**ECUADOR**

El Ecuador es una república constitucional con una población de unos
13,8 millones de habitantes. En noviembre de 2006, Rafael Correa ganó la
presidencia en la segunda vuelta de las elecciones que, en términos
generales, se consideraron libres y justas. Correa asumió el poder el 15
de enero. Por lo común, las autoridades civiles mantuvieron un control
eficaz de las fuerzas de seguridad.

Si bien, en general, el Estado respetó los derechos humanos de sus
ciudadanos, siguió habiendo problemas en los siguientes campos: actos
aislados de homicidio ilegítimo y uso de fuerza excesiva por las fuerzas
de seguridad; actos esporádicos de tortura, abuso y homicidio de
sospechosos y presos por las fuerzas de seguridad, a veces con
impunidad; condiciones precarias en las cárceles; arresto y detención
arbitrarios; un elevado número de presos en régimen de detención
preventiva; y corrupción y denegación de las debidas garantías
procesales dentro del sistema judicial. Se acusó de asesinato, intento
de asesinato, violación sexual, extorsión, secuestro y tráfico de
extranjeros indocumentados a varios agentes de la Policía Nacional.
Continuaron los problemas sociales, entre los que cabe citar la
violencia contra las mujeres; la discriminación de las mujeres, los
pueblos indígenas, los afroecuatorianos y los homosexuales; la trata de
personas y la explotación sexual de menores; y el trabajo infantil.

**RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

# Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluso libertad de: 

a.  Privación arbitraria e ilícita de la vida

Aunque ni el gobierno ni sus agentes cometieron homicidios por motivos
políticos, se siguieron recibiendo denuncias de fuentes fidedignas de
que las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y cometieron
numerosos actos de homicidio ilegítimo.

El 6 de enero, la policía arrestó a un grupo de adolescentes por pintar
con graffiti una pared en el sector El Inca en la zona norte de Quito.
La policía golpeó y luego liberó a uno de los jóvenes pero mantuvo
detenido a Paúl Guañuna, a quien se vio con vida por última vez en una
patrulla de la policía que se dirigía a una estación de policía del
centro de la ciudad. El 7 de enero, se encontró el cadáver de Guañuna a
poca distancia del lugar donde se le arrestó en un principio. La
autopsia reveló que había muerto de traumatismo por contusión craneana y
laceración del pulmón derecho, indicativos de una caída. Se inició un
procedimiento penal contra Geovanny Álvarez Zambrano, Eduardo Cruz Live
y Claudio Chicaiza Caiza, tres agentes de policía que estaban con
Guañuna en el momento de su arresto; un juez decretó su prisión, y en
junio el fiscal anunció que se les acusaría de homicidio culposo.
Después de una audiencia preliminar, se acusó oficialmente de homicidio
a los agentes. Al final del año, estaba pendiente una apelación de la
acusación ante la Corte Suprema de Justicia de Quito.

El 12 de abril, la policía de Manta mató de un disparo a Juan Carlos
Vera Faguizon de 19 años, después de un altercado. Una investigación
interna de la policía condujo a acusaciones contra Reynaldo Enrique
Mendoza Roldán y Carlos René Guanotaxi Suntaxi, agentes de policía. Al
terminar el año, los agentes estaban presos en espera del juicio.

Entre el 8 de enero y el 18 de junio, ocho niños y dos adultos de las
Provincias de Guayas y Los Ríos fueron alcanzados por balas perdidas, en
circunstancias presuntamente vinculadas con violencia de pandillas; ocho
de las 10 víctimas murieron de las lesiones sufridas.

Al final del año, continuaba la investigación de la muerte de un joven
participante en una manifestación estudiantil en Cuenca en abril de
2006, ocasionada por una bala perdida de una pistola de un agente de
policía. También al final del año estaba en curso la investigación del
homicidio de un taxista cometido en junio de 2006 por el agente de
policía Miguel Ángel Chirán, fuera del horario de servicio.

En noviembre, un tribunal militar falló en el caso de dos oficiales
militares acusados del homicidio de un curandero indígena en agosto de
2006 en Puyo, Provincia de Pastaza. El Tribunal sentenció a Bernardo
Cervantes Santamaría Cuji a 16 años de cárcel y absolvió a Santio
Mucushigua.

El agente de policía Freddy Abel Rizzo Barzola, que estaba detenido en
relación con el homicidio de dos detenidos en 2005, fue asesinado en la
cárcel durante el año.

A fines del año, el fiscal de Sucumbios siguió investigando las
acusaciones contra los oficiales del ejército Ángel Chuya, Carlos
Badillo, Benito Tangamashi y Jorge Zamora, referentes al homicidio de
dos ocupantes de un vehículo, ocurrido en la Provincia de Sucumbios en
2005. Los cuatro oficiales permanecieron en régimen de detención
militar.

Según informa la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la
violencia colectiva contra presuntos delincuentes continuó con la
intensidad del año anterior, particularmente en las comunidades
indígenas y los barrios pobres de las grandes ciudades, donde la
presencia de la policía es escasa.

b\. Desaparición

No se recibieron informes de desaparición por motivos políticos.

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El secuestro criminal con fines de lucro siguió constituyendo un
problema en algunas regiones del país. También se recibieron denuncias
de extorsión y de amenazas de secuestro de ganaderos, agricultores y
empresarios a lo largo de la frontera con Colombia. Hasta diciembre, la
policía registró 357 casos de secuestro y 155 casos de \"secuestro
expreso\" (en el cual se lleva en automóvil a una persona a varios
sitios y se le obliga a retirar fondos personales de un cajero
automático) e hizo siete arrestos relacionados con esos actos.

c\. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

Si bien la Constitución y las leyes prohíben la tortura y formas
similares de intimidación y castigo, se informa que algunos agentes de
policía continuaron sometiendo a sospechosos y presos a tortura y abuso,
a menudo con impunidad.

El gobierno no había tomado ninguna medida con respecto a las
comprobaciones hechas en 2005 por el Comité de las Naciones Unidas
contra la Tortura a efectos de que las leyes nacionales sobre tortura no
se ciñen a las normas establecidas por la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, en particular porque la definición de tortura en el código
penal, que penaliza el \"tormento corporal" pero no la tortura
psicológica, no corresponde a la definición esbozada en dicha
Convención. A menudo, se castigó a los perpetradores de tortura con una
multa en lugar de prisión.

Hasta finales de diciembre, la CEDHU registró 420 casos de presunta
"tortura\" o \"agresión física injustificada\" por fuerzas de la
policía.

En enero, Vicente Santana acusó a los agentes de policía Luis Luglia y
Galo Rivas de Quininde, Provincia de Esmeraldas, de golpearlo sin
ninguna causa. Fue hospitalizado por las lesiones sufridas. Santana
alegó que la policía lo obligó a firmar una declaración jurada en la que
afirmaba que no se le había golpeado. En vista de la indiferencia
oficial, Santana decidió abstenerse de hacer acusaciones.

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El 4 de mayo, la policía persiguió en la zona sur de Quito a un grupo de
adolescentes que iban de camino a su casa después de una fiesta. Víctor
Javier Tipan Caiza, de 16 años, sometido a una operación quirúrgica poco
antes, no pudo escapar y afirmó que la policía lo golpeó hasta dejarlo
inconsciente. En la investigación interna de la policía se determinó la
culpabilidad de dos agentes en la comisión del delito, pero a finales
del año no se había tomado ninguna medida, y la investigación penal
estaba en curso.

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Según informes, el 26 de noviembre, varias comunidades mestizas e
indígenas en manifestación de protesta en Dayuma, Provincia de Orellana,
ocuparon y dañaron las instalaciones de Petroecuador, la empresa
petrolera estatal. Después de determinar que la protesta ponía en
peligro la seguridad pública y los ingresos nacionales provenientes del
petróleo, el 29 de noviembre, el Presidente Correa declaró estado de
emergencia en la Provincia de Orellana, envió al ejército para restaurar
el orden público e invocó la ley de seguridad nacional, que autoriza a
los tribunales militares a juzgar a los presos. Según informes de la
CEDHU, las fuerzas armadas detuvieron ilícitamente y torturaron a varias
personas, hecho negado por el gobierno. Las infracciones de un toque de
queda militar ocasionaron más de 100 detenciones; aunque el gobierno
declaró el 7 de diciembre que se había liberado a todos los menores, la
CEDHU informó que habían desaparecido cuatro de ellos (Freddy Zambrano,
Mario Zambrano, Jefferson Marcillo y Antonio Cabal). Las investigaciones
continuaban a finales del año.

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> Condiciones en las cárceles y los centros de detención

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Por lo general, las condiciones en las cárceles y los centros de
detención eran precarias y tendían a empeorar más en las zonas costeras
tropicales al compararlas con las zonas altas templadas.

El 6 de julio, el gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días
(prorrogado después a 120 días), extensivo a las 34 cárceles y centros
de detención del país para abordar los problemas de infraestructura,
dotación de personal y financiamiento; durante el período de emergencia
asignó otros \$15 millones (el dólar es la moneda nacional) a la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).

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El hacinamiento constituyó un problema crónico en casi todos los
establecimientos penitenciarios. Hasta octubre, la DNRS informó que
había 18.218 presos en instalaciones construidas para alojar a menos de
la mitad de esa cifra.

En varias cárceles hubo graves brotes de enfermedad, y a menudo la
atención médica fue inadecuada. La asignación diaria para las raciones
de las cárceles era de un dólar por preso; los detenidos solían
complementar esas raciones comprando sus propios alimentos.

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Hasta finales de noviembre, la DNRS había denunciado la muerte de 42
presos, 30 de ellos por enfermedad o por causas desconocidas, siete por
lesiones graves y dos por suicidio.

Las investigaciones sobre dos muertes en la cárcel de Machala en la
Provincia de El Oro no llevaron hacer a ninguna acusación penal. Según
la CEDHU, la cárcel de Machala tenía solamente 30 guardias, en tanto que
la población carcelaria justificaba la asignación de un mínimo de 70
guardias. Hasta septiembre, había 450 presos en la cárcel de Machala,
cuya capacidad es de 150.

El 20 de abril se encontraron muertos los presos Juan Carlos Alava
Chávez e Israel Mariscal Vásquez en el Centro Penitenciario del Litoral
de Guayaquil. Un informe de la policía indicó que los presos murieron de
manera sospechosa, pero la causa no se había determinado al llegar el
final del año.

El 1° de mayo se encontró el cadáver de Vicente Francisco Cantos Brito,
que murió ahorcado en un calabozo de la sede de la Policía Judicial en
Guayas. Se le había arrestado por acusaciones de robo de tumbas y las
autoridades indicaron que sus compañeros de cárcel podrían haberlo
matado en represalia por esos actos, pero no expidieron ningún informe
de la investigación.

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El 13 de mayo, unos infantes de marina que respondieron a una llamada
por violencia doméstica arrestaron a Juan Lorenzo Delgado Zambrano y lo
trasladaron a la estación local de la Policía Nacional. La tarde
siguiente, por recomendación de las autoridades, los familiares fueron a
un hospital de Porto Viejo, donde se les informó que Delgado se había
caído durante una pelea con otro preso. Delgado murió después, ese mismo
día. Al final del año estaba todavía en curso una investigación de los
dos agentes de policía encargados de la custodia de Delgado.

Las condiciones eran mucho mejores en la cárcel de mujeres de Quito que
en los presidios de hombres. Hasta noviembre, 685 niños y adolescentes
cuyas madres estaban encarceladas habían sido trasladados de las
cárceles a instalaciones más apropiadas; aproximadamente otros 200 de
esos niños permanecían en Centros de Rehabilitación Social. Las presas
en régimen de detención preventiva se mantenían con las condenadas.
Según la CEDHU, se asignaba a guardas varones la responsabilidad de
cuidar a las mujeres presas, y ellas declararon que los guardas las
golpeaban y acusaban de tratar de escapar. La ley estipula que las
mujeres embarazadas no pueden estar detenidas en penitenciarías; con
todo, muchas estaban encarceladas en lugar de estar bajo arresto
domiciliario.

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Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitía visitas a las
cárceles por observadores independientes de instituciones de defensa de
los derechos humanos, a veces las autoridades no permitían que esos
observadores visitaran a los presos enviados a celdas de aislamiento
después de que presuntamente se les había golpeado.

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d\. Arresto o detención arbitrarios

Si bien la Constitución prohíbe el arresto o detención arbitrarios, en
febrero de 2006 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Detenciones Arbitrarias señaló que las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal, el Código Penal y algunos reglamentos adoptados por
las autoridades centrales o provinciales "mina\[ba\]n las garantías y la
protección ofrecidas". El Grupo de Trabajo citó dos leyes que son motivo
de particular preocupación. La primera impone a los jueces la obligación
de ordenar la detención de las personas que esperan un juicio, es decir,
la "detención preventiva". En la práctica, esa ley llevó a detener a
miles de personas por períodos más prolongados que los permitidos por la
Constitución, a menudo de muchos años, en violación de su derecho a la
celebración de un juicio dentro de un plazo razonable. La segunda es una
medida de abolición de las reducciones del período de la sentencia, lo
cual llevó a numerosas personas a cumplir sentencias por períodos
prolongados por causa de delitos menores. En septiembre de 2006, el
Tribunal Constitucional declaró que la disposición sobre detención
preventiva era inconstitucional y afirmó que ninguna persona puede
permanecer presa sin que se le dicte sentencia por más de un año por
delitos penales y por seis meses por delitos menores. Para los presos ya
encarcelados y para todas las personas encarceladas en el futuro esa
medida entró en vigor el 23 de octubre.

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Función de la policía y del mecanismo de seguridad

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La Policía Nacional está subordinada a la autoridad del Ministerio de
Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. La eficacia de la Policía
Nacional se deterioró por corrupción, deficiencia en los procedimientos
de contratación y falta de adiestramiento, supervisión y recursos.

El 6 de mayo, un grupo de civiles y agentes de la policía, presuntamente
organizados por Edwin Marcelo Revelo, agente de la Policía Judicial,
agredió a Cabrera Letty Alcivar, quien afirmó que Revelo organizó el
ataque por causa de una vendetta familiar. Además de agredir a Alcivar,
el grupo saqueó su casa y robó artículos de su propiedad. En una
investigación policial se determinó que aunque Alcivar fue acosada, no
se allanó su casa.

La Policía Nacional informó que, en 2006, 34 reclutas de la escuela de
policía San José de Chimbo en la Provincia de Bolívar carecían de las
calificaciones normales para ingreso y podrían haber pagado hasta
\$3.000 para admisión a dicha escuela. Al final del año estaba pendiente
la investigación correspondiente.

La investigación de varios agentes de policía que, en noviembre de 2006,
acompañaron a algunos presos a excursiones no autorizadas a un club de
entretenimiento de Quito llevó a sentenciar el 14 de noviembre a tres
agentes a ocho años de cárcel y a dos agentes, cuya complicidad se
comprobó, a cuatro años de cárcel.

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Algunos municipios, como Quito y Guayaquil, tienen sus propias fuerzas
de policía metropolitana, además de la Policía Nacional. Una oficina de
asuntos internos de la policía investiga quejas contra agentes de
policía y puede remitir casos a los tribunales de la policía. Varias
organizaciones no gubernamentales (ONG) alegaron que de vez en cuando
algunos agentes de la policía metropolitana de Quito y Guayaquil se
excedían en el uso de la fuerza. En ciertas ocasiones, la corrupción de
la policía fue un problema.

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La Policía Nacional contrató a algunas ONG para proporcionar
adiestramiento sobre derechos humanos. En un informe de Amnistía
Internacional publicado en 2006 se criticó el uso del sistema de
tribunales de la policía y se citó la preocupación del Comité de las
Naciones Unidas contra la Tortura de que las quejas de violaciones de
los derechos humanos por las fuerzas de seguridad seguían juzgándose en
tribunales militares y de la policía, que no son independientes ni
imparciales. Las ONG declararon que no se había registrado ningún cambio
sustancial de esa situación durante el año.

Arresto y detención

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La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto específicas
por escrito en las 24 horas siguientes a la detención, y las autoridades
deben presentar cargos por un determinado delito penal contra el
sospechoso en las 24 horas siguientes a su arresto. Dentro del plazo de
las 24 horas siguientes al arresto, las personas detenidas pueden
cuestionar la legalidad de su detención por medio de una petición de
habeas corpus interpuesta ante el funcionario público elegido de mayor
jerarquía, en la localidad donde se realiza la detención, por lo
general, el alcalde; sin embargo, en la práctica se interpusieron pocas
peticiones de esa naturaleza.

Manuel Xavier Cornejo Delgado alegó que, el 6 de julio, se le detuvo sin
orden de arresto ni causa probable mientras iba de camino a casa con su
esposa e hijo. El 7 de julio, la policía registró la casa de la madre de
Cornejo Delgado, en presencia de su madre y sus hermanos, sobrinas y
sobrinos. La familia sostuvo que los agentes de policía golpearon y
esposaron a los hombres. Un policía presuntamente les pidió a los
hombres que escogieran quién sería el primero en morir. La familia no
tuvo más contacto con Manuel hasta el 19 de julio, cuando se permitió
que un abogado lo visitara en la cárcel. Dos días antes del arresto de
Cornejo Delgado, él había presentado una demanda contra dos agentes de
policía. Al final del año no se había autorizado ninguna investigación
oficial.

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En caso de una detención ilegal, los alcaldes tienen el derecho de dejar
en libertad al detenido, basándose solamente en cuestiones de
procedimiento con arreglo al mecanismo de habeas corpus. De lo
contrario, se puede dejar en libertad a un preso solamente con una orden
judicial. En algunos casos, los detenidos que desconocen esta
disposición, o que carecen de recursos económicos para contratar a un
abogado, pueden permanecer en la cárcel por un período prolongado sin
que se les juzgue. Se permite fijar una fianza solamente en el caso de
delitos menos graves, castigables con \"prisión correccional\", y se
prohíbe hacerlo en el caso de delitos más graves relacionados con
narcóticos y otros delitos graves que exigen encarcelamiento prolongado
(delitos que "afectan o ponen en peligro" al público, castigables con
encarcelamiento de tres a 35 años.)

Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a
abogados y familiares, hubo demoras según las circunstancias y la
disposición de los agentes a aplicar la ley; por lo común, los presuntos
narcotraficantes esperaron de 24 a 48 horas a que se realizaran esas
visitas. Los presos con suficientes recursos a menudo sobornaron a las
autoridades carcelarias para que les facilitaran el acceso. Según la
CEDHU, durante el período de julio a noviembre mientras estuvo en vigor
el decreto de emergencia, se detuvo a un número desconocido de personas
en cárceles donde no se permitían visitas de familiares ni abogados.

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Aunque la ley prohíbe la detención en régimen de incomunicación, las
organizaciones de defensa de los derechos humanos siguieron denunciando
violaciones esporádicas. Aun cuando la policía obtuvo una orden de
arresto por escrito, las autoridades encargadas de determinar la validez
de la detención a menudo permitieron que se presentaran acusaciones
frívolas, ya fuera porque estaban sobrecargadas de trabajo o porque el
acusador las había sobornado. A menudo se usó el sistema como medio de
acoso en casos civiles, en que una parte buscó que se arrestara a la
otra por acusaciones penales.

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La detención en la etapa de investigación hasta el juicio y mientras
dure este último es legal si un juez determina que es necesaria y si se
presentan pruebas de que se ha cometido un delito. La ley limita la
detención inmediata a 24 horas por *in flagrante delicto* o para
permitir que comience la detención en la etapa de investigación. En la
mayoría de las jurisdicciones, la detención inmediata suele ser mucho
más prolongada. Si el informe de la investigación es perjudicial, el
juez puede ordenar la detención preventiva, que se limita a seis meses
por delitos menores y a 12 meses por delitos mayores.

La ley permite detener a los presos por un período indefinido después de
formular acusaciones formales pero antes de su condena o sentencia. En
su mayoría, los acusados permanecen detenidos durante la fase de
investigación. Según los datos públicos, hasta julio estaba pendiente la
sentencia de aproximadamente 63 por ciento de los detenidos.

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e\. Denegación de un juicio público justo

Si bien la Constitución estipula que el poder judicial es independiente,
en la práctica el poder judicial, a veces, fue vulnerable a presión
externa y corrupción. Los medios de comunicación informaron extensamente
sobre la vulnerabilidad del poder judicial a sobornos a cambio de
decisiones favorables y de resolución de causas legales y sobre jueces
que distribuyeron casos a abogados externos quienes, por su parte,
redactaron sentencias judiciales sobre casos presentados al Tribunal y
las devolvieron al juez presidente para su firma. La CEDHU afirmó además
que, a veces, los jueces adoptaban decisiones por influencia de los
medios de comunicación o por presiones políticas y económicas. []{.mark}

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El poder judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, los
tribunales superiores de circuito y otros tribunales y juzgados que
celebran audiencias de casos de conformidad con la Constitución y otras
leyes, y el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de administrar
el sistema judicial y de disciplinar a los jueces. También hay
tribunales militares y de la policía que tienen la misma jerarquía que
los tribunales de circuito, así como juzgados penales, provinciales y
cantonales. La Corte Suprema de Justicia supervisa la selección abierta
y competitiva de todos los jueces de apelación.

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo
sobre la apelación presentada en 2005 por 27 magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, que habían sido sustituidos por el Congreso en
2004. La Comisión sostuvo que se podrían haber infringido los derechos
de los magistrados y los derechos de los ciudadanos a quienes se denegó
una Corte Suprema de Justicia funcional, y remitió el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El caso seguía pendiente al final
del año.

Procedimientos de juicio

A pesar del empeño puesto en modernizar el sistema judicial, el poder
judicial siguió funcionando con lentitud e incoherencia. Había
prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegara a un
juicio. Según informes, los jueces emitían fallos con más rapidez o
lentitud como resultado de presión política y, en algunos casos, del
pago de sobornos. Las deficiencias del sistema judicial contribuyeron a
crear situaciones en que algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta
propia, como en el caso de la violencia colectiva contra presuntos
delincuentes.

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En el sistema de justicia no hay jurados. Se supone que los acusados son
inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad y que tienen el derecho
a un juicio público, abogados defensores y apelación. Pueden presentar
pruebas, negarse a prestar testimonio autoinculpatorio y confrontar y
contrainterrogar a los testigos. Aunque exista un sistema de defensoría
del pueblo, en la práctica había solamente 32 abogados de oficio para
defender al gran número de acusados pobres de todo el país. Hasta el 31
de octubre había 11.187 personas encarceladas sin sentencia.

[]{.mark}

Los grupos de la sociedad civil, las asociaciones de abogados, las
universidades y los donantes extranjeros buscaron apoyo para los grupos
vulnerables carentes de acceso a defensa jurídica. De enero a
septiembre, la asistencia de donantes extranjeros permitió costear
servicios de orientación y defensa jurídicas para unas 3.000 personas de
grupos vulnerables de la población (en particular, presos y mujeres
pobres) en siete ciudades.

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El sistema judicial ordinario juzga a la mayoría de los acusados no
pertenecientes a las fuerzas militares, aunque algunos grupos indígenas
juzgan a sus miembros independientemente por infracciones de las reglas
tribales. La ley permite que los tribunales militares o de la policía
juzguen a acusados de las fuerzas militares o a agentes de policía en
sesiones a puerta cerrada, de conformidad con los respectivos manuales
sobre Consejo de Guerra de cada uno. Solamente la Corte Suprema de
Justicia puede juzgar casos relacionados con oficiales con el grado de
Almirante. A pesar de una disposición constitucional en virtud de la
cual se asigna a los tribunales civiles jurisdicción sobre los oficiales
militares y de la policía acusados de delitos penales, esos oficiales a
menudo se juzgaron en tribunales militares o de la policía. El 7 de
enero, el Congreso enmendó la ley de seguridad nacional para exigir que
se juzgue a todos los agentes de policía en los tribunales civiles
ordinarios; sin embargo, la CEDHU sostuvo que no se hizo cumplir la ley
enmendada.

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Aunque en la ley se reconoce el derecho de las comunidades indígenas a
ejercer sus propios sistemas de justicia según sus tradiciones y
costumbres, no se detalla cómo se aplicarán. Este sistema paralelo dio
lugar a varias preguntas sobre jurisdicción y conformidad con el derecho
a un juicio justo.

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Presos y detenidos políticos

No hubo ningún informe de presos o detenidos políticos.

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Procedimientos judiciales civiles y medidas correctivas

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Los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por
lo general, considerados independientes e imparciales, tramitan las
demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por
violaciones de los derechos humanos o demandas de solicitud del cese de
dichas violaciones. Sin embargo, raras veces se presentaron demandas
civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de presuntas
injusticias del Estado puesto que esas demandas exigían mucho tiempo y
eran difíciles de procesar, ya que los jueces tomaban hasta 10 años para
fallar con respecto a los méritos de cada caso.

f\. Intromisión arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la
correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, por lo general, el
Estado respetó esas prohibiciones en la práctica.

Aunque la intervención telefónica por la Policía Nacional para
investigar delitos es legal con una orden judicial, no hay orientación
específica sobre los procedimientos que deben seguirse para obtener
dicha autorización.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluso:

a\. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución estipula la libertad de expresión y de prensa, y el
Estado, si bien critica a los medios de comunicación, por lo general ha
respetado esos derechos en la práctica. Una prensa independiente y un
sistema político ampliamente democrático se unieron para promover la
libertad de expresión y de prensa. Los medios de comunicación
independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad
de puntos de vista sin ninguna restricción obvia, aunque la Unión
Nacional de Periodistas afirmó que la crítica del Presidente Correa a
los medios de comunicación creó un cierto grado de autocensura.

El Presidente Correa usó a menudo su mensaje radiofónico semanal para
criticar a los medios de comunicación y acusarlos de parcialidad,
nombrando con frecuencia a determinados reporteros y medios. Estos
comentarios produjeron críticas de Reporteros sin Fronteras, una ONG
internacional. En mayo el Presidente Correa invocó las "leyes de
insulto" del país al presentar una demanda contra el presidente de la
junta directiva del diario *La Hora* por un editorial publicado. El
Presidente Correa y otros representantes del gobierno también amenazaron
con revocar la licencia concedida a los medios de comunicación. El 10 de
septiembre, por ejemplo, el diario *El Comercio* publicó una cita del
Presidente a efectos de que la participación en un golpe de Estado sería
motivo suficiente para suspender la concesión de la frecuencia de un
canal de televisión.

Quinto Pazmiño, ex asesor del gobierno, presentó una demanda de \$10
millones contra el Presidente Correa por calumnia. Ulteriormente, las
autoridades detuvieron a Pazmiño aduciendo como razones que había
insultado al Presidente. El 23 de septiembre, la Corte Suprema de
Justicia emitió un fallo a efectos de que Pazmiño, por ser candidato de
la Asamblea, gozaba de privilegios especiales y, después del pago de una
multa, quedó en libertad. A finales del año continuaba una investigación
por parte del Procurador General del Estado.

No se dio a conocer ningún adelanto en la investigación del homicidio de
dos periodistas ocurrido en febrero de 2006.

A veces, las presiones ejercidas por las empresas y los intereses
privados, tanto de propietarios de los medios de comunicación como de
empresas externas a los grupos de esos medios, influyeron en el
contenido de los noticieros.

Libertad de acceso a Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a la internet ni
informes de que el Estado vigilara el correo electrónico ni las salas de
tertulia virtuales en Internet. Cualquier persona o grupo podía
participar en la expresión pacífica de opiniones por medio de Internet,
incluso por correo electrónico. El acceso a Internet en las ciudades de
mayor tamaño era amplio, pero en los sitios remotos era deficiente.

Libertad académica y actividades culturales

El gobierno no restringió la libertad académica ni las actividades
culturales.

b.  Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

La Constitución estipula la libertad de reunión pacífica y, por lo
general, el Estado respetó ese derecho en la práctica; sin embargo, las
fuerzas de seguridad emplearon fuerza y gas lacrimógeno para sofocar
manifestaciones violentas, que dejaron varios heridos. Las reuniones
públicas exigen previa autorización del gobierno que, por lo general, se
concedió, con algunas excepciones.

No hubo ni se esperaba ningún adelanto en la investigación sobre la
supresión policial de una manifestación de protesta en el colegio Jorge
Mantilla Ortega de Quito en 2005, en la que un estudiante sufrió
lesiones graves.

El 7 de marzo, las fuerzas armadas retiraron violentamente a varios
integrantes de las comunidades Unión Alamoreña y 25 de Diciembre que
hicieron una manifestación de protesta en un sitio de explotación de
petróleo de Petrobras en la Provincia de Orellana. El ejército usó gas y
balas de caucho, y siete manifestantes resultaron heridos.

El 13 de marzo, centenares de manifestantes se reunieron para exigir la
resolución de la crisis causada cuando el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) despidió a 57 miembros del Congreso. Uno de ellos y un periodista
quedaron heridos cuando algunos de los manifestantes rompieron las
barricadas de la policía y entraron a la cámara legislativa.

El 5 de junio, las comunidades indígenas hicieron una manifestación
nacional de protesta contra la presencia de empresas transnacionales en
el sector minero. Hubo grandes manifestaciones, que bloquearon algunas
vías principales en las Provincias de Carchi, Imbabura, Azuay, Bolívar,
Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Cotopaxi. En algunos casos, la
policía respondió con gas lacrimógeno.

Libertad de asociación

La ley estipula la libertad de asociación y, por lo general, el Estado
ha respetado ese derecho en la práctica.

c.  Libertad de culto

La Constitución estipula la libertad de culto y, por lo general, el
Estado ha respetado ese derecho en la práctica.

El gobierno exige que los grupos religiosos estén autorizados o
inscritos si participan en alguna actividad proselitista. Las
organizaciones religiosas que no participen en esa actividad pueden
optar por inscribirse para obtener personería jurídica, que es útil al
firmar contratos. Cualquier organización religiosa que desee inscribirse
con el gobierno debe tener una escritura de constitución y ser una
entidad sin fines de lucro, incluir todos los nombres empleados por el
grupo (para evitar que se empleen sin su autorización los nombres
previamente inscritos) y proporcionar la firma de un mínimo de 15
miembros. Además, los grupos deben presentar una solicitud de
inscripción en el Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y
Municipalidades por medio de un abogado autorizado y pagar un derecho de
inscripción de \$100.

##### Abusos sociales y discriminación

El país tiene una pequeña población judía. No hubo informes de abusos
sociales, discriminación religiosa, ni actos de antisemitismo.

Véase un debate más detallado en el Informe sobre la libertad religiosa
internacional de 2007 (*2007 International Religious Freedom Report*).

> d\. Libertad de movimiento, desplazados internos, protección de los
> refugiados y apátridas

La ley estipula la libertad de movimiento dentro del país, realización
de viajes al extranjero, emigración y repatriación y, por lo general, el
Estado ha respetado esos derechos en la práctica. Varios manifestantes
bloquearon algunas vías, pero con menos frecuencia que en años
anteriores.

Ya no se exige que los ciudadanos tengan permisos de salida del país, y
el gobierno dejó de expedirlos el 29 de diciembre. Además, los hombres
ya no deben comprobar que han terminado el servicio militar antes de
salir del país.

La ley prohíbe el exilio forzado, y el Estado no lo impuso.

Protección de los refugiados

Las leyes estipulan la concesión de asilo o de refugio de conformidad
con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los
Refugiados, firmada en 1951, y su Protocolo de 1967, y el Estado ha
establecido un sistema para conferir protección a los refugiados. El
Estado concedió refugio o asilo. En la práctica, confirió protección
contra la devolución, es decir, el envío de regreso de las personas a un
país donde hay razón para creer que temen persecución. El Estado también
confirió protección temporal a varias personas que quizá serían
inadmisibles como refugiados dentro del marco de la Convención de 1951 o
del Protocolo de 1967. El Estado cooperó con el ACNUR y otras
organizaciones humanitarias, como la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en la prestación de asistencia a los refugiados y
solicitantes de asilo. Eso incluyó atención a un gran número de
colombianos que cruzaron la frontera del norte del Ecuador en enero,
marzo y agosto.

El gobierno informó que al terminar el primer semestre del año, había
recibido 5.792 solicitudes de refugio. Todavía estaban pendientes varios
otros miles de casos del presente y de años anteriores. Los solicitantes
rechazados tienen un derecho legal de apelación; después de haber
agotado el recurso de apelación, tienen 30 días para poner en orden sus
asuntos y salir del país. Si bien el ACNUR y el gobierno declararon que
habían tenido dificultad para tramitar el número de solicitantes y de
apelaciones, tanto el ACNUR como la OIM apoyaron los esfuerzos
desplegados por la oficina nacional de refugiados para simplificar sus
procesos de adopción de decisiones y de apelaciones y reducir el número
de casos acumulados.

El ACNUR estimó que 97 por ciento de los 50.000 refugiados y
solicitantes de asilo reconocidos eran de origen colombiano. Había un
pequeño porcentaje de solicitantes peruanos que, según informes del
ACNUR y del gobierno, eran principalmente emigrantes por razones
económicas. En su mayoría, los refugiados colombianos eran campesinos
pobres o pequeños empresarios que huían de la lucha en Colombia. La ley
permite trabajar a las personas a quienes se concede refugio. La tarjeta
de identidad expedida a los solicitantes de asilo indica explícitamente
que los portadores tienen derecho a trabajar y a recibir atención de
salud y educación. El ACNUR informó que si bien más de 50.000
solicitantes de asilo se han inscrito con el gobierno (más de 14.800 de
ellos reconocidos como refugiados) y recibido esta ayuda, hay miles de
otros sin protección legal, cuyo acceso a los servicios públicos es
limitado o nulo.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: el derecho de la
ciudadanía a cambiar su gobierno

La ley concede a la ciudadanía el derecho a cambiar su gobierno
pacíficamente, y la ciudadanía ejerció ese derecho en la práctica por
medio de elecciones periódicas, libres y justas sobre la base del
sufragio universal.

[]{.mark}

Elecciones y participación política

Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre
de 2006, Rafael Correa ganó en la segunda vuelta en noviembre de 2006 y
asumió el poder el 15 de enero. Los observadores independientes, entre
ellos, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), describieron las elecciones, en términos generales, como libres y
justas.

El Congreso de 100 escaños contaba con 31 mujeres. Entre los 31 miembros
de la Corte Suprema de Justicia había dos mujeres, pero ningún miembro
pertenecía a minorías étnicas. Siete mujeres formaban parte del gabinete
de 23 miembros y tres eran secretarias de Estado con el rango de
Ministro. En el gabinete había un ecuatoriano de origen africano y otro
de origen asiático, pero no había personas indígenas.

El 15 de abril se celebró un referendo sobre el establecimiento de una
Asamblea Constituyente; 82 por ciento de los votantes favorecieron el
establecimiento de una Asamblea Constituyente que tuviera \"poderes
ilimitados para redactar una nueva Constitución\". Después de un período
de campaña de seis semanas, los votantes acudieron a las urnas el 30 de
septiembre y dieron al movimiento Alianza PAIS del Presidente Correa 80
de 130 escaños. Los observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro
Carter llegaron a la conclusión de que las elecciones habían sido libres
y justas y que hubo solamente leves discrepancias.

La Asamblea Constituyente, reunida el 28 de noviembre, cerró el Congreso
y asumió la función legislativa en el país hasta la conclusión del
proceso de la Asamblea. El estatuto en virtud del cual se creó la
Asamblea le da un período de seis meses para terminar su trabajo, con
posible prórroga de dos meses. A fines del año, la Asamblea había
adoptado una nueva ley para la equidad tributaria, pero no había
adoptado ni terminado de redactar ninguna parte de la nueva
Constitución.

[]{.mark}

Corrupción y transparencia del gobierno

La ley estipula la imposición de castigos penales por corrupción
oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó eficazmente la ley. Los
indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la
corrupción en el gobierno era un problema grave.

El 9 de julio, el poder ejecutivo presentó una demanda contra 18
miembros del Congreso presuntamente por tratar de intercambiar sus votos
sobre un proyecto de ley para el sector bancario por puestos clave para
sus aliados en instituciones públicas. La investigación estaba en curso
a fines del año.

El 14 de agosto, el Congreso emitió una resolución en la que exigía que
la Contraloría General del Estado verificara la declaración de renta de
los 100 miembros del Congreso. El Presidente Correa presentó la
declaración de renta. Este proceso estaba en curso a fines del año. El
Congreso se cerró el 29 de noviembre antes de que todos los miembros
presentaran la declaración de renta. La Asamblea Constituyente exigió
que todos sus miembros presentaran la declaración de renta de 2006, una
autorización para examinar sus cuentas bancarias en el Ecuador y en el
extranjero, y una declaración juramentada de bienes a más tardar el 11
de enero de 2008. Al terminar el año, los miembros del Congreso todavía
estaban presentando la documentación pertinente.

El Presidente Correa, quien anunció que una de las máximas prioridades
de su gobierno sería la lucha contra la corrupción, decretó el 3 de
marzo el establecimiento de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que
tendrá la responsabilidad de ejecutar la política sobre esa materia y de
investigar cualquier acto de corrupción pública. La Secretaría afirmó
haberle ahorrado al gobierno más de un millón de dólares con el
descubrimiento de casos de despilfarro, fraude y abuso.

Sección 4. Actitud del gobierno sobre la investigación de presuntas
violaciones de los derechos humanos hecha por organizaciones
internacionales y no gubernamentales

Por lo general, varios grupos nacionales e internacionales de defensa de
los derechos humanos funcionaron sin restricción del gobierno en la
investigación y publicación de sus comprobaciones sobre casos de
violación de los derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron
con los grupos, pero a menudo se abstuvieron de obrar al conocer sus
puntos de vista.

La Defensoría del Pueblo se concentró en problemas relacionados con los
derechos humanos; sin embargo, algunos observadores criticaron su falta
de independencia en la práctica. Esa oficina tenía suficientes recursos,
pero no se consideró eficaz en cuestiones de derechos humanos.

El Congreso tiene un comité de derechos humanos formado por siete
miembros. A pesar de la turbulencia en el Congreso, el comité se mantuvo
comparativamente activo; celebró audiencias sobre la ejecución del Plan
Nacional de Derechos Humanos, realizó seminarios en ciudades de todo el
país y produjo un video de corta duración sobre la tortura.

El 3 de mayo, en virtud de un decreto presidencial se creó la Comisión
de la Verdad, un órgano de cuatro miembros con la misión de investigar
presuntas violaciones de los derechos humanos, particularmente durante
el período 1984-1988, y de preparar un informe público.

Sección 5. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo,
discapacidad, idioma o condición social; sin embargo, las mujeres, las
personas con discapacidades, los pueblos indígenas, los
afroecuatorianos, los homosexuales y los transexuales siguieron
enfrentando discriminación.

Mujeres

Aunque la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso dentro del
matrimonio, hubo abusos generalizados.

La ley penaliza la violación sexual, incluida la conyugal, y establece
un castigo de hasta 25 años de cárcel. En casos de violación de menores,
junto con relaciones sexuales \"apasionadas\" con un menor, el violador
puede casarse con la víctima, lo que invalida las acusaciones, a menos
que el matrimonio se anule posteriormente. El castigo por violación
sexual en la que ha ocurrido una muerte es de 35 años de cárcel. Hasta
julio, había 3.053 denuncias de violación sexual, que llevaron a
formular acusaciones contra 459 personas. No se dispuso de información
sobre el número de casos procesados con éxito. Muchas violaciones
sexuales no se denunciaron por renuencia de la víctima a confrontar al
autor material.

La ley establece multas por violencia doméstica de hasta \$28 o siete
días de cárcel y confiere a los tribunales de familia la facultad de
expulsar a un cónyuge abusivo del hogar si la cohabitación continua
acarrea un riesgo para la víctima del abuso. Los tribunales también
tienen facultades para expedir órdenes de restricción que prohíben que
el cónyuge abusivo se acerque a la víctima o a su lugar de trabajo o de
estudio; prohíben que el cónyuge abusivo persiga o intimide a la víctima
o a cualquier miembro de su familia; reincorporan a la víctima al hogar
familiar, si comparte un hogar común, y expulsan simultáneamente al
cónyuge abusivo del sitio correspondiente; y prescriben cualquier
tratamiento que se considere beneficioso para la familia afectada.

La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno, Cultos,
Policía y Municipalidades informó que hasta el 31 de octubre se habían
denunciado 23.365 casos de maltrato sexual, psicológico o físico de
mujeres y 3.281 casos en que las víctimas eran hombres. Treinta y una
Comisarías de la Mujer y la Familia manejaron asuntos como la violencia
doméstica. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), entidad
gubernamental, puede aceptar quejas sobre abuso de las mujeres, pero
debe remitir los casos a la Fiscalía para las medidas de rigor. El
CONAMU tenía proyectos en todas las provincias, concentrados
principalmente en igualdad de oportunidades, programas de política
pública referente a las mujeres y líneas de crédito para empresas
dirigidas por mujeres. El CONAMU también ofreció servicios jurídicos y
psicológicos a las víctimas de la violencia en casi todas las
provincias. En algunas estaciones de policía, las víctimas recibieron
asistencia de trabajadores sociales empleados por los gobiernos
municipales u ONG. Varias ONG ofrecen asistencia jurídica y psicológica
a las víctimas de la violencia doméstica.

La prostitución es legal para las personas mayores de 18 años, siempre y
cuando los burdeles tengan el registro del gobierno y sigan el
reglamento sanitario. La trata de personas con fines de prostitución
constituyó un problema.

A pesar de la prohibición legal del acoso sexual, varias organizaciones
de defensa de los derechos de la mujer declararon que el acoso en el
lugar de trabajo es común. El CONAMU está a cargo de formular políticas
públicas para promover los derechos humanos de las mujeres y su igualdad
en casos de acoso sexual.

A pesar de la protección legal de los derechos de la mujer en la
política, el hogar y el lugar de trabajo, se observó una discriminación
social generalizada de las mujeres, particularmente con respecto a
oportunidades educativas y económicas para las de edad avanzada y las
pertenecientes a las clases económicas más bajas. Aunque las mujeres
gozan de la misma condición jurídica que los hombres, según informes de
la Dirección Nacional de Género, en la práctica a las mujeres a menudo
no se les conceden los mismos derechos que a los hombres. Según el
gobierno, las mujeres recibieron aproximadamente 65 por ciento de la
remuneración pagada a los hombres por un trabajo igual. Los defensores
de las mujeres alegaron que la cultura y la tradición impedían el logro
de plena igualdad para ellas. Se observó que el número de mujeres
empleadas en ocupaciones profesionales y oficios especializados es menor
que el de hombres.

El Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana incluyó a más de 320
organizaciones femeninas y promovió un cambio social, económico y
cultural, incluso una mayor participación política de la mujer. El
Consejo Nacional de las Mujeres prestó apoyo a cerca de 500
organizaciones femeninas, muchas de las cuales fomentaron la conciencia
social y una mayor participación de la mujer en el proceso político. La
Coordinadora Política de la Mujer, una ONG que funciona en las 22
provincias, también promovió los derechos de la mujer, con hincapié en
la participación política y los derechos humanos.

Niños

El Estado se comprometió a defender los derechos y el bienestar de los
niños y ha aumentado el financiamiento para la salud y la educación de
la población infantil; sin embargo, esas medidas no fueron plenamente
eficaces.

La ley exige que los niños reciban un mínimo de 10 años de educación; no
obstante, debido a la falta de escuelas, la escasez de financiamiento
para las escuelas y el costo comparativamente elevado de los libros y
uniformes, el gobierno raras veces hizo cumplir ese requisito. El
Ministerio de Educación informó que, en su mayoría, los niños lograban
estudiar hasta el sexto grado, sin ninguna diferencia notable en las
tasas de asistencia de los varones y las niñas. El movimiento ciudadano
Contrato Social para la Educación estimó que 660.000 niños de seis a 17
años (aproximadamente 22 por ciento de los niños de edad escolar)
dejaron de asistir a la escuela. La educación era gratuita hasta
terminar la escuela secundaria. Aunque el gobierno eliminó el pago de la
matrícula de los estudiantes de primaria, el monto de la matrícula
cobrada evitó que muchos niños y adolescentes asistieran a la escuela
secundaria. Los programas públicos proporcionaron a las familias
subsidios para educación, que ayudaron a mantener en la escuela a
aproximadamente 50.000 niños. En las zonas rurales, muchos niños
asistían a la escuela sólo esporádicamente después de los 10 años de
edad porque necesitaban contribuir al ingreso familiar, sobre todo como
agricultores.

El Estado proporcionó atención médica gratuita a los niños menores de
seis años de edad. Los varones y las niñas tuvieron igualdad de acceso a
esa atención. Según el Ministerio de Salud Pública, 95 por ciento de los
niños recibieron inmunizaciones básicas, pero el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que 26 por ciento de los niños
menores de cinco años sufrían los efectos de la malnutrición crónica.

No se observó ningún patrón social de abuso contra los niños.

La explotación sexual de menores con fines comerciales siguió
constituyendo un problema.

Más de 20 ONG promovieron el bienestar infantil. El UNICEF y varias
organizaciones privadas trabajaron activamente en programas de
asistencia a los niños de la calle.

Trata de personas

Si bien las leyes penales prohíben la trata de personas, se informó que
se realiza esa actividad dentro del territorio nacional, a través del
mismo y con destino al país y al exterior.

El país fue una fuente, un punto de tránsito y un lugar de destino de
las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. Según
las estadísticas más recientes, provenientes de un informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 2003, se
estima que 5.200 menores se dedicaban a la prostitución. Un informe de
la OIT publicado en 2006 indicó que las víctimas se enviaban a Colombia
y Venezuela y de Colombia al Ecuador; sin embargo, en su mayoría, las
personas eran víctimas de trata dentro del país. Varios relatos
indicaron que los tratantes de personas atraían a víctimas jóvenes con
halagos románticos o con promesas de empleo legítimo y luego las
forzaban a entrar a la prostitución. Según informes de prensa, algunos
padres de familia indigentes también vendían a sus hijos para trata e
incluso para entrar a la prostitución, realizar trabajos forzados en el
sector agropecuario o pedir limosna en la calle.

Los tratantes eran pandillas de delincuentes organizados que se
especializaban en el traslado de personas, dueños de pequeñas empresas
como bares o prostíbulos o agentes de empleo ilícito. Algunas personas
dispuestas a pagar hasta \$10.000 para salir clandestinamente del país
también fueron víctimas de la trata de personas y las mujeres fueron
vulnerables al abuso sexual por parte de los contrabandistas de
personas. Las ONG y la prensa denunciaron varios casos en que los jueces
liberaron antes de tiempo a los detenidos por trata.

Por lo general, a las víctimas se les atrajo con engaños al lugar donde
luego fueron esclavizadas. Según informes, varias víctimas de Colombia
cruzaron la frontera en camiones. Varios documentos falsificados del
registro civil facilitaron la trata al ocultar la nacionalidad de las
víctimas y la edad de los jóvenes.

La ley penaliza la trata de personas y estipula períodos de
encarcelamiento de seis a 35 años. La ley también estipula castigos de
seis a 12 años de cárcel por promover el turismo sexual en general y el
infantil. Numerosas provincias y municipios tenían planes de acción
contra la trata de personas, campañas de prevención de esa actividad y,
en algunos casos, decretos pertinentes.

Hasta septiembre, había unos 160 casos de trata de personas en proceso
judicial en espera de sentencia.

[]{.mark}

Las autoridades de Quito detuvieron a seis tratantes y rescataron a 11
víctimas en el caso "Dunky\". Como parte de este caso, en mayo un
tribunal sentenció a un hombre de 19 años a 12 años de cárcel y a su
cómplice de 18 años a seis años de cárcel. Las víctimas, ambas niñas de
13 y 15 años de edad, habían sido atraídas con engaños para salir de su
casa en una pequeña ciudad y llevadas a Quito con fines de explotación
sexual.

En agosto, un tribunal de Quito sentenció a un hombre y a una mujer a 12
años de cárcel por trata de personas con fines de explotación sexual.

El fiscal de la Provincia de El Oro encargado de juzgar casos de trata
de personas siguió realizando otros procesos judiciales con éxito. Un
juicio iniciado en Machala en marzo llevó a la condena del dueño de un
prostíbulo, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel por la
prostitución forzada de una menor de 15 años de edad.

El país aumentó el número de agentes del orden y de fiscales dedicados a
combatir la trata de personas. En mayo de 2006, la Dirección Nacional de
Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) creó una
unidad de inteligencia sobre trata formada por ocho personas, cuya
misión es trabajar con la policía, la Interpol y los fiscales. Esta
unidad estaba en funcionamiento en la Provincia de Pichincha. En agosto,
el gobierno creó y adiestró a una unidad de policía especializada de 36
miembros, distribuidos en siete ciudades importantes y dedicados a la
protección de víctimas y testigos. En noviembre, el Ministerio de
Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades y el Instituto Nacional de
la Niñez y la Familia comenzaron a realizar talleres de adiestramiento
sobre la trata de personas para los jueces de los tribunales penales,
los fiscales públicos, la DINAPEN y la Policía Judicial.

La DINAPEN realizó varios arrestos durante redadas en clubes nocturnos,
bares y prostíbulos de Guayaquil, Machala, Quito y Santo Domingo de los
Colorados.

En agosto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (antiguo
Ministerio de Bienestar Social) lanzó un Programa Nacional de Protección
Especial, que incluye actividades contra la trata de personas en las
Provincias de Chimborazo, Tungurahua y Canar. Además, el Ministerio de
Turismo redactó un Manual de Responsabilidad Social por un Turismo
Sostenible destinado a señalar a los directores de excursiones la
importancia de proteger los derechos de los niños y los adolescentes y
la función de las comunidades locales.

Los menores dedicados a la prostitución fueron devueltos a sus
respectivas familias o a ONG sin ser detenidos. Se han encontrado
albergues y servicios para las víctimas y se ha adiestrado al personal
de esos albergues. El programa de protección a las víctimas y testigos
establecido por el Ministerio Público prestó asistencia a las víctimas
de la trata de personas con ofrecimiento de albergue, atención médica y
psicológica, protección policial y asistencia económica y laboral a
quienes estuvieran dispuestas a ayudar en las investigaciones. Cinco
albergues de las Provincias de Azuay, Pichincha y El Oro ofrecieron
asistencia especializada a más de 120 víctimas de explotación sexual con
fines comerciales.

En mayo el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
patrocinó una exposición del proyecto cinematográfico K-11 sobre la
trata de seres humanos. En septiembre, varias organizaciones de la
sociedad civil patrocinaron un seminario-taller sobre periodismo
investigativo con responsabilidad social, de dos días de duración, que
incorporó la trata de personas como uno de sus campos temáticos.

Personas con discapacidades

La Constitución prohíbe la discriminación de las personas con
discapacidades físicas y mentales en el empleo, la educación, el acceso
a la atención de salud y la prestación de otros servicios públicos. El
Consejo Nacional de Discapacidades, un organismo interinstitucional,
supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con
discapacidades. Aunque la ley decreta el acceso a edificaciones para las
personas con discapacidades, el gobierno no la hizo cumplir.

Para las elecciones de la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) no imprimió papeletas en el sistema Braille, pero
permitió que las personas invidentes recibieran asistencia de un
familiar durante la votación. El TSE proporcionó intérpretes de lenguaje
de señas e hizo todo lo posible para asegurar que los puestos de
votación fueran totalmente accesibles para las personas con
discapacidades. Si bien la accesibilidad a algunos puestos de votación
fue difícil, muchas personas con discapacidades recibieron ayuda de las
fuerzas militares y de otras instituciones para asegurarse de que
pudieran acceder a sus respectivas mesas de votación.

La ley exige la contratación de personas con discapacidades en todas las
empresas públicas y privadas con más de 25 empleados; sin embargo, no se
dispuso de información sobre su cumplimiento. La iniciativa \"Ecuador
sin barreras\", encabezada por el Vicepresidente Lenin Moreno, ayudó a
crear 1.184 empleos para personas con discapacidades al final del año.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los ciudadanos afroecuatorianos, cuyo número se estima en 600.000,
sufrieron discriminación generalizada, particularmente con respecto a
oportunidades educativas y económicas.

El Centro Cultural Afroecuatoriano estimó que 70 por ciento de los
afroecuatorianos viven en situación de pobreza. Varias organizaciones
afroecuatorianas señalaron que, a pesar de la ausencia de discriminación
oficial, la discriminación social, incluida la fijación de estereotipos,
siguió afectando a ese grupo. Por ejemplo, siguieron afirmando que la
policía detenía a los afroecuatorianos para verificación de documentos
con más frecuencia que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo
dejaban de entrevistar a personas cuya solicitud de empleo llevaba
fotografías de afroecuatorianos. El gobierno no puso particular empeño
en abordar estos problemas.

Pueblos indígenas

Las estimaciones del número de personas que mantenían su identidad
cultural indígena y vivían en comunidades indígenas variaron de 7 a 20
por ciento de la población. La gran mayoría de los ciudadanos indígenas
residía en zonas rurales, incluso en zonas montañosas y provincias de la
Amazonia. A pesar de su creciente influencia política y de los esfuerzos
de los grupos comunitarios de base, que tuvieron cada vez más éxito en
presionar al gobierno para ayudarles, los pueblos indígenas siguieron
sufriendo discriminación en muchos estratos de la sociedad. Con pocas
excepciones, los pueblos indígenas se situaron en el extremo más bajo de
la escala socioeconómica.

La tierra cultivable era escasa en las zonas montañosas más densamente
pobladas, donde la alta tasa de mortalidad infantil, la malnutrición y
las enfermedades epidémicas eran comunes entre la población indígena. A
menudo había falta de electricidad y agua potable. Aunque el sistema de
educación rural presentó graves deficiencias, muchos grupos indígenas
participaron con el Ministerio de Educación en la creación del programa
de educación bilingüe seguido en las escuelas públicas rurales.

La ley reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tener
propiedad en común, a administrar justicia comunitaria tradicional en
ciertos casos y a que se les consulte antes de explotar recursos
naturales en territorios comunales. Además, los pueblos indígenas tienen
los mismos derechos civiles y políticos que otros ciudadanos. En la
región amazónica, los grupos indígenas presionaron al gobierno,
consiguieron la ayuda de ONG nacionales y extranjeras y organizaron
protestas para tratar de ganar una parte de los ingresos provenientes
del petróleo y hacer oír su voz en las decisiones referentes al uso de
recursos naturales y al desarrollo.

Por lo general, el gobierno consultó a las comunidades indígenas con
respecto a asuntos referentes al uso de recursos naturales. Aunque las
compañías petroleras intensificaron sus esfuerzos para reducir a un
mínimo el efecto ambiental y social de sus proyectos de explotación
petrolífera en la región amazónica, se siguió causando daño al medio
ambiente, particularmente, deforestación. La existencia de autoridades
locales corruptas, la falta de voluntad política y las divisiones entre
varias comunidades indígenas y dentro de ellas minaron los esfuerzos de
esas comunidades para manejar el tráfico de madera ilegalmente talada.

La Defensoría del Pueblo tenía representantes en las comunidades
indígenas de todo el país, a quienes se asignó la responsabilidad de
promover el respeto a los derechos humanos y de otra índole en las
comunidades indígenas y de prestar determinados servicios de
asesoramiento a esos grupos.

Otros abusos sociales y discriminación

Aunque la ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual,
los homosexuales, transexuales y travestis siguieron sufriendo
discriminación por parte de varios órganos públicos y privados.

Según Kirmirina, una ONG digna de credibilidad, la policía sometió a
varios homosexuales, transexuales y travestis a trato cruel, inhumano y
degradante. Esa ONG acusó a la policía de centrarse específicamente en
ellos y de convertirlos en blanco de abuso físico y psicológico,
amenazas, extorsión y robo. Por lo común, la policía arrestó a
homosexuales y travestis en lugares públicos.

El 20 de diciembre, el Municipio de Quito expidió un decreto de apoyo a
los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos,
independientemente de su orientación sexual.

Sección 6. Derechos de los trabajadores

a\. El derecho de asociación

Si bien la ley concede a casi todos los trabajadores el derecho de
formar sindicatos de su elección y de afiliarse a ellos, las medidas de
protección jurídica de esos derechos fueron inadecuadas y, a veces,
dejaron de disuadir a los empleadores de tomar represalias contra los
trabajadores por organizarse. Los miembros de la policía, las fuerzas
militares y la mayoría de los empleados del sector público carecían de
libertad para formar sindicatos. Aproximadamente dos por ciento de la
fuerza de trabajo estaba organizada.

La ley concede a los trabajadores subcontratados el derecho de libertad
de asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de
protección jurídica contra la discriminación de los sindicatos. La ley
fija en 30 el número de trabajadores necesarios para que un
establecimiento pueda sindicalizarse. Algunas compañías aprovecharon esa
ley mediante subcontratación con sociedades ficticias, cada una de las
cuales tenía menos de 30 trabajadores.

Si bien los empleados de las organizaciones estatales gozaban de
derechos similares a los de los empleados del sector privado, la ley
prohíbe a la mayoría de los empleados del sector público la afiliación a
sindicatos o el ejercicio de los derechos de negociación colectiva. En
su mayoría, los funcionarios públicos mantuvieron su afiliación a una
asociación del sector laboral; no se permite que dichas asociaciones
hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas.

El código laboral exige representación de los trabajadores de las
empresas estatales por un solo sindicato. La ley no exige la
reincorporación de los trabajadores despedidos por causa de la actividad
antisindical de las empresas, pero impone indemnización y multas. La ley
no protege a los trabajadores de la discriminación antisindical en la
contratación. Al terminar el año estaba pendiente el caso de
indemnización presentado por 48 trabajadores de la empresa naviera
Transnavo, que fueron despedidos en septiembre de 2006 después de tratar
de sindicalizarse.

b.  El derecho de organización y negociación colectiva

La ley exige que todos los empleadores privados que tengan 30 o más
trabajadores pertenecientes a un sindicato negocien colectivamente
cuando el sindicato así lo exija. Los acuerdos de negociación colectiva
cubrieron a 25 por ciento de la fuerza de trabajo organizada. En su
mayoría, la población económicamente activa estaba empleada en el sector
agropecuario o en el sector informal urbano; esos trabajadores, en una
gran mayoría, no estaban organizados. La ley permite que las empresas
empleen trabajadores con contratos individuales.

Muchos empleados recién contratados, particularmente en el sector
agropecuario, trabajaban con contratos temporales. En la práctica, era
difícil organizar a los trabajadores temporales con contratos a corto
plazo. Puesto que el código laboral no reconoce a los trabajadores
temporales, ellos no gozaron del mismo grado de protección ofrecido a
otros trabajadores.

Hubo pocas restricciones del derecho de huelga de los trabajadores del
sector privado, a pesar de exigirse un período de 10 días antes de poder
declarar una huelga. La ley permite hacer huelgas de solidaridad o
boicoteos de tres días si el Ministerio de Trabajo y Empleo las
autoriza. En algunas industrias, durante una huelga legal, los
trabajadores pueden asumir control de la fábrica o del lugar de trabajo
(con lo que termina la producción en ese sitio) y recibir protección de
la policía durante la toma de control. Sin embargo, en otras industrias,
como la agropecuaria, la ley exige un período de espera de 20 días a
partir del día de declaración de la huelga. Durante ese período, los
trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al
número de trabajadores necesarios para asegurar un determinado nivel de
servicio y por lo menos 20 por ciento de la fuerza de trabajo debe
seguir desempeñando sus funciones con el fin de prestar los servicios
esenciales. La ley determina \"la facultad del empleador de contratar
personal sustituto" solamente cuando los huelguistas se nieguen a enviar
el número de trabajadores necesarios para prestar los servicios mínimos
necesarios, aunque en la práctica esta ley no se hizo cumplir. La ley
protege a los huelguistas y a sus dirigentes contra represalias.

La Ley priva del derecho de huelga a la mayoría de los trabajadores del
sector público (acogidos a la ley de administración pública). Incluye
una disposición a efectos de que los trabajadores del sector público en
huelga están sujetos a encarcelamiento de dos a cinco años; sin embargo,
de vez en cuando hubo huelgas "ilegales", incluso de maestros de las
escuelas públicas y de trabajadores de salud. Se prohíbe la negociación
colectiva a los trabajadores del sector público.

La ley permite la contratación de trabajadores temporales para
industrias maquiladoras (elaboración en depósitos aduaneros para
exportación). El sistema de maquiladoras permite que una compañía y los
bienes de su propiedad se conviertan en una zona de elaboración para
exportación dondequiera que se encuentren. En las maquiladoras no había
sindicatos ni asociaciones de trabajadores. Casi todos los trabajadores
han recibido contratos temporales del empleador para terminar un pedido
determinado.

c\. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso el infantil;
sin embargo, hubo denuncias de trata de niños con fines de trabajo.

d\. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe la explotación de los niños en el lugar de trabajo y el
trabajo forzado u obligatorio; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir
eficazmente la ley y el trabajo infantil siguió constituyendo un
problema.

El código laboral y el código de la niñez y la adolescencia fijan en 15
años la edad mínima para desempeñar todo tipo de trabajo y en seis horas
diarias y cinco días por semana el número máximo de horas que puede
trabajar un menor. La ley enumera 15 trabajos que no son apropiados para
los niños y prohíbe que los menores trabajen en condiciones peligrosas,
incluso en minas o en empleos que exijan exposición a sustancias tóxicas
o peligrosas. La ley exige que los empleadores paguen a los menores por
lo menos 80 por ciento de los salarios que reciben los adultos por el
mismo tipo de trabajo. Los castigos por infracciones de las leyes de
trabajo infantil incluyen multas de \$50 a \$300 para los padres o
tutores, multas de \$200 a \$1.000 para los empleadores a los que se
compruebe que han contratado a adolescentes de 15 a 17 años y multas de
\$1.000 para cualquier empleador que contrate a niños menores de 15
años. En casos de infracciones repetidas, se puede cerrar el negocio del
empleador.

El Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio de Inclusión Económica
y Social y el Tribunal de Menores se encargaron de hacer cumplir las
leyes de trabajo infantil, y su aplicación siguió mejorando, pero no fue
plenamente eficaz. Un estudio realizado en 2006 por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo reveló que 367.000 niños de cinco a 14
años desempeñaban trabajos no permitidos por la ley, principalmente en
las zonas rurales en el sector informal, en comparación con 550.000 en
2006.

Los 28 inspectores de trabajo infantil nombrados por el gobierno
examinaron varios lugares donde se empleaba mano de obra infantil; esos
inspectores tenían autoridad para expedir citaciones por infracciones y
sancionar a las empresas y a los empleadores a los cuales se comprobara
que habían contratado mano de obra infantil ilegalmente. Entre enero y
julio, el Ministerio de Trabajo y Empleo expidió 100 citaciones a
empleadores por infracciones de las leyes de trabajo infantil. Hasta
fines de diciembre, los inspectores realizaron cerca de 2.242
inspecciones de lugares de trabajo y encontraron cerca de 198 menores de
17 años que trabajaban en condiciones de infracción de las leyes
laborales. Todos los casos se remitieron a las autoridades legales
pertinentes, aunque ninguno se había resuelto al terminar el año.

La Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Empleo,
formada por tres funcionarios, se reúne mensualmente con otras unidades
del Ministerio y con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil, que incluye organismos gubernamentales, empresas y
organizaciones laborales.

Si bien la Unidad de Servicio Social Laboral del Ministerio de Trabajo y
Empleo vigiló el trabajo infantil en empresas tales como fábricas, la
aplicación de la ley en la mayoría de los sectores de la economía siguió
siendo limitada. En las zonas urbanas, muchos niños menores de 15 años
trabajaban en empresas de propiedad familiar en el sector informal, como
lustrabotas, en recolección y reciclaje de basura o como vendedores
ambulantes. Otros niños trabajaban en el comercio, servicios de
mensajería y servicios domésticos o pedían limosna. Algunos niños muy
pequeños, de cinco o seis años, a menudo vendían periódicos o dulces en
la calle para su propio sustento o para aumentar el ingreso familiar.

El gobierno apoyó el Programa de Escolarización, Protección y Educación
a Niños Trabajadores, que ejecutó un programa de talleres en seis
ciudades para trabajar con las familias y las escuelas en el problema
del empleo infantil.

e\. Condiciones de trabajo aceptables

El Ministerio de Trabajo y Empleo fija periódicamente el salario mínimo
en consulta con la Comisión de Salarios Mínimos, pero el Congreso
también puede ajustar el salario mínimo. El salario mínimo junto con las
bonificaciones obligatorias proporcionó una remuneración mensual bruta
de unos \$186, o sea un dólar por hora, en el caso de los trabajadores
contratados. El salario mínimo legal no proporcionó un medio de vida
decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores
organizados en industrias estatales y en empresas privadas del sector
formal devengaron ingresos mucho mayores que el salario mínimo y también
recibieron otras prestaciones sociales importantes por medio de acuerdos
de negociación colectiva. Sin embargo, en su mayoría, los trabajadores
estaban empleados en el extenso sector informal y rural, sin obtener el
salario mínimo ni las prestaciones sociales establecidas por la ley.

La ley estipula una semana laboral de 40 horas y dos días consecutivos
de descanso por semana. Si se exige que la persona trabaje en exceso de
la semana laboral establecida, los trabajadores deberán recibir pago por
horas extraordinarias. Se fija una tasa de pago mayor por horas
extraordinarias de trabajo nocturno. El máximo número de horas
extraordinarias fue de 12 por semana que, por lo general, se respetó,
excepto en compañías subcontratistas en las que se exigía a veces a los
empleados que trabajaran hasta 28 horas extraordinarias por semana. El
Ministerio de Trabajo y Empleo no desplegó suficientes recursos para
hacer cumplir las leyes laborales.

La ley también estipula la protección general de la salud y la seguridad
de los trabajadores en el empleo. El Instituto Ecuatoriano de Seguro
Social tiene bajo su responsabilidad la aplicación de las normas y
reglamentos de salud y seguridad. En el sector formal, la salud y la
seguridad ocupacionales no fueron un problema importante. Sin embargo,
no había ningún reglamento específico con respecto a normas de salud y
seguridad en el sector agropecuario y, en la práctica, no se hicieron
cumplir las reglas de seguridad en las minas pequeñas que constituyen la
gran mayoría de las empresas del sector minero.

No se permite abandonar el lugar de trabajo por razones de salud, ni
siquiera en una situación peligrosa. Se permite que un trabajador
solicite que un inspector del Ministerio de Trabajo y Empleo confirme un
peligro en el lugar de trabajo; acto seguido, ese inspector puede cerrar
el lugar de trabajo. El tiempo de respuesta de los inspectores osciló
entre tres días en las ciudades principales y períodos más prolongados
en el campo.