vctimas de la Alemania
Nazi en Austria, Alemania y Hungra; el plan de indemnizacin de los Estados
Unidos a los Japoneses-Norteamericanos internados durante la Segunda
Guerra Mundial; la indemnizacin en Canad a los aborgenes desposedos de
sus tierras; la indemnizacin en Ruanda a las vctimas del genocidio; la
indemnizacin en Brasil a los parientes de las personas "desaparecidas" y
vctimas de torturas; y la reparacin mediante un fondo especial creado en
Japn para las mujeres en pases como Indonesia, Corea y Filipinas que se
vieron forzadas a la prostitucin durante la Segunda Guerra Mundial.
indemnizacie sus tierras; landemnizaciricanos internados durante

[61] Por ejemplo, en Argentina, Chile, El Salvador y Sudfrica.

[62] Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 1520, No. 26363.

[63] Por ejemplo, en Brasil, Indonesia y Mxico.

[64] La cuestin de los derechos humanos de todas las personas sometidas a
alguna forma de detencin o reclusin: nota del Secretario-General.
(E/CN.4/1997/104), Anexo.

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